20250926

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

La empresa defiende el encaje de su proyecto con la «legalidad internacional y los derechos humanos». En el escrito reitera que es «plenamente consciente de las complejas implicaciones jurídicas y éticas vinculadas al proyecto», por ello enumera todos los análisis legales realizados desde antes de su firma en 2019 y hasta este mismo año. Además, recordó, los servicios jurídicos de la Administración competente en España confirmaron el ajuste a la legalidad sin identificar «ninguna objeción legal». En el mensaje trasladado a la CNMV, CAF explica que todos los análisis jurídicos se han realizado de acuerdo a las instrucciones de la ‘Guía de Diligencia Debida en Contextos Afectados por Conflictos’ publicada por Naciones Unidas para prevenir, identificar y mitigar cualquier impacto en los Derechos Humanos. La empresa considera que, a la luz de esos informes realizados en el año 2023, y nuevamente, en julio de 2025, el tranvía de Jerusalén es «catalizador del cumplimiento de derechos humanos como la libertad de movimiento, el acceso al empleo, la atención médica, la educación y el acceso a los lugares de culto a toda la población, sin distinción, y con especial beneficio para las comunidades más vulnerables». Y es que, recuerda la empresa, los miembros de la comunidad árabe son una «parte significativa de los usuarios del tranvía». En Euskadi, el impacto en el mundo empresarial tuvo otro caso en Sidenor. La compañía presidida por José Antonio Jainaga revestía alguna diferencia, ya que vendía material a una empresa militar israelí. Por ello, anunció este verano la suspensión del contrato. El lehendakari pidió en un primer momento una «reflexión ética» sobre los contratos con Israel, pero la semana pasada cambió el paso. Ver comunicado de CAF aquí

Los trabajadores de Petronor han convocado una huelga indefinida en la refinería de Muskiz a partir de este jueves a las seis de la tarde. El origen de la tensión es la decisión de la empresa de instalar unos nuevos vestuarios en la entrada de la fábrica. Una decisión organizativa aparentemente menor que, sin embargo ha detonado en un pulso laboral de mayor calado ya que los trabajadores sostienen que aumenta su jornada efectiva al situarse más alejados de sus puestos habituales. La huelga –la primera indefinida en la refinería de Muskiz desde 1979– fue registrada la pasada semana por el comité de empresa y respaldada ayer por el 91% de una plantilla cercana al millar de trabajadores. Los sindicatos vinculan este amplio apoyo al «deterioro progresivo de las instalaciones y de las condiciones laborales», cuya «punta del iceberg», subrayan, es el traslado de los espacios para cambiarse. También denuncian «un incumplimiento sistemático de los acuerdos» y un «chantaje continuo» por parte de la dirección. La dirección de la refinería muestra su sorpresa por la magnitud que ha alcanzado el conflicto laboral. En el comunicado difundido este jueves, califica de «desproporcionado e injustificado» convocar una huelga indefinida por un traslado de los vestuarios. La empresa recuerda que estas instalaciones supusieron una inversión de seis millones de euros y que fueron ubicadas en la entrada con el objetivo de que los empleados accedan a la planta ya con el equipo de protección colocado, una medida que refuerza la seguridad en un entorno industrial donde se manipulan productos químicos.

El estudio sobre el absentismo para el segundo trimestre elaborado por Randstad Research sitúa a Euskadi como la tercera comunidad con la mayor tasa de España, tras Cantabria (9,2%) y Canarias (8,8%). Según los datos del informe el País Vasco habría crecido una décima en el último año hasta alcanzar el 8,6%, situándose un punto y medio por encima de la media nacional que estaría actualmente fijada en el 7%. En el caso de la incapacidad temporal (IT) Euskadi habría alcanzado un 6,8% entre abril y junio. De una media de 26,68 horas no trabajadas por empleado, 10 se debieron a este motivo, mientras que para España la media se sitúa en 21,81 horas de las que 8,28 fueron por IT. La industria es el sector que concentra el mayor absentismo, un 7,4% de las horas pactadas, seguido por el sector servicios, con el 7%; y el de la construcción, donde los datos alcanzan un 5,5%. Se trata, también, y en el mismo orden, de los tres sectores que según el estudio de Randstad registran el mayor número de trabajadores afectados por incapacidades temporales. Marcan un 5,7%, un 5,5% y un 4,6% respectivamente.

El creciente impacto de las bajas laborales, disparadas en los años posteriores a la pandemia, preocupa y ocupa cada vez más al Gobierno. El Ministerio de Seguridad Social parece haber tomado una sensibilidad especial en los últimos meses sobre una cuestión, que además de suponer un coste creciente para las arcas públicas y para las empresas implica igualmente un perjuicio organizativo, productivo y de competitividad para las compañías. Con este telón de fondo tuvo lugar la pasada semana una ronda de consultas por parte de técnicos de la OCDE que aterrizaron en España para analizar el estado de la cuestión. Como parte de un trabajo comparativo con otros países del entorno, el ministerio dirigido por Elma Saiz se ha adherido a este proyecto que arrojará, en un plazo de dos años, conclusiones y recomendaciones para mejorar el sistema de incapacidad temporal que genera cada vez un impacto mayor para las economías desarrolladas. Eso sí, las propuestas de reforma que se desprendan no tendrán un carácter vinculante. Fuentes oficiales señalan a EXPANSIÓN que se trata, concretamente, de un Instrumento de Apoyo Técnico (TSI), o lo que es lo mismo, un programa que provee asistencia técnica a los Estados miembros para implementar reformas estructurales que es gestionado por la Dirección General de Apoyo a las Reformas Estructurales de la Comisión Europea. En este caso, un trabajo conjunto de Bruselas y la OCDE para abordar la cuestión del absentismo y proponer soluciones.

Comunicado de Cebek: "...CEBEK ha manifestado, tanto formal como informalmente y de forma reiterada desde el año 2021, su intención de sentarse a negociar en el ámbito que promuevan los sindicatos, tras el fracaso y finalización de la negociación iniciada en 2017. Todo ello sin perjuicio de los acuerdos que luego se puedan alcanzar en cuanto al ámbito definitivo. La voluntad negociadora de la organización empresarial ha sido clara y constante durante estos años. En segundo lugar, cuando CEBEK señala la necesidad de constituir una nueva comisión negociadora, no está planteando ningún obstáculo, sino simplemente constatando una realidad derivada de la inactividad de la mesa anterior y de la finalización de la negociación previa, situación que es imputable a todas las partes implicadas en el proceso. Es fundamental subrayar que la constitución de una nueva mesa no es una exigencia caprichosa de CEBEK, sino un requisito legal. La normativa laboral establece claramente este procedimiento cuando una negociación ha quedado extinguida por inactividad...En opinión de CEBEK, las manifestaciones sindicales en este sentido responden a dos motivaciones: por un lado, intentan ocultar las desavenencias existentes entre las propias organizaciones sindicales.Y por otro , son conscientes de que el problema real no radica en iniciar o no la negociación, sino en su incapacidad para abordar los temas propuestos por la parte empresarial para adaptar el nuevo convenio a la realidad actual del sector..." Ver más en Cebek

Sin sorpresas. PNV y PSE han votado este jueves en contra de la tramitación de la iniciativa legislativa popular (ILP) reivindicada por el movimiento de pensionistas, que en mayo presentó más de 145.000 firmas para solicitar un complemento que igualara las pensiones más bajas al salario mínimo interprofesional (SMI). Aunque el Parlamento vasco ha abordado la propuesta durante la votación para la toma en consideración de la ILP, ambos partidos han primado los argumentos que ya había adelantado el Ejecutivo autonómico a comienzos de mes: una renta de garantías de ingresos (RGI) que ya complementa las pensiones más bajas, una modificación del sistema cuya competencia recaería en el Gobierno central y un volumen de gasto que podría poner en riesgo la sostenibilidad de las finanzas públicas. LAB ha calificado lo ocurrido en el Parlamento de «escándalo antidemocrático» y ha acusado al gobierno de Pradales de arrebatar a la ciudadanía «un debate social fundamental». «Sin duda ha llegado el momento de dar pasos significativos hacia un nuevo modelo de protección social, más amplio y propio», han añadido. CC OO de Euskadi ha lamentado que la iniciativa no haya llegado a tramitarse ya que aborda una de sus reivindicaciones históricas. 

El acuerdo alcanzado en los últimos días entre los gobiernos vasco y central para la transferencia de la gestión de las prestaciones por desempleo ha soliviantado a los altos funcionarios de la Administración. Según lo pactado –deberá de materializarse antes de fin de año en una reunión de la Comisión Mixta de Transferencias–, el País Vasco tomará el control de la gestión tanto de la prestación de paro contributiva como del subsidio por desempleo, que implica gestión de unos 822 millones de euros anuales. Queda por resolver otra cuestión, que según el Ministerio de Trabajo, es “técnicamente compleja”, pero en el acuerdo también se prevé el traspaso de las 30 oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) que hay en la comunidad autónoma –12 en Guipúzcoa (sic), 15 en Vizcaya (sic) y 3 en Álava–, así como de las 534 personas que trabajan en ellas, que serán asumidos por el Gobierno regional. Ahora, este nuevo paso ha provocado una dura advertencia de los altos funcionarios por lo que supone un golpe sin precedentes a la caja única de la Seguridad Social y al principio de igualdad entre los territorios en materia asistencial.

El consejo de administración de Tubacex ha acordado el nombramiento de Xabier Sagredo como miembro independiente del órgano de gobierno de la compañía cotizada especializada en la fabricación de tubos de acero inoxidable. El presidente de la fundación BBK entrará así al consejo de Tubacex en sustitución de Antón Pradera, que abandona el cargo por motivos personales. Sagredo es presidente de la fundación bancaria dueña de más del 50% de Kutxabank desde 2013. El ejecutivo acumula así su segundo asiento en el órgano de gobierno de una cotizada, ya que en en 2016 entró en el consejo de Iberdrola, donde BBK cuenta con una relevante participación accionarial. El nuevo consejero es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la EHU.

La compraventa de vivienda sigue disparada en Euskadi y en julio alcanzó niveles inéditos desde hace 18 años, cuando estalló la burbuja inmobiliaria que dio paso a la posterior crisis financiera. Según los datos publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE), se cerraron 2.243 operaciones, lo que supone un incremento interanual del 12,3% respecto a julio de 2024. Esta cifra supone el mejor registro para este mes desde que arrancó la serie en 2007. El dato evidencia la solidez de un mercado inmobiliario que en los siete primeros meses del año supera ya las 15.000 operaciones, un 25% más que en el mismo periodo de 2024. Este ritmo sitúa a Euskadi en cotas comparables a las de 2007, justo antes del estallido de la burbuja, y se produce en un contexto en el que aunque la vivienda se ha consolidado como la principal preocupación ciudadana. Los analistas, en cualquier caso, descartan un escenario de estallido similar al de hace 18 años. Subrayan que, a diferencia de entonces, no existe un sobreendeudamiento generalizado de las familias ni un exceso de crédito fácil que alimente la burbuja. El repunte actual de los precios obedece a factores estructurales que parecen más persistentes como una oferta muy limitada, una demanda sostenida y el encarecimiento de los costes de construcción.

Admara, gestora de patrimonio de family office e inversores españoles y latinoamericanos centrada en el negocio inmobiliario, da un paso más en su estrategia de diversificación con su aterrizaje en la ciudad de Bilbao, donde ha adquirido un edificio clásico antes destinado principalmente a uso de oficinas. Con una inversión de unos 15 millones de euros, la mitad de los cuales se destinarán a la reforma del edificio, la gestora transformará este inmueble ubicado en la céntrica calle de General Concha, en Bilbao, en un activo residencial con entre 28 y 30 unidades y amplias zonas comunes incluyendo gimnasio y lounge bar. Para la rehabilitación del inmueble, con una superficie de 3.000 metros cuadrados repartidos en seis alturas, contará con el despacho de arquitectura local Bieme y con la firma de interiorismo Terria. La compañía, que no ha determinado todavía si las viviendas se destinarán a la venta unitaria o al alquiler, solicitará licencias de obra este año para empezar a comercializar el proyecto a partir de la primavera de 2026 con el objetivo de tener la promoción finalizada en 2027. La promoción de Bilbao es el proyecto número 14 de viviendas de lujo o segmento alto que lanza la gestora en tres años. Admara se ha aliado durante este tiempo con inversores como los mexicanos Be Grand, la alemana Rockstone Real Estate o con La Finca Asset Management, promotora de la familia García-Cereceda.

Hipotecas más baratas para los jóvenes y una exención de impuestos en la compra de la primera vivienda. Esta es la fórmula con la que el Parlamento europeo quiere atajar la crisis habitacional que atraviesa la UE y que afecta «en mayor medida a los hogares de renta baja y media» con una especial incidencia en las personas de menor edad. «En ciertos Estados miembros, hasta el 70% de los jóvenes adultos de entre 18 y 24 años no tuvieron otra alternativa que seguir viviendo con sus padres», recalca el informe presentado ayer en la Comisión de Vivienda de la Eurocámara por el eurodiputado popular Borja Giménez. En el caso de España, la edad de emancipación se dispara hasta los 30 años. El informe presentado ayer en la Comisión de Vivienda de la Eurocámara por el eurodiputado popular Borja Giménez pide incentivos para la compra de vivienda con programas específicos y mecanismos de apoyo hipotecario para los jóvenes en la compra de su primera casa con «préstamos de bajo interés», entre otros. Exige, también, acelerar los permisos de construcción de nueva vivienda para favorecer una mayor oferta en el mercado inmobiliario.

El euribor a 12 meses, al que están referenciadas alrededor de cuatro millones de hipotecas variables en España, va camino de sumar dos subidas intermensuales consecutivas por primera vez desde marzo de 2024. El índice hipotecario cerró ayer en el nivel del 2,179% a tipo diario. Después de cuatro avances seguidos, es la cota más alta desde el pasado 8 de septiembre. Por su parte, la media mensual se sitúa en el 2,169%. A falta de tres sesiones para el cierre del mes de septiembre, todo apunta a que el euribor cerrará por encima del 2,11% del mes de agosto. Por lo tanto, se confirma que el índice hipotecario está en pleno punto de inflexión. Detrás del movimiento al alza están los últimos mensajes del Banco Central Europeo (BCE). En la reunión del pasado 11 de septiembre, la autoridad monetaria dejó sin cambios el precio del dinero por segunda cumbre consecutiva, un hecho sin precedentes desde mayo de 2024.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) comunicó ayer su autorización a la mejora del 10% de la oferta que BBVA presentó por el Sabadell el pasado lunes. La decisión reactiva el proceso tras el parón de tres días empleados por el supervisor para analizar la propuesta y la documentación añadida por el banco vasco. Ahora, el plazo que tienen los accionistas del Sabadell para responder se extiende hasta el 10 de octubre. El principal cambio de BBVA es la mejora del 10% en el canje de acciones, que ahora es un título del banco vasco por cada 4,873 del Sabadell. Un formato que elimina, además, el pago de una parte en metálico, lo que agravaba los impuestos para los algunos accionistas del Sabadell que aceptaran el canje. El movimiento de BBVA, respaldado por unanimidad en su consejo de administración el pasado domingo, respondió a la presión del mercado que seguía valorando más al Sabadell en la Bolsa de lo que estaba ofreciendo el banco vasco. Esa diferencia negativa se situaba en el 10% cuando comenzó el plazo de aceptación el pasado 8 de septiembre.

Un día después de que Ignacio Galán presentara en Londres el plan de inversiones de Iberdrola –que centra su apuesta en las redes de Reino Unido y Estados Unidos– los directivos de su división de distribución en España (i-DE) reclamaron en Bilbao «un marco regulatorio estable» y «una tasa de retribución atractiva». La directora de Procesos y Tecnología de la compañía, Estíbaliz Goñi, insistió en que la normativa actual, que topa las inyecciones de capital a redes de distribución en el 0,13% del PIB, «se ha quedado obsoleta». Según explicó, podría tener sentido para «contener los costes del sistema, pero en la actualidad variables como la digitalización, la ciberseguridad o la transición energética requieren unos volúmenes mayores que no tiene sentido limitarlos al PIB». Estas declaraciones llegan en plena disputa entre las eléctricas y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre la tasa de retribución por inversiones en redes, que el regulador ha propuesto aumentar del 5,58% actual al 6,46%, un nivel que las eléctricas consideran insuficiente para garantizar la recuperación de sus desembolsos. Reclaman elevarlo al 7,5%, en línea con la media europea. El propio Ignacio Galán, presidente de Iberdrola, advirtió en junio de que en España «faltan incentivos para reforzar las redes» y señaló como referencia el mercado estadounidense y el británico.

Empleados de Digi de zonas del norte de España están protagonizando una huelga de tres días, desde el martes 23 hasta este jueves 25, en protesta por las nuevas condiciones laborales tras la firma del primer convenio colectivo que firmaron los sindicatos mayoritarios CC OO y UGT con la dirección de la empresa. Los paros se están produciendo solo en Galicia, Cantabria y País Vasco convocados por los sindicatos nacionalistas Central Intersindical Galega (CIG), ELA, LAB y ESK. Coincidiendo con la protesta se han producido cortes de conexión de internet en zonas de las localidades gallegas de A Coruña, Culleredo, Santiago de Compostela y Arteixo, que la compañía atribuye a sabotajes protagonizados por piquetes de los sindicatos convocantes. Estos sindicatos, sin representación en el comité de empresa nacional, rechazan el convenio colectivo firmado el 30 de julio entre CC OO y UGT y los representantes de la empresa que fija por primera vez unas mismas condiciones laborales para la plantilla a escala nacional. Desde la implantación del operador rumano en España en 2008, la plantilla se regía por convenios regionales. Los sindicatos convocantes denuncian precisamente que los trabajadores han perdido días de vacaciones y han empeorado sus complementos de asistencia, dietas o de extras.

Indra busca cerrar la fusión con Escribano Mechanical & Engineering (EM&M) lo antes posible. La firma no quiere quedarse fuera de los planes de rearme europeos que se están gestando al calor de la inestabilidad geopolítica actual. Fuentes al tanto de la situación de la compañía esperan que antes de final de año pueda estar formalizada la compra de la empresa de los hermanos Escribano. Estas mismas fuentes temen que las dudas sobre la operación puedan complicar la adjudicación de futuros contratos, al no disponer de la masa crítica y las capacidades necesarias para acometerlos. Este escenario supondría un duro golpe para el negocio de la empresa con impacto en la cotización, que ha escalado con fuerza en el último año descontando la llegada de nuevas adjudicaciones del sector militar. Las estimaciones que se manejan en Indra pasan por que la comisión de consejeros independientes creada en julio que está estudiando la operación y velando por la independencia de la misma –ya que el presidente de Indra, Ángel Escribano, es a su vez propietario de EM&M– pueda remitir el informe de valoración de la misma lo antes posible.

Pilar Manchón, nacida en Sevilla hace 53 años, es directora de estrategia de investigación en inteligencia artificial (IA) de Google. Al frente de una de las herramientas más perturbadoras y transformadoras creadas por la humanidad, admite la existencia de disfunciones, pero prefiere hablar de la IA como un instrumento “capaz de hacer una sociedad mejor”, de llevar al conjunto de la especie humana a un “nuevo Renacimiento”. "...La mejor política es asegurar que los desarrollos son siempre transparentes y que todo el mundo sea consciente de que está hablando con una inteligencia artificial para que sea la persona quien tome sus decisiones y determine las líneas rojas ante ciertos comportamientos. Y, por supuesto, educar a los usuarios...Estamos dando saltos gigantescos en el ámbito de la ciencia. Si aplicamos la IA a todos los campos del saber, avanzaremos a una velocidad nunca vista. Ese potencial está ahí. Pueden ir algunas cosas mal, por supuesto, pero la forma de prevenirlo es educar a la gente para que sepa usar las herramientas de forma correcta e identificar los errores...Por cada puesto de trabajo que se destruyó con la creación de internet se crearon 2,6. No eran los mismos, pero en cada revolución industrial los trabajos se han transformado, no destruido. Lo distinto esta vez es que está ocurriendo mucho más rápido, más horizontal y de una forma mucho más profunda y los humanos no somos precisamente buenos para adaptarnos de forma rápida a cambios drásticos. Pero es lo que tenemos que hacer..."

La crisis del automóvil ha alcanzado al mayor productor mundial de piezas para su fabricación. El grupo Bosch anunció ayer 13.000 despidos hasta 2030, unos ajustes que se centrarán sobre todo en Alemania y en su departamento ‘Mobility’, el de mayor tamaño, centrado en la automoción. Un portavoz de la empresa destacó que los mayores recortes se llevarán a cabo en sus plantas de Stuttgart-Fuerbach, en Waiblingen, Schwieberdingen y Bühl/Bühlertal, todas ellas en el estado federado de Baden-Württemberg, así como en su factoría de Homburg, en la región del Sarre. «Tenemos que trabajar con urgencia en la competitividad del área de ‘Mobility’ y continuar reduciendo permanentemente nuestros costes. Para ello moveremos muchas palancas», declaró Stefan Grosch, gerente y director de recursos humanos de Bosch, quien destacó que «lamentablemente, no podemos evitar una nueva reducción de puestos de trabajo más allá de lo ya comunicado. Nos duele mucho, pero por desgracia no hay otra alternativa», zanjó.

La economía alemana parece estar dejando finalmente atrás la recesión y es probable que recupere algo de dinamismo en los próximos dos años, señalaron ayer los grandes institutos de investigación económica del país en su pronóstico de otoño. Tras el estancamiento de la primera mitad del año, los expertos esperan un aumento del PIB del 0,2 % al acabar el ejercicio. “En los dos próximos años”, escriben en el informe, “debería acelerarse notablemente el crecimiento económico hasta el 1,3% y el 1,4%, respectivamente”. Esas previsiones confirman en líneas generales las que ya hicieron en primavera, pero, lejos de celebrar que la economía alemana se dispone a salir del bache tras más de dos años de contracción, los economistas alertando de que el crecimiento no será sostenible. La política financiera expansiva oculta la debilidad del crecimiento, se titula el documento, en alusión a los planes de Berlín de inyectar en los próximos años una inversión pública de cientos de miles de millones, sobre todo en defensa e infraestructuras. “La economía alemana sigue estando en una situación inestable”. 

La rebaja arancelaria ya es una realidad. Una orden ejecutiva en Estados Unidos formalizada ayer ha recortado los gravámenes impuestos a los productos importados de la Unión Europea, tal y como se había pactado en la firma del acuerdo comercial anunciado a finales de julio por Donald Trump, presidente de EEUU, y Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea. Los automóviles son una de las industrias más beneficiadas y una de las que desde Bruselas más se ha buscado proteger en las negociaciones con Donald Trump, toda vez que aporta alrededor de un 7% del PIB del bloque comunitario y más de dos millones de empleos directos en la región. En ese sentido, el sector verá reducidas sus trabas comerciales al 15% desde el 27% que se le empezó a aplicar con el inicio de la guerra arancelaria desatada por Trump. “Es un paso positivo que aporta mayor certeza a nuestra industria”, asegura a su vez Sigrid de Vries, directora general de la Asociación de Fabricantes Europeos de Automóviles, la patronal europea del sector. Pero los automóviles no son los únicos productos europeos beneficiados. De forma paralela, la nueva orden estadounidense elimina los aranceles para los recursos naturales no disponibles, incluido el corcho, todas las aeronaves y sus componentes, los productos farmacéuticos genéricos y sus ingredientes y los productos químicos.

El Gobierno de Estados Unidos anunció ayer una revisión al alza del Producto Interno Bruto (PIB) del segundo trimestre hasta el 3,8%, frente al 3,3% anterior. Según la tercera estimación difundida por la Oficina de Análisis Económico (BEA, por sus siglas en inglés), la mayor economía del mundo creció a ritmo anualizado medio punto más entre abril y junio de lo que se estimaba inicialmente; además de un 0,9% más respecto a los tres primeros meses del año. El ajuste refleja una corrección importante en el gasto de los consumidores, que se revisó desde un crecimiento del 1,6% hacia un 2,5% en términos anualizados. Además, las “ventas finales al sector privado nacional” –una métrica clave para medir la demanda subyacente, pues excluye comercio exterior, inventarios y gasto público– se elevó un 2,9%, frente al 1,9 % estimado anteriormente. Sin embargo, los analistas recuerdan que este resultado al alza debe interpretarse con cautela, ya que detrás de la aparente fortaleza estructural del consumo, se aprecia el efecto distorsionado de las cifras vinculadas al comercio internacional y la primera etapa de la entrada en vigor de algunos de los aranceles que entraron en vigor en el segundo trimestre del año.

«Dormiré en prisión pero con la cabeza bien alta», aseguró ayer tras conocer su condena por recibir dinero de Gadafi para la campaña electoral de 2007. La sentencia dictada ayer contra Nicolas Sarkozy ensombrece aún más la figura de quien fuera presidente de Francia entre 2007 y 2012 al declararle culpable de haberse asociado de manera ilícita con la dictadura libia de Muamar el Gadafi. El Tribunal de París condenó con una pena de cinco años de prisión y una multa de 100.000 euros al exmandatario conservador en el juicio por la supuesta financiación de su campaña presidencial de 2007 con petrodólares de Libia. Además, ordenó que lo encarcelen en las próximas semanas o meses. Esta decisión lo convertirá en el primer exjefe del Estado galo que irá a prisión desde el encarcelamiento del mariscal Pétain a mitad del siglo pasado. Tras el juicio celebrado entre enero y abril, la Corte presidida por Nathalie Gavarino dictó la culpabilidad de Sarkozy en el más grave de sus múltiples casos de corrupción. Estipuló que cometió un delito de asociación ilícita, aunque lo absolvió por los de malversación de fondos públicos, financiación electoral ilegal y corrupción pasiva.  «Es cierto que su patrimonio no se incrementó durante esos años», pero se trata de unos hechos «de una gravedad excepcional y que alteran la confianza en las instituciones», aseguró la magistrada durante la lectura del fallo, que duró más de tres horas y media. «Representan un delito contra la nación, el Estado y la República», añadió.