20251106

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

La producción industrial en Gipuzkoa registró un notable crecimiento del 3,6% en septiembre en comparación con el mes anterior, marcando un punto de inflexión en un sector que, en los últimos meses, había mostrado señales de debilidad, según los datos publicados ayer por el Instituto Vasco de Estadística (Eustat). El crecimiento registrado por Gipuzkoa destaca sobre los otros dos territorios vecinos. Bizkaia presenta un incremento más tímido (1,1%), mientras que en Álava se desploma un 5,9%. Además, en la comparativa interanual (sobre septiembre de 2024), nuestro territorio también lidera el crecimiento vasco con un repunto de 2,5%, frente a la caída del 10% de Álava y el suave incremento de Bizkaia (0,8%). Con todos estos datos, Gipuzkoa es el único territorio de Euskadi que presenta números verdes en el acumulado del año, aunque el incremento total de la producción industrial sigue siendo marginal, con un aumento del 0,1%. Desde el punto de vista sectorial, el análisis revela que no todas las ramas industriales han experimentado el mismo rendimiento. Las empresas vinculadas al sector del material de transporte, con CAF e Irizar a la cabeza, han sido las más beneficiadas por este repunte. Junto con la maquinaria y equipo, son las únicas áreas que no han registrado caídas en los últimos meses, tanto en la comparación mensual como anual. En Euskadi, la producción industrial en la comparativa interanual ha sido un 0,8% inferior, mientras respecto a agosto sube un 0,6%.

Jornada de negociación marationana en Bruselas para sacar adelante la Ley Europea del Clima, que contempla una reducción del 90% de las emisiones de carbono respecto a los datos de 1990. Tras un debate “extremadamente difícil” que se extendió casi 24 horas, los Estados miembros consiguieron ayer preservar ese objetivo propuesto hace unos meses por la Comisión Europea como paso intermedio para la descarbonización total esperada para 2050, pero lo hacen elevando las facilidades y los atajos con los que alcanzar la cifra. Los países de la Unión Europea optaron por reestructurar las ambiciones verdes y pactaron llegar al 90% a través de una combinación de una reducción doméstica de emisiones de un 85% al que suman la posibilidad de adquirir derechos internacionales de reducción de las emisiones por el 5% restante. Esta medida supone diluir los objetivos respecto a los propuestos inicialmente por la Comisión Europea, que limitaba el uso de derechos internacionales a un máximo de un 3% de las emisiones y que ya iba más allá de lo recomendado por el panel de científicos encargado de valorar la situación en el bloque. Los créditos de carbono representan la reducción o absorción de una tonelada de dióxido de carbono equivalente de la atmósfera. Estos títulos se generan a través de proyectos que reducen las emisiones de gases de efecto invernadero o que eliminan el carbono ya existente en la atmósfera. La idea es que la UE acuda a terceros países y adquiera estos derechos para que sean ellos, a cambio de una prestación económica, los que cubran ese último 5% del compromiso climático adquirido por el bloque comunitario.

«El mundo no espera, y la productividad será el terreno donde se juegue nuestro futuro». Así de contundente se mostró ayer la presidenta de Adegi, Isabel Busto, durante la apertura del XIV Desayuno de Trabajo organizado por la asociación empresarial bajo el lema ‘Productividad y competitividad: claves para la próxima década’. Busto subrayó que «la productividad y la competitividad serán las claves de la próxima década». El encuentro, celebrado en el Hotel María Cristina, contó con la participación del CEO de Kutxabank, Eduardo Ruiz de Gordejuela, y del presidente del Consejo de la Productividad de España y profesor de la Universidad de Alcalá, Juan Francisco Jimeno, quien protagonizó una interesante y didáctica charla. En su intervención, Busto explicó que el mundo atraviesa un momento de «grandes incertidumbres, con una Europa que pierde posiciones en el escenario internacional», y apeló a la necesidad de «anticipar el cambio y fortalecer la capacidad colectiva para innovar y colaborar». El invitado a este desayuno, el presidente del Consejo de la Productividad de España, Juan Francisco Jimeno, explicó que, a largo plazo, «solo el incremento sostenido de la productividad puede garantizar una economía sólida, con empresas capaces de ofrecer productos de mayor calidad y a precios más competitivos». Jimeno señaló que, según los últimos datos disponibles, Euskadi se sitúa alrededor de la media estatal en productividad por hora trabajada, aunque ligeramente por debajo. Explica que, pese a ello, el País Vasco se «mantiene entre las tres primeras comunidades si se mide la productividad sin tener en cuenta las horas trabajadas». El economista también subrayó que la productividad ha crecido menos en territorios con mayor peso industrial, mencionando expresamente a Navarra y Euskadi como ejemplos de regiones donde la fuerte base manufacturera explica un ritmo más moderado de crecimiento en la productividad. Ver discurso completo de Isabel Busto aquí. Ver más en Adegi. 

Las dos enmiendas del PNV –respaldadas por el PP, Junts, ERC, Bildu y, en parte, por el PSOE– han recuperado una serie de medidas para dar más flexibilidad a las redes y que estaban incluidas en el decreto ‘antiapagón’ que el Gobierno de España llevo al Congreso, pero que éste rechazó el pasado julio. La carambola, que deberá ser ratificada de nuevo en el Congreso de los Diputados, posibilitará –según ha explicado el grupo del PNV en la cámara alta– que en una posición ya ocupada por un consumidor y que tenga aún potencia ociosa puedan conectarse más empresas. Así, propone que «en el plazo de seis meses», el Gobierno central impulse «un real decreto que desarrolle un mecanismo para la alimentación de demandas firmes» que favorezca esa conexión. La segunda modificación facilitará que una posición pueda cambiar su uso o finalidad aunque no estuviera así definido previamente en la planificación, de forma que los distribuidores que ahora no pueden conectarse a la red puedan incorporarse cuando haya proyectos «que hayan presentado madurez y firmeza». La enmienda pide que a partir del 15 de noviembre de 2025 se elabore cada cuatro meses un informe que indique qué posiciones podrían modificar su uso.

Las acciones de Gestamp, la multinacional vasca especializada en componentes para la automoción, sufrieron un duro revés en la sesión bursátil de ayer al desplomarse un 10,5% hasta los 2,96 euros, aunque en lo que va de año se han revalorizado un 19%. La caída sufrida en la sesión se produjo tras la presentación de resultados al cierre de mercado del martes, cuando anunciaron que el beneficio neto hasta septiembre había registrado una caída del 18% hasta los 104 millones. Las cuentas se han visto considerablemente perjudicadas por la crisis estructural de la automoción, derivada de la complicada transición de los fabricantes a los modelos electrificados, las duras exigencias medioambientales o la feroz competencia que ha supuesto la entrada de los fabricantes chinos en el mercado europeo. Precisamente, el factor que más ha pesado sobre los resultados de la compañía que preside Francisco J. Riberas ha sido la caída de ingresos tanto en Europa Occidental (5%, hasta los 3.001 millones) como en Norteamérica (7,2%, hasta los 1.730 millones), precisamente las dos zonas geográficas donde el grupo concentra su mayor volumen de ingresos –entre ambas suponen el 52% de la facturación–. «Las malas noticias vienen del lado de los ingresos, que caen un 4,9% en lo que va de año, afectados por la debilidad de los mercados en donde Gestamp cuenta con mayor presencia», señala Álvaro Arístegui, analista de Renta4.

La guerra arancelaria desatada por la Administración estadounidense ha supuesto un vendaval para el conjunto del sector del automóvil, afectando no solo a fabricantes extranjeros de vehículos y componentes, sino que también ha tenido un fuerte impacto sobre los grupos locales. Los mayores efectos de esta política proteccionista los están sufriendo fabricantes europeos, como los alemanes Volkswagen, Mercedes-Benz o BMW, aunque también ha alcanzado a otros como la alianza Renault-Nissan-Mitsubishi, Stellantis o las japonesas Toyota y Honda. Las ventas de coches en EEUU alcanzaron los 13,57 millones de unidades en 2024, con un 52% de automóviles importados de otros países (7,05 millones de unidades). De este total, según un informe elaborado por PwC, el grueso de las importaciones desde EEUU procedió de México y Canadá y de otros países, mientras que solo el 9% correspondió a modelos made in Europe y apenas un 1% a vehículos de China. Manuel Díaz, socio responsable de Automoción y Productos Industriales de PwC, destaca que el efecto de los aranceles ya se ha estabilizado, aunque asegura que va a provocar una relocalización en territorio estadounidense de la producción de vehículos. Díaz recuerda que ya sucedió algo similar en la década de los 80, con la irrupción de las marcas japonesas. En conjunto, los grupos automovilísticos europeos vendieron más de 630.000 vehículos importados desde Europa en EEUU en 2024, con principal afectación en Volkswagen.

Si la semana pasada se dio carpetazo al parque eólico de Itsaraz (entre Álava y Eskoriatza) y el lunes Eibar recurrió el de Basalgo, ayer llegó la renuncia de la belga Aspiravi a Buruntza (Lasarte-Oria, Andoain y Urnieta). Así las cosas, ocho de los doce parques eólicos proyectados en Gipuzkoa están ya anulados o recurridos por exigencia ambiental a pesar de los planes de impulso. Pese al consenso institucional y social sobre la necesidad de impulsar la transición energética para hacer frente al cambio climático, los proyectos eólicos siguen sin avanzar en Gipuzkoa. La aprobación de la versión provisional del Plan Territorial Sectorial (PTS) de Energías Renovables, impulsada por el PNV, PSE-EE y EH Bildu y que se prevé entre en vigor a finales de este año, busca sentar las bases para ordenar y facilitar su implantación en Euskadi. Sin embargo, la realidad actual del territorio muestra un mapa prácticamente bloqueado, con más de la mitad de los parques proyectados paralizados o anulados. De los doce identificados en el territorio, cinco han sido anulados —Karakate, Ezkeltzu, Itsaraz, Piaspe y ahora Buruntza— y otros tres (Buruzai, Trekutz y Basalgo) permanecen en tramitación o recurridos.

La Comisión Europea presentó ayer su nuevo plan para que la alta velocidad ferroviaria conecte el continente de cabo a rabo. El histórico anhelo comunitario de que un ciudadano pueda subirse a un tren en Portugal o en Grecia y bajarse a las pocas horas en Suecia o Estonia resurge con fuerza ahora que, al beneficio económico de poder llevar pasajeros y mercancías de un país a otro, la UE suma decididamente el medioambiental. Dentro de la apremiante estrategia para combatir el cambio climático no se encuentra un modo mejor de sacar coches y camiones de las carreteras y de reducir los desplazamientos en avión. Bruselas anunció una descomunal inversión público-privada de 550.000 millones para acelerar el despliegue de la red de alta velocidad por toda Europa en dos etapas. Para 2040 el servicio debe unir todos los estados miembro, y eso obliga a realizar desembolsos especialmente cuantiosos en los países del este y sus trazados ferroviarios decimonónicos. Antes, en 2035, deberían estar funcionando los ejes calificados como «prioritarios». Son los que conectarán las principales capitales económicas. Uno es el Lisboa-Madrid-París, que atravesará Euskadi. A pesar de todo el retraso que acumula la ‘Y’ vasca –en septiembre se cumplieron 19 años desde el inicio de la obra–, el problema real para completar el trazado entre España y Francia en el plazo exigido está al otro lado de la muga. El país galo tiene paralizado desde hace más de una década el tramo que debe extender su imponente red de alta velocidad primero de Burdeos a Dax y después hasta Hendaia.

Euskadi contará en 2026 con 1.713 nuevos alquileres protegidos en construcción, lo que permitirá elevar la cifra de proyectos urbanísticos públicos en obra hasta los 3.669. Los datos los dio a conocer ayer el consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, en una comparecencia en el Parlamento vasco en la que se presentaron las principales acciones que contempla el proyecto de Presupuestos del departamento. Unas Cuentas que como ya avanzó el lehendakari, Imanol Pradales, son las que mayores incrementos registran. En cifras globales, el montante reservado a la vivienda ascenderá hasta los 482 millones, un 6,8% más que en 2025. El dato se eleva hasta los 596 millones si se tienen en cuenta las inversiones dirigidas a las dos sociedades públicas dependientes del Ejecutivo autonómico, Visesa y Alokabide. La mayoría de las promociones impulsadas por el Gobierno vasco –850 de 1.013– se ubicarán en Gipuzkoa, mientras que en Bizkaia el departamento solo tiene previsto iniciar «26 VPO, 12 en la calle Gimnasio y 14 en Begoña». ¿Y por qué tan pocas? Fuentes del área sostienen que la cifra es baja por «una cuestión de compensación territorial». En los últimos ejercicios Bizkaia ha concentrado una buena parte de los nuevos desarrollos (el territorio cuenta con 1.100 VPO en ejecución, de las cuales 458 se entregarán en 2026), mientras que en Gipuzkoa el ritmo ha sido menor. De ahí que el Gobierno vasco ponga ahora el foco en este territorio. 

A tres semanas de que la ‘Mesa por la Industrialización de Aiaraldea’ eche a rodar, las críticas contra el proyecto vuelven a arreciar. El sindicato ELA, mayoritario en comités empresariales como el de Guardian, anunció ayer que no participará en ese foro porque «tiene un objetivo meramente propagandístico». La central cree que en este tipo de mesas se busca «simular que la imposición de políticas neoliberales se ha dado con participación social, sin contar con la opinión de ELA». De ahí que deseche el ofrecimiento de la Diputación para acudir a la primera reunión, que tendrá lugar en El Refor de Amurrio el miércoles 26 de noviembre. En su comunicado, el sindicato nacionalista arremetió duramente contra el Ejecutivo foral, al que reprochó que «en los conflictos de las principales empresas se ha situado sistemáticamente en contra de la representación de las y los trabajadores, ya sea en Tubacex, Glavista, Guardian o ahora en Maderas de Llodio». «ELA no tiene ninguna razón para pensar que en la Diputación alavesa se quiere provocar un cambio de fondo en la política industrial», sostuvo la central de Mitxel Lakuntza. El sindicato también afeó a la Diputación que no haya aclarado qué otros agentes han sido invitados aparte de ELA. «Lo expuesto es una práctica habitual de las instituciones, que de esta forma hacen públicas las conclusiones que desean y utilizan a los agentes que somos absolutamente críticos con sus propuestas para simular debates abiertos», censuró.

Lejos de amainar, el choque institucional entre el Gobierno vasco y la UPV/EHU suma y sigue. Aunque en público se cuidan en guardar las formas, como se pudo constatar ayer en el acto en el que coincidieron el titular de Universidades y el rector, lo cierto es que el pulso a cuenta de la financiación no parece aproximarse a su resolución. Y es que el consejero, Juan Ignacio Pérez Iglesias, volvió a deslizar las intencionalidades políticas que observa detrás de las demandas de la cúpula universitaria y denunció sentirse «desautorizado» al haberse solicitado una reunión directamente con el lehendakari para abordar el problema. En una entrevista radiofónica a primera hora de la mañana, desestimó la demanda de una mayor financiación y solicitó «planteamientos racionales». Insistió en que los costes de la UPV/EHU son los más altos del sistema universitario español y en que la plantilla de personal docente e investigador (PDI) es «muy generosa». También recordó que hay partidas destinadas a mejoras de infraestructuras que no se han ejecutado por completo. Pero más allá del fondo de la cuestión, el titular de Universidades volvió a introducir el ingrediente más polémico de todo este choque, el de la intencionalidad política. Dijo que el enorme incremento solicitado «no puede obedecer a la manifestación de una demanda real», sino a otros motivos. «Uno tiene una cierta creencia en las casualidades, pero es limitada. La experiencia me dice que casualidades, las justas», aseveró. También confesó estar «preocupado y triste», y que la disputa le está doliendo en lo personal, máxime cuando en su día fue rector de la UPV/EHU; en concreto, entre 2004 y 2008.

Ez da kasualitatea Global Innovation Dayren aurtengo edizioa Donostian egin izana. IBMren ordenagailu kuantikoa abiatu dute orain gutxi Gipuzkoako hiriburuan, eta atzo jakin zen Europako Berrikuntza Kontseiluak 2025eko Berrikuntzaren Europako Hiriburu izateko hautagai aukeratu duela. Topaketaren lekua ere ez da ausazkoa izan, Groseko auzoan orain aste batzuk inauguratutako Basque Culinary Centerren GOe eraikin berrian egin baitzen berrikuntza ardatz duen jardunaldia. Gehiago irakurri hemen. 

No hay descanso en el castigo bursátil a Telefónica. Pese al desplome del 13,12% sufrido el martes –su peor sesión desde la pandemia–, las acciones de la compañía no lograron rebotar ayer, con un nuevo descenso del 2,7% hasta los 3,63 euros por título. En solo dos sesiones, la operadora se ha dejado un 15% de su valor que, traducido en euros, supone un severo ajuste de 3.700 millones en Bolsa, con su capitalización rondando apenas los 20.500 millones. La caída no solo golpea a los minoritarios que tienen a esta cotizada en cartera, sino también a los grandes accionistas como el propio Estado, que cuenta con la participación del 10% que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) adquirió en 2024 a un precio medio de 4,0295 euros por acción. A los niveles actuales, esa inversión –que en su día rondó los 2.300 millones de euros– ya ha entrado en pérdidas latentes. Tras las caídas, la participación de la Sepi tiene un valor de 2.058 millones de euros, 226 millones por debajo del valor inicial, aunque hay que tener en cuenta los dividendos ya cobrados. Parece evidente que, al menos en el corto plazo, los inversores siguen desconfiando de los planes de Marc Murtra, especialmente de la decisión de meter un tijeretazo al dividendo con cargo a 2026 hasta dejarlo a la mitad de los niveles actuales. «Para leer las caídas de Telefónica tenemos que pensar en la base de accionistas de dicha empresa y qué es lo que busca: para una compañía con bajos crecimientos, los inversores esperan una política de dividendos estables, por lo que el recorte ha causado una salida importante». 

Los sindicatos tienen claro que el nuevo ajuste de plantilla en Telefónica será «cuestión de días» o como mucho semanas. Las palabras de la dirección de la compañía en la presentación del plan estratégico del grupo no confirmaban el ajuste, pero deslizaban que era inminente. «Hemos incorporado todos los ahorros factibles. Todo lo que hemos localizado hasta la fecha (...) Si en algún momento se hace, se hará de acuerdo a un modelo que recoja la filosofía de Telefónica y de acuerdo a los representantes de las personas», remarcó el presidente de Telefónica, Emilio Gayo, al ser preguntado si un despido colectivo estaba incluido en los 3.000 millones de euros de recortes anunciados. «Hemos de abordar los costes de la compañía», señalaba por su parte el presidente del grupo, Marc Murtra. Murtra precisamente presentará mañana el plan estratégico a la plantilla en un evento donde no se espera que aborde el futuro de los empleados, señalan fuentes sindicales. Lo contrario, de hecho, sería visto como una afrenta a los sindicatos, a los que los directivos de la entidad han prometido que serán los primeros en enterarse de la dimensión del nuevo ajuste. Telefónica ha declinado hacer comentarios. Esta cifra no ha transcendido, pero se espera que sea de una dimensión relevante y con un arranque inminente. 

Sería “la inversión industrial más importante de la década en España” y “la mayor en Valladolid desde la fábrica de Renault de 1953”. Habla así el ministro de Transportes y exalcalde vallisoletano, Óscar Puente (PSOE), porque la multinacional china Gotion High-Tech planea dedicar unos 5.000 millones de euros para construir en Valladolid una cadena completa de suministro de baterías para vehículos. Sería la primera factoría de este perfil en suelo europeo, pues actualmente solo existen en el país asiático. El proyecto viene de mano del grupo eslovaco InoBat, que desde 2023 trabaja para implantar en Valladolid una gigafactoría de baterías eléctricas y en cuyo accionariado ha entrado Gotion. El grupo oriental persigue afianzarse en Europa en un plan bendecido por el Gobierno, pues el viernes, 31 de octubre, se reunieron los dirigentes de la empresa con el presidente, Pedro Sánchez, y el propio Puente, interlocutor de los asiáticos y coordinado con el Ministerio de Industria. Los inversores ya han visitado los terrenos y esperan avanzar cuanto antes para asegurar la producción europea en tiempos de aranceles y fallos de distribución. La inversión prevista, adelantada por El Norte de Castilla, consiste en poner en funcionamiento el primer centro europeo que desarrolle la cadena completa de suministro de baterías. 

El Gobierno da entre tres y seis meses a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y a Red Eléctrica para que inspeccionen y analicen la operativa de las grandes generadoras (Iberdrola, Endesa y Naturgy, fundamentalmente) con el objetivo de que informen de cómo está siendo la operativa de las eléctricas. A partir de ahí, el Ministerio para la Transición Ecológica pide tanto al regulador como al operador del sistema que propongan soluciones novedosas que puedan reducir el coste en la factura de la luz para evitar otro apagón, que se ha disparado desde el histórico incidente del pasado 28 de abril. Así se desprende del borrador de real decreto aprobado ayer por el Ejecutivo para dar estabilidad al sistema eléctrico y al que ha tenido acceso este medio. Dicho decreto entrará de forma inminente en vigor en su versión definitiva con su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Yolanda Díaz acelera para aprobar cuanto antes los 15 días retribuidos que podrán solicitar todos los parientes de hasta segundo grado. La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, quiere revolucionar el sistema de permisos laborales en España; y de golpe y porrazo. La ministra de Trabajo se ha marcado como objetivo dar otra vuelta de tuerca a las ausencias retribuidas de los trabajadores y, tras aprobar recientemente –a iniciativa de su partido, Sumar– una ampliación histórica de los permisos por nacimiento, acelera para sacar adelante su otra meta en esta materia: quintuplicar los actuales días de permisos por defunción y extenderlos hasta los diez días, así como crear un nuevo permiso de 15 días para atender a los familiares en cuidados paliativos y dar otra jornada libre pagada para acompañar a un ser querido (que puede ser pariente o incluso amigo) durante la administración de la eutanasia. Y, pese al difícil escenario político, que complica el visto bueno en el Congreso de cualquier norma, más incluso las que no tengan el respaldo del diálogo social –como esta, que rechaza con vehemencia la patronal–, Díaz está empeñada en sacarla adelante cuanto antes. 

España está viviendo en lo que va de siglo un proceso inédito de fractura social y aumento de las desigualdades. El resultado de encadenar dos décadas de crisis es el cada vez mayor adelgazamiento de la hasta ahora mayoritaria clase media y un desplazamiento de decenas de miles de familias de esta zona vital templada y estable a una existencia de exclusión social, con un aumento muy llamativo de la pobreza severa. Esta es la principal conclusión del noveno informe Foessa sobre Exclusión y Desarrollo Social en España, un trabajo elaborado por 140 investigadores de 51 universidades, centros de investigación, fundaciones y ONG y coordinado por la fundación de análisis social creada por Cáritas. Un referente nacional en el análisis de la desigualdad y la pobreza que cuenta como base con una encuesta a 12.289 hogares de todas las autonomías. La fractura social causada en España por las crisis y la insuficiencia de las políticas públicas ha derivado en una de las tasas de desigualdad más altas de Europa, con una clase media cada vez más exigua y unos porcentajes de personas y hogares en situación de exclusión social grave muy superiores a los existentes en 2007, justo antes de la gran crisis financiera. En 2024 casi uno de cada cinco españoles vivía en situación de exclusión social, pero la tragedia es que el 8,6% sufría exclusión severa. Este último grupo es un 52% mayor que en 2007.

Controversia en Europa en torno a la implantación del euro digital, previsto para 2029. El que aspira a ser uno de los proyectos más revolucionarios en la historia reciente de las finanzas de la zona euro se ha topado con voces discordantes. Ayer, antes de una audiencia clave para el proyecto del euro digital en el Parlamento Europeo, 14 entidades bancarias advirtieron de que la implantación de la divisa digital podría socavar las soluciones de pago promovidas por el sector privado. En esa terna de bancos figuran algunas grandes firmas del sector como Deutsche Bank, BNP Paribas o ING. El grupo de 14 entidades se formó para crear un competidora a las empresas de pago estadounidenses, como Visa o Mastercard. Lanzaron el año pasado el servicio de pago privado, Wero. El grupo de bancos cree que tal y como está diseñado el proyecto del euro digital no se aprecian mejoras para los consumidores. “El diseño del euro digital minorista aborda en gran medida los mismos casos de uso que las soluciones privadas, sin ofrecer ningún valor añadido claro para los consumidores”, señalaron ayer los portavoces de los bancos. Fernando Navarrete, eurodiputado conservador español designado por el Parlamento Europeo para evaluar el euro digital, también ha defendido una versión significativamente reducida del proyecto.

Era un día grande en el Supremo de Estados Unidos. El alto tribunal celebró ayer una audiencia conjunta para estudiar dos casos en torno a una misma pregunta de enorme calado para la economía global: ¿tiene el presidente Donald Trump la autoridad para imponer aranceles a partir de una ley de poderes de emergencia de 1977 (IEEPA, por sus siglas en inglés) y por la necesidad de reducir el déficit con decenas de socios comerciales y de alentar la fabricación made in USA? Aunque de fondo había otro interrogante de parecido alcance: ¿estarían los nueve magistrados dispuestos a darle la razón una vez más a Trump en su cruzada por ampliar sus poderes presidenciales sin contar con el Congreso? De ayer se esperaba no tanto una respuesta a ambas preguntas como una impresión de por dónde podría ir la decisión de los magistrados, seis conservadores y tres liberales. Pues bien, tras una audiencia de más de dos horas y media, cabe concluir que una mayoría del Supremo se mostró escéptico sobre la autoridad de Trump para imponer los aranceles que ha impuesto a más de un centenar de países. Son tasas que van del 10% de una mayoría de capitales, al 50% de Brasil, y forman parte de la agresiva política comercial del republicano. También los hay para sectores como el automovilístico, el acero, el aluminio o el cobre. Ese escepticismo de los jueces es, de momento, solo eso. Para saber la respuesta a ambas preguntas habrá que esperar a que el Supremo dicte sentencia, que se espera para antes de fin de año, y no, como es costumbre, en la conclusión del curso judicial, en junio próximo.

“Este es oficialmente el cierre del Gobierno más largo en la historia de Estados Unidos. Los demócratas radicales en el Senado no han mostrado ningún interés en reabrir el Gobierno y no creo que actúen pronto”, apuntó ayer el presidente de EEUU, Donald Trump, que tampoco tiene intención de implicarse directamente en la disputa ni ceder en ningún punto. Mientras continúa el bloqueo político en la colina del Capitolio, los norteamericanos se preparan para el caos que podría suponer que se alargue esta situación hasta Acción de Gracias, que se celebra a final de mes. Se trata de la principal festividad del país, y es la semana con más actividad de todo el año en los aeropuertos norteamericanos. Las aerolíneas ya trabajan en planes de contingencia y quienes van a viajar este mes también buscan alternativas para reunirse con sus familias. Desde el Departamento de Transporte ya han avisado de que les resulta del todo imposible no solo hacer frente al incremento del trabajo de cara a las fiestas, sino también a la carga actual y amenaza con cerrar partes del espacio aéreo del país si el Gobierno sigue sin pagar a sus funcionarios, entre los que se encuentran los controladores aéreos.

Si Nueva York fuera un país, sería el décimo más rico del mundo. Desde esta semana tiene un alcalde joven, de sólo 34 años, que presume de socialista y que es musulmán. Insólito. Zohran Mamdani ni siquiera nació en Estados Unidos, sino en Uganda, hijo de la cineasta india Mira Nair y del profesor de antropología ugandés Mahmood Mamdani. En el Partido Demócrata, que aún trata de digerir su derrota en las últimas elecciones presidenciales, le apoyan pero sin entusiasmo: le ven como un «anarcosocialista», un antisistema demasiado propalestino y crítico con la fuerza policial. El presidente del país y líder republicano, Donald Trump, va más allá y le descalifica así: «Comunista chiflado al cien por cien». Hace apenas un año era un desconocido; ahora es el regidor de la «ciudad de la humanidad», como definió a la Gran Manzana el escritor Gabriel García Márquez. A Trump, que aspira a gobernar el mundo, le ha surgido un rival en su propia cuna. Su antítesis. Mamdani ha activado una onda expansiva. En junio, en las primarias demócratas para la alcaldía de Nueva York, derrotó a Andrew Cuomo, el elegido por la élite del partido pese a que una docena de mujeres le había denunciado por acoso sexual. El joven musulmán que siempre sonríe y vive con su mujer, la diseñadora Rama Duwaji, en un piso alquilado de dos habitaciones, acababa de hacer una huelga de hambre de dos semanas frente al ayuntamiento en solidaridad con los taxistas que no podían asumir las deudas. Era un bicho raro, un soplo de aire fresco. Centró su campaña en el bolsillo, en el alto coste de la vida en una ciudad que es cada vez más inasequible para la clase media.