20230131

Hace tan solo dos meses que se aprobaron en el Parlamento vasco los Presupuestos de la comunidad autónoma para este año. Pese al corto periodo de tiempo que ha transcurrido desde entonces, las previsiones sobre la evolución de la economía vasca que se utilizaron para su elaboración ya no sirven, han quedado obsoletas y se revelan como excesivamente optimistas. Así lo reconoció ayer el consejero de Economía y Hacienda del Gobierno vasco, Pedro Azpiazu, quien anticipó que el Ejecutivo hará públicas a mediados de marzo unas nuevas estimaciones sobre el comportamiento del PIB. Y esas nuevas cifras, advirtió, serán algo peores que las que se utilizaron como base en los Presupuestos. «La nueva estimación de crecimiento para este año será inferior al 2%», dijo ayer el consejero, frente al 2,1% de evolución positiva del PIB que era la última cifra oficial. La desaceleración es evidente, no parece tan grave como podía preverse en verano, pero cualquier estimación realizada en el pasado pasa a ser tachada de optimista y sustituida por otra más pesimista. Es, sin embargo, una revisión moderadamente pesimista porque el propio consejero se ha encargado de recalcar que el crecimiento de la economía aún se va a mover en una zona que permitirá «la creación de empleo».

La economía alemana retrocedió dos décimas entre septiembre y diciembre del año pasado en comparación con los datos registrados en el trimestre anterior. La cifra es peor de la que esperaban los analistas, que habían vaticinado que el PIB germano se mantendría plano en la recta final del año. Esta contracción alimenta los vaticinios más pesimistas; si Alemania tampoco crece en este primer trimestre de 2023, entrará en recesión técnica. Según los datos difundidos ayer por la oficina estadística alemana, Destatis, la contracción del cuarto trimestre de 2022 se produjo a pesar de la buena evolución que mostró Alemania en el trimestre anterior, cuando se anotó un avance de cinco décimas. “A pesar de que la economía alemana logró mantenerse durante los tres primeros trimestres en un contexto de dificultades, la producción cayó ligeramente en el cuarto”, señaló Destatis. La causa del retroceso que registró el PIB alemán entre septiembre y diciembre hay que buscarla en las consecuencias de la crisis energética y la caída del gasto privado. La oficina estadística sugirió ayer que la caída de ingresos que ha suscitado la crisis energética en los hogares alemanes habría empezado a amplificar su efecto en las últimas semanas; el coste de la energía para las familias alemanas aumentó más de un 34% el año pasado.

El conflicto del Metal de Bizkaia por el convenio colectivo está muy cerca de quedar zanjado tras el avance logrado en la reunión de ayer. El Gobierno vasco, en su papel de mediador, llevó a la mesa una nueva propuesta con ligeros cambios respecto a la anterior y que fue bien acogida por la mayoría sindical, integrada por CC OO, LAB y UGT. Ahora las centrales la someterán a votación en sus respectivas asambleas. En cambio, ELA, que va por separado, la tachó de «insuficiente», manteniendo una posición dura que ha condicionado la negociación y metido presión al resto de sindicatos, especialmente a LAB. La respuesta final de la organización abertzale liderada por Garbiñe Aranburu es ahora la principal incógnita ya que la patronal FVEM –aunque todavía debe debatir el texto en sus órganos de gobierno–, la ve con buenos ojos. En una nota conjunta, CC OO, LAB y UGT aseguraron tras la reunión que «la propuesta no tiene retrocesos» y defendieron que los avances que recoge la misma «responden a la lucha de los trabajadores, con once jornadas de huelga». CC OO y UGT anunciaron que celebrarán sus asambleas mañana y LAB no dio fechas pero se prevé que la fije para ese mismo día. En un tono muy diferente, ELA advirtió de que «la mediación no había traído avances en contenidos y había funcionado como elemento desmovilizador». El acercamiento se produjo después de que el Gobierno vasco, en el marco del proceso de mediación solicitado por la mayoría sindical, presentara en su segunda propuesta –la primera fue el día 23–, varias mejoras al margen de mantener la misma subida salarial del 15% para el periodo de duración del convenio, que se extiende de 2022 a 2025. CC OO, LAB y UGT destacaron como otros avances las ocho horas de libre disposición, cuatro de ellas de carácter no recuperable; el inicio de permisos y licencias en día laborable; la extensión de la subrogación al personal de instalaciones y mantenimiento de líneas telefónicas y mejoras de hasta 28.000 euros en los seguros de incapacidad.

Iberdrola ha decidido convertir Estados Unidos en el principal foco de las inversiones para los próximos años, ante la buena disposición que existe por parte de las autoridades del país a favorecer el desarrollo de la generación eléctrica renovable. Fuentes de la compañía vasca han aclarado que Estados Unidos será el destinatario de la mayor parte de las inversiones que la empresa hará hasta finales de 2025, lo que supondrá destinar 21.500 millones de euros a nuevos parques eólicos y también a la mejora de redes. Avangrid, la filial de Iberdrola en Estados Unidos, tiene ya un total de 7.500 empleados –casi el 19% del total– y genera empleo inducido a otras 70.000 personas a través de la contratación con sus proveedores locales. En una nota que ha hecho pública la empresa, asegura que refuerza su apuesta allí «por la estabilidad regulatoria». Un mensaje que hay que interpretar también como una crítica indirecta a la situación que el sector vive en España y a la distancia que se ha abierto entre las compañías eléctricas y el Gobierno, debido a los cambios que ha experimentado el mercado. Ver nota Iberdrola. 

Bilbao tuvo en 2022 un comportamiento superior a la media, ya que el crecimiento en el ejercicio se situó en un 5,08%, hasta situar el tráfico total en 32,89 millones de toneladas. El retraso en la recuperación, sin embargo, es palpable. Aún está 2,67 millones de toneladas por debajo de las cifras anteriores a la pandemia. El relanzamiento del tráfico de gas licuado no ha conseguido taponar por completo la brecha abierta. Y ello pese a que Bilbao es en estos momentos uno de los puertos clave en el suministro de gas, gracias a la planta de almacenamiento e inyección en la red que tiene en sus muelles y que está operada por Enagas. Fuentes consultadas señalan que el movimiento de mercancías en los muelles vizcaínos aún se resiente de los problemas de la cadena logística, en especial en las importaciones que proceden de países asiáticos. Por otra parte, el Puerto de Pasajes sí se encuentra en niveles de tráfico similares a los de 2019 –ya los había superado en 2021–, aunque en el último ejercicio ha sufrido un importante revés, con un descenso del 6,35% en el movimiento total de mercancías.

Viñedos de Álava-Arabako Mahastiak ya tiene consejo regulador. La comisión gestora que se constituyó el pasado octubre para poner los cimientos de la nueva Denominación de Origen Protegida (DOP) de Rioja Alavesa desveló ayer que ha dado ya carta formal a este nuevo órgano ejecutivo. Estará presidido por Emilio Aguillo, gerente de Bodegas Solar de Ayala (Páganos) y secretario de la Asociación de Bodegas de Rioja Alavesa (ABRA), la entidad desde la que se promueve el proyecto. El objetivo es obtener el primer vino cosecha 2023 bajo el amparo de la nueva denominación. «Estamos trabajando en los trámites necesarios para poder abrir los registros a viticultores y bodegas», incidían ayer desde la comisión gestora, de la que también forman parte la presidenta de ABRA, Itsaso Compañón, el expresidente Gabriel Frías del Val (Frías del Val), Norberto Miguel Aguillo (Laukote) y la tesorera Eva Fernández Jalón (Bodegas Maisulan). Todos ellos firmaron la solicitud enviada en julio del pasado año al Gobierno vasco para constituir la DOP. El plácet de Lakua lo recibieron en octubre. 

Emilio Aguillo, el presidente provisional del nuevo Consejo Regulador de Viñedos de Álava-Arabako Mahastiak, defendió ayer en declaraciones a este periódico que se está cumpliendo «con rigor y de forma escrupulosa» con el protocolo que rige cualquier denominación de origen, asegura no entender lo que define como «ruido mediático» porque «todos los años se crean nuevas denominaciones y no salen en la prensa». Y deja en el aire una de las grandes incógnitas que planean sobre el proyecto. El número de viticultores y bodegueros dispuestos a secundar la nueva denominación. «Se nos ha minusvalorado, pero se van a llevar una sorpresa», asegura. "El proceso de incorporación a la nueva denominación va a ser progresivo porque no todo el mundo va a cumplir con los requisitos. Así que en el inicio habrá un número, no sabemos cuál, pero sí sabemos que el feed back es positivo. Además, somos los suficientes porque la ley no pone tampoco límite de inscritos. El Arabako Txakolina por ejemplo tiene cinco o seis inscritos. Por eso no sé por qué se da tanto valor al número de los que estamos.– La «exclusividad» y el blindaje de Rioja que pretende la DOCa con su cambio de estatutos tendría un claro efecto disuasorio. ¿Cómo ve ese escenario?– Legislar no para beneficiar a los asociados o miembros sino para perjudicar a terceros... Bueno, es algo que no lo voy a calificar. Primero hay que ver si ese cambio es legal, si lo pueden hacer y está en ‘veremos’ porque atenta contra la libertad de empresa, el libre comercio..."

Euskadi cerró noviembre de 2022 con un superávit de 347 millones de euros, el equivalente al 0,44 % del PIB regional, una cifra muy inferior a los 1.011 millones que alcanzó el mismo mes del año anterior. Según los datos de ejecución presupuestaria publicados este lunes por el Ministerio de Hacienda, Euskadi, Asturias, Canarias, Nafarroa, Baleares y La Rioja fueron las seis únicas comunidades autónomas que terminaron con superávit el pasado mes de noviembre, cuando hace un año fueron todas menos dos. A la cabeza del superávit cuando quedaba un mes para el cierre del ejercicio se situó Euskadi, tanto en cifras absolutas (347 millones de euros) como en porcentaje del PIB (0,44 %), por delante de Asturias (101 millones, 0,39 %), Canarias (158 millones, 0,34 %), Navarra (69 millones, 0,31 %), Baleares (76 millones, 0,23 %) y La Rioja (16 millones (0,17 %). Tanto estas seis comunidades como las otras 11 que acabaron noviembre con déficit empeoraron sus cifras respecto al mismo mes de 2021. 

El 75,4% de los alumnos de formación profesional de Euskadi encontraron trabajo el año pasado a los seis meses de terminar sus estudios, según los datos aportados ayer por la Asociación de Centros Abantean de FP (Hetel). Este porcentaje supone tres puntos más que el curso anterior y se dispara hasta el 80,6% entre los estudiantes matriculados en ciclos de grado superior, especialmente los concernientes al ámbito científico y tecnológico. Julen Elgeta, presidente de Hetel, y Oihane Aldayturriaga, responsable de talento y emprendimiento de la BBK, coincidieron en que la Formación Profesional sigue «imparable» –cuenta con 45.000 jóvenes matriculados, de los que 12.000 pertenecen a los centros concertados– al configurarse como «una excelente alternativa» para el empleo. Tanto que la mayoría de centros se ven desbordados al no poder atender toda la demanda procedente de las empresas privadas, que no dejan «de pedir alumnos» que optan por la vía dual, consistente en la combinación de estudios y trabajo. Pese a cerrar un ejercicio plagado de «excelentes datos», que superan los previos a la pandemia, la FP tiene por delante aún «varias asignaturas» pendientes al mantener un sesgo «masculinizado» en las tres etapas formativas. El «fuerte reto» de los próximos años pasa, precisamente, por lograr un mayor acercamiento de la población femenina, sobre todo en los grados científicotécnicos de Steam, ya que tan solo el 14% de las jóvenes optan por estos grados. «En una clase Steam con 25 alumnos, apenas hay tres chicas y 22 chicos, a pesar de que en la FP de Euskadi hay un 34% de mujeres», lamentó Elgeta, que juzga necesario el «equilibrio de género» para abrir escenarios de oportunidad. Aldayturriaga, por su parte, lanzó un aviso: «Necesitamos a todas las personas». Ver nota Hetel. 

Que los pagos con tarjeta se dispararon con la pandemia es un hecho incontestable que evidencia la llegada de los ‘tpv’ (terminales de cobro) hasta a las tiendas de chucherías. Los incrementos en el año del confinamiento rozaron el 20%, pero desde entonces el uso de estos dispositivos, que ya se integran en el propio teléfono, no para de crecer. Según desveló ayer Kutxabank, las compras con este medio de pago crecieron un 11,2% en 2022 y alcanzaron el récord de 5.011 millones de euros. La subida de los importes responde en gran medida al incremento de precios registrado el año pasado, pero también siguen creciendo el número de operaciones. Así, en todo 2022, sacar la tarjeta o pasar el móvil por la terminal de cobro de un comercio fue una maniobra que se repitió hasta 172,2 millones veces. Esa es la cifra de ocasiones, al menos, en la que se utilizó una tarjeta de Kutxabank. El dato es relevante en la medida en que la entidad financiera que surgió de la fusión de las antiguas cajas de ahorro de Euskadi es la que más cuota de mercado tiene en el País Vasco. Dos de cada diez compras se realizaron en grandes superficies de alimentación, acumulando un gasto total de 1.025 millones. Es el volumen de operaciones más importante y creció un 8,7% frente al anterior 2021. El siguiente capítulo de pagos con tarjeta más cuantioso fue el de los comercios minoristas, 860 millones y un 4,5% más que en el ejercicio anterior. Pero a la hora de comer es cuando de verdad los clientes de la entidad soltaron la cartera. Las tarjetas echaron humo en los restaurantes con un incremento del 40%, uno de los crecimientos que más llamó la atención a los responsables de Kutxabank. 

La balanza de la inflación ha vuelto a decantarse en España del lado de las subidas, evidenciando que la amenaza alcista de los precios, el gran quebradero de cabeza de los gobiernos y de los bancos centrales a lo largo de 2022, aún no se ha conjurado. Tras cinco meses de moderación en el ritmo de subidas, el índice de precios de consumo (IPC) ha retomado en enero su escalada, aupándose hasta el 5,8% interanual, una décima más que en diciembre, según el dato adelantado ayer por el INE. Y lo que es aún peor, la inflación subyacente, que excluye los elementos más volátiles, como la energía y los alimentos frescos y, por tanto, refleja el componente más estructural de la subida de precios, sigue en ascenso, catapultándose en enero hasta el 7,5%, cinco décimas más que el mes anterior y la tasa más alta en 36 años (desde 1986). Es la inflación más difícil de corregir y un polvorín para los efectos de segunda ronda, al incrustarse en la cesta de la compra, corroer el poder adquisitivo de las familias y dar rienda a las reclamaciones de subidas salariales. De hecho, el líder de UGT, Pepe Álvarez, se apresuró ayer a calificar de “preocupante” el dato de inflación de enero, asegurando que es una “noticia que nos obliga desde el punto de vista de subir los salarios”. Su reivindicación, que ha sido una constante de las organizaciones sindicales en los últimos meses, se produce poco después de que patronal y sindicatos hayan retomado los contactos para intentar renovar el Acuerdo para la Negociación Colectiva y el Empleo (AENC), aparcado desde mayo pasado por la pretensión de los segundos de recuperar en los convenios la cláusula de revisión salarial ligada al IPC. Los sindicatos no renuncian a ello, aunque ahora ultiman una propuesta para que esas cláusulas tengan en cuenta, además del IPC, factores como la situación de cada sector.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha incorporado en 2023 el mercado libre de la electricidad y del gas para sus cálculos del IPC. Hace un año, un informe del servicio de estudios de Caixabank a partir de los recibos domiciliados en sus cuentas señalaba que la inflación podría ser hasta casi dos puntos más reducida si se tenía en cuenta la tarifa libre de la luz y no solo la regulada como recogía hasta ahora el INE. Mientras que la regulada se fija en la subasta diaria del mercado mayorista y es más volátil, en el mercado libre los precios son consecuencia de lo que pactan empresas y consumidores, tienen unos contratos a plazos mayores y por aquel entonces tardaban más en reflejar las fuertes subidas de precios que estaban ocurriendo en el mercado energético. Enseguida, el organismo estadístico contestó que no se podía hacer una medición de los precios simplemente a partir de facturas, ya que estas también están determinadas por factores como el nivel de consumo o las ofertas. El INE defendió entonces que su medición estaba bien hecha, avalada por Eurostat y que, de todas formas, buscaría la forma de recoger estos cambios. Aunque las compañías energéticas al principio arrastraron un poco los pies para dar la información, finalmente han facilitado los datos de estos contratos del mercado libre para que se pueda elaborar el precio por unidad de consumo, justo lo que necesitaba el INE para poder incluirlo en la estadística. La diferencia entre una y otra no ha sido tan grande como cabía esperar, adelantan fuentes del INE. Máxime en estos momentos en los que los precios eléctricos están bastante por debajo del tope al gas fijado por el mecanismo ibérico. 

El euribor a 12 meses, el índice al que se referencia la mayoría de las hipotecas a tipo variable del país, se situó ayer en una tasa media del 3,33%, lo que supone el mayor nivel desde diciembre de 2008, cuando cerró en el 3,45%. El dato registrado este lunes supuso el segundo mayor del mes, sólo por detrás del 11 de enero, cuando marcó un 3,37%. Desde que comenzó el año, el euribor se ha situado en tasas por encima del 3,3% y podría sufrir un nuevo repunte, ya que se esperan nuevas subidas de tipo por parte del Banco Central Europeo (BCE) y la Reserva Federal estadounidense (Fed). El consenso de analistas espera una subida de tipos de 50 puntos básicos en Europa, hasta el 3% y de 25 puntos básicos en Estados Unidos, hasta el 4,5% y 4,75%. Son la media del 3,33% registrada en lo que va de enero, una persona que tenga contratada una hipoteca variable a 30 años de 150.000 euros y con un diferencial del 0,99% más euribor sufrirá un aumento de su cuota hipotecaria de alrededor de 294 euros. En términos absolutos, pasará de pagar unos 450 euros a unos 744 por mes, lo que equivale a un desembolso anual adicional de más de 3.500 euros. Con las mismas condiciones, una hipoteca de 300.000 euros de capital pendiente de amortizar y 30 años pendientes de pago tendría que asumir un encarecimiento mensual de 588 euros, lo que supone más de 7.000 euros al año adicionales.

La inminente subida de los tipos ha aumentado la preocupación de algunos inversores ante la posibilidad de que el repunte del mercado de deuda de este mes subestime la evidencia de una inflación persistente. Los precios de los bonos han subido rápidamente desde principios de año tras la histórica venta masiva del año pasado, ya que los mercados confían en que las subidas de los tipos de interés se ralentizarán. Tampoco descartan un retroceso en el caso de la Fed. Sin embargo, algunos inversores tienen dudas. “Creo que es sólo cuestión de que el mercado vea la realidad del entorno macroeconómico, en contraposición a lo que esperan que sea”, asegura Monica Erickson, responsable de crédito de DoubleLine Capital. “Va a ser muy difícil que la Fed consiga bajar la inflación a ese mágico 2% sin meternos en una recesión”, añade. La Fed, el BCE y el Banco de Inglaterra se reúnen esta semana. Los inversores confían en que la Fed ralentizará el ritmo de ajustes monetarios hasta 0,25 puntos porcentuales, elevando los tipos al nivel más alto desde septiembre de 2007, en el 4,54,75%, cuando se inició la crisis financiera mundial. Se espera que el Banco de Inglaterra y el BCE suban los tipos medio punto porcentual, hasta sus niveles más altos desde el otoño de 2008 (el BCE hasta el 3%), cuando Lehman Brothers se declaró en quiebra. Cada vez hay más indicios de que las presiones subyacentes sobre los precios se están manteniendo frente a estas subidas de tipos rápidas y coordinadas a escala mundial y la brecha entre las expectativas de los inversores y los datos económicos se está ampliando.

La economía mundial muestra pequeños síntomas de mejora. El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha actualizado sus previsiones y aunque el titular de su informe todavía asusta (La inflación toca máximos en un contexto de bajo crecimiento), su contenido deja alguna que otra buena noticia. Las subidas de tipos de interés de los bancos centrales empiezan a surtir efecto, de modo que la inflación ha tocado techo y empieza a ceder. Y, por primera vez en más de un año, el Fondo se atreve a elevar su previsión de crecimiento para la economía mundial, aunque sean solo dos décimas, hasta el 2,9%. El director de análisis y consejero económico del organismo, Pierre-Olivier Gourinchas, se atreve a hablar de “punto de inflexión”. Tras tres años de sobresaltos continuos aún es muy pronto para cantar victoria. De hecho, el FMI pone el acento en que ese crecimiento previsto para 2023 es más débil que el 3,4% que estima para el año pasado y en que los riesgos a la baja predominan. Pero tras ese mensaje cauto, los economistas del Fondo también subrayan que las cosas han mejorado desde octubre, cuando publicaron sus anteriores previsiones. Gourinchas subraya que “la lucha contra la inflación empieza a dar sus frutos, pero los bancos centrales deben proseguir sus esfuerzos”. Afirma que la economía mundial se ralentizará este año, antes de repuntar el próximo hasta el 3,1%. 

Los resultados de la banca deberían crecer en 2023 apoyados en las subidas de los tipos de interés y el consiguiente incremento del euribor. Sin embargo, el futuro no se presenta tan idílico. Funcas advierte que el ejercicio puede deparar efectos negativos para las entidades financieras. En el último número de Cuadernos de Información Económica, los economistas Santiago Carbó y Francisco Rodríguez avisan de que el actual escenario de crecimiento muy limitado amenaza la rentabilidad y la solvencia de las entidades por el significativo mayor coste de la financiación, la caída del volumen de crédito y el aumento de la morosidad. En su opinión, los bancos tendrán que afrontar la realización de mayores provisiones para proteger el balance del aumento de impagos por parte de empresas y hogares. El último informe de estabilidad financiera del Banco de España insiste en que podría aumentar el grado de traslación del incremento de los tipos de interés al coste de los depósitos. Por todo ello, concluyen que 2023 será un año de ajuste no exento de riesgo, con los tipos de interés aún al alza, al menos durante la primera mitad del año. Pero con una menor velocidad en la adaptación de los tipos de mercado (euribor) a las expectativas de elevación del precio oficial del dinero.

Rechaza acusaciones como la de Belarra y subraya el «esfuerzo» de las firmas de distribución para «amortiguar el alza de los costes de toda la cadena alimentaria». Aurelio del Pino, presidente de la Asociación española de Cadenas de Supermercados (ACES), que representa a la gran distribución, es tajante a la hora de indicar que el sector está aplicando correctamente la rebaja del IVA y que no se están inflando los precios, aunque no entra a valorar las declaraciones de la ministra Ione Belarra. Del Pino participó ayer en la Feria BasQuisite de alimentación que se celebra hasta hoy en Ficoba. "Aquí hay un debate político en el que no queremos entrar. Y luego hay una cuestión real. Hay grandes tensiones inflacionistas en toda la cadena alimentaria que se debe a elementos exógenos, como la subida de los precios de la energía, de los que nosotros también somos una víctima. Esto afecta a la distribución y también a los agricultores. Si vemos la evolución de los precios agrícolas durante el último año han subido un 40%, los huevos en origen se han encarecido un 70%, el pollo un 30%, el porcino un 60%, la ternera entre un 20 y un 25%, la leche el 62%. La ley de la cadena alimentaria obliga al comprador a incorporar al precio de compra todos los costes de producción que le traslada el agricultor..."

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, afirmó ayer que los salarios de Mercadona están muy por encima de la media que cobran los trabajadores del sector de la distribución y consideró que poner el foco sobre la empresa que paga mejor no es la manera más acertada de situar el problema que hay en torno a las compañías que repercuten de manera abusiva los precios. “Me parece que justamente poner el foco sobre la que paga mejor no es la manera de situar este problema, que efectivamente existe”, señaló Álvarez a raíz de las preguntas de los periodistas sobre este asunto. La polémica se originó por las descalificaciones que la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, lanzó contra el presidente de Mercadona, Juan Roig. La política llamó “capitalista despiadado” a Roig durante un acto político de Unidas Podemos por, según la ministra, “llenarse los bolsillos” a costa de los elevados precios de la alimentación. Roig respondió a la ministra afirmando que “los empresarios son los que generan riqueza y bienestar. Si después, a los que les toca gestionarla lo saben hacer, hay riqueza para todos y si no, hay enfrentamiento”. 

A las 11 de la mañana se inicia la segunda reunión entre los agentes sociales y el Gobierno para abordar una subida del salario mínimo interprofesional (SMI). Las posturas de empresarios y sindicatos se mantienen inalteradas desde la última reunión de diciembre y anoche cundía la incertidumbre. Fuentes de la patronal CEOE informaron a CincoDías de que no se presentarían a la cita alegando que no hay una convocatoria formal y que no se ha estudiado su propuesta. “Quedamos a la espera que recibir formalmente una propuesta del Gobierno para poder analizarla en profundidad con nuestras organizaciones”, señalaron fuentes de esta institución. Desde el ministerio capitaneado por Yolanda Díez se informó el pasado viernes de que el encuentro estaría presidido por el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, y que no se tratará de una reunión meramente informativa, en la que se comunicará la subida del SMI, sino que la idea sería seguir negociando con el propósito de poder llegar a un acuerdo. Otra arista que no hay que obviar es la doble postura del Ejecutivo en este tema. La primera liderada por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que defiende una subida del SMI con el fin de llegar este mismo año al 60% del salario medio neto. Ayer mismo terció en este debate la segunda opinión del Gobierno, dirigida por la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, que ha vuelto a insistir en la necesidad de que la subida del SMI se enmarque dentro de un pacto de rentas, con lo que defiende un incremento más moderado.

A Glovo se le acumulan los problemas. Su consejero delegado, Oscar Pierre, envió ayer un comunicado a los trabajadores del grupo de entregas a domicilio en el que anunciaba el despido de unos 250 empleados, un 6,5% de la plantilla. Este anuncio, el primer gran recorte de personal efectuado por la compañía desde su creación en 2015, llega apenas una semana después de que la Inspección de Trabajo le impusiese una multa de 57 millones de euros por mantener a falsos autónomos en Madrid (ver EXPANSIÓN del 25 de enero). “El equipo directivo y yo lamentamos profundamente que esto sea necesario y asumimos toda la responsabilidad por las decisiones que nos llevaron hasta aquí”, trasladó Pierre. “Esto no estaba en nuestros planes hace seis meses: hemos tratado de evitar despidos a toda costa evaluando varios escenarios, disminuyendo los costos y mejorando la economía unitaria en los últimos nueve meses”, subrayó el emprendedor. De esta forma, Glovo se suma a la ola de despidos masivos impulsada por los grandes grupos tecnológicos estadounidenses, en particular Microsoft, Amazon, Twitter y Meta; una tendencia que parece haber llegado a España. Firmas emergentes como Wallbox o Typeform también han anunciado la salida de empleados por el complejo escenario macroeconómico. El conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat de Cataluña, Roger Torrent, dijo ayer que la decisión tomada por Glovo, al igual que la del resto de compañías del sector, se debe a la necesidad de “responder a la inquietud de sus inversores”.

La multinacional neerlandesa de electrónica Philips anunció ayer que planea recortar su plantilla en otros 6.000 puestos de trabajo hasta 2025, que se suman a los 4.000 despidos anunciados en octubre pasado, en un proceso de reducción de costes tras registrar pérdidas de más de 1.500 millones de euros en el último año. El director ejecutivo de Philips, Roy Jakobs, aseguró que “2022 ha sido un año muy difícil” para la empresa, lo que, argumentó, obliga a “tomar medidas firmes para mejorar” el desempeño de la compañía, entre otras cosas, con la “simplificación de la forma en que se trabaja para aumentar la agilidad y la productividad”. “Además de la reducción de su fuerza laboral en 4.000 puestos anunciada en octubre de 2022, que se está implementando según lo planeado, Philips reducirá su plantilla en 6.000 puestos adicionales a nivel mundial para 2025, de los cuales 3.000 se implementarán en 2023 de acuerdo con las regulaciones y procesos locales”, anunció la compañía. Philips considera esto un “modelo operativo simplificado” que ayudará a que la empresa sea “más ágil y competitiva”. Hasta el pasado octubre, la empresa, con sede en Ámsterdam, empleaba a 79.000 personas en todo el mundo. Philips aseguró que “ve algunas mejoras” en el cuarto trimestre del año pasado, cuando las ventas del grupo ascendieron a 5.400 millones de euros, impulsadas por mejoras en el suministro de componentes, “mientras que las condiciones de la cadena de suministro de Philips siguen siendo desafiantes” y la compañía anticipa que las mejoras “adicionales serán graduales”.

Gobierno y comunidades autónomas van a dar un mes de gracia a las empresas de renovables para que consigan permisos medioambientales, evitando así una criba masiva de proyectos eólicos y fotovoltaicos. Así se lo han hecho saber desde distintos ámbitos de la Administración a algunas empresas que habían presentado grandes planes de despliegue de renovables. Técnicamente, la Administración no va a cambiar la normativa. Simplemente se va a acoger a una interpretación “flexible” de un tecnicismo legal para, en la práctica, ampliar la fecha tope que había establecida para lograr esos permisos más allá de la que aparentemente se había fijado: el 25 de enero. En este fecha –mañana se cumple justo una semana– vencía el plazo dado por el Ministerio de Transición Ecológica para la obtención de licencias medioambientales, lo que en el sector se conoce como Declaración de Impacto Medioambiental (DIA). Si un proyecto no había conseguido licencia DIA en esa fecha, teóricamente perdía el derecho previo que se le había concedido de conexión a la red, o permiso de acceso. Sin este otro permiso, es muy difícil que el proyecto salga adelante.

Cientos de instalaciones de renovables en España han sido forzadas a parar durante el mes de enero para evitar sobrecargas en la red, informan fuentes del sector. Red Eléctrica (REE), la empresa del grupo Redeia que gestiona los flujos de luz, tiene la potestad de ordenar el desacople del sistema o la entrada en funcionamiento de instalaciones para casar la producción y el consumo en cada momento. No es la primera vez que ordena parar a eólicas y fotovoltaicas. Lo que sorprende es que los parones de enero han sido masivos. Posiblemente han batido un récord histórico. Y para colmo, se producen justo cuando España lucha contra la escalada de precios de la luz. Se presupone que las renovables son la energía más barata y las que ayudan a presionar a la baja los precios del mercado mayorista (pool). Los parones masivos de enero ponen de relieve el caos energético que existe en estos momentos. Los cortes a las renovables han ocurrido varios días. Las mismas fuentes indican que en conjunto se han desenganchado unos 130 gigavatios hora de producción, que en conjunto sumarían el equivalente a cuatro horas de luz de consumo total en todo el país. Se produjeron sobre todo en la semana del 20 al 23 de enero, en plena borrasca. 

Las colas se acumulan en la sede del Banco de España. A la operativa habitual que realiza el banco central se le suma ahora fuerte presencia de inversores y ahorradores particulares que se acercan para interesarse por la compra de deuda pública ante la fuerte subida de las rentabilidades. Las Letras del Tesoro Público ofrecen ahora retornos de hasta el 3% a 12 meses, liderado la rentabilidad del ahorro conservador frente al 1,2% de los depósitos al mismo plazo. Esto ha reactivado su idilio con los inversores minoristas hasta el punto de que están dispuestos a asumir largas colas para hacerse con los títulos soberanos. Tanto es así, que el desbordante apetito inversor ha forzado al Banco de España a implementar un proceso de cita previa para atenderles que se exigirá de forma obligatoria a partir del próximo 7 de febrero. “Ha habido mucha afluencia en las últimas semanas para comprar deuda. Se ha puesto en marcha un sistema de cita previa a través de la web para evitar esperas innecesarias”, señalan desde la autoridad monetaria nacional. Ayer eran decenas las personas que hacían cola a primera hora de la mañana frente al Banco de España para comprar sus Letras o abrir una cuenta en el banco central que les posibilite esta operativa en un futuro. El horario de la oficina del supervisor va desde las 8:30 de la mañana hasta las 14:00, pero algunos de los inversores llevaban esperando horas antes de la apertura. 

 El canciller alemán, Olaf Scholz, tardó semanas en dar luz verde al envío de los Leopard 2 que ansía Ucrania, tanto los de su Ejército como los de sus aliados, que también le competen puesto que todos son de fabricación germana. Y ahora da por zanjada de antemano la siguiente entrega de armas que reclama Kiev, la de aviones de combate. «Tras ese debate hay una carrera por la competitividad», afirmó durante la gira que realiza por América Latina. Detrás de las ofertas hay «intereses de política interna» y no un apoyo sincero a la defensa de Ucrania, añadió. A esas declaraciones públicas de Scholz había precedido una fuerte discusión interna a escala de su Gobierno, según el ‘Spiegel’, en que el canciller atribuyó ciertos «ímpetus belicistas» a los defensores de entregar más y más armas a Ucrania. No queda claro, admite ese medio, si por «belicistas» entendía el canciller a los socios de su coalición que más presionaron a favor de los envíos de los Leopard, los Verdes, o a aliados que, como Polonia, también le apretaron las tuercas hasta que liberó sus carros de combate. Varsovia está, de nuevo, entre los primeros miembros de la OTAN dispuestos a facilitar los cazas que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, reclama a sus aliados occidentales. «La cuestión está cerrada. No hay nada que añadir», aseguró ayer el ministro de Defensa, Boris Pistorius.