20251110

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

Euskadi demanda mano de obra y la población extranjera forma cola para ser parte de la solución. El precio para hacerlo es conseguir los papeles, un arduo trámite burocrático que acaba de vivir dos transformaciones importantes: el nuevo reglamento de extranjería instaurado el 20 de mayo que facilita su obtención –reduce de tres a dos años la exigencia de empadronamiento previo y admite las jornadas parciales que superen las 20 horas, entre otros cambios–, y una transferencia parcial de competencias al País Vasco el pasado 1 de julio, que aspira a agilizar los procesos. Solo en estos cuatro meses el departamento de Economía, Trabajo y Empleo ha tramitado 6.709 expedientes, de los que algo más del 10% responden a contrataciones en el país de origen, y su previsión para 2026 es rebasar los 27.000 –2.840 en origen y 24.240 a través de fórmulas de arraigo para inmigrantes que ya están en Euskadi–, según recoge el proyecto de presupuestos vascos para 2026. Una cifra alta pero que, en opinión de la viceconsejera de Trabajo y Seguridad Social, Elena Pérez Barredo, «probablemente se supere, porque todavía estamos en un periodo de subida y aún no hemos dado la vuelta a la curva». Con la entrada del nuevo reglamento se han disparado las solicitudes, lo que también se ha traducido en un alargamiento de los plazos. De los tres meses habituales en los que se venían resolviendo estas peticiones se ha pasado a cinco. De esta forma, en la actualidad se da respuesta a los expedientes presentados a primeros de junio, algo que todavía se enmarcaría dentro del plazo fijado en 6 meses. Y es que la obtención de los permisos de trabajo a extranjeros formaría parte de una tramitación conjunta. El Gobierno central sigue emitiendo los permisos de residencia mientras que el Ejecutivo vasco se ocupa ahora de las autorizaciones para los contratos de trabajo en origen y de realizar los informe para el arraigo sociolaboral y socioformativo, verificando los requisitos. 

Las intenciones son buenas, pero es pronto para que las empresas vascas perciban mejoras. El responsable de empleo de Confebask, Carlos Pereda, lo tiene claro. «La competencia será más útil en tanto el Gobierno vasco sea capaz de dedicarle recursos y personas», afirma, y añade que dada la situación actual las empresas grandes pueden encontrar una oportunidad en recurrir a esta mano de obra, «pero no las pymes». «Para ellas supone una gestión muy complicada. Al negocio en el que se va a jubilar este año un fontanero no le resuelven el problema y mientras, van quedando pocos perfiles en las listas de desempleo que se adapten a sus necesidades». Además hay otra dificultad que salvar, la del catálogo de ocupaciones de difícil cobertura. Un listado que se publica cada tres meses, pero que lleva tiempo «desfasado» aunque define las profesiones para las que se puede recurrir a la contratación en origen. Solo hay dos excepciones: que la oferta de trabajo haya sido publicada antes en Lanbide, sin ser cubierta, o que se trate de inmigrantes de Perú y Chile, que disponen de un acuerdo con España. El problema es que actualizar este listado es un proceso costoso y motivo de conflicto. La parte social quiere garantizar que primero se da salida a los demandantes de empleo del territorio, apostando por programas de formación. «Lo que ocurre es que las personas que siguen de alta en Lanbide no tienen prácticamente ningún estudio y nuestra economía es de alto valor añadido, por lo que necesita profesionales de alto nivel», alega Confebask. Quienes más notan los retrasos son los demandantes del arraigo, y quienes tramitan sus permisos. 

"El sector siderúrgico europeo es la piedra angular de la autonomía estratégica y la resiliencia económica de la UE. La cadena de valor del acero es el motor de la economía europea, de la innovación y de la transición ecológica, y sustenta millones de empleos en toda Europa. Genera 310.000 empleos directos y 2,2 millones de indirectos en la UE. Y constituye un eslabón esencial en cadenas de valor estratégicas, como la automoción, la energía, la construcción, la maquinaria y la seguridad. Sin embargo, hoy en día, esta industria tan vital para Euskadi y para Europa, se encuentra en una situación de amenaza por una combinación de diversos desafíos estructurales...Las medidas de salvaguardia vigentes de la UE expirarán en junio de 2026 y ya no son suficientes para proteger a la industria siderúrgica europea de estos problemas...Se necesita actuar con rapidez y urgencia. Por eso, el nuevo mecanismo debe estar operativo el 1 de enero de 2026 y permitir mayores tasas de utilización de la capacidad europea limitando la cuota de mercado de las importaciones, sin esperar a junio de 2026, fecha de expiración del actual mecanismo de salvaguarda...Hoy en día, invertir en acero limpio y competitivo fabricado en Euskadi y en la UE sigue significando invertir en el futuro de Euskadi y de Europa. La siderurgia no es solo una industria. Es un pilar de la soberanía, de la prosperidad y de la cohesión económica y social de Euskadi y de Europa. De la pasada, la presente y la futura. Es hora de mostrar valentía política y tomar medidas audaces de nuevo". 

Arrasateko Fagorren bulego orokorretan hartu du EnpresaBIDEA Amaia Agirre Aramburu (Oñati, Gipuzkoa, 1968) Fagor taldeko idazkari orokorrak. Handik metro gutxira ikus daitezke Fagor Arrasateren fabrika handitzeko lanak, lehen aparkalekua zegoen lekuan. 2027 hasieran lantegi berria martxan izatea espero duela esan du Agirrek, eta taldearen dibertsifikazio estrategiaren erakusle dela ziurtatu. Kooperatiba taldeak merkatu berrien aldeko apustua indartu du azkenaldian, eta bere sektore tradizionaletan (makina-erreminta, elektronika, automozioak, etxetresnen osagaiak...) eraberritzen jarraitu nahi du, Txinako enpresen etorrerari, nazioarteko testuinguru geopolitikoaren eraginei eta merkatuko exijentzia berriei aurre egin nahian. Horren emaitza da, besteak beste, Fagor Healthcare, 2026an Fagor taldeko bederatzigarren kooperatiba izango dena. Gehiago irakurri hemen. 

Los centros de datos están aprovechando un vacío legal para esquivar los controles del Gobierno y acaparar de forma anticipada los nudos de la red eléctrica de alta tensión. Con más de un centenar de solicitudes de acceso «fraudulentas» están forzando a Red Eléctrica, el operador del sistema, a reservar los puntos aún disponibles para concurso. Precisamente, el Ministerio de Transición Ecológica ideó esos concursos para evitar la especulación y ordenar el desembarco de nuevos grandes consumidores, priorizando los proyectos más beneficiosos para el país. Los criterios que dibujó el departamento, como premiar la creación de puestos de trabajo o la eficiencia energética, dejaban a los data center a la cola en esos procesos competitivos. Pero sus promotores han encontrado una forma de burlar al sistema. EL MUNDO ha analizado la lista de más de mil peticiones de demanda que se acumulan en la red de alta tensión (transporte). En más de un centenar, la capacidad solicitada es extraordinariamente pequeña –inferior a 10 megavatios (MW)–, con casos tan insólitos como peticiones de cero megavatios. Esto ha encendido las alarmas de los técnicos. Las peticiones tan pequeñas son «absolutamente anómalas» en la red de alta tensión, donde solo se conectan grandes centrales de generación e industrias con consumos eléctricos gigantescos. Todas esas solicitudes irregulares, confirman varias fuentes, corresponden a centros de datos. Esto ha llamado especialmente la atención de los técnicos, que recuerdan que esas instalaciones necesitan un torrente de energía las 24 horas del día y los 365 días del año. El Ministerio convocó los primeros concursos de demanda en julio y en su resolución marcó algunas reglas que, sin pretenderlo, han abierto una puerta a la última maniobra de los data center. 

La Unión Europea se está quedando cada vez más atrás que Estados Unidos en la carrera por la innovación y la implementación de la inteligencia artificial (IA), donde muchos aseguran que está el futuro. En los presupuestos públicos de sus Estados miembros, la inversión promedio en I+D es un 35% inferior a la de EEUU, mientras que a nivel privado las empresas destinan a la IA la sexta parte que las estadounidenses. Son dos de las principales conclusiones del estudio La nueva política industrial en la Unión Europea publicado este lunes por el think tank EuropeG, que dirige Antoni Castells, ex consejero de Economía y Hacienda de la Generalitat de Cataluña con los Gobiernos socialistas de Pascual Maragall (2003-2006) y José Montilla (2006-2010). «La Unión Europea se enfrenta a una brecha tecnológica persistente frente a Estados Unidos y China, y corre el riesgo de quedar atrapada en la ‘trampa tecnológica media’. Con un gasto en I+D equivalente al 2,3% del PIB frente al 3,5% estadounidense, según los últimos datos de Eurostat y la OCDE (2023), la UE invierte un 35% menos en innovación, una diferencia que se mantiene estable en 2025», denuncian en el documento, una brecha que explica el retraso acumulado en productividad, rentabilidad empresarial y liderazgo tecnológico, apuntan. La trampa a la que aluden hace referencia al hecho de que mientras en EEUU, las industrias de alta tecnología (servicios informáticos, software, productos farmacéuticos y biotecnología) representan el 85% del gasto empresarial en I+D; en la UE, las industrias de tecnología media (especialmente automóviles y componentes) suponen un 50% del total, una proporción mucho mayor. «Mientras Estados Unidos y China concentran su inversión en tecnologías emergentes –inteligencia artificial, biotecnología o semiconductores–, las empresas europeas siguen centradas en sectores maduros como la automoción o la maquinaria industrial», señalan

Entrevista con Ricardo Diéguez, director general de Marqués de Riscal. Con la campaña Risk All, Marqués de Riscal hace una "reivindicación del espíritu pionero y arriesgado de Marques de Riscal, que ha llevado desde la fundación en 1858 hasta hoy como seña de identidad". "...Esta campaña la hemos querido lanzar para que trascienda un poco del mundo del vino a otras comunidades, en este caso con la intención de conectar con audiencias que valoran la cultura, el arte, la arquitectura e incluso las experiencias transformadoras. En definitiva: crear una plataforma de comunicación global que ayude a conocer mucho más todo lo que Marqués de Riscal ha hecho desde 1858, que va mucho más allá de la excelencia de los vinos...Somos una empresa muy enfocada en el mundo prémium y queremos subir el prestigio lo máximo posible y llegar arriba. Porque hay capacidad para convertir experiencias mucho más top y hay gente que está dispuesta a pagarlas. La exclusividad, la diferenciación van a ser dos vías y dos formas de ver el negocio de ahora en adelante que van a estar probablemente en el foco de nuestra estrategia...La exportación tiene un peso más o menos del 45% de nuestro negocio, o sea que si el negocio internacional tose, pues nosotros también nos podemos resfriar. Por suerte tenemos un footprint muy equilibrado, es decir, Estados Unidos es uno de los países más importantes para nosotros en el mundo, estamos con ellos desde 1883, hemos vivido crisis de todos los colores y hemos solventado siempre la situación. ¿Por qué? Porque somos un negocio de largo plazo, si tenemos curvas en EEUU apoyamos, y apoyamos fuertemente. Porque es un mercado que va a seguir siendo fuerte y que va a estar ahí. La comunidad latina que hay en Estados Unidos es cada vez es más grande y nuestro vino es el vino más conocido a nivel mundial y además Rioja es la denominación más conocida también a nivel mundial.."

El acceso a la vivienda ha vuelto a convertirse en la principal preocupación de los vascos por primera vez desde 2008, en plena crisis inmobiliaria. No es para menos teniendo en cuenta que su precio no para de batir récords históricos. Pero pese a ello, se ha producido una especie de paradoja: el sobrecalentamiento de un mercado hipotecario (en Euskadi se han concedido 16.480 pólizas hasta agosto, un 26,3% más que el año pasado) que se sostiene gracias a dos razones, una demanda disparada y unos menores costes de financiación. Los tipos han ido a la baja durante estos últimos meses tras así decidirlo el Banco Central Europeo (BCE), lo que ha desatado una guerra hipotecaria que ha empujado las ofertas de la banca a la baja con el objetivo de ganar volumen de clientes aún sacrificando sus márgenes de beneficio. De hecho, algunas entidades como BBVA, Santander o Bankinter decidieron bajarse voluntariamente de esta pelea hace ya tiempo por ser «irracional» (palabra empleada tanto por Gloria Ortiz, CEO de Bankinter, como por Héctor Grisi, su homólogo en el Santander), argumentando que los bancos están concediendo préstamos a tipos de interés por debajo de sus propios costes de financiación. Así las cosas, un informe del BCE revela que la avalancha de peticiones es tal que la banca española ya rechaza una de cada cinco hipotecas, más que cualquier otro país europeo. 

En España se construye poco, no queda apenas suelo urbanizable y el papeleo necesario para que las obras se pongan en marcha continúa siendo un freno insuperable. Estos tres mantras inundan la conversación inmobiliaria desde hace tiempo, y recurren a ellos tanto quienes están de un lado como del otro de la oferta y la demanda. ¿Son ciertos? En parte. Hay más construcciones en marcha que hace unos años, aunque estas se terminan a un ritmo más lento; y se está movilizando más suelo que el año pasado para construir, pero la burocracia no se ha agilizado lo suficiente para que las obras arranquen antes. Las distintas partes involucradas en el sector comparten un mismo diagnóstico: a pesar de que la partitura ha variado ligeramente, la música, por el momento, sigue sonando igual. Las estadísticas del Observatorio de Vivienda y Suelo del Ministerio evidencian las dos velocidades en las que se mueve actualmente la construcción. Mientras que en el primer trimestre de 2025 se empezaron a construir 31.179 viviendas libres, el volumen más elevado en este (y cualquier otro) periodo de los últimos siete años, solo se entregaron 18.642, el total más bajo en los primeros tres meses del año desde 2021. Con las casas protegidas, el comportamiento fue el mismo. 

Más de 76 millones de turistas internacionales visitaron España entre enero y septiembre, con un gasto de 105.000 millones de euros y esta última magnitud creció un 7%, el doble que el de visitantes, lo que significa que cada uno de ellos se rasca más el bolsillo. En paralelo, el apetito por los hoteles y el atractivo de España como destino vacacional empujará este año a compraventas en el sector por unos 3.000 millones de euros. El turismo representó el año pasado el 13,4% del PIB, según datos de Exceltur. Pero la otra cara de la moneda está en la concentración turística y las protestas que se viven en varias ciudades españolas, como Palma, Santa Cruz de Tenerife, Barcelona o Granada, entre otras, donde se ha criticado no solo la presencia masiva de visitantes, sino cómo influye en la carestía de viviendas y los alquileres disparados. La población aumenta y los ciudadanos viajan con más frecuencia. Los aeropuertos españoles, la puerta de entrada del 80% de los turistas, se van a ampliar para acoger a más viajeros y las previsiones pasan por un aumento anual medio de entre el 3% y el 4% en la cifra de pasajeros en los aeropuertos de España hasta mediados de siglo. El turismo, una de las principales actividades económicas de España, atraviesa por un momento complejo, con el reto de armonizar el crecimiento con la vida ordinaria de las ciudades y el acceso a la vivienda. La secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez Grau (Palma, 1976), participó la semana pasada en Londres en la World Travel Market, una de las principales feria del sector en el mundo, para promocionar el país en el principal destino emisor y para ahondar en la estrategia de presentar a España como un destino sostenible, que va más allá del sol y playa. Defiende un control de los pisos turísticos en ciertas zonas, pero asegura que este fenómeno “ni mucho menos es la principal causa” de la falta de vivienda y sus precios. "El turismo es muy beneficioso porque genera economía, desarrollo cultural y social y fija población. Una buena redistribución de la renta del sector pasa por unas buenas condiciones y buenos salarios. Depende de cómo lo miremos, ya hemos superado a Francia, porque tenemos más pernoctaciones. Los retos del turismo en España están en la sostenibilidad medioambiental, social y económica”...

La dicotomía entre el empleo del sector público y el sector privado siempre se ha sustentado en dos pilares. Por un lado, el nivel de seguridad laboral que ofrecen y, por otro, las aspiraciones retributivas que proyectan. Aunque la estadística de salarios en España más precisa, la que ofrece la Encuesta de Estructura Salarial del INE, se publica con un decalaje de casi dos años, las últimas cifras disponibles ofrecen una visión aproximada sobre la remunerativa. Según las últimas estadísticas disponibles para el año 2023, la totalidad de los empleados públicos, 3,5 millones de ocupados según la Encuesta de Población Activa del INE que suma a los funcionarios de carrera (cerca de 1,6 millones) y al personal laboral de Administración Central, comunidades autónomas y corporaciones locales, además de empleados de las empresas públicas, el sueldo medio en el sector público se sitúa en 3.026 euros mensuales brutos distribuidos en doce pagas. Una cifra que supera en un 44,7%, prácticamente 1.000 euros al mes, a los 2.091 euros brutos que retribuye de media el sector privado. Más allá de que la estadística arroja un claro saldo a favor de los salarios del sector público desde el inicio de la serie histórica en 2006, cuando la diferencia era del 49%, la brecha ha sufrido altibajos en estas casi dos décadas. Primero con un aumento del diferencial en los años de la crisis y posteriores como producto de la caída y devaluación de los sueldos en el sector privado, que en el caso de los funcionarios y empleados de las Administraciones se sustanció con congelaciones y eliminación de pagas extraordinarias. Llegando en 2016 al pico más alto, del 54,9%.

Lluvia de millones como nunca antes había visto el sector en España. Eso es lo que está viviendo la industria armamentística este año en el que los acontecimientos se han acelerado, con Donald Trump presionando para que sus socios de la OTAN disparen el gasto en defensa cuanto antes y un Vladímir Putin que sigue adelante con su invasión de Ucrania y amenaza el flanco este de la Unión Europea. Si bien España no ha cedido ante las presiones de Estados Unidos para elevar el gasto militar hasta el equivalente al 5% del Producto Interior Bruto, sí que ha aumentado sensiblemente esta partida con 10.471 millones extra solo este año, elevando el gasto en defensa hasta el 2% cuando había terminado el año 2024 en apenas un 1,4%. En esa partida se incluyen 31 Programas Especiales de Modernización (PEM) destinados a mejorar el equipamiento de las Fuerzas Armadas, en ámbitos tan dispares como la ciberseguridad, sistemas de escucha, buques, blindados, adiestramiento, comunicaciones, artillería e incluso uno dedicado al FCAS, el futuro sistema aéreo de combate europeo que España lidera junto a Alemania y Francia. De momento, el Ejecutivo ha dado la orden a Defensa para que empiece a negociar un puñado de estos PEM con las empresas adjudicatarias, por lo que el Ministerio de Industria ya ha aprobado la prefinanciación para 30 de ellos, con un total de 14.223,85 millones de euros al 0% de interés repartidos durante varios ejercicios. Este dinero no tiene por qué pasar por un Congreso en el que el PSOE es minoría y en el que varios de sus socios como Sumar o ERC no están a favor del aumento del gasto militar.

Trabajo a máximo rendimiento en la maquinaria que mueve los hilos de Pontegadea, la sociedad a través de la que Amancio Ortega invierte los dividendos que percibe de Inditex. Y este año han sido especialmente jugosos para el fundador del gigante textil, que el pasado lunes ingresó 1.550 millones de euros por esta retribución que se eleva en el conjunto del año a 3.104 millones por el 59,2% que posee en la compañía que fundó. «Cada vez que llega este momento supone un quebradero de cabeza para quienes tienen que buscar dónde invertirlo», bromean fuentes conocedoras. «Él no quiere riesgo en Bolsa, así que hay que trabajar en buscar oportunidades teniendo en cuenta que cada año recibe más dividendos que hay que invertir», explican. La misión de Roberto Cibeira, uno de los hombres más cercanos al empresario gallego y clave en la gestión de Pontegadea de cara a 2026 será continuar con la diversificación de una cartera que en los últimos tiempos ha estado centrada en oficinas, hoteles y viviendas de lujo, pero que en 2025 ha dado un giro para incluir nuevos activos. «Ahora se busca mayor diversificación, pero las reglas que rigen la estrategia de Pontegadea no han cambiado en los últimos años: huir del endeudamiento –de ahí que las compras se realicen con el flujo de los dividendos de Inditex–, que los activos estén ubicados en zonas ‘prime’ y, sobre todo, que sean capaces de generar rentas con inquilinos de largo plazo», explica un analista de fondos que conoce bien el ‘modus operandi’ de la firma. 

Los empresarios catalanes se activan para evitar que la detonación de las relaciones entre Junts y el Gobierno genere un efecto cadena que cortocircuite la vía de comunicación que han mantenido las tres partes y que ha propiciado que el partido independentista haya actuado como correa de transmisión de los intereses que tienen las empresas de Cataluña. Mañana, el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, se desplazará a Bruselas y en su agenda tiene prevista una reunión con Carles Puigdemont, presidente de Junts. Sobre la mesa está abordar de qué manera se puede garantizar la patronal su influencia en el Gobierno, después de la voladura de puentes escenificada por Junts. Foment se ha posicionado de manera muy taxativa en asuntos como el rechazo a la reducción de la jornada laboral pretendida por Sumar y la ministra Yolanda Díaz y hace reivindicaciones que Junts respalda, como la denuncia de una falta de inversión del Estado en infraestructuras para Cataluña o la rebaja del IRPF o de impuestos como el de patrimonio o el de sucesiones. También han mostrado más coincidencias, como a la hora de defender la necesidad de la ampliación del aeropuerto de Barcelona o cuando Foment aplaudió a Junts por derogar el impuesto a las energéticas, en compañía del PP, Vox y PNV. Además de servir de altavoz para la reiterada demanda de una bajada impositiva, el empresariado catalán ha visualizado a Junts como un contrapeso para que el Gobierno no se entregue a las reclamaciones de Sumar en cuestiones relacionadas con la política energética o la organización de la jornada laboral. 

La emergencia climática está, más que nunca, en el discurso público. Las riadas, olas de calor, tifones e incendios extremos devuelven a la actualidad de forma continua las consecuencias del cambio climático, apuntaladas por la ciencia desde hace años. Pero, a la vez, el negacionismo alcanza cotas inéditas en el mapa geopolítico internacional, con la potencia más contaminante a la cabeza, esto es, Estados Unidos y su presidente, Donald Trump, al frente. En este difícil contexto, a caballo entre la necesidad de tomar medidas frente al desafío que plantea el clima mundial y el creciente repliegue político en la agenda ecologista, se celebra este año la 30ª edición de la Cumbre del Clima, conocida como COP. A partir de hoy, y hasta el próximo día 21 si se rubrican los acuerdos en la fecha prevista, los 198 países, agrupados en 70 partes, representados en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC) comienzan sus negociaciones en el estado brasileño de Belém, en plena Amazonia, con dos retos principales. Por un lado, refrendar los compromisos nacionales para rebajar las emisiones de efecto invernadero –que se renuevan cada cinco años desde el Acuerdo de París de 2015–, así como respaldar una declaración más ambiciosa contra el uso de los combustibles fósiles. Por otro, será necesario definir la financiación destinada a medidas de adaptación frente a un cambio climático que se cobra miles de vidas cada año en todo el mundo.

La principal compañía de taxis voladores de China pretende lanzar sus servicios aéreos desde los principales aeropuertos del país en un plazo de tres años y con un coste mínimo de 30 dólares (26 euros) por trayecto, en un contexto de creciente competencia por la proliferación de vehículos eléctricos de despegue y aterrizaje vertical (eVTOL). Este plan pone de relieve la ambición de EHang, que este año se convirtió en la primera compañía del mundo en obtener la aprobación de un regulador para operar comercialmente un eVTOL sin piloto. La Administración de Aviación Civil de China (CAAC) concedió su aprobación a viajes con origen y destino en el mismo punto. Ahora EHang valora operar vuelos turísticos en las ciudades de Guangzhou y Hefei. Sin embargo, Conor Yang, director financiero de EHang, afirma que gracias a la prioridad que Pekín otorga a los vuelos que no superan los 1.000 metros de altitud, la compañía espera utilizar su aeronave en una gama más amplia de contextos. Yang asegura que “la actividad de baja altitud no se refiere solo a atracciones turísticas, sino también al transporte y servicios públicos”. Exbanquero de Goldman Sachs y Lehman Brothers, el directivo afirma que la compañía prevé que los viajes en sus taxis aéreos costarán entre 200 y 300 yuanes (entre unos 30 y 42 dólares), un poco más que un viaje prémium en coche de DiDi –el Uber chino–, pero menos que un traslado con un servicio de lujo. En su opinión, la ventaja de ser pioneros en el sector y los estrictos requisitos regulatorios de la industria les garantizan una ventaja competitiva durante al menos dos años.

De Kenia a Madagascar, de Senegal a Camerún, de Tanzania a Nigeria o de Marruecos a Mozambique. Una ola de protestas protagonizadas por jóvenes de menos de 30 años, la llamada generación Z, recorre África y parece imparable. Ocupan las calles y los espacios públicos, se enfrentan a las fuerzas del orden, revientan elecciones o tumban regímenes. En unos países se enfrentan a dirigentes que se eternizan en el poder y hacen trampas en las urnas, en otros combaten la vida cara, la falta de empleo o los cortes de agua y luz. Se organizan en las redes sociales como movimientos horizontales. Quieren hechos, no promesas, buscan nuevos referentes y aliados y están haciendo saltar las costuras de los viejos pactos que sirvieron a sus padres y abuelos, pero que asfixian a esta generación Z africana, tan hastiada de lo antiguo como libre de todo compromiso. Como si fuera un símbolo de aquello contra lo que luchan, en apenas una semana de octubre, el continente africano ha vivido la reelección de tres presidentes: el camerunés Paul Biya, de 92 años, que lleva en el cargo desde 1982; el marfileño Alassane Ouattara, de 83 años, quien inicia su cuarto mandato presidencial, y la tanzana Samia Suluhu Hassan, de 65 años, quien lidera un partido político que lleva en el poder desde 1977. En los tres países, el camino a la reelección quedó libre después de que los principales líderes opositores fueran barridos de la carrera presidencial tras ser encarcelados, sentenciados o apartados por la vía judicial. El procedimiento no es nuevo, pero ya no se digiere con facilidad: las protestas sacudieron los procesos electorales, con especial intensidad en Tanzania donde hubo cientos de muertos por la violencia policial.