20251211

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

El lehendakari, Imanol Pradales, elevó ayer la presión sobre las EPSV en su intervención en el Foro Expectativas Económicas organizado por El Correo en colaboración con el Banco Santander. Ante más de 600 invitados y entrevistado por el director del periódico, Oscar Villasante, Pradales insistió en que «es importante recordar que el patrimonio acumulado» por estas figuras «ha contado con importantes beneficios fiscales durante décadas». Todo un aviso a navegantes al remarcar que «este camino debe ser de doble sentido». El objetivo es que las EPSV colaboren para ampliar la lista de operaciones que encabezan empresas como Talgo, Ayesa, Uvesco o Balenciaga. Una actuación para conservar empresas en Euskadi frente a las inversiones de fondos internacionales que venían alejando los centros de decisión y un eje de legislatura que ayer reivindicó Pradales, al que ya se han sumado Kutxabank, sus fundaciones propietarias, BBK y Vital, y pequeños fondos vascos, como los de la fundación Artizarra, que han nacido con el objetivo de arraigar empresas y que cuentan con importantes aportaciones públicas. En cuanto a la atracción de multinacionales, Pradales ha anunciado cuatro operaciones que podrían concretarse a lo largo del próximo año. Aunque ha querido mantener «discreción» sobre las empresas, sí ha confirmado que se trata de trabajos en los que participa el Gobierno vasco para atraer grandes proyectos en los sectores del almacenamiento de energía, la automoción, la industria alimentaria y la economía circular. En esa capacidad de atracción ha reconocido que la conflictividad laboral no ayuda. Un momento de su intervención que ha aprovechado para reprochar al «núcleo dirigente de ELA que se confunde profundamente» porque «no creo que el camino sea alimentar la confrontación exclusivamente como estrategia de negociación». «Es un mal camino», ha sentenciado. El mensaje llega una semana después de las acusaciones de Confebask, cuya presidenta, Tamara Yagüe, se preguntó en público «qué aporta ELA al país». Pradales, interpelado por esas declaraciones, ha mostrado cierto malestar al asegurar que «tampoco creo que sea positivo alimentar la confrontación por parte de ninguno de los agentes sociales». Respecto a los salarios ha dicho estar preocupado tanto por la brecha salarial entre lo público y lo privado como por la que existe entre pensionistas y jóvenes. Por ello ha pedido a los empresarios «cuidar la cantera» y ofrecer «buenas condiciones socio laborales para que los jóvenes puedan desarrollar su proyecto de vida».

La operación de compra de la división tecnológica de Ayesa por parte de un consorcio vasco del que forman parte Gobierno vasco, la Fundación BBK y el fondo Indar Kartera de Kutxabank, así como otras de carácter similar, como la de Talgo, pueden tener réplicas similares el próximo año. Es la estimación que manejan los agentes institucionales y financieros vascos. El presidente de BBK, Xabier Sagredo, señaló que los responsables de la Fundación tienen sobre la mesa “un montón de inversiones potenciales” que analizarán. De hecho, Sagredo auguró más operaciones en los tres o cuatro primeros meses de 2026. Se trata de un mensaje parecido al que ayer dejó el lehendakari, Imanol Pradales, que adelantó que el Gobierno vasco trabaja para conseguir atraer cuatro proyectos de inversión por parte de empresas multinacionales en los sectores de la industria agroalimentaria, el almacenamiento energético, la economía circular y la automoción.

La fundación bancaria BBK ha engordado en los últimos años el fondo de reserva al que le obliga la regulación española para mantener su control sobre Kutxabank, a fin de permitir al banco vasco realizar eventuales operaciones corporativas. Hoy en día, este instrumento contaría, de ser necesario, con recursos por 800 millones de euros, gracias a la liquidez de las inversiones de la excaja vizcaína, que terminó de dotarlo en 2022 –antes de la fecha límite– con un total de 232 millones. Este importe se ha mantenido hasta ahora con pocas variaciones, de acuerdo con una fórmula que atiende a los activos ponderados por riesgo de Kutxabank, que BBK recalcula cada año cuando su filial –en la que tiene el 57%– cierra el ejercicio. El presidente de la fundación, Xabier Sagredo, explicó ayer que los 800 millones disponibles para dotar llegado el caso el fondo de reserva pretenden “dar libertad” al banco vasco para crecer con operaciones inorgánicas, y también de manera orgánica, siempre bajo el control de BBK. Precisamente, la excaja entiende que el eventual crecimiento corporativo de Kutxabank dispararía el montante del fondo de acuerdo con la fórmula basada en los APR. “Es una posición de seguridad, y BBK puede seguir con el control con independencia de si el banco crece o no”, explicó. BBK, que cumple 10 años como fundación bancaria, cubrirá en 2026 todo el presupuesto de obra social –53 millones– con los dividendos de su cartera de participadas, entre las que están compañías como Iberdrola, CAF, Arteche, Vidrala, Gestamp, y Redeia; y a la que pronto se incorporarán Talgo y Ayesa IT. Será la primera vez que la excaja no depende de los dividendos de Kutxabank para afrontar la obra social que, según destacó Sagredo, es la que mayor dinero destina por habitante en España.

Los trabajadores de Astilleros Balenciaga comparecerán hoy en Zumaia para exigir una mejora de sus condiciones laborales como condición indispensable para dar el ‘ok’ a la oferta del grupo árabe, valorada en 11,2 millones de euros y que salvaría el futuro de la compañía guipuzcoana, en concurso de acreedores desde diciembre de 2024 por una deuda de 28 millones. En concreto, los empleados de la histórica naval zumaiarra quieren evitar a toda costa una congelación salarial en los próximos tres años, planteada por el consorcio emiratí, para no perder poder adquisitivo. La negociación, por tanto, continúa y sigue en el aire once días después de que se firmara el protocolo de adquisición entre los compradores y la administración concursal. Según ha podido saber DV, el convenio de los trabajadores de Astilleros Balenciaga presenta mejores condiciones laborales que el del Metal de Gipuzkoa, que es a su vez el más elevado del Estado. El sueldo de los trabajadores de la compañía zumaiarra es alrededor de un 25% superior a lo que percibe un empleado del Metal de otra empresa del territorio. La oferta inicial del grupo árabe consistía en igualar el salario del Metal, mientras que ese 25% estaba sujeto a unas variables. Unos objetivos, habituales en empresas de muchos sectores, condicionados a número de barcos vendidos, cifra de facturación... Cifras que, según fuentes conocedoras de la negociación, eran relativamente fáciles de conseguir habida cuenta de que el astillero tiene ya carga de trabajo garantizada. En un principio, los trabajadores de Balenciaga aceptaron esas condiciones pero, posteriormente, exigieron seguir cobrando como siempre, sin variables. 

Apenas 24 horas después de anunciar su intención de convocar paros, los sindicatos ELA, LAB y ESK ya han concretado cómo se organizarán las huelgas en Mercedes Vitoria. Las centrales pararán una hora por turno desde el próximo lunes hasta el jueves 15 en la mayor fábrica de Euskadi. La decisión de los tres sindicatos nacionalistas llega para protestar por un «empeoramiento grave de nuestras condiciones laborales» que reprochan a las otras centrales (CC OO, UGT, Ekintza y PIM, esta última ya sin presencia en el comité) que firmaron el último convenio «a espaldas de la plantilla», afirmó el presidente de la representación sindical Igor Guevara (ELA). Entre las cuestiones que conforman ese «empeoramiento», Guevara citó las novenas horas de trabajo en la factoría y la contratación de un centenar de trabajadores eventuales a través de Adecco, con quien la relación, aseguró, «es por WhatsApp». Guevara también afeó que «el servicio de autobús ha empeorado notablemente» y que «no hay un parking en la zona norte», un problema que afecta «a muchos trabajadores que vienen de fuera de Gasteiz». Las huelgas no cuentan con el apoyo del resto de centrales. CC OO, UGT y Ekintza se abstuvieron de respaldar estas movilizaciones cuando se planteó el asunto en el comité de empresa.

El grupo beasaindarra Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) anunció ayer un nuevo contrato en Francia valorado en unos 250 millones de euros. El acuerdo incluye la entrega de 22 trenes regionales al operador SNCF Voyageurs para la Région Sud, en el entorno de Marsella, un pedido que confirma la confianza del operador francés en el consorcio CAF-Alstom. El pedido amplía la flota actual compuesta por 17 unidades ya operativas en Provenza-AlpesCosta Azul. Los nuevos trenes sustituirán a los que prestan servicio en las líneas Marsella-Aubagne-Toulon-Hyères y Marsella-Toulon-Les Arcs Draguignan. Cada tren contará con seis coches y una capacidad de 310 pasajeros, con un nivel de «confort elevado» gracias a ventanales amplios, iluminación LED interior, asientos con puntos de carga eléctrica y zonas adaptadas para personas con movilidad reducida. La producción se realizará en la planta de CAF de la localidad francesa de Reichshoffen, muy cerca de la frontera con Alemania, mientras que Alstom aportará diversos equipos esenciales. El contrato refuerza la estrategia industrial del grupo dirigido por Javier Martínez Ojinaga en Francia, donde opera con dos centros productivos. 

La operación de reestructuración financiera de Talgo y la entrada en su capital del consorcio vasco que lidera el empresario José Antonio Jainaga, también de la SEPI, afrontan mañana viernes su hito definitivo en la junta de accionistas del fabricante. El consejo que lidera Carlos de Palacio ha dado la recomendación de pasar página en Talgo y ceder las riendas al presidente de Sidenor y demás socios entrantes previa aprobación de un nuevo armazón de financiación y de avales. La instrumental Pegaso va a vender por fin su posición de primer accionista y podrá articularse un nuevo plan que trate de garantizar el futuro de la compañía. Una de las que espera el desenlace, con millones de euros en juego, es Renfe. La penalización de 116 millones que la operadora pública impuso a Talgo en julio de 2022, por la demora de más de dos años en la entrega de 30 trenes de alta velocidad Avril (serie 106 de Renfe), está aún por cobrarse o, en su defecto, terminar de cubrirse. La dirección de Talgo ha mantenido en pie la advertencia de llegar a los tribunales por esa sanción que contemplaba el contrato, aunque cedió en parte al provisionar en las cuentas de 2024 los 116 millones que reclama Renfe. Fuentes al tanto explican que Talgo no ha realizado entrega alguna, haciendo valer su argumento de que incurrió en retrasos por causas ajenas a su gestión, y que Renfe sigue reteniendo los pagos previstos. La cifra que Renfe tiene paralizada, comentan las mismas fuentes, no llega aún al 75% de la penalización.

El Parlamento vasco aprobará hoy la Ley de Medidas Urgentes en Materia de Vivienda, una norma «combativa», según sus promotores, y tramitada en tiempo récord con la que el Gobierno de Pradales quiere impulsar la construcción. La ley, registrada por los partidos que sustentan el Ejecutivo (PNV-PSE), tiene garantizada su entrada en vigor al contar con la mayoría absoluta de la Cámara. Permitirá rebajar del 75 al 60% la exigencia de VPO en las promociones. Agilizará la tramitación urbanística de los suelos para construir más deprisa. Se prohíbe la apertura de más pisos turísticos en las zonas tensionadas. Multas de hasta 20.000 euros por incumplir las zonas tensionadas. Los municipios estarán obligados a ceder suelo al Gobierno para VPO. Se permitirán construir levantes de dos alturas sobre las cubiertas de VPO, que permitan recrecer la oferta sin la necesidad de consumir suelo.

Todavía se desconoce a cuánto ascenderá el salario mínimo interprofesional (SMI), ahora establecido en los 16.576 euros anuales. En las próximas semanas se desatará un choque de trenes entre el Gobierno central, la patronal y los sindicatos para determinar su cifra. Este enfrentamiento girará, además de sobre la cuantía, alrededor de una cuestión crucial: si debe tributar el IRPF o no. En medio de esta tormenta, lo que está claro es que los grandes ganadores serán los trabajadores vascos, ya que la nueva reforma fiscal exonera de abonar impuestos a las rentas inferiores a 20.000 euros. Esto supone que la empresa no les retendrá ninguna cantidad, garantizando un aumento salarial directo. La vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado su intención de impulsar una subida «relevante» del SMI si el Ministerio de Hacienda impone que debe tributar. La líder de Sumar en el Gobierno ha expresado su sintonía con la propuesta de CC OO y UGT, que abogan por elevar el SMI a 1.273 euros brutos al mes en 14 pagas (17.822 euros anuales), lo que representa un aumento del 7,5% respecto al actual. Sin embargo, después de impuestos, en las comunidades del régimen común este salario se reduciría a 1.216 euros netos, lo que traduciría un incremento del apenas 2,7% con respecto a la cantidad definitiva de este ejercicio.

La propuesta de los expertos ya está definida. Plantea dos escenarios de incremento: un 3,1%, hasta 1.221 euros brutos al mes en 14 pagas si el SMI, como hasta ahora, no tributa (17.094 euros al año); y un 4,7% hasta 1.240 euros mensuales (17.360 euros anuales) si empieza a aportar al IRPF. Ambos porcentajes superan la evolución de los precios, un 2,7% en el promedio de los últimos 12 meses. El SMI actual es de 1.184 euros brutos al mes y 16.576 euros anuales, nivel al que llegó tras el incremento de 2025, de 50 euros mensuales y 700 euros al año. Esa fue precisamente la recomendación de los expertos en su la banda alta en el último informe, lo que denota la influencia de este documento en la decisión final del ministerio. En la primera opción (sin tributación) el SMI crecería 37 euros al mes y en la segunda (con IRPF) 56, pero en ese escenario fiscal no toda la subida iría al bolsillo del trabajador. Una parte se destinaría a impuestos, pero la cifra concreta dependerá de la situación del empleado (si tiene hijos, si tiene otras cargas familiares, de la comunidad en la que viva...) y de qué normas fiscales rijan. El ministerio pidió a los expertos estas dos opciones para anticiparse al posible cambio fiscal, tras varios años de tiras y aflojas al respecto con el Ministerio de Hacienda. El debate sobre la tributación del SMI conecta con el impulso de la prevalencia de este nivel retributivo en la masa salarial española. Es decir, como el salario mínimo ha crecido tanto en los últimos años –un 61% desde 2018, de 736 a 1.184 euros brutos al mes en 14 pagas en 2025– a la par aumenta el volumen de trabajadores que no aportan al IRPF.

Según calcula CEOE, cada punto de subida del salario mínimo tiene un coste bruto para las empresas –es decir, coste salarial más cotizaciones– de 575 millones de euros. Por lo que una subida para 2026 que sirva solo para cubrir la inflación, algo que parece probable, tendría un coste para los empleadores de 1.552 millones de euros, tomando como referencia un IPC medio del 2,7% para el conjunto del año. Y aun a falta de una propuesta de subida del salario mínimo por parte del Gobierno, que elevará una vez que se conozcan las conclusiones de la Comisión Asesora –fuentes del Ejecutivo aseguran que los expertos están culminando ya su informe final– y tras haber realizado las consultas preceptivas con los agentes sociales, parece claro que la subida se situará entre sendos planteamientos que ya han hecho públicos tanto CEOE y Cepyme como UGT y CCOO. En primer lugar, la subida que ofrece la patronal del 1,5% para alcanzar un salario mínimo de 1.202 euros mensuales en catorce pagas (16.824 euros brutos anuales), tendría un coste para el tejido empresarial de 862 millones de euros. Mientras que la propuesta de UGT y CCOO, de una subida del salario mínimo del 7,5% hasta los 1.273 euros brutos al mes en catorce pagas (17.822 euros anuales) acarrearía un coste para los empresarios de 4.312 millones de euros. En cualquier caso, advierten las organizaciones empresariales dirigidas por Antonio Garamendi y Ángela de Miguel, este impacto económico recaería directamente sobre un pequeño número de sectores y con una composición de pequeña o mediana empresa. Estos son, el sector primario (agricultura, ganadería y pesca) y los sectores de cuidados y empleo del hogar. En muchos de estos casos, además, el coste lo asumirían los hogares como empleadores de personal doméstica. En caso del empleo del hogar, se estima que los hogares asumirían un 15% del coste total.

La exmilitante socialista Leire Díez y Vicente Fernández Guerrero, expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) entre junio de 2018 y octubre 2019, fueron detenidos ayer por efectivos de la Guardia Civil. Los arrestos de ambos, que fueron llevados para su interrogatorio a los calabozos de la Comandancia de Madrid en Tres Cantos, están relacionados con una nueva causa secreta que instruye el titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, Antonio Piña. En esa pieza, la Unidad Central Operativa (UCO) y Anticorrupción investigan desde hace años una red de supuestos amaños en los que participaría Servinabar, la empresa en el centro de la trama corrupta que presuntamente dirigía Santos Cerdán y que investiga, por su parte, el Tribunal Supremo. Anticorrupción, en estas nuevas diligencias, acusa a Díez, conocida como ‘lafontanera de Ferraz’, y Fernández de fraude, falsedad documental, malversación, tráfico de influencias y prevaricación. Los efectivos policiales, que también realizaron varios registros, tienen previstas otras detenciones en el marco de este operativo. Vicente Fernández era uno de los más estrechos colaboradores de la vicepresidenta María Jesús Montero. Fue ella quien lo nombró al frente de la Sepi en el verano de 2018 al poco de llegar Pedro Sánchez a Moncloa.

El problema es que, en un contexto de pérdida de plazas públicas, unas CCAA ponen exámenes de acceso a la universidad más fáciles que otras. Y eso deja sin sitio a los jóvenes que más se esfuerzan. La Comunidad de Madrid acoge a un 25,5% de alumnos de grado de otras autonomías, el triple que Cataluña, que sólo atrae al 7% debido a la imposición lingüística. Esto hace que las notas de corte de los campus catalanes sean más bajas que en otros territorios, a pesar de su buena reputación. Cataluña es la región con menor movilidad entre autonomías junto a Baleares, donde solo se desplazan el 3,9% de universitarios de otras comunidades. Los datos proceden del informe de la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD), un exhaustivo trabajo publicado ayer que revela que la movilidad geográfica ha aumentado en torno a tres puntos porcentuales en el último lustro. Si, en el curso 2019/20, el 16,2% los matriculados de grado en universidades presenciales españolas tenía su domicilio en otra región o en el extranjero, este porcentaje ha crecido al 19% en el curso 2023/24. El estudio del think tank que preside Ana Botín ve «diferencias territoriales significativas». En matrículas de grado, Baleares, Cataluña, Galicia, Canarias, Andalucía y Asturias son las que presentan niveles más bajos de movilidad entre comunidades autónomas. En el extremo opuesto destacan Navarra, donde más del 40% de los estudiantes es de fuera (el 7,4% reside en el País Vasco y el 12,4% en el extranjero) y La Rioja, con el 40% (14,2% de navarros y 11% de vascos).

El presidente del Instituto Vasco de Competitividad Orkestra, Ivan Martén, ha lamentado que el planteamiento “idealista” con el que ha diseñado la transición ecológica ha convertido a Europa en “la gran perdedora”, al poner en riesgo la competitividad industrial y el bienestar social. Por este motivo, ha abogado por replantear el modelo y abordar esta transformación energética desde una perspectiva “pragmática y ordenada” que asegure el cumplimiento de los objetivos medioambientales al tiempo que preserve la actividad económica. En su intervención, Martén ha constatado que el exceso de burocracia y el “riguroso” marco legal originado por la transición ecológica en Europa ha tenido como consecuencia una desindustrialización en Europa y ha afectado de modo negativo a las pymes y cooperativas, lo que provoca un retroceso de su competitividad frente a otras zonas geográficas. Estas políticas energéticas, en su opinión, han tenido unos resultados “totalmente contrarios a los que se pretendía”, ante lo que defendió un cambio de rumbo.

La reordenación accionarial de Naturgy, que lleva años esperándose en el mercado, ha empezado. JPMorgan comunicó ayer a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que ha sido designado por GIP –fondo que ahora está controlado por BlackRock– para buscar compradores para 69 millones de acciones de Naturgy, representativas del 7,1% del capital. A precios de mercado, supondrían en torno a 1.800 millones de euros. BlackRock y GIP son ahora el segundo accionista de Naturgy, con el 18,83%. Están por detrás de Criteria (el hólding empresarial de Fundación La Caixa), que tiene el 23,96%, y por delante de CVC, que en alianza con Corporación Alba (familia March) suma el 18,58%. IFM tiene el 15,16%. Con esta venta, BlackRock bajará al 11,7%. El movimiento es un vuelco en el capital de Naturgy y abre paso a una más que previsible nueva agitación. CVC, que lleva tiempo esperando una salida, como GIP, estará tentado de seguir los mismos pasos. IFM, que siempre ha querido seguir escalando posiciones en el capital, aprovechará sin duda la oportunidad. Se da así una vuelta de tuerca a la situación de Naturgy, que lleva años en el centro de potenciales transacciones corporativas y tensiones accionariales.

La Comisión Europea, tal y como adelantó en septiembre su presidenta, Ursula von der Leyen, ha designado ocho grandes autopistas energéticas como proyectos prioritarios para mejorar las interconexiones energéticas del bloque. De ellas, dos pasan por España. Bruselas quiere ejercer un mayor control sobre el proceso y coordinar los esfuerzos de los Estados miembros por avanzar hacia una correcta conexión energética. Aunque los países seguirán teniendo soberanía sobre los proyectos que pasen por su territorio, el Ejecutivo comunitario considera que una estrategia más centralizada puede ayudar a desatascar la situación. Por el momento, el 45% de las necesidades de capacidad eléctrica transfronteriza seguirá sin atenderse en 2030 y que muchos países están camino de quedare lejos del objetivo de interconexión del 15% para esa fecha. “Ahora mismo estamos haciendo un puzle sin mirar la imagen que viene en la caja. Podemos cambiar eso”, indicó Dan Jørgensen, comisario de Energía y Vivienda de la Comisión Europea. Según los cálculos del Ejecutivo comunitario, una mayor coordinación podría ahorrar 560.000 millones de euros en un proceso que requerirá inversiones por más de 1,2 billones de euros. De esa cuantía, Bruselas aportará 30.000 millones de euros si logra sacar adelante su nuevo Marco Financiero Plurianual (MFF, por sus siglas en inglés). El resto, tendrá que movilizarse entre los Estados Miembros y, sobre todo, el sector privado creando unas condiciones favorables para que deseen abordarlo. “Proponemos que la Comisión Europea desarrolle un escenario central para nuestras redes energéticas: identificar qué necesitamos, dónde lo necesitamos y cuándo lo necesitamos”. 

La reforma de la regulación del sector bancario debe ser una de las grandes prioridades. Ese es el mensaje que los ministros de Finanzas de los países de la Unión Europea quieren trasladar a la Comisión Europea, a la que urgen a que presente cuanto antes su propuesta legislativa para simplificar la normativa del sector financiero. Así se refleja en el borrador de las conclusiones de la cumbre del Ecofin que se celebra mañana. En ese documento, los ministros de Finanzas solicitan al Ejecutivo comunitario “un plan integral y ambicioso para revisar, simplificar y, cuando sea pertinente, derogar los actos legislativos sobre los servicios financieros existentes”. Asimismo, los bancos europeos creen que podrían haber financiado la economía con 1,5 billones de euros adicionales entre 2022 y 2024 si los supervisores no hubieran elevado los requerimientos de capital que imponen a cada entidad. Es una de las principales conclusiones de un estudio de la Federación Bancaria Europea (EBF, por sus siglas en inglés) que analiza el impacto de las exigencias individuales sobre 15 de las mayores entidades europeas. La EBF hace el calculo con todo el dinero obtenido por las entidades después de impuestos, pero le descuenta los dividendos, la recompras de acciones, el pago de cupones de bonos contingentes convertibles y otros instrumentos, como los bonus de los directivos, que el sector considera necesarios. Según esto, los 15 grandes bancos han logrado durante los tres años analizados un beneficio retenido conjunto de 112.000 millones. Y calcula que un 90% del capital retenido, unos 102.000 millones, ha quedado bloqueado en la práctica porque esos recursos se han destinado a cubrir los mayores requerimientos de solvencia impuestos por los supervisores de forma discrecional. 

Estados Unidos prioriza la protección de un mercado laboral debilitado frente al riesgo de un repunte de la inflación. La Reserva Federal (Fed) decidió ayer en su última reunión del año un nuevo recorte en los tipos de interés de 25 puntos básicos, hasta dejar la tasa de referencia entre el 3,50% y el 3,75%. Se trata del tercer ajuste consecutivo desde septiembre, en un encuentro con alto componente político y una fuerte división interna. De hecho, hubo tres votos disconformes que habían apostado por parar en seco los ajustes. «No es la situación habitual, donde todos están de acuerdo sobre la dirección y qué hacer. Es más disperso», reconoció el presidente de la institución, Jerome Powell. Sobre la mesa, dos fuerzas contrapuestas muy difíciles de equilibrar. Por un lado, una tasa de desempleo que el mes pasado creció al 4,4%, máximo de cuatro años. Por otro, una inflación aún elevada en el 3%. Y en medio, el propio Powell intentando frenar la ola bajo el foco constante de la Casa Blanca, que ya busca a su sustituto para mayo de 2026. A ser posible, que congenie más con la visión monetaria de Donald Trump. El favorito en las quinielas es, precisamente, uno de sus asesores económicos, Kevin Hassett, públicamente favorable a las bajadas de tipos para impulsar la actividad. Pese a las presiones y al ajuste acometido, Powell quiso dejar claro que, al menos hasta que expire su mandato, no moverá ni un milímetro su hoja de ruta a medio plazo, limitando las futuras rebajas de tipos a solo una en 2026 y otra en 2027. 

Canadá invertirá 1.700 millones de dólares canadienses (1.055 millones de euros) con el objetivo de atraer al país a más de 1.000 investigadores internacionales y expatriados, dentro de un plan para fortalecer sus universidades y captar talento estadounidense, en un momento en que algunos académicos del país buscan trabajo en el extranjero por las políticas de la Administración de Donald Trump. La nueva Iniciativa de Talento en Investigación Global Impact+ de Canadá invertirá 1.000 millones de dólares canadienses (620 millones de euros) para apoyar la contratación de investigadores de primer nivel durante los próximos 12 años y destinará otros 400 millones de dólares canadienses (250 millones de euros) a infraestructuras de investigación. Además, se asignarán 134 millones de dólares canadienses (85 millones de euros) para que los mejores estudiantes de doctorado e investigadores de posgrado internacionales se trasladen a Canadá, y otros 75 millones de euros para investigadores que estén empezando su carrera. “Mientras otros países restringen las libertades académicas y socavan la investigación de vanguardia, Canadá está invirtiendo y redoblando su apuesta por la ciencia, atrayendo a las mentes más brillantes del mundo para que trabajen junto a los investigadores canadienses”, afirma Mélanie Joly, ministra de Industria de Canadá.

Los jóvenes australianos no han tenido más remedio que empezar la jornada sin hacer «scroll». Un mecánico gesto de la vida digital del que solo queda ya la nostalgia y el vicio en este país, ante la entrada en vigor del veto a menores de 16 años en redes sociales, una iniciativa pionera a nivel mundial. Esta afecta a un total de diez plataformas, entre ellas las más populares como TikTok, Instagram, YouTube, Facebook o Reddit, las cuales deben acatar la orden o abonar deudas millonarias. La norma tiene vigencia desde esta pasada medianoche según el horario de Greenwich –una hora más tarde en España–. Un 96% de los australianos menores de 16 años participan en redes sociales, según cifras oficiales. Entre la condición de damnificados o beneficiados se debaten más de un millón de adolescentes, quienes pueden elegir entre eliminar sus cuentas o congelarlas hasta alcanzar la edad requerida. El apagón ha comenzado a ejecutarse de manera gradual. A primera hora de la mañana solo TikTok había cancelado ya 200.000 usuarios, a los que añadirá «cientos de miles» más en días venideros, de acuerdo a un comunicado. Las redes, entretanto, se han llenado de sentidos mensajes de despedida ante una medida particularmente polémica para aquellos jóvenes criados en un mundo de conexión permanente.

Entrevista con Antigone Davis, directora global de Seguridad de Meta. "Estamos cumpliendo con la ley en Australia. Para mí, el reto que tiene una prohibición es que nadie quiere prohibir a los adolescentes acceder a todas las aplicaciones, así que vetas un número pequeño de ellas. Cuando haces eso, los chicos buscan fuera de la prohibición otras que no conocen los reguladores como Lemonade. Hay entre 1,5 y 2 millones de apps en las tiendas y no hay forma de que un regulador pueda ponerse a perseguir adolescentes de una a otra. Entiendo qué motiva estas prohibiciones, pero no creo que vayan a cumplir lo que buscan. Más allá de verificar la edad, creemos que las redes sociales tienen que tener también obligaciones de mostrar contenidos apropiados para la edad del usuario, como nosotros hemos hecho inspirándonos en la clasificación PG del cine, y permitir poner límites de tiempo de uso...Para comenzar, nosotros preguntamos la edad, pero también tenemos tecnología. Somos muy buenos determinando si alguien es mayor o menor de 18. Funciona muy bien, pero es más complicado saber qué edad tiene entre los 13 y 18, ahí la precisión cae al 34%. Algunas veces estos niños no tienen documentación. Por eso, la verificación tras comprar el móvil y tener que hacer una cuenta es un momento que comparten el adulto y el menor y nos permite una verificación más precisa. Y además se respetaría la privacidad, ya que solo tienen que decir si son menores de 18 o menores de 16 años..."