20251213

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

La Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) ha propuesto a Juan Antonio Sánchez Corchero, actual presidente de la patronal alavesa (SEA), como nuevo consejero dominical en Talgo, según han informado a Europa Press en fuentes conocedoras de la operación. Precisamente este viernes se ha celebrado una junta extraordinaria de accionistas en Talgo para dar 'luz verde' a la entrada del Estado en su capital, a través de la SEPI, que aportará 75 millones de euros en una operación vital para el futuro del fabricante de trenes. El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ya avanzó que el Gobierno pediría un asiento en el consejo de administración de Talgo, una vez se ejecutase su entrada en el capital, aunque no desveló ningún nombre. Finalmente, será Juan Antonio Sánchez Corchero la propuesta de la SEPI para representarle en el consejo de administración, un empresario con destacado reconocimiento en el País Vasco, Comunidad Autónoma que también contribuirá con recursos públicos en el 'rescate' de Talgo. Sánchez Corchero es presidente de SEA Empresas Alavesas, vicepresidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Álava, miembro de la comisión ejecutiva de la Confederación Empresarial Vasca (Confebask) y vicepresidente y miembro de la comisión ejecutiva de Cepyme y de la junta directiva de CEOE.

La junta de accionistas de Talgo respaldó los elementos clave para el éxito de la operación que permitirá al consorcio vasco liderado por José Antonio Jainaga hacerse con el control del fabricante de trenes. Así, el máximo órgano de la empresa ratificó el proceso dejándolo pendiente solo de formalismos que se concretarán antes de que termine el año. Eso es lo que supone haber aprobado una refinanciación que asciende a 1.270 millones –770 en créditos y 500 en avales– y que conlleva la entrada en el accionariado del Gobierno central a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi). A mediodía ya había terminado la junta de accionistas que refrendó con más de un 97% de votos favorables todas las cuestiones en las que el consorcio vasco formado por Jainaga, Gobierno vasco y las fundaciones BBK y Vital han venido trabajando durante más de un año. El orden del día contemplaba tres cuestiones determinantes: la entrada de la Sepi, que se hará con 7,8% de la empresa pagando 45 millones de euros; una inyección financiera de 770 millones en créditos de un ‘pool’ bancario liderado por Santander, BBVA y Caixabank, junto a una línea de avales de otros 500 millones; y la reducción del consejo de administración a ocho miembros que representarán a la nueva propiedad en la que el 30% quedará en manos del consorcio vasco. Así las cosas, los acontecimientos irán sucediendo en cascada antes del 31 de diciembre y dejarán el timón de Talgo en las manos del presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, para entrar en 2026. La Sepi contará con un 7,8% de las acciones y, entre todos, habrán de repartirse los ocho asientos del consejo. Ayer se conoció que el Estado colocará al presidente de la patronal alavesa, Juan Antonio Sánchez Corchero, como consejero, un guiño a Álava y al sector empresarial en cuya designación intervino el PSE. Al consorcio vasco le corresponden dos dominicales, pero BBK ha rechazado estar para evitar interferencias con su participación en el otro fabricante vasco de trenes, CAF.

La crisis de fiabilidad arrastrada por el último modelo –el Talgo Avril (serie 106 de Renfe)–, que acumula graves incidencias y multas de hasta 116 millones, además de la falta de renovación de una flota envejecida, devuelve a primer plano la necesidad de modernizar un parque de trenes que, en algunos casos, supera las tres décadas de servicio. Tras reconocer que vienen años «críticos», el ministro Óscar Puente quiere acelerar la búsqueda de material y, bajo esa misma premisa, ayer emprendió una gira asiática para conocer de primera mano la oferta del gigante China Railway Construction Corporation (CRCC). «Las oportunidades son enormes», celebró el titular de Transportes en su cuenta de X. La visita ha encendido las alarmas en el sector, pero el contexto también abre una oportunidad muy interesante. Según ha podido saber este periódico, el grupo guipuzcoano trabaja para ganar terreno en un segmento, el de la alta velocidad, que se encuentra en plena reordenación. La posibilidad de que España explore opciones en un mercado dominado por CRRC –sujeto a fuertes ayudas públicas y prácticamente cerrado a fabricantes europeos– ha sido interpretada como un gesto de presión a las compañías con presencia comercial o productiva en el país –un sector compuesto por un variado grupo de fabricantes como Alstom, Stadler, Talgo, Siemens y la propia CAF, entre otros–, en un momento delicado y con las carteras de pedidos en máximos históricos. Además, en Euskadi, el consejero de Industria, Mikel Jauregi, expresó, durante el foro ‘Gipuzkoa Al Día’ de este periódico, sus reservas al viaje de Puente a China. «Es un poco raro que un país no compre trenes de su país», señaló, recordando que la compra pública «debe ir ligada a una política industrial».

El reequilibrio de los contratos de trenes de CAF, Alstom y Stadler para renovar la flota de cercanías y media distancia de Renfe se encuentra sin resolver, después de que el Gobierno y el operador estatal accediesen a compensar a los fabricantes por los sobrecostes asumidos ante la enorme subida del precio de los materiales, especialmente el acero. Tres años después de articularse la modificación en la ley del sector ferroviario para atender esta demanda de las empresas, la factura sigue sin cobrarse. En juego hay unos 1.000 millones de euros que las compañías ya no podrán cobrar este año y que repercutirán en el cierre de sus cuentas de resultados. “Es un tema que nos preocupa cada vez más porque parecía que se iba a resolver a la vuelta del verano. A día de hoy, nadie nos ha informado sobre cuál es el estado del expediente y qué va a pasar con el reequilibrio pendiente”, indican desde las empresas afectadas, que van de la mano en un momento en el que el Ministerio de Transportes demanda a la industria capacidad y agilidad para construir más trenes. “Estamos ante un proceso de revisión de precios complejo, que conlleva negociaciones abiertas con los fabricantes. El procedimiento se encuentra en fase de tramitación. Continuamos trabajando para encontrar una solución lo antes posible”, señalan desde Renfe, que aprobó en febrero de 2024 una propuesta preliminar de pago. El operador estatal, con un ambicioso plan de renovación de flota pendiente de ejecutar, necesita los trenes de CAF, Alstom y Stadler para atender el crecimiento de la demanda y para mejorar la calidad del servicio público de cercanías y media distancia. Según la compañía presidida por Álvaro Fernández, las pruebas de los trenes encargados a CAF, Alstom y Stadler se están realizando ya y la previsión es que las entregas comiencen a hacerse el año que viene.

Los paros convocados por los sindicatos nacionalistas en Mercedes Vitoria incluirán movilizaciones durante la semana que viene. Según informó el comité de empresa ayer, habrá una concentración el martes 16 a las 14.15 y una manifestación a esa misma hora el jueves 18. El lunes y el miércoles también son jornadas de paros parciales de una hora, pero sin protestas. El martes la concentración se desarrollará de forma simultánea en la portería norte y el parking sur de la mayor fábrica de Euskadi. En el caso de la manifestación del jueves, partirá desde el aparcamiento. En los últimos días también ha habido movimientos en la dirección de Bernd Krottmayer. «Los motivos que se están difundiendo para la justificación de los paros no reflejan la realidad de nuestra situación en fábrica», expusieron los directivos a los ‘managers’ de la Avenida de Los Huetos. La cúpula de la fábrica incluso ha difundido un escrito en el que Krottmayer tilda de «incomprensible» los paros. «Mientras el sector de la automoción europea ha enfrentado despidos y cierres, nosotros hemos recibido la mayor inversión de nuestra historia», afirmó el máximo responsable de la factoría.

Relevo en la dirección española de Michelin. El exdirector de la planta de Vitoria César Moñux asumirá la máxima representación de la multinacional francesa en el país, sustituyendo a Mari Paz Robina, que desempeñaba estas funciones hasta la fecha. La sucesión se formalizará el 1 de abril de 2026. Moñux también ocupó la dirección de la planta de Aranda de Duero, pero su papel más conocido en Euskadi fue la jefatura alavesa, que asumió en 2022. Bajo su mandato en Vitoria, el ejecutivo tuvo que lidiar con la tensa negociación del último convenio, que abrió fracturas entre la plantilla y minó la confianza de Clermont-Ferrand. En julio de 2023, apenas 24 horas después de cerrar su etapa en la capital alavesa para convertirse en el máximo responsable de Productos de Especialidades para Europa, reflejó esa «pérdida de confianza». «Después de lo ocurrido en Vitoria es posible que Michelin necesite menos plantilla», afirmó en las páginas de este diario. Cinco meses después, la multinacional anunció su plan para dar salida a 150 personas. Su sucesor en Vitoria fue el actual director, David Udakiola. que ha tratado de recomponer la paz social y ganarse de nuevo a la dirección francesa. En este aspecto, Udakiola afirmó hace menos de una semana que «se ha avanzado mucho». 

ArcelorMittal ha iniciado negociaciones con los sindicatos para prorrogar el ERTE puesto en marcha sobre sus plantas de Asturias, Sagunto (Valencia), Lesaka (Navarra) y la vizcaína de Etxebarri, que cuenta con 350 trabajadores. Según han detallado UGT y CCOO, la propuesta presentada el miércoles recoge extender su aplicación durante los tres próximos años. La medida en el caso vasco viene suponiendo para los trabajadores afectados acudir al paro una media de cinco días al mes, durante los que se ven cubiertos con una garantía del complemento salarial de hasta el 90% del salario bruto, y un 100% en las pagas extraordinarias y las correspondientes a las vacaciones. 

Uno de cada cuatro vascos en edad de trabajar supera los 55 años de edad. Suponen ya cerca de 260.000 personas del millón de potenciales trabajadores del territorio que conforman la población activa, según las cifras más recientes del INE. Se trata de una realidad demográfica que ha estudiado el centro de investigación Ageingnomics de la Fundación Mapfre para desvelar el mapa del talento sénior en España, con el que se quiere abordar el actual reto demográfico. Los datos, presentados ayer y que analizan la evolución durante los últimos cinco años, evidencian el peso creciente de este colectivo que también se ha trasladado al número de personas ocupadas en Euskadi (esto es, las que efectivamente desarrollan un empleo). Actualmente hay más de 240.000 trabajadores sénior, un 18% más que en 2020. «Los trabajadores sénior son la nueva mayoría», detalla en el informe el consejero de Economía, Trabajo y Empleo del Gobierno vasco, Mikel Torres. El vicelehendakari segundo alerta sobre la paradoja de que en un momento en el que el relevo generacional resulta más complicado, «cada vez es más habitual que las personas que rondan los 50 o los 55 años de edad se prejubilen, lo que supone una pérdida de conocimiento, talento y utilidad». Torres participó en el acto de presentación del estudio, donde advirtió sobre la escasez de mano de obra que se avecina en Euskadi y que, según calculan, alcanzará un déficit del 17% para 2036 fruto de una oleada de jubilaciones y la escasa natalidad. 

Uno de los cambios más relevantes que incorpora la ley de medidas urgentes en materia de vivienda, aprobada el pasado jueves, es la rebaja de las exigencias de vivienda pública en obra nueva del 75 al 60% actual. Una reducción porcentual con la que el Gobierno vasco quiere activar una serie de terrenos que llevan paralizados años por la falta de viabilidad económica. En pocas palabras, el Departamento de Vivienda busca con este giro que a los promotores les resulte interesante la construcción de pisos en esos suelos para elevar la oferta de VPO de forma rápida. Pero no es la única medida que el Gobierno vasco ejecutará para hacer atractiva la construcción de inmuebles protegidos. El área liderada por el consejero Denis Itxaso tiene previsto volver a firmar convenios financieros con distintas entidades bancarias –los últimos caducaron en 2019– para facilitar el acceso al crédito a las constructoras que quieran edificar VPO. Se trata de un decreto que contemplará ayudas directas y la posibilidad de que el Gobierno vasco «asuma los tipos de interés» de los préstamos concedidos a las promotoras. Fuentes del Ejecutivo autonómico aseguran que el objetivo es «dar músculo financiero a las constructoras para que lancen viviendas protegidas en condiciones financieras más favorables».

Denis Itxaso protagonizó ayer en DV Gunea el foro ‘Gipuzkoa al día’, un encuentro organizado por EL DIARIO VASCO en colaboración con el clúster de la Construcción de Euskadi (Build:Inn) y Visesa, donde desgranó la ley de medidas urgentes en materia de vivienda, suelo y urbanismo que el Parlamento Vasco aprobó el jueves y que aspira a ser el instrumento que permita reactivar y acelerar la construcción de vivienda en Euskadi con una batería de medidas que flexibilizan condiciones y trámites burocráticos. Itxaso elevó hasta 10.000 las viviendas protegidas que el Gobierno Vasco se compromete a impulsar en la presente legislatura (hasta 2028), frente a las 7.000 que anunció al inicio del mandato. El dato se sustenta en las 3.660 viviendas que estarán en ejecución en 2026, más 3.400 (a razón de 1.700 anuales) que se añadirán en 2027 y 2028; y otras 3.000 procedentes de adquisiciones, tanteos, recompras del derecho de superficie de VPO antiguas, y de VPO en venta. De esa cantidad, 7.000 saldrán al mercado en régimen de «alquiler asequible». Además de las anteriores, apuntó que el Fondo Social de la Vivienda que prepara el Gobierno Vasco, un instrumento para financiar vivienda protegida de alquiler, que contará con la participación entre otros del Banco Europeo de Inversiones y del Instituto de Crédito Oficial, aspira a promover otras 10.000, mediante un apalancamiento 2.000 millones de euros.

El esfuerzo para la hipoteca se dispara en Madrid donde se lleva el 55,7% de los ingresos familiares. Los expertos descartan una nueva burbuja y califican la situación actual de ‘boom’ inmobiliario. Madrid, Málaga, Tenerife, Valencia, Pontevedra y Melilla, también en su cota más alta. Palma de Mallorca, la que más se ha revalorizado hasta situarse un 25,9% por encima de 2007. Madrid es la capital más cara con 4.664 euros/m2, seguida de San Sebastián con 4,554 euros/m2. En este contexto, Cristina Arias, directora del Servicio de Estudios de Tinsa by Accumin, explica que “los niveles de demanda próximos a máximos posburbuja y las tensiones en los precios a causa del desajuste de la oferta aumentan la rotación de la vivienda de segunda mano y alimentan algunas dinámicas especulativas aún no mayoritarias”.Además, el informe matiza que al descontar el efecto de la inflación ninguna de estas capitales alcanza dichos máximos. En términos reales, la que más se acerca a su nivel más alto es Palma de Mallorca, aunque se queda todavía un 9 % por debajo. A pesar del encarecimiento de la vivienda hasta niveles récords en algunas zonas, Gonzalo Bernardos, profesor de Economía y director del máster inmobiliario de la Universidad de Barcelona, descarta rotundamente en el último informe de Trioteca la existencia de una nueva burbuja. Este experto señala que la coyuntura actual es “muy diferente” a la de 2007, ya que el incremento de precios viene dado exclusivamente por una escasa oferta frente a una creciente demanda y no hay un exceso de crédito como en ese momento.

Eroski ha firmado un tercer trimestre que sigue consolidando una estructura de ventas sólida en este 2025 y que se traduce en una facturación bruta que supera los 4.500 millones en todos sus negocios, un 3,04% más que los 4.367 millones logrados hasta el mes de octubre del año pasado. La tendencia del ejercicio –Eroski lo contabiliza de febrero a enero– muestra también la fortaleza del sector de alimentación, donde la facturación creció un 2,9% llegando a los 4.270 millones. Las cifras han permitido a la compañía dirigida por Rosa Carabel alcanzar un beneficio neto de 90,3 millones, uno de los más altos registrados en la última década y un 36% más que el año pasado. El aumento de las ganancias se apoya principalmente, eso sí, en un factor extraordinario. Y es que el año pasado Eroski tuvo que hacer frente a un pago tributario extra por el cambio de interpretación en el Impuesto de Sociedades sobre la aplicación de bases impositivas negativas. Ese punto le ha permitido, según confirman fuentes de la entidad, aplicar este ejercicio un extra de 17 millones sobre la comparación a los que se han añadido otros 7,5 de reducción de gastos financieros.

Xabier Sagredo (Portugalete, Bizkaia, 1972) cumple más de una década al frente de BBK con una gestión que califica de “bikain” (sobresaliente en euskera). La obra social tendrá en 2026 el mayor presupuesto de su historia, la cartera de participadas está diversificada y valorada en 5.200 millones y la solidez del balance permite arropar cualquier operación que pueda afrontar Kutxabank. "Ya estamos en banca y seguros, a través de Kutxabank, y seguimos decantándonos por proyectos tecnológicos, medioambientales y que tengan un impacto social...He cumplido con todos los objetivos marcados desde 2014, cuando dije que el mañana será como hoy, en el sentido de no alterar el legado financiero y social de las cajas de ahorros de las que surgió BBK. En 2026 el presupuesto para obra social será el mayor de la historia, con 53 millones más otros 9 millones de carácter extraordinario, y sin tener que recurrir a los dividendos de Kutxabank. Es la mayor obra social del Estado por habitante. La independencia del banco se ha logrado con más de una década de antelación, porque estaba prevista para el periodo 2035-2040. Las inversiones de BBK generan una rentabilidad del 18% en renta variable y las participadas aportan un rendimiento entre el 4% y el 5%...La fortaleza del balance de BBK ha permitido constituir con dos años de antelación el fondo de reserva de 235 millones al que nos obligó el regulador. Y estas cuentas tienen capacidad para casi cuadruplicar esa dotación, hasta el nivel de los 800 millones, si fuera necesario para apoyar cualquier operación que pudiera abordar Kutxabank..."

La entidad financiera ha sellado un acuerdo estratégico con OpenAI para asegurarse un acceso preferente a la tecnología de la multinacional estadounidense, con la que colaborará estrechamente en el desarrollo de soluciones basadas en sus modelos de lenguaje. La alianza, anunciada ayer por Carlos Torres, presidente de BBVA, y Sam Altman, CEO de OpenAI, refuerza la relación que iniciaron ambas empresas en mayo de 2024 y muestra a las claras la intención de la entidad de poner en el centro de su estrategia a la que ya es la tecnología más disruptiva. Todo ello en un momento en el que el banco se prepara para el despliegue de un ejército de agentes inteligentes tanto en sus relaciones con los clientes como en procesos internos. El presidente de BBVA subrayó en un comunicado que la alianza con OpenAI “acelera la integración nativa de la IA en todo el banco” para agilizar dinámicas internas, hacer más eficiente la operativa y, en última instancia, “darle a los clientes una experiencia más rica, más proactiva, más inteligente y más personalizada”. El objetivo es utilizar el potencial de la IA para anticiparse a las necesidades de cada cliente y, sobre todo, darle un vuelco a la forma de hacer banca y poner en el eje la digitalización. BBVA contará con un acceso preferente a las capacidades de OpenAI, incluyendo talento experto y los modelos más avanzados de la compañía estadounidense. Asimismo, trabajará mano a mano con sus equipos de ingeniería, investigación y desarrollo de soluciones.

El grupo francés de telecomunicaciones Orange anunció ayer que ha suscrito un acuerdo vinculante con Lorca, el vehículo de inversión creado por los fondos Cinven, KKR y Providence, para adquirir por 4.250 millones de euros su participación del 50% en MasOrange (la compañía fruto de la fusión entre MásMóvil y Orange) y hacerse así con el 100% de la operadora, líder en España por clientes. “Esta transacción acelerará el plan estratégico de Orange y fortalecerá su posición en España, su segundo mercado más grande en Europa. Con la plena integración del operador, Orange confirma su compromiso industrial a largo plazo con España y su confianza en MasOrange y en la capacidad de su equipo directivo para generar valor para todos los grupos de interés”, destacó. Se espera que la transacción, sujeta a las aprobaciones regulatorias habituales, se cierre en el primer semestre del ejercicio 2026. El cierre de la fusión entre MásMóvil y Orange en España, una operación valorada en unos 18.600 millones de euros, se produjo en marzo de 2024 y el acuerdo incluía una serie de condiciones en torno a la posibilidad de que Orange tomase el control de la nueva empresa entre los 24 y los 42 meses posteriores a la conclusión de la transacción. Cinven, KKR y Providence tomaron el control de MasMóvil en 2020 tras liderar una oferta pública de adquisición que valoró la empresaen 5.300 millones de euros. MasOrange se ha valorado ahora en torno a 20.000 millones.

Mientras el mercado del coche eléctrico en Europa sufre por desarrollarse y afronta retos como la competencia china, el grupo Volkswagen prosigue con su agenda de inversiones en España para fomentar la transición eléctrica del sector de la automoción. El fabricante automovilístico español Seat inauguró el viernes una nueva planta de ensamblaje de baterías para coches eléctricos dentro de la fábrica de Martorell. El presidente y consejero delegado, Markus Haupt, lo definió como “un gran hito” en la historia de la compañía, que cumple este año 75 años. De los 10.000 millones prometidos por el grupo Volkswagen para la electrificación de sus plantas en España, 3.000 millones van a Martorell, y de estos, 300 millones ya se han gastado en esta nueva planta, denominada Taller 20. Seat prevé, aunque sin precisar un calendario, que los coches eléctricos constituyan la mitad del objetivo de producir 600.000 vehículos anuales (en 2024 entregó 558.000 coches de las marcas Seat y Cupra). De entrada, el próximo mes de marzo ya saldrá al mercado el nuevo Cupra Raval con baterías ensambladas en este taller, y le seguirá el Volkswagen ID Polo, ambos fabricados en Martorell.

La industria europea del automóvil, una de las piedras angulares de la economía del continente (representa el 7% del PIB de la UE), vive días cruciales en estos momentos. El jueves a la noche, en declaraciones al periódico alemán ‘Bild’, el eurodiputado y presidente del grupo del Partido Popular Europeo, Manfred Weber, adelantaba que, tal y como reclamaba la inmensa mayoría del sector, la Unión Europea por fin iba a recular en su idea de prohibir los coches de motores de combustión más allá de 2035. «Para las nuevas matriculaciones a partir de 2035, los fabricantes de automóviles tendrán ahora una reducción obligatoria (de las emisiones de CO2) del 90%, en lugar del 100%», declaró Weber, quien añadió que tampoco habrá un objetivo del 100% a partir de 2040 y que, por lo tanto, «la prohibición tecnológica de los motores de combustión queda descartada». Sin embargo, este mismo jueves, el presidente español, Pedro Sánchez, envió una carta a Bruselas pidiendo que mantenga el veto, en vísperas de que la Comisión Europea presente el martes un paquete de medidas para aliviar a una industria de automoción, lastrada en exceso por la feroz competencia de los fabricantes chinos, las normativas de emisiones o la difícil adaptación de las fábricas a los modelos eléctricos. En la misiva, Sánchez pone de manifiesto su apuesta por el vehículo eléctrico, «especialmente cuando el mercado empieza a reconocerlos como la opción más eficiente y competitiva». Es por ello que rechaza «que los vehículos con motor de combustión puedan seguir comercializándose más allá de 2035», así como «otras tecnologías sin viabilidad probada», escribe en la carta.

“Si un trabajador cobra un plus de peligrosidad, este plus no puede desaparecer cuando sube el salario mínimo. Lo vamos a blindar legalmente”, dijo Díaz, que también especificó que este decreto irá por separado respecto al del incremento del suelo salarial. Trabajo anticipa una cruenta batalla con la CEOE sobre esta modificación, que los sindicatos la consideran imprescindible para apoyar el incremento del SMI en 2026. La patronal ya ha advertido de que pretende plantar cara en los juzgados ante el cambio, que el ministerio sacará adelante mediante un decreto. Así, considera Trabajo, no necesitará convalidación parlamentaria. Los empresarios creen que esa modificación invadirá terreno legislativo, y será uno de sus argumentos para impugnarla. El texto en consulta pública aún no está articulado, pero es un paso previo clave para sacar adelante el reglamento. Se trata de la trasposición de la directiva europea sobre salarios mínimos, donde se incluiría el cambio sobre los complementos. “La regulación legal española debe ser objeto de desarrollo para cumplir con la totalidad de los objetivos prescritos en la norma europea en materia de negociación colectiva informada, afectación de las reglas de compensación y absorción en los complementos salariales, valores de referencia indicativos, órgano consultivo de asesoramiento y tasa de cobertura”, dice el texto en el apartado sobre el objetivo de la norma.

«Basta ya». «Así no se puede continuar». «La situación es insoportable». Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda, dio ayer un sonoro toque de atención a Pedro Sánchez por los supuestos casos de corrupción que sacuden al PSOE llegando a exigirle que haga un «profundo cambio del equipo de Gobierno». Moncloa, sin embargo, desdeñó la propuesta. Todo ello después de que la Guardia Civil entrara ayer en el Ministerio de Hacienda en el marco de la ‘operación Leire’, que afecta a la exfontanera socialista arrestada. El Ejecutivo fue consciente desde primera hora del cable sobre el abismo en el que camina: por la mañana, la UCO requirió información a los departamentos encabezados por María Jesús Montero y Sara Aagesen ante la sospecha de «una corrupción institucional». A la intervención policial se le sumaron las palabras del PNV, que expresó su convicción de que a Sánchez no le quedará otra que adelantar las elecciones generales a 2026, y de Junts que, rota la relación con el presidente, presionó a Esquerra para exprimir la debilidad del mandatario del PSOE y extraerle avances hacia el reconocimiento nacional de Cataluña. Pero fue Yolanda Díaz, paradójicamente, la que propinó a mediodía el aldabonazo más audible y severo poniendo voz a lo que ella misma identificó como un sentir que está cundiendo. 

El PNV, uno de los socios del Ejecutivo Sánchez, puso en duda ayer que la legislatura vaya a terminar. La portavoz jeltzale en el Congreso, Maribel Vaquero, aseguró que «apostaría» a que habrá elecciones en 2026 ante la «debilidad» del Gobierno de Sánchez debido a los presuntos casos de corrupción y acoso sexual que están aflorando en las últimas semanas, tan numerosos y tan graves que están ahogando a Pedro Sánchez a un callejón con una única salida: el adelanto electoral. Por eso, el PNV considera que es el momento de apretar con las transferencias. En un escenario de evidente desgaste del Ejecutivo, el PNV ajusta el pulso y refuerza su presión con la certeza de que su margen de maniobra es ahora mayor. Euskadi y Madrid negocian las competencias pendientes para completar el Estatuto de Gernika. Un desafío en el que el reloj corre deprisa, ya que el compromiso de ambas instituciones era cerrarlo antes de fin de año. Pero el tiempo es muy justo. De ahí que Aitor Esteban manifestara recientemente que un objetivo más realista sería acordar «un compromiso político sobre el contenido de la transferencia antes de que finalice el calendario comprometido» para después, ya entrado el nuevo año, «ajustar eso técnicamente». Volviendo a las declaraciones realizadas ayer por Vaquero, su advertencia llegó envuelta en un tono pausado, pero no por ello menos elocuente. Trazó un diagnóstico severo sobre el estado de la legislatura y sobre la capacidad del Gobierno de Pedro Sánchez para sostenerla. 

Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (Ecofin) acordaron ayer fijar una tasa provisional de aduanas de 3 euros para los paquetes pequeños que lleguen al bloque comunitario desde terceros países. Este importe empezará a aplicarse a partir del 1 de julio de 2026 y tiene como objetivo proteger la competitividad de las empresas europeas, asegurando una igualdad de condiciones en el mercado. La tasa se mantendrá en vigor hasta que se acuerde una solución permanente para estos bienes de bajo coste que llegan a Europa, principalmente desde China, que se prevé que llegue en 2028. La tasa se aplicará a los paquetes pequeños de plataformas como Shein y Temu. Y es que estos envíos entran actualmente a Europa libres de tasas, lo que genera «una competencia injusta con vendedores europeos, además de riesgos para la salud y la seguridad de los consumidores y altos niveles de fraude y preocupaciones medioambientales». Este importe fijo se aplicará a todas las compras que lleguen a Europa de vendedores de terceros países y que estén registrados en la ventanilla única de importación –lo que abarca al 93% de los envíos de comercio electrónico a la UE–. El comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, destacó que la tasa aprobada ayer «es una solución temporal y simple», que supone «un importante paso para asegurar una igualdad de condiciones para las compañías europeas».

A nivel mundial, según la Federación Internacional de Robótica, las empresas instalaron más de medio millón de estas máquinas en 2024. El 54% de estas instalaciones se produjeron en China, que no por casualidad ha sido durante más de una década el mayor productor mundial de robots industriales. Pero el tono y el dinamismo de la IREX siempre han venido de manos de los humanoides. Es un espectáculo emocionante ver robots que se parecen un poco a nosotros, haciendo mejor o peor cosas que nosotros podemos hacer, y que en un futuro indefinido aumentarán y mejorarán. Por instinto, Japón ha liderado al mundo con una fe entusiasta en estos humanoides, adoptando una perspectiva paternal e infinitamente paciente: por muy caros, inmaduros, incompetentes y reacios al trabajo que parezcan ahora los autómatas, estos pequeños tesoros eventualmente crecerán y ocuparán su lugar en la sociedad. Mientras tanto, las sociedades parecen no estar preparadas para esta graduación, y la esfera política ni siquiera ha comenzado a tener el tipo de debates que muy pronto podrían verse obligados a afrontar. Esto tiene que cambiar urgentemente. El IREX 2025, celebrado la semana pasada en Tokio, transmitió una sensación distinta a sus predecesores, y lo hizo por dos razones evidentes. La primera surge de la naturaleza del progreso tecnológico logrado desde 2023 y las predicciones acumuladas en segundo plano. La inteligencia artificial ha avanzado rápidamente y parece, a ojos de los más optimistas, estar lista para llenar los vacíos que los robots humanoides de servicio han demostrado en su largo camino hacia la utilidad. La atención se centra ahora menos en sus limitaciones físicas (aunque estas están desapareciendo progresivamente) y más en la eficacia con la que pueden desplegarse como vectores para las competencias visiblemente menos limitadas de la inteligencia artificial.