20251216

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

El Gobierno Vasco ha hecho entrega este lunes de las becas Global Training con las que 445 jóvenes van a realizar prácticas en empresa del extranjero, con un presupuesto para este año de 6,45 millones. Otorgadas por la Agencia Vasca de Internacionalización - Basque Trade & Investment del Grupo SPRI, tienen como objetivo fomentar la movilidad internacional de los jóvenes estudiantes, y es requisito indispensable tener una titulación universitaria o formación en FP de grado superior para optar a ellas. Del total de becas otorgadas, Confebask, en alianza con Adegi, Hetel y Politeknika Txorierri, gestionarán este año un total de 60. Confebask como parte del consorcio, se encarga de seleccionar a los candidatos y ajustar su perfil académico con la demanda de empresas concretas del extranjero. En esta ocasión, los becarios seleccionados irán a firmas ubicadas en Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chile, China, Chipre, Corea del Sur, Francia, Grecia, Indonesia, Irlanda, Italia, Malta, México, Países Bajos, Perú, Portugal, Reino Unido, República Checa y Tailandia. Entendida como una experiencia de ‘ida y vuelta’, desde Confebask, su director de Formación, Talento y Empleo, Asier Aloria, destaca la “apuesta decidida de Confebask por la formación de los jóvenes en la empresa, en este caso, en el extranjero. Se trata de una gran oportunidad, primero para los jóvenes, pero también para las empresas, porque contribuye a generar el talento tan necesario para nuestro tejido productivo”. Ver más en Confebask

El presidente de la Fundación BBK, Xabier Sagredo, deja el cargo. Así lo reconocieron ayer fuentes cercanas a la entidad, aunque su marcha se oficializará mañana, cuando lo traslade al patronato. Sagredo ha alegado «motivos profesionales» para esta decisión, que ya venía anticipando al apuntar que había terminado su ciclo. Accedió al puesto en 2013, en sustitución de Mario Fernández, y pilotó la transformación de la caja vizcaína en fundación bancaria, manteniendo el control de Kutxabank y una fuerte apuesta por la obra social. «Soy una persona de etapas, tengo muy claro cuándo será mi salida», dijo en una reciente entrevista con El Correo en la que ya avanzó en cierto modo su marcha. Sagredo defendió que había cumplido sus objetivos al haber reducido la dependencia de BBK del dividendo de Kutxabank y de esta manera permitir al banco, del que posee un 57%, ser autónomo para liderar fusiones. «Puede ser predador y no presa», afirmó. También sacó pecho de haber logrado que toda la obra social, con un presupuesto de 53 millones, se financie de forma autónoma, sin necesidad de la retribución del banco. El economista, nacido en Portugalete en 1972, accedió a la presidencia de la BBK en 2013, dos años después de que se hubiese materializado la fusión de las tres cajas vascas –BBK, Kutxa y Vital– para crear Kutxabank. Era un momento muy difícil en el que los ‘hombres de negro’ de Bruselas supervisaban de cerca la economía española tras el rescate financiero. Tras su nombramiento, Sagredo, un reconocido jeltzale, dejó el Bizkai Buru Batzar (BBB), donde ejerció de tesorero, para evitar que su ligazón con la ejecutiva del PNV vizcaíno empañara su acceso a la máxima responsabilidad de la caja.

El grupo de inversores vascos conformado por el que fuera fundador de MásMóvil, José Eulalio Poza; la familia Ybarra Careaga; y Key Wolf, una de las herramientas de inversión de Josep Maria Echarri, propietario del fondo Inveready, trasladó ayer a los mercados una oferta de 51 millones para adquirir el 100% de Agile TV, la compañía especializada en la canalización y gestión de contenidos audiovisuales y de televisión en plataformas de fibra y servicios de internet. La oferta pública de adquisición de acciones (opa) fue comunicada por el regulador del BME Growth, el mercado secundario, donde cotiza Agile TV ayer a mediodía. De este modo, los tres inversores vascos, que acumulan un 38,95% de la empresa, tratan de hacerse con el control total para preparar una salida de la cotización. Unanue como consejero delegado, es hoy el tercer gestor en España de contenidos audiovisuales después de una fase de gran crecimiento, una cualidad clave en un sector donde el volumen y la escala son la base para el negocio. Agile TV trabaja dando soporte técnico para distribuir contenidos a grandes jugadores del sector como Telefónica, MasOrange, Vodafone o Lowi TV. En total son 850.000 usuarios los que acceden a los contenidos audiovisuales ofrecidos por su gestor de internet y telefonía gracias a los servicios de Agile TV. La firma tiene, además, presencia en 70 países, como Austria, Suecia, Italia, Portugal y Brasil. La compañía, que cuenta con 270 empleados, tiene la sede en Bilbao y alcanzó en 2024 unas ventas de 84 millones. La opa está dirigida al 100% de los accionistas, que podrán suscribirla desde el 17 de diciembre y hasta el 20 de enero. 

Ni la desaceleración de la zona euro, ni las barreras arancelarias impuestas desde Washington, ni las restricciones crediticias suponen un obstáculo tan relevante para el desarrollo de las empresas en Euskadi como el alza de los costes laborales. Este, junto con la escasez de personal cualificado, se revela como la principal amenaza para el tejido productivo. Así lo refleja, al menos, una encuesta elaborada por las cámaras de comercio de los tres territorios, en la que han participado 730 compañías. El sondeo confirma que, aunque la situación en el plano internacional sigue dominada por la incertidumbre, la principal preocupación radica en factores internos. En plenas negociaciones entre el Gobierno central, patronal y sindicatos por la subida del SMI –con la CEOE reclamando un aumento por debajo del IPC–, la encuestas de las cámaras de comercio revela signos de fragilidad en aquellos sectores con menor valor añadido, que muestran dificultades para absorber los incrementos sin perder competitividad. A los continuos aumentos del SMI en los últimos años –que se ha elevado un 25% desde 2020– se le suma el debate sobre la idoneidad de establecer un salario mínimo propio para Euskadi. En la misma mañana en la que ELA y LAB anunciaron una huelga general para reclamarlo, el presidente de las cámaras de comercio, Gregorio Rojo, resaltó su apuesta por «negociar hasta el amanecer», aunque esto no debe hacerse «a base de amenazas».

El pulso por un salario mínimo vasco se recrudece. Los sindicatos ELA, LAB, Steilas, ESK, Hiru y Etxalde anunciaron ayer la convocatoria de una huelga general el 17 de marzo en Euskadi y Navarra para exigir un SMI propio de, al menos, 1.500 euros en estas dos comunidades, frente a los 1.184 vigentes en el conjunto de España –una cifra que se revisará al alza para el año que viene–. La iniciativa se desarrollará bajo el lema ‘Gutxieneko soldata hemen erabaki. SMI 1.500 euro. Mejorar salarios para repartir la riqueza’. Los sindicatos nacionalistas responden así al bloqueo de las dos vías con las que querían llegar a un salario mínimo en Euskadi. Por un lado, la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), con más de 138.000 firmas, para que las comunidades tengan competencia en esta materia, ahora exclusiva del Estado, y, por otro, la negociación con la patronal. En el primer caso, el Gobierno vasco rechazó su admisión a trámite alegando que no tenía encaje legal y fue tumbada en el Parlamento autonómico. Para las centrales es una «agresión antidemocrática» que merece una respuesta «contundente». En la comparecencia, el secretario general de ELA, Mitxel Lakuntza, y la coordinadora general de LAB, Garbiñe Aranburu, empezaron por arremeter contra los ejecutivos vasco y navarros por bloquear en sus respectivos Parlamentos la admisión a trámite de la ILP. «Es muy grave que los representantes políticos nieguen a la sociedad el único camino para proponer cambios legales; están limitando enormemente la democracia». El mensaje para la patronal fue igual de duro. Los sindicatos le exigieron que se siente a negociar. Cabe recordar que ELA, LAB y otras centrales nacionalistas han presentado una demanda contra Confebask ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) por su negativa a abordar este asunto en una mesa específica para ello. Los empresarios argumentan que están dispuestos a negociar el SMI en la mesa de diálogo social –rechazada por ELA y LAB– siempre que se haga junto a otros asuntos que afectan a la competitividad, como el absentismo. La tensión entre ambas partes se ha elevado en las últimas semanas después de que la presidenta de la patronal, Tamara Yagüe, lanzara la reflexión pública de «¿qué aporta ELA al país?», como crítica a su apuesta por la conflictividad. La huelga del 17 de marzo supone una escalada en este pulso.

 Destacó asimismo que el SMI vasco afectaría solo a un 3 % de los trabajadores, por lo que no aborda el “verdadero problema del mercado laboral en Euskadi”, y señaló que existen otros asuntos que podrían debatirse en un proceso de diálogo. “Dejamos, por supuesto, esa mano tendida: el diálogo es la solución y ese es el mensaje del Gobierno vasco”, remarcó. El vicelehendakari segundo y consejero de Economía, Empleo y Trabajo, Mikel Torres, ha manifestado su respeto por la convocatoria de una huelga general, aunque considera que no es “la mejor forma” de conseguir en Euskadi un salario mínimo de convenio. Torres hizo estas declaraciones tras el anuncio de ELA, LAB, Steilas, ESK, Hiru y Etxalde de convocar una huelga general en Euskadi y Navarra para exigir un SMI propio de al menos 1.500 euros en ambas comunidades. El consejero subrayó que tiene un “respeto más absoluto” por la decisión de convocatoria de huelga porque es un derecho constitucional, y reconoció que tanto las centrales sindicales como los trabajadores tienen todo el derecho a convocarla y secundarla. No obstante, Torres señaló que el Gobierno vasco defiende la posibilidad de un salario mínimo de negociación colectiva y recordó que su Departamento ha trabajado “desde el primer momento” en este tema, aportando un informe sobre la realidad socioeconómica y sociolaboral de Euskadi, e incluso planteando una horquilla salarial basada en ese estudio.  

Las catas geotécnicas que permitirán conocer las posibilidades de avanzar en el enlace del Tren de Alta Velocidad (TAV) entre Euskadi y Navarra por Ezkio-Itsaso han arrancado, al mismo tiempo que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible continúa incidiendo en las «dificultades» y las «limitaciones» de la opción guipuzcoana. Con todo, estos trabajos buscan recabar toda la información posible para estudiar la viabilidad de la llamada ‘tercera vía’, que en lugar de atravesar la sierra de Aralar a través de un túnel por su parte central –como se planteó en un inicio–, propone rodear el corazón del macizo, reduciendo así su impacto ambiental y los kilómetros de túnel. A la espera de este informe técnico, la opción de Ezkio-Itsaso sigue estando alejada de los requerimientos técnicos del Ministerio de Transportes. En una última respuesta publicada en el Congreso de los Diputados, fechada el 21 de noviembre, tanto la alternativa de Vitoria como la de Ezkio-Itsaso se presentan como «viables» en cuanto a capacidad funcional y de explotación. Eso sí, en la respuesta también se especifican algunos peros al trazado guipuzcoano, como que «obliga a determinadas circulaciones a realizar inversión de marcha y cizallamiento de las vías, lo cual dificulta la explotación y limita las posibilidades de crecimiento de tráficos a futuro».

Los nuevos permisos por duelo y cuidados ponen ya la vista en el Congreso de los Diputados después de que el Ministerio de Trabajo alcanzara ayer un acuerdo exprés con los sindicatos para ampliar a diez los días por fallecimiento y crear un nuevo permiso de 15 días laborables para atender a familiares en la fase final de su vida y otro día retribuido para acompañar a una persona que se vaya a practicar la eutanasia. No obstante, antes de que llegue a un Parlamento más que dividido y donde será muy complicado recibir su aval, esta medida será también objeto de un intenso debate dentro del propio Gobierno, donde no todos la ven con buenos ojos. Ha pasado apenas poco más de dos meses cuando la vicepresidenta segunda del Gobierno, sorprendió a propios y extraños al anunciar su intención de ampliar a diez días el permiso por duelo y poner en marcha uno nuevo para permitir a los familiares cuidar a un enfermo en cuidados paliativos. «Nadie puede ir a trabajar a los dos días del fallecimiento de un padre, una madre, un hijo, una hija o un amigo», justificó. Y, rápidamente, comenzó una nueva batalla con la patronal, que se lanzó a criticar una medida que calificó de «populista».

En el inicio de la anterior legislatura, en plena crisis por el coronavirus, Yolanda Díaz lograba atraer no solo a CC OO y UGT, también a CEOE y Cepyme. Pasada la emergencia, ese impulso pactista a tres bandas se gripó en la segunda mitad de la anterior legislatura y no hay rastro de él en la que empezó en 2023. Ayer hubo una nueva prueba, cuando el ministerio y los sindicatos acordaron sin la patronal ampliar a 10 días el permiso por fallecimiento. Hace ya año y medio que las patronales no participan en un acuerdo con Trabajo, la racha más larga desde que Díaz dirige el departamento, y la perspectiva es desoladora: los reproches personales se multiplican y desde cada lado opinan que el otro se guía por electoralismo. En lo que va de legislatura, Trabajo ha alcanzado seis pactos con los sindicatos: el incremento del salario mínimo de 2024 y el de 2025, la ampliación del permiso por fallecimiento, la reforma del subsidio de paro, la reducción de jornada y las medidas contra la discriminación laboral del colectivo LGTBI+. Solo esta última logró respaldo patronal, que CEOE y Cepyme se encargaron de diluir al evitar la presencia de los jefes empresariales en la firma del acuerdo en junio de 2024. El último desencuentro ya estaba anunciado: hace 10 días Trabajo decidió proseguir el diálogo sobre los permisos por fallecimiento sin CEOE y Cepyme, dado el rechazo empresarial. Cuando Díaz anunció su intención de cambiar esta normativa, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, contestó pidiendo “un permiso para descansar un ratito de los anuncios del Ministerio de Trabajo”. “Es agotador. Cada día es una ocurrencia nueva”, dijo el jefe empresarial, que a la vez habló de “medidas populistas” para “sacar cuatro votos”.

«La situación es insostenible». Con esa rotundidad se pronunció ayer el exlehendakari Iñigo Urkullu al ser preguntado si Pedro Sánchez debería convocar elecciones ante la cascada de escándalos de corrupción y acoso machista que cercan a su Gobierno. Para el anterior jefe del Ejecutivo de Vitoria, el presidente debería valorar hasta qué punto el «ejercicio de antipolítica» que supone resistir en Moncloa sin posibilidad de llevar adelante un programa de gobierno, ofrece la «estabilidad», la «credibilidad» y la «confianza» que, según ha dicho, debería emanar de las instituciones. «Gobernar no es solamente una cuestión aritmética, es una cuestión de principios compartidos. No es solo mantenerse en el Gobierno, es asumir un compromiso en función de un programa», advirtió Urkullu, en el coloquio posterior a la presentación de su fundación, eAtlantic, en un desayuno informativo de Forum Europa-Tribuna Euskadi. A la conferencia de Urkullu, presentada por el periodista Iñaki Gabilondo, acudieron los principales rostros, del presente y del pasado reciente, del PNV y del Gobierno vasco, así como destacados representantes de la empresa (el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, y el de la Fundación BBK, Xabier Sagredo, entre otros), la economía, la universidad y la comunicación en Euskadi.

Los primeros documentos del Juzgado de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional sobre la trama corrupta de la ‘fontanera’, a los que ha tenido acceso este periódico, dibujan una red nacida con el único objetivo de amañar adjudicaciones con la ayuda de «diferentes cargos públicos», que no han sido detenidos, con el propósito de que sus tres cabecillas –la propia exmilitante socialista Leire Díez, el dueño de Servinabar, Antxon Alonso, y el expresidente de la SEPI Vicente Fernández– se enriquecieran a través de un «perfeccionado» sistema de «contratación y facturación mendaz» y usando como instrumento a la propia SEPI. Según la información remitida por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil al juez instructor Antonio Piña, el grupo formado por Díez, Alonso y Fernández, que se hacía llamar ‘Hirurok’ (los tres, en euskera) habría actuado «aprovechándose de su posición, relaciones y capacidad de influencia sobre determinadas personas vinculadas a la función pública» para «orientar diversos expedientes seguidos en la administración pública, bien en beneficio propio o de terceros». El objetivo central de la trama era claramente enriquecerse: «obtener el máximo beneficio económico a través del cobro de comisiones». Para canalizar y blanquear estos beneficios, la ‘fontanera’, el empresario y el exresponsable de Hacienda usaron una firma, Mediaciones Martínez, para la «contratación y facturación mendaz» con las empresas a las que supuestamente favorecieron.

Hasta ahora la cifra de referencia eran 3.000 euros. El foco se centra principalmente en ingresos de autónomos y pymes que usen Bizum para cobrar sus prestaciones, aunque los particulares también podrán estar sujetos a vigilancia si reciben pagos recurrentes que podrían ocultar actividades económicas no declaradas. Con este cambio, la Agencia Tributaria pretende mantener un registro completo y ordenado de todas las operaciones electrónicas, priorizando aquellas vinculadas a actividades profesionales, asegurando que se reflejen correctamente, cuando proceda, en las declaraciones correspondientes del IRPF, IVA o Sociedades. Todo ello supone que los movimientos de reducido importe realizados entre amigos y familiares para cuadrar las cuentas de una cena, un viaje o un regalo, se podrán seguir realizando sin consecuencia fiscal alguna.

En un artículo publicado en Financial Times, Botín advierte de que si Europa quiere crecimiento, no puede “seguir apretando las tuercas a las instituciones que financian la economía real”. “El sistema regulatorio europeo es demasiado pesado, complejo y lento para el mundo al que nos enfrentamos”, añade. Apunta que, ahora, el mayor riesgo para la estabilidad financiera en Europa no son los bancos “sino el bajo crecimiento”. La presidenta de Santander destaca que de un crecimiento estable dependen el mantenimiento de la seguridad y la autonomía estratégica. “Otros lo han reconocido y están actuando con rapidez. Estados Unidos ha comenzado a reducir su propuesta de finalización de Basilea III, flexibilizando los requisitos de capital para apoyar el crédito y la inversión”, indica. Y señala que el Banco de Inglaterra ha seguido el ejemplo, y ha rebajado las exigencias de capital para liberar capacidad crediticia. Botín critica que un año después del histórico informe de Mario Draghi sobre la competitividad europea, sus recomendaciones sobre la simplificación regulatoria y la capacidad de inversión “siguen sin implementarse”. La banquera recuerda que la economía europea se sustenta en el crédito bancario y que si “se ve limitado, el impacto es sistémico”, en referencia al impacto de los colchones discrecionales de supervisión, que reducen la capacidad de financiación entre 2,7 billones y 4,1 billones de euros en Europa. “Este marco no protege a Europa, sino que la frena. El bajo crecimiento, si no se aborda, se convierte en una fuente de inestabilidad financiera”, afirma.

El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia clave que redefine las reglas del juego en la fiscalidad familiar y estrecha el cerco sobre los préstamos entre parientes, incluso de padres a hijos. La Sala de lo Contencioso-Administrativo establece que un contrato de préstamo entre particulares no es prueba suficiente para justificar ante Hacienda el origen de unos fondos si no va acompañado de una acreditación fehaciente del flujo del dinero. Esta decisión supone un endurecimiento de facto en las inspecciones tributarias. A partir de ahora, la Agencia Tributaria cuenta con el aval del Supremo para rechazar las explicaciones de los contribuyentes que intenten amparar ingresos en efectivo o cheques bajo el paraguas de un préstamo familiar, si no pueden demostrar la “trazabilidad” exacta de la operación. Es decir, la conexión directa entre la cuenta de quien presta y la de quien recibe. La principal consecuencia de esta sentencia es económica y puede resultar devastadora para las finanzas de quien no tenga sus cuentas en orden. Cuando Hacienda detecta un ingreso en una cuenta bancaria que el contribuyente no ha declarado –por ejemplo, una entrada de 20.000 euros–, exige una justificación. Si el ciudadano alega que es un préstamo de un familiar –operación exenta del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales– pero no logra probar la realidad del movimiento bancario tal y como exige ahora el Supremo, las consecuencias son severas. Hacienda no calificará ese dinero como una donación –que tributaría por el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, muy bonificado en muchas Comunidades Autónomas–, sino que el Fisco aplicará el artículo 39 de la Ley del IRPF. Esto implica que el dinero se considerará una “ganancia patrimonial no justificada”.

El Ibex 35 logra el hito que dejó pendiente el viernes: superar por primera vez los 17.000 puntos a cierre de mercado. Subió ayer el 1,11%, su mejor sesión desde mediados de noviembre, hasta los 17.041 puntos, más que el máximo intradía de 17.032 puntos que llegó a marcar en la última sesión de la semana pasada. El principal indicador de la Bolsa española alcanzó este nivel tras una plácida sesión en la que volvió a contar con el apoyo de la banca. El Ibex 35 Bancos subió de media el 2,23%, con alzas que oscilaron entre el 3,02% de Bankinter y el 1,85% de BBVA. También destacaron los ascensos de IAG, el 2,85%, o Acciona Energía, el 2,58%. Sólo cinco valores terminaron en negativo. Las caídas más destacadas fueron la de Telefónica, que restó el 2,18%, y la de Inditex, que descendió el 2,08%. Los otros tres descensos –Fluidra, Amadeus, y Repsol– fueron inferiores al 1%.

La negociación del expediente de regulación de empleo (ERE) sigue avanzando con la rebaja paulatina del número de afectados. En la reunión de ayer, la empresa propuso una rebaja adicional en el número de salidas mínimas propuesta hasta los 4.000 trabajadores para las tres filiales principales. La cifra supone un recorte significativo respecto a los 4.600 que se barajaban la semana pasada y una reducción de más de mil empleos frente a la propuesta inicial de 5.040 salidas. Según el nuevo desglose, el ajuste se repartiría con 3.100 bajas en Telefónica de España, 750 en Telefónica Móviles y 150 en Telefónica Soluciones, todas ellas sociedades integradas en el convenio de empresas vinculadas (CEV). El nuevo escenario implica, por primera vez, que las bajas totales en los siete ERE previstos en todo el grupo Telefónica quedarían por debajo de las 5.000, situándose el número mínimo de afectados en 4.873 salidas en total, mientras que el techo máximo se mantiene en 5.913 trabajadores, frente a la propuesta inicial de 6.088 trabajadores. Y es que a las 4.000 salidas de las tres filiales del CEV se unen las 873 vacantes propuestas para las otras cuatro filiales incluidas en el despido colectivo, por lo que el volumen mínimo de afectados por el ERE son los citados 4.873. Cabe recordar que la semana pasada la compañía ya planteó una rebaja adicional del 5% en las salidas de las divisiones de Telefónica SA, Global Solutions e Innovación Digital, que se añade a la reducción del 10% ofrecida previamente. 

Los primeros 17 grupos automovilísticos finalizaron el tercer trimestre con un beneficio operativo conjunto de 18.867 millones de euros, lo que supone una fuerte caída del 37% en la comparativa con el mismo período del ejercicio precedente (29.941 millones) y también representa el menor dato desde 2018.  Este retroceso es consecuencia, principalmente, de la fuerte caída de los fabricantes alemanes, que pasaron de ganar en conjunto 7.046 millones en el tercer trimestre de 2024 a 1.712 millones en el mismo período de este año. La incertidumbre regulatoria en Europa, la guerra arancelaria desatada por Donald Trump, la competencia de marcas chinas y el lento aterrizaje del coche eléctrico son factores que están lastrando el margen de los grandes fabricantes. Pese a que el efecto de estos factores no es homogéneo y de que las compañías no están reaccionando de la misma forma, se evidencia una fuerte caída de la rentabilidad general de los principales fabricantes de automóviles durante el tercer trimestre del año, afectada por la fuerte caída del beneficio de algunas compañías como Volkswagen, Mazda, Mitsubishi, Mercedes-Benz, Kia, Tesla o BYD, entre otras. Entre julio y septiembre, los principales grupo automovilísticos alcanzaron un margen operativo medio del 3,9%, lo que supone el dato más bajo de la última década, superando incluso la etapa del Covid. De hecho, desde 2019 siempre se había superado el 6%, con el máximo histórico del 8,4% del tercer trimestre de 2023, según un informe elaborado por EY.

«Muchos hogares de clase media» de Europa no pueden comprarse un coche. La Comisión Europea así lo reconoce en su nueva normativa para el sector de la automoción, y propone impulsar un «vehículo eléctrico pequeño» y «asequible». Bruselas señala este punto en un borrador de la medida que será presentada hoy, y al que ha tenido acceso este periódico. La Comisión apunta que se está produciendo «una tendencia generalizada de aumento de los precios de los vehículos en toda la Unión Europea (UE), lo que está alejando progresivamente el acceso a la propiedad de un vehículo privada» a muchas familias. Oculta, en cambio, que además de eso hay otra realidad: que la clase media tiene cada vez menos capacidad adquisitiva. Pero el resultado es evidente: los hogares en Europa tienen cada vez más dificultades para comprar un vehículo. La Comisión apunta además que la mayoría de los vehículos eléctricos tienen un precio de, al menos, 25.000 euros. «Por ello, en septiembre de 2025, la presidenta de la Comisión [Ursula von der Leyen] anunció una iniciativa para el coche pequeño y asequible, destinada a incentivar el mercado de pequeños vehículos eléctricos europeos», recuerda el texto. Y ahora, Bruselas propone introducir ese concepto en la legislación «sobre vehículos de motor que pueda utilizarse para medidas específicas en la normativa de la Unión Europea y por los Estados miembros».

Ford da marcha atrás en su apuesta por el coche eléctrico. La firma ha anunciado un giro radical en su estrategia y dejará de producir varios vehículos eléctricos de mayor tamaño, debido a una demanda menor de la esperada como consecuencia de las políticas de Trump, que ha penalizado las ventajas fiscales de las que anteriormente gozaba la industria para potenciar los coches ecológicos y ha relajado las normas sobre emisiones. Ante el cambio radical de la planificación, Ford asumirá un cargo extraordinario en sus cuentas de 19.500 millones de dólares (16.594 millones de euros). Las acciones suben un 2% en las operaciones posteriores al cierre de Nueva York. La compañía, con sede en Dearborn, Míchigan, dejará de fabricar la F-150 Lightning en su versión eléctrica, que pasará a una arquitectura de vehículo eléctrico de autonomía extendida (EREV) en su próxima generación, y también descartará una camioneta eléctrica de nueva generación, con nombre en código T3, así como otras furgonetas comerciales eléctricas planificadas.

“Llegué a la carrera diplomática cuando se inició la negociación del acuerdo comercial con Mercosur y, 25 años después, es algo a lo que se le sigue dando muchas vueltas y que no está nada claro”. Así se expresan fuentes diplomáticas a tan sólo cuatro días de la fecha prevista en la que los líderes europeos tienen pensado viajar a Brasil para la ceremonia de firma del acuerdo comercial con Mercosur, el bloque formado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Lo que se esperaba que se convirtiera en una plácida cita histórica se ha convertido en un dolor de cabeza después de que algunos Estados miembros hayan manifestado serias dudas sobre su posición respecto al acuerdo. La nueva alianza comercial está pendiente de la ratificación por parte del Consejo de la Unión Europea, pero pende de un hilo con países como Polonia, que se ha mostrado abiertamente en contra de la firma, y que otros, como Francia, hayan vuelto a endurecer su postura. Reviven los fantasmas del pasado que paralizaron el acuerdo llamado a crear uno de los mayores espacios de libre comercio del mundo al unir los 500 millones de consumidores europeos y los 270 millones de consumidores de Mercosur en un régimen en el que se irán desmantelando los respectivos aranceles a lo largo de los próximos 15 años. En conjunto, se estima que el bloque americano eliminará los aranceles al 93% de las exportaciones de la UE, mientras que el europeo hará lo mismo con el 82% de las importaciones agroalimentarias procedentes de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

José Antonio Kast, líder de la extrema derecha del Partido Republicano, es desde este domingo el presidente electo de Chile con la mayor votación que haya tenido un mandatario en la historia de Chile: más de 7,2 millones de votos, un 58,1%, frente a los 5,2 millones de Jeannette Jara, candidata de la izquierda, que llegó al 41,8%. El dato se debe al sistema de inscripción automática en los registros (el censo electoral) y al voto obligatorio, que está vigente desde hace tres años. Es la primera elección presidencial que se efectúa con estas normas. El presidente Gabriel Boric tenía, hasta ahora, el récord de mayor votación: en 2021 obtuvo 4,6 millones de respaldos (55,8%) frente al propio Kast, aunque en aquella votación se produjo con un sistema de voto voluntario. Como señalan algunos analistas chilenos, con esta elección el mapa de la política chilena habría cambiado: ya no se ordenaría entre el ‘Sí’ y el ‘No’ a Pinochet del plebiscito de 1988 —la dicotomía entre dictadura y democracia, entre victimarios y víctimas—, sino según los bandos del estallido social de 2019 y lo que vino después. Esta victoria rotunda deja a Kast y las derechas, sobre todo la republicana, con un respaldo popular suficiente para llevar a cabo su programa, enfocado en un Gobierno de emergencia centrado en el control de la delincuencia, la migración irregular y el crecimiento económico. Solo una vez desde el retorno a la democracia en 1990 hubo una diferencia mayor en segunda vuelta: la elección de 2013 entre Michelle Bachelet, socialista, y Evelyn Matthei, de la UDI, de la derecha tradicional. Hace 12 años hubo una distancia de 24,3% entre ambas, en favor de Bachelet. “Es un mandato claro para hacer los cambios necesarios”, aseguró Kast tras su contundente victoria electoral.