20250603

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día. 

Las compañías de telecomunicaciones atraviesan movimientos corporativos determinantes en el proceso de integración que vive el sector. Un tablero de juego que no es ajeno al propietario de Euskaltel, MasOrange. La suma de Orange y MásMóvil el pasado año alumbró la primera compañía en España por número de clientes, una fusión en la que estaba integrada la marca vasca, que había sido comprada en 2021 por la antigua MásMóvil. Así, los propietarios de Euskaltel son ahora: Orange, con un 50%, mientras que la otra mitad está compuesta por los otrora dueños de MásMóvil: los fondos Cinven, KKR y Providence, junto al consejero delegado, Meinrad Spenger, y los vehículos de inversión de la familia Ybarra Careaga, el empresario vasco José Eulalio Poza, así como otros directivos. La cuestión es que antes de final de año se plantea un movimiento de calado en el accionariado de MasOrange. Las alternativas, según señalan fuentes del mercado, pasan por una compra de toda la compañía por parte de los franceses de Orange –el 20% está en manos del Gobierno galo–, una salida a Bolsa o la entrada de otro fondo que se haga con la parte de los socios de la antigua MásMóvil: los inversores Cinven, KKR, Providence, Spenger y el resto de pequeños accionistas. Una situación que hace que el Gobierno vasco siga con preocupación los movimientos del dueño de Euskatel. En ese contexto, el lehendakari, Imanol Pradales, se reunió ayer con los responsables de la firma y con el consejero delegado de MasOrange, Meinrad Spenger, con motivo del 25 aniversario de la Fundación Euskaltel. Un encuentro en el que los directivos trasladaron al Gobierno vasco un mensaje de tranquilidad y ratificaron el compromiso del equipo gestor con Euskadi para seguir desarrollando inversiones, además de reforzar las oficinas de la sede del Parque Tecnológico de Zamudio con la instalación de la gestora de la red de fibra que MasOrange prepara con Vodafone en el macroproyecto para llegar a 12 millones de clientes en España.

La Fundación Euskaltel, que nació tres años después de la compañía, cumple este año su 25 aniversario. Una efeméride que la entidad celebró ayer con una gala en el Museo Guggenheim y que aprovechó también para presentar un estudio sobre el impacto económico en el País Vasco de su actividad. La entidad que depende de la tecnológica naranja ha desarrollado iniciativas desde el año 2000 que han generado 156,5 millones. Según explicó la presidenta de la Fundación, Luz Usamentiaga, el objetivo ha sido «promover la tecnología con el ánimo de universalizar el acceso a la digitalización; reducir la brecha enfocando el esfuerzo a los colectivos más vulnerables e impulsar la cultura en todas sus dimensiones, hasta llevar el euskera al entorno de la Inteligencia Artificial». En total, sumando la actividad empresarial de la tecnológica, un estudio realizado por GEAccounting cifra el impacto total del grupo en más de 27.000 millones. La Fundación anunció también la apertura del ‘Euskaltel Digital Center’, un centro en Bilbao para formar en nuevas tecnologías a 14.000 personas al año. Las instalaciones, que son las segundas que MasOrange tendrá en España, impartirán programas formativos y cursos técnicos gratuitos sobre instalación de fibra óptica, 5G, programación, Inteligencia Artificial y ciberseguridad. Entre las actividades habrá acciones específicas para personas desempleadas o vulnerables.

Entrevista con Rafael Doménech, responsable de estudios de BBVA. Aprecia que el crecimiento de la economía vasca se basa más en la productividad, pero pide afrontar otros debates. "A pesar de esa desaceleración en el sector industrial, Euskadi lo ha hecho mejor que el resto de países europeos, y eso habla muy bien de la fortaleza de la industria, que se ha comportado de mejor manera que en Alemania, Francia o Italia. Hay varias razones. Alemania ha sido muy dependiente del gas ruso, lo que no ha pasado aquí. Además, eso ha sido una oportunidad para la CAV, ya que la regasificadora que hay en el Puerto de Bilbao ha permitido importar gas para luego exportarlo. También la penetración de las renovables ha permitido a la industria una ventaja en cuanto al precio de la electricidad en comparación con otros países europeos. Nuestras perspectivas para Euskadi son bastante positivas. Hay que tener en cuenta que el crecimiento del PIB no es estrictamente comparable al del resto del Estado, ya que aquí se basa más en la productividad y en el resto en el crecimiento. del empleo. Es un crecimiento más sostenible a largo plazo y de más calidad...Nuestra exposición a los aranceles es menor que la de otros países, pero existe a través de dos vías . Por un lado, de forma indirecta, ya que exportamos a países europeos que a su vez exportan a Estados Unidos, mientras que el otro es el efecto de incertidumbre que generan en la economía mundial. El hecho de que los mercados financieros respondan negativamente a las políticas fiscales en Estados Unidos nos afecta, porque puede tener repercusiones sistémicas. España no resultaría inmune. Pero también contamos con palancas para que nuestra evolución económica siga siendo aceptable y también para aprovechar las oportunidades que nos plantean otras fuentes de crecimiento..."

Los concesionarios vascos han vivido en mayo un fuerte tirón en las ventas de los vehículos electrificados. Las compras de turismos híbridos enchufables prácticamente se han triplicado con 318 unidades, un aumento del 197,2% respecto al mismo mes del año pasado. Asimismo, las matriculaciones de vehículos eléctricos puros también experimentaron un notable aumento interanual del 60,15%, hasta llegar así a los 213. Son indicadores que reflejan un fuerte acelerón en la compra de estos coches, según los datos publicados ayer por las tres patronales del sector, Anfac (fabricantes), Faconauto (concesionarios) y Ganvam (distribuidores). De esta forma, los 531 vehículos electrificados representaron un 19,2% de cuota de mercado sobre las 2.774 unidades que salieron de los concesionarios en mayo (un 28% más que en el ejercicio precedente). Este aumento, aseguran desde el sector, se debe en gran medida a los planes para incentivar la compra de vehículos nuevos. En el caso de Euskadi, existen dos planes diferentes con el fin de rejuvenecer un parque automovilístico muy envejecido, ya que se sitúa en los 14,9 años de media. De una parte, el Gobierno vasco activó a finales de marzo el ‘plan renove’ para brindar ayudas de hasta 3.500 euros para vehículos de bajas emisiones de cualquier motorización. Y, por otra parte, el Gobierno central anunció a principios de abril su intención de prorrogar el Plan Moves, un programa dedicado exclusivamente a impulsar la compra de electrificados con ayudas de hasta 7.000 euros por usuario. La cuestión es que esos fondos todavía no han llegado a las comunidades, que son las que los gestionan, y los concesionarios están adelantando esa financiación a los clientes sobre la garantía de que en algún momento obtendrán las ayudas gubernamentales. Con todo, los híbridos convencionales siguen siendo la opción preferida de los vascos. 

Entrevista con Marta Epelde, directora general de Build:Inn. El clúster vasco de la construcción coordina un sector que está viviendo una transformación integral. "Me interesa especialmente ver cómo se posicionan las empresas ante los grandes ejes del sector: industrialización, digitalización, sostenibilidad y colaboración...La construcción en Euskadi está cambiando de manera estructural. Cada vez hay más empresas que están dando pasos hacia procesos más industrializados, más eficientes y con una mirada más amplia, no solo técnica, también organizativa y social. Ya no hablamos de innovación puntual, sino de una transformación que empieza a coger forma. Aun así, el ritmo no es el mismo en todo el sector...Existe una necesidad importante de construir más rápido para atender la urgencia habitacional sin perder calidad y, sin embargo, el sector arrastra una productividad baja productividad provocada por la crisis de 2008 y por la escasez de mano de obra...El Libro Blanco de la Industrialización de la Vivienda de Visesa explica los objetivos claros que se han fijado para impulsar la transformación: llegar al 55% de grado de industrialización en 2027, subir al 75% en 2036, a la vez que se duplica el parque público de vivienda hasta las 56.000 unidades. Euskadi, con su tradición industrial y su capacidad tecnológica, tiene condiciones para acometer la transformación. Estamos trabajando para que gane escala...El 95% del tejido del sector en Euskadi está formado por pymes y micropymes, muchas de ellas sin capacidad para abordar por sí mismas procesos de transformación complejos. Además, un 67% de las empresas señala dificultades para encontrar mano de obra cualificada, especialmente en obra y mandos intermedios...Estamos organizando misiones tecnológicas junto con administraciones públicas y empresas del sector para conocer de cerca experiencias de construcción industrializada en Europa. Ahora, por ejemplo, estamos preparando una visita a Reino Unido, donde podremos ver in situ cómo se están aplicando estos modelos a escala real..."

Los ahorros de cientos de vascos se han visto afectados por la quiebra de la filial luxemburguesa de la compañía alemana FWU Life Insurance Lux, S. A., que operaba en España a través de la correduría OVB Allfinanz. Los clientes realizaban aportaciones periódicas en planes de ahorro de jubilación –5.000 euros de media–, que la compañía invertía en productos de riesgo. Cientos de vascos están afectados por la quiebra de la filial luxemburguesa de FWU Life Insurance Lux, S.A, compañía con sede en Alemania y que operaba en España a través de la correduría OVB Allfinanz. Los clientes realizaban aportaciones periódicas como un instrumento de ahorro para la jubilación, pero la compañía invertía en productos financieros de riesgo. Desde la Asociación para la Defensa de Consumidores y Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros –Adicae–, que llevan este asunto con una plataforma, establecen en 5.000 euros de media el dinero que han invertido los ciudadanos y que ahora tratan de recuperar, al menos en parte. La situación de insolvencia de esta firma alcanza a 40.000 personas en el conjunto del Estado.

Los socios de Eroski aprobaron ayer destinar un año más el grueso de las ganancias de la cooperativa a compensar las pérdidas de ejercicios anteriores. La asamblea de la cooperativa, matriz del grupo de distribución, dio luz verde a la propuesta de destinar 89,8 millones de euros del beneficio de 2024 a cubrir los números rojos de otros años. El pasado ejercicio el resultado bruto de Eroski Coop. fue de 137,5 millones. De este importe, además de los casi 90 millones para cubrir pérdidas, la sociedad destinará 8,3 al pago de intereses de su deuda perpetua (aportaciones financieras subordinadas), 19,6 al fondo de reserva obligatorio y 15,7 al fondo voluntario. Además, 3,9 millones irán a la contribución –prevista en la ley vasca de cooperativas– para educación, promoción cooperativa y fines de interés público. La asamblea autorizó también al consejo rector a refinanciar la deuda, a fin de reducir su coste financiero, en línea con la voluntad ya anunciada por la directora general, Rosa Carabel, de rebajar el elevado coste de la emisión de bonos por 500 millones, a un interés fijo del 10,625%. Según la información ofrecida a los socios, Eroski tiene un endeudamiento financiero total por un importe nominal de 1.125 millones y está evaluando “potenciales estructuras de financiación” para bajar el coste.

El servicio vasco de empleo Lanbide sigue incorporando personal, y lo hace sobre todo para afrontar sus transformaciones estratégicas, los cambios regulatorios y la necesidad de asumir nuevos servicios, principalmente vinculados a la gestión de las ayudas sociales. Así se desprende, al menos, de la respuesta que el Departamento de Economía, Trabajo y Empleo ha ofrecido a una pregunta planteada por la parlamentaria de EH Bildu, Pazis García, y que permite comprobar que en los últimos cinco años la plantilla de la entidad ha crecido más de un 29% hasta alcanzar ya las 1.212 personas. La consejería que dirige Mikel Torres, y que atribuye las incorporaciones a las transformaciones que se vienen produciendo en Lanbide desde 2021 para adaptar su estructura y asumir los nuevos requerimientos en su cartera de servicios, destaca entre otros retos la entrada en vigor de la ley de Garantía de Ingresos y para la Inclusión aprobada en 2022 y la transformación organizativa, Desde 2021 el servicio se ha visto afectado por transformaciones que requieren de más medios todavía en curso, del modelo Hobetzen. Según justifican, «resultan evidentes las consecuencias e impactos» que estos cambios están ejerciendo en el servicio vasco de empleo, «y son claras las que afectan a sus recursos humanos, generando necesidades cuantitativas y cualitativas de especialización y orden».

Las visitas a viviendas se han convertido en una de las herramientas que más casos de irregularidades detecta en la RGI y la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV), ayuda que desde abril del pasado año gestiona el Departamento de Vivienda pero que hasta entonces se encontraba en la cartera de servicios de Lanbide. Esta medida, puesta en solfa incluso por el Ararteko, ha derivado desde enero de 2023 en la extinción de 1.261 percepciones por empadronamientos irregulares. Una cifra que supone algo más de la mitad de los casos en los que los inspectores o agentes policiales de la Ertzaintza se desplazaron a comprobar la residencia de los titulares de la ayuda pública. De acuerdo a los datos, en algo más de dos años, el Servicio Vasco de Empleo ha realizado 2.397 visitas y ha procedido a la suspensión y extinción de la prestación al 52,6% de los titulares inspeccionados. La mayoría de esas retiradas, el 84%, corresponden a personas residentes en Bizkaia, frente a un 8,1% de guipuzcoanos y un 7,5% de alaveses. La gran diferencia territorial responde a que el grueso de las visitas a domicilio se han desarrollado en Bizkaia. En esta provincia se han llevado a cabo 1.958 comprobaciones, el 81,7%. Aunque sea la región con más perceptores de RGI, el peso entre los beneficiarios de esta ayuda está muy por debajo de la proporción de inspecciones. Y es que los titulares de la RGI residentes en algún municipio vizcaíno suponen el 58,6% del total, 34.496 de 58.897. Llama la atención que solo en Bilbao se han realizado 413 visitas, más que en toda Álava (228) y en toda Gipuzkoa (212).

Entrevista con Julen Elgeta, presidente de la asociación Hetel de centros de FP. Un nuevo año académico traerá titulaciones pioneras no solo en sus centros sino también en Euskadi y entre las que figuran ciclos relacionados con la aeronáutica, la movilidad ferroviaria, la inteligencia artificial y el ‘big data’. "La FP no puede estar parada, tiene que moverse y estar cerca de las empresas. Si estas se mueven rápido, nosotros tenemos que movernos más rápido todavía. Eso significa que hay que poner en marcha ciclos nuevos porque aparecen puestos de trabajo nuevos y diferentes a los tradicionales. Entonces, la oferta que lanza el sistema de formación profesional a la sociedad y a las empresas tiene que ser nueva y adaptada...Llevamos ya desde el 2008 creciendo el número de matrículas y esperamos que este curso siga la misma tónica. Ya hemos superado los 50.000 estudiantes y creo que llegaremos a 51.000 o 52.000 alumnos. Estaremos un poco en ese entorno y queremos destacar que la FP de Euskadi nunca ha andado en esas cifras de matrícula tan altas...La Formación Profesional siempre ha estado al lado de las empresas y esa relación es cada vez más estrecha y eficaz. Como las conocemos, lo que hacemos es escucharlas y les preguntamos qué necesitan, hacia dónde van, qué estrategia tienen... Todo eso lo traemos al aula, lo adaptamos, y actualizamos las programaciones, de tal manera, que los titulados que mandamos a las empresas están ya formados inicialmente en aquello que realmente la empresa va a necesitar. Creo que enviar a las empresas este alumnado, con un posicionamiento inicial bastante importante y elevado, hace que estas compren el formato de ir a la formación profesional a buscar personas cualificadas...Nuestro reto principal es la personalización e individualización de la Formación Profesional. Como sabemos el entorno de empresas que tenemos, podemos personalizar nuestra oferta de formación a ese tejido empresarial concreto. Este es un gran reto en el que estamos ya inmersos y en el que estaremos trabajando durante los próximos años". 

«Estamos dispuestos a llegar a acuerdos, pero deben servir para resolver problemas estructurales. Si no es así, ELA no va a firmar». Con esta contundencia se manifestó ayer el secretario general del sindicato, Mitxel Lakuntza, durante los primeros compases del XVI Congreso en el que participan más de 700 delegados. Hoy tendrá lugar su cierre en el palacio Euskalduna de Bilbao, con el voto a favor de su continuidad. Lakuntza criticó la falta de avances con el lehendakari, Imanol Pradales, a pesar de haber recuperado la interlocución, y lamentó la postura de una izquierda «que ha renunciado a hacer oposición». Así, abogó por una confrontación democrática y una apuesta por las huelgas –en 2023 convocaron ocho de cada diez organizadas en Euskadi– en un momento de empobrecimiento para la clase trabajadora, mientras las grandes empresas alcanzan «máximos beneficios». Con todo, Lakuntza también puso en valor que ELA es el sindicato «que firma más acuerdos» –250 anuales de promedio– y que ha garantizado las mayores subidas salariales en la negociación colectiva (una media del 5,7% frente al 4,1% alcanzado en aquellos que no lo suscribieron). El sindicato soberanista llegó ayer a su congreso con 104.159 afiliados, 3.234 más que hace cuatro años, gracias a un crecimiento que se ha hecho notar sobre todo entre las mujeres y en las personas migrantes.

La reforma del Gobierno central que permita a los trabajadores de baja médica volver al trabajo de forma voluntaria y progresiva se desinfla. El proyecto de altas progresivas, una de las medidas estrella planteadas por el Ministerio de Seguridad Social para 2025 tras la controversia que generó la propuesta inicial de las bajas laborales flexibles, solo se aplicará en procesos de larga duración –más de tres meses–, tendrá una duración máxima de 30 días y será aplicable a trabajadores a jornada completa y a tiempo parcial con una jornada superior al 80% de la jornada ordinaria. Tras varios meses con las negociaciones estancadas por las reticencias de la patronal y los sindicatos, la nueva propuesta a la que ha tenido acceso este periódico plantea que durante el periodo de transición de hasta 30 días, el empleado trabajaría la mitad de su jornada habitual, recibiendo la parte correspondiente del salario. A la vez, recibiría una prestación equivalente al 50% de la ayuda por incapacidad temporal por la mitad de la jornada que no trabaja.

“No es suficiente”. Eso piensa la Comisión Europea respecto a los argumentos esgrimidos por el Gobierno en el diálogo que ambos mantienen con motivo de la posición del Ejecutivo nacional sobre la opa de BBVA sobre Sabadell. Bruselas y Madrid llevan prácticamente nueve meses intercambiando información a través de un procedimiento formal (EU Pilot) ante las dudas de la Comisión de que las trabas a la operación corporativa pudieran ser contrarias a los tratados. En todo ese tiempo, el Gobierno no ha logrado convencer a las autoridades comunitarias de que su oposición a la opa está amparada por la legislación nacional y que ésta, a su vez, es compatible con las exigencias europeas en materia de libre circulación de capitales. La decisión de Carlos Cuerpo, ministro de Economía, de elevar la operación al Consejo de Ministros tras la luz verde de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) provocó la semana pasada una escalada de la tensión. El Gobierno tiene hasta el 26 de junio para decidir si impone condiciones adicionales a BBVA para la compra de Sabadell, algo que en Bruselas no se entendería. Según fuentes comunitarias, la Comisión Europa aguarda a ver cómo se desarrollan estos acontecimientos para dar su siguiente paso. Con los argumentos del Gobierno español sobre la responsabilidad de velar por el interés general, el Ejecutivo comunitario no entendería la imposición de nuevas trabas a la operación, lo que le llevaría a abrir a España un procedimiento de infracción.

La guerra arancelaria desatada por Donald Trump contra todos sus socios comerciales, incluida España, podría llegar a afectar a unos 480.000 empleos en nuestro país, cuyo trabajo está directamente relacionado con las exportaciones a Estados Unidos, según ha calculado CaixaBank Research. «El impacto de las tensiones comerciales en el empleo doméstico puede ser significativo: un 25,3% del empleo en España depende de la demanda final extranjera, incluido el turismo. Si bien solamente el 2,2% del empleo estaría ligado a la demanda final de EEUU, este porcentaje es relativamente superior al de la exposición por valor añadido (1,3%)», advierten en su Observatorio Sectorial publicado el viernes. Ese 2,2% sería el equivalente a 478.838 ocupados, según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa, y representa el porcentaje de trabajadores cuya actividad está vinculada al volumen de importaciones que haga EEUU de España. Los aranceles encarecerán los productos patrios, con lo que podría caer su demanda, y la menor producción, afectar al empleo. En comparación con otros países, España no será de los más perjudicados, ya que la cuota que representa EEUU sobre el total de nuestras ventas al extranjero no es muy elevada. De hecho, los expertos estiman que «en otros como Alemania o Italia, un 3,3% del empleo doméstico depende de la demanda final estadounidense». Dentro de nuestro país, eso sí, la afectación sería superior en los sectores más expuestos a las ventas a EEUU, como la industria extractiva, la manufacturera –sobre todo la farmacéutica, metalúrgica e industria auxiliar de la construcción– y la agricultura.

La industria española levantó cabeza el mes pasado y regresó a la senda del crecimiento por primera vez desde enero. El índice PMI del sector manufacturero español registró 50,5 puntos en mayo –por encima del umbral de 50 que separa la zona de expansión de la de contracción–. Supone un salto de 2,4 puntos frente a la lectura anterior (abril) y es el nivel más alto de los cuatro últimos meses. La producción se incrementó, se ensancharon las plantillas y los stocks de compras aumentaron en medio de un repunte de la confianza conforme “la incertidumbre en torno a los aranceles globales disminuyó en cierta medida en comparación con la de abril”, señala el informe de S&P Global y el Hamburg Commercial Bank (HSBS), publicado ayer. La confianza de las firmas consultadas respecto a la producción en los próximos 12 meses mejoró en mayo y alcanzó su pico más alto en los últimos tres meses. Algunos vincularon el alza de la producción a una demanda subyacente con signos de mejora y a la atenuación parcial de la incertidumbre causada por la ofensiva arancelaria de Donald Trump. El economista júnior de HCOB Jonas Feldhusen opina que sigue siendo difícil determinar si esta mejora se relaciona con la tregua arancelaria: ”Pese a que la dependencia directa de España del mercado estadounidense es relativamente limitada en comparación con la de países como Alemania o Italia, los efectos indirectos de la mejora de las perspectivas comerciales globales en general también pueden estar contribuyendo”, señala.

El panel de expertos que investiga desde Europa el apagón ocurrido en España y Portugal el pasado 28 de abril, el peor de la historia del sistema eléctrico ibérico, ha remitido una carta al Gobierno de España para pedirle ayuda tras advertirle de la falta de colaboración de las grandes eléctricas para obtener datos que esclarezcan lo ocurrido. Ese escenario, añade, podría provocar retrasos en las pesquisas. En una misiva enviada a la vicepresidenta Tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, a la que ha tenido acceso este diario, el presidente de ENTSO-E —la red europea de gestores de redes— y su consejo de administración revelan que “para garantizar que todas las partes relevantes en España proporcionen los datos necesarios, incluidos terceros (principalmente GRT [distribuidoras] y generadores), el panel de expertos contactó con Red Eléctrica mediante una carta recordando el marco legal pertinente para facilitar el suministro de datos por parte de terceros”. Sin embargo, según lamentan los investigadores en la carta firmada desde Bruselas, que también se ha hecho llegar a la Comisión Europea, justo un mes después de que se produjera el cero energético, Red Eléctrica les informó recientemente “de la reticencia de los terceros a compartir los datos relevantes, lo que podría ocasionar posibles retrasos en la investigación del panel de expertos”.

El ciclo virtuoso que vive el turismo desde 2023 le permite batir cada mes un nuevo récord, tanto en llegada de viajeros como en el gasto que realizan en sus vacaciones. Abril, el mes en el que cayó la Semana Santa en 2025, tampoco fue una excepción. Más bien se elevaron las apuestas y durante este mes llegaron a los principales destinos turísticos 8,56 millones de viajeros extranjeros, lo que supuso un 10% de mejora anual y la primera vez que se supera la barrera de los 8 millones de visitantes durante ese mes, según los datos adelantados ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Todo ello logra que se haya cerrado la mejor Semana Santa de la historia desde que existen registros estadísticos oficiales. Además, y al igual que lo sucedido en los dos últimos ejercicios, el gasto sigue creciendo más que la llegada de turistas, lo que es interpretado por el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, como uno de los elementos tractores del cambio de modelo del turismo intensivo en llegadas hacia otro que valore más lo que deja en las arcas españolas. En abril, el gasto de los viajeros extranjeros repuntó un 14,1%, hasta los 10.826 millones de euros. En el acumulado del primer cuatrimestre, el volumen de turistas creció un 7,1%, hasta los 25,6 millones, mientras que el gasto avanzó un 9,3% hasta los 34.332 millones de euros.

España tiene un problema con la oferta en las universidades públicas. Hay más alumnos que nunca que se presentan a la prueba de acceso a la universidad (PAU), pero el número de plazas no sólo no ha aumentado para adaptarse al incremento de la demanda, sino que ha caído un 2%. La Selectividad, que comienza a partir de hoy en 15 comunidades autónomas, se ha convertido en una competición asimétrica por lograr una de las escasas matrículas públicas que existen. Una especie de juego del calamar con distintas trampas, de mayor o menor dificultad, según los territorios donde estudien los jóvenes. Los campus públicos presentan un déficit de aproximadamente 15.000 plazas en las carreras de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM, en sus siglas en inglés), según las estimaciones realizada por Ismael Sanz, profesor de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid e investigador de Funcas. Son 15.000 matrículas que suponen el 21% de los 71.295 estudiantes de nuevo ingreso que entran cada año en la universidad pública en estos grados, los más demandados por el mercado laboral. En otras palabras, uno de cada cinco alumnos que solicitan una de estas carreras STEM como primera opción se queda fuera, según Sanz, que ha tenido en cuenta para hacer su cálculo que cada estudiante, de media, hace la preinscripción en dos CCAA distintas en previsión de que no entre en la primera de ellas. Al mismo tiempo, alrededor de 12.000 jóvenes ingresa anualmente en carreras STEM ofrecidas por las universidades privadas, que han crecido de forma exponencial. En los últimos 25 años se han creado 27 campus públicos y ninguno privado y están a punto de dar el sorpasso, porque ya son 46 frente a 50. 

El nuevo impuesto que el PSOE quiere introducir a los no residentes que compren vivienda en España ha generado incertidumbre en el sector inmobiliario y entre los expertos fiscalistas. Varias firmas legales consultadas expresan inquietud porque creen que la redacción de la proposición de ley presentada por los socialistas en el Congreso de los Diputados el 22 de mayo sobre vivienda asequible es confusa tanto respecto a quién se debe aplicar como en lo relativo al tipo de propiedad. El artículo cuatro del texto deja entrever que afectaría a todo tipo de inmuebles, incluidas las propiedades comerciales e industriales, lo que podría afectar a inversiones inmobiliarias que nada tienen que ver con la vivienda. En la proposición de ley para impulsar el alquiler de viviendas a precios asequibles se detalla la creación de un nuevo gravamen, llamado impuesto complementario estatal sobre la transmisión de bienes inmuebles a no residentes en la Unión Europea. El tributo “gravará las transmisiones patrimoniales onerosas de bienes inmuebles situados en territorio español”, además de “la constitución y cesión de derechos reales que recaigan sobre los mismos” y que afecta a las personas físicas y no residentes en la UE. La idea de esta figura es multiplicar por dos el coste inicial del inmueble, ya que al valor del bien se le aplica un recargo del 100%.

El primer movimiento dado ayer por el Gobierno para abrir la puerta a la continuidad de la central nuclear Almaraz hasta 2030, si así lo solicitan oficialmente las empresas propietarias (Endesa, Iberdrola y Naturgy), no ha desatado la euforia en la comarca de Almaraz (Cáceres). La mayoría lo ha recibido de forma positiva, pero lo consideran sólo «el primer punto de partida» para alargar su funcionamiento a largo plazo, «no sólo por tres años más». La reflexión es de la plataforma Sí a Almaraz, sí al futuro, cuyo presidente, Fernando Sánchez, destaca que «desde un primer instante nuestra apuesta ha sido que la vida útil de la central sea igual que la de su gemela, la que existe en North Ana (Virginia)». Esta central norteamericana cumplió con su vida útil el año pasado, pero fue ampliada hasta los 80 años: «Los rigurosos y exhaustivos exámenes a los que está sometida la central nuclear de Almaraz así lo avalan, por lo que no hay ninguna condición técnica para que no sea así», subraya. Hace dos semanas, la central cacereña fue reconocida de nuevo como ‘WANO 1’, manteniéndose en el grupo de plantas con mejor desempeño del mundo. La renovación de esta clasificación llega tras conocerse los resultados de la revisión entre pares (peer review) llevada a cabo por más de 25 expertos internacionales, durante tres semanas de febrero de 2025, en la planta cacereña. ¿Vaso medio lleno o medio vacío? El movimiento anunciado desde el PSOE de Extremadura –no hay que olvidar en este contexto la situación política actual por la que ha atravesado su líder, Miguel Ángel Gallardo debido a su aforamiento exprés y la necesidad, por tanto, de ofrecer noticias positivas– se ve con cierto recelo desde el propio sector energético, que no termina de creer firmemente en este giro del Ministerio de Transición Ecológica. «Una cosa es que el Gobierno se abra a dar la prórroga y otra muy distinta es que se comprometa a tramitar la prórroga, es decir, que cuando se presente la solicitud por parte de las empresas ellos lo estudien, que además es lo que están obligados a hacer». 

Las empresas del sector de la Defensa atraviesan un momento dulce que parece que no hecho más que empezar, ya que la previsión de nuevos fondos y programas para los próximos años adelanta un futuro prometedor para todo el ecosistema mundial de la industria. Grandes compañías del sector como la estadounidense Lockheed Martin, la italiana Leonardo, la francesa Safran o la alemana Rheinmetall cerraron el año pasado con crecimientos históricos en términos de ventas y de rentabilidad y las perspectivas de crecimiento son alentadoras. El incremento de la tensión geopolítica, con el estallido de conflictos en Ucrania o en Oriente Próximo, ha provocado una rápida reacción por parte de los países, que van a llevar a cabo una estrategia de rearme para ejercer un efecto de disuasión bélica. De esta forma, los Estados miembro de la OTAN se han comprometido a alcanzar el 2% de su PIB anual en gasto en Defensa y esta cifra se podría elevar pronto al 3% y puede que incluso llegue al 5%. En el caso europeo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, presentó a principios de marzo el plan ReArm Europe, que contempla movilizar 800.000 millones de euros en Defensa para los próximos años. Estos factores suponen el punto de partida de unos años que se presentan como muy positivos para las grandes compañías de la industria de seguridad global, puesto que confirman que se van a lanzar nuevos programas millonarios a largo plazo.

En España, solo hay dos empresas de Defensa que coticen en Bolsa: Amper e Indra. La primera, que también tiene ramas de tecnología y energía, ha revalorizado un 18% su acción desde que comenzara el año, hasta situarse en el entorno de los 0,14 euros por título, mientras que Indra ha duplicado el precio de sus títulos (+117%) desde enero, ya que han pasado de cotizar a 17,2 euros a 37,3 euros a cierre de sesión ayer y la previsión es que sigan esta senda alcista. Indra, que tiene el mandato del Gobierno de ejercer de tractor del ecosistema nacional de empresas de Defensa, está generando suculentas plusvalías para sus accionistas, entre los que se destacan algunos de referencia como el Estado, que, a través de la Sepi, controla un 28% de la compañía, así como Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), con un 14,3%; Sapa Placencia, con un 7,94%, y Amber Capital, que mantiene un 7,24% de las acciones. Estos cuatro accionistas han logrado plusvalías latentes de unos 2.640 millones de euros con sus inversiones en Indra. Sepi es el primer accionista de Indra, donde desembarcó en 2013, y desde entonces ha registrado pingues beneficios, ya que la acción cotiza ahora en máximos históricos, lo que le ha reportado al brazo inversor del Estado plusvalías latentes por casi 1.336 millones. La participación de Sepi está valorada a precios de mercado en casi 1.850 millones.

El mazo de la Comisión Europea cae sobre el sector del reparto a domicilio. Bruselas anunció ayer una multa a Glovo y su dueño –Delivery Hero– por valor de 329 millones por constituir un cártel en el sector del reparto a domicilio durante cuatro años, de julio de 2018 a julio de 2022. El montante de la sanción se reparte en 106 millones de euros para Glovo y 223 millones para Delivery Hero, aunque la distinción no es relevante, pues la compañía de delivery de origen español pertenece al grupo empresarial de la alemana. La Comisión apunta que ambas compañías iniciaron sus prácticas anticompetitivas en el momento en el que Delivery Hero tomó una participación minoritaria en el capital de Glovo en julio de 2018. Entonces, las compañías acordaron no robarse profesionales, algo considerado especialmente importante en sectores tecnológicos y de rápido crecimiento como el de reparto a domicilio. Este pacto inicial, ya de por sí ilícito a ojos de Bruselas, fue haciéndose cada vez más complejo hasta llegar al punto de compartir información sensible sobre los precios y estrategias del mercado. Según detallan fuentes de la Comisión, los dos rivales valoraban ciertas partidas de costes en común, aunque reconocen que no existen pruebas de si esta práctica afectó o no al salario de los repartidores.

El último anuncio de elevar al 50% los aranceles sobre el acero y el aluminio ha tensado en exceso la cuerda, que ahora podría romperse. Bruselas se ha dado esta semana para tratar de reconducir la situación y mantener vivas las negociaciones. Desde la Comisión Europea se entiende que un aumento de los aranceles supondría romper la tregua de 90 días anunciada en abril que abrió el camino a las conversaciones para encontrar un acuerdo satisfactorio. “Lamentamos profundamente el anuncio de un aumento de los aranceles estadounidenses a las importaciones de acero del 25% al 50%. Esta decisión añade más incertidumbre a la economía mundial y aumenta los costes para los consumidores y las empresas a ambos lados del Atlántico”, indicó ayer Olof Gill, portavoz de Comercio de la Comisión, que añadió que este movimiento por parte de EEUU “también socava los esfuerzos en curso para alcanzar una solución negociada”. La Comisión Europea considera que la buena fe ha imperado en su enfoque hacia las negociaciones, algo que demuestra señalando que pausó sus medidas de represalia a pesar de que Trump sólo redujo sus aranceles parcialmente. Sin embargo, un incremento de los gravámenes comerciales ahora sería difícil de encajar por parte del bloque, que se plantearía revisar su postura. “Si no hay un acuerdo satisfactorio, nuestros contraaranceles entrarían en vigor a partir del 14 de julio, o antes incluso si las circunstancias lo requieren”, aseguró Gill. El portavoz, además, recalcó que ese paquete incluiría una respuesta a estos últimos anuncios, pero que todavía no se ha valorado cómo se ejecutaría.

El petróleo se anotó una notable subida de precios tras el aumento del suministro acordado entre los grandes exportadores. Eso se debe, no obstante, a que a la lógica más elemental de la ley hay que añadir las expectativas que, en este caso, han jugado en sentido contrario, porque también planeaban sobre la mesa de negociaciones aumentos de la oferta bastante mayores. La Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus socios (OPEP+) acordó este fin de semana un aumento de la oferta del cártel de 411.000 barriles de crudo al día cada mes hasta recuperar el volumen normal de suministro. Este incremento corresponderá a los ocho países que introdujeron un recorte voluntario adicional más allá del ajuste pactado entre el grueso de los miembros del grupo, con el objetivo de revertir completamente este ajuste extraordinario al cabo de seis meses. Sin embargo, algunos países habían trasladado su intención de buscar un aumento del suministro más intenso con el objetivo de castigar a los países que han incumplido las cuotas, como es el caso de Irán. Como este mayor incremento finalmente no se produjo, el precio del Brent, de referencia en Europa, subió ayer un 3,3%, hasta los 64,8 dólares por barril. Además, el ataque ucraniano a Rusia este fin de semana también elevó los temores en el mercado. “Había preocupación en el mercado”, explica Giovanni Staunovo, analista de materias primas de UBS, en un análisis para sus clientes. “Por ahora, el mercado petrolero se mantiene ajustado, lo que indica que puede absorber algunos barriles adicionales”. 

La euforia con la que votaron los polacos su ingreso en la Unión Europea, en 2004 se ha desvanecido. Karol Nawrocki, historiador de 42 años, euroescéptico y con un pasado turbio ha sacado en las elecciones presidenciales del domingo todo el conservadurismo rancio y nacionalista de la Polonia periférica que alimenta el partido Ley y Justicia (PiS). La estrecha diferencia obtenida respecto a su rival, el liberal Rafal Trzaskowski, saca igualmente a relucir un país con dos sociedades y visiones opuestas del presente y el futuro del país. Con su victoria, Nawrocki, además, ha cantado jaque a la coalición liberal y proeuropea (KO) del primer ministro Donald Tusk. Asegurado el bastión de la Presidencia, el PiS se prepara para recuperar el Gobierno, ya sea en unas elecciones parlamentarias anticipadas o en las elecciones ordinarias de otoño de 2027. Tusk deberá luchar para sobrevivir. De hecho, anoche, en un discurso televisado, anunció que pedirá «a la Cámara Baja un voto de confianza», con el que demostrar que aún tiene la mayoría en el Parlamento. Y lo ganará. Los partidos más pequeños de su coalición no están interesados en elecciones. Están en una mala posición y podrían fracasar en la barrera del 5%. El margen de maniobra de Tusk se reduce drásticamente tras las elecciones del domingo. No es que la situación de partida fuera mejor. El presidente saliente, Andrezj Duda, hombre también del PiS, ha sido una piedra en su camino, pero existía la perspectiva de que Trzaskowski conquistara la Presidencia y permitiera agilizar la legislatura. No será así. Tusk ya ha expresado su preocupación por el impacto que la Presidencia de Nawrocki podría tener en las reformas proeuropeas y democráticas impulsadas por su Gobierno.