20251111

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

La Comisión de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Parlamento vasco recibirá esta mañana la visita de Eduardo Aretxaga, director general de Confebask, y de Pablo Martín, su responsable económico. Los miembros de la patronal presentarán al conjunto de grupos parlamentarios el informe sobre «la contribución de las empresas vascas al progreso y bienestar social de Euskadi» realizado por PwC. El documento, hecho público el pasado abril, señala que las compañías privadas generan el 70% del empleo del territorio y el 67% de todo el producto interior bruto. Unos parámetros que Confebask aprovecha para reivindicar que «se trate a la empresa como un bien a proteger y no como uno a recriminar». Ver informe aquí. 

 La oferta ‘Made in Euskadi’ con la que se busca blindar para siempre el arraigo del Grupo Uvesco (BM y Súper Amara, con más de 7.000 empleados) avanza a toda máquina. Según ha confirmado este periódico de fuentes solventes, los socios, siempre del ámbito privado, han cerrado ya sus posiciones y tienen firmado por fin el compromiso cierto de seguir adelante. Y es que han rubricado lo que en términos financieros se conoce como ‘term sheet’, el documento que fija los términos más importantes de la transacción, como el precio o la posición de cada cual. Salvo catástrofe, ya no hay vuelta atrás. La propuesta está liderada por el actual CEO de la compañía irundarra, Ángel Jareño, y otros cinco ejecutivos de la misma, a los que se suman Indar (el vehículo de inversión para el arraigo de Kutxabank), Stellum Food & Tech (propiedad de la fundación Artizarra) y la gestora afincada en Donostia Inveready. Estos dos últimos ya están presentes en el capital de Uvesco, puesto que entraron en el momento en que el fondo de inversión francés PAI Partners se hizo con el 70% de la empresa, allá por abril de 2022. En conjunto, los cuatro miembros del consorcio plantean una oferta de unos 730 millones de euros, repartidos entre deuda y ‘equity’, en la que Jareño y su guardia de Corps –que han recurrido a un par de fondos de deuda para soportar su apuesta– tendrán una posición de control. En principio, se ha de hacer antes del día 28 de este mes. El ajuste de posiciones entre los componentes del consorcio privado vasco no ha resultado en modo alguno sencillo. De hecho, del quinteto inicialmente previsto se ha caído a última hora la principal EPSV de empleo de Euskadi, la guipuzcoana Geroa, que en un principio iba a participar en solitario con una cifra bastante elevada para lo que acostumbra a dedicar a sus inversiones en empresas. La cifra planteada incomodó en cierto modo a Geroa (cuyo órgano de gobierno se reparte al 50% entre Adegi y los principales sindicatos de Euskadi: ELA, LAB, CC OO y UGT), y se llegó a plantear que la entrada en Uvesco se formalizara por una cantidad inferior y a través de Orza, un vehículo de inversión directa que comparte con Elkarkidetza, la EPSV de las diputaciones forales y los ayuntamientos vascos, y desde la que trabaja habitualmente en muchas operaciones. Finalmente, Geroa no participará en la operación, y en un gesto audaz, en el que habría tenido buena parte de ‘culpa’ Josep Maria Echarri, CEO de Inveready, los socios han optado por buscar un crédito puente que solvente la situación. 

Mercedes Vitoria ya tiene un primer boceto de cómo será el 2026, el año del debut de las nuevas furgonetas eléctricas. En pleno retroceso de la automoción europea, con un frenazo generalizado, la dirección de la multinacional alemana pisa el acelerador y eleva sus previsiones productivas. La cúpula de la planta alavesa comunicó ayer a los sindicatos que el plan para el próximo ejercicio pasa por fabricar 132.137 modelos, una cifra que supera en un 6% a lo que pronosticó hace un año, cuando cargó 124.634 unidades a su programa productivo. El salto contrasta con el contexto nacional, donde la producción de coches acumula más de un 5% de caída hasta septiembre. El próximo curso supondrá el estreno, en la primera mitad de año, de la VLE, uno de los modelos con lo que la multinacional alemana se ha propuesto ganar músculo en el mercado de los eléctricos. 11.000 unidades de las fabricadas en 2026 serán furgonetas similares a los lujosos vehículos que exhibió Mercedes en el Salón Internacional de Shanghái. Los prototipos de la VLE llevan montándose desde hace un mes en las naves de Montaje Final de la Avenida de Los Huetos. Para llegar hasta este punto, la marca de la estrella ha invertido más de 1.000 millones en Vitoria. Con todo, el 2025 no se ganará la fama de gran año para la planta de la capital alavesa. La mayor fábrica de Euskadi cerrará el curso con la producción más baja de su historia reciente, incluso por debajo de la de 2020, el año de la pandemia y del confinamiento: 118.380 unidades.

La que es una de las mayores carreteras de peaje del país, la AP-68 o Autopista Vasco Aragonesa (Avasa), con 294 kilómetros entre Bilbao y Zaragoza, entra en su último año bajo operación privada. Abertis la va a gestionar hasta el 10 de noviembre de 2026, totalizando 53 años, y después será la Administración la que recupere el activo, previsiblemente con un importante tramo tarificado, el que estará en manos de la Administración vasca, y otro sin barreras, dependiente del Ministerio de Transportes. Esta vía de peaje, la de mayor trazado en la cesta de Abertis, atraviesa Euskadi, La Rioja y Aragón. Si nada cambia en este último año de gestión privada, las diputaciones de Álava y Bizkaia, a las que Transportes transfirió las competencias del tramo de la AP-68 que atraviesa sus territorios, tienen decidido mantener el pago por uso. A falta de que se diseñen las futuras tarifas, el diputado general de Álava, Ramiro González, tiene comprometida una reducción de más de la mitad en el coste por circular. Las ingenierías Ineco e Idom han elaborado informes sobre el modelo de negocio para la Diputación Foral de Álava, y los precios deberán pasar por las Juntas Generales tanto de Álava como de Bizkaia. Desde el pasado verano, la Diputación Foral de Bizkaia analiza la integración del sistema de cobro de la AP-68 en la red de transmisión de datos de Interbiak, entidad pública encargada de gestionar las infraestructuras viarias de Bizkaia. Arabat, por su parte, va a ocuparse del tramo de vía a su paso por Álava. En ambos casos se trata de cubrir al menos el coste de mantenimiento que en la actualidad acomete Abertis a cambio de la explotación del peaje. 

El secretario general de ELA, Mitxel Lakuntza, se subirá este jueves a la tribuna del Parlamento vasco. Allí, en la apertura del pleno ordinario, defenderá la iniciativa legislativa popular (ILP) impulsada por los sindicatos soberanistas –ELA, LAB, ESK, Steilas, Hiru y Etxalde–, que el pasado 21 de agosto presentaron 138.495 firmas para que Euskadi pudiera fijar su propio salario mínimo interprofesional (SMI) en el territorio. Aunque la propuesta no saldrá adelante por el voto contrario de PNV y PSE a su admisión a trámite, sí dará lugar a un debate. Ésta no será la primera vez que una petición de este tipo llega al Parlamento vasco. En este escenario, en marzo de hace dos años, PNV, PSE, Podemos y EH Bildu acordaron –a petición de este último– una proposición no de ley en favor de un sueldo mínimo superior al SMI de toda España, aunque la fórmula elegida entonces, y que el actual Ejecutivo autonómico sigue defendiendo, pasaba por instar a patronal y sindicatos a alcanzar un acuerdo a través de la negociación colectiva. Estas centrales han convocado además para mañana una manifestación que recorrerá el centro de Bilbao. Partirá a las 11.30 horas y se detendrá frente a las sedes del Gobierno vasco, del PNV y del PSE. La marcha llevará por lema ‘EAJ-PSE-Confebask, pobreziaren errudunak (culpables de la pobreza); SMI vasco ya!’. Confebask defiende su postura de no abrir una negociación fuera de la mesa de diálogo social, y sin recoger en ella otras cuestiones que afectan a la competitividad de las empresas, como el problema del absentismo.

La crisis de la natalidad se ralentiza en Bizkaia. Después de tocar suelo el pasado año, en el que se registró la cifra más baja desde que hay registros (6.421 alumbramientos), las maternidades del territorio han encadenado dos trimestres consecutivos con aumento de partos. Así, en la primera mitad del año se han contabilizado 3.265 bebés, un 5,2% más que en el mismo periodo en 2024. El Instituto Vasco de Estadística ofreció ayer los datos del segundo trimestre, en el que el incremento fue de un 6,2%, con 1.637 niños. Es la única de las tres provincias en la que se aprecia cierta recuperación, ya que tanto en Álava como en Gipuzkoa se confirmaron sendos descensos, del 1,5% y el 1,6%, respectivamente. A nivel de Euskadi, nacieron 3.286 bebés entre abril y junio. El Eustat constata en su informe otras tendencias que se están viendo en los últimos años, y que están detrás en buena medida de ese incremento en la natalidad. La primera es el peso de la inmigración en el crecimiento vegetativo en Euskadi. Una de cada cuatro madres, el 25,3%, era originaria de otro país, un porcentaje que en Bizkaia se situó en un 24,4%. La segunda es el retraso de la edad en la maternidad. Eso implica que las mujeres que, atendiendo a razones biológicas, deberían haber sido madres hace unos años, lo están siendo ahora. A la inmigración y al retraso en la edad de maternidad también se suma el hecho de que ahora, generacionalmente, hay más mujeres en edad fértil que hace unos años, cuando quienes estaban en situación de dar a luz eran jóvenes nacidas a comienzos de los noventa, periodo en el que los alumbramientos se habían desplomado. 

Una de las principales causas del incremento de las modificaciones presupuestarias de este año radica en el plan desplegado por el Gobierno para elevar de forma acelerada el gasto en Defensa hasta el equivalente al 2% del PIB. El Gobierno ha multiplicado los esfuerzos para adaptar las cuentas públicas de 2023, aún vigentes, a la realidad de 2025. A fin de sortear las limitaciones de actuación de las que parte tras una segunda prórroga presupuestaria consecutiva, así como las inherentes a una minoría parlamentaria cada vez más manifiesta, el Ejecutivo ha optado por multiplicar las ampliaciones de crédito y el traspaso de fondos entre ministerios. En total, a cierre del tercer trimestre del año, Hacienda ha propiciado modificaciones presupuestarias por valor de 45.000 millones de euros, un 75% más que en el mismo periodo del año anterior, cuando también se mantuvieron prorrogadas las cuentas de 2023. En concreto, entre enero y septiembre de 2025, el Gobierno ha llevado a cabo modificaciones presupuestarias por un total de 44.887 millones de euros, según los datos oficiales recopilados por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE). El listado, que incluye 16.500 millones en ampliaciones de crédito, 8.300 en suplementos, 4.975 millones en fondos extraordinarios, 9.900 de uso de remanentes, la incorporación 14.500 millones de recursos generados por ingresos adicionales y la anulación de partidas por 9.300, más 32.400 millones en transferencias entre carteras (ver información adjunta), entre otras actuaciones, refleja la ajetreada actividad gestora que le exige al Ejecutivo no haber aprobado –ni presentado siquiera– un solo Presupuesto en lo que va de legislatura. Las necesidades, además, han ido creciendo a medida que se resentían los apoyos del bloque de partidos que secundó la investidura de Pedro Sánchez. Las modificaciones practicadas en los nueve primeros meses del año superan en 20.000 millones las aprobadas en el mismo periodo de 2024, cuando ascendieron a 25.800 millones.

La UE trata de defender a su maltrecha siderurgia del acero extranjero, sobre todo de China, que tiene una abundante sobreproducción más barata y contaminante a la que quiere dar salida, y contra la que la europea no puede competir sin barreras arancelarias. La última propuesta de la Comisión consiste en recortar las cuotas de importación libres de aranceles casi a la mitad (18,3 millones de toneladas) y duplicar la tarifa a pagar cuando se supera ese umbral, del 25% al 50%. La medida, celebrada por la patronal de siderúrgicas, Eurofer, supone acabar con la temporalidad de la medida de salvaguardia que la UE puso en práctica para proteger su industria de acero. Esto es algo que permite la OMC cuando se produce un aumento de las importaciones de un producto que causen un grave daño a un sector, algo que podría haber pasado si no se respondía a las medidas que tomó Trump durante su primer mandato en 2018. Entonces, el magnate subió los aranceles a la importación de acero y aluminio a EE UU, lo que hizo que se desviara una buena parte de ese metal hacia Europa. La UE respondió con la medida de salvaguardia, pero esta podía aplicarse durante un máximo de ocho años, que caducan a mitad de 2026. Tras la propuesta de la Comisión, falta el visto bueno del Parlamento Europeo y de los Veintisiete, aunque para buena parte de la industria, la medida es insuficiente. “Deja la puerta abierta a los derivados del acero, lo que pondría en peligro los 12.000.000 de puestos de trabajo europeos de toda la cadena de valor asociada”, se lamenta Fernando Espada, vicepresidente de Eurometal, la Federación Europea de Asociaciones de Comerciantes de Acero y Metal. “La industria siderúrgica va a estar protegida, pero no sus clientes. Hay que defender al que consuma acero europeo”, añade este empresario que a la vez es director general de Tata Steel Layde. Entre esos derivados hay piezas del automóvil, paneles fotovoltaicos o diversa maquinaria. Según un informe de Eurometal, entre 2010 y 2024, las importaciones a Europa de derivados del acero se han más que triplicado, hasta el 213%, alcanzando las ocho millones de toneladas. Solo el sector del automóvil supone el 40% del total.

La banca internacional de referencia para los inversores desaconseja destinar fondos a mejorar la red eléctrica de España, pese a que estar colapsada, por considerar que el marco regulatorio previsto lo hace irrentable. Según distintos informes para inversores, tanto Red Eléctrica de España como las eléctricas tendrán que recortar inversiones, si no mejoran los estímulos previstos. Es decir, deberán hacer lo contrario que defiende el Gobierno de que debe subir la inversión para evitar nuevos apagones y sacar a la red de su actual saturación. Los bancos de inversión también critican la pasividad de la vicepresidenta tercera del Gobierno, Sara Aagesen, ante la contradicción entre lo que ella defiende y la regulación que emite la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia (CNMC) tanto para la red eléctrica como gasista. Esta oleada de informes se produce tras la decisión de la CNMC de mejorar la remuneración que pueden recibir las eléctricas al 6,58% desde el 6,46% inicial para el período 2026-2031, porque queda por debajo de los umbrales que, según la banca, hacen rentable mejorar la infraestructura española. La CNMC defiende que retribuir más cargaría en exceso el recibo del consumidor. Su propuesta debe ser aún analizada por el Consejo de Estado y se espera una decisión final a final de año.

El presidente de Telefónica, Marc Murtra, confirmó la semana pasada, coincidiendo con la presentación del Plan Estratégico 20262030, la firme voluntad de la compañía de abandonar Chile, México y Venezuela. El anuncio no causó gran sorpresa en los dos primeros países, donde la operadora española ya tiene encarrilado su proceso de salida y ha contactado con potenciales compradores. Pero en el caso venezolano ha despertado muchas incógnitas entre los analistas por la especificidad de este mercado y las restricciones que impone el régimen de Nicolás Maduro a todo lo que tenga que ver con firmas extranjeras. Telefónica desembarcó en Venezuela en 2004 con la compra de Telcel a Bellsouth, dentro de una operación más amplia por la que adquirió las 10 filiales de la empresa estadounidense en todo Latinoamérica por 4.731 millones de euros. Aunque no se especificó el precio que pagó por Telcel, se estima que la compañía, entonces presidida por César Alierta, abonó por ella en torno a 800 millones de euros (al cambio del dólar de 2004). La filial era una de las más rentables de la región hasta que el régimen de Hugo Chávez fue implementando medidas restrictivas para impedir que las multinacionales pudieran repatriar sus beneficios. 

Naturgy ha firmado con Venture Global, el segundo mayor productor y exportador estadounidense de gas natural licuado (GNL), un contrato para adquirirle un millón de toneladas anuales de esa materia prima procedente de EEUU. El contrato está valorado en más de 4.000 millones y es un hito para Naturgy en un momento relevante desde el punto de vista de la estrategia del grupo, y de la geopolítica internacional de los suministros de gas. El contrato, que será efectivo a partir de 2030, es a 20 años. Es uno de los más duraderos en cuanto a acuerdos de suministro de la compañía. Equivale a 1,5 bcm (1.500 millones de metros cúbicos de gas) al año. No es de los más grandes que tiene Naturgy. Por ejemplo, con la estatal argelina Sonatrach –primer suministrador de Naturgy–, la española tiene acuerdos equivalentes a 5 bcm al año. Pero sí es el más relevante ahora para Naturgy, que busca sustituir los suministros de gas procedentes de Rusia, una vez que la UE ha decidido imponer un bloqueo total a este país en materia gasista desde 2027. Naturgy “fortalece su ya diversificada cartera de aprovisionamiento en un entorno de gran incertidumbre geopolítica”, ha resaltado la compañía. A finales de octubre, coincidiendo con la difusión de sus resultados hasta septiembre, la compañía explicó que estaba “evaluando oportunidades de suministro de gas” con el fin de “mitigar” los efectos del veto de la UE a las importaciones de gas natural licuado procedente de Rusia.

La Comisión Europea presentará a finales de este año una importante revisión del mecanismo de ajuste en frontera por carbono (CBAM, por sus siglas en inglés), un impuesto sobre las emisiones generadas por las importaciones al bloque, destinado a proteger a la industria europea de la competencia de productos más baratos y más contaminantes. Está previsto que entre en vigor el próximo año. La revisión examinará medidas contra la elusión para evitar que las empresas esquiven el impuesto, y también incluirá propuestas sobre distintos productos terminados que podrían incorporarse al ámbito de aplicación del CBAM. En el sistema europeo de comercio de emisiones (ETS), las empresas deben pagar alrededor de 80 euros por tonelada de carbono emitido. Actualmente, las industrias pesadas reciben algunas asignaciones gratuitas de carbono para mantener su competitividad frente al resto del mundo. El CBAM comenzará su implementación gradual el próximo año, mientras que las asignaciones gratuitas del ETS se eliminarán progresivamente a partir de 2027. La intención es que todas las empresas paguen por sus emisiones: a través del CBAM en el caso de los importadores, o mediante el ETS en el caso de las empresas de la UE.

El Banco Central Europeo (BCE) pronto dará el pistoletazo de salida a una profunda renovación de su cúpula directiva: una contienda que, en última instancia, decidirá quién sucederá a su presidenta, Christine Lagarde. Cuatro de los seis puestos del Comité Ejecutivo del BCE quedarán vacantes a finales de 2027, empezando por el del vicepresidente Luis de Guindos, cuyo mandato finaliza en mayo. Lagarde, el economista jefe Philip Lane e Isabel Schnabel también dejarán sus puestos en 2027, lo que desatará una competencia entre las capitales de la Eurozona por asegurarse los puestos más influyentes en materia de política monetaria del bloque. Según fuentes familiarizadas con el calendario, el BCE está a punto de solicitar a Bruselas que inicie el proceso formal para la sustitución de de Guindos. Los ministros de economía de la eurozona comenzarán a debatir el asunto esta semana. La nacionalidad y la postura en materia de política monetaria del próximo vicepresidente del BCE tendrán un peso significativo en la sucesión de Lagarde, dado el complejo equilibrio de poder entre los 21 miembros que pronto conformarán la eurozona. La presidencia del BCE es uno de los puestos mejor remunerados de la burocracia de la UE, con un sueldo base de 466.000 euros anuales, más otras prestaciones, y una suma estimada de seis cifras por formar parte del consejo del Banco de Pagos Internacionales.

Washington está a punto de poner fin al cierre del Gobierno más largo de su historia. A última hora del domingo, el senado aprobó con 60 votos a favor y 40 en contra la moción para avanzar un proyecto de financiación temporal que permitirá reabrir la Administración esta misma semana. Para lograrlo, ocho senadores demócratas rompieron la disciplina de partido y se unieron a la mayoría republicana para desbloquear el texto tras catorce votaciones fallidas desde el inicio del cierre el pasado 1 de octubre. Pese a que la votación ya se había producido, al cierre de esta edición, ayer el texto todavía no había superado el trámite parlamentario completo en la Cámara Alta. Después, será enviado de nuevo a la Cámara de Representantes, donde se espera una tramitación rápida, ya que el texto actual fue iniciativa suya. La votación se producirá en cuanto los congresistas de todo el país puedan viajar a Washington entre hoy y mañana. Hay que tener en cuenta que el caos en los aeropuertos generado por la falta de controladores y personal de seguridad a raíz del cierre de la Administración federal ha provocado numerosas cancelaciones. Ayer, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, hizo un llamamiento a los congresistas para que regresen al Capitolio y puedan votar antes de 36 horas.

A principios de la semana pasada, el diario británico ‘The Telegraph’ sacaba a la luz un informe interno de la BBC que alertaba de que uno de los discursos incluidos en el documental ‘Trump, ¿segunda oportunidad?’ se había editado engañosamente. El recorte de vídeo unía dos frases que en realidad el presidente de EE UU había pronunciado con casi una hora de diferencia, y esta edición daba a entender que el líder había incitado explícitamente a realizar el asalto al Capitolio en enero de 2021, en el que fallecieron cinco personas y hubo más de 300 arrestos. Tras destaparse el escándalo, el director general de la televisión pública del Reino Unido, Tim Davie, y la máxima responsable de los informativos, Deborah Turness, presentaron el pasado domingo su dimisión. Ayer por la mañana, el presidente de la cadena, Samir Shah, pidió disculpas en un comunicado público en el que reconoció «errores de criterio» en la edición del documental y, por la tarde, el ente público aseguró haber recibido una carta de la Casa Blanca que amenazaba con emprender acciones legales. La cadena Fox, afín a Trump y su partido, informó de que el líder republicano exigirá 1.000 millones de dólares si la televisión británica no rectifica antes del viernes. El Gobierno británico, por su parte, declaró que «apoya una BBC fuerte e independiente», que desempeña «un papel vital en la era de la desinformación», aunque debe «mantener una alta calidad» y «corregir sus errores rápidamente».