20250919

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

Competitividad, competitividad, competitividad». Josu Jon Imaz no necesitó rodeos para subrayar la que considera la cuestión esencial del futuro europeo. El consejero delegado de Repsol cargó ayer en San Sebastián contra las políticas comunitarias que, a su juicio, ponen en riesgo la base industrial en nombre de objetivos climáticos «mal diseñados». En una sala Prisma de Tabakalera de Donostia repleta de empresarios y responsables institucionales, Imaz habló de «extorsión» regulatoria de Bruselas al sector del automóvil y advirtió de que la prohibición del motor de combustión a partir de 2035 sería «catastrófica» si no se replantea. Pese a todo, el máximo responsable de la energética confió en que «no suceda», es decir, que la Comisión modifique dicha exigencia, pero agregó que «el problema es que la decisión llegue tarde». La cuestión, insistió, no es ideológica, sino pragmática. Europa produce con costes muy superiores a los de sus competidores y, si no se adapta el marco regulatorio, el resultado será que la fabricación se desplace a otras regiones. «Cuando una batería producida en China cuesta un 30% menos que en Europa, hablar de autonomía estratégica es una ficción», lamentó. El riesgo, a su juicio, es evidente: que la Unión Europea «exporte emisiones» –compañías que deslocalizan su producción a terceros países con exigencias medioambientales más laxas– mientras pierde empleo y tejido industrial. Por su parte, Antón Pradera, presidente de CIE Automotive, trazó un diagnóstico más político. «Europa no existe», sentenció, aludiendo a la falta de un liderazgo real en el tablero internacional. Frente a Estados Unidos o China, Bruselas carece, dijo, de poder político y militar y, en muchos ámbitos, también tecnológico. «Nuestro poder tecnológico es anecdótico; parece que lo único que hemos creado en veinte años es Spotify», ironizó, y defendió que Europa «debe intentar avanzar hacia un poder federal para que realmente exista». Pradera lo planteó como una paradoja: un mercado de 450 millones de personas incapaz de alumbrar un gran jugador tecnológico global.

Euskadi creará la calificación de ‘proyecto estratégico’. Una categoría con la que esas iniciativas recortarán hasta en un 30% los plazos de tramitación de nuevos proyectos industriales. Esta figura, que requiere la aprobación mediante una ley, acelera trámites ambientales y urbanísticos principalmente y se configura como un ‘pase vip’ para las gestiones en la administración y la recepción de algunas subvenciones. Está siendo empleada ya en comunidades autónomas vecinas como Cantabria o Aragón y ha contribuido a la captación de varios proyectos, algunos que habían analizado también la posible ubicación en el País Vasco. El lehendakari anunció también el compromiso de agilizar en un 25% la concesión de las ayudas a las pymes para cuestiones de digitalización y transición energética. Fueron los elementos con los que quiso concretar una «apuesta decidida por el impulso de la actividad económica, el apoyo a la empresa y a una política industrial sólida». Reivindicó el papel de las empresas para generar riqueza tras recordar, eso sí, que «los recursos públicos son finitos» y mencionar las dudas que en Alemania o Francia están surgiendo sobre la sostenibilidad del sistema de bienestar. De los sectores en los que crecer no solo no descartó el área de Defensa, con un peso muy relevante en Euskadi y el 14% de su PIB industrial, sino que señaló la necesidad de «ganar autonomía» en ese campo, así como en el de la energía, siempre en el marco europeo.

Según EH Bildu, la UPV/EHU, «ha estado a la vanguardia» al anunciar que revisará todos sus vínculos con empresas con algún interés relacionado con el país hebreo. Esas alusiones no gustaron al lehendakari, que en su turno de réplica se mostró molesto con esas críticas. «Ya está bien de señalar y hacer demagogia con este tema. No somos cómplices», se defendió, quien ya a finales de agosto, antes de la celebración del primer Consejo de Gobierno en el Palacio de Miramar calificó de «genocidio» las acciones del ejército de Israel en la franja de Gaza. Por eso ayer se tomó como algo personal las acusaciones de la oposición sobre este tema, que ha llevado al Gobierno vasco a tener que modular su discurso. Sobre todo a raíz de que algunos partidos políticos, sindicatos y colectivos de la izquierda abertzale se metieran de lleno en la materia. Así que cuando ayer escuchó desde la tribuna a Jon Hernández (Sumar) y Pello Otxandiano (EH Bildu) afearle su actitud, el lehendakari se revolvió y les lanzó un par de avisos: «Ni las empresas, ni la universidad, ni las instituciones vascas, son cómplices, ni mucho menos, responsables. Cuidado con la impostura. Cuidado con el postureo demagógico. Cuidado con los señalamientos. No instrumentalicemos el drama que vive el pueblo palestino», les lanzó de la tribuna, en un intento de parar en seco cualquier tentación de iniciar una ‘caza de brujas’ en Euskadi y, según alguno de los presentes, ‘enmendar’ sus propias palabras sobre CAF, que habían causado cierto malestar entre los empresarios vascos.

Fundiciones Palacio, la histórica planta de Basauri especializada desde 1947 en la fundición de piezas de hierro bajo plano, no ha podido evitar su cierre definitivo. La compañía, en concurso de acreedores desde abril de 2021, no ha logrado remontar y agrava con ello la crisis de un sector ya duramente castigado por la guerra comercial de Donald Trump, que afronta aranceles de hasta el 50%. Representantes de la industria, de hecho, vienen advirtiendo desde hace tiempo de que, si la situación persiste, más empresas podrían verse abocadas al mismo desenlace que esta factoría del Gran Bilbao. La factoría basauritarra se ve así abocada a la fase de liquidación, lo que conlleva la extinción de los contratos de cerca de medio centenar de trabajadores. Estos ceses contractuales agravan la situación de una comarca que ya en primavera padeció un ERE en la planta de Bridgestone, que se saldó con la salida de 232 empleados y que encadenó otro conflicto, a raíz del plan de la empresa encargada del mantenimiento de aplicar un ajuste en su plantilla. La cuestión es que, según explican fuentes sindicales, la compañía trató de frenar su deterioro financiero hace tres años con la firma de un convenio concursal con sus acreedores. Se trataba de un acuerdo diseñado para dar liquidez inmediata a la empresa. Sin embargo, ese plan, que en teoría debía servir como colchón para reestructurar su deuda y garantizar la viabilidad futura, nunca llegó a cumplirse en los términos pactados.

La Formación Profesional (FP) volvió a ser el nivel formativo más requerido en las nuevas vacantes de empleo vascas en 2024. Concretamente, un 56,6% de ellas requerían alguna titulación concreta de esta vía educativa, que demuestra que está altamente alineada con las necesidades del mercado laboral vasco. Así lo constata un estudio publicado por Infoempleo y Adecco, que a su vez cifra en nueve puntos el aumento de ofertas que requieren titulados en FP. Un alza más que considerable que contrasta de lleno con las ofertas que requieren alguna titulación universitaria en concreto, que en 2024 llegaron únicamente al 23,5% tras una caída interanual de más de diez puntos. Bajando al detalle, dentro de la FP, el Grado Superior es el que tuvo una evolución más favorable en el último año. Se trata de un requisito presente en el 37% de las ofertas, lo que supone un incremento del 9,3% respecto a hace un año. De la misma forma, el Grado Medio ha perdido un poco de peso (0,3%) y apareció como condición en el 19,65% de las vacantes. El País Vasco se situó así como la cuarta comunidad donde más ofertas de FP se publicaron, con un 7,6% de las solicitudes a nivel nacional. En primer puesto se ubicó Madrid, con el 27,8%, seguida de Cataluña, con un 25,5%. El podio lo completó Andalucía con el 9,8%. De esta forma, entre estas cuatro comunidades acaparan cerca del 70% de las ofertas de empleo nacionales que requieren alguna titulación de FP.

El informe que dio a conocer ayer el Gobierno vasco no se queda en el análisis sobre la brecha salarial, también quiere aportar luz sobre la contribución que ha hecho y que podría hacer la igualdad en el mercado laboral al crecimiento del PIB per cápita. Para empezar, la aportación del empleo sobre su crecimiento entre los años 2000 y 2020 ha sido de 1,2 puntos porcentuales y un 75% sería atribuible al aumento del trabajo remunerado femenino, algo que habría compensado, en cierta medida, el efecto negativo del envejecimiento de la población en las últimas décadas. Además el estudio dibuja un escenario hipotético: si se alcanzara la igualdad en el mercado de trabajo de aquí a 2060, esto contribuiría a un aumento del 0,16% anual adicional del PIB per cápita, lo que supone un crecimiento acumulado del 6,35% adicional de aquí a 35 años.

La brecha salarial es consecuencia de la participación desigual de las mujeres en el mercado laboral: trabajan menos horas, perciben menos retribuciones y progresan menos en su carrera profesional. El diagnóstico está hecho desde hace tiempo, pero ayer, el Gobierno vasco dio a conocer un exhaustivo informe en el que pone los últimos datos sobre la mesa. Hay uno positivo a destacar, que la diferencia salarial entre hombres y mujeres se ha reducido al 12,81% en Euskadi y es de 4.562 euros brutos al año (los datos del análisis corresponden a 2023 y reflejan que solo en ese año la brecha se recortó 4 puntos). Sin embargo, revela tendencias preocupantes. Una de ellas es el creciente peso de la parcialidad en la brecha salarial. Las mujeres trabajan 152 horas menos al año que los hombres y en ese dato radica el 72% de la diferencia actual en los ingresos. 

El aeropuerto de Loiu se ampliará a partir de 2027 y por ambos extremos de la terminal. Aena, gestor aeroportuario dependiente del Gobierno central, ha puesto negro sobre blanco un proyecto de expansión que llevaba años encima de la mesa sin terminar de cuajar. La propuesta se incluye en el plan de inversiones aeroportuarias presentado ayer por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Alicante. Un paquete dotado con 12.800 millones de euros destinados a mejorar la «capacidad, seguridad, calidad y sostenibilidad» de la red de aeródromos del país. Entre ellos, el de Bilbao. Aún quedan muchos flecos sueltos. Por el momento, Aena no ha detallado el presupuesto que deberá destinar a extender ‘La Paloma’. Tampoco ha adelantado la fecha exacta en la que las máquinas podrán comenzar a trabajar sobre el terreno. La Delegación del Gobierno en Euskadi se limitó a asegurar que el proyecto «está contemplado» para el quinquenio 2027-2031. Lo que sí se ha confirmado es que la obra se acometerá por ambos lados del edificio y no solo por uno (otra de las opciones que se habían planteado a lo largo de los años). El plan difundido ayer permitiría a la infraestructura ganar cerca de 25.000 metros cuadrados de superficie.

El mercado de la vivienda en Euskadi ha cerrado el segundo trimestre de 2025 con un balance que combina un repunte de la actividad respecto a los meses anteriores y la consolidación de precios en niveles elevados. Según el Observatorio Vasco de la Vivienda, entre abril y junio se vendieron 6.234 viviendas en el conjunto del País Vasco, un volumen que confirma la fortaleza del sector y que se sitúa en «niveles muy próximos del máximo histórico alcanzado en 2007», en plena burbuja. A la hora de explicar las causas de este gran dinamismo inmobiliario, el Observatorio subraya que responde, en parte, «a la combinación de tipos de interés más bajos, plazos de amortización más largos y un mayor capital prestado, que facilitan la compra incluso en un contexto de precios crecientes». Bizkaia volvió a liderar la actividad con 3.064 compraventas. Gipuzkoa se situó en segundo lugar con 2.223 viviendas vendidas, mientras que Álava cerró el trimestre con 947 transacciones. El informe revela que los precios «han superado ya los máximos nominales previos a la crisis de 2008, mientras que los precios de alquiler han alcanzado máximos tanto en términos nominales como reales».

La brecha económica entre jóvenes y mayores se dispara. Así lo pone de relieve un informe del Instituto Juan de Mariana, que destaca que las pensiones de los recién jubilados ya superan en España el sueldo de los menores de 35 años: 1.760 euros frente a 1.670. El estudio censura que el «generoso» sistema de pensiones nacional «descansa sobre la espalda de unos asalariados cuya situación económica es marcadamente peor que la de las generaciones anteriores», debido a la precariedad del mercado laboral y la dificultad de acceso a la vivienda. El informe no recoge datos autonómicos aunque se pueden obtener de otras fuentes estadísticas y comprobar que la brecha es aún mayor en Euskadi, la comunidad con las pensiones más altas. Los recién jubilados cobran 1.944 euros –la media de todos los retirados no está muy lejos, en 1.836– mientras que el sueldo de los menores de 35 años se sitúa en los 1.564 euros, según los últimos datos del Observatorio Vasco de la Juventud correspondientes a 2024. En concreto, los menores de 29 perciben 1.381 euros y los que tienen entre 30 y 34 años, 1.774 euros.

Segundo contraataque de Yolanda Díaz después del varapalo que sufrió en el Congreso la semana pasada su medida estrella: la reducción de la jornada. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo quiere dejar atrás esta derrota y, lejos de achantarse, pasa a la acción con toda su artillería para sacar adelante otra iniciativa que también fue una promesa de legislatura recogida en el acuerdo firmado con el PSOE: reformar el despido y encarecerlo, ya que –a su juicio, y también al de los sindicatos– despedir en España sale «demasiado barato». Si no habían pasado ni 24 horas del ‘no’ del Congreso a recortar el horario de los trabajadores cuando sacó a consulta pública el endurecimiento del registro de jornada, ahora, una semana después, la ministra pone en marcha, sin más dilación, la maquinaria para hacer otra ambiciosa reforma que, no obstante, también se encontrará previsiblemente con fuertes complicaciones si consigue llegar al Congreso, puesto que antes de esto comenzará otra batalla sin cuartel con la patronal que, al igual que sucedió con la reducción de la jornada, se opondrán con todas sus fuerzas a una medida que puede hacerles mucho daño y elevar sus costes. «El bloque de investidura ha dicho sí». Con estas palabras, la ministra justificó ayer su anuncio de que en octubre convocará la primera mesa de diálogo social «en la historia de la democracia» para reformar el despido restaurativo en España, que será, por primera vez, «a favor» de los trabajadores. 

La reciente sentencia del Supremo pone en tela de juicio un elemento central de la estrategia del Ministerio de Trabajo para reformar el despido improcedente, que es la obligatoriedad de cumplimiento de los dictámenes elaborados por el Comité Europeo. Legalmente no son vinculantes, pero el prisma puede variar toda vez que el Congreso de los Diputados ratificó en su totalidad la Carta Social Europea en mayo de 2021. A partir de aquí, el Consejo de Estado emitió un dictamen señalando que el compromiso adoptado en sede parlamentaria sí genera vinculación normativa con los dictámenes del Comité. La socia de Laboral de MAIO Legal, Concha Martín, recuerda que “no es la primera vez que un Estado se enfrenta a la interpretación del CEDS sobre la validez de sus indemnizaciones tasadas (véanse los casos de Francia e Italia), como tampoco lo es el análisis de si las decisiones del CEDS son directamente ejecutivas”. Señala la abogada laboralista que cuestión distinta es que, ante las decisiones del CEDS, “el poder legislativo pueda considerar realizar una intervención legislativa y los cambios que ello conllevaría”. No obstante, este debate quedó diluido en cierta medida toda vez que la vicepresidenta Yolanda Díaz ya ha confirmado públicamente que a pesar de la sentencia del Supremo el objetivo de su departamento es llevar a cabo esta reforma del despido improcedente.

El Ministerio de Trabajo tiene previsto arrancar la próxima semana toda la maquinaria para determinar la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2026. Pero, en esta ocasión, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quiere dar “un paso adelante” y blindar los futuros incrementos de esta renta, según ha señalado en declaraciones a este periódico. Para llevar a cabo el blindaje, en Trabajo quieren modificar la norma de forma que esta impida a las empresas compensar o absorber con complementos o pluses salariales cada uno de los aumentos del SMI. El vehículo legal que fija cada año la subida del salario mínimo es un real decreto que el Gobierno puede modificar sin necesidad de pasar por el Parlamento. “Hemos subido un 61% el salario mínimo (desde 2019), hasta una renta de 1.184 euros al mes en 14 pagas, pero lo que están haciendo las empresas españolas es absorber, a través de los complementos (o pluses salariales) parte de estas subidas, y esto es muy grave”, critica Díaz. 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) está ultimando un plan de choque para atajar la crisis del absentismo en España. La fuerte escalada del gasto en Incapacidad Temporal (IT) y de las horas de trabajo perdidas por enfermedad ha encendido todas las alarmas en el Gobierno, que ha recurrido al organismo internacional con sede en París para buscar soluciones al grave problema de las bajas laborales. Según ha podido saber EL MUNDO, una delegación especial de técnicos de la OCDE mantiene estos días reuniones con distintos ministerios y agentes sociales implicados. Los encuentros se están produciendo esta misma semana, con el Ministerio de Seguridad Social y con el de Sanidad a nivel gubernamental, así como con la patronal y los sindicatos y el sector de las mutuas. La OCDE quiere conocer a fondo el problema de las bajas laborales crecientes, sus causas y consecuencias y colaborar a solucionarlo con una batería de recomendaciones al Gobierno. El problema no es baladí. El coste del absentismo se aproxima este año a los 33.000 millones de euros, según la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT), que acaba de publicar un informe en el que cuantifica en 32.798 millones la factura total, entre los 16.788 millones que cuestan las prestaciones a la Seguridad Social y las mutuas y los 16.010 millones que implica en costes directos para las empresas. El impacto económico total en 2025 será, según sus cálculos, un 12,6% superior al de 2024 y se situará nada menos que un 223% por encima del nivel de 2015. En su último informe anual, el Banco de España señala que el aumento de los ocupados en situación de IT entre 2019 y 2024 ha sido «relativamente acusado en España en comparación con el observado en otros países de nuestro entorno» y relaciona el repunte con «el deterioro de la salud tras la pandemia y el envejecimiento de la población», el propio ciclo económico –históricamente, la incidencia de la IT ha sido mayor durante los periodos de expansión– o «la mayor congestión de los servicios sanitarios», que retrasa la sanación y la incorporación laboral. Esas serían las principales causas de un gasto creciente que el Gobierno quiere frenar con la ayuda de la OCDE.

Las acciones de Banco Sabadell son las que más caen entre las entidades del Ibex 35 desde que el 8 de septiembre se iniciase el periodo de aceptación para que los accionistas del banco vasellano puedan acudir a la oferta de la opa de BBVA de una acción de nueva emisión y 70 céntimos por cada ramillete de 5,5483 títulos de su banco. Sabadell se deja en Bolsa el 0,77%, mientras que el sector sube de media el 2,53%. La acción de BBVA refleja un alza del 2,59%. La diferencia en la marcha de los dos bancos ha provocado que la prima negativa se haya estrechado desde el -8,66% del 8 de septiembre hasta el -5,38% de ayer. Eso sí, el diferencial negativo cortó ayer una racha de tres sesiones en las que se comprimió de forma consecutiva y con rapidez por las operaciones de arbitraje de los fondos institucionales, que manejan diferentes escenarios de resolución de la operación, comentan los analistas. La horquilla, entienden los expertos, sigue reflejando que el mercado pide a BBVA una mejora de la oferta, pero también que los inversores comienzan a creerse que el banco no va a cambiar las condiciones, lo que explica que se haya estrechado estos días con rapidez. La tesitura viene de atrás, porque la prima firmó récord negativo del -14,5% el 29 de julio. 

Iberdrola ha alcanzado un acuerdo para vender su negocio en Hungría a un consorcio formado por Premier Energy –grupo que ya adquirió los activos de la compañía en Rumanía en 2024– y la empresa húngara iG TECH CC, por un importe de 171,2 millones de euros. Esta nueva desinversión de Iberdrola supone un paso más en la estrategia de la energética presidida por Ignacio Galán de centrar sus inversiones en negocios y mercados clave, principalmente redes en Estados Unidos y Reino Unido, así como en generación regulada o con contratos a largo plazo, a las puertas de presentar la actualización de su plan estratégico en el Capital Markets Day que celebrará el próximo miércoles 24 de septiembre. A través de esta operación, el grupo se desprenderá del 100% de las acciones de Iberdrola Renovables Magyarország KFT y recibirá el citado importe por las acciones de la compañía y de un dividendo distribuido antes del cierre. Los activos vendidos incluyen 158 megavatios (MW) de capacidad eólica operativa puestos en marcha por la energética desde su entrada en el país en 2008, es decir, hace 17 años.

Francia vivió ayer su mayor jornada de protestas desde la primavera de 2023. Entre más de un millón de personas, según los sindicatos, y más de 500.000, según el Ministerio del Interior, se manifestaron contra la austeridad en el territorio galo. La huelga general, respaldada por todas las grandes organizaciones de trabajadores, tuvo un seguimiento claramente superior al paro nacional de la semana pasada impulsado en las redes con el eslogan ‘Bloquearlo todo’. La presión sube para el presidente, Emmanuel Macron, y el primer ministro, Sébastien Lecornu. El nuevo responsable del Ejecutivo, que aún no ha compuesto su gabinete, se ha enfrentado en menos de diez días en el cargo a dos huelgas nacionales. Desde el 1 de mayo de 2023 no se observaban cifras de manifestantes como las que hubo ayer, siendo especialmente elevadas en París. Entre 240.000 personas (sindicatos) y 55.000 (Interior) protestaron por el este de la capital. Lecornu, de 39 años, puede consolarse con que las movilizaciones fueron inferiores a las más multitudinarias de 2023, cuando se superó con claridad el millón de manifestantes, según los datos gubernamentales.

El más agraciado será Reino Unido, con 175.000 millones procedentes de empresas norteamericanas, que supondrán la creación de miles de empleos directos altamente cualificados y de elevada remuneración. El importe más destacado corresponde al gigante del capital riesgo Blackstone, que destinará 103.000 millones de euros más respecto de los 11.500 millones que tenía previstos en centros de datos. La firma anunció el pasado verano su intención de destinar medio billón de dólares (425.000 millones de euros) a Europa en la próxima década. Por su parte, BlackRock espera asignar 8.000 millones de euros a Reino Unido el próximo ejercicio. Además, Prologis destinará 4.500 millones de euros a reforzar su posición en el Campus Biomédico de Cambrigde y a mejorar varias infraestructuras. Estas cifras se añaden a los 35.000 millones de euros, ya conocidos, del ámbito tecnológico, ámbito en el que destacan los 25.500 millones de euros de Microsoft para impulsar la inteligencia artificial. Starmer se felicitó porque este paquete es la inversión más importante anunciada nunca por un país para Reino Unido de una sola vez. En sentido contrario, Estados Unidos se beneficiará de inversiones británicas por 115.000 millones de euros. Entre ellas, sobresalen los 26.000 millones de la farmacéutica GSK en investigación y fabricación, así como los 4.100 millones que la petrolera BP prevé invertir anualmente en el próximo lustro.

El fabricante de taxis voladores EHang, que este año se convirtió en la primera empresa del mundo en recibir la aprobación de su regulador nacional para operar vuelos de pasajeros no tripulados en rutas turísticas, acaba de realizar una demostración de su tecnología en Guangzhou, al sur de China. “El espacio aéreo por debajo de los 1.000 metros es actualmente el recurso natural menos explotado de la humanidad”, asegura el vicepresidente de la compañía, He Tianxing, en referencia a la altitud a la que vuelan muchos drones. EHang espera comenzar pronto a vender billetes para desplazamientos turísticos cortos en Cantón y Hefei, las dos ciudades donde ha recibido la aprobación para operar sus vuelos. En el futuro, esa autorización podría ampliarse al transporte público, la logística y los servicios de emergencia. Los defensores de los aviones eléctricos de despegue y aterrizaje vertical (eVTOL) visualizan un futuro en el que vehículos económicos alimentados por baterías revolucionarán el transporte y la logística entre las ciudades y dentro de ellas. Los analistas afirman que el sector chino de los coches voladores es el más avanzado del mundo, ya que se ha visto impulsado por el dominio del país en la producción de baterías y una regulación favorable.