20230510

Los empresarios consideran que la suma de huelgas y absentismo convierten a Euskadi «en el peor ejemplo del Estado». Así, sin paños calientes, lo apuntó ayer la presidenta de la organización empresarial vizcaína Cebek, Carolina Pérez Toledo, en una comparecencia en la que no ahorró críticas a ambas centrales por su estrategia de «confrontación en vez de apostar por el diálogo». Cebek celebra hoy su asamblea anual en Bilbao, con la presencia del lehendakari, Iñigo Urkullu, y con sensaciones ambivalentes. De un lado, las encuestas entre las empresas revelan que hay un optimismo creciente sobre la coyuntura económica y la evolución de los pedidos a corto y medio plazo, mientras se detecta también preocupación por el estrechamiento de los márgenes de negocio. Aunque las empresas ya han comenzado a elevar sus precios de venta para compensar el aumento de costes, esa cobertura no es completa y se traduce en una reducción del beneficio. Explicado en términos sencillos, se ingresa más por las ventas pero las empresas, en términos generales, ganan menos dinero. Pérez Toledo se mostró especialmente crítica en torno a la conflictividad laboral que se vive en las empresas vizcaínas en el último año, justo en el momento en el que la patronal empresarial española, la CEOE, ha alcanzado un acuerdo con UGT y CC OO a nivel nacional para fijar un marco de subidas salariales que contempla un aumento del 10% en tres años y una revisión de hasta un punto más por año. Los responsables de Cebek resaltaron que «los convenios firmados en Bizkaia este año contemplan una subida media del 4,16%», lo que les sitúa por encima del 4% contemplado en ese acuerdo marco, pero también son conscientes de que el rechazo de ELA y LAB a ese pacto va a suponer una eficacia muy limitada en Euskadi. «La huelga no puede ser el primer recurso a utilizar. Es un derecho, por supuesto, pero debería ser el último paso en el caso de que las negociaciones no hayan culminado con éxito», indicó Pérez Toledo. La presidenta de Cebek criticó que se valore como algo positivo batir récords de días de huelga, para admitir que «con la mayoría sindical –en alusión a ELA y LAB– es más difícil llegar a acuerdos. Son sindicatos de lucha y confrontación y no son de sentarse a hablar y negociar», apostilló. En una línea similar se refirió al elevado porcentaje de absentismo laboral que se registra en el País Vasco. Ver encuesta Cebek empresas. 

La mesa de diálogo social vasco ultima un documento con "criterios de trabajo para rebajar el absentismo" en las empresas de la CAV. Confebask, CC.OO., UGT y el Departamento de Empleo iniciaron hace meses una reflexión en el foro de Lakua sobre esta cuestión y el secretario general de la patronal vizcaina, Fran Azpiazu, ha explicado que las conclusiones se presentarán este año. Lo ha hecho además en una comparecencia en la que ha estado presente Tamara Yagüe, que accederá en junio a a la presidencia de Confebask, y que es la actual presidenta de la Federación Vizcaina de Empresas del Metal (FVEM). A preguntas de la prensa y sin querer "inmiscuirse" en el trabajo de la actual dirección de la patronal vasca, Yagüe se ha planteado ente los retos de su mandato precisamente reducir el absentismo en las empresas. También ha citado el efecto del envejecimiento de la población en el mercado laboral y la búsqueda de la paz social, que en Euskadi pasa principalmente por atraer a ELA a los espacios en lo que se firman los grandes acuerdos. La presidenta de Cebek, Carolina Pérez Toledo, ha subrayado que Euskadi tiene el nivel de absentismo más alto del Estado con 21 días de baja de media al año por trabajador. Por ello, urge poner en marcha medidas que favorezcan la incorporación de las personas con incapacidad temporal. El plan contra el absentismo verá la luz con Tamara Yagüe al frente de Confebask y con el freno del previsible rechazo tanto de ELA como de LAB, que no participan en el diálogo social de Euskadi. Los empresarios han esbozado algunas de las claves del acuerdo, entre ellas apostar por medidas de flexibilidad laboral y de conciliación familiar. También se plantea reforzar el papel de las mutuas para "acelerar el tratamiento de las bajas laborales" y sortear el "retraso en la sanidad pública", según ha indicado Pérez Toledo.

En el primer trimestre de 2023 los fabricantes de vehículos aumentaron su producción un 5,7% hasta alcanzar los 21,1 millones de unidades. Una recuperación del sector que Gestamp ha rentabilizado logrando su mayor cifra de ventas en ese mismo periodo, con 3.144 millones (39,4% más), que tradujo en un beneficio neto de 80 millones, cerca del doble de los 45 del primer trimestre del año pasado. El fabricante vasco de componentes de automoción encadena así otro trimestre de crecimiento récord y muy por encima del sector. Las causas, como explicó ayer su presidente Francisco J. Riberas, residen en «nuestro sólido posicionamiento en elementos innovadores enfocados al coche eléctrico y una presencia geográfica muy diversificada». Además, la compra de Gescrap –compañía dedicada al reciclaje de chatarra para la obtención de acero– ha sumado también sus ventas. Esta diversificación de mercados permitió a la compañía de la familia Riberas aprovechar crecimientos en mercados como China e India, donde tiene capacidad de ganar más cuota de mercado . Además, la especialización en el vehículo eléctrico para el que viene desarrollando diversas piezas críticas, como componentes del ‘battery box’ –compartimento que aloja las baterías– o elementos del chasis fundamentales que deben mantener la rigidez y consistencia, pero aligerar peso para aumentar la eficiencia del consumo. Gestamp participa en importantes proyectos como el consorcio de Volkswagen que recibió más de 400 millones de euros de fondos europeos para el desarrollo de la fábrica de baterías de Sagunto que abastecerá a las plantas de la firma alemana de Martorell y Pamplona.

El responsable de la cartera de Industria del Gobierno, Héctor Gómez, llegó al ministerio el pasado 48 de marzo para sustituir a Reyes Maroto, candidata a la alcaldía de Madrid. Una posición desde la que debe dar cauce a una de las líneas de ayudas de los fondos europeos más importante: El PERTE del vehículo eléctrico y conectado (VEC), que se dejó más del 70% de los 4.977 millones sin adjudicar. Hoy explica en el Congreso la situación del reparto del dinero de la UE y, en la primera entrevista que concede como ministro, en EL CORREO, señala que Bruselas ha flexibilizado los requisitos de plazos y garantías, con lo que confía en una ejecución «total» de las ayudas. "España se encuentra en ese proceso y estamos acompañándolo con numerosos programas, también con los fondos europeos. Hay dos máximas: la digitalización y la transición hacia la descarbonización. Son los pilares...Es cierto que era el primer plan y que la Comisión Europea establecía unas condiciones que complicaban el acceso a las ayudas. Pero hemos conseguido flexibilizar mucho los requisitos y orientar más el programa en la segunda convocatoria. Creo que eso garantizará que se desarrollen con éxito los programas de la nueva edición...Somos muy, muy optimistas en cuanto al impacto y con una esperanza en que se llegue a una ejecución total porque, como señalaba, la Comisión ha flexibilizado los plazos para ejecutar las inversiones y las garantías que se piden a las empresas. Tenemos mucha esperanza en que se llegue a una ejecución total. Además, hemos podido perfilar nuevas líneas, como la dirigida a las baterías. Tanto la primera, como la segunda van a contar con un impacto muy positivo..."

El comité, que está conformado por LAB, CC OO, UGT, ELA y CSI, ha llamado a la huelga los días 5 y 19 de junio, así como el 10 y 11 de julio. Asimismo, indican que queda convocada huelga de manera preventiva en los turnos que se puedan activar en junio y julio. Las cinco centrales han presentado una plataforma conjunta en la que reclaman la vinculación de todos los conceptos salariales a la inflación, incrementos salariales que cubran la pérdida de poder adquisitivo acumulada, modificación del salario de ingreso en los términos recogidos en la plataforma del comité y atención a lo recogido por la plataforma sobre el sistema de remuneración mensual y muy especialmente al salario mínimo de ingreso. Además, los sindicatos apuntan a la posibilidad de unificar alguna acción con el resto de fábricas o comité intercentros. Todo ello mientras prosiguen las negociaciones entre la dirección de la empresa y los representantes de los trabajadores, ya que la mesa está convocada mañana a una nueva reunión. Los sindicatos justifican la convocatoria de las cuatro jornadas de huelga en aras a «reforzar nuestras reivindicaciones en la mesa negociadora». La fábrica de Michelin-Lasarte es una de las más emblemáticas del territorio y cuenta con 500 empleados. Además, esta huelga se produce en un momento de cambio en la dirección, ya que el ovetense Vicente Rodríguez va a relevar el próximo 1 de julio en el cargo al donostiarra David Udakiola, que a su vez asumirá la dirección de la fábrica de Michelin de Vitoria.

MásMóvil registró unas pérdidas en el primer trimestre del año de 57,1 millones de euros, frente a los números rojos de 40 millones en el mismo periodo del año anterior, afectada por el menor crecimiento de los ingresos debido a la dura competencia de las ofertas de bajo coste de operadoras como Digi, Avatel o Finetwork, que han ralentizado la captación de clientes, y el pinchazo de su división energética. Los ingresos por servicios de telecomunicaciones durante el primer trimestre aumentaron un 4%, hasta alcanzar los 610 millones, aunque la facturación total solo creció un 1% hasta los 740 millones, debido al retroceso de los ingresos de los servicios de energía, por la fluctuación de los precios de la electricidad. MásMóvil opera en este sector con varias comercializadoras como MásMóvil Energía o EnergyGo. A cierre del primer trimestre, el grupo que dirige Meinrad Spenger contaba con 15,4 millones de líneas totales, de las que 12,1 millones son de móvil (9,4 millones de pospago) y más de 3,3 millones de banda ancha fija. De enero a marzo, siguió sumando clientes pero a mucho menor ritmo que en 2022 (40.000 líneas de banda ancha más y 131.000 nuevas líneas de pospago móvil). El trono de la portabilidad (el procedimiento que permite cambiar de compañía conservando el número) le ha sido arrebatado por Digi desde el año pasado. La operadora rumana, con sus ofertas simples a precios imbatibles, crece a un ritmo de más del 30%, tanto en ingresos como en captación de abonados.

Cuatro agrupaciones de empresas se han presentado al concurso público abierto por la Diputación para adjudicar la construcción del futuro puente entre Barakaldo y Erandio (bautizado como ‘All Iron Zubia’). La pasarela, que será móvil y dará servicio a peatones y bicicletas, aspira a impulsar la movilidad sostenible entre ambas márgenes de la ría. La licitación, que no va a quedar desierta, se va a resolver de manera inminente, ya que se han abierto todos los sobres con las diferentes ofertas. También se ha elaborado el informe técnico de evaluación de cada una de ellas. Tan solo resta aplicar una serie de fórmulas matemáticas para determinar la puntuación final de las propuestas. En cabeza del proceso figura la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por la constructora Cycasa, construcciones Adolfo Sobrino, SATO y Asfaltos Olarra. Este conglomerado ha obtenido una puntuación en la parte técnica de 79,75 puntos, mientras que su oferta económica ha sido de 21 millones de euros (IVA excluido). La adjudicación está entre esta UTE y la que forman Comsa y el grupo Campezo, que ha logrado 74 puntos. La proposición económica de esta última, no obstante, es ligeramente mejor, ya que asciende a 20,3 millones de euros. Es decir, si es elegida, las arcas forales se ahorrarían 700.000 euros. En ambos casos, las compañías se han comprometido a ejecutar el proyecto en un plazo máximo de 30 meses. De esta forma, la pasarela podría estar lista a principios de 2026. Sin apenas opciones, en tercer y cuarto lugar del concurso, se sitúan una UTE formada por Bycam, Intxausti y Ferrovial (59 puntos y una oferta de 20,17 millones), y Viuda de Sainz y Acciona (54 puntos y 21,4 millones).

Unai Martín, sociólogo de la UPV/EHU.  «El problema es que hay tan pocos jóvenes que no van a conseguir relevar a los que se jubilan», dice. " En 1994 Euskadi tocó un suelo histórico en la fecundidad. Nacieron 0,9 hijos por mujer, que es algo que no se ha dado en ningún lugar del mundo. Aunque en el imaginario colectivo parece que la natalidad lleva bajando siglos, ha aumentado casi un 50% en Euskadi entre 1994 y 2018. Digo esto porque este incremento hará que a partir de 2028 el número de mujeres en edad fértil sea cada vez mayor, con lo que la natalidad volverá a recuperarse, pero es difícil de prever porque depende mucho de cómo cambie la sociedad y si conseguimos unas condiciones dignas de vida para los jóvenes...El descenso de la natalidad se frenará a finales de 2027 o en 2028. En cuanto a la fecundidad, lo más normal es prever que se mantenga igual o que incluso suba, porque cada vez hay más conciencia social de que es necesario hacer algo. Hace falta que haya una voluntad política real y que hagamos cosas que realmente sean eficaces...Ayudar a la emancipación es positivo, pero la fórmula que ha elegido el Gobierno Vasco es poco efectiva. Todas estas ayudas de 300 euros al mes se acaban diluyendo.  La vida cambia mucho y la gente joven quiere tener una situación de seguridad para tener hijos. Para eso necesitas perspectivas de futuro, lograr un trabajo y poder acceder a una vivienda, pero no que te den 300 euros durante dos años. Se necesitan medidas estructurales que cambien el modelo. Atacar la precariedad laboral y un mercado de vivienda en alquiler realmente accesible, no que durante unos meses te den una ayuda para alquilar un piso. Hay también un tema importantísimo, que es la igualdad de género en el cuidado. Hay mucha evidencia que demuestra que cuando en el hogar hay un reparto más equitativo del cuidado, la natalidad es mayor..."

Rectores de las universidades españolas y responsables de CCAA están «muy preocupados» por la entrada en vigor de la reforma de las pensiones, el próximo octubre, que obligará a las empresas a cotizar a la Seguridad Social por todos los alumnos que realicen prácticas. Distintas fuentes advierten de que esta medida, de una «elevada carga burocrática», «pone en riesgo» la realización de «decenas de miles de prácticas» de estudiantes de universidad y de FP. Las CCAA se reunirán hoy con representantes del Ministerio de Educación y se verán mañana con miembros del Ministerio de Universidades para expresar un miedo que lleva semanas creciendo en los campus por la inminente aplicación de la disposición adicional 52 del real decreto 2/2023. «La medida obliga a cambiar las condiciones de las prácticas y se ponen en riesgo muchos acuerdos con empresas. Esto afectará tanto a universidades públicas como privadas. Estamos muy preocupados. Hay universidades que ponen mucho énfasis en la formación práctica», explican fuentes rectorales. Hasta ahora sólo se inscribían en la Seguridad Social los alumnos que hacían prácticas remuneradas. Desde octubre lo harán todos, tanto si las prácticas son retribuidas como sin no y tanto si son curriculares como extracurriculares. El problema no es tanto el coste para el empresario (los gastos de cotización están bonificados en un 95% y los paga el Estado) sino el trabajoso proceso que conllevan las altas y bajas a la Seguridad Social, que puede disuadir a muchas pequeñas y medianas empresas a la hora de contratar a estudiantes. Las universidades no se oponen a la medida en sí, pero temen que sus estudiantes no encuentren dónde hacer las prácticas, necesarias para graduarse mientras se cierran los nuevos convenios y se revuelve todo el papeleo. «Lo que querríamos es que no complicaran las prácticas sólo por la estadística de afiliaciones», desliza el rector de una universidad pública española. 

La medida de la creación de una línea ICO para avalar la compra de vivienda aprobada ayer por el Gobierno central pretende dar un impulso al acceso de la vivienda para los menores de 35 años. En Euskadi, alrededor de 3.000 jóvenes podrían beneficiarse de esta ayuda si atendemos al número de hipotecados por debajo de esta edad que el año pasado firmaron un préstamo para vivienda. A pesar de que el mercado inmobiliario comienza ya a dar síntomas de agotamiento por las incesantes subidas de los tipos de interés y su traslación al euríbor –índice al que están referenciadas la mayoría de las hipotecas a tipo variable–, el año pasado se firmaron en Euskadi un total de 22.872 préstamos sobre vivienda, lo que se traduce en un aumento del 8,4%, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Desde Kutxabank, la entidad con mayor cuota de mercado hipotecario en Euskadi (en torno a un 40%), aseguran que el 20% de los créditos sobre vivienda que firmaron el año pasado corresponden a clientes menores de 35 años, es decir, alrededor de 1.800 jóvenes si aplicamos estos porcentajes a la cifra que ofrece el INE. Por su parte, Laboral Kutxa, con un 24% de cuota hipotecaria en el País Vasco, sostiene que un 26,1% de todos sus créditos adjudicados el año pasado fueron firmados por menores de 35 años, en torno a 1.400 hipotecas. Así las cosas, y con estos números encima de la mesa, un total de 3.261 jóvenes vascos accedieron a un crédito hipotecario en 2022. Esta cifra coincide con la estimación preliminar realizada este pasado lunes por la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, en la que aseguró que 50.000 personas se podrían ver beneficiadas por esta medida en todo el Estado. Si extrapolamos el peso que tiene Euskadi sobre el PIB del Estado (cercano al 6%), el número de jóvenes vascos beneficiarios coincide con las cifras ofrecidas por Kutxabank y Laboral Kutxa del año pasado, alrededor de 3.000. Desde estas dos entidades bancarias aseguran, sin embargo, que es toda una incógnita conocer cuál es actualmente el número aproximado de clientes potenciales que podrían solicitar un préstamo hipotecario desde el momento en el que entre en marcha la concesiones de avales ICO por parte del Ejecutivo Sánchez.

La Generalitat también se sumó ayer a los anuncios en esta materia a las puertas de empezar la campaña de las elecciones municipales. Sin embargo, lo hace con una medida que, en palabras del profesor de economía de la Universidad de Barcelona y consultor inmobiliario, Gonzalo Bernardos, cruza una línea delicada, ya que cuestiona “un derecho constitucional que fundamenta cualquier economía liberal, la propiedad privada”. El Consell Executiu aprobó ayer un acuerdo de gobierno que, cuando esté publicado en el Diario Oficial de la Generalitat (DOGC), le permitirá comprar pisos que llevan al menos dos años vacíos si sus propietarios rechazan ofrecerlos al alquiler social. Los adquirirá por la vía de la expropiación, por lo que su precio será mucho menor al del mercado. La medida sólo afectará a los grandes tenedores –según la ley nacional de vivienda, lo son quienes poseen al menos cinco inmuebles– y a los pisos que figuran en el Registro de Viviendas Vacías de la Generalitat. Según el Govern, está formado “casi en su totalidad” por pisos de bancos o fondos de inversión, procedentes de ejecuciones hipotecarias o daciones en pago.

La firma del V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, que ayer fue aprobado también por unanimidad por CC OO, se celebrará hoy sin la presencia del Gobierno. Así lo pactaron también los sindicatos y patronal, porque quieren poner en valor lo que han hecho ellos solos y «dejarlo fuera del debate político». «No es un veto a nadie», quiso aclarar el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, pero sí supone un aviso de que las relaciones entre ambos se han ido deteriorando a lo largo de esta legislatura hasta lle- gar a un punto de máxima tensión. Así, el líder de la patronal aprovechó ayer una intervención en la radio para sacar pecho de este pacto salarial y lanzar nuevos reproches al Gobierno, al que acusó de «intervencionismo puro» por la batería de medidas que está aprobando y que suponen una «injerencia total al derecho a la propiedad». «Cada día me despierto con una noticia nueva de cómo te van a regular», recriminó el vasco, que pidió que «nos dejen en paz y tranquilos, que nos dejen trabajar». El presidente de la CEOE tiene «clarísimo» que «la injerencia respecto a los alquileres va a destrozar el mercado», aunque dejó claro que comparte la necesidad de que haya vivienda pública, pero no que «sea la propiedad privada la que tenga que sufrir». A su juicio, esta escalada de anuncios diarios solo responde a una clara estrategia electoral y no le da ninguna credibilidad. «Es increíble lo que estamos viviendo, cada día inventándonos cosas: hoy 20, mañana 40, 100… Estamos como Papa Noel en Navidad», aseguró.

La patronal CEOE calcula que, en 2023 y 2024, la revisión de los salarios pactados con los sindicatos en el V acuerdo para la negociación colectiva sea moderada entre los dos ejercicios. Es más, los empresarios esperan que en 2024 ya no haga falta aplicar una cláusula de revisión retributiva al pacto. El servicio de estudios de la confederación calcula que este año la tasa anual de los precios en diciembre puede estar entre el 4,8% y el 5,2%. Esto haría que entrase en vigor la revisión de los salarios pactada en el acuerdo, que tiene un techo del 1%. Si se cumpliese esta previsión, los precios subirían hasta 1,2 puntos más que el incremento del 4% pactado para 2023 con CCOO y UGT. Hay que recordar que el acuerdo menciona para 2023, 2024 y 2025 el IPC interanual “de diciembre” para revisar los salarios; no la media anual del IPC. Sin embargo, el servicio de estudios de la CEOE estima que la misma tasa anual de precios en diciembre de 2024 se situará en una horquilla comprendida entre el 2% y el 2,5%. Esto significa que, según el acuerdo que firmarán hoy las confederaciones empresariales y sindicales, en líneas generales ya no hará falta aplicar la cláusula de revisión salarial, porque el incremento pactado es del 3%. Esto supone que los trabajadores ganarán entre medio punto y un punto de poder adquisitivo. CEOE no ha ido más allá de 2024 en sus cálculos sobre el crecimiento de la inflación. Sus estimaciones de la evolución de los precios respecto a los salarios figuran en el documento que se entregó el pasado lunes, día 8, al Comité Directivo de la patronal, sobre la interpretación del acuerdo con los sindicatos de la negociación colectiva para el trienio 2023-2025.

El precio de los alimentos seguirá siendo muy elevado todo el año. Así lo advierten desde la patronal de los fabricantes y distribuidores (Aecoc), que asegura que el 60% de las empresas de este sector vaticinan que la tendencia al alza en los precios de sus productos continuará durante todo 2023, aunque con incrementos más moderados. Precisamente debido a la inflación, por primera vez en la historia las grandes cadenas de distribución han superado los 100.000 millones de euros de valor en conjunto al crecer un 9%. Es más, los últimos datos indican que en abril el gran consumo aumentó un 11,3% respecto al mismo mes del año anterior. Pese a este crecimiento de la facturación, aseguran que sus márgenes no lo han hecho en la misma proporción, ya que los precios se alzaron un 13%, lo que indica que la demanda se contrajo un 2% en 2022 debido a la inflación. Sobre la propuesta lanzada por de Unidas Podemos de crear un supermercado público para que los alimentos bajen de precio, fue rechazada por el director de Aecoc, Josep María Bonmatí, que argumentó que «no aportaría nada» al mercado español del sector en el que ya hay mucha competencia. «Disponemos de una fuerte competencia, tanto en número de operadores como de formatos comerciales, y el consumidor tiene una capacidad de elección enorme», consideró.

En una conferencia ante analistas, el consejero delegado de Endesa, José Bogas, dijo que la compañía no va a elevar sus objetivos para 2023, pese a haber experimentado un “extraordinario” primer trimestre. En este sentido, indicó que la compañía se siente “muy cómoda” con los objetivos aunque prevé que los resultados del resto del año no serán tan buenos. “Hay que ver cómo evoluciona el año y tenemos que ser cautos”, dijo Bogas. Para 2023, Endesa prevé que su beneficio ordinario neto se sitúe entre 1.400 y 1.500 millones de euros, de los que el 70% se destinarán a remunerar a los accionistas. A través de una nota de prensa, Bogas aseguró que “hemos iniciado un ejercicio 2023 aprovechando todas las oportunidades que un modelo de negocio de empresa verticalmente integrada, junto a una gestión acertada de múltiples variables, nos permite”, pero advirtió de que “no hay que bajar la guardia los próximos meses”. Sobre las medidas extraordinarias del Gobierno para paliar los altos precios de la energía, como el tope al gas y a la luz, consideró que deberían ser evitadas “tan pronto como sea posible” y trabajar “en las cosas realmente importantes”. Endesa está de acuerdo en proteger a los consumidores de posibles impactos por el alza de la energía, pero hay que trabajar ya en las cosas “realmente importantes” para el futuro, como incentivar las inversiones, la transición a un mix de generación de emisiones cero, la reducción de estas y la electrificación. Respecto a la propuesta de reforma del mercado eléctrico europeo, el CEO de Endesa la defendió porque no es rupturista, aunque consideró que la reforma es necesaria, pues se va a un mix de generación en el que al final todas las tecnologías serán inframarginales o renovables. 

No es sólo que haya una emergencia climática y la ONU haya pedido redoblar esfuerzos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Ni que se esté dirimiendo la supremacía mundial entre los mercados asiático, estadounidense y europeo. Está en juego la propia suficiencia energética para seguir compitiendo. El Banco de España, en su informe España y la Unión Europea frente a la crisis energética: ajuste a corto plazo y retos pendientes, incluye una serie de gráficos que son muy ilustrativos de dónde estamos y qué riesgos afrontamos si no avanzamos lo suficiente en materia de transformación y eficiencia energética. Más consumo de petróleo: España destaca por su mayor uso relativo del petróleo (gráfico 1), sobre todo en el transporte. El consumo de gas es similar al de la UE, aunque más centrado en la generación eléctrica y la industria que en las familias. Las renovables avanzan, pero mandan las fósiles: Las energías renovables, como la solar y la eólica van conquistando cada vez mayor cuota en el mercado de generación, pero hasta la guerra en Ucrania existían diferencias muy significativas en el mix de los diferentes países. Aún hoy, con una política común basada en el Pacto Verde y la Taxonomía, hay grandes diferencias de enfoque, por ejemplo, en cuanto a la nuclear. Los combustibles fósiles siguen siendo la principal fuente de energía. Mayor dependencia externa: La dependencia energética externa de España, y de la Unión Europea, ha aumentado en las últimas décadas y es mayor que la de las principales economías mundiales; llega a alcanzar cotas del 60%. 

La presidenta del BCE, Christine Lagarde, les sacó los colores a principios de marzo en su visita a España, cuando señaló la escasa rentabilidad que paga el sector por los depósitos y animó incluso a los ahorradores a cambiar de entidad en busca de más interés. Los avisos han comenzado a tener efecto y la banca se empieza a rendir a la evidencia de un precio del dinero cada vez más caro que obliga no solo a cobrar más por los créditos sino a pagar más por los depósitos. Así, el tipo de interés de los nuevos depósitos hasta a un año de plazo de la banca española saltó en marzo al 1,36%, desde el 0,76% de febrero. Son niveles que no se veían desde 2012, el año de la crisis financiera, cuando la banca estaba dispuesta a pagar de media el 2,97% por captar ahorro. Aun así, España continúa en el vagón de cola de Europa en la remuneración del ahorro. Ese interés del 1,36% aún queda un 35% por debajo de la media europea, del 2,09%, según datos recogidos por el BCE.

Ni siquiera un tiempo espléndido animó ayer el Día de la Victoria más amargo de Vladimir Putin. El centro de la capital, tan vacío de gente como repleto de policías, fue el retrato perfecto del ánimo que flota en el país en torno a la ofensiva desatada contra Ucrania hace 14 meses. El mandatario insistió, sin embargo, en supeditar el futuro de su pueblo a su empresa contra Kiev, pues aseguró a los suyos que Rusia está rodeada de enemigos que quieren su destrucción. “Estamos orgullosos de los participantes en la operación militar especial; de todos aquellos que luchan en el frente, de quien lo protege bajo el fuego y rescata a los heridos. No hay nada más importante ahora que vuestro combate. La seguridad de nuestro país, el futuro de nuestro Estado y nuestro pueblo dependen de vosotros”, manifestó Putin remarcando la identificación total del futuro de su presidencia con el futuro de Rusia. El mandatario convirtió el Día de la Victoria, que conmemora el triunfo de la URSS sobre Alemania en la Segunda Guerra Mundial, en la base ideológica de su Gobierno desde que llegó al poder hace más de dos décadas. En el 78º aniversario de la capitulación nazi, Putin insistió a su pueblo en que están rodeados de enemigos que conspiran para su aniquilación total. “Su objetivo es lograr el colapso y la destrucción de nuestro país, borrar los resultados de la Segunda Guerra Mundial, y finalmente resquebrajar el sistema de seguridad global y el derecho internacional, estrangular cualquier centro de desarrollo soberano”, afirmó Putin ante sus tropas.