20251029

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

Educación y Salud se llevan la mitad de los 16.378 millones de las Cuentas, y los departamentos que tienen más subida, superior al 6,5%, son Vivienda, Universidad y Seguridad. También se hace un especial apuesta por la industria. Así las cosas, el esfuerzo inversor se mantiene gracias a un recurso al endeudamiento de 2.234 millones, un 81% más que lo recogido en el proyecto anterior. Al final de 2026, las arcas de Euskadi quedarán con un debe de 12.255 millones, un 11,9% del PIB. Vivienda: 482,2 millones Construir más pisos públicos y fortalecer las ayudas. Salud: 5.327,6 millones Absorbe uno de cada tres euros. La mayor parte de esta cuantía (4.276 millones) se destinará a mantener el funcionamiento de Osakidetza. Y dentro de esta cantidad dos de cada tres euros se dedicarán a sufragar los gastos de personal de los cerca de 45.000 profesionales que trabajan en la sanidad pública vasca. Educación: 3.346,5 millones.80 millones destinados a subidas salariales. La nueva estrategia de FP estará dotada con 65 millones.Trabajo, 1.266,2 millones. El grueso de la partida para la Consejería de Economía, Trabajo y Empleo se dirigirá a Lanbide, cuyo presupuesto subirá un 6% hasta los 1.204 millones: 516 irán destinados a las labores de empleo, formación, inclusión, fomento de la contratación y servicios a empresas y otros 688 se reservarán para las prestaciones. Ciencia, 653,4 millones, 40 millones extra para universidades e investigación. Más de la mitad de la cifra total tiene como destino a la UPV/EHU, que se llevará 337 millones. Reto Demográfico: 342,5 millones El montante se reduce en 16 millones. El Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico afrontará un ejercicio en el que verá menguado su presupuesto. La consejería que dirige Nerea Melgosa, que asume las políticas dirigidas, entre otras cosas, a favorecer la emancipación, la conciliación y el apoyo a las familias con menores, dispondrá de 342,5 millones, 16,2 menos que este año. Casi la mitad están destinados a infancia, adolescencia y familias...

Traducido a euros son los mil millones de recursos a cargo de la deuda que el Gobierno ha activado este año y los 935 que prevé obtener en 2026, según se recoge en su proyecto de Presupuestos. Unos recursos con los que refuerza los fondos que tiene el Instituto Vasco de Finanzas para tomar participaciones en empresas estratégicas de gran tamaño –Finkatuz– o apoyar proyectos de inversión que ayudan a crecer a compañías vascas –Indartuz–. En total, esas dos herramientas acumularán el próximo año 950 millones –550 y 400 respectivamente–. Es el saldo con el que contarán tras las inyecciones previstas en las Cuentas de 2026 de 350 millones para Finkatuz y 65 para Indartuz. La apuesta fijó la hoja de ruta con la Alianza Financiera Vasca y el plan de inversiones presentado el pasado 1 de octubre. El Gobierno busca movilizar 4.000 millones con su inyección de liquidez y tras involucrar a entidades financieras, como Kutxabank, Laboral Kutxa o BBVA, a las fundaciones bancarias BBK, Kutxa y Vital y a las EPSV de Euskadi, que acumulan más de 30.000 millones de ahorro. Finkatuz, que nació ya en la pasada legislatura, acumulaba 300 millones que se han ido empleando en la entrada de ITP Aero con un 6% o en el refuerzo de la posición del Gobierno en CAF, donde cuenta con un 3%. Ahora es la herramienta escogida para aportar los 45 millones que el Ejecutivo suma al consorcio vasco que aspira a comprar el 29,7% de Talgo antes de que finalice el año. Otra de las operaciones que podrían analizarse es la de Aernnova. Todavía es muy pronto, pero el lehendakari la semana pasada puso la compañía aeronáutica en el radar con una visita a sus instalaciones ofreciendo su apoyo para el arraigo. Uvesco, la propietaria de los supermercados BM, es también una posibilidad que ha surgido. Mientras tanto, inversiones que sí se han cerrado son las de Arania y las de Innometal y Ohmnia Electronics.

La portavoz del Gobierno vasco, María Ubarretxena, ha desligado hoy el futuro de la operación de entrada del consorcio vasco en Talgo de la investigación judicial a José Antonio Jainaga, presidente de Sidenor, y dos directivos, por la venta de acero a una empresa israelí de armamento. "Son dos procesos totalmente distintos. Siempre hemos defendido la operación Talgo y seguiremos haciéndolo", dijo Ubarretxena, que señaló asimismo que el Ejecutivo se ha puesto en contacto con el propio empresario para solicitarle explicaciones por la imputación. En rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, Ubarretxena fue cuestionada acerca del futuro de la operación de Talgo, en de la que el Ejecutivo forma parte dentro del consorcio vasco que está cerca de cerrar la compra del 29,7% de las acciones del constructor ferroviario al fondo de inversión Trilantic Europe. De hecho, el fondo público Finkatuz, junto con la propia Sidenor, y las fundaciones BBK y Vital, componen ese consorcio. En este sentido, Ubarretxena subrayo que Talgo "es una apuesta por el futuro industrial de Euskadi" y que "la operación sigue adelante". La portavoz instó a "no hacer juicios paralelos", al tiempo que señaló que la postura del Gobierno será la de "ser respetuosos y cautelosos". "Vamos a esperar a ver qué sale del proceso judicial. Respetamos la presunción de inocencia", indicó. 

Semi Zabala ha levantado lo que aspira a ser la planta de referencia europea para la fabricación y testeo de semiconductores de potencia destinados al sector aeroespacial. El proyecto, bautizado como ‘Beyond The Power’ (Más allá de la potencia), materializa la ambición de esta empresa donostiarra de convertirse en el eslabón perdido de la cadena de suministro europea para componentes espaciales críticos. «Son semiconductores que controlan la potencia de sistemas para espacio», explica Simon Wainwright, CEO de Semi Zabala y donostiarra adoptivo originario de Liverpool. «El más típico son los sistemas de potencia de un satélite. Cuando viene la energía de los paneles solares, nuestros componentes convierten esa energía en algo útil, en tensiones y en corrientes útiles para el funcionamiento del satélite». Lo que distingue a los semiconductores de Semi Zabala de otros componentes no es solo su capacidad de operar en el vacío o las temperaturas extremas del espacio, sino su resistencia sin precedentes a la radiación solar. «Una de las cosas más especiales de nuestro producto es que es muy resistente a radiación. Puede sobrevivir a ambientes muy malos», explica Wainwright. «Si hay una tormenta solar, esas radiación puede provocar que se estropee la electrónica en satélites, pero los nuestros son más resistentes a ese tipo de efecto».

La historia tiende a cerrar sus propios círculos. Más de una década después de que Kutxabank se viera obligada a vender la emblemática enseña donostiarra Ibermática en plena resaca de la crisis financiera y bajo la presión regulatoria del Banco Central Europeo, su principal accionista, la Fundación BBK, vuelve a la escena. La entidad vizcaína ha presentado una oferta no vinculante de alrededor de 500 millones de euros por la división tecnológica de Ayesa, el grupo andaluz propietario de la firma con sede en el parque tecnológico de Miramon, según adelantó ayer ‘Expansión’ y pudo confirmar este periódico. El proceso de venta, promovido por el fondo de capital riesgo A&M Capital Europe (AMCE) –accionista mayoritario del grupo– y la familia fundadora Manzanares, encabezada por el CEO de la compañía José Luis Manzanares Abásolo, se articula en dos ramas: la de consultoría tecnológica (Ayesa IT) —donde se integra Ibermática y que supone ya dos tercios de la facturación del grupo— y la de ingeniería, vinculada al negocio original sevillano. La primera es la joya de la corona, y la que ha despertado el apetito inversor de BBK, que compite con varios fondos internacionales como Blackstone, HIG o CapVest. Según fuentes conocedoras, la valoración del negocio tecnológico ronda los 500 millones de euros, deuda incluida, y las ofertas vinculantes deberán presentarse a finales de noviembre o principios de diciembre. Si el proceso mantiene su ritmo, la operación podría cerrarse a finales de este año o durante el primer trimestre de 2026.

El portazo de Junts a Pedro Sánchez ha dejado al resto de socios de la investidura colgados de la brocha, en un compás de espera marcado por la incertidumbre sobre la duración de la legislatura y el alcance político real del tiempo que le quede al actual mandato del presidente del Gobierno. En esa tesitura, el PNV prefiere no poner paños calientes ni minimizar las consecuencias de la ruptura con Carles Puigdemont, como han hecho la propia Moncloa, PSOE y Sumar, y advierte al jefe del Ejecutivo de que, sin Presupuestos ni acuerdos de calado a la vista, la legislatura entra ahora en una «fase de agonía» a la que sólo se podría dar la vuelta si Sánchez asume su «responsabilidad», logra «recuperar la confianza» de los socios y pergeña algún consenso viable. Ya en la primera valoración de urgencia que el PNV hizo este lunes por la tarde, tras la comparecencia de Puigdemont en Perpiñán, el EBB avisó de que, en estas condiciones, seguir adelante sin mayorías ni Cuentas aprobadas «no es muy sostenible» por mucho que el Gobierno no vaya a caer «de la noche a la mañana». Este martes, en los pasillos del Congreso, la portavoz jeltzale en la Cámara baja, Maribel Vaquero, insistió en la misma idea y animó a Pedro Sánchez, si quiere realmente dotar de contenido a una legislatura «débil desde su inicio», a presentar igualmente los Presupuestos, negociarlos con los grupos y que «cada uno se retrate». 

Moncloa mantiene la consigna de «mano tendida» y «diálogo» hacia Junts, pero estos, que no veían mal esta modificación legal, ya amenazaron ayer con «tumbar leyes en barrena». La principal, los Presupuestos Generales del Estado de 2026. El Gobierno tiene «muy avanzada» la elaboración del proyecto y mantiene la intención de llevarlo al Congreso, aunque ya todos los actores políticos –excepto los dos partidos que forman parte del Gobierno– empiezan a dar por hecho que la legislatura acabará con las cuentas públicas prorrogadas desde 2023. «Son buenos Presupuestos, los aprobó este Gobierno y han permitido muchos avances sociales», reconoció la ministra portavoz, Pilar Alegría, que defendió, sin embargo, que el Ejecutivo «va a seguir sudando la camiseta». Fuente gubernamentales mantienen la idea de que han sido fieles a sus acuerdos con los de Puigdemont y que los incumplimientos del acuerdo de investidura que denuncia Junts «dependen de terceros». Por ello confían aún en un giro de guion si logran convencer a Alemania de apoyar la cooficialidad del catalán en la UE y se acaba aplicando la ley de amnistía en su totalidad. Dos de las pretensiones de los posconvergentes. «No hacemos como si no pasara nada», se defienden. Junts tendrá que negociar cuestiones que afecten a Cataluña y no descartan apoyar las que «beneficien» al territorio. Pero el secretario general juntero, Jordi Turull, advirtió al Gobierno de que notará «pronto» que la ruptura cambia la estabilidad de la legislatura. «Verán que no tienen la mayoría», señaló.

El sonoro portazo político que Carles Puigdemont ha dado esta semana a Pedro Sánchez termina por complicar la recta final de la ejecución de los fondos europeos Next Generation. El Gobierno, que ya acometía con severas dificultades y retrasos los últimos meses que le restan de plazo para aprovechar los recursos europeos, queda ahora maniatado en el Parlamento teniendo pendientes de cumplir cientos de compromisos necesarios para desbloquear los 25.000 millones de euros en ayudas no reembolsables. La decisión unánime de la cúpula de Junts de romper el pacto de investidura sellado con el PSOE, que aún deben refrendar sus bases, privará al Gobierno de coalición de siete diputados clave que fueron decisivos para investir a Sánchez. Puigdemont, líder de la formación independentista que permanece huido de la Justicia en Bélgica, afea al Ejecutivo no haber sido completamente beneficiado por la amnistía a los dirigentes del procés, no haber completado la transferencia de competencias de inmigración a Cataluña, o no haber logrado que la Unión Europea reconozca la oficialidad del catalán, junto al gallego y el euskera. En represalia, anunció el lunes el líder de Junts, Sánchez perderá su apoyo por lo que “no tendrá Presupuestos ni capacidad de gobernar”. La amenaza deja en el aire el destino de los cerca de 92.000 millones de euros, entre ayudas directas y créditos blandos del programa Next Generation, que España puede llegar a obtener cumpliendo los distintos hitos y objetivos pactados con la Unión Europea en el Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia, dentro de un calendario que concluye a cierre de agosto de 2026.

Iberdrola, la mayor energética española por capitalización bursátil, con 117.000 millones de euros, ha alcanzado un beneficio neto de 5.307 millones entre enero y septiembre de este año. Es un 3% menos que la cifra obtenida en el mismo periodo de hace un año debido al efecto de las plusvalías logradas en 2024 con la venta de activos en México. Sin éste y otros efectos extraordinarios, el beneficio se dispara casi un 17%, lo que ha llevado a Iberdrola a revisar al alza su previsión de ganancias para el conjunto del ejercicio 2025. Frente a la cifra del entorno de los 6.000 millones previstos hace apenas un mes, el grupo pasa ahora a los 6.600 millones de euros. La mejora ha llevado a Iberdrola a acelerar su carrera de retribución al inversor, estrechamente ligada a la evolución de la cuenta de resultados. La compañía ha anunciado un primer dividendo a cuenta del ejercicio 2025 de 0,25 euros por acción. Según Ignacio Galán, presidente del grupo, “gracias a las mayores inversiones en Reino Unido y Estados Unidos, el negocio de redes aumenta su resultado operativo y su generación de caja, lo que nos permite mejorar la previsión [de beneficio neto] a 6.600 millones [para 2025], con un incremento de dos dígitos”, y también “repartir un dividendo a cuenta de 0,25 euros, mientras seguimos aumentando nuestra solidez financiera”. De los 9.000 millones de euros de inversión, más del 60% corresponden a Reino Unido y Estados Unidos. Un 55% de las inversiones se ha dirigido al negocio de redes. La compañía ha destinado unos 4.904 millones a inversiones en redes, lo que supone un incremento del 12%. Ver nota Iberdrola aquí. 

Golpe a la factura de la luz. El sobrecoste del modo reforzado que Red Eléctrica lleva aplicando desde el apagón, y que consiste en intervenir el mercado a través de los llamados servicios de ajuste para incorporar más energía convencional y limitar la entrada de renovables, ha tenido hasta ahora un impacto limitado en el bolsillo del consumidor. Hasta ahora. Ayer, el día en que se cumplían seis meses desde el cero energético, Iberdrola confirmó que para el próximo año habrá traspasado a sus clientes el 70% de ese coste adicional, que ha elevado a 210 millones de euros entre España y Portugal. En el caso de España, la compañía cifra el coste de esos servicios en 180 millones de euros. La cifra abarca el periodo desde el apagón hasta septiembre y refleja solo el impacto en la electricidad comercializada por esta compañía. Según los datos que maneja el sector, el coste total de los servicios de ajuste a nivel nacional se ha situado en alrededor de 731 millones de euros en los últimos seis meses. Todo hace indicar que el traspaso «progresivo» a los usuarios no será un movimiento exclusivo de Iberdrola: el resto de empresas eléctricas harán lo mismo.

El balón está en el tejado del Gobierno. Después de semanas de tensión, las eléctricas han acordado pedir mañana formalmente al Gobierno que se posponga el cierre de la central nuclear de Almaraz hasta 2030. El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, sentenció ayer que la prórroga de la central extremeña «depende ahora únicamente de la decisión del Gobierno» ya que las tres compañías propietarias –Iberdrola, Endesa y Naturgy– entregarán formalmente la petición en la reunión extraordinaria del CNAT (la sociedad que agrupa la propiedad de la central) que se producirá mañana, según confirman a este periódico las tres compañías implicadas. «Económicamente es la mejor solución, y socialmente hay una demanda a la que dar respuesta», explicó Galán, que añadió que «ahora corresponde a la política energética del Gobierno la decisión, y ellos son los que tendrán que explicar las consecuencias». Iberdrola considera que los dos reactores de la central de Almaraz pueden seguir operando hasta 2030 sin que las propietarias soliciten una nueva licencia de seguridad. Galán reiteró una vez más que las nucleares son «seguras y necesarias». De hecho, el presidente de la empresa hizo hincapié en que ahora es una energía «mucho más importante que nunca» para poder evitar «posibles apagones y problemas en el servicio». «Se necesita a las nucleares para mantener las luces encendidas». 

El Gobierno de EE UU ha alcanzado un acuerdo con la compañía energética Westinghouse Electric Co. para construir reactores nucleares a gran escala por un total de 80.000 millones de dólares (unos 68.750 millones de euros), según adelantó ayer Bloomberg. Se trata del último esfuerzo para satisfacer la creciente demanda de electricidad que necesitan los centros de datos necesarios para el desarrollo de la inteligencia artificial. “Estos nuevos reactores revitalizarán la base industrial de la energía nuclear”, señaló la compañía en un comunicado. “Como resultado de este acuerdo histórico, el despliegue de energía nuclear será un pilar central del programa de EE UU para mantener el liderazgo mundial en el desarrollo de energía nuclear y la IA ”, añadió. EE UU busca acelerar en la carrera por la IA. La Administración de Donald Trump considera que es un sector estratégico y busca sacar ventaja frente a China. Por eso está apoyando al sector tecnológico que ha comprometido cientos de miles de millones en inversiones en este ámbito tecnológico. También ha comprometido inversiones en Intel y favorece el negocio de otros fabricantes de chips controlados por empresas estadounidenses. Pero este sector consume un gran caudal de energía y muchas tecnológicas se están decantando por construir pequeñas centrales que les suministren.

Junto con los inversores privados también está presente el Banco Europeo de Inversiones y la propia Comisión Europea. La idea del fondo, anunciado en mayo de este año, pero que todavía no se había puesto en marcha, es que haya una proporción de un euro de dinero público por cada cinco euros de dinero privado con el objetivo de levantar más de 20.000 millones de euros y convertir al Scaleup Europe Fund en el vehículo más grande del continente para este tipo de inversión. “No será un producto más. Este fondo está llamado a cambiar completamente el mercado”, aseguran fuentes comunitarias. El dinero comunitario se obtendrán del presupuesto de Horizon Europe, la partida de innovación y desarrollo tecnológico europeo que cuenta con cerca de 100.000 millones de euros. La intención del fondo es participar del capital de las empresas tecnológicas de origen europeo con mayores perspectivas de desarrollo y disrupción con el objetivo de facilitar las necesidades de financiación y recursos que habitualmente tiene que buscar fuera del mercado comunitario. En Europa, a pesar del mayor volumen de recursos de ahorro, el capital disponible para la inversión en scale ups es siete veces menor que en EEUU, lo que lleva a que las empresas emigren hacia otras regiones que sí pueden cubrir sus necesidades.

Las grandes empresas del Ibex 35 abonaron en el primer semestre del año una tasa efectiva en el Impuesto sobre Sociedades (IS) del 26,3% sobre sus beneficios durante el primer semestre de 2025. Esta cifra es el resultado de un pago agregado de 12.711 millones de euros por este tributo sobre un beneficio conjunto antes de impuestos de 48.252 millones. Destaca la contribución de los seis bancos cotizados, cuya tasa impositiva media se elevó hasta el 29,3%, situándose significativamente por encima del tipo nominal general del 25% y consolidándose como el principal pilar de la recaudación del selectivo. Así se desprende de los datos tributarios obtenidos para su Observatorio del Impuesto sobre Sociedades, elaborado por el analista Joaquín Tamames. El cálculo del tipo efectivo se elabora a partir de la información publicada por las compañías, datos que están disponibles en la web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y en la sección de inversores de las webs de las compañías. El sector financiero se consolida como el principal contribuyente, no solo en términos absolutos, sino también en porcentaje sobre sus ganancias. Los seis bancos del Ibex 35 (Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter y Unicaja) pagaron conjuntamente 7.208 millones de euros, lo que representa más del 56% del total recaudado entre las empresas analizadas. A la cabeza del esfuerzo fiscal se sitúan CaixaBank, con una tasa del 32,1%; Banco Sabadell, con un 31,7%; y BBVA, con un 31,2%. Les siguen Unicaja (29,0%), Bankinter (29,2%) y Banco Santander, que con un tipo del 26,0% se alinea con la media general del Ibex 35.

La Reserva Federal de Estados Unidos pivota de la inflación al empleo. Wall Street espera que hoy el banco central norteamericano dé un nuevo paso en la relajación de la política monetaria con un recorte de un cuarto de punto, hasta dejar los tipos de interés en el rango comprendido entre el 3,75% y el 4%. El movimiento “llega en un momento de circunstancias inusuales”, tal y como explica Mabrouk Chetouane, director global de estrategia de mercado de Natixis IM Solutions. Según este economista, “la falta de datos estadísticos sobre la situación actual del mercado laboral estadounidense complica la tarea de Jerome Powell, que indicó en septiembre que la institución estaba dando más importancia a la dinámica del empleo”. Sin embargo, con el cierre del Gobierno federal derivado del bloqueo político en la colina del Capitolio, no se han publicado los últimos datos de empleo. Tampoco han llegado a tiempo las estadísticas del PIB, pero apuntan a un crecimiento robusto, tras un alza del 3,8% en el segundo trimestre. Hace unos días, y con bastante retraso, se publicó únicamente el dato de la inflación, que escaló hasta el 3% en septiembre, su nivel más alto desde enero de este año.

Bill Gates ha sido durante años uno de los grandes defensores de la urgencia de actuar contra el cambio climático. Ayer rompió con esa imagen e hizo público un documento en el que cambia su punto de vista sobre esta cuestión e incluso rechaza la necesidad de los esfuerzos que se han realizado hasta la fecha. Por ejemplo, frente a quienes defienden la necesidad de tomar medidas urgentes contra el aumento de las temperaturas, Gates niega la mayor. «Afortunadamente para todos, esa visión es errónea. Aunque el cambio climático tendrá graves consecuencias, especialmente para los habitantes de los países más pobres, no provocará la desaparición de la humanidad. Las personas podrán vivir y prosperar en la mayoría de los lugares de la Tierra en el futuro previsible». Gates, además, considera un error cómo se está gastando el dinero a la hora de enfrentarse al cambio climático. En su opinión, tan importante como el calentamiento es la malaria o «reducir la pobreza extrema mediante mejoras en la agricultura y la salud». En su extenso ensayo sobre el cambio climático, Bill Gates apuesta por tomar decisiones prácticas, que tengan un efecto sobre la vida de las personas, y no centrarse en los datos sobre la temperatura de la Tierra. «Todo esfuerzo en la agenda climática mundial debería someterse a un análisis y priorizarse por su capacidad para salvar y mejorar vidas de forma rentable», asegura.

El repliegue de las políticas contra el cambio climático vinculado al avance de los populismos conservadores pone en riesgo la vida de millones de personas en todo el mundo, porque el calentamiento es, principalmente, una amenaza para la salud global. Es lo que resalta el noveno informe Lancet Countdown, que desde hace casi una década analiza la relación entre el calentamiento global y la salud. Para ello, los investigadores emplean una serie de indicadores, como los fallecimientos por calor, las enfermedades tropicales y los efectos de la contaminación. De los 20 que han estudiado en esta ocasión, 13 están en niveles récord. En la edición de 2025 han participado 128 expertos de 71 entidades académicas y agencias de Naciones Unidas. Este ejercicio de análisis nació en 2016, tras la firma del Acuerdo de París. Y esta es seguramente la vez en la que se mantiene un tono más sombrío, acorde a la situación geopolítica mundial. “Paradójicamente, a medida que crece la necesidad de medidas decisivas para proteger la salud, algunos líderes mundiales hacen caso omiso del creciente conjunto de pruebas científicas sobre la salud y el cambio climático, frecuentemente favoreciendo intereses económicos y políticos a corto plazo”, advierte el estudio. “La prioridad de la lucha contra el cambio climático en las agendas políticas se está rebajando: las referencias a la salud y al cambio climático en las declaraciones anuales de los gobiernos durante el debate general de la ONU disminuyeron del 62% en 2021 al 30% en 2024”, ponen como ejemplo. “El compromiso está descendiendo en algunos de los mayores emisores de gases de efecto invernadero del mundo”.