20251028

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

Los actores que acompañan al industrial para comprar el 29,7% de Talgo –Gobierno vasco y las fundaciones BBK y Vital– confirmaron ayer su apoyo sin fisuras. Así se ha confirmado con los diferentes portavoces de quienes protagonizaron la famosa foto del pasado 14 de febrero. Fue cuando se alcanzó el preacuerdo con el fondo inversor Trilantic para adquirir ese 29,7% de las acciones y lograr el control de la empresa para dejar el proyecto industrial en manos del presidente de Sidenor. La operación supone un desembolso de 155 millones que podrían elevarse hasta 172 en función de la marcha de la compañía en el futuro. Ese dinero se aportará a razón de 45 millones por parte del presidente de Sidenor, la misma cantidad que desembolsará tanto el Gobierno vasco como la BBK. La alavesa Vital, por su parte, sumará 20 millones. El respaldo político, uno de los mayores activos de Jainaga en la operación, trata de fijar así una separación del proceso que llevará al industrial a declarar el 12 de noviembre ante el juez de la Audiencia Nacional, Francisco de Jorge. La imputación al empresario y a dos de sus directivos por contrabando y participación por complicidad en delitos de lesa humanidad o genocidio por la venta de acero a Israel para la fabricación de armas es una cosa que se aclarará, explican fuentes del consorcio, y no afectará a esos 110 millones que aportan el Ejecutivo y las fundaciones bancarias. La operación, explican, sigue manteniendo toda lo lógica y valor estratégico industrial.

Uno de los directivos de Sidenor encausados en la Audiencia Nacional junto al presidente de la compañía por la venta de acero a una empresa de armamento israelí es el director general. Se trata de Marco Pineda, un hombre de confianza de José Antonio Jainaga y que, además, ocupa un puesto en el consejo de administración Kutxabank. Su situación como imputado no requiere ningún movimiento en el órgano de gobierno del banco, ya que según establece el Banco Central Europeo (BCE) solamente se exigirían ese tipo de medidas en el caso de que haya sentencia o surjan más cuestiones en la celebración del juicio oral.

La Fundación BBK, accionista de control de Kutxabank con el 57% del capital, ha presentado una oferta no vinculante por la división tecnológica de Ayesa –que integra la antigua Ibermática– que valora la filial en alrededor de 500 millones de euros, incluida deuda, según coinciden varias fuentes del mercado consultadas. La Fundación BBK es la entidad sin ánimo de lucro heredera de la Caja de Ahorros Bilbao Bizkaia Kutxa (BBK) y, tras lanzar la propuesta, ha sido seleccionada como uno de los cuatro finalistas del proceso de venta puesto en marcha por A&M Capital Europe (AMCE) para vender Ayesa tras haber cumplido su ciclo de inversión en la empresa. La operación, coordinada por Houlihan Lokey y Arcano como asesores financieros, prevé la venta, por un lado, de la división de consultoría tecnológica de Ayesa y, por otro, el traspaso del área de consultoría de ingeniería. Cada una de las operaciones está valorada en alrededor de 500 millones de euros, lo que concede a Ayesa una valoración en el entorno de los 1.000 millones de euros. Según explican las fuentes consultadas, la Fundación BBK compite en el proceso de la división tecnológica contra tres gestoras de capital riesgo: HIG, Blackstone y CapVest. De los tres fondos, los dos primeros son los que habrían mostrado un mayor interés hasta la fecha. La irrupción de BBK en el proceso de venta es significativo porque supondría recuperar el control de la antigua Ibermática, integrada bajo el paraguas de Ayesa después de que Kutxabank se la vendiese a ProA Capital, que después la traspasó al grupo fundado por la familia Manzanares, actualmente en minoría en el capital de Ayesa.

La empresa centenaria Vicinay Marine, especializada en fabricación de cadenas de amarres tanto para el sector naval como para la industria petrolera y la eólica marina flotante, afronta semanas clave para su futuro. La compañía entró en preconcurso de acreedores el pasado 30 de julio, asfixiada por los malos resultados y una deuda de 140 millones de euros, y está renegociando con la banca una quita y un aplazamiento de los pagos. Dentro de este proceso, se encuentra en conversaciones avanzadas con el empresario Dámaso Quintana –uno de los fundadores y actual presidente de Haizea Wind– para que inyecte dinero y tome el control, ahora en manos de la familia Vicinay, que quedaría con una participación minoritaria. El grupo, que tiene una planta en Sestao y otra en Galdames, lleva años arrastrando dificultades. Sufrió con la pandemia; después con la guerra en Ucrania, cuando se dispararon los costes de la energía y el acero; y el pasado ejercicio las pérdidas crecieron hasta superar los 18 millones, según las cuentas de 2024 depositadas en el Registro Mercantil. Se le ha juntado que el negocio de ‘oil & gas’ ha estado parado y que la eólica marina flotante –aerogeneradores anclados al lecho marino con cadenas– no termina de eclosionar. Las dificultades de la empresa han llegado al punto de que debe dos meses de salario –julio y agosto– a sus trabajadores, que suman un total de 200 en Bizkaia, según ha denunciando el sindicato LAB. En septiembre metió a toda la plantilla en un ERTE al 100%, «sin fecha de finalización y con la posibilidad de prolongarse en el tiempo».

El movimiento liderado por el consejero delegado de Uvesco, Ángel Jareño, para adquirir la compañía de los supermercados BM ha generado gran expectación porque podría lograr, con apoyo de agentes vascos, el control de la empresa, así como mantener el modelo de negocio y los centros de decisión en Euskadi. Todo está a expensas de concretarse porque, como dice el refrán: ‘el diablo está en los detalles’, y son relevantes los elementos que quedan por cerrar. La operación, adelantada ayer por este periódico, supondría la compra de Uvesco a su accionista principal, el fondo francés Pai Partners. Este inversor cuenta con el 70% de la empresa tras su adquisición en 2021 y busca la salida con una venta por 715 millones tras el intento fallido de adquisición por parte de Carrefour el año pasado. La compra requiere de una acción conjunta en la que deberían sumar fuerzas directivos de Uvesco, la familia fundadora, y entidades como la Fundación Artizarra –creada por empresarios vascos para asegurar el arraigo de compañías–, Inveready –el grupo inversor de Josep Maria Echarri, que tiene participaciones en MasOrange, Avatel o Audax Renovables–, Kutxabank con su fondo Indar, la herramienta inversora de la EPSV Geroa y el apoyo del Gobierno vasco. A pesar de la suma de esfuerzos, 715 millones es una cantidad muy elevada para los agentes financieros de Euskadi y, para poder afrontarla, es necesario jugar con las mismas armas que utilizan los fondos. Es decir, el endeudamiento de la propia empresa que se adquiere. Así, tal y como señalan fuentes conocedoras de las negociaciones, la operación pasa por una financiación de casi 500 millones a costa de deuda sobre Uvesco. De esa cantidad, 435 millones son ‘deuda senior’ a cinco años.

La compra del grupo Uvesco (BM y Súper Amara) al fondo francés PAI Partners por directivos de la compañía e inversores vascos será, si finalmente cristaliza, la primera gran prueba de fuego para armar operaciones de arraigo en Euskadi. La Operación Uvesco, desvelada ayer en exclusiva por DV, supone, más allá de su evidente importancia dadas las magnitudes que se manejan tanto en volumen económico–más de 700 millones de euros– como en el empleo concernido (7.100 personas), una enorme prueba de fuego para eso que se quiere potenciar en Euskadi a toda costa: la colaboración entre distintos agentes financieros para sacar adelante proyectos de compra o de crecimiento de empresas estratégicas del país mediante fuentes de financiación alternativas a las tradicionales. Bajo esa idea conviven varios actores privados vascos que han visto la luz en los últimos años con esa vocación y bajo la fórmula de fondos de inversión (no pocos en Gipuzkoa) y también iniciativas públicas o público-privadas a las que el Gobierno Vasco ha traído a primera plana, como el Clúster Financiero Vasco (BasqueFIK) o la denominada Alianza Financiera Vasca. El objetivo es simple, sumar fuerzas para afianzar arraigos.

Confebask y las asociaciones territoriales se suman a un manifiesto que reclama una mejora la infraestructura eléctrica. La energía se ha convertido en una de las grandes preocupaciones de la industria. Las patronales vascas se sumaron ayer a un manifiesto, junto a otras patronales del resto del Estado, en el que piden a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que formule una propuesta de reglas para la inversión en redes eléctricas que “asegure la atención a todas las peticiones de conexión a la red y la ejecución de todas las inversiones que se incorporen a la planificación”. El Gobierno central lanzó el pasado 12 de septiembre el proyecto de Real Decreto por el que se regulan los planes de inversión de las redes de transporte y distribución de electricidad. Un texto ligado a la planificación eléctrica hasta 2030, y que ahora debate la CNMC y el propio Ejecutivo tras concluir el plazo de consulta pública. las patronales instan a la CNMC a que replantee su propuesta, ya que la la transmitida hasta ahora “limita el desarrollo de las infraestructuras eléctricas planificadas, comprometiendo gravemente la viabilidad de proyectos estratégicos industriales, de transporte y vivienda”. En el comunicado, las asociaciones empresariales denuncian la “situación crítica” de las redes eléctricas de distribución, que hace que la mayoría de las solicitudes de conexión sean rechazadas.

Seis de cada diez trabajadores vascos –unas 387.000 personas– tienen sus acuerdos al día, uno de los datos «más altos de los últimos años», según trasladaron ayer desde el Consejo de Relaciones Laborales (CRL), aunque los datos se sitúan 3,6 puntos por debajo del año pasado (entonces englobaron al 63,6%). Su incremento salarial medio se sitúa en el 3,18%, una cifra en la que el órgano estima que «muy probablemente se moverán los datos de todo 2025». El informe del CRL advierte que durante los primeros siete meses del año las jornadas no trabajadas por huelgas crecieron un 50% –se calculan 136.700 entre enero y julio–, y el número de trabajadores que habrían participado en ellas se ha incrementado cerca de un 13% (30.800). Por otro lado, entre enero y septiembre en el País Vasco se contabilizó un incremento de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) de un 35% –hay ya 239 comunicados o trasladados en el territorio–, aunque su impacto en el número de trabajadores afectados se reduce casi un 16% (5.668 en total) respecto a los tres primeros trimestres de 2024. Además el CRL refleja una bajada en la siniestralidad. Se habrían reducido un 17% el número de accidentes mortales (figuran 14 hasta septiembre) y un 11% los graves (con 114).

«Una historia de éxito compartido». Así define DHL su trayectoria en Foronda cuando se cumplen 30 años del inicio de sus operaciones en el aeropuerto. El cumpleaños llega precisamente en el momento en el que la compañía germana prepara su próximo «gran proyecto» en la infraestructura alavesa, la construcción de un hangar de mantenimiento de aeronaves para su red europea prevista para 2027. Una expansión que supondrá una inversión de más de 40 millones de euros y generará 50 empleos locales directos. Las obras de construcción, según fuentes consultadas por este periódico, esperan iniciarse el próximo febrero. Esta ampliación «reforzará aún más el papel estratégico de Foronda dentro del mapa europeo», destacó ayer la compañía. Desde su aterrizaje en 1995 en la pista vitoriana, el gigante de la paquetería ha mantenido su apuesta «contribuyendo al desarrollo económico de Álava y el País Vasco». En estas tres décadas, el ‘hub’ de DHL Express en el aeródromo de La Llanada ha pasado de contar con 40 especialistas y cinco rutas aéreas a operar más de 24 movimientos aéreos diarios y más de 60 movimientos terrestres, con una plantilla superior a los 300 profesionales y una infraestructura capaz de procesar hasta 18.000 envíos por hora. Ahora conecta Foronda con los aeropuertos de Leipzig, Colonia, Bruselas, East Midlands, Milán, Lisboa, Oporto, Barcelona, Valencia, Alicante, Sevilla y Santiago.

Zabalgarbi celebró el pasado lunes, 20 de octubre, su 20º aniversario bajo el lema ‘Zabalgarbi, 20 años de compromiso con Bizkaia’, en un acto que tuvo lugar en el Palacio Euskalduna de Bilbao y que reunió a más de 150 invitados, entre autoridades, representantes del sector, empresas colaboradoras, miembros de la sociedad civil y personal de la propia empresa. Entre las autoridades asistentes destacaron la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, la presidenta de las Juntas Generales de Bizkaia, Ana Otadui, la diputada foral de Medio Natural y Agricultura, Arantza Atutxa, y el viceconsejero de Medio Ambiente del Gobierno vasco, Josu Bilbao, entre otros representantes institucionales. Hace dos décadas, Zabalgarbi inició su actividad con un propósito claro: aprovechar los residuos que ya no pueden reciclarse para generar electricidad limpia, evitando su envío al vertedero y ofreciendo una solución energética sostenible para Bizkaia. Desde entonces, la planta ha tratado casi cinco millones de toneladas de residuos, una cantidad que llenaría ocho veces el estadio de San Mamés, y ha producido en torno al 35% de la electricidad consumida por los hogares del territorio. a esta tecnología de valorización energética, Zabalgarbi ha contribuido de manera decisiva a reducir los vertederos y las emisiones de gases de efecto invernadero, consolidándose como referente europeo en eficiencia energética y economía circular.

El presupuesto de Lanbide crecerá un 5,73%, hasta los 1.200 millones de euros (venía de los 1.135), una cifra que los sindicatos califican de insuficiente. Así lo avanzaron ayer tras el Consejo de Administración de Lanbide, un encuentro mantenido entre la parte social –con las centrales LAB, CC OO y UGT–, la representación empresarial y el propio Gobierno vasco. Tanto LAB –que votó en contra–, como CC OO –que optó por la abstención– criticaron la falta de participación en el proceso para diseñar las cuentas que solo recibieron el apoyo de la patronal. Según señalaron, los presupuestos tampoco habrían sido negociados con los 1.400 trabajadores del servicio de empleo vasco. «La dirección actúa de manera unilateral», advirtieron en LAB, «reforzando la externalización y privatización». CC OO demandaba un aumento de gasto por persona usuaria.

Justo un día antes de que el Gobierno vasco presente su proyecto de Presupuestos, la UPV/EHU pidió ayer elevar la financiación que recibe del Ejecutivo autonómico en un 50%. El equipo rectoral ha realizado una ronda de consultas internas con el objetivo de cifrar sus «necesidades». Fruto de ese análisis, la institución que lidera Joxerramon Bengoetxea anunció que, según sus cálculos, precisa de 607 millones, una cantidad considerablemente superior a los 402 que ha recibido en 2025. «Sobrevivir no puede ser un objetivo», resumió ayer la Universidad en un comunicado. Este año, la UPV/EHU ha contado con un presupuesto de 553 millones. El 73% proviene directamente del Gobierno vasco. El resto, unos 150 millones, corresponde a financiación externa, tasas universitarias...La negociación la lideran Bengoetxea, la vicerrectora de Bizkaia, Estitxu Garai, y el gerente, Javier Varona. Se han reunido con todos los partidos salvo con Vox para trasladar sus necesidades. Entre los retos más inmediatos, señalan «la transformación digital, el cuidado de las personas, las infraestructuras y la transferencia de la investigación». A modo de ejemplo, la Universidad asegura que apenas recibe 2 euros por metro cuadrado para mantenimiento; o que, por falta de medios, las notas de Selectividad se incorporan «una a una al sistema».

Artículo del vicelehendakari segundo del Gobierno Vasco. "...La sociedad de 2025 no es la misma que la del año 2000. Es una sociedad mucho más plural, más diversa, más sensible a las desigualdades, una sociedad en la que la inmigración prácticamente ha duplicado su peso demográfico y adquirido con ello un mayor protagonismo que, a su vez, ha ayudado a enriquecer nuestra cultura y promover la diversidad. Y el empleo tiene que ser también un reflejo de las sociedades en las que se desarrolla. Una sociedad en las que las tres transiciones (medioambiental, demográfica y tecnológica) nos marcan la ruta a seguir en el futuro... A más diversidad, más talento, más comodidad y seguridad de las y los trabajadores y, con ello también, más y mejor productividad. Un empleo diverso trae como consecuencia, como reza el lema del Congreso de Empleo, una sociedad más cohesionada y más próspera. Además, la diversidad no es unidimensional, es poliédrica y multidimensional, hay diversidad funcional, diversidad de género, diversidad cultural, generacional…Pero no todo están siendo buenas noticias en lo referido a la diversidad. También estamos siendo testigos, especialmente en los últimos meses, de un retroceso en el reconocimiento y promoción de la misma. Hay empresas o instituciones que han prohibido o limitado las prácticas de diversidad, porque a su vez hay un discurso e incluso políticas específicas que se están extendiendo en muchos países en contra de la diversidad. Por ello, el tema elegido para este VIII Congreso de Empleo no puede ser más oportuno: debemos reivindicar la diversidad, protegerla y promocionarla. Porque una sociedad más diversa es más rica, es más plural, es más segura, y genera más y mejores empleos para todas y todos". 

Carles Puigdemont rompió ayer con Sánchez. Pero no del todo. Prefirió dejar al presidente del Gobierno en la cuerda floja sin dinamitar del todo la legislatura española. Tras una reunión de la ejecutiva juntera en Perpiñán (Francia), el dirigente nacionalista anunció que los postconvergentes retiran el apoyo al PSOE y consuman así su amenaza de hace meses, lo que se traduce en que el Gobierno se queda en una posición de mayor debilidad en el ecuador del mandato. De esta manera, Junts pasa formalmente a la oposición, no respaldará los Presupuestos Generales del Estado, da por roto el acuerdo de Bruselas –por tanto la mesa de Suiza ya no se reunirá más–, y en el Congreso, los siete diputados postconvergentes solo apoyarán aquellas iniciativas que interesen a Cataluña. La formación soberanista, en cualquier caso, evitó quemar todas las naves de la legislatura. Puigdemont ni exigió elecciones a Pedro Sánchez ni abrió la puerta a sumarse a una moción de censura impulsada por el PP y Vox. Fuentes del partido, en cualquier caso, creen que Sánchez no tiene otra opción que adelantar los comicios. El expresidente de la Generalitat fue muy explícito con el presidente del Ejecutivo central: «Podrá ocupar poltronas, pero no podrá gobernar».

El PNV cree que el anuncio de la Ejecutiva de Junts de dar por concluido todo su acuerdo de investidura con el Gobierno de Pedro Sánchez no nos conduce «a unas elecciones mañana por la mañana» pero plantea un escenario que interpela directamente al jefe del Gobierno central a «trabajar para aunar mayorías». «Un Parlamento sin mayorías y sin presupuestos no es muy sostenible en el tiempo», opinan fuentes de este partido consultadas. La de los peneuvistas es una apelación directa a Sánchez sin críticas públicas a la decisión de Carles Puigdemont y de Junts, partido heredero de CiU, antiguo socio del PNV. Según estos medios nacionalistas vascos, la posición trasladada ayer por Junts «no hace otra cosa que constatar lo que ya se sabía: que existe una mayoría negativa en el Congreso». En su opinión, se trata de una decisión «relevante» para Sánchez, «pero habrá que ver cómo evoluciona». El PNV, al igual que EH Bildu, sí se mantiene como aliado aunque ha elevado la exigencia al PSOE.

Nuevo hito para la Bolsa española en uno de los mejores años de su historia. El Ibex-35 logró ayer batir el máximo que alcanzó el 8 de noviembre de 2007 en 15.945,7 puntos. Una cota en la que quedaron reflejados los años del boom económico en España y que sería la antesala de la dolorosa caída libre que supusieron el estallido de la burbuja inmobiliaria, la caída de Lehman Brothers, la crisis de deuda soberana en Europa y, más recientemente, la pandemia, los conflictos geopolíticos y la guerra arancelaria. Casi dos décadas después, el indicador cerró ayer en 16.000,20 puntos, tras una subida del 0,87% con la que dejó de ser uno de los pocos parqués europeos que no había logrado lamerse por completo las heridas abiertas hace ahora 18 años. En este tiempo, la composición del selectivo ha variado mucho. Pero el original peso de los bancos ha sido un factor determinante para la recuperación. El sector lleva años empujando las subidas del mercado, al calor de un ciclo de tipos altos por parte del BCE hasta que el organismo comenzó a bajarlos en junio de 2024. Lejos de amedrentarse con el giro de la política monetaria, los inversores han seguido apostando por el sector, llevando sus cotizaciones también a zona de máximos ante su capacidad para compensar el impacto en márgenes de las rebajas del precio del dinero con mayor actividad comercial. 

La evolución de la economía española, cuyo crecimiento desde 2021 se consolida como el más vigoroso de la zona euro, no ha sido el factor más determinante de la recuperación del selectivo. “Los factores globales siempre pesan más que los locales”, asegura Nicolás López, director de análisis de Singular Bank, que recuerda que “la economía española es muy cíclica”. El Ibex y el PIB no siempre han ido de la mano. Por ejemplo, mientras la economía crecía al 6,4% en 2022, el Ibex perdía un 5,4%. En cambio, las fuertes caídas del PIB entre 2009 y 2013 por el impacto de la gran crisis financiera (ver tabla adjunta) sí que pasaron una gran factura a la Bolsa española y a su sector estrella, la banca, dejando muy atrás al mercado español respecto a los grandes europeos. Hay desequilibrios desde el lado de la productividad o los salarios, pero la economía española vive un momento de estabilidad. Pero “desde la pandemia, la generación de rentas y la gran aportación de liquidez de los bancos centrales han permitido al Ibex 35 hacerlo mejor que el resto de grandes índices europeos”, recuerda Ramón Forcada, director de análisis de Bankinter. Ahora, con la expectativa de un enfriamiento del crecimiento hasta niveles alrededor del 2%, el reto de la Bolsa española será seguir aprovechando el viento de cola.

Las exportaciones han sido, y siguen siendo, uno de los grandes motores de impulso de la economía española, mostrando una notable resiliencia en los últimos años, a pesar de que el proteccionismo y las barreras al comercio han crecido de forma muy significativa desde 2019; esto es, aun antes del retorno de Donald Trump a la Casa Blanca, cuya Administración lo que sí ha hecho ha sido agudizar, y mucho, esa tendencia. Se estima que “España se enfrenta a un aumento del proteccionismo en sus exportaciones al resto del mundo de un orden del 10% en 2025”. Así lo recoge el informe del Instituto de Estudios Económicos (IEE) La incidencia en la economía española de las subidas arancelarias. Índice de Barreras Comerciales 2025, presentado ayer y en el que se pone de manifiesto que si bien los aranceles, que son el “componente más relevante que soportan las empresas españolas”, se han incrementado un 13% en 2025 respecto a 2019, las barreras no arancelarias se han disparado un 45% en ese periodo. Con este telón de fondo, y pese a que la exposición directa de España a EEUU es relativamente acotada, al menos en comparación con la de otros socios europeos (las ventas españolas a Estados Unidos representan el 1,2% de su PIB frente al 2,9% que suponen para la UE o el 3,7% que alcanzan en el caso de Alemania), el impacto que la ofensiva arancelaria puede tener sobre el PIB español no es desdeñable. De acuerdo con el informe del think tank de CEOE, la subida de tasas podría restar entre una y dos décimas al PIB español en 2025 y hasta cuatro décimas en 2026; esto es, un zarpazo de hasta 6 décimas en dos ejercicios, si se prefiere, un daño potencial superior a los 9.000 millones de euros.

España ha experimentado en los últimos años un boom de bajas laborales que ha sido paralelo a un incremento sin precedentes del número de trabajadores con contrato de sustitución. En el tercer trimestre de este año fueron 775.900 en total con un contrato temporal de este tipo «para cubrir la ausencia total o parcial de otro trabajador», lo que supone un 25% más que antes de la pandemia, según los datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA). El uso de este tipo de contrato se ha extendido al calor del aumento del absentismo laboral, que ha crecido un 85,4% desde 2019, especialmente el que se debe a procesos de Incapacidad Temporal (IT), que está en máximos. De hecho, mientras de 2009 a 2019 el peso de los contratos de sustitución sobre el total de los temporales se mantuvo constante en el 10%, tras la pandemia se ha producido un repunte hasta suponer en torno al 25% del total. Los eventuales se han mantenido estables y el uso de los de obra y servicio –muy limitado por la reforma laboral– se ha reducido del 40% a entorno al 12%. Son un tipo de contrato en el que se recurre mayoritariamente al género femenino: del total de empleados en esta situación, 548.100 son mujeres y 227.700 son hombres, con un incremento del 26% en las primeras y del 23% en los segundos.

El Gobierno español se ha unido al amplio grupo de países europeos que han incumplido y dejado pasar el plazo otorgado por la Comisión Europea para reunir los requisitos que dan acceso a tiempo al llamado Fondo Social para el Clima. En el caso de España tiene asignados 6.837 millones a la espera de que se cumplan las condiciones. Se trata de una nueva ayuda comunitaria para subvencionar a hogares,. pymes y sectores vulnerables de la población en general con las que combatir el cambio climático y la pobreza energética. Es un fondo diseñado para una nueva ola de subvenciones durante el período 2026-2032 para paneles solares, cambios de calderas, vehículos eléctricos o rehabilitación de locales o viviendas. El incumplimiento de España lo certifica en una carta la directora de Mercados Europeos e Internacionales del Carbono, Beatriz Yordi, a la Xunta de Galicia , según la misiva. En ella, la eurofuncionaria española señala a la consellera de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia, Ángeles Vázquez, que «los Estados miembros deberán haber presentado a la Comisión su Plan Social para el clima a más tardar el 30 de junio de 2025. España no ha presentado oficialmente su Plan Social para el Clima a la Comisión Europea». La Xunta, que tiene proyectos por valor de 2.000 millones, sigue con especial inquietud el retraso. Fuentes del Ejecutivo de Alfonso Rueda critican la «inacción» gubernamental y alertan de que cuánto más tarde, con más lentitud podrán ayudar a, por ejemplo, personas vulnerables en medios rurales.

Amazon planea despedir a 30.000 empleados corporativos a partir de hoy, según adelantó ayer la agencia Reuters. Esta cifra supone el 10% de los casi 350.000 trabajadores de sus oficinas centrales. Se trata del mayor recorte laboral de Amazon desde que despidió a 27.000 trabajadores a finales de 2022 con la crisis de suministros, que retrasó la llegada de microprocesadores y ralentizó la actividad. La compañía prepara un plan para reducir gastos y compensar la sobrecontratación durante el pico de demanda de la pandemia, según han desvelado tres personas familiarizadas con el asunto a Reuters. Amazon ha estado reduciendo poco a poco su plantilla en distintas filiales durante los últimos años, incluyendo dispositivos, comunicaciones, podcasting y otras. Los recortes que comienzan esta semana podrían afectar a diversas divisiones dentro de Amazon, incluyendo recursos humanos (conocidos como experiencia del personal y tecnología), dispositivos y servicios, y operaciones, entre otras, según las fuentes recabadas por Reuters. La compañía pidió el pasado lunes a los gerentes de los equipos afectados que recibieran formación sobre cómo comunicarse con el personal una vez que empezaran a enviarse las notificaciones de despidos.

Estados Unidos confía en que China aplace la entrada en vigor de sus nuevas restricciones a la exportación de tierras raras, una maniobra que, según espera Washington, allanaría el terreno para que el jueves los presidentes Donald Trump y Xi Jinping acuerden una ampliación de la tregua comercial entre los dos países, que expira el próximo 10 de noviembre. El posible aplazamiento llega tras dos días de conversaciones entre los equipos negociadores en Kuala Lumpur (Malasia), que han reavivado las expectativas de un entendimiento entre las dos mayores economías del planeta, enfrascadas desde hace meses en una guerra arancelaria que ha hecho tambalearse a los mercados globales. Trump, que aterrizó ayer en Japón, segunda parada de su gira asiática, también se mostró optimista de cara al previsible encuentro de este jueves con su homólogo chino. A bordo del Air Force One, y tras dejar atrás Malasia, afirmó que podría sellar un acuerdo final sobre TikTok el jueves y que obtuvo una “aprobación provisional” del presidente chino, según la agencia Reuters. Sobre la popular aplicación de vídeos pende una prohibición del Congreso, y se enfrenta a la decisión de desgajar la propiedad de ByteDance, su matriz china, para poder seguir operando en EE UU. El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, aseguró el domingo a la cadena de televisión ABC News que espera que Pekín posponga durante un año la aplicación de los controles sobre las tierras raras, es decir, mientras revisa los detalles y el impacto de la medida antes de ponerla en marcha. 

En los 80, reformar la economía. En los 2000, abrirse al mundo. Ahora, alcanzar la autosuficiencia tecnológica. La superpotencia asiática ahora busca redefinir su estrategia industrial con la autosuficiencia tecnológica como pilar de su poderío y soberanía nacional. Este es el propósito que abraza el próximo plan quinquenal, el decimoquinto del país desde 1953, que los líderes chinos discutieron la semana pasada. El proceder, sobre el papel, es fácil de explicar: para reducir aún más la dependencia de EEUU, hay que invertir mucho más dinero en tecnología y manufactura avanzada. Esta fue la idea que el lunes transmitieron los funcionarios del Partido Comunista (PCCh) en un encuentro con empresarios del parque tecnológico de Shanghai, a quienes prometieron que el Gobierno destinará muchos más recursos sobre todo en la fabricación de chips avanzados. «En menos de 10 años, superaremos a EEUU en el desarrollo de estos semiconductores», aseguraba uno de los funcionarios. Todos los focos en China están puestos ahora en ir conociendo más detalles de la hoja de ruta para los próximos cinco años. Sólo China ha sido capaz de mantener sistema de planificación centralizado durante más de siete décadas. «China elaborará planes prospectivos para las industrias emergentes y promoverá áreas como la tecnología cuántica y la biofabricación que pueden convertirse en nuevos motores de crecimiento. Esperamos que estos sectores ganen un fuerte impulso y que el nuevo sector tecnológico tenga un potencial de mercado de 10 billones de yuanes (más de un billón de euros)», explicó Zheng Shanjie, jefe de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, el principal planificador económico del país asiático.