20220701

La inflación, empujada por el coste de la energía, ha desbaratado el ritmo de la recuperación económica en Euskadi. Con lo que la vuelta a los niveles previos a la pandemia, prevista para este año, se irá forzosamente a 2023. Así lo reconoció ayer el director de Desarrollo de Negocio de Laboral Kutxa, Ibon Urgoiti, en la presentación del Informe sobre la Economía Vasca de la entidad. Urgoiti culpó a los precios, que «están dando al traste con las expectativas que teníamos hace escasos meses», generando un problema que es «una amenaza para el crecimiento de la economía este año». La cooperativa de crédito ha bajado su previsión de crecimiento para este 2022 del 6% que planteó a finales del pasado año hasta el 3,6%. Una tasa que rebaja aún más el 4,5% que el Gobierno vasco actualizó a finales de marzo para recoger el impacto de la invasión rusa de Ucrania. Para el próximo 2023, la previsión de crecimiento del PIB de Euskadi es de un 2,7%. La cifra de la entidad financiera es muy inferior a la que ha fijado el Ejecutivo autonómico para elaborar sus Presupuestos del año que viene, y que está en el 4,1%. Además, tanto en este 2022 como en 2023, la estimación de aumento para el País Vasco está por debajo de la del conjunto de España. El director del departamento de Estudios Económicos de Laboral Kutxa, Joseba Madariaga, incidió en que los precios «han desacelerado el crecimiento». Y, «aunque es difícil», no descartó un escenario de recesión económica «si confluye más de un hecho», como que «Rusia corte el suministro de gas a Europa, que sería un shock muy grave»; y que el BCE aborde un giro más agresivo en su política monetaria con mayores subidas en los tipos de interés. Ver informe Laboral Kutxa. 

El Metal de Bizkaia afronta hoy su tercera jornada de huelga por el convenio colectivo después de que en la de ayer los sindicatos proclamasen un seguimiento de entre el 80-85%, un porcentaje que la patronal FVEM rebajó al 29%. Las posiciones llegan a este punto tan distantes como las cifras dadas. Las centrales convocantes –ELA, CC OO, LAB y UGT, unidas en esta ocasión– exigen, entre otras medidas, una subida salarial acorde al IPC, mientras que los empresarios advierten de que es inasumible. Así las cosas, todo apunta a que, tras esta primera ronda de paros, a la vuelta del verano habrá más movilizaciones ante la dificultad de llegar a acuerdos con una inflación desbocada, que en junio superó el 10%, la tasa más alta desde los años 80. Los conflictos en torno al convenio son también la razón de que ayer hubiese huelga en el Metal de Álava y en Mercedes y que se mantengan movilizaciones en muchos otros ámbitos. Pero el Metal de Bizkaia tiene especial alcance debido a que afecta a 52.000 trabajadores y a una parte muy importante del tejido productivo vasco. Fvem insiste en que su voluntad continúa siendo la de alcanzar un acuerdo, "para lo que instamos a los sindicatos a que flexibilicen su propuesta teniendo en cuenta la compleja realidad en la que las empresas tienen que desarrollar su actividad. No bloquea quien asiste a la mesa y mejora su oferta, si no quien intenta imponerla". Ver nota Fvem. 

Subidas salariales alineadas al IPC, bajada de la jornada laboral y una subrogación amplia para el personal de las subcontratas. Son las principales reivindicaciones de los sindicatos del metal en Álava que ayer salieron a la calle en su cuarta jornada de huelga en poco más de un mes. Más de 3.500 personas secundaron esta movilización que recorrió las principales calles de Vitoria. Las centrales redoblarán sus movilizaciones tras el verano –ya hay organizadas otras tres huelgas entre el 21 y 23 de septiembre– si la patronal SEA-Empresas Alavesas no presenta en la reunión del 8 de julio una plataforma de convenio «mejorada y con contenido. Hay que seguir saliendo a la calle, la gente cada vez está más concienciada y se está animando», aseguraba Ioritz Iglesias, de ELA. Este sindicato junto a LAB, ESK, CC OO, USO y CGT organizaron la manifestación de ayer –UGT la apoyaba– a la que se sumaron comités de diferentes industrias alavesas en huelga o con conflictos abiertos. Hasta siete pancartas de los comités de Mercedes Benz, SDA Factory, CIE Gameko, Laminaciones Arregui, UGO, Olazabal y Huarte y Burulan se podían ver al inicio de la marcha que partió desde la plaza Bilbao. El seguimiento de la huelga en el sector del metal «está siendo bastante amplio», aseguraron diferentes portavoces sindicales, aunque desde la patronal alavesa SEA señalaron que la incidencia había sido «casi nula» y cifraron en un 8% la respuesta de los trabajadores a los paros.

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, pidió ayer a los trabajadores y la dirección de Mercedes Benz en Vitoria, la principal industria vasca, que se «sienten en una mesa» con el fin de llegar a un acuerdo que se beneficioso para las dos partes. Y que permita a la empresa implementar los planes que tiene para Euskadi –la multinacional ha anunciado una inversión de más de 1.200 millones de euros para transformar la factoría alavesa, pero ligada a aumentar la flexibilidad en el convenio– y a la plantilla también «mantener unas condiciones laborales dignas». A juicio del dirigente jeltzale, ambas partes «ya han hecho demostraciones de fuerza» suficientes en las últimas semanas. De hecho, la negociación del convenio ha quedado en suspenso, por decisión de la compañía, y se acumulan ya tres jornadas de huelga con la producción completamente paralizada. Ayer tampoco salieron furgonetas de la cadena de montaje y paró el 95% de la plantilla de talleres. Ortuzar reclamaba a los sindicatos que «sepan medir las consecuencias y sus acciones» ante las movilizaciones que ya han organizado y las que tienen previstas para la próxima semana. Y también advertía de los efectos que puede tener el conflicto laboral y «el pulso» que mantienen desde hace semanas empresa y sindicatos, a pesar del «escenario estupendo» que se abría para la planta con el anuncio de la inversión que supondría «garantizar nuevos modelos en Vitoria. Eso es una inyección tremenda de dinero, pero también de moral e imagen para Euskadi».

Las empresas de la construcción en Álava, aglutinadas en la patronal SEA-Uneca, celebraron ayer su asamblea anual en la que pusieron de manifiesto su preocupación por las incertidumbres que marcan el escenario presente y futuro, al me- nos a corto plazo. Las di- ficultades para encontrar personal cualificado y la drástica reducción de márgenes provocada por el incremento de precios de materías primas, combustibles o la energía, son los principales obstácules que tiene el sector. Pero no los únicos, porque el presidente de Uneca, Luis Alba, también ha puesto sobre la mesa la necesidad de abordar un relevo generacional y de incrementar la contratación de más mujeres, que hoy representan casi el 25% del personal empleado en la construcción. El sector genera en Álava unos 500 millones de euros, que suponen un 4,2% del PIB del territorio, y da trabajo según los datos de cierre de 2021 a 6.635 trabajadores, superior a los que había en 2019, antes de la pandemia (6.486).

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, invitó ayer al Gobierno Vasco a «reflexionar» sobre su «alta fiscalidad» respecto a otras comunidades autónomas y a esforzarse por mantener su peso industrial, que «se está decantando hacia Madrid». Además, confió en mantener una reunión de trabajo con el lehendakari para «seguir profundizando en el nivel de confianza» de los últimos años. Feijóo realizó estas declaraciones en Getxo antes de mantener un encuentro con empresarios vascos, un viaje que también sirvió para reunirse en Bilbao con la Junta Directiva del partido del País Vasco. El líder de los populares mostró una alta sintonía con Urkullu. «Es fácil entenderse con el lehendakari. Nuestros antecedentes como presidentes de comunidades autónomas avalan una relación de confianza», señaló. No obstante, a preguntas de los periodistas sobre su opinión acerca de la fiscalidad que se aplica en Euskadi, Feijóo advirtió que ésta aleja las inversiones en beneficio de otros territorios. «La situación industrial del País Vasco no es la que fue durante algún tiempo. El triángulo entre Euskadi, Madrid y Barcelona se está decantando hacia Madrid». En consecuencia, remachó Feijóo, «determinadas políticas fiscales» en Euskadi deberían «al menos, ser reflexionadas y probablemente revisadas».

El Banco Central Europeo (BCE) va a instar a los bancos a actualizar sus proyecciones de capital y a establecer sus planes de dividendo contemplando el impacto que tendría en su solvencia un potencial escenario de recesión. La medida, pendiente de aprobación, será debatida la próxima semana durante una reunión del consejo de supervisión, según anticipó ayer Andrea Enria, presidente del Supervisor Único del BCE, al comparecer ante la comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo. “Vamos a proponer que los bancos recalculen sus trayectorias de capital en escenarios más negativos. Por ejemplo, en un potencial escenario de recesión o embargo de gas, y utilizaríamos este análisis para evaluar los planes de distribución” al accionista, dijo. El riesgo de contracción de la economía, al que hace unos meses se daba baja probabilidad, ha tomado cuerpo. El enquistamiento de la guerra en Ucrania, la persistencia de los elevados niveles de inflación y los síntomas de enfriamiento que ya está dando la economía por el endurecimiento de las políticas monetarias han desatado los temores. Los principales organismos internacionales están empeorando sus proyecciones, entre ellos, el BCE. El banco central sigue barajando como escenario central que la zona euro crezca un 2,8% este año y un 2,1% el próximo, pero en las últimas semanas ha incorporado a sus previsiones un nuevo escenario adverso. Éste se materializaría si se produjera un corte total de las exportaciones energéticas de Rusia a la zona euro a partir de septiembre de este año.

Xabier Sagredo, presidente de BBK, recogió ayer en Madrid el Premio Tu Economía en la categoría ‘Mejor Dirección Empresarial’, un galardón impulsado por ‘La Razón’ y con ocho años de solera que distingue a empresarios y emprendedores que, «con su esfuerzo y talento, contribuyen día a día a crear riqueza y a modernizar la economía nacional, haciéndola más competitiva y resiliente». Sagredo lleva siete años al frente de BBK y, según el jurado que ha concedido el premio, bajo su presidencia se ha instaurado un sistema de gobernanza «sólido» y «con un nivel de exigencia superior al requerido», cualidades a su juicio muy necesarias para prevenir «malas praxis» y evitar «casos de mala gestión».

La empresa alavesa Tubos Reunidos puede volver el próximo ejercicio a la senda de beneficios, tras atravesar una dura crisis de varios años que incluso ha provocado el rescate por parte del Estado con la inyección de 113 millones de euros. Los máximos responsables de la compañía trasladaron ayer su visión «moderadamente optimista» sobre el futuro del negocio en el transcurso de la junta de accionistas, de la mano de una cartera de pedidos que suma 230 millones de euros y de una recuperación evidente en el sector de la energía. Así como la confianza en que se van a acelerar muchas inversiones en plantas de generación, ya que este tipo de instalaciones requieren los tubos sin soldadura que produce la firma. El presidente de la compañía, Francisco Irazusta, destacó que en los últimos meses la empresa ya ha entrado en ebitda positivo, y permite proseguir con normalidad el plan trazado para recuperar el signo positivo en el resultado neto. Señaló que esa vuelta a los beneficios se producirá «a lo largo de 2023». El pasado ejercicio, la empresa cosechó unas pérdidas de 64,7 millones. La firma alavesa tiene que batallar ahora con el incremento de los precios de las materias primas –en especial la chatarra–, así como con la elevación de costes de la electricidad y el gas. El mercado, sin embargo, ha dado muestras de recuperación fruto del aumento de las inversiones en la explotación de nuevos pozos de gas y petróleo, así como la aceleración de inversiones en plantas de producción de electricidad, tanto de gas como nucleares. Ver nota Tubos Reunidos. 

La firma alavesa de herramientas EGA Master ha ganado en Arabia Saudí la mayor licitación en sus más de treinta años de historia, por 3,3 millones de dólares. El contratista es la firma Saudi Electricity Company, que controla 45 plantas de generación de energía en el país. En la licitación, la firma de la familia Garmendia venció a otras ofertas procedentes de Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Francia y China. Con ello, confía en crecer este año un 30%.

Mercadona refuerza su apuesta por Júndiz. La cadena de supermercados estampó ayer su firma en un contrato que convierte a la mayor empresa de distribución alimentaria del país en propietaria de otros 18.000 metros cuadrados en el polígono vitoriano. La operación, avanzada por EL CORREO el pasado febrero, se concreta ahora con la adquisición de una parcela por la que la compañía desembolsa 1,5 millones de euros. Un claro movimiento de expansión. Porque el nuevo terreno, próximo a Margarita, se sitúa en las inmediaciones del bloque logístico con el que desembarcó hace siete años en Álava y que se ha consolidado como un centro de operaciones clave para toda Euskadi. Los 152.000 metros cuadrados que ocupa en Júndiz desde 2015, con operatividad total los últimos tres años, se ‘estirarán’ hasta los 170.000 con este nuevo solar, convirtiéndose en la superficie de mayor extensión que dedica una compañía en el emblemático parque empresarial de la ciudad.

El grupo de automoción Batz, perteneciente a la Corporación Mondragón, y los astilleros Balenciaga entraron ayer en la última ronda de empresas que se han acogido al fondo de rescate estatal destinado a recapitalizar firmas medianas solventes, que se han visto afectadas por la pandemia. Estas dos empresas han recibido financiación reembolsable por 24 millones de euros, a razón de doce millones cada una. En total esta herramienta, gestionada por Cofides, ha dado apoyo a un total de doce compañías vascas por un importe de 103 millones. No obstante, la cifra podría ser algo mayor porque algunas firmas han pedido confidencialidad. El fondo estaba dotado con 1.000 millones de euros y la fecha límite establecida por Bruselas para agotarlo vencía ayer. Ante la urgencia de usar el fondo, el comité técnico aprobó el miércoles 22 nuevas solicitudes. Entre ellas figuraban cuatro empresas vascas. Aparte de la vizcaína Batz y la guipuzcoana Balenciaga, han recibido apoyo en esta última ronda Electrónica del Urumea (2,5 millones) y el Grupo RTS (6,3 millones de euros), dedicado al sector de automoción y con sede en Mendaro. En total, 32,8 millones de euros. Habría que apuntar, además, que la Corporación Mondragón ha obtenido 18 millones para la navarra Mapsa. En la pasada reunión entraron también cuatro vascas: Hoteles Silken, Grupo Satuerca, Smelting-Performers y Proyectos Onddi. La ayuda más voluminosa fue para la cadena hotelera, con 22,5 millones. Anteriormente se habían autorizado las solicitudes de Egile, Atik, BOJ Olañeta y San José López. En total en Euskadi se han concentrado el 13% de todos los recursos repartidos.

El Congreso de los Diputados aprobó ayer la nueva ley concursal, el mismo día en que terminaba la moratoria vigente desde 2020 para paliar los efectos de las restricciones por el coronavirus. La normativa continúa ahora su tramitación en el Senado, que tiene previsto ratificarla el próximo 20 de julio. Entre las novedades incorporadas en el texto de la ley concursal, tras su tramitación en el Congreso, destaca la enmienda pactada entre Unidas Podemos y el PSOE. Este cambio en la ley establece la posibilidad de que los trabajadores interesados en la sucesión de una empresa en concurso de acreedores puedan presentar una propuesta de adquisición mediante una sociedad cooperativa, laboral o participada. La normativa también incluye las medidas aprobadas en el Consejo de Ministros del pasado diciembre. Introduce la reestructuración temprana de empresas viables, la posibilidad de exoneración de deudas para los deudores de buena fe–que se amplía también a los consumidores– y la necesidad de elevar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración de insolvencia. Los especialistas creen que el aluvión de concursos se producirá a partir de septiembre, cuando entre en vigor la norma. 

El Banco de España constata que las pequeñas y medianas empresas españolas tienen una percepción negativa por las incertidumbres derivadas de la guerra de Ucrania y anticipan “un deterioro” del acceso a la financiación en el periodo de abril a septiembre de este año. En su análisis “Evolución económica reciente de las pymes españolas y de su acceso a la financiación externa de acuerdo con la encuesta semestral del Banco Central Europeo”, publicado ayer, se observa que la percepción ha empeorado respecto a periodos anteriores. Las empresas europeas muestran la misma tendencia. En dicha encuesta, las pymes responden que entre octubre de 2021 y marzo de 2022 han sufrido un endurecimiento de las condiciones para acceder a préstamos de las entidades financieras y son más las garantías. No obstante, el 27,2% de las pymes encuestadas creen que en el periodo de abril a septiembre de 2022 crecerán en términos netos. Los servicios, entre los meses de octubre del año pasado a marzo de este año, fueron los que menos crecieron, ya que solo un 2,9% de pymes de este sector aumentó su cifra de negocio. El análisis del Banco de España sobre la encuesta observa que la mayoría de las empresas españolas, grandes y pequeñas, han incrementado sus precios entre abril de 2021 y marzo de 2022, de manera intensa en casi el 27% de los casos y más moderadamente, en el 37%. La inflación, según el 73% de las consultadas, será la causa de que este incremento de los precios no sea pasajero y continúe entre el pasado mes de abril y marzo de 2023.

Espoleada por la mayor inflación registrada desde hace casi 40 años, la recaudación tributaria sigue batiendo récords pese a la desaceleración del crecimiento económico. En los cinco primeros meses del año, los ingresos públicos crecieron un 19,1% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, arrojando un total de 97.096 millones de euros. Se trata de la cifra más elevada para este periodo de toda la serie histórica. De hecho, el incremento proporciona a las arcas públicas 15.558 millones de euros extra frente a la recaudación de enero a mayo de 2021. Es decir, que solo cinco meses de recaudación permiten sufragar ya íntegramente el coste de los nueve meses del plan de choque de medidas contra el alza de precios que acaba de prorrogar el Gobierno hasta final de año. Detrás de este inédito aumento de la recaudación se encuentra fundamentalmente el alza de los precios, que en mayo crecían al 8,7%, y a los llamados efectos de segunda ronda que viene provocando en forma de alzas salariales. Así, de hecho, desde la Agencia Tributaria calculan que 16 de los 19 puntos de incremento de los ingresos públicos se explican básicamente por tres elementos, estando los dos principales relacionados directa o indirectamente con el aumento de la inflación. El primero, según el Fisco, es el incremento del 21,4% en los ingresos por IVA, hasta los 37.656 millones de enero a mayo, “por el aumento del consumo y de los precios y a pesar de la pérdida de 660 millones por la rebaja del tipo en el consumo eléctrico de los hogares”.

El grupo calificado como grandes morosos con las haciendas forales vascas incluye una lista con los nombres de 238 sociedades mercantiles y ciudadanos, que acumulan una deuda tributaria de 843,6 millones de euros. Las tres diputaciones hicieron pública ayer la actualización del listado, con la situación de estas deudas a 31 de diciembre del pasado año. Es una nómina plagada de sociedades que han desaparecido –aunque formalmente perviven en el registro mercantil– fruto de las quiebras; y, también, de nombres de contribuyentes individuales que se repiten de forma sistemática desde hace años. Las haciendas vascas recuperaron el pasado ejercicio un total de 572 millones de euros procedentes de la lucha contra el fraude fiscal. En comparación con el listado difundido en junio de 2021 por las diputaciones, tan solo hay ligeras variaciones este año.

Recuerda a Galán que su aviso del «terrorismo intervencionista» sobre el mecanismo ibérico es ahora valorado por otros países para aplicarlo. Apenas 15 días después de ponerla en marcha, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, defendió ayer las bondades de la excepcionalidad ibérica al indicar que, desde su aprobación, la aplicación del tope al gas ha conseguido reducir en 250 millones de euros los ‘beneficios caídos del cielo’ de las compañías eléctricas. Ribera expuso estos cálculos en una sesión ante el Congreso en la que cargó contra parte de las compañías por despreciar en su momento el sistema; y con- tra el PP, que le afeó el incremento de precios de los primeros días y los efectos colaterales del tope, como las exportaciones a Francia o el incremento de los ciclos. Tras defender que es una medida «eficaz» para proteger a los consumidores, Ribera indicó que la excepción pactada con Portugal, y avalada por Bruselas, «ha demostrado ser efectiva» para reducir los precios del mercado y reducir las ganancias que obtienen las compañías al beneficiarse de los altos precios del gas, aunque el coste de la producción de muchas de sus centrales sea muy inferior a esos precios.

Iberdrola se ha comprometido a mantener su inversión planeada de 3.000 millones de libras (unos 3.500 millones de euros) en Reino Unido pese al nuevo marco regulatorio para los operadores de redes propuesto en el país, que supone una limitación a sus beneficios. La empresa explicó ayer que tiene previsto seguir impulsando la transformación energética del país “en su transición hacia una economía electrificada y sin carbono”. Las inversiones se materializarán a través de la filial de Iberdrola en el país, ScottishPower, que aspira a construir una red que logre las cero emisiones netas a través de 105.000 kilómetros de red y 30.000 subestaciones. Iberdrola ha asegurado que estas inversiones beneficiarán a millones de clientes en Escocia, Inglaterra y Gales. ScottishPower contratará a un total de 1.100 profesionales durante los próximos años, aunque la firma estima que se generarán miles de puestos de trabajos verdes adicionales de forma indirecta. El pasado miércoles, la Oficina para Mercados de Gas y Electricidad (Ofgem, por su acrónimo en inglés) propuso una reducción del nivel de beneficios que obtienen las empresas operadoras de redes eléctricas en el país para el periodo 2023-2028 para mantener los costes que pagan los consumidores. De acuerdo con el documento, la Ofgem tiene previsto limitar el retorno sobre capital de este tipo de empresas eléctricas al 4,75%. En el marco actual de regulación, el límite de beneficios está situado entre el 6% y el 6,4%. El recorte supone un hachazo del 30%. 

La crisis del gas se ceba con Alemania, donde la dependencia del hidrocarburo que llega por los gasoductos controlados por Moscú deja en una situación muy vulnerable el suministro del próximo invierno. El Gobierno del socialdemócrata Olaf Scholz está en conversaciones con el gigante energético Uniper, el mayor comprador de gas ruso en el país, para acordar un posible rescate. La noticia de que la compañía ha tenido que pedir ayuda financiera al Estado para paliar las consecuencias de los recortes de gas ruso ha provocado que sus acciones se desplomaran en la Bolsa de Fráncfort casi un 15%. El DAX 40, el selectivo de referencia de Fráncfort, cerró ayer con una caída del 1,69% por la crisis del gas. Mientras, crece el temor a que Moscú cierre del todo el grifo, aprovechando la parada técnica prevista para el gasoducto Nord Stream 1 el próximo 10 de julio. Uniper atraviesa una situación muy delicada. La reducción de los envíos desde Rusia —desde el 16 de junio apenas recibe el 40% de lo contratado— la ha obligado a comprar en el mercado a precios mucho más altos para poder satisfacer la demanda de sus clientes. “Si el Gobierno federal permite que los costes se transfieran, los clientes industriales y domésticos pagarán por el gas precios extremadamente altos”, dijoa Die Zeit el jefe del comité de empresa de Uniper, Harald Seegatz, que calificó la situación de la compañía de “dramática”.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos asestó ayer un golpe a la lucha contra el cambio climático al dictar una sentencia que limita el poder de la Agencia de Protección Medioambiental para poner límites a las emisiones de efecto invernadero. La mayoría conservadora, seis jueces contra tres, compromete de nuevo la agenda de Joe Biden, después de dos sentencias polémicas, la que deroga la protección del aborto y la que consagra el derecho a portar armas. El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que limita el poder de la Agencia de Protección Medioambiental (EPA, por sus siglas en inglés) para imponer límites a las emisiones de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero que contribuyen al calentamiento global. Tras la sentencia que consagra el derecho a llevar armas de fuego en público y la que ha revocado el derecho constitucional al aborto, un Supremo de mayoría conservadora compromete ahora la agenda climática del Gobierno de Joe Biden. La sentencia se aprobó por seis votos a tres, con el rechazo de los jueces progresistas. La sentencia de 89 páginas publicada ayer no anula ninguna restricción concreta de emisiones en vigor, sino que quita a la EPA la autoridad para imponerlas para todo el país. Eleva ese poder al Congreso, donde los demócratas no cuentan con mayoría suficiente para desatascar sus propuestas legislativas.