20251114

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

Iberdrola invertirá 1.300 millones de euros en Euskadi hasta 2028, una cifra que supone un incremento del 50%. El foco estará puesto en el refuerzo de las redes eléctricas en un momento clave en el que el colapso del sistema está poniendo en jaque a la industria vasca. Así se lo comunicó ayer el propio presidente de la eléctrica al lehendakari, Imanol Pradales, durante un encuentro en Vitoria. En la reunión, la segunda desde que Pradales asumió el cargo, Galán puso en valor la aportación de Iberdrola a Euskadi. Según explicó la compañía en una nota posterior al encuentro, «si a esa cifra de inversiones se añaden las compras a cientos de empresas en el territorio, la contribución fiscal, los salarios, y los dividendos a sus accionistas vascos, el impacto total alcanzará los 12.000 millones de euros hasta el 2028». La inversión en redes se ha convertido en el eje del plan estratégico de Iberdrola, que el pasado septiembre presentó un programa histórico de 58.000 millones de euros, volcado en este capítulo, al que dedicará 37.000 millones. Se centrará principalmente en Reino Unido y Estados Unidos, países con rating A y «dotados con marcos estables, predecibles y atractivos». Dentro de este plan ha reservado un hueco a Euskadi, donde tiene la sede, con el fin «de integrar la nueva demanda eléctrica industrial y residencial, a la vez que continúa haciendo de Euskadi un referente en digitalización». Este es un asunto especialmente sensible para el Gobierno vasco, que ha reclamado al central con urgencia un aumento de la capacidad de conexión ante la asfixia de la industria y ha conseguido arrancar 5.200 MW más de potencia en la nueva planificación hasta 2030, lo que supone un incremento del 40% respecto a la actual. Ver nota Iberdrola aquí. 

Euskadi podrá ganar hasta 7.000 MW extra en su red eléctrica que se sumarían a los más de 5.000 MW que el Gobierno de España ya anunció en septiembre. Es la consecuencia de la ratificación ayer en el Congreso de los Diputados de dos enmiendas que el PNV añadió a la Ley de Movilidad Sostenible en el Senado. Las dos propuestas recuperan una serie de medidas para dar más flexibilidad a las redes y que estaban incluidas en el decreto ‘antiapagón’ que el Ejecutivo central llevó al Congreso, pero que éste rechazó el pasado julio. Se trata de que en una posición de acceso a la red ya ocupada por un consumidor, y que tenga aún potencia ociosa, puedan conectarse más empresas. Así, propone que «en el plazo de seis meses», el Gobierno central impulse «un real decreto que desarrolle un mecanismo para la alimentación de demandas firmes» que favorezca esa conexión. La segunda modificación facilitará que una posición pueda cambiar su uso o finalidad aunque no estuviera así definido previamente en la planificación, de forma que los distribuidores que ahora no pueden conectarse a la red puedan incorporarse cuando haya proyectos «que hayan presentado madurez y firmeza». El texto recoge que, a partir de ahora, se elabore cada cuatro meses un informe que indique qué posiciones podrían modificar su uso.

Talgo presentó ayer los resultados del tercer trimestre de 2025. Los últimos antes de la llegada a la compañía del presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga. Y las cifras evidencian la situación agónica del fabricante, que necesita con urgencia un rumbo industrial para sacar adelante una cartera de pedidos que escala ya por encima de los 4.800 millones. La deuda y los avales que requieren estos encargos han disparado el respaldo de la banca, que asciende entre préstamos y avales a 1.270 millones. El caso es que Talgo no logró salir de pérdidas en el tercer trimestre del año y acumula un margen operativo negativo (ingresos menos gastos antes de las devoluciones de los préstamos –ebitda–) de 3,3 millones. Mejora, eso sí, las cifras de junio, que presentaban este parámetro con pérdidas de 36,9 millones. Como la compañía no facilitó el resultado neto final –las cotizadas solo están obligadas a hacerlo semestral y anualmente– no se puede saber en cuánto han quedado las pérdidas totales, que el pasado junio ascendieron a 65 millones. El alivio en la caja viene de las primeras entregas de la plataforma 230 a Alemania y Dinamarca. Se trata del último tren diseñado por Talgo y sobre el que diseña su gran apuesta para crecer en Europa. Tras retrasos y varios inconvenientes, en octubre inició operaciones en estos países insuflando una importante entrada de dinero. Así, los ingresos, desde junio se han incrementado en solo tres meses un 65%, pasando de los 270 millones a 443. Una cantidad que, eso sí, sigue siendo un 10% inferior a la de los primeros nueve meses del pasado año.

El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, con el único voto en contra de Vox y la abstención de PP y UPN, y la ha remitido al Senado para proseguir con su tramitación parlamentaria. La norma que va a revolucionar los servicios de atención al cliente porque, entre otras cosas, acabará con las esperas eternas al teléfono y los cortes a las llamadas de los ciudadanos. Las empresas tendrán que atender al comunicante que pide información o plantea una reclamación en un máximo de tres minutos.  La norma, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales, debe ser luego aprobada en el Senado, pero la mayoría del Congreso a favor garantiza que terminará por salir adelante, entre finales de año y comienzos de 2026, ocurra lo que ocurra en la otra cámara. Empresas obligadas: Deben cumplir las exigencias los servicios de atención al cliente de empresas de suministros (gas, agua, luz, telefonía, internet) y de servicios básicos (transporte, correo y servicios financieros), así como los de todas las empresas con más de 250 empleados o 50 millones de facturación. En lengua cooficial: deben tener canal postal, telefónico y electrónico y deberán atenderlos al menos en castellano y en las lenguas cooficiales (en las autonomías que las tengan). La ley de los tres minutos: pone fin a las esperas eternas. Obliga a las empresas a que el 95% de las llamadas telefónicas que reciban de sus clientes sean atendidas en un plazo inferior a tres minutos. Hoy no hay límite de tiempo. Además, ya no podrán cortar la llamada del cliente alegando esperas elevadas...Freno a las llamadas 'spam': la ley pondrá freno a las llamadas 'spam', las molestas comunicaciones comerciales no solicitadas. Las empresas estarán obligadas a usar un prefijo identificable por el cliente en sus llamadas y las operadoras de telefonía deben bloquear a las que no lo usen. Para disuadir a las compañías, las llamadas comerciales sin consentimiento están prohibidas y los contratos que se cierren en ellas quedarán anulados...

Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) cerró los nueve primeros meses del ejercicio con la inercia propia de las compañías que ya saben convivir con la incertidumbre. El grupo dirigido por Javier Martínez Ojinaga elevó sus ventas un 8%, hasta 3.165 millones, impulsado tanto por el negocio ferroviario –el corazón tecnológico e industrial del grupo– como y, sobre todo, por el tirón de sus autobuses alternativos Solaris. El área ferroviaria creció en torno al 4%, mientras que las ventas de autobuses se dispararon un 26%, gracias a más entregas y a un precio medio más elevado por el mayor peso de los modelos de cero emisiones. El resultado operativo (EBIT) alcanzó los 161 millones, un 18% más, con una mejora del margen hasta el 5,1%, y el beneficio neto atribuido se disparó un 66%, hasta los 100 millones. La base industrial, por lo tanto, se mantiene firme. La compañía ha vuelto a registrar una contratación excepcional, con nuevos pedidos por 4.049 millones hasta septiembre, un 80% más que un año antes. Ese ritmo ha llevado la cartera total hasta los 15.579 millones, un máximo histórico que aún no recoge la suma del megacontrato de Bélgica –de un paquete inicial de 1.695 que puede ascender a los 3.400 millones–, y que garantiza varios años de actividad. Ver nota de CAF aquí. 

Fabrika y Adegi presentaron ayer inGUru+, una nueva herramienta diseñada para ayudar a las empresas a gestionar la sostenibilidad de forma sencilla y práctica. El proyecto está financiado por el Gobierno Vasco. La presidenta de la patronal guipuzcoana Adegi, Isabel Busto, abrió la jornada subrayando que la sostenibilidad «ya no es un elemento accesorio», sino «una palanca clave para la reputación, el acceso al capital y la resiliencia» de las organizaciones. Ver nota Adegi y discursos Isabel Busto y Juan Mancisidor. Ver más en Adegi. 

Las empresas del territorio urgen a paliar ese déficit para atraer inversión y generar empleos. El Departamento de Industria del Gobierno Vasco inyectará 40 millones en Gipuzkoa ante la falta de suelo industrial para las empresas. Industria inyectará 40,4 millones de euros en 2026 en Gipuzkoa para paliar la necesidad de mayor suelo industrial que sufren las empresas. El debate sobre este déficit en el territorio no es nuevo, pero sigue siendo un elemento decisivo para la competitividad de sus empresas. Por eso, el departamento que pilota el consejero Mikel Jauregi destinará una quinta parte del Presupuesto vasco en esta materia a renovar, reactivar y modernizar los terrenos de Gipuzkoa. Esos 40 millones se clasifican en tres categorías: recuperación y regeneración de suelos, nuevos espacios de desarrollo y refuerzo de los Parques Tecnológicos. En el primer apartado, Gipuzkoa recibirá 8,9 millones para hacer un ‘lifting’ a los espacios que Sidenor tiene en Legazpi y Elgeta, Arcelor en Zumarraga y los polígonos de Oikia en Zumaia, San Andrés en Arrasate y La Herrera en Pasaia, según detallan fuentes del Gobierno Vasco. Para nuevos desarrollos irán 11,5 millones, de los que la mayoría –10– serán para el polígono de Eskuzaitzeta. Finalmente, en el Campus de Donostia de Miramon se invertirán 20 millones para seguir impulsando uno de los Parques Tecnológicos de referencia de la economía vasca.

La gran carrera por hacerse con la gestión de la renovada Intermodal de Júndiz ya ha comenzado. Recientemente fue la Diputación de Álava la que anunció que se iba a presentar al concurso para hacerse con el control de esta infraestructura clave en el transporte de mercancías en tren, pero ese camino no será llano para el Ejecutivo foral. Al menos dos competidores, uno de origen francés (VIIA) y otro asociado a un gran puerto de España, han mostrado ya su interés por conocer las condiciones necesarias para gestionar la terminal, que es la puerta de acceso al corredor Atlántico. Y todo hace indicar que el número de aspirantes no se quedará en tres, pues la infraestructura alavesa cuenta con un potencial enorme como conector de autopistas ferroviarias para la logística. La Diputación se ha marcado como objetivo el control de la Intermodal de Júndiz y lleva semanas trabajando de cara a estar preparada para el momento en el que la empresa pública Adif publique los pliegos para lanzar el concurso, que se espera estén disponibles antes de que finalice el año. Sin ir más lejos, responsables del Departamento de Promoción Económica que lidera Saray Zárate (PNV), con la propia diputada a la cabeza, han estado esta misma semana en Madrid en una reunión con miembros del administrador de infraestructuras ferroviarias. Pero desde el Palacio de la Provincia no se trabaja en una candidatura en solitario, sino que se pretende incluir en la misma a actores relevantes de la sociedad alavesa. Y falta por determinar si la propuesta también irá de la mano de quien controla en estos momentos Júndiz: Sibport. Esta sociedad agrupa los intereses de la Autoridad Portuaria de Bilbao, Noatum y Transitia.

Los avances en la isla de Zorrozaurre tienen casi inmediatamente la consideración de hitos, y ahora ocurre uno: ayer comenzó la demolición de los emblemáticos edificios Lancor y Consonni. Están en la punta norte, rodeados de parcelas vacías y de calles nuevas. En un principio ambos estaban incluidos en el catálogo de inmuebles a mantener en pie –con la obligada restauración– para preservar la memoria del pasado industrial. Sin embargo, este pasado mes de agosto, cuando se anunció su futuro como parte del parque tecnológico de Bilbao, también se reveló que sufrían serios daños estructurales y que deberían ser demolidos. Eso sí, los nuevos que se levanten en el lugar mantendrán la misma estética que los actuales, con un volumen intermedio que los conectará. Es lo mismo que ocurrió con el viejo Tarabusi, donde ahora se está levantando la sede del parque tecnológico y que también estaba entre los inmuebles a conservar. En concreto, Lancor y Consonni, que son propiedad del Ayuntamiento de Bilbao, van a ser utilizados por la Corporación Mondragon para ubicar el centro Bilbao Bizkaia Digital Faktory. El gigante cooperativo va a invertir ahí veinte millones de euros al tener un convenio con el Consistorio, con quien mantiene una estrecha colaboración en diferentes inmuebles de la ciudad. Mondragon tiene opción de compra para hacerse en el futuro con la plena propiedad de la finca. El objetivo es desarrollar en los nuevos edificios un polo de atracción de talento y empresas de alto valor añadido en tecnologías digitales que engloban un amplio abanico de campos: inteligencia artificial, analítica de datos, ciberseguridad, humanidades digitales, mecatrónica, robótica y sistemas inteligentes de energía, entre otras.

Los Premios Toribio Echevarria han recaído este año a dos empresas donostiarras. En la sección de Startups y proyectos la empresa ganadora ha sido Onkoreplica que ofrece soluciones para el testado de fármacos oncológicos mediante el desarrollo de modelos 3D in vitro de tumores de paciente. Además, Semi Zabala se ha hecho con el galardón a empresa innovadora. En empresa eibarresa, se ha premiado a Replay by Welk, una la plataforma digital integral para clubes deportivos y entornos de alto rendimiento. El Premio honorífico, Iñaki Goenaga, ha sido para Acha Herramientas que celebra 85 años de excelencia. Fundada en 1940 por Esteban Acha y su esposa, Concha Garitaonaindia, la historia de la empresa es también el reflejo del origen de la industrialización vasca: esfuerzo, visión y capacidad de adaptación. También se ha hecho un reconocimiento especial a la empresa debarra Reiner por cien años de actividad. Hace un siglo, Ernst Reiner sentó las bases para una empresa que es ahora líder mundial en el sector de los sellos metálicos y los escáneres de cheques. Confebask forma parte  del jurado de los premios. 

«Antes de 2030». La última previsión oficial de puesta en servicio del tren de alta velocidad (TAV) en Euskadi la fijó el ministro de Transportes, Óscar Puente, en una visita a las obras de la estación de Atotxa en Donostia el pasado febrero. En los siguientes nueve meses ningún responsable de los gobiernos central y vasco ha puesto en duda que ese plazo se pudiera cumplir, pero la evasiva del propio Puente este miércoles en el Congreso, cuando fue preguntado por la fecha prevista para la conexión de la ‘Y’ vasca con la línea de alta velocidad que debe unirla con Madrid, hizo saltar todas las alarmas, especialmente en el PNV. El ministro socialista no solo evitó dar un horizonte concreto, como sí hizo en febrero en Donostia, sino que aseguró que la fecha «está en manos» del Gobierno Vasco, una vez que el Ejecutivo vasco recibió el pasado diciembre la encomienda de gestión para la construcción del nudo de Arkaute. Pero el gabinete de Pradales tampoco se aventura a poner una fecha concreta. Lo que subyace en el fondo es la imposibilidad material de que el nudo que unirá la ‘Y’ vasca con la meseta vaya a estar terminado para antes de 2030, y ninguna de las instituciones implicadas en su construcción se atreve ya a fijar un horizonte. El Gobierno Vasco adjudicó la redacción del proyecto constructivo del nudo de Arkaute el pasado julio y cuenta con un plazo de ejecución de dos años solo para su redacción. En el mejor de los casos, el proyecto constructivo estaría listo para la segunda mitad de 2027. Pero después habría que licitar las obras y construir el nudo, una infraestructura «compleja» que entrelazará varias vías ferroviarias. Si no hay contratiempos, las obras podrían comenzar en 2028, pero será imposible que estén acabadas en menos de dos años. Es decir, el horizonte de 2030 se resquebraja.

Otra puerta cerrada. Tras la falta de acuerdo –e incluso de negociación– entre sindicatos y Confebask, la iniciativa legislativa popular (ILP) presentada por ELA, LAB, ESK, Steilas, Hiru y Etxalde desembocó ayer en una nueva vía muerta. El pleno del Parlamento vasco rechazó la propuesta para la que en agosto los sindicatos presentaron 138.495 firmas. PNV y PSE, los dos partidos al frente del Gobierno vasco, votaron en contra de su admisión a trámite al considerar que carece de encaje legal, una postura que compartieron PP y Vox. Únicamente EH Bildu y Sumar votaron a favor. El secretario general de ELA, Mitxel Lakuntza, defendió la iniciativa en la tribuna. Desde allí advirtió que «rechazar este debate supondría una renuncia al autogobierno», así como un «fraude antidemocrático» al suponer el segundo rechazo, en apenas dos meses, a la única herramienta legislativa de la que disponen los ciudadanos, aludiendo a la negativa que el legislativo ya dio en septiembre a la petición de un complemento a las pensiones. Lakuntza aseguró que «no existe ningún obstáculo jurídico, ni legal para aprobar la propuesta» que, en última instancia pretende modificar el Estatuto de los Trabajadores para otorgar la competencia de fijar un SMI a Euskadi. «Si hay alguna dificultad será política», señaló en una intervención en la que también aseguró que «Confebask es el defensor más encarnizado» de este voto contrario, «y lo es porque muchas empresas siguen haciendo negocio gracias a la precarización de miles de trabajadores».

En otro giro de guion inesperado, Junts salió ayer al rescate del Gobierno para impedir la aprobación de una enmienda del PP a la Ley de Movilidad Sostenible en el Congreso que buscaba suprimir la fecha de cese definitivo de explotación de las centrales nucleares de Almaraz (Cáceres), Ascó I (Tarragona) y Cofrentes (Valencia). El partido de Carles Puigdemont se abstuvo en la votación, que se saldó con el sí de 171 diputados y el no de 172. El movimiento sorprende justo una semana después de que Junts escenificase su ruptura con el Ejecutivo y cuando tan solo 24 horas antes se produjo un duro cara a cara entre su portavoz parlamentaria, Míriam Nogueras, y el presidente Pedro Sánchez, al que llamó “cínico e hipócrita”. La formación advirtió después de que el resultado no supone ningún cambio en la relación con el Gobierno. “Si algunos piensan que el que no haya prosperado una enmienda del PP es una victoria, más grande será la derrota”, aseguró Nogueras, quien también acusó a los populares de haber planteado mal y sin diálogo el problema de las nucleares, informa Javier Casqueiro. La que a priori iba a ser una jornada de éxito para el Ejecutivo, porque Junts había excluido esta norma y la de atención a la clientela (que recibió también ayer el visto bueno del Congreso) del rechazo anunciado al resto de leyes del Gobierno, se convirtió en otra sesión incierta durante varias horas para la coalición. 

Los principales analistas nacionales e internacionales han ido revisando al alza sus previsiones de modo que nueve de cada diez espera ya un avance del PIB cercano al 3%. El buen comportamiento de la demanda interna y la inmigración, el empuje de las ayudas europeas, la revisión de los cálculos del INE o la relajación de la guerra arancelaria son algunos de los factores que explican las correcciones en positivo, si bien la fragmentación parlamentaria y las tensiones geopolíticas o comerciales en el plano internacional siguen ensombreciendo el horizonte. Estas son algunas de las principales conclusiones del Pulso Económico Trimestral de EY Insights en su edición de otoño de 2025, a la que ha tenido acceso EXPANSIÓN, que recaba la opinión de los responsables de una quincena de las principales casas de análisis del país, incluyendo los de Funcas, Fedea, el Círculo de Empresarios, la Empresa Familiar, CEOE, la banca (BBVA Research, Santander, CaixaBank o Singular Bank), firmas como Arcano, escuelas de negocio (Esade o el IE Business School), e instituciones como Orfin, CEPS, el Real Instituto Elcano o Cunef. El 94% de estos expertos da por hecho que el avance del PIB español en 2025 superará el 2,5%, mientras que el 88% asume ya que se aproximará al 3%. Estas proyecciones casan con las que han ido publicando en las últimas semanas diferentes organismos, como el Fondo Monetario Internacional (FMI), que elevó su previsión de crecimiento del 2,5% al 2,9%, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), que pasó del 2,3% al 3%; o la Cámara de España, del 2,5% al 2,9%. Ayer mismo, el panel de expertos de Funcas incrementó su estimación del 2,6% al 2,9%. 

Un reciente estudio del Banco Central Europeo sostiene que el aumento de trabajadores extranjeros es el factor responsable del 80% del crecimiento económico registrado por España durante el último lustro. Ante la creciente importancia de la inmigración en la evolución del PIB español, los responsables de las principales casas de análisis del país abogan por impulsar una política migratoria flexible, pero ligada al empleo disponible. Entre los diferentes modelos existentes, el grueso de expertos aboga por uno que permita ajustar la llegada de trabajadores extranjeros a las necesidades del mercado laboral, como el llamado sistema por puntos, que evalúa la educación y experiencia laboral de los inmigrantes para priorizar la entrada de aquellos que den respuesta a las necesidades del mercado laboral español, manteniendo cierta flexibilidad. Otras fórmulas intermedias, como la creación de visados de trabajo que permitan trabajar en diferentes sectores, según las necesidades, o incluso los visados vinculados a un empleo, que requieren contrato previo, obtienen una cierta aceptación por parte de la mayoría de analistas. Por el contrario, los responsables de los principales servicios de estudios del país rechazan tanto la introducción de un control estricto de migración que cierre las puertas del país a los trabajadores extranjeros, como la apertura incondicional de puertas.

La productividad total de los factores (PTF), que se utiliza para medir la eficiencia productiva del país, ha crecido un 0,8% interanual en el tercer trimestre del año, un 67% menos que en el mismo periodo del año anterior y lo que supone su ritmo más lento de crecimiento en un año y medio, según el Rastreador de la Productividad elaborado por la Fundación BBVA y el Ivie. Este indicador compara el Valor Añadido Bruto generado (similar a la producción total) con la aportación de los factores de producción empleados: capital –bienes y recursos utilizados como maquinaria, edificios, herramientas, etc.– y trabajo –mano de obra–, lo que permite conocer cómo de eficientes son estos elementos en función de la producción obtenida. En el periodo de junio a septiembre, ha experimentado «una notable desaceleración en comparación con el tercer trimestre de 2024», cuando la productividad fue «casi tres veces superior a la actual». La parte positiva está en que la PTF continua creciendo, aunque de manera más moderada, y en la actualidad se sitúa un 3,7% por encima del nivel del año 2000.

El grupo Telefónica tiene previsto realizar el preaviso de sus ERE la semana que viene. El lunes están convocados los sindicatos para recibir la comunicación inicial correspondiente a los tres ERE que afectarán a las empresas amparadas por el Convenio de Empresas Afines (CEV), es decir, Telefónica España, Telefónica Móviles y Telefónica Soluciones. Y el martes, se producirán los preavisos de las otras cuatro entidades a las que afectarán los planes de despidos colectivos: Movistar+, la televisión del grupo; Telefónica SA, la matriz, ya que también va a afectar, por primera vez, al núcleo corporativo; Telefónica Global Solutions y Telefónica Innovación Digital. En total, en España, incluyendo el centro corporativo, Telefónica emplea a alrededor de 25.000 trabajadores. En conjunto, siete ERE diferentes, uno por cada entidad jurídica, con una afectación total inicial de entre 6.000 y 7.000 empleados. El calendario de la negociación de los ERE implica un plazo de mes y medio desde el preaviso inicial.

Los elevados precios del acceso a la vivienda en toda España, pero la causa fundamental de la crisis habitacional tiene que ver con la falta de pisos. El Banco de España vuelve a poner el foco en el déficit de vivienda y en su informe de Estabilidad Financiera publicado ayer incluye varias referencias a ello, aunque concluye que «no estamos viviendo un momento de burbuja inmobiliaria como la de 2008». El director general de Estabilidad Financiera, Daniel Pérez Cid, explicó que los precios de las compraventas están subiendo, pero el «gran problema» viene del lado de la oferta, que al ser «tan rígida no está siendo capaz de acompasar una demanda tan fuerte». Aun así, hizo hincapié en que todos los elementos analizados hasta ahora por el supervisor les llevan a concluir que «en términos de estabilidad financiera estamos muy lejos de los niveles de la crisis inmobiliaria». Pese a la tensión de precios, el Banco de España destaca que la evolución no es generalizada en todo el país, sino que hay determinadas áreas más complicadas. «Hay gran dispersión de precios, con regiones que crecen menos y otras más tensionadas», explica el economista, que recuerda que no hay un incremento disparado en toda España como hubo en la crisis 2004-2008. «La distancia entre precios y rentas nos sitúa a nivel de estabilidad financiera en niveles alejados de la gran crisis», reiteró Pérez Cid. Y ante esta situación, el Banco de España ha comenzado a diseñar medidas que consigan contener los precios. En su opinión, habría que incidir en planes estructurales sobre la oferta, pero el supervisor ya analiza otras herramientas de contención del crédito para crear un marco macroprudencial más completo y prevenir el riesgo de impagos en el caso de una nueva crisis.

Banco Sabadell da carpetazo a la opa de BBVA con un beneficio récord de 1.390 millones de euros en los nueve primeros meses de 2025, un 7,3% más. Sin embargo, se ha quedado ligeramente por debajo de las previsiones de los analistas, lo que ha provocado una reacción negativa en Bolsa con una dura caída del 5,2%, hasta los 3,25 euros por acción. En todo caso, supone una cotización que sigue un 3% por encima de los 3,16 euros del pasado 10 de octubre, cuando se cerró el periodo de aceptación de la oferta del banco vasco. Más allá de los números, aún condicionados por la opa, el foco del mercado estaba en los mensajes sobre el futuro inmediato de la entidad, que debe demostrar su capacidad para seguir creciendo en España ahora que ya no contará con la aportación de su filial británica TSB, cuya venta al Santander se cerrará en 2026. Ese crecimiento no será, al menos de momento, a golpe de operaciones corporativas. El consejero delegado del banco, César González-Bueno, ha dejado claro que la integración de entidades de menor tamaño tiene sentido por el escaso «solape geográfico» y las posibles sinergias. Pero asegura que no se van a producir. «Ahora mismo todo el mundo está satisfecho con su estrategia, su capacidad de generar capital, su influencia territorial, etc. No hay apetito para ello», apuntó durante la presentación de resultados.

Después de que el Congreso de los Diputados diese luz verde ayer a la Ley de Movilidad Sostenible, la patronal de las gasolineras (CEEES) manifestó su «profunda preocupación» por el impacto que esta norma puede llegar a tener sobre las pequeñas y medianas empresas del sector, que en cuyas manos se encuentran cerca del 70% de las gasolineras del país. La queja de la asociación nace porque la norma mantiene el criterio de obligatoriedad en función de las ventas conjuntas de gasolina y gasóleo, lo que, a juicio de la patronal, «impone la instalación de puntos de recarga en ubicaciones donde no existe demanda real, como estaciones urbanas, fronterizas o especializadas en transporte pesado». En este sentido, la asociación denuncia que la «imposición» de la instalación de electrolineras «vulnera la libertad de empresa» y representa una «inversión ruinosa» para miles de pymes «que no disponen de los recursos ni de la demanda suficiente para amortizar estas instalaciones». Además, recalcan que el régimen sancionador previsto –el de la Ley de Hidrocarburos– es «desproporcionado» al estar diseñado para grandes corporaciones. Desde la patronal de las gasolineras reiteran que el problema de acceso a la red eléctrica es «real y persistente», y denuncian que algunos de sus asociados llevan ya más de dos años esperando la energización de cargadores ya instalados, lo que «evidencia una grave disfunción en la planificación y ejecución» de la infraestructura de recarga.

La rápida expansión de la gripe aviar ha obligado al Ministerio de Agricultura a actuar, ordenando el confinamiento de las aves de corral criadas al aire libre en las 1.623 granjas que existen en España. Hasta hace una semana, la restricción solo afectaba a unos 1.200 municipios situados en zonas de especial riesgo y vigilancia –principalmente en Andalucía, Aragón, Castilla y León y Cataluña–, con el objetivo de evitar el contacto con aves silvestres migratorias contagiadas. Sin embargo, el rápido avance de la influenza ha llevado a extender la medida a todo el territorio nacional. La llegada de las bajas temperaturas ha traído a nuestro país un gran número de aves migratorias, lo que ha puesto en serio riesgo a todas las granjas censadas, cuyos productores han tenido que sacrificar, a día de hoy, 2,4 millones de gallinas, el 5% del total del censo, que ronda los 50 millones. En estas circunstancias, los precios de los huevos en los lineales de los supermercados se han disparado, con una subida del 32,3% en los últimos años, especialmente significativa en los últimos meses, desde que se detectó el primer caso el 18 de julio en una explotación de Ahillones (Badajoz), que afectó a 7.000 aves. Así las cosas, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha transmitido un mensaje de tranquilidad ante el refuerzo de las medidas preventivas y ha explicado que la migración de retorno de las aves silvestres norte-sur hacia África es la fuente de transmisión «más importante» de gripe aviar. Así, ha precisado que, ante el aumento de focos en Francia, Alemania y Bélgica, en España «tenemos que evitar que en el retorno se traslade la gripe aviar a más explotaciones».

Otra vez Google. La Comisión Europea anunció ayer que abre una nueva investigación contra el gigante tecnológico estadounidense ante la sospecha de que pudiera estar infringiendo la Ley de Mercados Digitales (DMA, por sus siglas en inglés). En este caso, Bruselas considera que Google podría estar restando puntos en su algoritmo de búsqueda a los medios de comunicación y otros portales de noticias en los casos en los que, junto con el contenido informativo, publicitan contenido de socios comerciales o promociones y bonos. La compañía estadounidense hace esto en función de su política de abuso de la reputación de sitios web, que busca combatir lo que considera spam y dar al consumidor “un resultado de búsqueda lo más limpio posible”. Sin embargo, la Comisión Europea no comparte esa visión y entiende que “esta política parece afectar directamente a que los editores moneticen sus sitios web y contenidos”, explica. Cuando Google opta por degradar la reputación de los sitios web que incluyen promociones comerciales en sus links, estos medios pierden parte del acceso que tenían al buscador de la plataforma, una vía clave para conseguir tráfico en Internet. Por eso, “la Comisión está investigando si la práctica de Alphabet de relegar los sitios web y el contenido de los medios de comunicación en sus búsquedas puede afectar la libertad de los editores para realizar negocios legítimos, innovar y cooperar con proveedores de contenido externos”.