20250909

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

Arteche, la compañía vasca especializada en soluciones eléctricas para la monitorización y la fiabilidad de las redes, ha cerrado el primer trimestre de 2025 con un beneficio neto de 19,9 millones de euros, un récord que supone duplicar el resultado logrado durante el mismo periodo en el ejercicio anterior. Con esta evolución, la empresa con sede en Mungia –unas instalaciones que el Ejecutivo autonómico utilizó para presentar su Plan Industria– supera con creces sus objetivos financieros, lo que le llevo a preparar una actualización de las directrices. Este salto en las cuentas responde a una combinación de factores como el incremento en las ventas, la diversificación geográfica y una política de adquisiciones que refuerza su capacidad tecnológica. La cuestión es que la facturación de Arteche alcanzó entre enero y junio los 256,2 millones, lo que supone un incremento del 13,9% respecto al mismo periodo el año anterior y supera con holgura el objetivo del 10% fijado en las guías de la compañía. Este avance confirma la senda de expansión sostenida que el grupo viene registrando desde 2022, con un crecimiento acumulado del 64% en apenas tres años. En paralelo, la contratación –el valor de los nuevos pedidos– rebasó por primera vez en un semestre la cota de los 300 millones, hasta las 302, un dato que consolida a Arteche en una posición histórica para cumplir sus ambiciones de superar los 500 millones de facturación anual. El presidente y CEO de la compañía, Alex Artetxe, aseguró ayer que la compañía, en la que el Gobierno vasco participa en un 6,4% y la Fundación BBK en otro 3%, tiene ante sí una oportunidad de crecimiento «extraordinaria» en un año que pretende cerrar con ventas entre 500 y 515 millones. La coyuntura del negocio de redes juega a favor de alcanzar este hito. 

La industria, que supone casi un tercio del PIB de la CAV, se adentra en un terreno de vacilaciones. “Las perspectivas son de un crecimiento débil, lastrado por las dificultades en la industria. Los datos de actividad del sector y las exportaciones no están siendo buenos, y es algo que se esperaba. Vendemos menos a Europa y ahora se le suma la situación creada por las políticas arancelarias de Donald Trump respecto a Europa”, advierte Pablo Martín, responsable de Economía de Confebask. “Existen problemas de tipo estructural para toda la industria, pero lo que debemos hacer, a nivel empresarial, es seguir manteniendo las inversiones y la innovación tecnológica, y ser capaces de encontrar nuevos mercados y alternativas de negocio”, expone Pablo Martín, de la patronal vasca. En su opinión, más allá de la industria, la construcción “está teniendo un año moderadamente positivo”, así como los servicios, pero advierte de que, dentro de este sector, “el turismo está cerca de tocar su techo”. “Las cifras de facturación al cierre de 2024 son buenas, pero a lo largo del año los pedidos ya han cruzado el punto de inflexión que apunta a un 2025 de menor actividad”, decía en mayo José Pérez Berdud, presidente de AFM, el clúster de la Máquina-Herramienta, en la presentación de los resultados del pasado año. “Existen muchos más factores que generan incertidumbre y preocupación, que indicadores que apunten a una estabilización en el panorama industrial”, ratificaba Xabier Ortueta, director general de la asociación, que alertaba también de la caída registrada en el volumen de pedidos, sobre todo en el subsector de la deformación. 

El despliegue de las renovables en Álava suma nuevas resoluciones. La Diputación concedió ayer sus permisos ambientales a cuatro parques fotovoltaico de pequeño tamaño en el territorio y cerró la puerta a uno. Avanzan las plantas Lantarón, Comunión I, Comunión II y Comunión III, que encarrilan así su encaje urbanístico a la espera de finalizar sus últimos trámites y obtener la licencia de obra. Por contra, el parque de Armiñón se encalla en esta fase. El ‘no’ a este último equipamiento llegó desde el Ejecutivo de Ramiro González por varias cuestiones. Aunque una de ellas, sorprendentemente, es que el encaje del proyecto –un pequeño huerto solar de poco más de un megavatio de potencia– no cumple con el PTS de Energías Renovables, el plan sectorial del Gobierno vasco que dictará dónde se pueden poner centrales ‘green’ y dónde no. Se trata de un documento exhaustivo que delimita bastante bien el encaje de estos equipamientos, pero de momento sólo tiene una aprobación provisional, no la definitiva. Según el análisis de los técnicos forales, el 70% del huerto solar se ubica en zonas de aptitud ‘muy baja’ de acuerdo con el PTS de renovables y en suelos de alto valor estratégico, lo que hace inviable colocar paneles fotovoltaicos en esta zona. 

Euskadi se mantiene en el podio de las comunidades autónomas que más gasto por habitante hace en políticas sociales, con 4.343,5 euros, solo por detrás de Navarra, líder estatal con un esfuerzo de 4.500 euros por persona en sanidad, educación y servicios sociales. La pandemia obligó a todas las instituciones a reforzar sus políticas sociales, aunque el informe ‘Inversión en Políticas Sociales’ publicado ayer por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales señala que ese aumento de los presupuestos sociales ha sido desigual. Teniendo en cuenta el crecimiento del último quinquenio (20192024), Euskadi ha aumentado en un 28,12% su inversión en políticas sociales, la décima comunidad al respecto, por encima de la media estatal (25,13%). En el gasto por habitante, los mencionados 4.343 euros superan los 3.277 de la media española y están lejos del gasto de Cataluña y Madrid, con 2.940 y 2.702, respectivamente. Destaca que Navarra, líder de este apartado, sea la comunidad con el menor porcentaje que dirige de su presupuesto a políticas sociales, un 47,6% por el 63,8% de Euskadi. En sanidad el País Vasco, con 2.222,7 euros por habitante, es el segundo que más gasto hace solo por detrás de Asturias, también con diferencias muy grandes sobre Cataluña (1.457) y Madrid (1.415). La CAV lidera el apartado en educación. 

A un día de que se celebre el Pleno crucial para el futuro de la reducción de la jornada laboral, Gobierno y sindicatos comienzan a labrar el terreno ante la posibilidad de que la medida caiga en saco roto en caso de que prosperen las enmiendas a la totalidad presentadas por Junts, PP y Vox. Ayer, los sindicatos anunciaron un proceso de movilizaciones que iniciarán en el día de mañana, antes de la votación en el Congreso de los Diputados. “Una pesadilla” es lo que auguran los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, para los partidos que se opongan a la implantación por ley de las 37,5 horas semanales. La estrategia de los sindicatos pasa por calentar la calle y elevar la presión sobre las formaciones políticas bajo la premisa de que la reducción de jornada es un “clamor social” y cuenta con el apoyo de la mayor parte de la ciudadanía –y de forma transversal a todos los espectros ideológicos–, si bien los líderes de UGT y CCOO reconocen que la prematura votación que se produce solo una semana después de la apertura del curso político deja poco margen de maniobra. Por lo pronto, para mañana hay convocadas manifestaciones en todos los municipios y comunidades autónomas de España con el punto álgido de la movilización en Madrid en la Plaza de las Cortes por la tarde, sobre las 16.00 horas, en el mismo momento en el que se esté votando las enmiendas a la totalidad del proyecto de ley.

Junts per Catalunya comunicó ayer al Ministerio de Trabajo su voluntad de mantener la enmienda a la totalidad que impide la tramitación de la reducción de la jornada laboral que se vota mañana en el Congreso. La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, trasladó esa decisión al secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, según fuentes parlamentarias. La intención de la ministra del ramo, Yolanda Díaz, en cualquier caso, es no retirar del orden del día ese proyecto, que pretende rebajar la jornada laboral a 37,5 horas semanales después de más de 40 años congelada. La vicepresidenta llegará hasta el final con el objetivo de que todos los grupos parlamentarios se retraten en la votación. El nuevo curso político comenzará con un revés para el Gobierno y, especialmente, para el socio minoritario de la coalición, Sumar, que ha hecho de este proyecto la propuesta estrella del Ministerio de Trabajo. Además de Junts, lo previsto es que voten no el PP, Vox y Unión del Pueblo Navarro.

Además de la reducción del tiempo de trabajo, están pendientes de someterse a votación en el Congreso en los próximos meses, la aprobación de los nuevos tramos de cotización para autónomos y de un nuevo aumento del salario mínimo; el estatuto del becario; o novedades en materia de jubilación reversible y para el retiro de los funcionarios, entre otras cuestiones. Según fuentes de CEOE, todas las normas laborales que están en el aire “están impactando de manera muy negativa a las inversiones de las empresas y dañando el tejido productivo español”. Y añaden “el más que posible impacto en la inversión extranjera en España, que según los últimos datos estaría migrando hacia otros destinos. Reducción de la jornada. La norma en tramitación que más inquieta a los empresarios es la reducción de la jornada máxima legal a 37,5 horas en cómputo anual y sin recorte salarial. Lo que sí aprobará el Ministerio de Trabajo, en el caso de que el Congreso tumbe la semana de 37,5 horas, será un endurecimiento del registro horario en las empresas, para hacerlo obligatoriamente digital e interoperable con la Inspección de Trabajo. Estatuto del becario. El estatuto del becario es otro de los proyectos normativos que, al igual que el de la reducción de jornada, se pactó solo entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos y se ha quedado atascado en su tramitación posterior. El texto que departamento de Díaz quiere sacar adelante pretende regular las prácticas formativas y fija un máximo 480 horas, la compensación obligatoria de gastos, la fijación de un máximo del 20% de becarios por empresa. La única parte de esta normativa que sí ha logrado salir adelante es la cotización a la Seguridad Social de los becarios, obligatoria desde el 1 de enero de 2024 aunque no reciban remuneración. Salario mínimo. Una de las próximas citas de Trabajo será convocar nuevamente a empresarios y sindicatos para abordar una nueva subida del salario mínimo, ahora situado en 1.184 euros mensuales en 14 pagas. No obstante, y tras un incremento del 61% de esta renta desde 2018, el suelo salarial podría situarse ya en el 60% del salario medio, lo que ha llevado a Trabajo a plantear un diseño automático de la revalorización anual e incluirlo en el Estatuto de los Trabajadores. De no llegarse a un acuerdo con los agentes sociales, el Gobierno tendría dos opciones: intentar sacar adelante una norma que automatice el alza del salario mínimo, con la consiguiente dificultad de que se apruebe en el Parlamento; o, volver a decretar el incremento de esta renta que considere oportuno para 2026, tras escuchar lo que tengan que decir patronal y sindicatos...

Las subidas salariales que se están aplicando tanto en los convenios colectivos como en las franjas inferiores afectadas por el incremento del salario mínimo interprofesional –se revalorizó un 4,4% a principios de año hasta situarse en los 1.184 euros mensuales–, sumado al alza de cotizaciones sociales por el destope de las bases máximas y el recargo del mecanismo de equidad intergeneracional son el combustible perfecto para el impulso que han experimentado los costes laborales en España en el segundo trimestre del año. Concretamente, el coste por hora trabajada subió un 5,4% entre los meses de abril y junio de 2025 respecto al mismo periodo del año pasado, tasa 3,5 puntos superior a la del trimestre previo y la más elevada desde el tercer trimestre de 2024. Con este repunte, el coste laboral encadena 16 trimestres de alzas interanuales. Por componentes, el coste salarial se incrementó en el segundo trimestre un 5,1% en relación al mismo trimestre de 2024, en tanto que los otros costes –donde se incluyen las cotizaciones a la Seguridad Social– subieron un 6,2%. Por su parte, el coste laboral excluyendo pagos extraordinarios y atrasos, creció un 5,6% interanual, según los datos del Índice de Coste Laboral Armonizado (ICLA) publicado ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Entrevista con Carlos San Basilio Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). " Las opas bancarias siempre son largas. Estamos viendo otros ejemplos en Italia y Alemania. Nosotros adoptamos la decisión de aprobar el folleto cuando tuviese toda la información relevante como el dictamen de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y el acuerdo del Consejo de Ministros. Luego se añadió la venta de TSB y el reparto del dividendo... Una vez resuelto todo ello la CNMV ha hecho un trabajo muy meticuloso, muy riguroso y en un tiempo muy reducido...No hay excepción. Si se queda entre el 30% y el 50% y quiere seguir adelante debe lanzar una opa por el 100% con opción en efectivo y a un precio equitativo conforme a lo establecido en la legislación..."

El director de operaciones de Stellantis en Europa, Jean-Philippe Imparato, hizo ayer un llamamiento a la Unión Europea para pasar «urgentemente» del diálogo a las acciones estratégicas, empezando por la revisión de los objetivos de emisiones de carbono europeos, que tildó de «letales». En el marco del Salón del Automóvil de Múnich, Imparato avanzó de cara a la reunión del viernes entre los principales actores del sector automovilístico y la Comisión Europea que el propósito que llevarán a la mesa «es muy simple. Hemos estado hablando y creemos que ahora es el momento de actuar, de forma rápida y, si es posible, antes de final de año». El directivo considera que las exigencias a la industria de automóvil europea en materia de reducción de emisiones de dióxido de carbono junto a la electrificación ha llevado al parque automovilístico a un punto muerto. Según señaló, «la edad media del parque europeo aumenta un mes cada año», ya que «la gente no se compra coches nuevos». En estos momentos, la media llega a los 12 años de antigüedad, algo que, a su juicio, es «insostenible».

Seat no se electrificará en el corto y medio plazo. Así lo ha aseguró ayer el nuevo líder de la compañía, Markus Haupt, que fue nombrado consejero delegado interino de la automovilística tras la abrupta salida de Wayne Griffiths en marzo. “Hoy día es imposible hacer un coche eléctrico con Seat si queremos ganar dinero”, afirmó el directivo en una entrevista con un reducido grupo de medios españoles en el marco del Salón del Automóvil de Múnich, donde la compañía ha presentado el Tindaya, un showcar del que Cupra asegura que no se quedará en un mero concepto, sino que se llevará a la realidad, pero “a principios de la próxima década”. Haupt avanza que Seat ni siquiera hará su propia versión del coche eléctrico de 20.000 euros que Volkswagen proyecta para 2027 y que se ensamblará en Portugal. “Si Volkswagen vende a ese precio, ¿a cuánto debe vender Seat?”, reflexiona el consejero delegado, al que probablemente se le quite la etiqueta de interino en las próximas semanas. “Seat a día de hoy es un complemento ideal para Cupra, porque están en segmentos diferentes, dirigidos a clientes distintos”, afirma Haupt, quien sin embargo tiene claro que “el futuro tiene que ser eléctrico”.

Dos años. Es lo que ha tardado la empresa eslovaca InoBat en recibir el primer apoyo público para su megaproyecto industrial en España, que contempla la puesta en marcha de una gigafactoría de baterías para vehículos eléctricos en Valladolid y un centro de I+D en Salamanca, con una inversión vinculada de unos 3.000 millones de euros. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fue el encargado de anunciar un paquete de ayudas por más de 54 millones de euros –53,8 millones en subvenciones y 456.000 euros en préstamos blandos– para el proyecto de InoBat en Castilla y León, que había sido rechazado en las convocatorias anteriores del Perte del Vehículo Eléctrico (VEC). La empresa eslovaca recibirá, por tanto, un impulso público de más de 54 millones en el marco de la tercera convocatoria del Perte VEC, una cifra considerable, aunque bastante inferior de los 200 millones a los que aspiraba inicialmente la compañía, que se decantó por España tras sopesar otras posibles localizaciones en Europa para su nueva gigafactoría.

Eliminar el impuesto sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos y mantener la tasa Enresa es la propuesta de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) en el pulso que mantienen las titulares de las centrales y el Gobierno en torno a la fiscalidad que soporta esta energía y que mantiene el debate sobre una posible prórroga del parque atómico en punto muerto. Con el foco en la central de Almaraz (Cáceres), cuyos reactores serán los primeros en apagarse según el calendario pactado, el ‘think tank’ sugiere «revisar las cargas regulatorias o fiscales heredadas de circunstancias pasadas», como el gravamen sobre la producción nuclear que surgió para contribuir al aseguramiento de la sostenibilidad financiera del sistema de ingresos y pagos regulados en un contexto de alto déficit y deuda como fue el año 2012. «Los impuestos específicos sobre la nuclear generan 251 millones de euros anuales, pero la deuda eléctrica que los justificaba está casi extinguida», argumenta el trabajo firmado por Diego Rodríguez (UCM y Fedea). A su juicio, mantener un impuesto diseñado para un problema ya resuelto no tiene sentido económico ya que los costes anuales de amortización de la deuda se reducen «radicalmente» desde 2026 y prácticamente desaparecerán en 2027.

Telefónica ha pedido a la Comisión que los Estados miembros den prioridad a la contratación de empresas europeas frente a los gigantes estadounidenses de la nube como Amazon, Google y Microsoft como medida para reforzar la soberanía tecnológica. Esta recomendación se aplicaría sobre todo para los datos críticos en un movimiento que evidencia la creciente tensión entre la industria tecnológica europea y de EEUU. En concreto, el operador propone introducir un «principio de preferencia europea» en licitaciones públicas para la nube, favoreciendo su contratación siempre y cuando sea «razonable» desde un punto de vista operacional y financiero. «Este principio debería reforzarse a través del concepto de nube soberana en una serie de casos bien definidos donde la privacidad de los datos y la seguridad es crítica)», señala el texto y que el grupo envió en el marco de la consulta europea para una Ley de IA y Nube. En la práctica, esta medida supondría que las empresas europeas tendrían mayor capacidad para disputar y ganar los principales contratos públicos para almacenar los datos críticos de los ciudadanos y, especialmente, aquellos relacionados con aspectos de seguridad nacional en un contexto de cada vez mayor desconfianza con Estados Unidos. En estas categorías entran no solo los datos de Defensa, sino también sanitarios o fiscales. El debate llega además en pleno revuelo a nivel nacional por el uso de Huawei en infraestructuras críticas públicas.

La ya tensa relación entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, entró ayer en una nueva fase. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, anunció poco después del mediodía la llamada a consultas de la embajadora en Tel Aviv, Ana Solomon, una de las medidas más severas que pueden darse en el ámbito diplomático antes de la ruptura definitiva de relaciones. A pesar de que Israel ya hizo lo propio después de que España reconociera el Estado palestino en mayo de 2024 y mantiene vacante el puesto que ocupó su última embajadora en Madrid, Rodica Radian-Gordon, hasta ahora el Ejecutivo había evitado una reacción tan drástica para tratar de mantener una mínima capacidad de mediación. Esa actitud, ha provocado constantes presiones de sus socios tanto en el Consejo de Ministros, en el caso Sumar, como desde fuera, por parte de Podemos. Pero las cosas han cambiado.

“Existe un nivel de concentración del riesgo bursátil y del riesgo geopolítico nunca visto”. “Mi duda es si las tecnológicas podrán rentabilizar las enormes inversiones que están haciendo”. Nicolai Tangen, primer ejecutivo del mayor fondo de pensiones del mundo, el Norges Bank Investment Management (NBIM), advirtió este fin de semana en una conferencia en Londres que la Bolsa afronta el momento de mayor riesgo de su historia, pero su firma debe “seguir bailando” en el mercado porque el mandato de su país es tener una cartera totalmente invertida “con una visión a muy largo plazo y bien diversificada a nivel global”. El consejero delegado (CEO) del fondo soberano noruego afirmó en una charla durante el FT Weekend Festival que con todo lo sucedido en el último año (aranceles y otras medidas poco ortodoxas de Donald Trump, además de la intensificación de varios conflictos bélicos), los índices podrían estar un 30-40% por debajo de su nivel actual, según los escenarios manejados hace un año por sus equipos de análisis.

El bloque de izquierda y sus 88 escaños garantizan la continuidad al frente del Gobierno de Store, aunque deberá buscar los apoyos de todos los grupos progresistas. Todo apunta a que Jonas Gahr Store continuará como primer ministro de Noruega tras las elecciones generales celebradas ayer en Noruega. Según las cifras presentadas por la Dirección Electoral y con la práctica totalidad del voto escrutado, la izquierda tiene mayoría al lograr 87 escaños por 82 del bloque conservador, aunque al cierre de esta edición los últimos parlamentarios se disputaban por un puñado de votos. Entre los partidos progresistas, el laborista de Store es el que más apoyos obtiene, con el 28,2%. Los conservadores moderados se estancan y la extrema derecha se dispara como auguraban las encuestas y ya es la segunda fuerza.

«He querido someterme a esta prueba de la verdad. Algunos de ustedes piensan que es irracional y arriesgada. Pero el mayor riesgo hubiera sido continuar como de costumbre». El primer ministro francés, François Bayrou, reconoció ayer que el último episodio de la inestable política gala lleva su firma. El responsable del Ejecutivo había decidido el 25 de agosto someterse a un voto de confianza, con muy pocas opciones de superarlo. Ayer se confirmó su derrota, que le obliga constitucionalmente a dimitir. No había ningún suspense respecto al fracaso de la extraña maniobra de Bayrou, cuyo principal interrogante es si tendrá alguna utilidad en la etapa de inestabilidad política en la que se adentra Francia. Hasta 364 diputados votaron en contra de la moción de confianza y solo la respaldaron 194. Como ya habían anunciado pocas horas después del anuncio de este escrutinio, convocado para salvar un impopular plan de austeridad (valorado en 44.000 millones de euros), los representantes de la extrema derecha de Marine Le Pen y la izquierda (Francia Insumisa, Partido Socialista, verdes y comunistas) se opusieron. Ambos bloques antagónicos suman una amplia mayoría absoluta en un Parlamento casi ingobernable. Es la primera vez en la historia de la Quinta República en la que un jefe del Gobierno se ve obligado a dimitir a causa de un voto de confianza.

La situación política de Francia ha desatado la ansiedad en Europa. Es más, «hay mucha preocupación», detallan las diferentes fuentes diplomáticas consultadas por este periódico. La caída del primer ministro francés, François Bayrou, evidencia la debilidad política de Emmanuel Macron. Y lo hace en un «mal momento», con Europa sumida en un instante especialmente complejo y cuando el presidente de Francia está ejerciendo un importante liderazgo junto al canciller alemán, Friedrich Merz. «Alemania no puede liderar en solitario», inciden las mismas fuentes, mientras que desde otro país añaden que esta situación «no facilitará las cosas en la UE», aunque mantienen su «confianza en la estabilidad del sistema político francés». Es a lo que se agarran en Europa mientras los problemas se multiplican. La guerra en Ucrania, el enfrentamiento con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la cada vez más evidente y fuerte alianza de Rusia con China, la atonía económica, la división sobre qué posición tomar en el conflicto de Gaza... La lista de frentes no hace más que crecer, y da la sensación de que Europa siempre llega tarde o, al menos, por detrás.

Con una semana laboral que ya está en las 35 horas, los conductores del Metro de Londres han emprendido su primera huelga en tres años para lograr reducirla a 32 horas. Con las negociaciones rotas, el primer ministro británico, Keir Starmer, ha exigido a los convocantes y a Transport for London (TfL) que se sienten para buscar una salida. Mucho más tráfico, más bicis de lo habitual y más gente que se desplaza a pie o corriendo, mayor uso del taxi, así como paradas de autobús llenas son algunas de las imágenes que se vieron ayer en Londres, donde el metro registra diariamente más de tres millones de usuarios. El servicio comenzó a verse afectado el domingo y la mayoría de estaciones cerraron ayer, primer día de vuelta a los colegios tras el verano. El Metro reanudará su actividad el próximo viernes a las 8:00 horas. Ayer, únicamente funcionaron la Elizabeth Line (conecta el aeropuerto de Heathrow con la City y opera sin conductor), el Overground, el Tram y el DLR, que vivirá su propia huelga hoy y el jueves. El autobús, que ayer salvó a decenas de miles de personas, también irá a la huelga entre este viernes por la tarde y el lunes 15 de septiembre.

Que mejor atalaya para ver las regatas de La Concha que la terraza del restaurante del Aquarium. Un amplio espacio desde donde se domina todo el campo de regateo, desde la bahía a las balizas exteriores. Adegi estrenó este encuentro el pasado domingo invitando a 400 empresarios, que disfrutaron del aperitivo que ofreció el Grupo Bokado. Charlas y saludos mientras veían el espectáculo. Recibieron a los invitados la presidenta de Adegi, Isabel Busto; el director general, José Miguel Ayerza; el adjunto a director general, Paul Liceaga; y los vicepresidentes, Maite Zubillaga, Lander Guibelalde y Juantxo Revilla, del Comité ejecutivo...Entre los presentes en representación de instituciones Mikel Jauregui, consejero de Industria del Gobierno Vasco. Entre los representantes de empresas asociadas: Almudena Isasti (Giroa); Juantxo Revilla (Grupo Cei); Asier Vitoria (Gureak); Elias Badiola (Guruzpe Turning); Karmele Ruiz (Aguas del Añarbe); José Luis González (Construcciones Amenabar); Kepa Irazusta (Sayma Consultores); Nerea Garmendia (Plastigaur); Paloma Enrique (Cebanc); Uxue Mendizabal (Aspy); Luis Artola (Bidasoa Metal); Miren Agirre (Cadereria Pako); Idoia Alija (Asemerce); Ainara Arizabaleta (Fabrika)...