20250927

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

Mientras ELA y LAB avanzan en su apuesta por impulsar una iniciativa legislativa popular (ILP) que abra el camino a que Euskadi pueda fijar su propio SMI, los sindicatos soberanistas no han renunciado aún a conseguirlo a través de la negociación colectiva. En febrero trataron de impulsar una mesa de negociación con Confebask, entonces junto a CC OO y UGT, aunque el intento se saldó con un portazo de la patronal vasca amparándose en el riesgo que supondría para la competitividad y la sostenibilidad de las empresas. Ahora ambas centrales han decidido elevar la presión advirtiendo su disposición a litigar si ésta no se sienta para intentar alcanzar un acuerdo. Así se desprende de la convocatoria que ambos grupos han lanzado para este lunes, frente a la sede en Bilbao del Consejo Vasco de Relaciones Laborales (CRL). Allí entregarán una solicitud de conciliación dirigida a Confebask «con el fin de que la patronal asuma su responsabilidad y se siente a negociar». Será una petición, según recoge el escrito, «previa a la interposición de una demanda». La estrategia de acudir a los tribunales no es nueva para LAB. Hace tres años la central vasca reclamó a la patronal un convenio para las empleadas de hogar, un sector al que la Confederación Empresarial Vasca reiteraba no representar. Finalmente, en mayo el Tribunal Supremo absolvió a Confebask de la demanda, como ya había hecho previamente el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, al señalar que este sector no estaba regulado.

Si bien otros territorios muestran tensiones importantes, el País Vasco concentra el mayor grado de saturación de la red eléctrica del país. De las 497 subestaciones analizadas en la comunidad, 493 están totalmente ocupadas; en total, hablamos de un 99,2% de saturación, casi diez puntos por encima de la media nacional (82,4%). El margen disponible apenas alcanza los 7 MW en total, concentrados en cuatro subestaciones en Gipuzkoa. Todo ello en una región que supone un 10,4% del consumo eléctrico de la industria española y aporta un 9,8% del PIB nacional, según un estudio previo de Opina 360 para el Foro Industria y Energía. Tamara Yagüe, presidenta de la Confederación Empresarial Vasca (Confebask), destaca que la saturación de la red eléctrica tiene un impacto directo y negativo: impide crecer industrialmente, obstaculiza la descarbonización de las empresas, dificulta atraer nuevas inversiones y profundiza la desventaja competitiva frente a otras comunidades autónomas con menor saturación. Aunque valora positivamente el reciente acuerdo entre el Gobierno Vasco y el Estado para aumentar un 40% la potencia disponible en la región, advierte que aún queda mucho por concretar para convertir esta promesa en resultados tangibles...Para Miren Elosegui, responsable de Transición Ecológica y Sostenibilidad en ADEGI (Asociación de Empresas de Gipuzkoa), la respuesta es clara: «Gipuzkoa y el País Vasco tienen uno de los músculos industriales y empresariales más fuertes del país...No nos olvidemos de que la red eléctrica se va a ver cada vez más tensionada por un aumento de la demanda debido a la electrificación de procesos productivos y a la cada vez mayor penetración de las renovables»...En esta misma línea, Yagüe subraya la urgencia de concretar tiempos y compromisos: «Necesitamos conocer los detalles y los plazos de materialización de esa mayor capacidad disponible para una implantación urgente de la medida. Porque insistimos: sin ‘enchufe’ suficiente, ni crecemos ni progresamos en la transición energética». Ver más aquí 

Naciones Unidas incluye al fabricante vasco de trenes en el listado de empresas que operan en la Palestina ocupada. Una acusación motivada por su participación en la construcción del tranvía de Jerusalén, que conecta la zona este de la ciudad con barrios en los que se han establecido comunidades israelíes. El informe de Naciones Unidas, que carece carácter vinculante, señala a un centenar de empresas, entre ellas otras tres españolas: ACS –propiedad de Florentino Pérez–, su filial Semi e Ineco. Esta última depende de un Gobierno central que en las últimas semanas ha convertido la condena a las actuaciones de Israel en una de sus principales banderas políticas. El listado de la ONU se hizo público horas después de que el lehendakari defendiera por primera vez de forma explícita y sin matices el contrato de CAF en Israel. Imanol Pradales, en respuesta a una interpelación de Sumar en la que se señalaba al fabricante guipuzcoano por «burlarse del derecho internacional y de las propias Naciones Unidas», puso tierra de por medio e insistió en que la compañía ferroviaria en ningún caso «contribuye al genocidio». El jefe del Ejecutivo vasco defendió que el contrato para la construcción del tranvía de Israel –de 1.800 millones y desarrollado junto a la constructora hebrea Shapir– «está alineado con los más altos estándares de conducta empresarial responsable». La propia compañía, recordó Pradales, comunicó el jueves a la CNMV que todos los análisis jurídicos se han efectuado siguiendo las directrices de la ‘Guía de Diligencia Debida en Contextos Afectados por Conflictos’ publicada por Naciones Unidas.

Los sindicatos LAB, CC OO de Euskadi, Steilas, Solidari, Etxalde e Hiru anunciaron ayer la convocatoria para el próximo 15 de octubre de un paro parcial en todos los sectores que se desarrollará en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, así como en Navarra, en solidaridad con el pueblo palestino. La iniciativa, que sigue abierta a todos los sindicatos que se quieran sumar, pretende denunciar el genocidio y los crímenes contra la humanidad que se están cometiendo en Gaza, al tiempo que se exige a la patronal y a las instituciones –tanto propias como internacionales– que se suspenda toda relación comercial con Israel. «No se puede seguir haciendo negocio a costa de un genocidio», reivindican en su llamamiento. Esta movilización convocada en Euskadi y Navarra coincide en fecha con el paro parcial anunciado este jueves para toda España por CC OO y UGT, y que también se realiza con el objetivo de reclamar el fin del genocidio en Gaza. Según detallaron las centrales, será cada asamblea la que acuerde en los próximos días cuáles y cómo se desarrollarán las distintas movilizaciones.

La Fundación Vital sigue engrosando su lista de empresas participadas. A la espera de que se concrete la entrada final en el accionariado de Talgo, la entidad alavesa anunció ayer su entrada en el capital de Basquevolt con cuatro millones de euros para que el fabricante de baterías «continúe afianzándose». La empresa suma así otra firma más a su listado de participadas después de ingresar en los consejos de Innometal y Ohmnia Electronics, empresas de Jainaga, pagando 17 millones de euros participaciones minoritarias. La Fundación defendió ayer la apuesta por la compañía de Miñano por el «doble atractivo estratégico de la operación para Álava, tanto económico como social». «La inversión permite a Basquevolt aspirar a que el electrolito vasco esté presente en cada batería sólida europea», detalló la Vital. La operación, a ojos de la institución de Jon Urresti, contribuirá a «reforzar el posicionamiento alavés como territorio de referencia en el almacenamiento de energía». En los últimos meses, la gigafactoría se ha visto lastrada por las dudas en torno al coche eléctrico. La crisis industrial en Europa, la competencia de los fabricantes chinos, la falta de desarrollo de la red de carga y las dudas sobre las ayudas han terminado por lastrar el avance de los vehículos conectados.  En paralelo, el Departamento de Industria ha suscrito un memorándum de entendimiento con la china Hithium para fabricar baterías en Euskadi, aunque la postura oficial del equipo de Jauregi es que este proyecto «no compite» con Basquevolt.

El diputado general de Álava, Ramiro González, abrió el debate la pasada semana al anunciar que su territorio estudiará «nuevos incentivos fiscales» para impulsar el sector de las biociencias. La iniciativa, que deberá pasar por consulta europea y aprobación en las Juntas, promete generar «riqueza y empleo», según sus palabras. Este tipo de medidas plantea, sobre el papel, un escenario en el que ciertos proyectos podrían sentirse tentados por los beneficios fiscales alaveses, fuera del marco armonizado aprobado este año por los tres territorios, siguiendo experiencias recientes en otros sectores, como la producción audiovisual, donde deducciones similares en Bizkaia impulsaron el traslado de proyectos en 2023. En Gipuzkoa, sin embargo, el planteamiento, y también el escenario en lo que respecta a lo ocurrido hace dos años con el sector audiovisual, es distinto. El territorio, en resumen, no se plantea replicar por ahora los incentivos fiscales anunciados por Álava –los detalles aún no han trascendido– para impulsar el sector de las biociencias y reafirma su propia hoja de ruta, cuya estrategia adquiere una dimensión mucho mayor. El plan no pasa por crear deducciones ‘ad hoc’ para un sector concreto, sino por consolidar un ecosistema integral de innovación, infraestructura y talento que ya está en marcha, y que pretende situar a San Sebastián como referencia europea en terapias avanzadas.

Aitor Ayastuy será el nuevo director general del Grupo Ulma a partir del año que viene, coincidiendo con la jubilación del actual director general, Iñaki Gabilondo. En un comunicado, el Consejo General del Grupo Ulma informó ayer de la designación de Aitor Ayastuy como futuro director general del grupo cooperativo. Este órgano, en el que están representadas las nueve cooperativas del Grupo Ulma, ha aprobado el nombramiento de Ayastuy para asumir el relevo del legazpiarra, de 60 años, que ha estado al frente la dirección general del Grupo Ulma en los últimos 16 años. Un proceso de relevo que se ha desarrollado de manera ordenada en estos últimos meses con el objetivo de asegurar la continuidad del proyecto socioempresarial y preparar al Grupo para abordar los próximos retos de futuro, según explican las mismas fuentes. 

El Gobierno vasco revisará al alza la previsión de crecimiento para el año que viene, que en junio rebajó una décima hasta el 1,7% ante la incertidumbre arancelaria. La decisión la anticipó ayer el lehendakari, Imanol Pradales, durante su intervención en el primer pleno de control en el Parlamento vasco del nuevo curso. Según explicó, Euskadi ha demostrado su capacidad para «aguantar y hacer frente» al complicado contexto mundial, lo que justifica esta mejora de la proyección a pesar de las «nubes negras» que se presentan este otoño. La nueva cifra se anunciará el martes, tras el Consejo de Gobierno, y podría limitarse a revertir el recorte de junio y volver al 1,8%. La economía vasca creció un 2,2% en el segundo trimestre del año, un ritmo positivo pero lastrado por la debilidad de la industria, estancada debido al parón de las potencias europeas y el efecto de los aranceles. Lo que está impulsando la actividad es el consumo y los servicios, en ambos casos sostenidos por la positiva evolución del empleo, que se mantiene por encima del millón de cotizantes. La previsión para el conjunto de este año es un aumento del PIB del 2,1%. Pero la perspectiva es de pérdida de dinamismo el próximo año. 

En un momento de chasco para buena parte de los pensionistas, que este jueves se encontraron con la negativa del Gobierno vasco a abordar la iniciativa legislativa popular (ILP) que pedía equiparar las pensiones más bajas al salario mínimo interprofesional, lo cierto es que el coste de las prestaciones contributivas vascas sigue al alza. Su coste total roza ya los 950 millones de euros (este mes ha alcanzado los 947,9, un 5,25% más que en el mismo mes del año pasado), tras estirarse la cifra de receptores que superan ya los 585.552 y crecer la pensión media. Ésta última ha aumentado un 4,1% y ronda ya los 1.619 euros. Todo ello impulsado por el envejecimiento de la población y las revalorizaciones vinculadas a la inflación recuperadas en 2021. El grueso de la partida recae en los jubilados, que absorben más de tres cuartas partes del total. Según recogen los datos de septiembre publicados ayer por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, las 391.732 pensiones de este tipo que se han entregado suponen casi 720 millones de euros, con un importe medio de 1.837 euros por retirado, de nuevo un 4% más que hace un año. 

Desde que el INE efectuó la semana pasada la “revisión ordinaria” de septiembre de la Contabilidad Nacional, ajustando al alza el crecimiento del PIB en 2024, hasta el 3,5% desde el 3,2% de la estimación anterior, todo apuntaba a que la revisión trimestral de los datos sería también al alza, en buena parte como consecuencia del efecto arrastre positivo, o carry over, del ejercicio anterior. El instituto estadístico actualizó ayer la Contabilidad Nacional Trimestral y elevó hasta el 0,8% el crecimiento del PIB entre abril y junio, una décima más que el dato adelantado a finales de julio. No es el único ajuste. El organismo ha retocado también los cálculos de PIB de los trimestres anteriores, que corrige generalmente a la baja cuanto más se alejan en el tiempo (2022 y primera mitad de 2023) y mayoritariamente al alza en lo que atañe a los periodos más recientes. Así, según los datos publicados ayer por el INE, la economía española creció en el segundo, tercer y cuarto trimestres de 2024 una décima más de lo reflejado en julio, con tasas de avance del 0,9%, 0,8% y 0,8%, respectivamente, a lo que ahora se añade esa décima adicional entre abril y junio de este año (el dato del primer trimestre se queda, de momento, en el 0,6%).

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha iniciado con el PNV la negociación de los Presupuestos de 2026. El apoyo de los nacionalistas vascos no está asegurado, ni tampoco el del resto de los grupos que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez. Las últimas cuentas que se aprobaron fueron las de 2023, que han sido prorrogadas en los años sucesivos. Hacienda confía en presentar el proyecto en breve. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, empezó la semana pasada la negociación con el grupo parlamentario del PNV en el Congreso encaminada a presentar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2026, como ha prometido varias veces el presidente y que serían los primeros que se registrarían en esta legislatura. Por ahora se ha producido solo un primer contacto. El apoyo del PNV aún no está asegurado, como tampoco el de otros partidos del bloque que otorgó la investidura a Pedro Sánchez en noviembre de 2023. Junts mantiene que con ellos no se ha intentado aún ninguna aproximación. Hacienda confirma las primeras reuniones para la presentación de las cuentas “dentro de poco”, según Montero.

A sólo cinco días de que los gobiernos vasco y central empiecen a negociar fórmulas para que Euskadi participe en la gestión de sus tres aeropuertos, Aena arrojó ayer un auténtico jarro de agua fría a la que es una de las grandes aspiraciones del nacionalismo. El operador aeroportuario español, cuyo 51% pertenece al Estado y el otro 49% a accionistas privados, dejó claro que el marco normativo que regula su actividad «hace imposible el cambio de modelo» y defendió la gestión centralizada en vigor ante una eventual delegación de competencias en favor de las comunidades autónomas. El pronunciamiento de Aena fue rotundo y llegó por dos vías diferentes, ambas de entidad. A primera hora de la mañana envió una comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de los Valores (CNMV) para reivindicar la «solidez del marco legal y constitucional» que ampara el actual sistema. Y horas después, aprovechando su participación en unas jornadas económicas en S’Agaró (Girona), el presidente y consejero delegado, Maurici Lucena, reiteró el rechazo a cualquier modificación en la estructura societaria o accionarial de la compañía.

El Ministerio de Trabajo está decidido a aprobar cuanto antes al menos una parte del proyecto de reducción de jornada que el Congreso rechazó hace dos semanas, el refuerzo del registro horario. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anunció este viernes que el Consejo de Ministros aprobará el próximo martes la vía de urgencia para esta iniciativa, de manera que el Ejecutivo acortará algunos plazos. A la vez, cargó contra el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, al que acusó de “machismo rampante” por sugerir que el impulso de esta política es una rabieta de Díaz por no aprobar la reducción de jornada a 37 horas y media. “El próximo martes va con carácter de urgencia la tramitación del control horario al Consejo de Ministros”, dijo Díaz en un acto en Ferrol (A Coruña). La ministra catalogó esta herramienta como una vía para “defender a la clase trabajadora”. Según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa, 420.300 trabajadores no cobran ni una de sus horas extra y 71.400 solo reciben emolumentos por una parte de las horas de más que realizan. En la medianoche del viernes al sábado terminaba el periodo de consulta pública del proyecto.

Los empresarios quieren hablar de absentismo. En la negociación para renovar el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), la CEOE va a poner sobre la mesa el creciente problema de las bajas laborales y la necesidad de abordar medidas para atajarlo como condición sine qua non para pactar una nueva senda de subida salarial. Así lo confirman a EL MUNDO fuentes de la patronal que ven «muy complicado» alcanzar un acuerdo rápido con CCOO y UGT en un momento muy delicado para el diálogo social, herido tras la guerra de la jornada y en la antesala de una nueva batalla por el salario mínimo. En el flanco sindical están al tanto de las intenciones de los empresarios de cara a la renovación del V AENC, que caduca este año. Por el momento, lo que están haciendo tanto CCOO y UGT como CEOE y Cepyme es preparar internamente sus posturas conjuntas. Los sindicatos saben que los de Antonio Garamendi van a poner sobre la mesa el problema del absentismo y van a condicionar cualquier negociación a que se aproximen soluciones a la crisis de las bajas laborales en el marco del diálogo social. Y están dipuestos a hablar del tema, pero con condiciones y planteando en contrapartida una propuesta salarial «ofensiva» para que los sueldos suban con fuerza a lo largo del periodo de vigencia del eventual nuevo acuerdo.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha citado este fin de semana a los 11 presidentes autonómicos de su partido a unas jornadas de trabajo para consensuar la agenda política del partido para los próximos meses. El principal tema de debate será la inmigración, en un momento en el que el PP prepara su plan de medidas migratorias. «Vamos a plantear iniciativas para controlar una política migratoria que en este momento no existe», explican en el PP. Entre esas medidas del plan migratorio destacará una: prohibir el acceso al Ingreso Mínimo Vital (IMV) a los inmigrantes que no hayan cotizado en España y que no tengan permiso legal de residencia. De hecho, los populares van a proponer que no puedan obtener la ayuda quienes sólo están empadronados. Es decir, si gobierna Feijóo, limitará los criterios de acceso. O incluso antes, porque su propuesta la podrá consensuar en este periodo de sesiones parlamentarias con Vox y con Junts, dos partidos muy volcados contra la inmigración. «Vamos a limitar los criterios de acceso porque el Ingreso Mínimo Vital está siendo la puerta de entrada para la inmigración que no aporta. Llegan a España, se empadronan, solicitan el IMV aunque no trabajen y con eso ya traen a sus familias y tienen guarderías, escuelas y apoyo social. Todo eso lo pagamos quienes tributamos, y hay una parte [las prestaciones no contributivas] que no debería ser así, porque para recibir ayuda has de haber contribuido, si eres inmigrante». «Quien aporta, recibe; lo ilegal no puede generar derechos». 

BBVA va perfilando el escenario de una eventual segunda opa sobre Sabadell, si bien la entidad presidida por Carlos Torres volvió a reiterar ayer que este escenario no está sobre la mesa. Tras la mejora de la oferta en curso acordada esta semana, el mercado ve más cerca que BBVA se haga, al menos, con un 30% del capital del Sabadell. De confirmarse esta adhesión y renunciar BBVA a la condición vigente de aceptación mínima de la mayoría de los derechos de voto, el banco se vería obligado a lanzar una segunda propuesta de compra por el capital de Sabadell que no controla. Esta segunda opa, en aplicación de la legislación, debería realizarse a un “precio equitativo”. BBVA propondría esta tasación calculándola como el contravalor en efectivo de la oferta actual según establece el decreto de opas, y la CNMV debería confirmar dicho cálculo. “Se están diciendo muchas cosas que están generando confusión. Esa segunda opa es muy incierta. Estamos absolutamente convencidos de que superaremos el 50% y en ese escenario [la segunda opa] no se produce”, apuntó ayer el presidente de BBVA. 

La operadora de telecomunicaciones Masorange anunció ayer el lanzamiento de su nueva línea de negocio, denominada Masorange Advertising, basada en la publicidad segmentada, aprovechando su amplia base de clientes digitales. La ambición de Masorange con su nueva línea de negocio es convertirse en una alternativa a los grandes gigantes de Internet en el mercado publicitario. Durante estos últimos meses, Masorange Advertising ha realizado pilotos con marcas como Samsung, Loewe, Cetelem, Legalitas, Beta Fiction, ByD, Abanca, Unir y Adams y junto a socios como JC Decaux. Esta nueva línea de negocio de Masorange tiene como objetivo conectar las marcas con sus audiencias de una manera más eficiente y personalizada, aprovechando la información anonimizada de más de 30 millones de accesos con los que cuenta la teleco en el mercado español. Para la utilización de esta base de datos, Masorange garantiza el cumplimiento de las políticas de privacidad –incorporando el consentimiento previo– y la protección de la identidad de sus clientes.

Los fondos de capital riesgo, dedicados a invertir de manera oportunista con el fin de obtener altas rentabilidades para sus inversores, están sufriendo una crisis generalizada. Fuentes del sector señalan que la imposibilidad de vender aquellos activos que compraron hace unos años y completar así su objetivo de retornar el capital con plusvalías está siendo el tema más comentado en la cumbre mundial del private equity que se ha celebrado esta semana en París. Fuentes del International Private Equity Market (IPEM), donde participan las principales firmas del mundo, como BlackRock, Blackstone, KKR, Goldman Sachs y una larga lista de gestoras globales, subrayan que se están encontrando atrapadas en inversiones hechas antes de la pandemia, que actualmente son incapaces de vender a las rentabilidades que les es exigido. El escenario ha cambiado radicalmente. Primero, la pandemia supuso un golpe para muchas empresas del que algunas aún no se han recuperado. Después y sin solución de continuidad, la invasión de Rusia sobre Ucrania desató una crisis global energética que se tradujo en un fuerte repunte de la inflación, lo que llevó a los principales bancos centrales del mundo a elevar los tipos de manera abrupta para contener la escalada de precios, que ha limitado el poder adquisitivo de la ciudadanía.Y ahora, la situación dista mucho de haberse estabilizado.

El pasado jueves, la Casa Blanca confirmaba una medida que la industria europea llevaba semanas esperando: la bajada al 15% de los aranceles que pagan los coches europeos exportados a EEUU se aplicará, de forma retroactiva, desde el 1 de agosto. Es decir, que la Administración Trump tendrá que devolver el dinero cobrado durante esos casi dos meses. Así lo habían pactado Washington y Bruselas en julio, aunque la Casa Blanca impuso que la UE redujese antes de septiembre los aranceles a las importaciones de todos sus productos industriales y diese acceso preferente a algunos agrícolas y pesqueros. La Comisión Europea lo hizo el jueves 28 de agosto, a punto de agotarse el plazo. Las cesiones hechas entonces permitirán aliviar tanto las cuentas de los fabricantes –solo en agosto habría que devolverles más de 500 millones de euros– como la balanza comercial de la industria de automoción, a juzgar por los últimos datos conocidos. Los ha elaborado Eurostar y los recoge la patronal de los constructores europeos Acea en su último informe de coyuntura. El estudio indica cómo el superávit comercial del sector en la primera mitad de 2025 ha sido el más bajo en los últimos tres años: 43.025 millones, un 3,3% menos que en el mismo periodo de 2024.

El caso más destacado del desembarco de una empresa tecnológica en el sector del automóvil es, hasta el momento, el de la compañía china Xiaomi, especializada en el desarrollo y fabricación de dispositivos electrónicos de todo tipo, como móviles, relojes inteligentes, patinetes o hasta freidoras de aire. La compañía china se ha lanzado a la fabricación de vehículos eléctricos y está teniendo un notable éxito con los primeros modelos que ha puesto a la venta. El gigante chino, que en 2024 logró un récord de facturación de casi 50.000 millones de euros, lanzó el año pasado en China su primer automóvil eléctrico: el SU7. Para su aterrizaje en la industria de la automoción, la empresa tecnológica colabora con diferentes socios como Infineon, en materia de microchips; BYD, para el suministro de baterías; o BAIC, del que utilizó inicialmente la licencia para fabricar en China hasta que finalmente obtuvo la suya propia. Xiaomi prepara una ambiciosa ofensiva de vehículos eléctricos, tanto en China como en otros mercados, con el objetivo de competir con Tesla, que es la referencia del sector en materia de tecnología y electrificación. Sus vehículos llegarán a Europa en 2027. Su modelo pionero, el SU7, con carrocería berlina, tiene una autonomía de hasta 800 kilómetros y ha tenido una fuerte demanda desde su lanzamiento. Antes de verano, la compañía reforzó su oferta con la llegada del todocamino YU7, que también tiene más de 800 kilómetros de autonomía y que se comercializa en China por unos 30.000 euros. El esperado segundo modelo de Xiaomi registró 240.000 pedidos en las primeras 18 horas desde su lanzamiento.

“A partir del 1 de octubre de 2025 impondremos un arancel del 100% a cualquier producto farmacéutico de marca o patentado, a menos que la empresa esté construyendo su planta de fabricación farmacéutica en Estados Unidos”. Sin dar más detalles, así anunció ayer en sus redes sociales el presidente de EEUU, Donald Trump, los nuevos aranceles a la industria farmacéutica. Hace semanas, ya había amenazado con imponer tarifas del 200% a todo el sector si las compañías se negaban a bajar los precios de los medicamentos e igualarlos con el país donde fueran más baratos. Ahora, añade un giro de guión, con aranceles del 100% para quienes no fabriquen en suelo estadounidense. Y no se queda ahí, ya que a partir del próximo miércoles también entrarán en vigor nuevos gravámenes a las importaciones de camiones pesados, muebles y otros productos del hogar, aunque en ningún caso con un tipo tan alto como el que se aplicará a la industria farmacéutica. “Si no construyen sus plantas aquí, pagarán el doble por vender sus productos en nuestro país”, tal y como apuntó el propio Trump ayer. La medida va en línea con su estrategia de forzar que las compañías relocalicen parte de su capacidad industrial en EEUU.

Tranquilidad en el palacio Berlaymont. La nueva andanada arancelaria de Donald Trump no ha pillado por sorpresa a los miembros de la Comisión Europea y la institución hace valer el acuerdo comercial firmado este mismo verano para blindarse del grueso del impacto económico. Los productos europeos esquivan el golpe de los nuevos gravámenes anunciados el jueves por la noche por el presidente de EEUU y que van desde el 100% aplicado a los productos farmacéuticos, hasta el 25% de los camiones pesados, pasando por una horquilla de entre el 50% y el 30% en los muebles. “Estados Unidos garantiza que la tasa arancelaria no superará el 15% sobre productos farmacéuticos, semiconductores y madera”, asegura Olof Gill, portavoz de Comercio de la Comisión Europea. Pese al blindaje del acuerdo comercial, la industria farmacéutica sigue considerando los aranceles del 15% como un elemento lesivo y pide a la Unión Europea que negocien un trato más favorable. Según detalló EFPIA, la patronal del sector, los gravámenes “aumentan los costes, interrumpen las cadenas de suministro e impiden que los pacientes accedan a tratamientos que salvan vidas

El anuncio de Donald Trump para fijar en un 100% los aranceles a los productos farmacéuticos que se elaboren fuera de los Estados Unidos cayó como un jarro de agua fría sobre la industria a nivel internacional, aunque todo apunta a que las grandes empresas españolas del sector evitarán el golpe arancelario, no solo por el blindaje de la Unión Europea, también por la estructura de la industria nacional. De hecho, ayer la mayoría de farmacéuticas cotizadas cerraron planas en Bolsa lo que denota calma entre los inversores. EEUU es un país estratégico para el sector, pero Europa sigue siendo el principal mercado de la industria. La excepción a la norma es Grifols, cuyas ventas en Norteamérica (incluyendo Canadá) suponen alrededor del 60% del total, pero el grupo catalán está integrado verticalmente en el país y se librará de los aranceles. El fabricante de medicamentos plasmáticos dispone de 298 centros de recolección de plasma repartidos por todo el territorio estadounidense y tiene plantas productivas en los estados de Carolina del Norte, California y Tennessee, donde elabora todo lo que comercializa en EEUU.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, llegó ayer a la Asamblea General de la ONU dispuesto a ignorar el boicot del mundo y redoblar su desafío a la protesta internacional por la masacre en la Franja: «Todavía no hemos terminado en Gaza», advirtió. «Queremos hacerlo lo más rápido que podamos». Los abucheos se multiplicaron en el hemiciclo, que quedó medio vacío después de que las delegaciones de al menos 50 países abandonaran la sala a modo de denuncia. Su Gobierno se había preparado para «ese circo», dijo el embajador Danny Danon. Como parte de la guerra psicológica, la oficina del primer ministro israelí había ordenado transmitir su discurso en Gaza mediante altavoces instalados en camiones del lado hebreo de la frontera, aunque numerosos gazatíes consultados por la prensa dijeron no haber escuchado sus palabras de desafío a la comunidad internacional. «No vamos a cometer un suicidio nacional porque ustedes no tienen las agallas de enfrentar medios de comunicación hostiles que exigen nuestra sangre», bramó sobre el reconocimiento del Estado palestino en su decimotercera intervención presencial ante la Asamblea General desde 2009.