20251209

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

El Ejecutivo autonómico, subido a la ola de la autonomía estratégica europea, activó el 9 de abril un «escudo comercial» de 2.150 millones de euros. El plan, anunciado en el parque tecnológico de Miñano y en el marco del Grupo para la Defensa Industrial –el foro creado específicamente para responder a los aranceles– llegó solo una semana después de que Trump desatara la ofensiva comercial su ‘Día de la Liberación’. Su objetivo era claro: «no ahorrar esfuerzos para proteger a las personas, el empleo y las empresas». Esta estrategia, similar a la implementada durante la pandemia, incluía una serie de medidas como ayudas para los ERTE, incentivos para la contratación, inyecciones de capital y apoyo para explorar nuevos mercados. En esta batería de medidas, que combinaba partidas ya previstas con nuevos anuncios, destacaba un plan extraordinario de 450 millones de euros en avales directos para la pequeña y mediana empresa, canalizado a través de Elkargi. Su objetivo era aportar certidumbre a las compañías más expuestas de forma directa a Estados Unidos. La línea de crédito, todavía abierta, ofrece hasta cinco años de amortización y dos años de carencia, lo que permite a las empresas contar con un margen de tiempo para hacer frente a los pagos, aliviando su carga financiera en un contexto de incertidumbre económica. Pese a que la intención de lanzar esta línea de financiación se hizo pública en abril, no fue hasta junio cuando el Consejo de Gobierno dio su visto bueno, activando un primer tramo de 100 millones de euros en avales, con la posibilidad de ampliarlo en otros 350 millones si la demanda lo justificaba. Sin embargo, el número de solicitudes ha quedado muy por debajo de este umbral. En los seis meses que han transcurrido desde la apertura de la línea de ayudas, solo 53 empresas se han acercado a Elkargi para solicitar el apoyo.

El IBM Quantum System Two de Donostia, operativo desde el 14 de octubre, funciona ya al 25% de su capacidad, un ritmo inusualmente alto para una máquina recién desplegada. El encargado de definir ese nuevo terreno fue Alessandro Curioni, vicepresidente de IBM Research en Europa y África y director de los laboratorios de Zúrich. Su mensaje, lejos del futurismo, fue quirúrgico: «Estamos entrando en la fase útil de la computación cuántica». Una expresión que, en boca de uno de los principales arquitectos de la hoja de ruta cuántica de la tecnológica estadounidense, tiene un peso especial. Esa «fase útil» significa que los procesadores cuánticos actuales ya permiten ejecutar cálculos que la computación clásica no puede abordar con la misma eficiencia, especialmente en tres frentes —simulación de materiales, optimización compleja y dinámica de fluidos— donde la cotizada neoyorquina, que capitaliza alrededor de 300.000 millones de dólares, asegura haber validado resultados imposibles de replicar con arquitecturas tradicionales. Curioni ilustró esa frontera con un dato contundente: hoy, un procesador cuántico, como el de San Sebastián, puede realizar unas 5.000 operaciones antes de que el ruido arruine el cálculo; en 2029, con el procesador tolerante a fallos que el gigante azul bautiza como Starling –todos sus procesadores tienen nombres de aves; en este caso, se refiere al estornino–, esa cifra debería ascender a 100 millones de operaciones. Un salto que, según el directivo, marcará «el primer momento plenamente industrial de la cuántica». Cabe añadir que el sistema vasco es actualizable, lo que significa que el supercomputador de Ibaeta está abierto a mejoras en el futuro, la primera prevista para 2027.

Entrevista con Juan Bernabé-Moreno, director de IBM Research para Reino Unido e Irlanda. El científico andaluz asegura que «no hay presentación de IBM en cuántica en la que no se mencione a Euskadi» y defiende que la región reúne unas condiciones «únicas». "... La cuántica no es ‘un ordenador más rápido’. En la clásica hemos pasado de bicicleta a moto o a deportivo, pero siempre sobre la misma superficie. La cuántica abre otro camino: no corres más, atraviesas la Tierra y apareces al otro lado. Permite modelar la realidad con todos sus átomos e interacciones. Con cuántica podemos diseñar nuevos materiales, moléculas o terapias a nivel celular. Tener esa capacidad en Euskadi abre puertas científicas e industriales que antes ni podíamos plantear...El próximo año llegaremos a lo que llamamos ‘era cuántica útil’, cuando estos sistemas ofrezcan resultados industriales reales, tangibles e imposibles para los clásicos. En 2029 esperamos disponer del IBM Quantum Starling, el primer ordenador cuántico tolerante a fallos capaz de realizar 100 millones de operaciones. De hecho, acabamos de presentar el chip Loon, el paso previo al sistema Starling. En cualquier caso, ya hay casos de uso con Boeing, HSBC o Mercedes, por citar los ejemplos más estratégicos...no hay presentación de IBM en cuántica en la que no se mencione al País Vasco. Y no es casualidad. En Euskadi se está construyendo un ecosistema muy serio: visión a largo plazo, instituciones alineadas y un tejido industrial dispuesto a experimentar. Eso es rarísimo a escala europea. Talento, empresas y ciencia empujando hacia la misma dirección. Si haces una lista de las condiciones que un socio ideal debe tener, Euskadi las cumple todas...La soberanía no depende de la bandera de la máquina, sino de dónde se desarrolla el talento y la industria..."

Leire San José recibió el pasado jueves el Premio Ekonomistak 2025, concedido por el Colegio Vasco de Economistas para reconocer su aportación «al desarrollo económico y social» del territorio. El galardón distingue su trabajo sobre cómo las organizaciones generan impacto más allá del beneficio económico y sobre la posibilidad de medir y gestionar de forma estratégica ese valor añadido para la sociedad y sus grupos de interés. En conversación con este periódico, San José subraya la necesidad de establecer criterios comunes que permitan medir «de manera eficiente» ese impacto social. A su entender, la discusión no debería centrarse únicamente en cuánto gana una empresa, sino en cómo lo hace. Defiende así un modelo que priorice la generación de valor para todos los grupos de interés y no únicamente para los accionistas. Desde esa lógica, considera clave que las administraciones públicas apoyen de forma decidida a las compañías que apuestan por empleo estable, sostenible y bien remunerado, y cuestiona los modelos de licitación pública que premian exclusivamente la oferta más barata. Desde esta filosofía nace el modelo desarrollado por el grupo de investigación que dirige, basado en integrar en los análisis contables no solo el valor de mercado, sino también el de no mercado. El primero engloba las transacciones económicas clásicas –salarios, impuestos o pagos a proveedores–, mientras que el segundo incorpora elementos intangibles como el bienestar o el impacto social generado por la empresa. El alcance práctico del modelo se entiende con ejemplos concretos. San José apunta que, si una compañía ofrece a su plantilla un curso de formación que en el mercado tendría un coste de 500 euros, ese valor existe aunque no se refleje como ingreso ni como gasto. Esa aportación se traduce en mejores competencias, mayor estabilidad laboral y una mejora indirecta del funcionamiento de la propia organización. Así, la contabilidad social permite visualizar de forma ordenada impactos que hasta ahora quedaban fuera de las cuentas tradicionales y que resultan clave para evaluar el papel real de las empresas en su entorno.

En pleno debate sobre la idoneidad del traspaso de la titularidad del puerto de Pasaia, el Gobierno Vasco relanza la plataforma logística de Lezo-Gaintxurizketa con el avance del estudio informativo, que se encuentra en su fase final. El documento prevé que el nodo moverá al año 100.000 contenedores en 4.000 trenes, lo que potenciará la dársena pasaitarra. La plataforma logística de Lezo-Gaintxurizketa, el proyecto de puerto seco guipuzcoano diseñado para trasvasar de forma ágil y eficiente mercancías entre trenes, camiones y barcos en un punto estratégico entre el puerto de Pasaia y la frontera con Francia, y con acceso inmediato a la N-I, a la autopista AP-8 y a las tres redes ferroviarias (convencional, alta velocidad y la vía estrecha de Euskotren), aspira a mover hasta unos 3 millones de toneladas y 100.000 contenedores al año que llegarían y/o saldrían desde este punto en 4.000 trenes. Es la previsión que se maneja en el estudio informativo del proyecto, en el que se trabaja desde 2020 y que se encuentra ya en su fase final. De hecho, tal y como adelantó DV hace un mes, la intención del Gobierno Vasco es poder acabarlo y presentarlo «durante la primavera» de 2026.

Miles de médicos de Osakidetza están llamados a secundar desde hoy una huelga de batas blancas que se prolongará durante cuatro jornadas. Los paros están convocados a nivel nacional por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz y a ella se han adherido las principales organizaciones profesionales del sector en Euskadi, así como los colegios de médicos de Bizkaia, Álava y Gipuzkoa. La huelga surge como muestra del descontento del colectivo médico al contenido del borrador del nuevo Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud que ha elaborado el Ministerio de Sanidad. Pero las reclamaciones van mucho más allá de este documento. Varias de ellas son históricas y llevan años sin ser atendidas por las administraciones públicas. Entre las principales reivindicaciones de los profesionales se encuentra la creación de un Estatuto y un grupo profesional propios para los facultativos, diferentes a los del resto de profesiones sanitarias, dado su mayor grado de responsabilidad en el ámbito clínico. Las guardias es otro de los aspectos que los galenos exigen revisar. Piden que sean computadas y remuneradas como jornada ordinaria o extraordinaria, algo que en la actualidad no ocurre. Se las consideran jornada complementaria obligatoria, pero no se tienen en cuenta ni como tiempo de trabajo ni para la jubilación. También exigen que las guardias no superen las 17 horas ininterrumpidas, desde que se accede al puesto laboral. 

Con una magnitud de 4 grados y el epicentro en Iruña de Oca, Álava vivió la pasada madrugada el mayor terremoto de la historia de Euskadi. Un seísmo que se percibió apenas durante unos segundos en las viviendas y que no ha causado daños en bienes personales ni materiales. Lo que sí se ha producido es una gran inquietud y dudas sobre qué ocurrió exactamente, si se podría repetir o por qué el Gobierno vasco no remitió ningún tipo de alerta a los móviles. El Correo responde a las claves del seísmo de la mano de Jon Apodaka, geólogo y técnico de Emergencias del Gobierno vasco, y otros expertos. El sistema de fallas de la tierra libera energía cuando estas se desplazan y eso es lo que ocurrió la pasada noche. «Hay fallas en todo el territorio, eso es algo normal. Aunque estas no son fallas de gran magnitud que tengan movimientos de decenas de metros», explica Apodaka. En concreto la zona donde se produjo el seísmo «no es un lugar de interconexión de placas». La parte más cercana a los Pirineos sí es más vulnerable. Sobre el origen, el experto señala que el hipocentro –la profundidad en la que se ha producido– coincide con la superficie según los cálculos preliminares realizados. El geólogo Antonio Aretxabala añade que el temblor descargó una energía «similar a la de Hiroshima», aunque sin los daños que genera una bomba atómica. «No hay precedentes tan intensos», afirma.

Enrique Losantos (Madrid, 54 años) es el responsable de la consultora inmobiliaria JLL, una de las principales del mundo, desde hace más de una década. Conocedor como pocos del mercado inmobiliario y del capital internacional. "España es el segundo destino favorito para inversión inmobiliaria en Europa después de Reino Unido. Hay razones macro, comparativamente estamos mejor que otro países, por lo que somos el tuerto en el país de los ciegos. Y en inmobiliario, España es todavía más barato para un inversor en precios que países como Reino Unido, Alemania y Francia...Mientras haya un déficit estructural, que no se va a arreglar en el corto plazo, lo normal es que el precio de la vivienda siga subiendo hasta un punto en que las tasas de esfuerzo hagan inviable la subida de precios. Hasta que las entidades financieras se pongan un límite: que las tasas de esfuerzo no superen un 30% de los ingresos. En un escenario de tipos de interés bajos, el precio de la vivienda va a seguir subiendo. En el momento en que los tipos de interés empiecen a subir con las tasas de esfuerzo que tenemos ahora, del 33% al 35% de media, eso empezará a tirar del precio hacia abajo... Mi percepción es que la banca va a empezar a cortar el grifo en los préstamos hipotecarios. Hay entidades financieras que están empezando a restringir el crédito. ¿Quiere decir que han parado? No. Lo que quiere decir es que sus políticas de crecimiento se están estabilizando, porque no saben si hay una burbuja de precios y si hay problemas con la tasa de esfuerzo...El problema de la vivienda viene por la escasez de suelo, la excesiva regulación, altos costes de construcción y la falta de capacidad y mano de obra. La respuesta rápida sería, pon foco en esto y lo arreglas. Pero esa no es la respuesta. No se puede atacar solo por aquí problema. El tema del suelo tarda décadas. La excesiva regulación no se soluciona con una clase política que no está en eso y en la que sí estamos pecando de falta de mayorías y tener una ley de vivienda que no sirve. Se intenta atajar el problema desde el lado de la demanda y no desde la oferta: cuánto más se regula en vivienda, menos oferta hay y menos promoción. En Cataluña es donde más regulación hay y menos promoción..."

Pese al crecimiento del número de trabajadores que ha experimentado España en los últimos años, su precariedad sigue siendo una de las asignaturas clave del país, con una calidad del empleo un 26% inferior a la media de la Unión Europea (UE) y siendo el peor país del grupo de los 27 tanto en ingresos como en estabilidad del trabajo. Así lo concluye el último informe de la fundación por el Fomento de Estudios Sociales y Sociología Aplicada (FOESSA) para Cáritas, realizado por investigadores procedentes de 51 universidades, centros de investigación, fundaciones y entidades del tercer sector a partir de una encuesta a 12.289 hogares españoles. En él se señala este factor como uno de los determinantes del aumento de la desigualdad en España. «Aunque el empleo mejora macroeconómicamente, ha perdido gran parte de su capacidad protectora e integradora. La precariedad laboral se ha convertido en la nueva normalidad, afectando a casi la mitad (47,5%) de la población activa. Se trata de 11,5 millones de personas en España atrapadas en diversas formas de inseguridad laboral. De hecho, más de un tercio de la población con exclusión moderada o severa trabaja», recoge el documento. La precariedad laboral es uno de los elementos fundamentales de la desigualdad y la situación de pobreza de muchas familias en el país. «España atraviesa un proceso inédito de fragmentación social: la clase media se contrae desplazando a muchas familias hacia estratos inferiores. Tras dos décadas de crisis encadenadas, las fases de recuperación no han cerrado la brecha y han llevado a España a contar con una de las tasas de desigualdad más altas de Europa. La integración social se erosiona y la exclusión grave permanece muy por encima de los niveles de 2007. En 2024, la exclusión severa se sitúa un 52% por encima de 2007, lo que arroja un saldo de 4,3 millones de personas», advierten.

Noviembre marcó un punto de inflexión en la generación eléctrica del sistema español en los últimos meses. La energía eólica produjo el mes pasado 6.949 GWh –un 67% más que en octubre– y fue la tecnología que más aportó al mix. En total, un 31,1% según los datos de Red Eléctrica. La fuerte entrada de esta fuente de energía en las franjas de madrugada, en las horas solares y al anochecer logró desplazar al gas, que aportó un 18,4% tras dos meses consecutivos en los que duplicó su peso en la generación alcanzando en octubre su nivel más alto desde el apagón. Así, el precio medio del mercado mayorista de electricidad se situó en 58,65 €/MWh, el nivel más bajo para un mes de noviembre desde 2020, según los registros históricos que recopila el Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE), y un 44% por debajo del mismo periodo de 2024. Y diciembre, con datos hasta el día 8, sigue la misma tendencia en la estructura de generación y de precio. «Por el momento el viento sostiene la calma del ‘pool’ eléctrico, pero basta con que se apague para que el mercado vuelva a dispararse por encima de los 110 €/MWh», advierten desde Tempos Energía. En el entorno de precios actual y a falta de pocas semanas para confirmar que 2025 será un ejercicio histórico en términos de generación renovable, la éolica se refuerza como la primera tecnología con 53.143 GWh acumulados hasta noviembre, seguida de la fotovoltaica (47.904 GWh) y la nuclear (47.008 GWh), que mantienen el pulso por la segunda posición.

El Partido Popular ha dejado claro que, si llega al Gobierno, su objetivo es mantener abiertas las centrales nucleares españolas. Algo que, en última instancia, no está en sus manos, sino en las de las compañías eléctricas propietarias de las plantas que vienen reivindicando desde hace años una bajada de los impuestos y la tasa que gravan esta energía. Aunque las grandes empresas del sector han hecho una excepción con Almaraz, que comparten Iberdrola, Endesa y Naturgy, y han pedido al Ministerio de Transición Ecológica, sin contrapartidas, una ampliación de la vida de los dos reactores hasta 2030, de momento ya han logrado que el Gobierno de Extremadura les rebaje a la mitad la ecotasa de esta instalación. Además, a más años de producción, la tasa de Enresa para la gestión de los residuos radiactivos y el desmantelamiento se diluye. Para evitar abrir un nuevo frente cuando se acerque el cierre del resto del parque (en 2030 le toca el turno a Cofrentes y, de nuevo, a las dos plantas de Almaraz, según el calendario de cierre de 2018), el PP tiene una opción con el fin de contentar a las eléctricas: contratos bilaterales (por diferencia) para la producción nuclear con un precio cerrado que cubra todos los costes y proporcione una rentabilidad a las centrales sin tener que rebajar los impuestos.

Neo Next Energy, empresa conjunta de Repsol y HitecVision, ha alcanzado un acuerdo estratégico con TotalEnergies para fusionar sus negocios de petróleo y gas en el mar en el Reino Unido. La operación consolida la posición de Neo Next como operador y productor líder en la plataforma continental del Reino Unido (UKCS, por sus siglas en inglés), con una producción prevista para 2026 superior a 250.000 barriles equivalentes de petróleo al día, tal y como informa la compañía española presidida por Anonio Brufau, en un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Este movimiento de calado en el sector energético europeo que cuenta con la participación de Repsol y TotalEnergies fue adelantado por Cinco Días hace dos semanas. Ambas compañías aunarán fuerzas en el negocio de exploración y producción de hidrocarburos en el Mar del Norte. Concretamente, crearán la mayor plataforma de upstream (que es como se denomina a esta primera fase de búsqueda y elaboración) en aguas del Reino Unido, una de las zonas con más reservas de petróleo y gas en el mundo.

El Gobierno ya tiene lista una profunda modificación del plan de recuperación con el objetivo de apurar los casi 25.000 millones de euros en subvenciones pendientes de cobro del plan de recuperación. El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar hoy, martes, el documento en forma de adenda con los cambios, apunta una fuente del Ejecutivo con conocimiento directo del asunto. El programa inicial, que se redactó a toda prisa en 2021, marcaba hitos y reformas que a siete meses de su fecha límite se ven como imposibles de cumplir. El Ejecutivo ha negociado las variaciones con Bruselas y ha acordado rebajar la ambición de las reformas pendientes con rango de ley en un contexto de dificultad para articular mayorías en el Congreso. El texto también incluirá la renuncia al 75% de los créditos que contemplaba el programa europeo. El fondo de recuperación de la UE, que se aprobó hace ahora algo más de cinco años para amortiguar el golpe económico de la pandemia, condiciona la llegada del dinero a los Estados miembros a que estos cumplan con una serie de reformas –muchas de ellas legislativas– y a que se alcancen una serie de hitos en las inversiones previstas con el dinero europeo. El sistema pronto se reveló farragoso y con muchas exigencias que hacían casi imposible su cumplimiento. Así que la Comisión ha cambiado varias veces sus criterios para facilitar el despliegue del que ha sido el programa financiero más ambicioso de la UE en su historia. 

La bandera china ondeando en la antigua General Motors de Zaragoza, compañía icónica del automóvil estadounidense, dice mucho de los tiempos actuales que viven España y el motor. En los alrededores de esa planta, el mayor fabricante de baterías del mundo, CATL, levantará una gigafactoría que alimentará de celdas de baterías a los coches eléctricos que Stellantis –la actual dueña de Opel, después de que General Motors se la vendiera a PSA– haga allí. El arribo de CATL fue posible gracias al mimo que ha puesto el Gobierno para mejorar la relaciones con China y a una buena cantidad de dinero público proveniente de los Perte del Vehículo Eléctrico y Conectado (Perte VEC), por el que CATL y Stellantis recibieron 300 millones para alzar su gigafactoría. Es solo un ejemplo, pero es el más reciente del estrechamiento de lazos entre España y China, unos lazos que apuntan a hacerse más fuertes en el corto y medio plazo. El próximo que podría llegar al país proveniente del gigante asiático es el mayor fabricante de coches enchufables del mundo, BYD. Reuters adelantó en octubre que la automovilística tiene a España como su principal candidata para su tercera planta de coches en suelo europeo –las otras estarán en Hungría y Turquía, país que tiene un tratado de libre comercio con la UE–. Poco después, el diario Levante informó de que una delegación de la compañía se había trasladado a Valencia para ver posibles localizaciones de la megafactoría.

Los datos publicados ayer por la Administración General de Aduanas china recogen que el superávit comercial –diferencia entre las exportaciones y las importaciones– acumulado hasta noviembre se cifra en 1,08 billones de dólares, un 21,7% más que en el ejercicio precedente a estas alturas. Un avance que el gigante asiático ha logrado, entre otros factores, gracias al impulso de los productos vendidos al exterior, que alcanzan un valor de 3,4 billones de dólares hasta noviembre, un 5,4% más que el año pasado. La estrategia de Pekín para evitar el muro arancelario de Trump se ha sustentado en la reorientación de sus mercados. Mientras las exportaciones a EE UU han menguado un 18,9% respecto al año pasado (que con todo sigue siendo el principal socio comercial de Pekín), las ventas hacia mercados como el del sudeste asiático (donde crecen cerca de un 10% interanual) o el europeo (el crecimiento es cercano al 15%) han compensado la balanza. Entre el abanico de productos más vendidos en Europa destacan los tecnológicos, paneles solares, productos de belleza o coches. Estos últimos cuentan con una penetración cada vez mayor en el Viejo Continente, principalmente impulsados por el mayor grado de desarrollo en modelos eléctricos. La debilidad de la divisa china, el yuan, también está espoleando las exportaciones, y a ello hay que sumarle la sobreproducción crónica de la industria local, que lleva a China a inundar los mercados internacionales con productos sensiblemente más baratos, con el ejemplo cercano de lo que sucede en la industria europea del acero.

Acciona se ha sumado a una carta firmada por 143 empresas renovables en la que alertan al Congreso y Senado de EEUU de que la política energética de la Casa Blanca y las últimas decisiones adoptadas por la Administración de Donald Trump pueden provocar un parón de las inversiones en energía solar que se traducirá en menos empleos, riqueza para el país y precios de la energía más elevados. “Les escribimos para expresar nuestra preocupación por el memorando del 15 de julio del Departamento de Interior, que genera una burocracia excesiva, deteniendo en la práctica la tramitación de permisos para proyectos de energía solar. Esta política retrasará o cancelará significativamente el despliegue de la tan necesaria energía solar”, detalla la misiva enviada a los líderes republicanos y demócratas de las Cámaras estadounidenses después que el Departamento de Interior de la Casa Blanca aprobase en julio un norma que añade trabas a la ya de por sí complicada situación de la industria renovable bajo la presidencia de Trump. El memorando mencionado en la carta “exige una revisión rigurosa de los permisos de energía solar. Las agencias federales están implementando esta directiva de una manera que equivale a una moratoria casi total a la concesión de permisos para cualquier proyecto en el que el Departamento del Interior pueda participar, tanto en terrenos federales como privados”, señalan las compañías. Además de Acciona, en la lista de firmantes figuran fondos y corporaciones como Apollo, Net Cero, EDF, Celestar Solar, CleanCapital, Greenfield Solar y LEAN Energy, entre otros.

Sin discusión ni debate. Los Veintisiete dieron ayer el visto bueno a la directiva de retornos europea, que busca agilizar las deportaciones de aquellas personas cuyas solicitudes de asilo sean rechazadas y allana el camino a la creación de centros de deportación en terceros países considerados «seguros» por el bloque. Los ministros de Interior de la Unión Europea aprobaron un «enfoque general» que deberá recibir ahora el visto bueno de la Eurocámara para entrar en vigor. El documento incluye medidas polémicas como la creación de centros de detención, como el que ya creó la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, en Albania. El texto pactado rebaja, igualmente, las reubicaciones de 30.000 a 21.000 personas para 2026 y reduce el llamado Fondo de Solidaridad para compensar a países tensionados como España de 600 a 420 millones. A su llegada al Consejo, el ministro español del Interior, Fernando Grande-Marlaska, advirtió que España no está de acuerdo con esta directiva ya que entiende que «puede haber una vulneración de las leyes internacionales y de los derechos humanos» con el envío de migrantes a estos centros de internamiento y detención. El Gobierno de Pedro Sánchez tampoco está de acuerdo con varias medidas como los internamientos de dos años en estas instalaciones –además se contemplan prórrogas indefinidas de arresto– y las prohibiciones de regreso de por vida a territorio comunitario. 

La UE se revuelve contra la nueva estrategia de seguridad nacional de Donald Trump que aboga por apoyar a las fuerzas ultras para “ayudar a Europa a corregir su trayectoria actual”. “No podemos aceptar esa amenaza de interferencia en la política de Europa. EE UU no puede reemplazar a los ciudadanos europeos para elegir cuáles son los buenos partidos y los malos”, afirmó ayer el presidente del Consejo Europeo, António Costa. A lo que el presidente estadounidense replicó: “Europa debe tener cuidado, va en mala dirección”. Mientras, el líder de Ucrania, Volodímir Zelenski, recibió en Londres el apoyo del canciller alemán, Friedrich Merz; del presidente francés, Emmanuel Macron, y del primer ministro británico, Keir Starmer, frente a la presión de Trump para cerrar un acuerdo de paz. Europa despierta a la realidad de su divorcio con Estados Unidos. El presidente del Consejo Europeo, António Costa, cargó ayer contra la nueva estrategia de seguridad nacional de la Administración de Donald Trump, que el pasado viernes se marcó como objetivo apoyar a las formaciones políticas ultras, euroescépticas y reaccionarias, a las que denomina “fuerzas patrióticas”. “No podemos aceptar esa amenaza de interferencia en la vida política de Europa. Estados Unidos no puede reemplazar a los ciudadanos europeos para elegir cuáles son los buenos partidos y los malos”, remarcó Costa en una conferencia en el Instituto Jacques Delors. Trump, por su parte, arremetió de nuevo ayer contra la UE. “Europa tiene que tener mucho cuidado (...) está yendo en mala dirección, y eso es muy malo para su gente”, declaró el presidente de EE UU en la Casa Blanca.

El tatarabuelo de Bowman fue el primer presidente del banco de 143 años del que su familia aún es propietaria en la zona rural del Medio Oeste. Sus raíces en la banca la convirtieron en la opción clara para que el presidente de EEUU Donald Trump la nombrara vicepresidenta de supervisión de la Fed en junio, y también es candidata a suceder al presidente de la Fed, Jerome Powell. El hecho de que Bowman lleve la banca en la sangre también explica el entusiasmo con el que ha impulsado uno de los cambios más significativos en décadas en la regulación financiera estadounidense. La iniciativa, acompañada de una reducción del 30% de la plantilla del departamento de supervisión y regulación de la Fed, se ajusta a los objetivos más amplios de la Administración Trump de reducir el tamaño del Estado y eliminar regulación. Los analistas han pronosticado que las reformas de la regulación bancaria estadounidense que lidera liberarán casi 2,6 billones de dólares en capacidad crediticia e impulsarán la rentabilidad de los bancos del país al reducir el requisito de capital frente a pérdidas. Muchos en Wall Street y entre los partidarios de Trump han aplaudido a Bowman por su promesa de eliminar lo que consideran restricciones excesivas a la banca para estimular el crédito, la innovación financiera y el crecimiento económico. Afirman que la intervención sobre el sector tras la crisis de 2008 fue excesiva, expulsando la toma de riesgos de los bancos y desplazando grandes segmentos de la actividad crediticia y comercial hacia mercados de crédito privado y hedge fund con una supervisión más laxa.

Paramount no se rinde en la pugna por Warner Bros. Discovery. Ayer anunció que lanzaba una opa hostil por 93.250 millones de euros. La iniciativa llega después de que el viernes Netflix acordase la compra por 72.000 millones. La lucha por hacerse con el legendario estudio cinematográfico Warner Bros. Discovery (WBD) está en camino de convertirse en una batalla corporativa de época. Paramount Skydance, dirigida por David Ellison, lanzó ayer una oferta pública de adquisición (opa) hostil sobre Warner Bros., propietaria de cadenas como CNN, TBS y HGTV, así como del servicio de streaming HBO Max, por 108.400 millones de dólares (unos 93.250 millones de euros), deuda incluida. La propuesta llega tres días después de que el viernes pasado Netflix alcanzase un acuerdo para hacerse con los estudios y el negocio de streaming de la Warner, en el que también se incluía la plataforma HBO Max. Ese pacto se cerró por unos 83.000 millones de dólares, deuda incluida, o unos 72.000 millones por las acciones. Comparar ambas ofertas es complejo. Paramount ha presentado una oferta íntegramente en efectivo de 30 dólares por acción, que es en principio superior a la de Netflix (27,75 dólares en caja y acciones), pero sobre un perímetro de activos diferente. Es una propuesta similar a la que el consejo de Warner rechazó la semana pasada y el mercado la ha acogido con recelos. Las acciones de Warner llegaron a subir un 8% tras conocerse la operación, situándose en los 28,16 dólares por título, por debajo de los 30 dólares ofertados.