20230920

El Eustat confirmó que el Producto Interior Bruto de Euskadi creció un 0,4% entre abril y junio dejando la evolución interanual de la economía en un 1,5%. El dato tiene especial relevancia una vez que la industria sí ha acusado ese enfriamiento que vive Europa. El sector retrocedió en el segundo trimestre un 0,5%, la primera vez que ocurre desde la pandemia. Han tenido que ser la construcción, la hostelería y los servicios quienes han acudido al rescate con crecimientos del 4,2% y del 2,9% respectivamente. La Administración pública también ha incrementado el valor añadido de la economía vasca en un 2,1%. Esas cifras han permitido que desde junio del año pasado al de este 2023 el número de empleos creados en Euskadi haya ascendido a 14.270. Cuadra con lo que la propia patronal Confebask preveía para este ejercicio y con las perspectivas del Gobierno vasco, que ayer fue un paso más allá al anunciar una próxima revisión al alza de su previsión de crecimiento para este año, fijada anteriormente en el 1,6% del PIB. Como ya señaló el propio consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, es «previsible que las exportaciones se resientan», pero «hay una confianza en el consumo interno que gana fuerza». El caso es que está siendo el motor del crecimiento vasco y con un verano de récord parece que seguirá haciéndolo hasta diciembre. Las dudas de los analistas están en cuánto puede durar la actual situación, en la capacidad de la economía vasca de aguantar si la tensión de los precios y los tipos de interés se prolongan durante el próximo año. 

La cuarta economía mundial y primera europea, que es también el más importante socio comercial de Euskadi, con casi 9.000 millones de euros anuales entre compras y ventas, camina directa hacia una nueva recesión, por la que ya pasó a finales del pasado ejercicio. En definitiva, se enfrenta a un año perdido. Algo que obliga, al menos, a seguir con atención el fenómeno desde el País Vasco. La propia Comisión Europea acaba de situar en el 0,4% el desplome previsto del Producto Interior Bruto (PIB) germano para este año, lo que, a su vez, provocará que la Eurozona y el conjunto de la Unión Europea repunten un pírrico 0,8%. Una ‘fotografía’ en línea con la presentada por el Fondo Monetario Internacional (FMI), que estima que el país será la única gran economía mundial que se contraerá (un 0,3%) en 2023. Eso, junto a una inflación que no termina de atenuarse (un 6,9% en el segundo trimestre, con los alimentos encareciéndose al 14%), se convierte en la antesala de la temida estanflación. Los malos augurios no llegan sólo de fuera del país. El propio Bundesbank daba por hecho estos días esa situación y apuntaba que «la economía alemana se encuentra en una fase de debilidad». «La débil demanda extranjera y el aumento de los costes de financiación (por mor de la subida de tipos del Banco Central Europeo) lastran la economía del país», sentenció el presidente de la institución, Joachim Nagel. En cualquier caso, Euskadi tiene la vista fija en Berlín, confiando en que la debilidad mostrada este año sea únicamente un mal sueño pasajero. Y es que, sólo en exportaciones, la comunidad autónoma se juega 5.000 millones de euros, que es la cantidad que el país germano nos compró en 2022 en ese tipo de operaciones, que crecieron un 22% sobre 2021.

El departamento de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco reconoce que el enfriamiento de la economía europea, debido en buena parte al estancamiento alemán, termina golpeando a Euskadi, muy dependiente del aporte que el sector exterior hace a su Producto Interior Bruto. «La actividad económica de la UE está sufriendo las consecuencias de la pandemia y la posterior guerra de Ucrania que ha derivado en subidas y gran incertidumbre en los precios energéticos y ejercido una presión creciente sobre las cadenas de suministro de materias primas en sectores clave de su economía», señalan a DV desde el equipo de Pedro Azpiazu, al tiempo que recuerdan que a esto se suma el que el Banco Central Europeo ha llevado a cabo «la política de subida de tipos más agresiva de la historia reciente para controlar la inflación». Un alza de precios, añaden, «que de un modo progresivo está estrangulando la demanda de bienes y servicios y con ella el crecimiento económico». «Entre los países europeos más afectados está Alemania, cuyas economía de base industrial está sufriendo especialmente tanto por el endurecimiento de las condiciones de crédito como por las dificultades específicas de su potente sector manufacturero», apuntan.

La economía global vuelve a afrontar otro otoño más con el temor a un frenazo de la actividad. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la abrupta subida de los tipos de interés, la pérdida de confianza del consumidor y la delicada situación de China van a suponer una moderación del crecimiento en 2023 y, en especial, en 2024. La zona euro será uno de los bloques más castigados, con un raquítico avance del 0,6% este año y del 1,1% el que viene por el retroceso de sus grandes economías. En cambio, el organismo vuelve a elevar de nuevo en dos décimas, del 2,1% al 2,3%, las previsiones para 2023 de España, que casi multiplica por cuatro el crecimiento previsto para la zona euro. La OCDE, además, deja intactas las proyecciones para el próximo ejercicio (1,9%) y rebaja la inflación para ambos años. Las economías vuelven del parón estival adolecidas por los martillazos propinados por los bancos centrales a golpe de subida de tipos. La actuación de las autoridades monetarias del planeta ha hundido el crecimiento económico hasta el 3% en 2023 y el 2,7% en 2024. Sin embargo, la OCDE señala que la política monetaria debe seguir siendo “restrictiva” hasta ver claros signos de relajación de la inflación subyacente. Detrás de esas cifras globales hay diferencias: La India crecerá por encima del 6% y China, del 4%, mientras que Alemania o Italia cerrarán el año en números rojos. 

 La economía española afronta una transición entre un 2023 mejor de lo esperado y un 2024 en el que el Banco de España anticipa nubarrones. Algunos incluso ya creían haber sido digeridos por los ciudadanos, como la subida imparable de precios. Las proyecciones del supervisor mantienen un crecimiento para este ejercicio del 2,3%, la misma que ayer actualizaba también la OCDE. Será uno de los mayores de la zona euro; pero al mismo tiempo rebaja con fuerza el alza del PIB (Producto Interior Bruto) para 2024, cuando la economía mejorará un 1,8%, cuatro décimas menos del cálculo previo. Esta degradación se explica por la evolución de la economía estas últimas semanas. La actividad se ha resentido más de lo esperado en verano, que cerrará con un incremento intertrimestral del 0,3%, «ligeramente inferior» al 0,4% de primavera. España no ha podido mantenerse ajena a la ralentización de la actividad global, en especial por la recesión que vive Alemania y el gigante chino. También por las alzas de los precios de la energía, como reflejan los combustibles, que han subido más de un 25% desde mayo; y el impacto en familias y empresas por las subidas de tipos de interés, ya en el 4,5% tras la última revisión del Banco Central Europeo (BCE). Pese a todo, sigue tirando con fuerza la afiliación, la facturación de empresas y los indicadores de confianza. Todas estas variables se trasladarán con más fuerza a la evolución de la actividad en 2024, cuando confluirán factores que pueden afectar negativamente al PIB: el fin de las medidas de ayuda aprobadas por el Gobierno, como las subvenciones al transporte o las rebajas de impuestos de la luz o alimentos, y el tope ibérico; prolongación de las subidas de tipos; ralentización de las exportaciones; el turismo, que puede haber tocado techo sin que la aportación crezca; y los precios de la energía, que vuelven a revelar problemas de calado.

Los recortes de producción pactados por Arabia Saudí y Rusia para impulsar el precio del petróleo están surtiendo efecto. El barril de Brent superaba ayer los 95 dólares a media sesión, después de que el lunes el ministro saudí de Energía, el príncipe Abdulaziz bin Salman, advirtiese de que iban a mantener su política de restricciones. Desde el verano el crudo se ha revalorizado un 30% ante el temor a que haya un déficit en invierno. La escalada presiona al alza la inflación y dificulta una eventual bajada de tipos de interés por parte de los bancos centrales. El ascenso del petróleo durante todo el verano se ha trasladado a los carburantes, que acumulan ya once semanas al alza. En Euskadi el precio de la gasolina se sitúa en los 1,8 euros por litro, lo que supone un incremento de 17 céntimos respecto a su coste de antes del verano. La evolución del gasóleo es aún peor. El precio ronda en la actualidad los 1,73 euros el litro en las estaciones de servicio vascas, lo que representa un notable aumento de casi 25 céntimos respecto a antes del verano, cuando estaba por debajo de los 1,5 euros. A este nivel de precios, llenar un depósito de 55 litros se ha encarecido de forma significativa. En el caso de la gasolina el coste ha aumentado en 10 euros hasta rozar los 100 mientras que en el del gasóleo el incremento es de 14 euros, hasta los 95. Lo más preocupantes es que todavía no se ve el fin de la escalada del petróleo. Al contrario, cada día salen nuevos informes de analistas que advierten de la posibilidad de que alcance la cota de los 100 dólares.

El euribor a 12 meses, del que depende el coste de cuatro millones de hipotecas variables en España y el precio de las nuevos préstamos para vivienda, vuelve a las andadas tras una breve tregua. El índice hipotecario rompió ayer la cota del 4,2% en tasa diaria y firma nuevos máximos de los últimos quince años en el 4,216%. No se registraban niveles tan altos desde noviembre de 2008, en plena explosión de la crisis financiera tras la caída de Lehman Brothers. El índice hipotecario firmó ayer la sexta subida consecutiva. Una serie que empezó el pasado 12 de septiembre, dos días antes de la reunión en la que el Banco Central Europeo (BCE) elevó el precio oficial del dinero hasta el 4,5%. El euribor ha recogido las expectativas del mercado de que los tipos de interés se mantendrán en niveles altos durante los próximos trimestres, en plena batalla del BCE para contener la inflación en la zona euro. El repunte se acelera antes de la reunión de la Reserva Federal de mañana, en la que el mercado espera que la institución monetaria de Estados Unidos ofrezca pistas sobre la posibilidad de un nuevo alza de tipos en lo que queda de 2023. Si se toman como referencia los mínimos de este mes firmados el 4 de septiembre, el euribor diario, con el que se configura la media mensual, es del 4,1%.

El Gobierno Vasco mueve ficha y convocará a los bancos a una reunión para pedirles un esfuerzo en la remuneración de los depósitos, al tiempo que valora que algunas entidades hayan dado ya «los primeros pasos», aunque considera que han tardado y tienen que seguir tomando medidas en esa línea. Los consejeros de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, y de Turismo, Comercio y Consumo, Javier Hurtado, mantuvieron ayer un encuentro para analizar la remuneración de depósitos a particulares por parte de las entidades bancarias, a las que convocarán a una reunión con la intención de solicitarles que realicen «un esfuerzo en el pago por el pasivo». En el encuentro reflexionaron sobre el rendimiento que las entidades obtienen del dinero depositado por particulares en la medida que los bancos han visto «claramente mejorados» sus márgenes tradicionales como consecuencia de su inversión en títulos de deuda pública, «con rentabilidades claramente al alza», por la concesión de créditos, hipotecarios y al consumo o bien por la colocación de los excedentes en depósitos remunerados en el Banco Central Europeo, «con intereses vinculados en estos últimos dos casos a la financiación concedida por el propio BCE». Azpiazu y Hurtado valoraron positivamente que diferentes entidades hayan dado ya los primeros pasos en este sentido. Es el caso de Laboral Kutxa, que ha elevado la remuneración de esos productos al 2,25% a partir de 3.000 euros para los clientes con vinculación. Una rentabilidad que puede elevarse hasta el 3% con la vinculación de otros productos. Kutxabank, por su parte, relanzará un depósito por el que ofrece una remuneración del 1,8% y que, en función de aportaciones a planes de pensiones o fondos de inversión, podrá alcanzar hasta un 3%. No obstante, ambos consejeros consideran que «las medidas han tardado demasiado en ser adoptadas».

El número de extranjeros que cotizan en la Seguridad Social en Euskadi descendió en agosto un 0,16% respecto al mes de julio anterior, aunque en el último año acumula un incremento del 12,3%. En total, en el País Vasco se contabilizaron 90.945 trabajadores de origen foráneo, incluyendo a los asalariados –76.149 personas que representan el 83,7% del total– además de autónomos y regímenes especiales, frente a los 91.091 contabilizados en julio. La diferencia representa un ajuste a la baja de tan solo 147 personas. El grueso de los afiliados vascos de origen extranjero procede mayoritariamente de países que no pertenecen a la Unión Europea. En total estos suponen más de tres cuartas partes (69.923 personas), aunque Rumanía se mantiene como el principal país de procedencia. Allí tienen su origen 10.019 trabajadores. Marruecos, con 8.535 personas, y Colombia, con 8.247, representan los puestos segundo y tercero. Según los datos facilitados ayer por el Ministerio de la Seguridad Social, el descenso mensual en el País Vasco se concentra en Álava, donde la afiliación de extranjeros cayó el 1,37%, al perder 212 cotizantes. Por su parte, en Gipuzkoa y Bizkaia subieron un 0,2% y un 0,01% respectivamente, con 63 y 2 afiliados extranjeros más. En la comparativa anual, sin embargo, Álava registra el mayor crecimiento al crecer un 12,8% y sumar 1.742 trabajadores, frente a los datos de Gipuzkoa y Bizkaia, del 11,8% y el 12,5% (esto es, 3.398 y 4.829 personas más). El sector que en agosto concentró a la mayor parte de los trabajadores extranjeros en Euskadi fue la hostelería, con 16.211 empleados –14.120 asalariados y 2.091 autónomos–, seguidos de las 12.254 personas que trabajaron en el comercio y la reparación de vehículos de motor y los 12.233 registrados como empleados del hogar.

Patronal y sindicatos cargaron ayer duramente contra los servicios públicos de empleo (SEPE) por no ser eficaces y no acompañar a las personas en su camino hacia la incorporación al mercado laboral. Pero la CEOE dio un paso más, instó a hacer una reforma de las políticas activas de empleo e, incluso, cambiar la ley para hacer compatible la prestación por desempleo con un puesto de trabajo para que los más de 2,7 millones de parados no se vean disuadidos a la hora de aceptar una oferta. Así lo pidió su presidente, Antonio Garamendi, durante su intervención en la jornada impulsada por Cepyme para dar visibilidad al «grave problema» de la falta de mano de obra que azota al mercado de trabajo español. Garamendi abogó por lograr un «equilibrio» entre el empleo y las ayudas que reciben los desempleados. «¿Por qué ante varias ofertas la gente dice no? Son temas que hay que poner encima de la mesa y donde hay que poner el foco. Cuando el trabajo que ofrecen es de corta duración, las personas se ven disuadidas, y lo entiendo, porque pierden una protección social», reflexionó el líder vasco. En esta misma línea, el presidente de las pequeñas y medianas empresas, Gerardo Cuerva, advirtió de que los subsidios públicos son, en ocasiones, la causa de que haya vacantes que no se cubren y reclamó que estas ayudas no se conviertan en una «práctica generalizada y eterna» para la gente que no tiene empleo. «Ojalá buscáramos una España en el que las ayudas fueran coyunturales y no estructurales», señaló. Por ello, el líder de Cepyme abogó por trabajar por la empleabilidad de las personas, ya que la «mejor política social» es que la gente encuentre empleo. Sin embargo, denunció que el SEPE «no es eficiente», ya que menos del 5% de los que pasan por sus oficinas encuentran trabajo. «Algo estamos haciendo mal», apostilló.

CEOE, la Fundación Telefónica, la consultora KPMG, LinkedIn, Microsoft y Universia anunciaron ayer la creación de la iniciativa Nodo Talento para formar a los profesionales del futuro, reducir el gap entre los perfiles actuales y los que necesitan las organizaciones e impulsar la competitividad del tejido empresarial. El proyecto nace con las iniciativas Event in a Box y Analítica del Talento, y se sumará en España al proyecto europeo Reskilling for Employment. Aspira a incorporar más acciones y esfuerzos de manera coordinada e integral entre diferentes empresas y organismos para tener un impacto real en la sociedad. El acuerdo suscrito por estas compañías persigue mejorar la empleabilidad de los profesionales y la gestión del talento en España en el contexto actual, en el que numerosas compañías lamentan no poder encontrar los perfiles que necesitan para el desarrollo de su actividad. Y todo ello pese al alto desempleo que persiste, en especial entre ciertos colectivos como los jóvenes. En España, casi una de cada tres personas menores de 25 años no trabaja. Según los datos del INE, la tasa de paro juvenil se situó en el 27,94% en el segundo trimestre de este año, lo que pone de manifiesto las dificultades que continúan teniendo los jóvenes para incorporarse al mundo laboral y su vulnerabilidad ante posibles dificultades macroeconómicas, según destacaron las empresas firmantes del acuerdo en una nota conjunta. Así, Nodo Talento tiene como vocación incorporar más acciones y esfuerzos de manera coordinada e integral entre diferentes empresas y organismos para tener un impacto real en la sociedad. El compromiso de Nodo Talento se centra en impulsar el talento y mejorar el acceso al empleo de personas desempleadas o en riesgo de exclusión a través de la formación y el desarrollo de nuevas capacidades, fomentar el aprendizaje y despertar nuevas vocaciones y analizar el gap actual y futuro entre la oferta y la demanda laboral. 

"...Nuestro autogobierno está fundamentado en la singularidad del Concierto Económico, pero que, a su vez, eso implica que la posibilidad de desarrollo de las políticas demandadas va a estar limitada por el tamaño de nuestra economía y la capacidad que ésta permita de recaudación fiscal. Lamentablemente, en este ámbito, los últimos tiempos no han sido buenos para nuestro país pese a nuestro dinamismo y carácter innovador. La persistencia durante décadas del terrorismo de ETA, muy agresivo contra la empresa y la economía vascas, nos ha dejado muy debilitados. Así, en los últimos 50 años hemos perdido un 24% de PIB relativo, más de 30.000 puestos de trabajo de calidad y un volumen importante de población...En un artículo publicado en este mismo medio en julio (‘La reparación de los daños económicos de ETA’) indicaba cómo, en el caso de Irlanda del Norte, tras el terrorismo, y con el impulso del Sinn Féin, se pusieron en marcha medidas de apoyo en ese ámbito, pactadas con el Gobierno británico y reforzadas con acuerdos con la Unión Europea. Recordaba también que alguna de esas medidas, facilitadas por Bruselas, fue renovada con los acuerdos del Brexit y que hasta 2027 los europeos estaremos contribuyendo con nuestros impuestos a la recuperación económica de Irlanda del Norte. Volviendo a nuestro caso, hoy, los partidos políticos están inmersos en un proceso de negociación para la configuración del Gobierno de España. En este marco, el papel del PNV es determinante, especialmente con uno de los dos partidos mayoritarios, y su capacidad de negociación para poder comprometer políticas de recuperación de nuestra economía, en la línea de lo hecho en Irlanda, quizás única...Un acuerdo con el Gobierno en Madrid, que a su vez podría comprometer un apoyo de Bruselas, con programas específicos para Euskadi, podría relanzar nuestra economía para recuperar la dimensión que tuvo hace unas décadas, ‘curando’ una de las «heridas del pasado» como planteaba nuestro lehendakari recientemente en un Congreso Internacional sobre Derechos Humanos en la Universidad de Deusto. Esto nos permitiría afrontar mejor los retos de futuro e impulsar un nuevo «contrato social» para un desarrollo sostenible del país..."

650 profesionales trabajan cada día –o cada noche, porque las instalaciones están abiertas las 24 horas– en el B Accelerator Tower (BAT), el centro internacional de emprendimiento creado por la Diputación en la Torre Bizkaia. El icónico rascacielos de la Plaza Circular, antiguo emblema del poderío financiero bilbaíno, cumple un año reconvertido en un ambicioso proyecto interinstitucional en el que también están embarcados el Gobierno vasco y el Ayuntamiento bilbaíno. Se busca atraer talento, crear empleo cualificado y convertir la capital vizcaína en una meca de la tecnología.  La fuerte apuesta realizada por el Ejecutivo foral, que abona 235.000 euros mensuales por el alquiler de la torre, parece haber arrancado con buen pie. El BAT cumplió ayer su primer aniversario alcanzando cifras récord. Se ha convertido en la sede de 73 ‘startups’ y 41 corporaciones que buscan soluciones en unas instalaciones que rozan ya el 110% de ocupación. ¿Cómo puede ser eso? ¿Hay exceso de aforo? No, no hay mesas apiladas. Existen oficinas y puestos de trabajo rotatorios que se alquilan por días. Aunque ha sido recientemente cuando las instalaciones se han llenado del todo, la previsión lleva meses sobre la mesa. Existe lista de espera de ‘startups’ interesadas casi desde el comienzo, así que la Diputación empezó a plantearse la ampliación el mismo día que inauguró el vivero de empresas en septiembre de 2022. La redacción de los proyectos se lanzó antes del verano, así que la diputada general, Elixabete Etxanobe, anunció ayer que todo estará listo para el otoño de 2024. El BAT sumará a sus cuatro plantas actuales otras cinco. Superará los 7.000 metros cuadrados de espacio y tendrá capacidad para un millar de profesionales.

Sin litio, cobalto o níquel no hay baterías; sin baterías no hay vehículo eléctrico, y sin coche eléctrico adiós a las plantas de automoción a medio y largo plazo. “No podemos permitir que nuestra actual dependencia de los combustibles fósiles se sustituya por una dependencia de las materias primas fundamentales”. La frase, de Maroš Šefcovic, vicepresidente de Relaciones Interinstitucionales y Prospectiva de la Comisión Europea, explica por qué dicho organismo y la Agencia Internacional de la Energía (AIE) están dando la voz de alarma sobre la necesidad de asegurar el suministro de las materias primas necesarias para la transición energética. Tanto es así que el día 28 de este mismo mes hay convocada una cumbre en París de la AIE con ministros, líderes empresariales, inversores, directivos de organizaciones internacionales y representantes de la sociedad civil para abordar este desafío. La fabricación de teléfonos móviles ya elevó hace años la demanda de algunos minerales, también utilizados en barcos o aviones. Pero la transformación hacia una economía más verde ha disparado la necesidad y los precios. El mercado de minerales necesarios para vehículos eléctricos, turbinas eólicas, paneles solares y otras tecnologías clave para la transición hacia una energía limpia se ha duplicado hasta alcanzar los 320.000 millones de dólares en los últimos cinco años, según el informe Critical Minerals Market Review presentado por la AIE este verano. También otras materias primas se están disparando: el precio al contado del uranio ha alcanzado a principios de septiembre un máximo de 16 meses en 58,50 dólares por libra, según la Uranium Exchange Company, debido al renovado interés en la energía nuclear por el impacto de la invasión rusa de Ucrania en el suministro de gas y las presiones para reducir el consumo de combustibles fósiles.

Las renovables españolas se han revelado como todo un imán inversor en los últimos años. El último en llegar es PTTEP, la petrolera pública tailandesa, que ha irrumpido en la puja por el proyecto Ebro, la venta de una participación minoritaria en una cartera de renovables de Repsol de 600 MW, valorada en 800 millones de euros, según indican fuentes financieras. Repsol ha decidido continuar un camino ya explorado para dejar atrás el lastre del petróleo y convertirse en una compañía verde. La compañía que pilota Josu Jon Imaz diseñó en 2020 una hoja de ruta para acometer este cambio estratégico, en un plan a cumplir antes de 2025. Este pasaba por invertir 5.500 millones de euros en iniciativas bajas en carbono, del total de 18.300 millones que planea invertir en total la compañía. Una de las estrategias que ha explorado la petrolera para financiar su giro verde, con la ambición de ser una empresa neutra en carbono en 2050, ha sido dar entrada en activos con la toma de participaciones minoritarias. Así lo hizo con el parque eólico Delta y el solar Kappa, donde ha vendido una participación minoritaria a Pontegadea. Y con el fotovoltaico Valdesolar a InfraRed. También vendió un 25% de su filial renovable a un consorcio firmado por Crédit Agricole y EIP por 900 millones, tras barajar una salida a Bolsa de este negocio, una operación que sigue en el horizonte a largo plazo. Repsol ahora da un paso más en esta estrategia. En concreto, ha puesto a la venta un 49% de una cartera de renovables. Se trata de 600 MW en activos fotovoltaicos y solares en Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Andalucía, con la posibilidad de incrementar la capacidad a través de la hibridación.

El Proyecto Maverick, la operación puesta en marcha por Iberdrola para encontrar un socio que le apoye financieramente en el desarrollo de renovables en Estados Unidos, enfila la recta final, tras una serie de cribas de potenciales candidatos y un ajuste en el valor de los activos y los proyectos a incluir en la transacción. En el esprint final están los fondos estatales Norges, de Noruega, Masdar, del emirato de Abu Dabi y GIC, de Singapur. También figura el fondo americano GIP. Norges, Masdar y GIC ya tienen estrechos lazos con Iberdrola. GIP es conocido en España por ser uno de los mayores accionistas de Naturgy en la actualidad y por protagonizar otras grandes inversiones en el pasado en grupos como CLH, la actual Exolum. Fuentes cercanas a la transacción, que está asesorada por Rothschild y Lazard, explican que Norges, Masdar, GIC y GIP son los fondos mejor posicionados, los que han avanzado a la segunda fase del proceso, aunque la carrera no está aun cerrada y podría producirse alguna sorpresa final. Lo que sí confirman todas las fuentes es que el plan enfila los trámites definitivos tras una criba muy relevante durante el verano de potenciales socios y un ajuste de la operación. El Proyecto Maverick fue lanzado en primavera. Contempla la incorporación de un socio para una megacartera renovable en EEUU con casi todos los activos y proyectos que controla Iberdrola allí a través de su filial Avangrid en eólica terrestre y en fotovoltaica.

El Gobierno puede decir que la segunda edición del Perte del Vehículo Eléctrico y Conectado (Perte VEC II) ha sido un éxito. Después de que en 2022 este programa de subvenciones y préstamos blandos a la industria del motor dejara sin repartir el 75% del presupuesto (2.182 millones de euros), el Ejecutivo ha conseguido atraer en esta convocatoria inversiones por 8.500 millones, según informó ayer el Ministerio de Industria. “Las empresas automovilísticas y de componentes confían en nuestro país. Prueba de ello es la participación que ha obtenido esta convocatoria. España se va a convertir en un polo industrial de primer orden en movilidad sostenible y el Gobierno va a seguir trabajando no solo para continuar el impulso, sino para liderarlo en Europa”, afirmó el ministro de Industria, Héctor Gómez. En total han sido 186 solicitudes, entre las que destacan las del grupo Stellantis, el mayor fabricante de coches de España. Como adelantó CincoDías, la compañía planeaba hacer varias inversiones en España, entre ellas la construcción de una fábrica de baterías y la instalación en sus plantas de Zaragoza y Vigo (las dos más grandes que tiene en nuestro país) de la plataforma de producción STLA Small, que es sobre la que se harán los coches eléctricos pequeños que la empresa saque a partir de 2025. Para esta plataforma, la automovilística destinará una inversión de más de 1.000 millones y espera conseguir del Perte VEC II unos 150 millones. En cuanto a la planta de baterías, Zaragoza y Vigo, al ser los principales centros industriales del fabricante en la Península Ibérica (Carlos Tavares, CEO de Stellantis, había dejado la puerta abierta a que Portugal también la acogiera, aunque esto nunca fue una opción real), eran las favoritas para quedarse con la gigafactoría. Finalmente, la compañía ha optado por Zaragoza, donde actualmente ensambla el Opel Corsa eléctrico y recibirá próximamente el Peugeot 208 eléctrico, un modelo súper ventas de la marca del león. Otras inversiones a destacar son la de la china Envision, que levantará una planta de baterías en Navalmoral de la Mata (Cáceres) con una inversión de más de 1.311 millones. Industria le ha asignado de forma provisional unos 300 millones, de los cuales 200 son subvenciones y los 100 millones restantes préstamos.

Cuando la ofensiva de empresas asiáticas en sectores clave ha prendido una chispa en Europa, y en el 50 aniversario del comienzo de las relaciones bilaterales entre China y España, Barcelona acoge hoy la sexta edición del Congreso Internacional de las Asociaciones de Shenzhen, que reúne a más de 300 portavoces de colosos como Huawei, Gestamp o BYD. Desde la Ciudad Condal, Liling Qi Zhou, presidenta de la Asociación de Industria y Comercio de Shenzhen en nuestro país y de la consultora Puente China España, defiende en un encuentro que las ayudas de Estado a las empresas no son sólo cosa de Asia y, frente a los tambores de guerra comercial, rompe una lanza a favor de las sinergias entre regiones, con España como puente entre China y Latinoamérica. "Antes de la pandemia, la tendencia era hacia una economía globalizada. Los países desarrollados se han beneficiado durante años de instalar sus fábricas en Asia, sobre todo en China o en Vietnam, aprovechándose de una base de mano de obra mucho más barata. Ahora la clase media se ha consolidado en Asia y avanza hacia la especialización tecnológica. El sector del automóvil, sobre todo el coche eléctrico, lo está liderando China. Cada país tiene sus estrategias que buscan promover, y todos los estados han dado más o menos ayudas a sus empresas. Esto pasa en China y también en EEUU y en la propia Unión Europea...Si ahora el Gobierno chino y su industria del automóvil están preparados es por una estrategia que se remonta a hace 15 o 20 años. En este tiempo, han logrado una ventaja competitiva que va desde la tecnología hasta la cadena de suministro. El fruto de todo ello es un producto muy competitivo, en precio y en calidad. Esto tiene que verse como una gran ventaja, los fabricantes chinos ya quieren internacionalizarse e invertir fuera del país para situarse cerca del mercado, incluso, contratar gente local, profesionales españoles, y abrir centros de investigación..."

El Gobierno de Pedro Sánchez logró ayer lo que llevaba buscando desde hace tiempo. Un gesto de Carles Puigdemont que eliminase parte de los enormes nubarrones que rodean la investidura. El Ejecutivo llegaba a Bruselas para convencer a sus socios comunitarios de que el catalán, el euskera y el gallego deben ser oficiales en la Unión Europea, pero unos cuantos países no lo ven nada claro. Ante las reticencias, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, halló una solución imaginativa. Como «tres lenguas de una sola vez es más difícil», según reconoció él mismo, optó por dar «prioridad» al catalán en un movimiento que evidencia que Cataluña, en la negociación por la investidura, pesa muchísimo más que el factor vasco. El Gobierno de Urkullu, el PNV y EH Bildu mostraron su enfado (sobre todo los jeltzales), pero a Sánchez la jugada le salió bien. El líder de Junts mostraba su «agradecimiento» y reconocía que, aunque «no es suficiente» y hay «trabajo pendiente», «nunca habíamos llegado tan lejos» en Europa. La declaración llega en un momento delicado, justo cuando al presidente en funciones se le estaba atragantando la investidura, precisamente, por las exigencias de Puigdemont, la petición de una amnistía y la nula autocrítica sobre los acontecimientos del 1-O. Que Junts, en plena tormenta, reconozca que el Gobierno va por el buen camino –además, en una cuestión cargada de simbolismo– da gasolina a las esperanzas de Sánchez.