20251223

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

Llegó el día para anclar definitivamente a Uvesco (supermercados BM y Super Amara) en Euskadi. Según fuentes de toda solvencia, los miembros del consorcio que comprarán la compañía pasarán por el notario esta mañana para firmar la adquisición del grupo de distribución con su actual propietario, el fondo de inversión galo PAI Partners. Los compradores están liderados por el consejero delegado de la empresa, Ángel Jareño, al que acompañan varios directivos junto a Indar Kartera (de Kutxabank), Stellum Food & Tech (bajo el paraguas de la Fundación Artizarra), Inveready y las familias fundadoras de Uvesco. Los franceses aterrizaron en 2022 en Uvesco al comprar el 70% de la firma y buscaban desde hace más de un año la venta de la empresa que emplea a más de 7.000 personas, la mayoría en el País Vasco. El año pasado estuvo a punto de cerrarse la operación con Carrefour, pero el grupo galo recortó su oferta en 70 millones y frustró el acuerdo en medio de una fuerte oposición institucional en Euskadi. Uvesco siguió creciendo (en 2024 facturó 1.186 millones, un 10,6% interanual más) y seguía siendo una presa apetecible para agentes como el grupo DIA, que –controlado por capital ruso– había declarado su interés por crecer en España. La operación, que ha capitaneado Jareño y que se rubrica hoy con la firma también del pacto de socios, pone fin a esa amenaza e inaugura una etapa en la que el consejero delegado y su ‘Guardia de Corps’, compuesta por dos directivos, liderarán a la empresa .

Finalmente, Kutxa Fundazioa no participará en la operación del consorcio vasco formado por BBK, Indar Kartera –Kutxabank– y el Gobierno Vasco en la compra de la división tecnológica de Ayesa, que incluye la antigua firma donostiarra Ibermática. El Patronato, el máximo órgano de gobierno, administración y representación de la institución, celebró este lunes una reunión en la que esta cuestión fue sometida a votación con el siguiente resultado: votos en contra de PNV y Podemos (7) y a favor de PSE y EH Bildu (6). Los representantes de la formación morada y jeltzale, mayoría, decantaron la balanza en un bronco y tenso encuentro, según fuentes consultadas, para que Kutxa Fundazioa no se sume como socio financiero a esa 'kuadrilla' –como ha definido el consejero de Industria, Mikel Jauregi, a estos grupos de inversores por el arraigo– en la que BBK e Indar aportarán cada uno 100 millones de euros. La decisión del Patronato va más allá de una mera discrepancia financiera. Supone, en la práctica, un posicionamiento estratégico de Kutxa Fundazioa sobre su papel en las grandes operaciones empresariales del país, especialmente aquellas vinculadas al arraigo territorial y a sectores considerados clave por las instituciones vascas. Al optar por no entrar, la entidad fundacional con sede en Miramon se desmarca de una operación compartida por otras fundaciones bancarias y el propio Gobierno Vasco, que buscan reforzar centros de decisión y empleo cualificado en Euskadi.

El Departamento de Interior de Estados Unidos ha anunciado la suspensión, con efecto inmediato, de los contratos de arrendamiento de todos los proyectos eólicos marinos (off-shore) a gran escala en construcción en Estados Unidos, debido a “los riesgos para la seguridad nacional identificados por el Departamento de Defensa”. Esta suspensión permitirá al Departamento de Interior, junto con el Departamento de Defensa y otras agencias gubernamentales, trabajar con los arrendatarios y los socios estatales para “evaluar la posibilidad de mitigar los riesgos para la seguridad nacional que los proyectos plantean”. Entre otros, se ha parado el parque Vineyard Wind 1, de Iberdrola, que ya estaba en construcción. Este parque está siendo desarrollado frente a las costas de Massachusetts, en Estados Unidos. Cuenta con una capacidad instalada de 806 megavatios (MW) y contemplaba una inversión de más de 2.700 millones de euros ya iniciada. Hasta ahora, las amenazas de Trump contra la eólica marina se habían centrado en otros grupos. A Iberdrola solo le afectaban a parques que no estaban iniciados. Pero el caso de Vineyard Wind 1 es distinto porque parte de la inversión ya está comprometida. Hasta ahora, Iberdrola no había provisionado nada por la amenaza de paralización de parques eólicos por parte de la Administración Trump. Si finalmente tiene que hacer provisiones, serían multimillonarias. Habrá que ver cómo reparte costes con sus socios, proveedores o qué tipo de consecuencias jurídicas tiene el varapalo de la Casa Blanca contra la empresa. Vineyard Wind 1 es una empresa participada en un 50% por el grupo Iberdrola a través de Avangrid Power, filial de Avangrid, y el grupo inversor danés Copenhagen Infrastructure Partners (CIP).

El Juzgado de lo Social de Bilbao ha dado la razón a los sindicatos en el conflicto que protagonizan con la dirección de Petronor por el cambio de ubicación de los vestuarios. El choque había llevado a los trabajadores a convocar la primera huelga indefinida de la refinería vizcaína desde 1979, y que finalizó la pasada semana tras 83 jornadas. Todo radica en que las nuevas instalaciones, al situarse en el acceso de la planta de Muskiz, prolongan la jornada laboral en media hora diaria, en opinión de los sindicatos, o en quince minutos, según concedió la empresa. La dirección de Petronor ofreció librar seis jornadas más al año ante la nueva situación, pero los sindicatos rechazaron ese punto tras consultar a los trabajadores de la planta. Las centrales advierten que el cambio de ubicación de los vestuarios supone una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, por lo que llevaron su demanda a los tribunales que han fallado a su favor en primera instancia. Según recoge el fallo, la medida de la empresa es «un incremento diario de jornada no computada, afectando de manera significativa al conjunto de la plantilla». Por ello ordena a Petronor «reponer a los trabajadores y trabajadoras en las condiciones de trabajo anteriores». Ante esta decisión judicial Petronor ha anunciado que va a presentar un recurso contra la sentencia y recuerda que «los nuevos vestuarios, con una inversión de 6 millones de euros, tienen como objetivo mejorar por encima de todo la seguridad de las personas, asegurando por proceso que se accede a las instalaciones con la ropa de trabajo y todos los equipos de protección necesarios».

Nueva inversión internacional en una compañía del sector de la salud animal. El grupo alemán Mühldorfer, especializado en nutrición animal, ha adquirido el hólding Greenfarm a José Antonio Jainaga, la familia Font y a otros inversores. Fundado en 2022 y con sede en Castelldefels (Barcelona), Greenfarm se constituyó con el objetivo de crear un grupo empresarial especializado en salud animal. Antes de la entrada del inversor alemán, estaba participado por Mirai Investments, la corporación industrial de Jainaga –dueño de Sidenor– y por Turtle Capital, la división de capital riesgo de Espai d’Inversions, el family office del expropietario del 50% de Bon Preu, Josep Font. La primera inversión de Greenfarm fue Grupo Omega, especializado en la elaboración de complementos nutricionales para animales. La compañía dispone de una planta en Arganda del Rey (Madrid) y vende sus productos en distintos países de la Unión Europea, África y Oriente Medio.

El Gobierno vasco pretende amortiguar el año complicado que ha atravesado el sector vitivinícola de Rioja Alavesa con la inyección de 3,5 millones de euros en forma de ayudas extraordinarias que el Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Gobierno vasco anunció ayer al sector. Lo hizo en un encuentro en la comarca en el que se explicó en detalle la medida, se resolvieron dudas y se compartieron impresiones sobre la crisis que atraviesan las explotaciones tanto en el territorio como en el conjunto de la Denominación de Origen Calificada (DOCa Rioja). Tras cerrar a finales de septiembre una vendimia en la que el hongo mildiu, el pedrisco y el calor han hecho que los agricultores califiquen ésta como una de las campañas más difíciles y cortas de los últimos años, la concejala responsable de esta cartera, la jeltzale Amaia Barredo, trasladó su «compromiso firme con la defensa del sector vitícola y de las personas productoras; un ámbito estratégico para el empleo, la economía y el medio rural de Euskadi», subrayó. Así las cosas, este apoyo –que también alcanzará a los productores de txakoli– se traducirá de la forma más directa y visible el próximo martes 30, cuando el Consejo de Gobierno apruebe la primera remesa de estas subvenciones. En ese caso, el montante será de 2.824.234 euros y llegará a un total de 585 beneficiarios. Mientras que la segunda tanda, que está valorada en 734.583,73 euros se tramitará ya durante el próximo ejercicio. En concreto a lo largo de enero, para el resto de entidades o personas que cumplen los requisitos; se calcula que son 711.

El sector exterior de la CAV sigue en parecido ritmo de los últimos meses. Si en septiembre la caída interanual fue del 7,9%, el dato que ofreció ayer el Eustat recoge un descenso en octubre, en comparación con el mismo mes del año pasado, del 9,4%. Se repiten las mismas tendencias que están caracterizando la ralentización de las exportaciones de la economía vasca: retroceso de la venta de productos energéticos, descenso de la actividad exportadora de la automoción y fortaleza en lo que tiene que ver con material eléctrico y construcción ferroviaria, con Gipuzkoa como el territorio histórico que mejor está soportando las dudas que atenazan a la industria. De esta forma, además, en el acumulado de los diez primeros meses del año se registra una caída del 4,3%, debida sobre todo al desplome en la venta de productos energéticos, que caen hasta el 40%, con especial incidencia en la de los aceites refinados de petróleo. En términos absolutos, las exportaciones alcanzaron un nivel de 2.829,4 millones de euros, frente a los 3.122,3 millones del mismo mes del año anterior. No obstante, el saldo comercial sigue siendo positivo, con 512 millones de euros, puesto que el volumen de las importaciones fue de 2.314 millones, lo que representa un descenso interanual en tasa porcentual del 5,2%.

Las exportaciones de Gipuzkoa presentan un balance con luces y sombras en el acumulado hasta octubre. El territorio se mantiene como el único de Euskadi con cifras positivas, tras registrar un crecimiento del 1,8% en lo que va de año, según los datos publicados este lunes por el Eustat. Sin embargo, la evolución reciente muestra una pérdida de impulso, con cuatro descensos consecutivos desde julio. Tras la caída del 4,5% acumulada hasta julio, el retroceso se moderó al 2,4% en agosto y al 2,3% en septiembre. La cifra cae ahora hasta el 1,8%, aunque se mantiene en positivo. El dato correspondiente hasta octubre prolonga esta tendencia descendente, aunque Gipuzkoa queda al margen del fuerte ajuste registrado en los otros territorios durante ese mes. Las ventas exteriores guipuzcoanas bajan un 1,5% en la comparativa interanual, muy por debajo de las caídas de Bizkaia (16%) y de Álava (9,1%). Este comportamiento se produce en un momento marcado por la entrada en vigor del pacto transatlántico entre la Unión Europea y Estados Unidos. El acuerdo, firmado a finales de julio por Ursula von der Leyen y Donald Trump, establece un límite arancelario del 15% para numerosas exportaciones europeas. El nuevo escenario comienza a reflejarse en los flujos comerciales y añade un elemento de incertidumbre que coincide con la desaceleración del acumulado anual de Gipuzkoa.

Según los datos publicados ayer por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, las exportaciones de bienes alcanzaron ese mes los 36.433 millones de euros, un repunte del 3,3% respecto al mismo periodo de 2024. Se consuma así el mejor octubre de la historia para el sector, que tiró de la economía a un ritmo muy superior al de la zona euro (0,4% de subida de las exportaciones) o la Unión Europea (0,8%). Y que casi asegura acabar el curso en positivo: en el acumulado de los primeros 10 meses las exportaciones crecen un 0,8% —el mejor dato por estas fechas desde 2022—, con nuevos máximos históricos de 324.773 millones de euros en ventas. Eso sí, aunque ha mejorado algo en los últimos meses, el déficit comercial permanece elevado, en el 47,6% en lo que llevamos de año (en julio era del 53%). Y la incertidumbre, persiste. “2025 no ha sido un gran año para el sector exterior por la incertidumbre arancelaria, una economía de la zona euro aún al ralentí y los tiempos difíciles para la industria. El dato de un mes no cambia esa tendencia, si bien en 2026 lo lógico es que siga mejorando la demanda en la zona euro, mejore la producción industrial y haya menos incertidumbre arancelaria”, afirma Ignacio de la Torre, economista jefe de Arcano Partners. El dato de octubre engorda gracias sobre todo al comercio con Europa, que representa ya el 73,8% de las exportaciones, 2,6 puntos más que hace un año. Las exportaciones han tocado récords en 12 destinos como Alemania, Francia, Italia o Portugal. Y ello ha provocado que un mes más, España obtenga superávit comercial frente a los países del club, una racha que sigue desde enero de 2017, hace casi nueve años. En octubre fue favorable en 882 millones.

En términos netos, la inversión extranjera conjunta se redujo un 17,4% entre enero y septiembre, hasta los 13.837 millones de euros, después de crecer un 8% en el apartado de inversión en capital y patrimonio y hundirse, una vez más, un 68,5% en el de financiación intragrupo. Por países de origen, Estados Unidos sigue siendo la economía con mayor apetito inversor en España, superando los 6.800 millones de euros entre enero y septiembre. Le siguieron, durante el mismo periodo, Francia, Reino Unido, Alemania y México. Atendiendo a los sectores que más inversión extranjera atraen, las actividades profesionales, científicas y técnicas lideran la tabla, después de atraer más de 3.600 millones de euros en los tres primeros trimestres del ejercicio; seguidas de los sectores de información y comunicaciones (unos 3.100 millones de euros), la industria manufacturera (2.200 millones, con especial peso de la financiación intragrupo) y las actividades inmobiliarias, que consiguieron atraer alrededor de 1.800 millones de euros de inversión foránea en el mismo periodo. La Comunidad de Madrid continúa siendo un auténtico imán para la captación de fondos, aglutinando 10.258 millones de euros de inversión entre enero y septiembre, un 54% del total nacional y casi cinco veces más que en Cataluña, adonde llegaron 2.129 millones en el mismo periodo. En el lado opuesto de la tabla se encuentra el Principado de Asturias, que en el mismo periodo apenas recibió 46,9 millones de euros de inversión extranjera. Le siguen Galicia, con 180,71 millones de euros; Extremadura (191,26 millones); Canarias (257,65 millones); Baleares (264,95 millones); Castilla y León (272,87 millones); y País Vasco, todavía por debajo de los 300 millones de euros en inversiones foráneas entre enero y septiembre.

El desembolso en el País Vasco representa ya el 26,1% del PIB de la comunidad autónoma. En una empresa, cuando los gastos superan a los ingresos se requiere un cambio de estrategia. Algo parecido viene sucediendo con el gasto que los diferentes organismos destinan en Euskadi a las políticas de protección social. Y es que, según el estudio ‘Cuenta de la Protección Social’ publicado ayer por el Instituto Vasco de Estadística (Eustat), en 2024 estas partidas ascendieron a 25.617 millones. Un nuevo techo y un incremento del 6,3% sobre el año anterior, que sube al 14,6% si se compara con el de hace dos ejercicios. El crecimiento del gasto dobla la capacidad de la economía vasca para financiar las políticas públicas a través de la recaudación de impuestos. Y eso que las haciendas forales han venido registrando datos históricos gracias a la fortaleza del empleo y un consumo muy fuerte que ha empujado los ingresos derivados del IVA. La evolución de la recaudación en los dos últimos años ha presentado un avance que queda lejos de poder seguir ese ritmo. Así, frente a ese 14,6% en el que ha crecido la cobertura social en los dos últimos años, los ingresos de las diputaciones vascas solo han subido un 6,8% pasando de los 17.131 millones de 2022 a los 18.310 de 2024. El gasto sigue tensionado por unas pensiones que, dado el envejecimiento poblacional de Euskadi, ejercen una presión cada vez mayor sobre el sistema. Según los datos del Eustat de esos 25.617 millones de 2024, 11.546 fueron dirigidos a los gastos asociados a la vejez –pensiones, ayudas a la dependencia, servicios residenciales o asistencia domiciliaria–, el 45,1% de la cuantía total. En dos años se han incrementado en 1.765 millones, un 18% más.

El eterno proceso de transferencias a Euskadi, que dura ya 46 años, encara un nuevo obstáculo y parece dirigirse sin remedio hacia su enésimo incumplimiento. Ya no es sólo que Pedro Sánchez vaya a faltar a su palabra de completar todos los traspasos antes de fin de año, un compromiso que asumió de su puño y letra en 2023. Por si fuera poco, a menos de una semana de la Comisión Mixta de Transferencias que en principio iba a materializar el envío de cinco nuevas competencias, ni siquiera es seguro que esa cita se vaya a producir dado el absoluto choque de trenes. Una nueva gota en el vaso que amenaza con colmar la paciencia de un PNV cada vez más distanciado del Gobierno. La cronología de los hechos de ayer evidencia que las aguas bajan muy pero que muy revueltas. Por la mañana, la consejera Maria Ubarretxena, la encargada de Imanol Pradales para tratar de culminar lo dispuesto en el Estatuto de Gernika de 1979, sorprendió al exteriorizar su «gran preocupación» por el desarrollo de las negociaciones, que lejos de avanzar, han experimentado un «retroceso». El paso atrás, para más inri, no se habría producido en las conversaciones relativas a transferencias aún por acordar, sino en las cinco que ya estaban comprometidas, al menos en términos políticos, para poder firmarse este próximo lunes en una cumbre en Madrid.

Las aulas vascas son cada vez más diversas. El curso pasado los centros educativos de Euskadi recibieron 8.000 alumnos a lo largo del curso provenientes de 195 países diferentes. Acoger e integrar a estos menores es un reto formidable y el principal escollo es el idioma. Muchos no saben castellano y ninguno conoce el euskera, idioma en el que se escolarizan la mayoría de estudiantes en el País Vasco. Así las cosas, el Departamento de Educación acaba de publicar una convocatoria para subvencionar los programas de refuerzo lingüístico en las ikastolas y colegios concertados para alumnos «de reciente incorporación». Son extranjeros matriculados a partir del 31 de enero de 2024 «cuyas competencias lingüísticas en las lenguas oficiales hayan sido evaluadas como insuficientes». El Gobierno vasco ha reservado para ello una partida de 5,5 millones de euros –un 55% más que el año pasado– que permitirá a los centros contratar profesores y elaborar o adquirir materiales didácticos y bibliográficos para que estos estudiantes puedan aprender castellano y euskera. Algo fundamental para que se integren en la dinámica escolar. Educadores de refuerzo enseñan idiomas a los alumnos extranjeros en grupos pequeños en aulas separadas de la ordinaria derivó al 60% de los menores a la red pública y al 40% a la concertada. Para el refuerzo lingüístico, la escuela pública cuenta con el programa Eusle. 

Telefónica firmó ayer el expediente de regulación de empleo (ERE) tras una veintena de reuniones en las mesas de las siete filiales afectadas por el despido colectivo. Los sindicatos sellaron el acuerdo que dejará 4.525 salidas, un 25% menos que las 6.088 propuestas de inicio. Se espera que todas se incluyan en un proceso voluntario con prejubilaciones y salidas incentivadas. Aunque el grueso de las salidas serán en 2026, arrancando en marzo, el ERE podrá durar hasta 2028 al abrir el proceso a áreas críticas, ‘cloud’, ciberseguridad o inteligencia artificial (IA), como pedían los sindicatos. La empresa ha pedido tiempo para los reemplazos, al ser más complicado reclutar este personal. Telefónica calcula que este despido colectivo alcance un coste antes de impuestos de 2.500 millones, según informó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Esto supone el doble que el anterior ERE, cerrado en 2024, por el que la operadora desembolsó 1.300 millones, abonando una media de 380.000 euros por trabajador. Entonces, Telefónica cifró en 285 millones de euros el ahorro anual promedio, mientras que en este caso la compañía calcula que el ahorro alcanzará los 600 millones anuales a partir del año 2028. De media, la empresa abonará por trabajador incluido en el ERE 454.000 euros, un 20% más. El coste se ha calculado bajo la hipótesis de que se llegue a las 5.500 salidas, 1.000 más que el suelo fijado en la firma final.

La gran industria nacional espera que el Gobierno sea sensible a sus necesidades antes de que termine el año. La Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE), patronal de compañías como Acerinox, ArcelorMittal, Alcoa o Celsa, acaba de remitir una carta a los ministerios de Economía, Industria y Transición Ecológica en la que solicita que tomen medidas urgentes para paliar el incremento de costes que están sufriendo. En la misiva, la asociación solicita a las secretarías de Estado concernidas “la recuperación de la exención en el pago del 80% de los peajes eléctricos desde julio de este año y su extensión al próximo ejercicio”. Ambas medidas suponen una bonificación de más de 300 millones de euros (100 millones de julio a diciembre y otros más de 200 por 2026), añaden fuentes del sector, que factura alrededor de 20.000 millones al año y emplea a 186.000 trabajadores a nivel nacional. La carta, firmada por el presidente de Asturiana de Zinc y de AEGE, Carlo Navalpotro, recuerda que dicha exención quedó en vía muerta por el bloqueo político del Congreso de los Diputados. La ayuda ha decaído ya por dos veces. “El Real Decreto Ley 7/2025, de 24 de junio, por el que se aprueban medidas urgentes para el refuerzo del sistema eléctrico, incluía entre dichas medidas el restablecimiento del mecanismo de apoyo para mejorar la competitividad de la industria electrointensiva”, recuerda la carta que asegura que “esta medida servía para contrarrestar parcialmente la pérdida de competitividad a la que está sometida la industria electrointensiva desde el 2021 y para equiparar a la industria nacional con la de otros países de nuestro entorno”.

El año 2025 todavía no ha concluido y Hacienda ya ha pulverizado, por primera vez en la historia, la barrera de los 300.000 millones de euros de recaudación anual. El hito, logrado a cierre del mes de noviembre, anticipa un cierre de ejercicio inédito que culminaría con unos ingresos tributarios superiores a los 325.000 millones de euros, según las estimaciones que maneja el propio Ministerio. A cierre del mes de noviembre, según los datos oficiales de la Agencia Tributaria conocidos ayer, la recaudación de impuestos había arrojado 301.355 millones, un 10% más que en el mismo periodo del año anterior, lo que equivale a una sobrerrecaudación de 27.362 millones. Un factor que ha propiciado especialmente este incremento ha sido la recaudación de IRPF, que asciende un 10,1%, hasta los 133.282 millones, aportando 12.200 millones de los ingresos adicionales del año. Han contribuido a alcanzar estas cifras la negativa de Hacienda a deflactar el impuesto con la evolución de precios y salarios, o el hecho de que por primera vez hayan comenzado a practicarse retenciones sobre el salario mínimo interprofesional (SMI), que no se devolverán hasta la presentación de las declaraciones de la Renta en la Campaña de la próxima primavera. Por su parte, el Impuesto de Sociedades ha permitido ingresar 35.942 millones en los 11 primeros meses del año, 2.016 más que un año antes (5,9% más); mientras que el IVA ha dejado un 9,3% más, hasta los 93.416 (8.042 millones extra); y los Impuestos Especiales han aportado a las arcas públicas 21.309 millones (5% más), un aumento de 1.019 millones respecto al mismo periodo de 2024.

El turismo recuperó en 2024 el peso que tenía en la economía española antes del estallido de la pandemia. La actividad turística aportó el 12,6% del PIB durante el pasado ejercicio, igualando el nivel registrado en 2019, último ejercicio completo antes de la crisis sanitaria. En términos económicos, esta contribución se tradujo en 200.699 millones de euros, lo que supone un incremento de dos décimas respecto a 2023, cuando el sector representó el 12,4% del PIB nacional, según la Cuenta satélite del turismo de España publicada ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La comparación con los años anteriores permite dimensionar con claridad el impacto de la pandemia y la posterior recuperación del sector. Tras alcanzar en 2019 su mejor registro histórico, con una aportación superior a los 157.300 millones de euros, la irrupción de la covid-19 provocó un desplome sin precedentes de la actividad. En 2020, el sector quedó prácticamente paralizado durante varios meses –con registros de actividad nulos en abril y mayo– y su contribución al PIB se hundió. Un año después, en 2021, todavía marcado por las restricciones a la movilidad y la lenta reapertura de los mercados internacionales, el peso del turismo en la economía se situó en el 7,8%, uno de los niveles más bajos de la serie histórica.

Mercadona acumula hasta noviembre una cuota de mercado del 27,3% en España, lo que se traduce en un incremento de 0,6 puntos respecto al mismo periodo del año anterior. Este aumento de cuota, que supone el mayor de entre todas las cadenas analizadas, tiene entre sus principales causas el número de compradores que acuden a sus tiendas. En base a los datos de la consultora, el 92,6% de los compradores españoles han acudido al menos una vez este año a hacer la compra a las tiendas de la cadena valenciana, lo que supone un crecimiento de 0,3 puntos respecto al año anterior. El desempeño de la compañía que preside Juan Roig solo encuentra una evolución similar en el caso de Lidl. La compañía alemana cerró noviembre con una cuota de mercado en España del 6,9%, lo que supone 0,5 puntos más que un año antes y solo una décima por debajo de la ganancia de cuota de Mercadona. Con una fuerte apuesta por la marca propia, que supera el 90% de su surtido, Lidl logra que cada vez más compradores acudan a sus supermercados. En concreto, un 66% de los compradores ha hecho la compra en sus tiendas al menos una vez en el último año, lo que implica un crecimiento de 0,4 puntos respecto a 2024. Mientras Mercadona mantiene su número de tiendas en España prácticamente estable (cuenta con más de 1.600 establecimientos), la compañía que dirige Claus Grande tiene puesto en marcha un ambicioso plan de aperturas que, según sus estimaciones, le permitirá “a medio plazo” ocupar la segunda posición en el ránking por cuota de mercado, lo que supondría arrebatar el puesto a Carrefour.

China ha impuesto aranceles de hasta el 42,7% a la importación de algunos productos lácteos de la Unión Europea, tras una investigación que se ha prolongado 16 meses y que ha aumentado las tensiones comerciales entre Bruselas y Pekín. El Ministerio de Comercio declaró ayer lunes, en una decisión preliminar, que había constatado que las importaciones de productos lácteos de la Unión Europea estaban subvencionadas y que, como consecuencia, la industria nacional china “ha sufrido un perjuicio importante”. Los aranceles, de entre el 21,9% y el 42,7%, pero que para la mayoría de las empresas afectadas son de poco menos del 30%, entrarán en vigor hoy 23 de diciembre. La investigación de China sobre las importaciones de productos lácteos de la Unión Europea, un importante productor desde Francia hasta Irlanda, se inició en agosto de 2024, poco después de que la propia investigación del bloque de 27 miembros sobre las subvenciones diera lugar a nuevos aranceles para los vehículos eléctricos chinos. Pekín también inició investigaciones sobre la carne de cerdo y el brandy. Las disputas en represalia por los aranceles a los vehículos eléctricos se han visto eclipsadas desde entonces por los aranceles del presidente estadounidense Donald Trump a China, que se intensificaron en abril y finalmente condujeron a una tregua en octubre.

Un nuevo conflicto diplomático entre Estados Unidos y Dinamarca ha estallado después de que Donald Trump anunciara ayer en su red social que ha designado a un enviado especial para Groenlandia. El cargo ha recaído en Jeff Landry, el gobernador ultraconservador de Luisiana, quien ha replicado que, para él, sería un honor «hacer de Groenlandia parte de los Estados Unidos». Con esta operación, la Casa Blanca quiere mostrar su «firme» interés en este territorio, agitar una vez más la polémica y, sobre todo, hostigar al Gobierno danés, pero consciente de que tendrá pocos resultados reales. El Ejecutivo instalado en Copenhague ha considerado «inaceptable» la nueva maniobra del líder republicano, que desde el inicio de su mandato no ha escondido su intención de apropiarse del continente helado. El ministro de Asuntos Exteriores, Lars Løkke Rasmussen, llamó ayer a consultas al embajador estadounidense. «Lo hemos dicho muy claramente antes, ahora lo repetimos. Las fronteras nacionales y la soberanía de los Estados se basan en el Derecho Internacional. No se pueden anexar otros países», manifestaron en un comunicado conjunto la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, y su homólogo groenlandés, Jens-Frederik Nielsen. Los dos líderes añadieron que «Groenlandia pertenece a los groenlandeses. Exigimos respeto a nuestra integridad territorial común».