20230331

Artículo de la presidenta de Confebask, Isabel Busto, para el anuario de Estrategia Empresarial 2022 recién publicado. "...De momento al menos, esquivamos la recesión y, a pesar de todas las circunstancias ‘exógenas’ a la economía vasca, las empresas resistimos. Pero no podemos obviar que los retos que tenemos por delante son de enorme calado... Una vez superado ya el 2022, este 2023 va a seguir planteando importantes retos económicos y empresariales. Y entre ellos, desde luego, uno doméstico: el del grave desafío demográfico, algo de lo que llevamos alertando desde hace tiempo y de lo que, sin embargo, no parecemos ser del todo conscientes como sociedad. Euskadi es hoy, el segundo territorio de la Unión Europea con más población mayor de 65 años, sólo por detrás de Italia. Y en los últimos años experimentamos una progresiva reducción de población en edad laboral. Las empresas vascas llevamos tiempo alertando de que nos faltan profesionales adecuados, algo que se agravará en breve con lo que hemos denominado como ‘gran jubilación’. Volvemos a repetirlo. Necesitamos una estrategia de país, diseñada entre todos, instituciones, empresas, universidades y sistema educativo en general, basada en dos ejes prioritarios. Por un lado, acciones para fomentar la natalidad y la conciliación familiar y laboral. Y, por otro, una política específica de ‘inmigración para el empleo’ que, sin olvidarse de la solidaridad, tenga en cuenta que también necesitamos de su ‘talento’. Atraer, mantener y aportar al bien común. 2022 ha sido un año lleno de desafíos. 2023 será, por lo menos, igual de intenso. Esperemos que las cosas no empeoren y que, al contrario de lo que resultó el anterior, transcurra de menos a más..."

Medir lo oculto siempre es complejo y es lo que ocurre con la economía sumergida, es decir, toda esa actividad económica ‘sin IVA’, que no se declara para evitar el pago de impuestos y de cotizaciones de la Seguridad Social. Por primer vez el Eustat ha afrontado el reto de calcular la profundidad de esa grieta y su conclusión es que equivale a un 8,7% del Producto Interior Bruto (PIB), unos 6.214 millones de euros en términos absolutos (el año analizado es 2020). El porcentaje es la mitad de la media europea, según destacó ayer con orgullo el departamento de Economía y Hacienda del Gobierno vasco. No obstante, el cálculo del Eustat supone la mitad del que arrojó otro estudio ‘ad hoc’ realizado en 2016 y que fue encargado por el Ejecutivo de Urkullu a los catedráticos del Instituto de Economía Pública de la Universidad del País Vasco (UPV). El Eustat explica en su nota que ha realizado la estimación «según la metodología de Eurostat y de acuerdo con el Sistema de Cuentas Nacionales». Por su parte, el departamento liderado por Pedro Azpiazu realiza la comparación con el conjunto de España y de Europa en base a un informe que elabora anualmente el economista Friedrich Schneider, referente internacional en esta materia. Según sus estimaciones correspondientes a 2021, la economía sumergida se situó en la UE en el 17,3% del PIB, mientras que en España supuso el 16,9%, por encima de Francia (13,1%) o Alemania (10%). Aunque son numerosos los estudios que colocan a Euskadi en mejor posición que el conjunto de España, el dato del 8,7% estimado por el Eustat es mucho más bajo que el arrojado por otros informes. Por ejemplo, el que elaboraron los catedráticos Ignacio Zubiri, Javier Fernández-Macho y Mari Carmen Gallastegui cifraba la actividad vasca en negro en 11.000 millones de euros, el 17,4% del PIB de 2014. Por mucho que hayan mejorado las cosas, una reducción de casi nueve puntos es poco creíble. La gran diferencia parece obedecer más bien a la dificultad de medir lo oculto. «Es como acercarse a una gruta de gran profundidad con una linterna que, aunque sea de última generación, no arroja luz suficiente», subrayaron entonces los expertos.

La evolución tecnológica así como los nuevos programas en materia de intercambio de información entre administraciones y otras diputaciones –una relación que no había sido tan fluida en los últimos años– han permitido a la Hacienda de Gipuzkoa reducir un 24,1% el fraude fiscal aflorado durante el pasado 2022. En concreto, la Hacienda del territorio detectó el año pasado 172,6 millones en evasión de impuesto, 54,9 millones menos que en 2021 y la cifra más baja desde 2015. Desglosando la cifra por impuestos, el 73,5% del total corresponde al IVA y al IRPF (en el que también está incluido Patrimonio). En el caso del IVA, se ha descubierto un fraude de 67,8 millones de euros, y en el del IRPF, otro por 59,2 millones. El resto corresponde al impuesto sobre Sociedades (36 millones), y 9,5 millones de euros a lo que Hacienda cataloga como ‘resto de impuestos’. Los datos fueron expuestos ayer por la mañana en comisión en las Juntas Generales de Gipuzkoa por el diputado de Hacienda y Finanzas, Jokin Perona, que destacó que «Hacienda cuenta con cada vez más fuentes de información y está llevando a cabo una evolución tecnológica muy importante, lo que nos permite que cada vez queden menos espacios para el fraude». Como muestra de este avance en materia de intercambio de información entre administraciones, Gipuzkoa ha compartido 9,9 millones de datos con la administración tributaria estatal y las Haciendas de Álava y Bizkaia.

"No hay caso alguno en la UE ni en la OCDE donde una banda terrorista haya atacado, durante tanto tiempo y con tanta dureza, la economía de su país. Su impacto económico exacto no se puede medir, pero ya hay bastantes análisis que nos aproximan a su dimensión...Durante las décadas de terrorismo que sufrimos, muchos empresarios, directivos, profesionales liberales, autónomos y trabajadores fueron objetivo de ETA. Fueron 33 los asesinados, hubo decenas de heridos y 86 fueron secuestrados. Se estima que en torno a 15.000 sufrieron directamente la extorsión durante varios años y que más de 150.000 personas tuvieron que salir del País Vasco. Según el Informe Foronda, en esos años de terror las empresas vascas sufrieron un atentado o ataque de ‘kale borroka’ cada tres días...La incidencia de la presión terrorista afectó a muchos ámbitos de la actividad económica. Así, el coste directo de sus atentados y consecuencias ascendió, a nivel estatal, a más de 25.000 millones de € (euros de 2020 a partir del informe pericial del sumario 35/2002 de la Audiencia Nacional). Las acciones de ETA provocaron fuertes deslocalizaciones de empresas. Si visitamos los polígonos industriales de ciudades próximas, como Zaragoza, Logroño, Burgos, Palencia, Valladolid, y por supuesto Madrid, encontraremos centenares de sociedades de origen vasco, reubicadas sobre todo en los ‘años de plomo’...También se trasladaron centrales y centros de decisión de otras (sobre todo las más grandes, como los casos de BBV o Michelin). Se estiman en más de 30.000 los puestos de trabajo perdidos. Euskadi, además, no pudo beneficiarse de las importantes inversiones de multinacionales por la entrada de España en el Mercado Común...La violencia afectó también a centenares de pequeños comercios y profesionales liberales (microextorsión), generó una fuerte deslocalización de depósitos bancarios –fundamentalmente, en los años 80–, y, de forma adicional, supuso una enorme pérdida de la capacidad emprendedora del país. En ese contexto, la inversión extranjera directa se desplomó durante décadas pasando del 6,7% del total de España en los años 60 al 1,8% en las décadas posteriores (hay que recordar la insistencia, en los ‘Zutabe’ de la banda terrorista, de atentar contra intereses extranjeros)...Pese a la dureza de esas cifras, afortunadamente la gestión adecuada de nuestro Concierto Económico y nuestra mayor disciplina y cumplimiento fiscal evitaron una caída superior...Pero es esta nuestra situación actual, de una profunda debilidad en nuestra estructura económica. Como dice Jon Azua en un reciente libro, «ya no hay violencia terrorista, pero seguimos padeciendo la influencia destructiva que nos dejó ETA (…) y nos estamos gastando las ‘joyas’ de la amama. La herencia se acaba»...

El Gobierno central ya ha inyectado 1.784 millones de euros en Euskadi de los fondos europeos. El delegado del Ejecutivo en el País Vasco, Denis Itxaso, hizo balance ayer del impacto en el territorio del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, gestionado tanto por la Administración General del Estado (889 millones) como por las instituciones vascas (895 millones). Itxaso subrayó que en los últimos meses «se ha acelerado» el despliegue de los fondos procedentes de Bruselas. «El dinero está llegando y se está transfiriendo a las empresas», defendió, y apuntó que estas partidas tendrán un impacto en el PIB vasco que oscilará «entre el 1,6 y el 2,3%» durante el quinquenio comprendido entre 2021 y 2026. Las partidas destacadas por el delegado del Gobierno, que también señaló varias inversiones del Ejecutivo central en el País Vasco, incluyeron la convocatoria del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) del Vehículo Eléctrico y Conectado, que ya ha aportado más de 235 millones de euros a cuatro iniciativas lideradas por Mercedes, Fagor, Irizar y SAPA. «El Gobierno ha decidido convocar un segundo PERTE del automóvil eléctrico y conectado, que se anunciará próximamente y al que se podrán presentar el resto de cadenas vascas», subrayó antes de añadir que el sector de la automoción vasca «está tecnológicamente bien preparado».

El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó este jueves por 175 votos a favor, 158 en contra y 11 abstenciones la proposición no de ley de EH Bildu que insta al Gobierno a “elaborar y desarrollar” en la próxima Ley de Industria “una legislación específica para condicionar la recepción de apoyo y ayudas públicas por parte de empresas a que no haya reubicación o deslocalización de la actividad”, así como para recuperarlas en el caso de que una empresa traslade su sede social fuera de España. Este texto salió adelante gracias al apoyo de PSOE y Unidas Podemos, que acordaron en el último momento una enmienda transaccional con el partido abertzale para apoyar la proposición. Dicha modificación rehizo el contenido de la propuesta, que en primer lugar recogía expresamente que las empresas que reciban fondos públicos no se puedan deslocalizar durante, al menos, cinco años posteriores a las últimas ayudas recibidas, y si lo hacen, deban devolverlas. Esta iniciativa tiene lugar pocas semanas después de la decisión de Ferrovial de trasladar su sede social de España a Países Bajos. La diputada socialista Cristina López ya reconoció este pasado martes durante el debate de la iniciativa que su partido compartía la “preocupación” de Bildu por esta decisión. Sin embargo, anunció que iban a votar en contra porque las medidas planteadas en primera instancia generaban “dudas” en cuanto al desincentivo para crear empresas en España y su encaje legal. Unidas Podemos, en cambio, ya explicitó su voto a favor por considerarlo de “puro sentido común”. 

«El consejo de administración de Kutxabank aprobó ayer el cese del actual consejero delegado de la entidad, Javier García Lurueña, y su sustitución por Eduardo Ruiz de Gordejuela, hasta ahora director general encargado del negocio minorista del banco. El relevo se enmarca en el proceso de renovación de toda la cúpula directiva, que ya se anticipó con el nombramiento de Antón Arriola como presidente el pasado mes de noviembre. La designación de Ruiz de Gordejuela deberá ser ratificado ahora por el Banco Central Europeo, al tiempo que García Lurueña seguirá unido al grupo Kutxabank como presidente, aunque sin poderes ejecutivos, en la filial que tiene su sede en Córdoba, Cajasur. El cambio en las primeras líneas del organigrama de Kutxabank era una de las misiones que Arriola tenía el encargo de cumplir con su llegada a la presidencia del banco por expreso deseo de los accionistas, las fundaciones bancarias BBK, Kutxa y Vital. Este cambio –el primero de otros más que se intuyen a corto y medio plazo en el área ejecutiva del banco– persigue rejuvenecer las primeras líneas del organigrama, aunque todo apunta a que la estrategia de negocio no va a sufrir modificaciones y será continuista. Con esta decisión, el consejo del banco cierra también la etapa de gestión iniciada en 2014 con el nombramiento de Villalabeita como presidente y de García Lurueña como teórico primer ejecutivo. 

El Ayuntamiento de San Sebastián quiere coger el toro del turismo por los cuernos, un miura que avanza a la carrera batiendo récords en número de visitantes y rentabilidad media de las habitaciones. Consciente de las «preocupantes afecciones» de la actividad, ayer aprobó una moratoria de licencias para la apertura de nuevos alojamientos durante un año. El gobierno municipal aprovechará este impás, prorrogable por otros 365 días, para modificar el Plan General de Ordenación Urbana con el reto de restringir la implantación de nuevos establecimientos y usos de hospedaje en las zonas más tensionadas de la ciudad. La medida se adoptó por unanimidad de todos los grupos políticos con representación municipal en una sesión plenaria que sirvió para intercambiar reproches y críticas. PNV-PSE y EH Bildu se culparon mutuamente de no haber actuado a tiempo para frenar un «proceso de turistificación» que ya recoge sin ambages el Plan Director de Turismo 2023-2027, documento que guiará la estrategia turística de la ciudad para el próximo cuatrienio. El argumentario que sustenta la decisión del consistorio donostiarra resume algunas de las consecuencias negativas de un turismo en continuo crecimiento que no parece encontrar su techo, por mucho que dos tercios de los habitantes del municipio entiendan que el volumen de visitantes ha alcanzado ya su límite, según una encuesta realizada por encargo del propio consistorio. Se habla de «singulares y perjudiciales» afecciones en el parque residencial del conjunto de la capital guipuzcoana y, en particular, de los barrios con mayor presencia de turistas, es decir, la Parte Vieja, el Centro y Gros. Eso implica una «reducción» de las viviendas destinadas a domicilio habitual y, además, la «consiguiente reducción» de la población residente en esos ámbitos. 

El ex director general de Mercedes-Benz Vitoria, Emilio Titos, ha asumido la presidencia de Robotekin, la primera asociación de robótica vasca. El granadino, jubilado desde el 1 enero tras cuarenta años vinculado a la multinacional alemana de la automoción, asume el cargo de un ente recién gestado, en cuya conformación viene trabajando desde hace meses. De hecho, Robotekin, aprobó ayer sus estatutos y designó a todos los miembros de su Órgano de Gobierno en un encuentro celebrado en el Parque Tecnológico de Miñano que contó con la participación de representantes de las treinta entidades y organizaciones empresariales públicas y privadas que se han implicado con el proyecto. Durante el acto, Titos subrayó que «este nuevo y estratégico instrumento para la competitividad llega para aportar soluciones creativas y únicas al tejido empresarial alavés y vasco». Robotekin, la Asociación Vasca de Robótica y Automatización, aspira a generar un ecosistema empresarial centrado en este sector. Los miembros del Órgano de Gobierno que acompañan a Titos son Víctor Mayoral (Acceleration Robotics) como vicepresidente; y David Montero (BIC Araba) como secretario y tesorero. La asociación presentó sus credenciales el pasado 2 de febrero en una reunión con empresas vinculadas a la robótica y la automatización. 

El Gobierno vasco y empresas estadounidenses quisieron buscar gas en Subijana, en el entorno del Ruta de Europa, pero el Ayuntamiento de Vitoria no les dio permiso; era «incompatible» con su Plan General. Llegó la Ley de Cambio Climático, una norma estatal que prohíbe expresamente nuevas autorizaciones para el sondeo de hidrocarburos. Y el proyecto quedó invalidado. Se desintegró. Pero para entonces (2021), las dos administraciones gobernadas por el PNV, ya habían judicializado sus diferencias. El litigio ha durado dos años y ahora el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) da la razón al Ejecutivo de Gorka Urtaran. Deja abierta, eso sí, la posibilidad de un recurso de reposición de Lakua, aunque fuentes consultadas por este periódico consideran que «sería muy difícil de sustentar». Porque el fallo del TSJPV sostiene que el Ayuntamiento actuó de forma «coherente» e incide en que las prospecciones eran «incompatibles» con su ordenación urbanística. Es la respuesta a la apelación que el propio Consistorio planteó a una sentencia de enero de 2022 que le fue contraria. «Anuló», de hecho, aquel veto municipal a la exploración de gas en Subijana por entender que la argumentación que se había dado estaba «incompleta». Un dictamen que se firmó en primera instancia desde el juzgado de lo Contencioso número 3 y que dio la razón a la Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi (Shesa) –dependiente del EVE–, que pilotaba la iniciativa. Pero el proyecto ya no era viable, así que el sentido de continuar con el litigio era más una cuestión de arrojar luz sobre el procedimiento.

La tarifa de último recurso (TUR) del gas natural que afecta a los hogares bajará a partir de mañana y para el segundo trimestre del año un 29,9% respecto al arranque de 2023, según una resolución del Ministerio de Transición Ecológica. Influye en la bajada para ese periodo el descenso de la materia prima (el gas natural), hasta en un 48,8%. Además, esta tarifa esta subvencionada con una partida presupuestaria de 3.000 millones de euros. En la nueva revisión a la baja de la TUR ha influido el fuerte descenso de la materia prima (el gas natural) en un 48,8%: de los 5,23 céntimos/kWh de enero a los 2,68 céntimos/kWh en este momento. Además, esta tarifa está subvencionada con una partida presupuestaria de 3.000 millones de euros. Una cantidad destinada a cubrir el déficit tarifario generado este año y el pasado después de que el Gobierno estableciera en el último trimestre de 2021 un límite de subida trimestral de esta tarifa no superior a 4,5% para paliar los efectos de la crisis energética.

La inflación de marzo sorprende y modera su subida hasta el 3,3% interanual, la menor desde agosto de 2021. Los datos que adelantó ayer el INE indican que se ha recortado más de 2,5 puntos la tasa de IPC interanual y supone romper con dos meses seguidos de ascensos que llevaron a la inflación hasta el 6% el pasado febrero. Esta gran moderación se debe a un efecto estadístico puntual (denominado ‘efecto escalón’) y no supone en realidad que los precios se hayan aliviado, sino que al comparar este marzo con el del año pasado, cuando estalló la guerra en Ucrania y los precios de la energía se dispararon, se produce este desfase. En concreto, en marzo de 2022 los precios subieron al 7,6% y desde ese punto siguieron ascendiendo hasta tocar su máximo en julio, con un 10,8%. Es más, pese a la moderación actual del IPC interanual al 3,3%, el términos mensuales (marzo sobre febrero), aún ha aumentado un 0,4%. El INE atribuye el menor crecimiento de los precios al abaratamiento de la electricidad y de los carburantes, frente al repunte que experimentaron en el mismo mes del año pasado. En cambio, la inflación subyacente –que no tiene en cuenta productos frescos ni energía– se mantiene casi idéntica a la de febrero, solo una décima menos, hasta el 7,5%, una de las tasas más altas de la serie histórica y más de cuatro puntos por encima de la general. Los datos adelantados ayer por el INE no permiten desgranar cuáles son los productos que más se han encarecido. Ese detalle se conocerá en dos semanas y permitirá comprobar si la rebaja del IVA de ciertos alimentos está teniendo su efecto en el tercer mes de aplicación o no.

España cosechó el año pasado la mayor recaudación tributaria de su historia al calor de la inflación. El inédito crecimiento experimentado por el caudal de ingresos públicos permitió reducir el agujero de las cuentas públicas más allá de lo comprometido por el Gobierno con Bruselas. En concreto, según reveló ayer la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, al anunciar los datos de ejecución presupuestaria del ejercicio, las arcas públicas ingresaron 32.000 millones de euros extra, hasta sumar 255.463 millones (un 14,4% más que en 2021), lo que ayudó a reducir el déficit público al 4,8% del PIB, frente al 5% previsto. “Los datos demuestran que aunque las reglas fiscales están suspendidas en la Unión Europea esto no implica que este Gobierno haya renunciado de ninguna forma a los principios de estabilidad presupuestaria”, aseveró Montero. Las cifras, defendió, muestran “un país creíble a ojos de la UE y del mundo, y esto es de un indudable valor de cara a la inversión en nuestro país o como garantía del Ejecutivo ante las reformas que ha comprometido”. España, agregó, lanza así el mensaje a Bruselas de que está lista para afrontar la reactivación de los objetivos de déficit y deuda en 2024, y consolida su compromiso de reducir el agujero fiscal del 3% para 2025 con algo más de margen del previsto.

El Gobierno de coalición logró convalidar ayer con holgura –179 votos a favor, 104 en contra y 61 abstenciones– su reforma de las pensiones, una de las iniciativas que Pedro Sánchez exhibe ya, junto a la reforma laboral aprobada en febrero del pasado año, como uno de los principales logros de la legislatura y prueba irrefutable de que, pese a las tensiones y el ruido, su alianza con Podemos y su relación con partidos como ERC o Bildu ofrece resultados tangibles. Esta vez, a diferencia de lo que ocurrió con la reforma impulsada por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, no hubo además el mínimo sobresalto porque las dos formaciones independentistas habían garantizado hace días que no la harían peligrar. También el PNV. La fórmula alcanzada por el ministro Escrivá con el visto bueno de Bruselas y el acuerdo de los sindicatos, pero no de la patronal, ha sido duramente criticada, no obstante, tanto por el Banco de España como por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) por considerar que no asegura la sostenibilidad del sistema y puede disparar el gasto. EH Bildu justificó la abstención en que pese a sus «elementos positivos» la reforma «aún adolece de una apuesta valiente y profunda para satisfacer las necesidades de unas pensiones dignas». El PNV, por su parte, votó a favor al considerar la reforma «necesaria y realista», aunque precisó que tiene algunos aspectos «cuestionables», como «la ausencia de una garantía para la singularidad de las cooperativas». «Entendemos que es una reforma necesaria en buena parte, positiva en muchos aspectos, pero cuestionable en otros y esperemos que se corrijan», recalcó el diputado Iñigo Barandiaran.

La reforma de las pensiones que ayer se aprobó en el Congreso impactará muy significativamente en los cerca de 3,3 millones de autónomos, que tendrán que pagar 2.500 euros más en 2032 para hacer frente a ese fuerte incremento del gasto que asumirá la Seguridad Social para pagar las jubilaciones actuales y las futuras. Así lo denuncia la asociación de autónomos ATA, que ha puesto números al impacto económico que tendrán las medidas que pone en marcha la reforma diseñada por el ministro José Luis Escrivá, tras acceder a las tablas que ha enviado a los partidos políticos después de que le acusaran de esconder los datos. El Gobierno estima que en menos de una década, gracias a las nuevas medidas, los ingresos que entran en el sistema se eleven un 1,1% del PIB –según figura en los datos aportados y a los que ha tenido acceso este periódico–, lo que equivaldría a unos 20.000 millones de euros, teniendo en cuenta que las previsiones de la Seguridad Social indican que el PIB ascenderá a 1,8 billones de euros ese año. Y los autónomos correrán con el 40% de ese extra, lo que supone una inyección de 8.000 millones de euros al sistema de pensiones, –según cálculos de ATA. Se logrará a través de dos vías: el nuevo sistema de cotización por ingresos reales que se aplica ya desde este año y el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que supone una subida de cuotas para todos los trabajadores –autónomos y asalariados– del 0,6% desde este ejercicio y que se duplicará al 1,2% a partir de 2029.

La operación salida de vacaciones de Semana Santa, que se inicia este fin de semana, va a provocar un susto a más de un conductor. Las agresivas ofertas que lanzaron hace un año Repsol, Cepsa, BP y Galp, y que de media suponía una rebaja de diez céntimos por litro, acaban hoy. Sin apenas ruido, las petroleras han ido informando de que esa rebaja desaparece. O se sustituye por otra menos favorable para el usuario o sencillamente se elimina. El objetivo de las compañías es paliar el desperfecto que ha provocado en sus cuentas esas rebajas y que en el conjunto de todas ellas podría superar los 700 millones de euros. “Los descuentos asumidos por Repsol desde el 16 de marzo de 2022 han permitido que sus clientes hayan disfrutado de ahorros cercanos a 500 millones de euros hasta la fecha”, han explicado en esta petrolera. “Desde abril de 2022, más de doce millones de clientes se han beneficiado de los descuentos ofrecidos por Cepsa, cuyo importe total ha ascendido a 148 millones de euros,”, han dicho en esta compañía.

Mientras haya plazas libres las completarán con las familias matriculadas. Al Departamento de Educación se le abre un frente que puede poner en riesgo la aplicación de la nueva ley educativa. La obligación de reservar plazas para el alumnado vulnerable en cada centro ha puesto en pie de guerra a las ikastolas, que ayer emitieron un comunicado en nombre de toda la federación –agrupa a 60 colegios– rechazando la medida y anunciando que la recurrirán. También la patronal de la escuela concertada se opone a estos cupos. El Departamento de Educación del Gobierno vasco afronta un desafío sin precedentes. La confederación de ikastolas, Ikastolen Elkartea, que agrupa a más de 60 centros, emitió ayer un duro comunicado advirtiendo que recurrirá la normativa de admisión del alumnado. El texto, además, contiene numerosas críticas a los criterios aplicados por la consejería que dirige Jokin Bildarratz y denuncia falta de transparencia y un doble rasero entre unos centros y otros a la hora de admitir a los estudiantes. También amenaza con no cumplir la orden del departamento de reservar plazas al alumnado vulnerable. «Mientras no se llenen las plazas que hayan quedado libres, las completaremos con las familias que hayan realizado la matrícula», afirman. En paralelo, Kristau Eskola, la principal patronal de la escuela concertada –tiene 120 centros– también critica la falta de claridad del Departamento a la hora de explicar los criterios que han guiado la nueva normativa. Solicita que se amplíe el plazo para presentar reclamaciones por la asignación de plazas, que finaliza el próximo martes. Aun así, no confronta con el Ejecutivo y asegura que cumplirá con la ordenanza. 

Ya es el primer expresidente de Estados Unidos imputado por un delito. El cargo es embarazoso. Trump está acusado de haber escondido el pago de 120.000 euros que hizo a través de su abogado, Michael Cohen, a la actriz del cine porno Stormy Daniels, cuyo nombre de nacimiento es Stephanie Gregory. Se trataba de impedir que contara a la prensa, una semana antes de las elecciones, el presunto ‘affair’ que ambos tuvieron en 2009, poco después de que su esposa Melania Trump diese a luz al único hijo de la pareja. Cohen ha testificado en su contra y ha presentado el cheque firmado por el magnate, entre otras pruebas contundentes. Tras meses de pruebas y testimonios, el gran jurado de Nueva York, que llevaba meses estudiando las pruebas en su contra, votó a última hora de ayer su imputación, según fuentes de los medios estadounidenses, al encontrar causa probable. La jugada había sido perfecta. Un rumor extendido la víspera entre los principales periódicos aseguraba que no habría resultado hasta final de abril. Después de todo, las reuniones de un gran jurado son secretas, por muy públicas que se hayan hecho estas.

Elon Musk y cientos de expertos mundiales han hecho un llamamiento conjunto para que se realice una pausa de seis meses en la investigación sobre inteligencias artificiales (IA) más potentes que ChatGPT 4, el modelo de OpenAI lanzado este mes. En una carta conjunta, urgen a que se declare una moratoria para que se pueda a regular este ámbito, cuyos avances van mucho más rápido que la ley y los mecanismos de seguridad. Gurús y empresarios argumentan su petición porque han detectado «una carrera descontrolada para desarrollar y desplegar cerebros digitales cada vez más potentes que nadie, ni siquiera sus creadores, pueden entender». Es decir, la pesadilla tradicional de la ciencia ficción, que la tecnología vuele sola y acabe superando e imponiéndose a los humanos, empieza a dibujarse. De ahí la urgencia de frenar antes de que el problema se desboque. En la petición, publicada en el sitio futureoflife.org, piden que se paralicen los últimos avances hasta que se establezcan sistemas de seguridad con nuevas autoridades reguladoras, vigilancia de los sistemas de IA, técnicas que ayuden a distinguir entre lo real y lo artificial e instituciones capaces de hacer frente a la «dramática perturbación económica y política (especialmente para la democracia) que causará la IA».