20260106

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

Sus ventas al exterior han caído un 4,3 %, destacando especialmente las semimanufacturas no químicas. La exposición de la economía española a Estados Unidos es “relativamente baja” y el impacto de los aranceles parece moderado, según un informe de CaixaBank Research. No obstante, la exposición varía significativamente entre regiones, siendo Euskadi la más afectada. Aunque Catalunya y Madrid, las dos comunidades con mayor peso exportador en el Estado, no son las más afectadas, junto con Euskadi, Comunidad Valenciana y Andalucía concentran cerca del 80 % de las ventas españolas a EE. UU. Según el informe, Euskadi es la comunidad más expuesta: en los primeros 10 meses de 2025, sus ventas al exterior cayeron un 4,3 %, destacando especialmente las semimanufacturas no químicas, con un descenso del 11,4 %, uno de los sectores más exportadores de la región. En términos de PIB, las exportaciones a EE. UU. representan el 3,1 %, una cifra considerada moderada.

La relación comercial entre Euskadi y Venezuela se limita, en la práctica, a un solo producto –el petróleo– y una sola empresa: Repsol, a través de la refinería de su filial Petronor. La planta de Muskiz ha sido durante años uno de los principales destinos del crudo venezolano en Europa, ya que está especialmente preparada para procesar petróleo pesado y de bajo coste. Este vínculo ha permitido durante años a Repsol asegurarse un suministro relevante de crudo y, al mismo tiempo, recuperar parte de la deuda millonaria que Venezuela mantenía con la compañía. Incapaz de afrontar estos compromisos en efectivo por la falta de divisas y el colapso de su economía, Caracas optó por pagar en especie, enviando directamente cargamentos a puertos españoles para su refinado en las plantas del grupo. Sin embargo, la llave del negocio no estaba en Caracas ni en Muskiz, sino en Washington. La cantidad de crudo que Petronor ha podido importar en los últimos años ha dependido, en todo momento, de las relaciones de la Administración estadounidense con el Gobierno venezolano. Y es que en función del inquilino de la Casa Blanca, el grifo del petróleo se ha abierto o cerrado con distinta intensidad. En octubre de 2022, Joe Biden optó por una vía pragmática que relajó parcialmente las sanciones y concedió licencias específicas a varias compañías energéticas, lo que permitió a Repsol reanudar la recepción de crudo.

El impacto de Venezuela en las exportaciones guipuzcoanas y vascas será limitado si atendemos a los datos comerciales disponibles. En cambio, los efectos sobre grandes operadores energéticos como Repsol sí requieren una evaluación inmediata, dada la gravitación del petróleo venezolano en la facturación de la refinería vizcaína Petronor. Los últimos registros estadísticos confirman que las relaciones comerciales entre Gipuzkoa y Venezuela atraviesan un período de marginalidad. En los meses transcurridos hasta octubre, sin contar aún con los datos definitivos de noviembre y diciembre, las empresas guipuzcoanas han exportado por valor de 2.025.600 euros al país sudamericano, lo que representa un aumento de 3,9% respecto al mismo período de 2024. Históricamente, Gipuzkoa ha oscilado alrededor de estas cifras, aunque en 2015 se registró un récord con casi cinco millones de euros en ventas exteriores. El peso que suponen estas exportaciones en el conjunto de la actividad comercial guipuzcoana es casi imperceptible. Las ventas a Venezuela representan apenas el 0,023% del total exportado por Gipuzkoa, lo que sitúa al país sudamericano en el puesto 97 del ranking mundial de destinos exportadores del territorio.

2026 va a suponer un antes y un después para la ‘Y’ vasca, la obra más importante –por coste y complejidad– que se ha ejecutado nunca en Euskadi. Tras veinte años en los que las obras han acumulado un retraso colosal, ralentizadas por todos los condicionantes técnicos, económicos y políticos posibles, el trazado por el que circulará el Tren de Alta Velocidad entre las tres capitales quedará culminado durante los próximos meses. Fuentes conocedoras del proyecto confirman que de los 175 kilómetros que compondrán el sinuoso recorrido ya solo quedan por «rematar» los tres últimos tramos, dos en el límite entre Bizkaia y Gipuzkoa y otro en Álava. Maticemos cuanto antes que el final de estos trabajos, que han requerido una inversión pública superior a los 8.000 millones, no signfica que el TAV esté en condiciones de empezar a funcionar a corto plazo. Culminar la obra civil supone un gran hito porque pone punto final a la primera fase del proyecto, la más larga, pero aún queda tajo. Si se cumplen las previsiones que manejan ahora mismo las instituciones implicadas en la llegada de la alta velocidad a Euskadi, el Gobierno central y el autonómico, los trenes circularán entre Bilbao, Vitoria y San Sebastián a lo largo de 2030. La segunda fase de la obra empezará este mismo año con la instalación de la superestructura: vías, catenaria, dispositivos de seguridad y de frenado, telecomunicaciones... La decisión sobre el enlace con Navarra, a partir de la primavera.

Tuncalya, la emblemática empresa de origen eibarrés, productora y comercializadora de productos de escritorio bajo la marca El Casco, se ha declarado en quiebra y el Juzgado de lo Mercantil número 1 de San Sebastián ha decretado su disolución. En su portafolio figura la mítica grapadora M5 que ha formado parte de exposiciones en museos de arte y diseño, figura en el catálogo del MoMa de Nueva York y ha conquistado las mesas de dignatarios de la talla de Vladimir Putin o Andrés Pastrana. Un producto icónico que por el momento dejará de producirse en sus instalaciones de Elgeta, su actual sede, a donde se trasladó desde Eibar, localidad que le vio nacer en 1920 bajo la sociedad Olave Solozabal, por iniciativa de Juan Olave Bilbao y Juan Solozabal Mendive, exempleados del fabricante de bicicletas Orbea. En el edicto del pasado 22 de diciembre, al que ha tenido acceso este periódico, la letrada Adriana de la Fuente Rodríguez, decreta la disolución de la empresa concursada y el cese de los administradores sociales, que son sustituidos por la administración concursal. En el edicto también figura que existe una propuesta vinculante de adquisición de la unidad productiva. Según ha podido saber este periódico se trata de Soluciones Técnicas Shizukani, con sede en Mallabia, que se dedica a tratamientos superficiales, y que pretende hacerse con la unidad productiva de Tuncalya destinada a esta actividad, que es menos conocida.

Llama la atención el aumento de afiliados que recoge la construcción, un área al alza y que se ve forzada a captar mano de obra extranjera para cubrir la demanda. En este ámbito se superan ya los 60.000 trabajadores tras incorporar más de 1.500 (un 2,62%) en 2025. Igualmente van a más las actividades vinculadas a la logística y el reparto de paquetería, que ha sumado otro millar de empleados (un 2,20%) con más de 48.000 en total; y la hostelería que refleja la apuesta creciente por el sector servicios en la economía vasca. Este mercado ha ganado 875 trabajadores (un 1,21%) con 73.000 personas. Cabe destacar, asimismo, el tirón de dos sectores muy ligados al ámbito público, con 1.600 empleos más en una educación que supera ya los 85.600 empleos, y las actividades sanitarias, que alcanzan los 120.000 tras ganar otros 2.200 (un 1,87%). Euskadi cerró 2025 con 1.036.804 trabajadores, 12.293 más que el año anterior (1,2%), marcando cinco récords históricos durante todo el ejercicio: en abril, mayo, octubre, noviembre y el pasado mes de diciembre. Se trata de una dinámica que se viene repitiendo desde hace ya cuatro años. Tras superarse la pandemia, la evolución ha sido constante fijando nuevos hitos con un máximo alcanzado en 2022 de 994.077 afiliados a la Seguridad Social, un 2023 en el que se superó por primera vez la barrera del millón –entonces se contabilizaron 1.012.947– y un 2024 en el que, aunque se ralentizó la creación de empleo, se superaron los 1.024.500. Pese a esta mayor fuerza laboral, paradójicamente los buenos datos no se reflejan en listas del paro de Lanbide. Aunque el número de desempleados se mantuvo prácticamente estancado con 107.434 (apenas hubo un ligero repunte del 0,05%, con 54 solicitantes de empleo más), los datos parecen haber tocado suelo, sin margen de mejora, tras las caídas anuales vividas entre 2021 y 2024. 

Desde que en 2017 Madrid destronara a Cataluña como primera economía regional de España, la brecha entre ambas comunidades se ha ido ampliando. La primera, afianzando su sorpasso y su liderazgo económico, y la segunda, intentando sobreponerse a los estragos del procés, que en su día provocó una estampida empresarial sin precedentes de la que Cataluña está aún lejos de recuperarse. El resultado son dos economías que marchan a distintas velocidades: Cataluña a medio gas y Madrid a pleno rendimiento, extendiendo su liderazgo cada vez a más ámbitos. Así, Madrid, que desde hace tiempo es la región con mayor tamaño de PIB (316.242 millones de euros en 2024, 14.348 millones más que Cataluña), que más empresas crea y que más inversión extranjera atrae, es también la que más empleo genera y, desde 2025, la comunidad con mayor número de cotizantes, superando por primera vez a Cataluña en este ámbito, a pesar de que su población es significativamente menor. Madrid cerró 2025 con 3,88 millones de afiliados a la Seguridad Social, frente a los 3,87 millones de Cataluña, según los datos de cierre de año publicados ayer por la Seguridad Social. Esto es, un diferencial de apenas 7.607 ocupados más en favor de Madrid pero que corrobora su tendencia ascendente en los últimos años hasta cifras récord y que, sobre todo, marca un punto de inflexión, ya que es la primera vez desde el inicio de la serie histórica, en 1999, que rebasa a Cataluña en número de cotizantes, a pesar de que su población ronda los 7 millones de habitantes, frente a los 8,15 millones de Cataluña.

El coste de la electricidad continúa lastrando la competitividad de la industria electrointensiva en España. La factura de la luz que afrontan las empresas del país es un 167% más elevada que la de sus homólogas en Francia y un 36% superior a la de Alemania, según el barómetro de la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE) publicado ayer. El precio final de la electricidad para la industria electrointensiva en España se situó a cierre de diciembre en 58,78 euros por megavatio hora (MWh). Esta cifra contrasta con los 22,05 euros/MWh registrados en Francia —2,7 veces menos— y con los 43,23 euros/MWh de Alemania, lo que evidencia una notable brecha de costes energéticos entre los principales países industriales europeos. Para la industria electrointensiva o de productos básicos, que está sometida a una fuerte competencia internacional, los precios de la energía eléctrica son muy importantes, puesto que llegan a representar hasta el 50% de los costes de producción, y en algunos procesos, incluso más. Una de las claves de esta diferencia reside en el modelo francés, donde la gran industria cubre cerca del 62% de su consumo eléctrico mediante contratos regulados más competitivos que el precio de mercado. 

España se ha colocado, por primera vez, entre los diez países que más dinero está captando de los fondos soberanos, o estatales, y de los fondos públicos de pensiones, unos inversores cada vez más grandes, más hambrientos y con más protagonismo en transacciones corporativas, que están marcando la economía del planeta. Así se desprende del último informe de Global SWF (Sovereign Wealth Fund), la mayor agrupación del sector. Esta asociación, a modo de patronal internacional, monitoriza anualmente la actividad de estos gigantes financieros. Al final de cada ejercicio, Global SWF elabora diversos listados con todo tipo de estadísticas. El último informe, con datos del conjunto de 2025, recoge los movimientos de 229 fondos soberanos y 387 fondos públicos de pensiones. En total, 616 entidades, desde las más grandes hasta las más pequeñas. Son datos de fondos que han superado el billón de dólares en activos como Norges (Noruega), Safe y CIC (China), Adia (Abu Dabi), PIF (Arabia Saudí) y KIA (Kuwait), y de otros fondos más pequeños, como FFSB (Brasil), con apenas 2.000 millones de dólares. El año 2025 ha marcado un antes y un después. Los fondos soberanos alcanzaron un récord de 15,2 billones de dólares en activos bajo gestión, un 14% más. Los fondos públicos de pensiones sumaron 27,6 billones de dólares, un 8% más. Si a estas cantidades se suman los 17,3 billones (un 3% más) que acumulan entidades equivalentes, como los bancos centrales de cada país o sociedades estatales (como la española Cofides), en total el poder de los estados en las empresas a nivel mundial alcanza ya los 60 billones de dólares (un 8% más).

Las cifras que mueven los fondos soberanos, los fondos públicos de pensiones y otras entidades estatales son mareantes. En términos de nuevas inversiones (276.000 millones de dólares en 2025), de activos bajo gestión (60 billones de dólares) y transacciones empresariales (559). Pero el pasado año destaca un factor por encima de todo: la locura desenfrenada por hacerse con el negocio de la inteligencia artificial (IA) y todas las infraestructuras que la hacen posible. Sobre todo centros de datos (data center, o CPD) y redes de comunicaciones, en especial las de fibra óptica. Según el informe anual de Global SWF, asociación mundial del sector que al final de cada año hace balance de los movimientos de los fondos soberanos y fondos de pensiones públicos y similares, en 2025 este tipo de entidades invirtió 15.200 millones de dólares en empresas de IA, cuatro veces más que los 3.600 millones de dólares destinados en 2024. Las inversiones en IA superan además ya los 11.400 millones de dólares inyectados en data center (un 11% más que en 2024) y los 6.300 millones en infraestructuras digitales como la fibra óptica. En total, a todo este pack tecnológico de negocios que van de la mano, los fondos destinaron más de 32.900 millones de dólares en 2025, un 14% más que en el ejercicio previo.

Bulgaria acaba de convertirse en el vigésimo primer país de la Unión Europea en adoptar el euro, un hito que fue recibido con tanta alegría como temor, después de que esta nación balcánica ingresara en la Unión Europea hace 19 años. Bulgaria es el país con la menor renta per cápita de la UE (11.330 euros en 2024, según datos de Eurostat). A principios de diciembre, unas multitudinarias protestas encabezadas por la generación Z contra unos presupuestos que la ciudadanía consideró que exacerbaban la rampante corrupción desencadenaron la dimisión en bloque del Gobierno tripartito de inclinación conservadora. Se prevén nuevas elecciones en marzo, las octavas en cuatro años. Muchos expertos anticipan subidas de precios con la divisa europea.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) anunció ayer cambios en el impuesto mínimo del 15% a las grandes multinacionales que eximirán a los grupos estadounidenses del tributo, tal y como había exigido Washington. La Administración de Donald Trump se opuso diametralmente al gravamen, alegando que discrimina las firmas norteamericanas, y amenazó con imponer impuestos en represalia a los países que gravaran a las corporaciones estadounidenses bajo el marco acordado en la OCDE. El cambio era esperado. El pasado verano, el G-7 ya había acordado eximir a las multinacionales estadounidenses del impuesto mínimo. Ayer, la exoneración fue confirmada en un acuerdo suscrito por los más de 145 países y jurisdicciones que trabajan en el denominado Marco Inclusivo de la OCDE-G20 que negocia la reforma de la fiscalidad internacional. El acuerdo reconoce una exención del gravamen mínimo a los países que cumplen con determinados criterios, una lista en la cual a día de hoy solo aparece Estados Unidos.  En la práctica, se acepta que no se aplique el impuesto mínimo del 15% a sus multinacionales puesto que Washington ya cuenta con un sistema para gravar los beneficios que estas obtienen en el extranjero, una especie de impuesto mínimo nacional calculado según reglas distintas a las internacionales que la Administración Trump —que lo puso en marcha durante su primer mandato— reivindicaba como alternativo al acordado en ámbito internacional.

La secretaria general sobre Comercio y Desarrollo y candidata a secretaria general de la ONU, Rebeca Grynspan, acudió a Madrid para dar una charla el XV Aniversario de EsadeGeo. «Me parece muy importante entender que el mundo de hoy es muy distinto al de 1945», explica. «Y la capacidad de Naciones Unidas de lograr el acompañamiento de un ecosistema con más capacidades que en el pasado sería muy importante para que se pueda dedicar a aquello en lo que es insustituible», detalla. «En un mundo de tantas contradicciones el tener instituciones fuertes es indispensable». "Creo que vamos a ver un debilitamiento del comercio internacional en 2026. Pero hemos visto una gran resiliencia del comercio en 2025. Parte de ello fue la anticipación a los aranceles: a principios de año hubo un comercio exagerado. Y también vemos tendencias estructurales que creemos que van a seguir en 2026 seguirán siendo parte de la base de resiliencia del comercio.- ¿Cuáles?-  Son tres. La primera es el aumento en los servicios, lo que más está creciendo dentro del comercio internacional: representan el 15% del comercio, pero el 40% del crecimiento. Esta dinámica seguirá presente en 2026. La segunda es que hemos visto un comercio muy dinámico sur-sur. Y esa es una tendencia estructural. Hoy en día, el comercio sur-sur representa el 30% del comercio total, igual que el norte-norte, que era el dominante. Ha crecido alrededor del 9% anual y esperamos que ese dinamismo se siga manifestando en 2026. El último punto es la exuberancia, digamos, de la inteligencia artificial. Los proyectos de inteligencia artificial requieren de muchos elementos de comercio y, por lo tanto, también han sido un factor dinamizador del comercio mundial..."

El arranque de 2026 ha sorprendido a los mercados con un sobresalto geopolítico de primer orden justo cuando el clima parecía encaminarse hacia una relativa calma. El ataque de Estados Unidos a Venezuela y la captura del presidente Nicolás Maduro han colocado de nuevo el foco sobre el tablero internacional, con especial atención al petróleo y a los activos de riesgo. Sin embargo, lejos de una reacción de pánico, los inversores optan por la cautela y una fría lectura de los acontecimientos. Las Bolsas europeas avanzan de forma moderada, respaldadas por el impulso de Wall Street, mientras el mercado asimila un episodio de alto voltaje político con una sorprendente templanza. El precio del petróleo sube un 1%, mientras el dólar se refuerza frente al euro y el oro se revaloriza. Los mercados permanecían cerrados el sábado cuando se produjo la intervención en Venezuela, aunque la víspera habían despedido el año con optimismo en la primera sesión de 2026. Ayer, los inversores se inclinaron por la prudencia y descartaron, por ahora, que la tensión en Latinoamérica suponga un riesgo extremo a corto plazo. 

El oro negro ha sido siempre uno de los pilares de la actividad venezolana, representando esta industria el 27% del PIB y gran parte de sus ingresos por exportaciones. Sin embargo, una pésima gestión, la falta de inversiones en las instalaciones y las sanciones de EE UU han provocado que, aunque Venezuela sea el primer país del mundo por reservas, su producción se haya desplomado a la mitad en los últimos años, con especial virulencia desde la llegada al poder de Nicolás Maduro en 2013. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha dejado claras sus intenciones: «Vamos a hacer que nuestras grandes petroleras –con activos expropiados durante la época de las nacionalizaciones de Chávez y Maduro– entren e inviertan para reparar las infraestructuras» apuntó este fin de semana. El mandatario aspira a liderar el nuevo orden petrolero, pues aunque EE UU es el mayor productor –con un bombeo de más de 13 millones de barriles al día–, sus reservas probadas son escasas si se comparan con otros grandes del sector. Si la estrategia sale adelante, la primera potencia mundial tendría acceso a controlar un 30% de las reservas globales de petróleo, entre las suyas, las del país caribeño y las de Guyana, gestionadas casi íntegramente por la estadounidense Exxon, según estimaciones de JP Morgan. «Este cambio podría otorgar a EE UU una mayor influencia en el sector, reconfigurando el equilibrio de poder en los mercados energéticos internacionales», apuntan los analistas del banco americano en una nota a clientes.

El 21 de noviembre hubo una llamada desde el Despacho Oval al Palacio de Miraflores. En la Casa Blanca el perfil de Delcy Rodríguez ya circulaba de mano en mano. El 23 de diciembre hubo otra conversación telefónica. Maduro no alcanzó a entender que Trump no le trasladaba una oferta para que se exiliara con todas las garantías posibles de seguridad, sino que le presentaba un ultimátum. El mandatario bolivariano se mofó de su homólogo estadounidense con bailes y cánticos en público. Antes de Nochebuena, el líder republicano ya tenía decidido que el heredero de Hugo Chávez terminaría la larga Navidad venezolana en una celda de Nueva York. «Happy New Year», les felicitó a sus guardias en el centro penitenciario. La nueva presidenta venezolana, de 56 años, juró ayer su cargo «con profundo dolor» y una crítica a la Administración de EE UU por mantener a Maduro y su mujer, Cilia Flores, como «rehenes». «Vengo con dolor por el sufrimiento que se le ha causado al pueblo venezolano, luego de una agresión militar ilegítima contra nuestra patria. Vengo con dolor por el secuestro de dos héroes que tenemos de rehenes en los Estados Unidos», declaró la exvicepresidenta. Tampoco quiso profundizar más. Sobre la Constitución, añadió que asume sus nuevas funciones por lealtad y deber constitucional. Su objetivo consiste en preservar el chavismo dentro de unos nuevos límites, los que establezcan Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio.

«Soy Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, y estoy secuestrado», declaró en español el depuesto líder chavista al testificar ante el tribunal de Nueva York que le juzga por cargos que le relacionan a él y a su esposa, Cilia Flores, con el narcotráfico. Los dos comparecieron ayer por primera vez, dos días después de haber sido capturados en su domicilio en Caracas en una intervención militar de EE UU. «Soy inocente y sigo siendo el presidente», defendió Maduro, a quien se vio con evidentes dificultades para caminar. El proceso no ha hecho más que comenzar. La próxima vista será el 17 de marzo. Tras este primer capítulo, el matrimonio regresó a la cárcel en medio de un gran despliegue de seguridad. «Soy un prisionero de guerra», se le oyó decir al abandonar la sala. Cuando Maduro manifestó que había sido secuestrado, el juez lo interrumpió y le dijo que «ya habrá tiempo y lugar para abordar todo esto». Le aclaró que la audiencia tenía como único fin establecer su identidad y leerle los cargos. El expresidente confirmó que se llama Nicolás Maduro Moros y declaró entonces que tenía en sus manos el escrito de acusación «por primera vez». El juez se ofreció a leérselo, a lo que Maduro se negó, ya que prefería «hacerlo personalmente». La acusación se extiende a su esposa; su hijo, Nicolás Ernesto Maduro, conocido como ‘Nicolasito’; su ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, y otros altos funcionarios del Gobierno chavista.

‘Doctrina Donroe’. Así ha rebautizado el presidente de EEUU, Donald Trump, la conocida hasta ahora como Doctrina Monroe. El principio es básicamente el mismo que el que proclamó el presidente James Monroe allá por 1823, cuando advirtió a las potencias europeas de que cualquier interferencia en el continente americano sería visto como un acto hostil hacia EEUU; a cambio, prometió que no se involucraría en los asuntos del Viejo Continente. Pero en la actualización hacia el nuevo orden mundial al que aspira Trump, las ambiciones imperialistas de Washington van más allá de América y chocan de frente con los intereses europeos. La captura de Nicolás Maduro –que ayer se declaró inocente de los cargos por narcotráfico en su primera comparecencia en sala judicial en Nueva York– y la tutela del Gobierno venezolano es un primer paso. Trump reconoce que tiene en el punto de mira a Colombia, Cuba y Groenlandia, además del Canal de Panamá.

Los dos mayores grupos de coches autónomos del mundo tienen previsto lanzar sus servicios de robotaxis en Londres en 2026, lo que posiciona a la capital británica en el foco de la última batalla entre EEUU y China en torno a la inteligencia artificial (IA). Waymo, con sede en Silicon Valley y filial de Alphabet, matriz de Google, comenzó hace apenas un mes a realizar pruebas en carretera con modelos autónomos personalizados de Jaguar. Se espera que Baidu, con sede en Pekín, lance sus modelos RT6 en la ciudad en los próximos meses, tras establecer alianzas con los grupos estadounidenses de transporte Lyft y Uber. Las dos empresas han acelerado sus planes de lanzamiento en Reino Unido después de que el Gobierno británico anunciara que permitirá pruebas comerciales de coches autónomos. Estos movimientos significan que es probable que Londres se convierta en la primera ciudad donde operen robotaxis tanto estadounidenses como chinos, ya que los planes de crecimiento global de estas empresas generan competencia directa. Jack Stilgoe, profesor de política tecnológica en el University College de Londres, cree que estos planes ofrecen una oportunidad para Reino Unido. Aunque se espera que grupos como Tesla, de Elon Musk, y Wayve, con sede en Londres, compitan en el futuro, Waymo y Baidu se han consolidado como los líderes globales del mercado de vehículos autónomos.

Durante casi cuatro décadas, China probó un experimento: domesticar la demografía a golpe de limitar el número de hijos por familia. No más de uno. El poder político intervino de forma directa en la esfera más íntima, vigilando la reproducción por vía administrativa. La política del hijo único, vigente entre 1980 y 2015, fue presentada como una cirugía necesaria para evitar la asfixia del país; que un crecimiento excesivo de la población no frenara el desarrollo económico. Cuando Pekín levantó el bisturí y permitió dos hijos, primero, y tres, después, descubrió que la natalidad no responde a decretos de un Gobierno empeñado en meterse en la cama de los ciudadanos. En el país que alberga a una sexta parte de la población mundial, el silencio de las cunas se ha convertido en un gran problema para un Estado que se ha pasado tanto tiempo restringiendo los nacimientos que ahora no da con la tecla para revertir las desastrosas tasas de natalidad que amenazan con erosionar el crecimiento económico. El Gobierno de Xi Jinping está continuamente reformando sus políticas familiares con todo tipo de incentivos. Uno de los últimos anuncios fue que todos los gastos médicos relacionados con el parto serán gratuitos a partir de 2026 y se reembolsarán todos los gastos prenatales. A lo que se añade un programa nacional de subsidios para el cuidado infantil: 3.600 yuanes (alrededor de 450 euros) anuales por cada niño menor de tres años. Pero la medida viral de las últimas semanas va por otro lado: por primera vez desde 1993, los condones y anticonceptivos estarán sujetos a un IVA del 13%. La decisión, enterrada discretamente en una reforma fiscal destinada a modernizar este año el sistema tributario, tiene un evidente aroma demográfico. Tras décadas regalando preservativos, ahora hay que pagar más por ellos.