20250922

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

El objetivo es alcanzar este año cifras históricas en inversión, beneficios y dividendos y, a partir de ahí, ir creciendo de forma sistemática y permanente, sin retroceder. En concreto, Iberdrola aspira a rebasar ya en 2025 los 11.900 millones de euros de inversión alcanzados en 2024, los 5.600 millones de beneficios del pasado ejercicio y los 0,56 euros por acción de dividendo de hace un año. En el periodo 2025-2028, la inversión anual apunta a situarse entre 12.000 millones y 14.000 millones. El beneficio podría rebasar ya este año el hito de los 6.000 millones por primera vez en la historia de la empresa. En concreto, 6.400 millones. Y desde ahí, subir sin parar hasta otro listón, el de los 7.000 millones, con 7.300 millones en 2028. Teniendo en cuenta que Iberdrola mantendrá su política de dividendo creciente, en paralelo al aumento del beneficio, la retribución al inversor –siempre conservando la dualidad de pago en efectivo o en acciones–, podría alcanzar los 0,64 euros por acción y luego ir escalando hasta los 0,71 euros en 2028. El actual plan 2024-2026 contemplaba alcanzar al final del periodo un beneficio máximo de 5.800 millones en 2026, y un dividendo máximo de 0,66 euros por acción. En términos de valores absolutos, es decir, sumando todas las cantidades anuales, Iberdrola aspira a unas inversiones totales de entre 50.000 millones y 55.000 millones de euros a lo largo del nuevo plan hasta 2028.

Empieza una semana clave para BBVA dentro del proceso para hacerse con su rival Sabadell. El banco liderado por Carlos Torres tiene hasta el miércoles 24 de septiembre para decidir si modifica o no las condiciones de la oferta. Este es el plazo contemplado por la legislación española, que señala que BBVA tiene un mínimo de 10 días hábiles antes de que finalice el periodo de aceptación (que será el 7 de octubre) para introducir cambios en la oferta. Es decir, que si la entidad decide subir el precio de la oferta, proponer otra ecuación de canje de acciones o introducir un pago en efectivo sin modificar el plazo de aceptación, tiene el miércoles 24 su última ocasión. No obstante, este calendario inicial podría prolongarse a discreción de BBVA. La entidad, que optó por establecer un periodo de aceptación de 30 días naturales (el mínimo legal), podría extenderlo hasta un máximo de 70 días si lo considera necesario. Y puede hacerlo por bloques de diez en diez días. Es decir, una vez que la opa está en marcha, BBVA solo puede ampliar el plazo de aceptación que da a los accionistas de 10 días en 10 días. Esta maniobra le permite aplazar igualmente el momento de decidir si mejora, o no, la oferta la oferta por Sabadell. De momento, los inversores esperan a ver si BBVA hace algún movimiento, pese a que Torres ha insistido en repetidas ocasiones que la oferta es la que es y que los accionistas de Sabadell no deben esperar a que haya una mejora.

Cuatro años después de haber aprobado por un error del PP una reforma laboral por la que llegó incluso a jugarse el puesto, la vicepresidenta encaraba 2025 con el reto mayúsculo de sacar adelante la medida por la que aspiraba a pasar a la historia de las relaciones laborales en España: la reducción de la jornada máxima legal a 37 horas y media semanales. Pero la fuerte oposición empresarial y la compleja aritmética parlamentaria han frenado no solo esta, sino la práctica totalidad de las grandes reformas que tenía en cartera la ministra de Trabajo en su planificación anual. Ni el recorte de jornada, ni su plan B para endurecer el registro horario en las empresas. Ninguna de las dos iniciativas verá la luz antes de que acabe el año. Tampoco la reforma del despido para hacerlo restaurativo y disuasorio. Ni el ansiado Estatuto del Becario, que lleva más de dos años atascado, irá al BOE antes del 31 de diciembre. No son las únicas reformas que seguirán en el cajón: tampoco saldrán la ley para democratizar las empresas incluyendo a los sindicatos en los consejos de administración o la que preveía modificar el statu quo de la representatividad de las pymes en el diálogo social. Y está por ver cómo se desarrolla la negociación para la actualización del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), pues los sindicatos ya han advertido de que, en esta ocasión, redoblarán sus exigencias para llegar a un acuerdo. Díaz afronta el último trimestre con una estrategia clara de reactivar, en mayor o menor media, las reformas pendientes. 

«Al principio de la legislatura tragas con cosas que no te gustan e intentas dar un apoyo al Gobierno. Pero esa época se ha acabado». Así avanzó Aitor Esteban hace unos días su impresión de que la legislatura en Madrid ha entrado en una «nueva fase» en la que, arrastrados por las implicaciones políticas del ‘caso Cerdán’ y por la inestabilidad que marca la entrada de curso, los antaño socios de Pedro Sánchez se mirarán de reojo entre sí, lo que les llevará a enfatizar sus propias «características» ideológicas en lugar de remar en la misma dirección para evitar que el Gobierno caiga. La reflexión tiene miga porque evidencia que el PNV ha interiorizado que la legislatura ha entrado en el tiempo de descuento, sean esos ‘minutos de la basura’ cuestión de pocos meses, de un año o incluso más si, contra todo pronóstico, el presidente del Gobierno optara por agotar su vigente mandato. En todo caso, que Sabin Etxea ha entrado ya en modo preelectoral es un hecho, corroborado por distintas fuentes y espoleado por la sospecha –casi certeza– compartida por los burukides de que es muy complicado que Moncloa saque adelante los Presupuestos. «No vamos a perder ni 30 segundos debatiendo cuándo Sánchez va a convocar elecciones. Con todo el respeto, que lo haga cuando quiera. Estamos preparados», retó en su día el presidente del PNV vizcaíno, Iñigo Ansola. 

Entrevista con Mitxel Lakuntza Secretario general de ELA. "...En el Estado español la amnistía también parecía imposible. Hasta el presidente Sánchez lo verbalizó, dijo que eso no se iba a hacer, y se hizo. Esto tiene que ver con las prioridades y con las presiones políticas, por lo que va a depender de la presión que aquellos partidos vascos que la apoyan estén dispuestos a defender en Madrid...El estudio del Gobierno vasco, que planteaba entre 1.268 y 1.385 euros, ha enfadado a todos porque ha quedado en cuestión la propia calidad del mismo, que incurre en errores de bulto. La política también tiene mucho de teatralización y de parecer que se está haciendo algo cuando es una excusa para no abordar la propia responsabilidad. Pasa también con las mesas de negociación y con lo que ha ocurrido en Osakidetza. Sindical y socialmente hemos perdido un año con esa mesa y ahora plantean otra con el tema de la segregación. Tienen un objetivo, dar la sensación de que hay una acción donde no la hay. Son mesas de propaganda que buscan la desmovilización...La política industrial tiene que abrir sectores nuevos, que tengan una función social y que sean sostenibles. Siempre ponemos Euskaltel de ejemplo. En su día fue un instrumento para mejorar las telecomunicaciones y tenía un control público, pero al final acabó en un fondo buitre. Muchos de los responsables, que han estado sobre todo en el PNV, son personas muy vinculadas al mundo de la empresa, y cuando el objetivo es fortalecer los intereses de las empresas la política que se hace es otra. Y cada vez que planteamos la gestión pública y el control, nos encontramos sobre todo enfrente al PNV...- Ha dicho que con Adegi se puede negociar. ¿Por qué le cuesta más alcanzar acuerdos con Cebek y SEA? – Adegi tiene una posición más pragmática a la hora de abordar la negociación, probablemente porque es consciente de que ELA tiene en Gipuzkoa su mayor implantación y entienden que para que una negociación llegue a buen puerto tienen que poner contenidos. En otros territorios simplemente lograr la inflación se ha convertido en una pelea y ha supuesto decenas de conflictos. En Gipuzkoa el convenio del metal fue un exponente de cómo abordar una negociación sin conflicto..."

El impuesto a las grandes fortunas que aprobó hace tres años el Gobierno central ha debilitado los refugios fiscales que competían con Gipuzkoa, como Madrid o Andalucía, que se han visto obligadas a eliminar la bonificación del 100% de ese tributo para no perder la recaudación fiscal que habría ido al Estado a través del nuevo impuesto. Así, la recaudación a nivel estatal en Patrimonio se disparó en 2023 un 60%, hasta los 1.970 millones de euros, lo que evidencia que el diseño del impuesto logró su objetivo. A efectos de Gipuzkoa, que prima desde siempre Patrimonio, el peso en las arcas del nuevo ‘impuesto a los ricos’ es residual. Según los datos de la Campaña de la Renta de 2024, que fueron presentados el pasado mes de julio, los diez contribuyentes que pagaron el Impuesto sobre las Grandes Fortunas –seis más que en el ejercicio anterior– abonaron un total de 125.000 euros. Es decir, a 12.500 por cabeza. Lo deben asumir los residentes fiscales cuyos patrimonios superan los 3,2 millones y es complementario al de Patrimonio, la otra figura del entramado fiscal que grava las posesiones de los más favorecidos.

Los datos recién actualizados correspondientes a 2024 sitúan a España todavía ocho puntos por debajo de la media europea, con un pobre avance de un punto respecto al ejercicio anterior a pesar de que el PIB creció un 3,5%, lo mismo que Dinamarca y sólo por detrás que Croacia. Al respecto, el país nórdico tiene un nivel de vida que se sitúa ocho puntos por encima del promedio europeo, pero los croatas, que se incorporaron a la UE en el año 2013 y al euro una década después, tienen un consumo real efectivo muy inferior a las economías más desarrolladas (78 respecto a la media 100).Respecto a las grandes economías de la zona euro, el nivel de vida de los españoles está, según Eurostat, 26 puntos por debajo de los alemanes, 14 puntos por debajo de los franceses y 6 puntos por debajo de los italianos. En el ránking que incluye a los 27 países que forman parte de la Unión Europea, España ocupa el puesto 15. Sólo Portugal y Grecia, además de las naciones de Europa del Este, se sitúan por debajo. Los motivos de que con un crecimiento económico fuerte nuestro país no logre cerrar la brecha con los países europeos en los que hay una mayor capacidad real de consumo (Luxemburgo, Noruega y Países Bajos) son una tasa de inflación sensiblemente superior en los últimos tres años y el gran aumento de la presión fiscal en España por la reiterada negativa del Ministerio de Hacienda a actualizar las tarifas del IRPF con la subida de los precios. Lo que ha supuesto que los contribuyentes de nuestro país sean los que sufren la mayor subida en la zona euro de la carga tributaria, que según los economistas este año se situará en el 39% del PIB, frente al 34% mantenido antes de que Sánchez llegara a La Moncloa. A diferencia de lo que proclama el Gobierno, la parte mollar del aumento de la presión impositiva ha recaído sobre los trabajadores.

En los últimos diez años los despidos disciplinarios, aquellos que ejecutan las empresas a consecuencia de una falta grave cometida por el trabajador –de la que es culpable–, se han más que duplicado. Según las estadísticas oficiales que arroja la Seguridad Social, mientras que en 2015 se notificaron 10.437 ceses de este tipo en 2024 la cifra ascendió a 26.850. Aunque es una cifra residual sobre el volumen total de resoluciones de contrato que se llevan a cabo a lo largo del año –en el pasado ejercicio tuvieron lugar 962.341 despidos involuntarios– el incremento experimentado en los últimos años motivado principalmente por el aumento del volumen de asalariados en el mercado laboral está generando una problemática creciente para las empresas a la hora de afrontarlos. Principalmente, porque el Estatuto de los Trabajadores regula sólo los motivos por los cuales el empleador puede hacer uso de un despido disciplinario pero no el procedimiento para ejecutarlo. Esta cuestión ha sido concretada en los últimos tiempos por los juzgados, que han establecido un modus operandi a base de jurisprudencia que, no en vano, conlleva que las empresas afronten los despidos disciplinarios con un alto grado de incertidumbre. Así lo confirman los juristas consultados que, si bien señalan que ya el la obligatoriedad de realizar un trámite de audiencia previa está asimilada no deja de acarrear ciertas complicaciones.

No hay mes sin récord en plena escalada de los precios de la vivienda en España. Comprarse un piso hoy cuesta de media 2.093 euros por metro cuadrado, con datos de tasación a cierre de junio recopilados por la Asociación Hipotecaria Española (AHE). Son precios de máximos de la burbuja inmobiliaria, cuando también se rebasó la cota de los 2.000 euros en los años 2007 y 2008. Cómo se está recalentando otra vez el ladrillo nacional se observa muy bien si se compara con el precio de la vivienda protegida en nuestro país que se ha mantenido estable durante los últimos 18 años. De hecho, nunca ha caído por debajo de los 1.000 euros desde entonces con dos crisis, la de 2008 y la de deuda de la Eurozona en 2012, y con la recuperación posterior. Según los datos de tasación, comprarse un piso en el mercado libre es un 76% más costoso que una vivienda de protección oficial, en concreto, cuesta 905 euros más de media en España. Destaca también la diferencia de precios que existe entre el mercado privado y el público en Guipúzcoa (sic), Barcelona o Vizcaya (sic) donde el metro cuadrado es entre 1.600 y 1.900 euros más elevado, hasta batir, incluso los 3.100; seguidas de Málaga, con una diferencia de 1.500 euros ya que por un inmueble se llega a pagar ya más de 2.700 euros. Y también figura Álava, con un diferencial de 1.228 euros.

Fin a la época dorada del ahorro conservador. Las familias españolas han disfrutado en los últimos años de una ecuación poco frecuente en los mercados financieros: la de una rentabilidad moderada sin apenas riesgo ofrecida por productos como los depósitos a plazo o las letras del Tesoro. Sin embargo, los bajos tipos de interés impuestos por el Banco Central Europeo (BCE) sitúan de nuevo a los particulares ante la disyuntiva de mantenerse en esos activos que garantizan cero sobresaltos, a costa de perder poder adquisitivo tras el reciente repunte de la inflación. En el caso de las letras, los plazos a 3, 6, 9 y 12 meses han pasado de ofrecer una rentabilidad –medida por el tipo de interés marginal– del entorno del 2,5% a finales del pasado año a situarse por debajo del umbral del 2% en las últimas subastas, incluso en las de agosto, mes en el que el BCE decidió mantener invariable la tasa de referencia. Esto quiere decir que, con una inflación al 2,7% en el octavo mes del año, la rentabilidad real que obtienen los inversores en letras ha sido negativa. 

“Todos contra Digi”. Ese parece ser el lema que han adoptado los tres grandes operadores para combatir la expansión imparable del operador rumano, que está arrasando en el mercado español de las telecomunicaciones con sus planes de tarifas simples y baratas. Movistar, MasOrange y Vodafone están lanzando promociones con fuertes descuentos, a veces de hasta el 65%, dirigidas específicamente a clientes de Digi. Para ello, les basta con detectar que el cliente está conectado desde una dirección IP de Digi, y entonces le salta automáticamente una oferta que no está disponible para los abonados del resto de compañías. Las promociones dirigidas específicamente a un tipo de clientes son comunes y legales entre todas las empresas del sector, y se aplican también en otras áreas como los hoteles y los viajes. Se trata de las llamadas “ofertas privadas” o “secretas” dirigidas a un colectivo determinado, por lo que, generalmente, tienen una validez muy corta, de unos días o apenas dos semanas, y se concentran en fechas clave como la Navidad o la vuelta del verano. En el caso de las telecomunicaciones, se llevan aplicando desde hace años, pero nunca con la intensidad y la generalidad de ahora. De hecho, en este mes de septiembre, los tres grandes operadores tienen activas promociones antiDigi y, en algún caso, a través de varias de sus marcas. Otra de las novedades que prueba la encarnizada lucha del mercado español de las telecomunicaciones es que, por primera vez, Digi está respondiendo a esta ofensiva de sus rivales, realizando contraofertas a los clientes de mayor valor que amenazan con cambiarse de compañía. 

A principios de septiembre, Donald Trump, reunió en la Casa Blanca a los principales directivos de los gigantes tecnológicos norteamericanos. Estaban Tim Cook, de Apple; Mark Zuckerberg, de Meta; Sundar Pichai, de Alphabet; Sergei Brin, de Google; Sam Altman, de OpenAI; Bill Gates y Satya Nadella, de Microsoft; Safra Catz, de Oracle, y Lisa Su, de AMD. Fue una reunión casi histórica, con la mayoría de los ejecutivos más poderosos del mundo sentados en una mesa junto al presidente de EE UU. Estas empresas capitalizan en su conjunto cerca de 20 billones de dólares (más de 17 billones de euros), más del doble que en 2020, tras un verano de récords históricos en el que Nvidia y Microsoft superaron por vez primera la cota de los cuatro billones de valor de mercado, por tres billones de Alphabet, que pugna por el tercer puesto del ranking con Apple, que, a su vez, aspira a mantener el crecimiento de la mano de los nuevos iPhone. Ni amenazas como la causada a principios de 2025 por la china DeepSeek, que desarrolló un modelo de inteligencia artificial (IA) mucho más barato, parecen frenar su avance. Con este músculo financiero, casi sin precedentes, han provocado multimillonarias sacudidas en Bolsa, al calor de la implantación de la IA y el avance en los chips. El último terremoto tuvo lugar el pasado jueves. Nvidia cerró un acuerdo para invertir 5.000 millones de dólares (unos 4.350 millones de euros) en la compra de un 4% del capital de Intel, histórico fabricante de chips que trata de salir de una grave crisis. 

Existe un creciente interés por la tecnología espacial, impulsado por el aumento del gasto militar a nivel mundial. El índice Kensho Final Frontiers de S&P, compuesto principalmente por empresas del sector espacial, ha subido un 35% desde abril. Algunas compañías están diversificando sus actividades, pasando de la monitorización del clima a la seguridad. Otras desean adquirir proveedores de defensa consolidados para acceder a los nuevos fondos. Pero el éxito no está garantizado, ya que los ejércitos priorizan la reducción del déficit presupuestario, y las nuevas empresas del sector espacial deben competir con gigantes del sector de Defensa como Lockheed Martin y Northrop Grumman. Muchos inversores sufrieron pérdidas debido al optimismo desmedido que rodeó la última revolución tecnológica espacial esperada. De las 13 empresas que salieron a Bolsa entre 2018 y 2022, solo cuatro cotizan ahora por encima de su precio de salida, mientras que otras fueron adquiridas, quebraron o abandonaron el mercado. Esta vez, las esperanzas se basan en los compromisos de los gobiernos de recurrir a proveedores comerciales para acceder más rápido y a menor coste a tecnología avanzada.

Mientras Europa centra sus miedos en China y su poderío en el ámbito del vehículo eléctrico, algunos países con acceso privilegiado al mercado del Viejo Continente han aprovechado los últimos años para crecer y atraer importantes inversiones. Es el caso, por ejemplo, de Marruecos, que puso una alfombra roja a Stellantis para que comenzara a fabricar allí en 2019. El idilio entre la automovilística y el país norteafricano —que se ha marcado como objetivo alcanzar el millón de coches fabricados al año—, ha cristalizado en una última inversión de 1.200 millones para más que duplicar la capacidad productiva de la planta de Stellantis en Kenitra, por encima del medio millón de unidades anuales en los próximos meses. También fabrica allí el grupo Renault, que desde Marruecos vende a Europa modelos como el Dacia Sandero, el coche más comercializado en España. El caso marroquí palidece, sin embargo, con la pujante industria del automóvil turca, que según la OICA, la organización internacional de fabricantes de coches, hizo 1,36 millones de unidades el año pasado, frente a las 559.000 de Marruecos.

Las predicciones de que el mundo pronto estará inundado de petróleo no están logrando reducir los precios del crudo, y algunos analistas afirman que la silenciosa acumulación de reservas por parte de China está evitando una importante caída del mercado. Grandes bancos, agencias de energía y analistas pronostican casi con unanimidad que el exceso de suministro podría hacer caer los precios mundiales del crudo a los 50 dólares por barril o menos el próximo año. Sin embargo, el crudo Brent, la referencia internacional, todavía cotiza en torno a los 67 dólares por barril, prácticamente sin cambios respecto a los niveles de finales de junio, mientras que los mercados de futuros no apuntan a una saturación próxima. “Hay algo de misterio”, afirma Vikas Dwivedi, estratega de energía global de Macquarie. “Todo el mercado espera enormes excedentes y, sin embargo, el precio no se desploma. En lugar de los 67 dólares por barril, ¿por qué no estamos en 47 dólares por barril?”

La velocidad a la que se va reemplazando a los combustibles fósiles, principales responsables del cambio climático, no es suficiente para cumplir el objetivo del acuerdo: que el calentamiento se quede dentro de los límites de seguridad marcados por la ciencia. Los Gobiernos siguen cebando con ayudas públicas la extracción de petróleo, gas y carbón y, según el Informe de la brecha de producción 2025, que se publica hoy, la producción prevista para los próximos años es mucho mayor de lo que se necesita para el calentamiento se quede entre 1,5 y 2 grados Celsius respecto a los niveles preindustriales, la principal meta del Acuerdo de París. Este informe se presenta coincidiendo con el arranque de la semana del clima del Nueva York, que se celebra en el marco de la Asamblea General de la Naciones Unidas. El secretario general de la ONU, António Guterres, ha convocado para el miércoles una cumbre climática en la que intervendrán alrededor de 110 países, aunque solo unos 40 estarán representado por sus jefes de Estado. Naciones Unidas había pedido a los casi 200 firmantes de París que para este momento tuvieran ya listos sus nuevos planes climáticos con medidas y objetivos de aquí a 2035. En esta cita se deberían anunciar las conocidas como NDC (las siglas en inglés de contribución determinada a nivel nacional). Se trata de las promesas de recorte de gases de efecto invernadero de cada país.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asestó este fin de semana un duro golpe tanto a los trabajadores cualificados que se plantean entrar en el país como a las empresas que les dan trabajo, fundamentalmente en el sector tecnológico. Trump firmó este viernes una orden ejecutiva que endurece los requisitos para la obtención de una visa H-1B para trabajadores extranjeros cualificados y requiere el pago de 100.000 dólares para los nuevos solicitantes. Con ello, se genera incertidumbre en ciertas compañías tecnológicas que, a partir de ahora, podrían tener dificultades para cubrir algunos puestos y sufrirían una subida de los costes laborales. Aunque el objetivo de este programa es atraer a trabajadores calificados del extranjero para puestos altamente especializados, algo clave para ciertas industrias y empresas tecnológicas, se ha “abusado” de este visado, que “se ha utilizado sistemáticamente para reemplazar, en lugar de complementar, a los trabajadores estadounidenses con mano de obra extranjera, menos cualificada y con salarios más bajos”, señala la orden ejecutiva. Por ello, la Administración Trump acusa a las empresas, especialmente a las de tecnologías de la información, de usar este visado para “externalizar” su fuerza laboral para lograr “un ahorro considerable” en masa salarial. “Las visas H-1B no se están utilizando para cubrir la escasez de personal cualificado o para obtener trabajadores altamente capacitados que no están disponibles en EEUU”, señala el texto.

El país se juega la octava parte de sus exportaciones sin opciones de encontrar otros compradores. No será un golpe mortal, pero sí sustancial. El fin temporal (y parcial) del acuerdo de asociación entre la Unión Europea e Israel, pendiente aún del visto bueno de los gobiernos de los Veintisiete, añadirá un elemento más de presión sobre una economía no precisamente boyante: tras el bum inicial, el país atraviesa un trance complicado, con el crecimiento a la baja y la deuda pública en aumento, dado el ingente gasto militar. De cristalizar la propuesta enviada por el Ejecutivo comunitario, que ya cuenta con el visto bueno de la Eurocámara, quedarían en el alero casi el 12% de las exportaciones israelíes, más de 5.800 millones de euros. En ese contexto, la potencial reimposición de aranceles sobre sus ventas a Europa, con un sobrecoste que Bruselas calcula en casi 230 millones de euros para los exportadores israelíes, empeora más las cosas: en 2023 y 2024, sus ventas al exterior cayeron un 1,1% y un 4,9%, respectivamente.

El reconocimiento del Estado de Palestina ganó ayer otras cuatro adhesiones. Importantes adhesiones. El Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal anunciaron en distintos momentos de la jornada esta decisión, en vísperas de que hoy comience en la Asamblea General de la ONU la conferencia internacional sobre la conocida solución de los dos Estados como marco posible para la paz entre israelíes y palestinos. El primer ministro canadiense, Mark Carney, señaló que su reconocimiento se inscribe en el contexto de un «esfuerzo internacional concertado destinado a preservar la posibilidad de una solución de dos Estados». El jefe de Gobierno de Australia, Anthony Albanese, defendió por su parte «las aspiraciones legítimas y de larga data del pueblo de Palestina de tener un Estado propio», mientras el presidente luso, Marcelo Rebelo de Sousa, apostó por la «moderación» frente a la «radicalidad» para que la fórmula cristalice y se imponga la paz en Oriente Medio. Es una cuestión de «conciencia y principios para Portugal», subrayó ayer Rebelo de Sousa, que mostró al mismo tiempo su «enérgica» condena por las acciones de Hamás y, particularmente, la masacre que cometió el 7 de octubre de 2023 en los kibutz con el trágico resultado de 1.200 israelíes asesinados y otros 250 secuestrados.