20251104

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

El Departamento de Economía, Trabajo y Empleo del Gobierno vasco elaborará el próximo año un estudio sobre la Incapacidad Temporal, «uno de los problemas que preocupan» en el territorio y «sobre los cuáles debatimos actualmente», como señaló el vicelehendakari segundo y consejero del área, Mikel Torres durante la presentación del proyecto de ley de los presupuestos para 2026. El trabajo se sumará a otras partidas recogidas en las Cuentas para analizar los elementos estructurales y coyunturales de los ámbitos económicos en Euskadi, como la elaboración de un índice de calidad en el empleo. La consejería que dirige Torres gestionará el próximo año 1.266,22 millones de euros, un 3,3% más respecto al año pasado y que quiere suponer «una herramienta para transformar la economía vasca, fortalecer el tejido social y empresarial y garantizar un futuro más justo, inclusivo y sostenible para Euskadi». El grueso se lo lleva Lanbide. El servicio vasco de empleo recibirá 1.204 millones de los cuales 516 se destinarán a las políticas activas de empleo y otros 688 serán para las prestaciones, como la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y la Prestación Complementaria de la Vivienda (PCV). Por su parte, Osalan dispondrá de 18,53 millones y el instituto vasco de estadística Eustat, 18,47 millones. El estudio sobre la incapacidad temporal vendría a abordar el llamado absentismo, una problemática en la que la comunidad autónoma vasca encabeza de manera habitual los rankings que se elaboran para toda España. Se trata, además, de una preocupación que la patronal vasca Confebask viene exigiendo incluir en el debate sobre el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para el territorio que reclaman los sindicatos vascos. 

Enagás y los gobiernos central y vasco han simbolizado su apuesta por el hidrógeno verde con la puesta de largo de los 163 kilómetros de la red que lo distribuirá en España a su paso por Euskadi. Es el recorrido del hidroducto que entrará por Bizkaia desde Cantabria, por el Puerto de Bilbao, avanzará hasta Elorrio para, después, seguir por Mondragón y la cuenca del Deba hacia Naclares, en Álava. El trayecto avanzará después hacia Armiñón hasta llegar a Haro pasando por Rioja Alavesa. Un total de 50 municipios de Bizkaia, Gipuzkoa y Álava en los que el operador estatal explicará el proyecto en los próximos dos meses. El primer paso antes del inicio de las obras, previsto para 2028 y la entrada en funcionamiento en 2030. Hasta entonces, la inversión podría ascender a 400 millones. La presentación, que ha contado con la presencia del lehendakari, Imanol Pradales, el consejero delegado de Enagás, Arturo Gonzalo, y el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, ha tenido lugar en el Puerto de Bilbao este lunes. Ha sido también el modo en el que el lehendakari ha querido evidenciar el deseo de su Gobierno de jugar un papel clave en esta apuesta energética. Una alternativa en la que Euskadi tiene proyectado el electrolizador más grande de Europa para obtener hidrógeno verde. Se trata de la iniciativa de Petronor, con una inversión de 260 millones para poner en marcha en 2028 el dispositivo con una potencia de 100 MW.

La XXXIV edición de La Noche de la Empresa Vasca, organizada por la Fundación Empresa Vasca y Sociedad/Gizarte
eta Euskal Enpresa Fundazioa, ha distinguido la trayectoria empresarial de Javier Ormazabal Echevarria, Presidente y CEO de Velatia, como ‘Mejor Empresario Vasco 2024’. Javier Ormazabal Echevarria es actualmente el mayor exponente de la familia Ormazabal, una saga que comenzó con su padre, fundador de la empresa homónima. Nació en Bilbao, en 1964, y estudió Ciencias Económicas y Empresariales en la Universidad del País Vasco, licenciatura que completó posteriormente con estudios en la London Business School (Reino Unido) y en IESE Business School. El Presidente y CEO de Velatia ha desarrollado toda su carrera profesional en el Grupo familiar. Grupo global presente en más de 20 países de los cinco continentes, y con sede en Zamudio (Bizkaia), Velatia es hoy en día un grupo familiar, industrial y tecnológico integrado por Ormazabal, Ikusi, Supsonik, Idistek, Smarmec, Stratenergy, Trebide, Wec, Zeata y Gosa, empresas que ofrecen soluciones tecnológicas avanzadas, principalmente enfocadas en la descarbonización del planeta, la digitalización, la conectividad y la seguridad de las comunicaciones, con una firme vocación tecnológica que sustenta su crecimiento desde hace casi seis décadas. El Jurado de los premios también destacó el trabajo de Ampo con el premio ‘Made in Euskadi’, por la difusión que realiza del sello industrial vasco en los mercados internacionales al exportar el 95% de su producción; y de Danobatgroup SC y Zunibal SL con el galardón, ex aequo, de ‘Innovación Empresarial’, en reconocimiento a dos modelos empresariales que, de manera complementaria, encarnan la innovación como un pilar estratégico. La ‘Euskal Makila’ se entregó a Bayer AG, que ha impulsado el fulgurante crecimiento y proyección internacional de Viralgen desde su integración en la multinacional alemana. 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibió ayer en Moncloa al consejero delegado de SAPA, Jokin Aperribay, y al director de estrategia, Ibon Aperribay. La reunión tuvo lugar en un momento importante para la compañía guipuzcoana de Defensa, pocas semanas después de que firmara un macrocontrato con la estadounidense General Dynamics por 5.000 millones. Pero también llega mientras Indra atraviesa una espinosa situación. La compañía participada por el Estado analiza la compra de la empresa familiar de su presidente, Ángel Escribano, EM&E (Escribano Mechanical & Engineering). Una propuesta que SAPA, que tiene un 8% de de Indra y un asiento en su consejo de administración no está respaldando. Además, el contrato firmado por los Aperribay en Estados Unidos es con General Dynamics, la propietaria de Santa Barbara. Esta empresa conforma junto a Indra, la propia SAPA y EM&E el consorcio de Tess Defence, encargado de entregar 397 blindados, los 8x8 Dragon, por 2.500 millones al Ministerio de Defensa. El trabajo acumula varios retrasos que el presidente de Indra reprochó, entre otras cosas, a la falta de compromiso por parte de Santa Barbara. La compañía española, en su objetivo de ser un actor europeo en licitaciones de blindados, trató de adquirir la firma estadounidense, pero esta declinó la oferta. Mientras crece la tensión con los retrasos, los americanos han firmado con SAPA ese megacontrato. Un espaldarazo a la compañía guipuzcoana con la que estrechan así relaciones y que también permite a los Aperribay marcar perfil frente Indra.

La visita en agosto del ministro de Transportes, Óscar Puente, a la fábrica de trenes de Siemens Mobility en Düsseldorf (Alemania) se salda con el interés de la compañía por acudir al esperado concurso con el que Renfe pretende reforzar su flota de alta velocidad, formada por 125 unidades. Ricardo Ramos, consejero delegado de la compañía para España y la región suroeste de Europa, confirma en una entrevista con CincoDías la intención de competir por el eventual pedido, del que la operadora no ha ofrecido destalles después de que Puente asegurara en el Congreso de los Diputados que habrá inversión en trenes y que Renfe estudia los distintos modelos en el mercado antes de lanzar la licitación. En el caso de Siemens, en la red de ancho internacional encajan los Velaro Neo y Velaro Novo. “Vendido a Alemania y Egipto, el nuevo Velaro mejora en aerodinámica, consumo energético [es un 30% más eficiente] y optimización de espacios”, explica Ramos, que no esconde que los tiempos que maneja la industria desde el pedido de un tren hasta su entrega va de tres a cuatro años, “aunque se puede reducir algo”. El último modelo de Siemens también ha sido solicitado en Estados Unidos, en la versión AP220, para la futura línea Brightline West, entre Las Vegas y Rancho Cucamonga, en el sur de California. Esta solución alemana, que a buen seguro competirá en España con trenes de Alstom y Talgo, e incluso con la oferta de Hitachi Rail (fabricante del Frecciarossa de Iryo), carece de tecnología de ancho desplazable, por lo que no cubriría las necesidades de Renfe en líneas entre Madrid y el norte del país, como la de Galicia o la que enlaza la capital con Asturias. En estos momentos solo la española Talgo, con su tren Avril, ofrece solución a la convivencia de distintos anchos de vía en la red de Adif. 

La guerra de los vestuarios en Petronor continúa. Lo que comenzó hace un mes como una disputa por el cambio de ubicación de las instalaciones –una reforma organizativa que, en la práctica, ha alargado la jornada cerca de media hora– ha escalado hasta convertirse en un conflicto laboral de gran calado. En este clima de tensión e incertidumbre, la asamblea de trabajadores rechazó anoche, por 333 votos frente a 84, el acuerdo alcanzado hace dos semanas entre la dirección, CC OO y UGT. La huelga indefinida, por lo tanto, continúa y el pulso laboral se traslada a los tribunales. Tras el rechazo del preacuerdo alcanzado entre la mayoría sindical y la empresa –que contemplaba una compensación de seis días libres por el traslado de los vestuarios–, será un juzgado de lo Social de Bilbao quien decida en los próximos días el desenlace del conflicto y la compensación que finalmente corresponda a la plantilla. ¿Pero cómo se ha llegado hasta aquí? El pasado 25 de septiembre, el 91% de la asamblea de trabajadores votó a favor de convocar la primera huelga indefinida en la refinería de Muskiz desde 1979. Detrás de este paro está la decisión de la empresa de trasladar los vestuarios a la entrada de la planta, en lugar de mantenerlos dentro del recinto. Un cambio que, en la práctica, deja fuera de la jornada laboral el tiempo que los operarios dedican a colocarse los equipos de protección individual, indispensables en una instalación de este tipo. Los sindicatos sostienen que este episodio se produce en un contexto ya tensionado por una «sobrecarga de horas extra» y un «incumplimiento constante de los acuerdos laborales».

ELA, LAB, ESK, Steilas, HIRU y Etxalde han convocado una manifestación para el próximo 12 de noviembre en Bilbao (11.30 horas en la Gran Vía), con la que quieren presionar a PNV y PSE para que acepten debatir su Iniciativa Legislativa Popular (ILP) con la que piden fijar un salario mínimo interprofesional (SMI) propio en Euskadi, y para la que recogieron 138.500 firmas. No hacerlo, alertaron ayer, supondría un «fraude democrático». La protesta apela también a Confebask, con la que se reunieron el pasado 22 de octubre. Entonces volvió a rechazar abordar este tema de manera exclusiva, sin tratar otras problemáticas como el absentismo laboral, y hacerlo en un escenario diferente a la mesa de diálogo social. A este respecto, los sindicatos anunciaron que presentarán una demanda contra la patronal en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

Recuperar el poder adquisitivo perdido, cifrado en un 20% en los últimos 15 años; realizar una valoración de cada puesto de trabajo para poner fin a la discriminación existente a la hora de aplicar los pluses; reducir la jornada laboral por debajo de las 35 horas semanales, y facilitar las medidas para adelantar la edad de jubilación. Estas son las cuatro principales demandas de la plantilla de Osakidetza, según figura en los resultados de un sondeo realizado por ELA, en el que han tomado parte cerca de 1.500 profesionales del Servicio de Salud con ámbitos asistenciales y situaciones laborales distintas. Con todas estas peticiones el sindicato va a elaborar una propuesta que va presentar al Departamento de Salud con el fin de que sean atendidas en el nuevo acuerdo regular de condiciones de trabajo, un convenio que lleva 15 años sin ser renovado. Es más, según sostiene ELA, tampoco parece que vaya a serlo a corto o medio plazo. La central sostiene que la consejería «está intentando alargar» esta negociación con los representantes de los trabajadores, al desglosar el acuerdo en diferentes capítulos y avanzar «con lentitud» en cada uno de ellos. «Llevamos casi año y medio de legislatura y todo sigue igual», sostiene Esther Saavedra, responsable de las cuestiones de Osakidetza en el sindicato. Es por ello que en ELA consideran que «la vía de la movilización y la huelga» será la única alternativa que les quedará a los trabajadores si quieren obtener las mejoras que demandan. «El Gobierno vasco solo da pasos cuando hay paros. Lo hemos visto con la Ertzaintza o en Educación. Los acuerdos pactados en ambos casos demuestran que, si hay voluntad política, es posible mejorar cuestiones como el salario o la jubilación anticipada», sostiene el sindicato.

El consejero de Ciencias, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez, responde al rector de la UPV/EHU. "El lenguaje hiperbólico no va a mejorar la financiación de la Universidad del País Vasco. Una posible subida de, pongamos por caso, un 10%, sería excepcional en la Administración. Una subida de un 50% no es ni siquiera imaginable. Cuando se hace una propuesta de este tenor, el propósito no es el que se declara. Es otro», ha escrito en su blog. "¿Se trata quizás de enmascarar la ausencia de un proyecto académico? ¿O de ocultar la incapacidad para ejercer la responsabilidad y tomar decisiones presupuestarias difíciles? El ejercicio de la responsabilidad implica elegir y priorizar. Elegir es renunciar. Quien elige, descarta. Quien prioriza, aplaza ciertas actuaciones en beneficio de otras. Es difícil, pero inevitable, porque los recursos, por definición, son limitados. Confío en que no se trate de hacer uso de la universidad pública como ariete político", ha añadido el que fuera rector de la universidad entre 2004 y 2009. Pérez apunta también que «cualquier persona que conozca mínimamente cómo funciona la Administración sabe que las variaciones presupuestarias entre dos ejercicios consecutivos casi nunca son de gran magnitud. Las cosas no se empiezan de golpe, ni tampoco se liquidan de un plumazo». Ver entrada al blog de Juan Ignacio Pérez, consejero del Gobierno Vasco. 

El Consejo de Ministros de hoy martes aprobará el anteproyecto de Ley del Estatuto del Becario, una norma que busca limitar las prácticas extracurriculares (las que más precariedad generan) y compensar los gastos de transporte o alimentación de los estudiantes en prácticas que no tienen una nómina. Después de que este periódico adelantase la noticia, la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE) valoró positivamente esa compensación de gastos, pero a la vez expresa “preocupación” ante la posibilidad de que empresas y entidades que acogen a los estudiantes no abonen esas cantidades y que las mismas acaben repercutiendo en las maltrechas cuentas universitarias. “No podemos obviar la preocupación por la viabilidad económica de estas medidas si no se garantiza de manera efectiva la corresponsabilidad de todos los agentes implicados”, señala la presidenta de la CRUE y rectora de la Universitat Jaume I de Castellón, Eva Alcón, en declaraciones remitidas por su departamento. Alcón se refiere a lo que ha sucedido con las cuotas a la Seguridad Social, un nuevo derecho de los estudiantes no remunerados y que están abonando las universidades, pese a que la idea original es que este desembolso fuera asumido por empresas e instituciones públicas. Es un coste ínfimo, de un máximo de 10 euros por estudiante al mes (al estar bonificado al 95% por la Seguridad Social), pero la mayoría de receptores públicos y privados están evitando estos gastos. “La experiencia con las cuotas de la Seguridad Social asumidas por las universidades sin corresponderles directamente nos obliga a ser prudentes. Resulta imprescindible un compromiso firme del sector empresarial y de las Administraciones públicas”, agrega Alcón.

La consejera vasca de Educación, Begoña Pedrosa, defendió ayer que el sistema de Formación Profesional (FP) de Euskadi es «fuerte, flexible y en diálogo permanente con su entorno», con una red de colaboración de 20.000 empresas y «permite» una tasa de inserción laboral cercana al 90%. Pedrosa intervino en el acto de clausura de la IX edición del Premio Hetel, organizado por la asociación que agrupa a 33 centros de FP de Euskadi, y que bienalmente reconocen a empresas, entidades y personas que impulsan la Formación Profesional. En esta edición se ha reconocido a GRI, Ingeteam y RPK «por su compromiso con la formación y el talento joven». El acto tuvo lugar en la Sala BBK de Bilbao. La consejera destacó los vínculos entre centros, empresas, profesorado, familias y alumnado, que para ella «reflejan lo mejor de nuestro país: la colaboración y el compromiso que hacen posible cualquier cambio profundo». Esa red de colaboración, recordó, «supera hoy las 20.000 empresas y se traduce en tasas de inserción laboral cercanas al 90%, consolidando el modelo vasco de FP como referente». Según explicó, la implicación de instituciones, agentes y centros ha situado a la FP vasca como «referente», capaz de responder a las necesidades del tejido industrial «garantizando oportunidades reales para todas las personas».

Así dibuja el Gobierno vasco el próximo año en materia de renovables. El EVE, que comparte proyectos con empresas como Iberdrola o Solaria, baraja la puesta en marcha o construcción de hasta cuatro centrales para 2026 en el territorio. Así se desprende de la memoria presupuestaria del Departamento de Industria, que en las cuentas del próximo ejercicio ve factible haya obras en Labraza, el macroparque solar de Ekienea y los proyectos de Vitoria Solar 1 y Vitoria Solar 2. El proyecto más avanzado, sin lugar a dudas, es el de Labraza. Los molinos de la villa amurallada –ocho de Siemens Gamesa, con una potencia total de 40 megavatios– tienen todos los permisos a excepción de un par de licencias de obras. Lo último que ha comunicado Aixeindar –la empresa de renovables que comparten Iberdrola y el Ente Vasco de la Energía, promotora de los aerogeneradores– es que el trasiego de palas, torres y nacelles comenzarán antes de que termine 2025. Los trabajos están encargados a la firma navarra Ecay y algunas empresas adscritas al proyecto como Eosol ya han publicado ofertas para contratar profesionales que trabajen en el proyecto de Rioja Alavesa. Sólo una decisión del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco atendiendo a los recursos de la junta administrativa de Labraza y la DOCa Rioja podría poner freno al primer parque eólico vasco en 20 años. A partir de ahí, no se prevén más avances para los molinos en 2026. El parque de Azaceta aún no está listo para empezar las obras según el EVE, que detalla en su memoria presupuestaria que el próximo curso sólo servirá «proseguir con la tramitación» de este proyecto. Cosa distinta es el caso de las placas, donde el mayor complejo fotovoltaico de Euskadi empieza a coger velocidad. Se trata de la planta de Ekienea, ubicada en terrenos de Armiñón y con 120 megavatios de potencia. 

El grupo de distribución Mercadona cumple sus primeros 10 años en Bizkaia con una inversión de 101 millones de euros, 17 supermercados, -16 de ellos adaptados al modelo de tienda eficiente de la compañía y con la nueva sección ‘Listo para Comer’-, y un total de 1.178 empleos estables y de calidad en forma de contratos indefinidos. Desde la apertura de su primera tienda en el centro comercial Megapark de Barakaldo, el 22 de octubre de 2015, Mercadona ha realizado también compras a proveedores locales por valor de 1.693 millones de euros, reforzando su vínculo con los sectores agroalimentario e industrial de Bizkaia. La compañía que preside Juan Roig destaca, sobre todo, su contribución al empleo y el compromiso con las personas que integran su plantilla en el territorio. Con el foco puesto en las personas, sus responsables consideran “esencial, no solo atraer talento, sino también retenerlo e impulsarlo”, y enfatizan que “no se requiere experiencia inicial, la empresa realiza una importante inversión de recursos económicos y humanos en la formación de su plantilla, con el objetivo de ofrecer a su equipo oportunidades constantes de aprendizaje y mejora”. Esto ha permitido que, en los últimos 10 años, más de 125 trabajadores y trabajadoras de Mercadona en Bizkaia hayan promocionado a puestos de mayor responsabilidad. 

Desde que llegó a Ajuria Enea en junio de 2024, Imanol Pradales ha concedido una mayor importancia a la acción exterior bajo la premisa de que Euskadi debe pasar a ser «un país que juega la partida en el mundo». Una apuesta que coincide con un contexto internacional cada vez más agitado y que el Gobierno vasco ha plasmado negro sobre blanco en su proyecto presupuestario para 2026, que contempla la ampliación de la red de delegaciones en el extranjero. En concreto, se han reservado 60.000 euros para estudiar la apertura de nuevas sedes en Asia y África. Actualmente son ocho las ‘embajadas’ que el País Vasco tiene repartidas por el mundo, si bien una de ellas es la de Madrid. Las otras siete están en Bruselas, París, Nueva York (para Estados Unidos y Canadá), México DF, Buenos Aires (para Argentina y Mercosur), Santiago de Chile y Bogotá. A comienzos de este año, el Ejecutivo autonómico ya anunció que iba a «reforzar» la delegación en la capital belga para todo lo que tiene que ver con la UE y otros organismos internacionales, y que buscaría una segunda sede en suelo norteamericano para contar con «presencia directa» en Washington DC. Ahora el Gabinete Pradales quiere ir aún más allá. Los Presupuestos elaborados para el año que viene señalan que se «consolidarán» las delegaciones existentes y se «ampliarán» sus capacidades estratégicas junto a la promoción de la marca Euskadi Basque Country. Pero, además, contemplan la «revisión» de la red prestando «especial atención a la exploración de nuevas aperturas en África y Asia, y adaptándose a las dinámicas internacionales emergentes y asegurando la defensa de los intereses vascos en regiones prioritarias».

Artículo de Olga Martín, directora general de Aclima, Basque Environment Cluster. "...El cambio climático no se combate solo reduciendo lo que emitimos, sino también repensando el valor del carbono. En algunos sectores industriales –como el cemento, la siderurgia o la química– existen emisiones inevitables que no pueden eliminarse únicamente mediante eficiencia o electrificación. Para esos casos, tecnologías como la captura, uso y almacenamiento del carbono (CCUS) ofrecen una vía complementaria que permite reutilizar el CO₂ como materia prima, integrándolo en nuevos procesos y productos: materiales de construcción, combustibles sintéticos o compuestos químicos. Esta visión se alinea con la realidad de Euskadi...Entra en juego una nueva economía del carbono, basada en la circularidad aplicada al CO₂, que lo concibe no como un desecho, sino como un recurso estratégico. Iniciativas como Decarbon Hub, impulsada por Aclima, buscan precisamente abrir este debate, conectar capacidades y explorar las condiciones tecnológicas, normativas y de mercado necesarias para que esta visión se haga realidad. A través de proyectos tractores como CO2 Capture, centrado en el desarrollo de tecnologías de captura y valorización; CO2 Farm, que investiga nuevas aplicaciones del carbono en sectores emergentes; y Cíclicom, que analiza su integración en procesos circulares, Euskadi comienza a materializar este cambio de paradigma...La nueva economía del carbono no sustituye a las políticas de reducción, sino que las complementa y las amplía, ofreciendo soluciones realistas a los retos más complejos. Requiere inversión, innovación y planificación, pero puede reforzar la competitividad y contribuir a una transición justa y sostenible. Si queremos un futuro equilibrado entre economía y planeta, debemos aprender a mirar el carbono con otros ojos..."

El mercado vasco de matriculaciones ofrece dos lecturas claras en estos momentos. Una de ellas es que los planes de incentivo a la demanda siguen tirando de las ventas –en octubre salieron 2.708 nuevas unidades de los concesionarios, un 13,5% más que el año pasado–, y en el acumulado del año llegan ya a las 24.713, con un avance del 20,3% que coloca a Euskadi como la tercera comunidad autónoma donde más han crecido de un año para otro. Y la otra conclusión clara que se puede extraer a partir de los datos publicados ayer por las tres patronales del sector (Anfac, Faconauto y Ganvam) es que los vehículos diésel y gasolina son cada vez más residuales en el mercado. En el décimo mes del año tan solo representaron el 18,6% de las matriculaciones –429 gasolina y 77 diésel–, un índice bastante cercano al registrado durante todo el año, que llega al 21,9%. Así las cosas, los electrificados –híbridos enchufables y eléctricos puros– son los que están absorbiendo esa cuota que los vehículos de combustión fósiles están perdiendo. En lo que va de año, ya suponen el 23% de las ventas, aunque los híbridos convencionales siguen siendo la opción favorita de los conductores vascos, acaparando cerca de la mitad de las ventas.

España, en línea con el plan ideado por el Gobierno, se ha posicionado como un hub europeo de baterías para vehículos eléctricos, en el que ya se han confirmado cuatro proyectos de gigafactorías, a los que hay que sumar otro adicional, aunque más pequeño, de Basquevolt. El último proyecto en materializarse es el de la enseña eslovaca InoBat que, tras varios intentos infructuosos, ha confirmado que pondrá en marcha un megaproyecto industrial en España que supera los planes iniciales. La compañía, en un principio, tenía la intención de instalar en Valladolid una gigafactoría de baterías y en Salamanca un centro de I+D con una inversión conjunta de unos 3.000 millones de euros. Sin embargo, en un reciente encuentro entre los primeros ejecutivos de InoBat y la china Gotion con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Transportes, Óscar Puente, se dieron más detalles de lo que será uno de los proyectos de electrificación más grandes de España y de Europa. Aunque en los últimos meses Inobat ha peinado el territorio europeo para implantar fábricas de ánodos y cátodos, finalmente la compañía ha decidido implantarlas también en Valladolid, por lo que la inversión total pasará de los 3.000 millones iniciales para la gigafactoría y el centro de I+D a unos 5.000 millones, contando también estas nuevas instalaciones de cátodos y ánodos.

Entre mayo y octubre de este año la generación de las centrales de ciclo combinado de gas natural se ha incrementado algo más del 50% respecto al mismo periodo del año pasado (de 16.623 GWh a 25.114 GWh), según datos del operador del sistema Red Eléctrica de España (REE). Este fuerte incremento de la producción de los ciclos es consecuencia de la gestión reforzada que aplica el operador desde el apagón que sufrió la península Ibérica el pasado 28 de abril. Para evitar las posibles sobretensiones en las redes, que provocaron el blackout en un día en que REE solo tenía programadas seis centrales síncronas (que pueden absorber casi en tiempo real energía reactiva, la que se produce y no se consume y puede provocar sobretensiones), esta ha optado por programar masivamente ciclos combinados en los llamados servicios de ajuste. Una consecuencia medioambiental ha sido el incremento añadido de las emisiones de CO2 de los ciclos por la operación reforzada entre la fecha del apagón y finales de octubre: 2,54 millones de toneladas de CO2 más (con un factor de 0,38 toneladas por cada MWh producido) respecto a los mismos meses del año pasado, lo que supone una subida de casi un 50% (el 47%).

BBVA se ha propuesto ser un referente en el segmento de pymes y autónomos en España. Solo en el mercado español y en lo que va de año, la entidad ha captado 100.000 clientes que, o bien son pequeñas y medianas empresas, o bien son trabajadores autónomos, según datos del propio banco. En total, BBVA ha contabilizado 780.000 nuevas incorporaciones a su clientela en España (ha ganado 8,7 millones de usuarios a escala global) en los nueve primeros meses de 2025. Según el consejero delegado, Onur Genç, “la nueva producción de crédito a pymes ha crecido un 22% en el último año”, de manera que uno de cada cuatro nuevos préstamos concedidos a este tipo de empresas tiene su origen en BBVA. Una cuota en el entorno del 25% en nueva financiación a pymes supone un porcentaje de casi once puntos porcentuales por encima del peso que BBVA tiene dentro del mercado bancario español, de un 14,1%, lo que sitúa a la entidad en la tercera posición del escalafón, por detrás de CaixaBank y Santander.

La falta de oferta y la creciente demanda siguieron tensionando los precios del alquiler el pasado octubre, cuando el coste de los arrendamientos alcanzó los 14,5 euros por metro cuadrado, un 10,9% más que durante el mismo mes del año pasado. Así se observa en el último informe mensual publicado ayer por el portal inmobiliario idealista, donde se reflejan, además, incrementos a doble dígito en 14 de las 52 capitales de provincia. Las subidas, además, afectan de forma generalizada a más del 98% del territorio nacional. Todas las capitales, a excepción de una: Huesca, donde los precios corrigieron un leve 1,7% durante el décimo mes del año. Todo, a pesar de que el coste de alquilar una vivienda en España ha bajado un 0,7% en los últimos tres meses –los de verano– desde los máximos históricos registrados en casi todas las capitales de provincia en junio. El efecto de la temporada estival, no obstante, parece haberse anulado en octubre, cuando los precios subieron una décima respecto al mes anterior, lo que podría anticipar un nuevo rebote en el mercado motivado por una oferta cada vez más reducida (o estancada en algunos territorios) y una demanda creciente motivada por la llegada de inmigrantes, la reducción del tamaño de los hogares o el traslado de potenciales compradores al mercado del alquiler por la imposibilidad de acceder a una vivienda en propiedad por el alza de los precios, especialmente los más jóvenes.

La protección a los propietarios de viviendas en alquiler en España ha sufrido un nuevo revés, esta vez en los tribunales. El Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC), en una reciente resolución, constata la obligación de estos contribuyentes a declarar en el IRPF como ingresos las rentas que no cobran cuando sus inquilinos dejan de pagar el alquiler, es decir, cuando sufren la inquiokupación. Argumenta el TEAC que la legislación establece que “los rendimientos del capital inmobiliario se imputarán al periodo impositivo en que sean exigibles por su perceptor”, independientemente de si se cobran o no. Y, si bien el caso al que alude la sentencia corresponde a una arrendadora con residencia en Suiza que declaraba estos ingresos en el Impuesto sobre la Renta de los No Residentes (IRNR), los abogados consultados señalan que este criterio también es de obligado cumplimiento para los propietarios nacionales, que deben declararlos en el IRPF. La resolución se ha hecho pública en un momento especialmente sensible para los propietarios de viviendas en alquiler, teniendo en cuenta la prórroga aprobada por el Gobierno al decreto antidesahucios, que pone en suspenso los lanzamientos a cambio de indemnizaciones, según han denunciado los arrendadores, muy inferiores al precio real de los inmuebles en el mercado.

La empresa estadounidense OpenAI ha firmado un acuerdo de 33.000 millones de euros con Amazon Web Services (AWS), la división de computación en la nube de Amazon, para adquirir capacidad de desarrollo adicional para su plataforma de inteligencia artificial (IA). De esta forma, la ‘startup’ fundadora de ChatGPT continúa su ambiciosa campaña de adquisición de potencia informática y almacenamiento, tanto de proveedores de la nube como de fabricantes de chips, para garantizar su competitividad en este sector. El acuerdo con AWS tiene una duración de siete años y asegura a OpenAI disponibilidad adicional inmediata en la nube, con un despliegue completo antes de finales de 2026. Las infraestructuras de nube que AWS pondrá al servicio de la empresa californiana se basarán principalmente en procesadores del gigante Nvidia, los GPU (graphics processing unit), considerados los más avanzados del mercado.

Las fusiones de telecomunicaciones viven horas calientes. El plan estratégico de Telefónica publicado hoy muestra la ambición de su presidente, Marc Murtra, de crecer con compras y un estudio de la firma de estrategia Oliver Wyman al que ha tenido acceso EL MUNDO confirma esta visión. Sin fusiones, los operadores europeos apenas crecerán un 1,4% en ingresos por usuario móvil e incluso menos en conectividad física (0,6%) hasta 2029. Esto supondrá que la tarifa media de un operador europeo será de 31,1 euros al mes por la fibra óptica y 13,3 euros al mes por móvil para esa fecha, frente a los 30,2 euros y los 12,4 euros de 2024. La conclusión que arroja el estudio es clara: la única forma de crecer más rápido es mediante la consolidación y pone el espejo de Estados Unidos, donde hay tres operadores fuertes. Allí, los ingresos mensuales son el doble que en Europa y cada operador tiene 21 veces más clientes en promedio que la teleco tipo europea. En Norteamérica, la media por operador es de 107 millones de clientes, una media que palidece frente a China, donde es de 467 millones, pero que supera por mucho los cinco millones de las europeas. Esta diferencia de tamaño se traslada a la inversión. Las compañías estadounidenses dedican 174 euros por cliente a su infraestructura, frente a los 109 de las europeas, una brecha que se nota en el despliegue de 5G.

España vuelve a destacar respecto a sus vecinos europeos. Es una de las conclusiones del índice PMI del sector manufacturero de la eurozona publicado ayer por S&P Global y el Hamburg Commercial Bank (HCOB). Este indicador adelantado muestra que la actividad de las fábricas europeas se situó en octubre en los 50 puntos, dos décimas más que en septiembre. La cifra se ubica justo en el umbral que separa la zona de contracción (menos de 50 puntos) y la de expansión (más de 50 puntos), y crece por octavo mes consecutivo. En el caso concreto español, se alcanzan los 52,1 puntos, solo por detrás de Grecia (53,5 puntos) y claramente por encima de las grandes economías de la zona euro, ya que Alemania (49,6 puntos), Francia (48,8 puntos) e Italia (49,9) siguen en terreno regresivo. A pesar de que la actividad de las fábricas europeas sube desde marzo, los analistas de ambas instituciones destacan que “el ritmo de crecimiento se mantuvo moderado” debido al estancamiento de nuevas órdenes y a que la tasa de empleo es menor. Así, afirman que los nuevos pedidos de exportación cayeron por cuarto mes consecutivo y “lastraron las ventas de las fábricas”, en plena guerra comercial con Estados Unidos. En cuanto al empleo, octubre siguió con la tendencia que se observa desde hace dos años y medio, ya que no se crearon nuevos puestos de trabajo. Ese dato es el peor desde junio.

Un año y cinco días después de la dana que truncó la vida de 229 personas en la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón dio un paso atrás. Lo hizo tras un fin de semana de intensas negociaciones con Alberto Núñez Feijóo. El líder del PP avaló su renuncia al cargo pero esperó hasta el final de su intervención ante el comité ejecutivo nacional del partido, marcado por la ausencia de la mayoría de presidentes autonómicos en el momento más complicado de su mandato que se excusaron por motivos de agenda, para referirse al elefante en la habitación. Puso en valor la decisión de su barón, al que presentó como víctima de una «cacería personal y política», pero no ha estado exenta de tensiones por el modelo de sucesión. Mazón continuará en el cargo hasta que se elija un nuevo candidato, que en cualquier caso depende de Vox, o se convoquen elecciones si no hay acuerdo. Además, el presidente en funciones de la Generalitat Valenciana mantendrá su acta de diputado para no perder su aforamiento ante un cerco judicial cada vez más asfixiante por su gestión de las inundaciones. Un cierre en falso de la crisis que ha puesto a prueba el liderazgo de Feijóo y ha abierto una grieta con la organización territorial.

La coalición de gobierno sellada ayer en la República Checa por el multimillonario populista Andrej Babis, ganador de las elecciones hace un mes, con dos partidos euroescépticos y de extrema derecha amenaza con convertirse en un nuevo quebradero de cabeza de la UE. Se espera que el regreso al poder de quien fuera primer ministro entre 2017 y 2021 y los aliados que se ha buscado para recuperar el cargo supongan un refuerzo del bando ultra, antiinmigración y crítico con el apoyo a Ucrania dentro del bloque comunitario, donde se encuentran alineados Hungría, con Viktor Orbán al frente, y Eslovaquia, liderada por Robert Fico. «Quiero agradecer a los socios por este acuerdo, en el que hemos pactado nuestra colaboración y una declaración de gobierno conjunto», dijo Babis, de 71 años, tras la firma del documento en la sede del Parlamento checo. El futuro tripartito conformado por la Alianza de Ciudadanos Descontentos (ANO) del primer ministro, Libertad y Democracia Directa (SPD) y Motoristas Unidos sumará una mayoría de 108 de los 200 escaños con los que cuenta la Cámara de Diputados checa y contempla, entre otras medidas, la no entrada de Chequia en la zona euro para mantener la corona como moneda oficial. El gabinete estará compuesto, en principio, por 16 miembros, algunos de ellos controvertidos.