20251119

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

Las empresas alavesas reclaman trabajadores de distintas especialidades y niveles de cualificación. La carestía de mano de obra llega a tal punto que las plataformas de empleo hablan de cifras que son muy similares a las que recogen la lista oficial de desempleados en Álava. Un informe de Esade para Infojobs concreta en 17.874 las vacantes generadas en Álava durante el último año. Este dato daría prácticamente para alcanzar un ‘paro 0’ literal. Porque si se tiene en cuenta la lista de personas inscritas en Lanbide como demandantes de un puesto de trabajo, hablaríamos de 18.366, con la estadística cerrada en el pasado octubre. Así que parece claro que oferta y demanda no encajan: hay trabajo para casi todos, pero no todos los alaveses consiguen el que buscan. Es un fenómeno que no es exclusivo del territorio, pero en pocos sitios de España alcanza los niveles de aquí. Un desajuste que la patronal lo identifica como la tercera preocupación de las empresas locales, sólo por detrás del reto de erradicar los altos niveles de absentismo y los costes salariales. A la pregunta de por qué no casan las ofertas que no se cubren con el número de parados, desde SEA Empresas Alavesas se emplaza a buscar respuesta en las características de los demandantes. «En su gran mayoría se trata de perfiles de baja cualificación y, en muchos casos, con poca disposición a movilizarse», exponen. Los datos de Lanbide avalan esa tesis. De los 18.366 parados alaveses, 11.422 sólo tienen los estudios básicos. Suponen el 62,2% del total. Cuatro de cada cinco desempleados sólo quieren trabajar dentro de Euskadi y, de entre ellos, la inmensa mayoría lo quiere hacer en la propia Álava. Las tasas no varían demasiado entre los territorios. «Sin ese refuerzo en las plantillas es muy difícil mantener no ya la competitividad de nuestras empresas, sino simplemente la supervivencia en un mercado tan exigente como es el actual. Y, desgraciadamente, la mayor parte de la población en desempleo no se ajusta a las necesidades de los sectores demandantes en cuanto a formación y capacidades», abundan desde la patronal alavesa.

Los datos de Lanbide permiten trazar un retrato robot bastante preciso del paro alavés. Tiene rostro de mujer. Ellas son casi 11.000 del total de 18.000 personas que buscan trabajo y no lo encuentran. Las estadísticas vascas dejan también claras dos cuestiones más: las colas las acaparan personas mayores –el 39,5% supera los cincuenta años de edad– y poca formación. La mitad de ellos sólo han completado los estudios obligatorios, sin ni siquiera terminar un bachiller o una FP. Ese es uno de los principales lastres para su inserción laboral. Según el último informe de EmpleoAraba, apenas el 6% de las empresas pretenden perfiles de este tipo, lo que abre una brecha de un 44% en paro alavés que no tiene encaje en el mercado. «No cuadran las necesidades y las vacantes con el desempleo. Sin cualificación no hay posibilidad de empleo», subrayaba Yoana Arambalza, directora de la iniciativa. De acuerdo a Empleoaraba, donde participa SEA junto a la Diputación, lo que más se busca son trabajadores con FP mecánica para las fábricas. Ahí el SEPE no difiere mucho, ya que apunta a los peones industriales como el perfil más deseado. Sin embargo, el servicio estatal, que cada año publica su propia radiografía, auguraba un auge de los puestos de logística y para transporte de mercancías, donde siempre cuesta encontrar plantilla.

Hasta el 20 de noviembre Bilbao es el centro europeo de la digitalización del sector eléctrico, la descarbonización y la transición a las renovables. En el evento ‘Enlit Europe’ se dan cita compañías como Iberdrola, Siemens, Schneider Electric, Huawei o ABB para presentar sus últimas soluciones en digitalización de redes, sistemas de almacenamiento o una mejor integración de las renovables en los sistemas de distribución. El BEC acoge estos días en Barakaldo a 700 compañías de 140 países y 15.000 visitantes. Una ocasión en la que el fuerte sector energético vasco ha aprovechado para sacar pecho con la presencia de, además de Iberdrola, otras firmas como Ingeteam, Ormazabal, Arteche y una serie de compañías que suman más del 24% del PIB vasco, alrededor de 23.000 millones de euros. Un bagaje que el lehendakari, Imanol Pradales, quiso reivindicar en su discurso ayer en la inauguración del evento señalando que en su desarrollo «nos jugamos el futuro» y por eso «seguimos comprometidos con absoluta determinación». El consejero delegado de Iberdrola en España, Mario Ruiz-Tagle, reivindicó el origen vasco de la empresa señalando que «hasta los enchufes en Bilbao tienen más potencia». Pero lo que marcó ayer todas las intervenciones es la situación derterminante que atraviesa España para regular antes de fin de año la remuneración de la inversión en las redes eléctricas para los próximos cinco años. Se trata de unas infraestructuras que están saturadas y que en Euskadi solo tienen libre un 5% de su capacidad. Para regular las inversiones queda el último trámite por el que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) debe fijar su retribución. Su propuesta es hacerlo con el 6,58%, muy por debajo de lo que reclaman las eléctricas, 7,5%, y una cifra a la que éstas esperan acercarse en el último trámite en el Consejo de Estado y tras las alegaciones del Gobierno.

El dictamen con orientaciones de política energética que el Ministerio de Transición Energética envió hace dos semanas a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), para dar su opinión sobre la propuesta de circular de la tasa de retribución financiera (TRF) de las redes de distribución eléctrica a partir del 1 de enero, incluye dos “observaciones críticas”, según fuentes que han tenido acceso a un informe por el momento secreto. Este fue enviado por el Ministerio a la CNMC fuera de plazo, una vez que el consejo del organismo hubiese aprobado y remitido su propuesta normativa al Consejo de Estado, vía Ministerio de Economía. Aunque la Comisión asegura haber enviado dicho informe por separado, se desconoce si el Consejo de Estado se lo devolverá para que lo analice o, cuando menos, lo incluya en la memoria de la circular; o si lo aceptará calificándolo como “fuera de plazo”. Lo cierto es que una parte del expediente no ha sido considerado en la memoria. Una de las puntualizaciones que el departamento que dirige Sara Aagesen hace a la circular es que, dado que por primera vez se va a introducir la posibilidad de asumir riesgo en las inverrevisar siones en distribución eléctrica, este debería tener su reflejo adecuado en la nueva tasa. De aplicarse esta orientación del Ministerio, la TRF propuesta por la CNMC, del 6,58%, se incrementaría en 0,45 puntos, lo que la situaría en poco más de un 7%, más en línea con lo solicitado por las empresas. Aunque públicamente estas apuntan a un 7,5%, en privado se dan por satisfechas con el 7%.

Ya han pasado cuatro meses desde que el Departamento de Industria del Gobierno vasco solicitó 20 millones adicionales al Ejecutivo central, con el fin de ampliar los fondos del plan Moves, el programa de ayudas para adquirir coches eléctricos. El problema está en que a día de hoy, el Ministerio de Transición Ecológica no ha dado señales de vida, por lo que deja en el aire las ayudas de aproximadamente 3.000 vascos que las habían solicitado después de comprarse un vehículo electrificado, y que ahora no saben si finalmente las recibirán. Así lo constatan fuentes del Ente Vasco de la Energía (EVE), organismo que gestiona los fondos en Euskadi. Confirman que desde que el presupuesto se agotó el 6 de octubre tras abonar la ayuda número 1.584, las solicitudes han seguido entrando dado que el plazo del Moves se extiende oficialmente hasta el 31 de diciembre, lo que ha generado una lista de espera cada vez más difícil de solventar. Según los datos del organismo, hasta la fecha han recibido 4.887 solicitudes. La gran pregunta está ahora en qué pasará con las ayudas de esas personas a partir del 1 de enero, cuando el plan Moves III haya cerrado definitivamente. El problema radica en la dificultad de dotar de fondos en 2026 a un programa que finaliza este año. 

Energia berriztagarrien aldeko geroz eta aldarri gehiago haizatu arren, munduak erregai fosilen eraginpean jarraitzen du oraindik. Gaur-gaurkoz, energia osoaren %80 iturri fosiletatik dator (petrolioa 25%, ikatza, %30 eta gasa%25), eta, gainera, sortzen den energia guzti horretatik, %33 besterik ez da erabilgarri izaten, hots, %67 bidean galtzen da. Energia berriztagarriak xurgatzeko gaitasun handia du elektrizitateak, eta planeta berdeagora baterako bidean, geroz eta pisu gehiago hartu beharra duela nabarmendu zuten atzoko BECen eginiko Enlit Europe nazioarteko topaketan. Orainaldia dagoeneko elektrikoa dela zioen Barakaldoko eraikinaren kanpoaldeko publizitate kartelak, baina datuek ez dute hori adierazten. Egun guztizko energia eskariaren %21-23 da soilik elektrikoa. Etorkizunak, baina, behar du izan elektrikoa, eta 2050erako helburua da energiaren %55-%60 halakoa izatea, erregai fosilen urte askotako mendekotasuna arintzeko asmoz. Gehiago irakurri hemen. 

La Hacienda de Gipuzkoa prevé ingresar 6,6 millones de euros a partir de 2026 gracias al nuevo impuesto a la banca aprobado ayer por las Juntas Generales. La estimación parte de las declaraciones del impuesto sobre sociedades del ejercicio 2024 y corresponde únicamente a las entidades financieras sujetas a la normativa foral guipuzcoana. Este tributo, temporal y de carácter directo, grava el margen positivo de intereses y comisiones que obtienen las entidades de crédito por su actividad en territorio español, y aplica tipos progresivos que oscilan entre el 1% para los primeros tramos y el 7% para bases liquidables superiores a 5.000 millones de euros. Junto a este tributo, Gipuzkoa también dio ayer luz verde al nuevo Impuesto Complementario del 15% sobre los beneficios de grandes grupos nacionales y multinacionales. No obstante, su impacto económico aún no puede cuantificarse, ya que la información fiscal disponible es insuficiente y su aplicación depende de cómo se despliegue la normativa equivalente en otras jurisdicciones donde operan estos conglomerados, cita la propia Hacienda foral en la memoria económica. 

El mercado inmobiliario en Euskadi sigue batiendo máximos históricos pese a la incesante subida de los precios de la vivienda, y es que los datos evidencian que la demanda existente para acceder a un inmueble, que se encuentra totalmente disparada, está pesando más en la balanza que el encarecimiento del metro cuadrado. Así lo constatan los datos publicados ayer por el INE, que cifran en 2.674 las operaciones de compraventa registradas en Euskadi en septiembre, el mejor dato de la serie histórica. Se trata de un avance del 6,2% respecto al mismo mes del año pasado. No es un crecimiento muy destacable a nivel comparativo, pero cabe recordar que en aquel mes del año pasado también se llegó a un techo histórico, aunque en aquel entonces el alza respecto al año precedente fue mucho mayor, del 67%, lo que ahora parece indicar que el mercado puede estar estabilizándose. Otra señal que confirma este hecho es que por primera vez en catorce meses, en agosto se produjo una caída en el número de operaciones. Y por último está el euríbor, que cerró octubre con su tercera subida consecutiva, con una media del 2,18%, dado que parece que los tipos seguirán anclados en el 2%, lo que ha hecho que el euríbor haya cogido vuelo tras tocar fondo.

«El parque residencial vasco está atrapado entre la infrautilización y la presión especulativa. Tenemos 43.000 pisos vacíos y cerca de 5.000 viviendas turísticas, una doble dinámica que reduce la oferta disponible y tensiona los precios del alquiler». Es una de las conclusiones que se extraen del séptimo informe de vivienda elaborado por el Foro Zedarriak, un documento que ofrece un análisis sobre el mercado residencial en Euskadi y que plantea una hoja de ruta de 42 medidas que contribuyan a «mitigar» la crisis de acceso que padece el territorio. El informe, presentado ayer en Bilbao por el director de la entidad empresarial y social, Guillermo Dorronsoro; su portavoz, Pilar Kaltzada, y el autor del estudio, Iker Arteagabeitia, recoge la necesidad de «activar y transformar el parque residencial existente» a través de la movilización de al menos 10.000 pisos desocupados en cinco años. Zedarriak defiende que la activación de domicilios desocupados «a través de incentivos fiscales, garantías públicas o colaboración con empresas gestoras debe convertirse en una prioridad». Otra medida que recoge el informe es la creación de un Consorcio Vasco de la Vivienda que «coordine la planificación, inversión y datos a largo plazo, promoviendo que las políticas de suelo se gestionen a nivel supramunicipal». Dorronsoro apuntó que esta vía permitiría a los municipios más pequeños y con menos medios impulsar proyectos urbanísticos.

El Gobierno dibujó ayer un gasto récord, sustentado en una recaudación igualmente histórica, como clave de bóveda del proyecto presupuestario que prepara para 2026 y que está dispuesto a presentar al Parlamento, con varios meses de retraso y pocos visos de prosperar, bien sea para tratar de amarrar la recta final de la legislatura, si tiene éxito, o para cargarse, al menos, de argumentario electoral, si fracasa. “Trabajo en unos Presupuestos que sean atractivos para todos y que nos permitan, si me apuran, que nadie se pueda resistir a aprobarlos”, dijo ayer la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tras el Consejo de Ministros que aprobó las nuevas proyecciones económicas y presupuestarias del Gobierno. Como “primer hito para la aprobación de los Presupuestos de 2026”, y a fin de dar cabida a las nuevas cesiones que sean necesarias para desbloquear el apoyo de sus habituales socios parlamentarios, el Gobierno aprobó ayer un techo de gastó inédito para 2026, que por primera vez supera la barrera de los 200.000 millones de euros. Y no por poco. El límite del gasto no financiero total anunciado para 2026, incluyendo los fondos europeos Next Generation, asciende a 216.177 millones, un 8,5% más que en 2025. La cifra, que vuelve a incluir una transferencia de 23.000 millones para cubrir gastos de la Seguridad Social, implica un aumento de 17.000 millones respecto a 2025 que deja a Montero un amplio margen para ejecutar nuevas políticas y costear compromisos con sus aliados. Incluso descontando las ayudas europeas, el techo de gasto nacional se elevaría a 212.026 millones, de nuevo un 8,5% más que en 2025, y 16.673 millones extra. 

El Gobierno reconoció ayer por primera vez en público lo que era una evidencia: que no presentará los Presupuestos para 2026 antes de fin de año, como Pedro Sánchez aseguró en octubre. La última hoja de ruta que maneja la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, es hacerlo en el primer trimestre de 2026, preferiblemente en febrero —lo que haría coincidir las negociaciones con la del modelo de financiación autonómica— para que estuvieran aprobados en abril o mayo. Por ahora, el Ejecutivo no cuenta con los apoyos necesarios tras el rechazo expreso de Junts, pero no tira la toalla: fuentes del Gobierno creen que aún pueden reconducir la relación con los neoconvergentes y sacar los Presupuestos aprovechando el previsible regreso de Carles Puigdemont a España en primavera. El plan b sería volverlos a presentar si se abre una ventana de oportunidad con los socios más díscolos del Gobierno. La conclusión en La Moncloa es que el informe del Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la amnistía ha despejado el camino para la vuelta del líder de Junts, ya que suele anticipar la orientación de las sentencias del tribunal comunitario.

Las pensiones a futuro no están en riesgo pero sí cambiará de forma significativa el modelo de financiación del sistema para dar mucho más protagonismo a las inyecciones de dinero por parte del Estado, que tendrá, por tanto, que decidir a qué gastos se da prioridad y cuáles hay que recortar. Esta es la conclusión que se extrae de la comparecencia en el día de ayer en la comisión del Pacto de Toledo de la presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero, quien cargó duramente contra el Gobierno y sus injerencias en esta institución encargada de fiscalizar las cuentas públicas. Herrero llegó incluso a lanzar un SOS al Congreso para que la ayuden a mantener su independencia y aseguró que cuenta con el respaldo de la Abogacía del Estado. «Me preguntan: ¿Las pensiones a futuro están en riesgo? No, jamás me lo habrán oído a mí. Mi respuesta es que son tan sostenibles como el gasto en defensa, en sanidad, en cuidados, en educación...», enfatizó Herrero. No obstante, matizó: «Pero sí tenemos que saber que la evolución prevista de cotizaciones y pensiones nos lleva a que, cada vez más, el papel del Estado como principal garante del sistema va a ser mayor, al menos durante algunos años».

Las centrales nucleares catalanas se preparan para seguir la estela del reactor extremeño de Almaraz y poder alargar su vida operativa hasta alcanzar, por lo menos, los 50 años de actividad. Las tres unidades nucleares que operan en Ascó y Vandellòs, y que producen el 50% de la electricidad que se demanda anualmente en Cataluña y el 9% de la que se consume en toda España, tienen su desconexión fijada entre octubre de 2030 (Ascó I), septiembre de 2032 (Ascó II) y febrero del año 2035 (Vandellòs II), pero Anav, la sociedad que gestiona los tres complejos, defiende que “los grupos están preparados para poder operar muchos años más”, con independencia de que el tope teórico de su vida útil fueran, en principio, 40 años de funcionamiento. Paulo Santos, director general de Anav, afirmó ayer que se dan las condiciones de seguridad de las instalaciones y de preparación de la plantilla para prorrogar la vida de los reactores. “Estamos a la expectativa”, admitió. La sociedad Anav es propiedad de Endesa e Iberdrola y de momento no ha dado el paso para pedir oficialmente al Gobierno un alargamiento de los permisos para Ascó y Vandellòs. Un trámite que sí ha cumplido Almaraz y que, según Paulo Santos, “es una buena noticia para el sector”. 

Lejos aún de que se pueda comparar con la crisis de los 2000, cerca de la mitad de los mayores gestores de fondos de inversión del mundo considera ya que el gran riesgo de mercado en la actualidad es que explote una posible burbuja en la IA. Es un nivel nunca antes visto y que se ha multiplicado por más de cuatro veces en solo dos meses, desde el 10% de septiembre, según la Encuesta mensual que elabora Bank of America entre 172 gestores a nivel internacional que manejan activos valorados en casi medio billón de dólares. De hecho, son también mayoría quienes piensan que existe una burbuja ya. En concreto, lo piensa el 53% de los gestores encuestados y de ahí se deriva que seis de cada 10 entiendan que las bolsas están «sobrevaloradas» en este momento. Eso parece pensar en parte el CEO de Google, Sundar Pichai. En una entrevista con la BBC, el directivo aseguró que parte de las inversiones en IA tenían «un poco de irracionalidad» y reconoció la posibilidad de que hubiera un estallido en bolsa de la burbuja que afectara a todas las tecnológicas. «No creo que ninguna empresa vaya a ser inmune, incluidos nosotros», apuntó Pichai. «Podemos mirar atrás al mundo de Internet. Había claramente un exceso de inversión, pero nadie se cuestionaba que Internet tenía recorrido. Pasa lo mismo con la IA. Así que creo que a la vez es racional y hay elementos de irracionalidad en un momento como este», explicó.

El Gobierno continúa deshojando la margarita de los nuevos programas especiales de modernización (PEM) que se van a lanzar en el ámbito de la Defensa, con el objetivo de elevar el gasto en Defensa en España al 2,1% del PIB para este año, lo que implicará una inversión adicional de 10.471 millones de euros. Tras el Consejo de Ministros, ayer se dieron a conocer los detalles de algunos nuevos programas, entre los que destacan varios que están liderados por Airbus e Indra, que captarán más de 5.500 millones para el desarrollo de contratos vinculados con la fabricación de helicópteros y aviones, así como de vehículos militares anfibios o para la modernización y adquisición de centros de operaciones de artillería semiautomáticos. El gigante europeo Airbus, participado en un 4,1% por el Estado español a través de Sepi, ha sido el gran triunfador del reparto de ayer, en el que se dieron a conocer los detalles de algunos contratos que ya se adelantaron hace unos meses, en el marco de la concesión de prefinanciación a las empresas adjudicatarias para ejecutar los programas especiales de modernización. La compañía que lidera Francisco Javier Sánchez Segura en España, a través de su división Airbus Helicopters España, será la coordinadora en el país del contrato para la adquisición de 50 helicópteros ligeros multipropósito. Este programa tendrá una vigencia de formalización sin prórroga hasta el 30 de noviembre de 2035 y su valor se sitúa en 1.975 millones. El Gobierno adjudicó a Airbus prefinanciación por 920 millones para ejecutar este proyecto, de los que 450 millones se entregarían ya en 2025.

Cada vez son más las empresas que integran la sostenibilidad no sólo en sus áreas ESG, sino de forma transversal en operaciones, finanzas y en todo el negocio. Esto se traduce en una demanda creciente de perfiles profesionales híbridos de ESG y sostenibilidad que no procedan exclusivamente de ingeniería y ciencias ambientales sino también de finanzas, compliance o de la cadena de suministro, en los que la dimensión verde es un componente clave del rol. “Las profesiones verdes más reclamadas son aquellas que combinan conocimientos técnicos en sostenibilidad como la eficiencia energética, energías renovables con capacidades en gestión de proyectos, análisis de datos y transformación organizativa”, explica Elena Jurado, directora de Adecco Energéticas (Grupo Adecco). Entre las profesiones híbridas más demandadas figura la de técnico en energías renovables, gestor de proyectos de eficiencia, consultor en economía circular, especialista en huella de carbono o auditor ambiental. Por sectores, el empuje del empleo verde está muy presente en áreas directamente vinculadas con la transición energética (renovables, eficiencia energética), la economía circular, el transporte-logística, la cadena de suministro y la edificación sostenible. Sin embargo, los incrementos más fuertes en contratación de talento verde en España se dan en Tecnologíay Medios, Comercio Minorista y Servicios Financieros; sectores que no necesariamente se asocian tradicionalmente con lo verde, lo que demuestra que la transición es transversal.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil desnuda la trama corrupta de Santos Cerdán y revela cómo el ex secretario de Organización del PSOE, casi hasta el día en que fue enviado a la cárcel –el pasado 30 de junio–, se enriqueció a base de mordidas a constructoras por sus servicios ante el Gobierno para el amaño de obra pública. Un dinero que canalizaba a través de sus familiares. En sus 227 páginas, el informe denominado ‘Relaciones entre Acciona y Servinabar’ (la empresa que pertenecía de forma secreta en un 45% a Cerdán) revela que «las partes acordaban directamente que los honorarios a percibir por los servicios ascendiesen al 2% del total adjudicado a la constructora». Los investigadores concluyen que Servinabar fue la principal fuente de ingresos de la trama con un total de 6.707.294 euros. O lo que es lo mismo: el 75,33% de los ingresos de la empresa que Cerdán poseía reservadamente provenían de Acciona o de proyectos vinculados a la multinacional. El dosier –que también saca a la luz que quien fuera mano derecha de Pedro Sánchez en el partido utilizó la tarjeta de Servinabar hasta horas antes de la detención de Koldo García en febrero de 2024– apunta a que la empresa navarra cobró supuestas mordidas disfrazadas de encargos menores por parte de Acciona en, al menos, cinco obras en Logroño (la A-68, tramo Arrúbal-Navarrete); Sevilla (Puente del Centenario); Sant Feliú de Llobregat; y Marruecos (Puerto de Kenitra).

El último informe de la UCO revela que el PNV habría solicitado a Santos Cerdán varios «nombramientos» en el Gobierno central tras su determinante apoyo a la moción de censura contra Mariano Rajoy que aupó a Pedro Sánchez a La Moncloa en 2018. Entre ellos, la formación jeltzale habría pedido mantener en su cargo en el Ministerio de Medio Ambiente a Javier Cachón, quien meses después dio luz verde al proyecto Mina Muga en Navarra, uno de los negocios de la presunta trama corrupta. La formación de Aitor Esteban, en cambio, niega cualquier «vinculación» con la red y dice desconocer esas supuestas peticiones. Según recoge la investigación, a la que ha tenido acceso este periódico, en junio de 2018 Cerdán transmitió –a través de Koldo García– al recién nombrado ministro de Fomento y todopodero secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, una serie de solicitudes para nombrar a cargos en varios departamentos gubernamentales. Uno de esos documentos, un archivo digital titulado ‘Peticones (sic) nombramientos PNV’, incluye tres puntos: dos de ellos son puestos «importantes» en Adif (administrador de infraestructuras ferroviarias) y en la Sepi (la Sociedad de Participaciones Industriales que sustituyó al extinto INI).

El gigante asiático controla cerca del 70% de la minería global de tierras raras y el 90% de su capacidad de procesado mundial, es decir, que aunque otro país extraiga el mineral de tierras raras acaba enviándolo a China para su procesamiento. La dependencia de Alemania de materias primas críticas procedentes de China es algo que preocupa desde hace tiempo en los despachos de Berlín. En vista de las tensiones comerciales actuales, las autoridades alemanas quieren evitar que pueda suceder algo como lo que ocurrió con la gran dependencia del gas ruso que acabó provocando una grave crisis energética. Para ello, el Ejecutivo está a punto de activar un fondo, en el que se dará participación a las empresas, para invertir en diferentes proyectos de materias primas. El pulso que desde hace meses libran Estados Unidos y China por hacerse con la hegemonía mundial tiene repercusiones en otras grandes potencias. Este verano, muchas empresas alemanas informaron de problemas en la producción debido a que las materias primas críticas procedentes de China se suministran con retraso o en cantidades insuficientes. “Las consecuencias son cuellos de botella y costes adicionales”, informan desde la Federación de la Industria Alemana (BDI). China quiere controlar, por ejemplo, cada vez más quién accede a las cadenas de suministros de tierras raras vitales para sectores como el de la transición energética, movilidad verde, pero también defensa y aeroespacial.

La andadura de la liberal Sanae Takaichi en el gobierno de Japón comienza a dejar sus primeros cambios en la economía nipona, marcada por un alto nivel de endeudamiento –cercano al 250% de su PIB– y los aranceles impuestos por el presidente de EEUU, Donald Trump, a uno de los países que más vehículos exporta al gigante norteamericano. Contra los planteamientos seguidos en los países occidentales –entre ellos, España–, la respuesta del gobierno nipón será un ambicioso paquete de rebajas fiscales, con el objetivo puesto en dos frentes: por un lado, incentivar el consumo de los hogares; y, por otro, atraer y facilitar la inversión empresarial para dinamizar la economía. En el primer apartado, el ejecutivo entrante no descarta reducir los tipos del impuesto al consumo, ya de por sí reducido en comparación con las economías europeas. Actualmente, el IVA es del 10% para la mayor parte de los bienes, a excepción de los alimentos, que tributan al 8%. Además, Takaichi ya ha logrado un primer acuerdo de legislatura con los partidos de la oposición para suprimir, a partir del 1 de abril de 2026, el tipo impositivo provisional –adicional al tipo estándar– sobre la gasolina que ha estado vigente en Japón durante alrededor de cinco décadas. Según los cálculos del ejecutivo, la medida tendrá un impacto de unos 9.500 millones de euros en las arcas públicas niponas, y supondrá un ahorro cercano a los 80 euros anuales por hogar. En el apartado societario, el nuevo gobierno japonés ya ha debatido, para su aprobación en las próximas semanas, un plan integral para promover la inversión de capitales privados en 17 sectores de actividad mediante nuevos incentivos. Las intenciones del ejecutivo, según la agencia de noticias nipona Jiji Press, es impulsar la entrada de capital a las empresas más afectadas por la guerra arancelaria desatada por Donald Trump el pasado abril.

«Vivimos tiempos difíciles... En un estado entre la paz y la guerra». Así define la situación en el este de Europa el ministro de Defensa de Polonia, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. Los tambores bélicos resuenan cada vez a mayor volumen en esa esquina del Viejo Continente. El jefe del Gobierno polaco, Donald Tusk, anunció ayer que la policía ha identificado a los responsables de los actos de sabotaje que afectaron el pasado domingo a una línea férrea en las inmediaciones de Mika. Son dos ciudadanos de nacionalidad ucraniana que colaboran con los servicios de Inteligencia de Rusia, según Tusk. El primer ministro añadió que habían entrado en Polonia a través de la frontera con Bielorrusia –país aliado del Kremlin–. «Tras cometer su acción, estos individuos abandonaron el país por el paso fronterizo de Terespol (muga con Bielorrusia)», indicó. Varsovia, que ha pedido la extradición de los dos sospechosos, apunta con dedo acusador hacia Moscú. La tensión no deja de crecer en la zona casi cuatro años después del inicio de la invasión rusa de Ucrania. Tusk aportó los datos de la investigación, aún abierta, tras una reunión extraordinaria del Comité de Seguridad Nacional.

Matar y descuartizar a un periodista con una sierra, «cosas que pasan», opina Donald Trump. El presidente de EE UU recibió ayer en la Casa Blanca a su «gran amigo» el príncipe saudí Mohammed bin Salmán (MBS), por primera vez desde 2018, el año en que el columnista de ‘The Washington Post’ Jamal Khashoggi fue asesinado en las instalaciones del consulado saudí en Estambul, al que acudió para pedir una partida de nacimiento para casarse. La CIA determinó que el príncipe heredero saudí aprobó personalmente la operación. «Hemos mejorado nuestro sistema para asegurarnos de que algo así no vuelva a ocurrir», se disculpó el príncipe ayer. «Es doloroso, y es un error enorme, estamos haciendo todo lo posible para que no ocurra de nuevo». No obstante, en junio pasado su gobierno ejecutó al periodista Turki al-Jasser, que tenía una cuenta satírica anónima en X, después de torturarlo y acusarlo de terrorismo. El amigo del presidente Trump ha multiplicado un 76% el número de ejecuciones de 2022, con el escalofriante récord de 345 personas el año pasado. Si el corrillo de periodistas de la Casa Blanca asistía impactado ante la naturalidad con la que se excusó del atroz asesinato de Khashoggi, la intervención del presidente de EE UU para defenderle solo era comparable a su falsa equidistancia moral entre los manifestantes pacíficos de Charlottesville y los neonazis que los arrollaron en 2017, dejando un muerto y más de treinta heridos. «Hubo una muestra de odio y violencia en muchos lados, hay gente muy buena en ambos lados», resumió entonces. Ayer, cuando una periodista de la cadena ABC confrontó al jefe de estado saudí con su crimen, Trump le recriminó por «avergonzar» a su invitado y amenazó con arrebatar la licencia a la cadena de televisión. El príncipe, dijo, «no sabía nada de ello. Podemos dejarlo ahí». Khashoggi, un periodista saudí autoexiliado en EE UU, crítico con el régimen, fue nombrado Persona del Año por la revista ‘Time’, que se refirió a él como «Guardián de la Verdad». Trump tiene otra opinión. «A mucha gente no le gustaba», justificó. «Y tanto si te gustaba como si no, las cosas pasan».

Para clasificar a las naciones se tienen en cuenta cuatro categorías: la reducción de los gases de efecto invernadero (que es la que tiene un mayor peso en la puntuación final), el avance de las energías renovables, el uso de energía y las políticas climáticas. Como hacen desde la primera edición, los tres primeros puestos los dejan vacantes, como muestra de que ningún país es suficientemente ambicioso en sus medidas. Ayer se presentó en la cumbre del clima que se está celebrando en la ciudad brasileña de Belém, la COP30, el Índice del Desempeño de Cambio Climático, una clasificación que muestra la implicación de los gobiernos del mundo en la lucha contra el calentamiento. Este informe se lleva realizando ya 21 años y uno de los titulares más claros de la edición de este 2025 es el desplome de Estados Unidos de la mano de Donald Trump. Este país pasa a estar en el grupo de los cuatro países que menos hacen contra el cambio climático de los analizados. El último lugar lo ocupa Arabia Saudí, un petro-Estado que lleva años aplicando todo tipo de tácticas para rebajar la ambición de las cumbres climáticas. Le siguen, por este orden, Irán, Estados Unidos y Rusia. El informe analiza las políticas de 63 países del mundo, que son responsables del 90% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Está liderado por las organizaciones Germanwatch, NewClimate Institute y CAN International, y en su elaboración participan más de 450 expertos en clima y energía de ONG, grupos de analistas e instituciones científicas. 

Desde que se firmó el Acuerdo de París en 2015, las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) han crecido un 0,32% anual, menos de una quinta parte de la tasa observada en la década anterior (2005-2014), según el informe Ten Years Post-Paris: global emissions growth in sharp decline, de Energy & Climate Intelligence Unit. Este freno de su crecimiento, ahora que los mandatarios, expertos y empresarios de muchos países –con ausencias notables como la de EEUU– están reunidos en la COP30 de Belém (Brasil), permite ver el vaso medio lleno o medio vacío. Existe “la esperanza de que aún se pueda cumplir el objetivo de triplicar las renovables”, asegura Francesco La Camera, director general de la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA). Sin embargo, el informe de la agencia, la Presidencia brasileña de la COP30 y la Alianza Global de Renovables (GRA) Delivering on the UAE Consensus: Tracking progress toward tripling renewable energy capacity and doubling energy efficiency by 2030 reconoce que el ritmo “sigue siendo insuficiente para cumplir el objetivo del Consenso de la COP28 de triplicar las energías renovables hasta 11,2 teravatios (TW) en 2030”. Los expertos coinciden en que una clave fundamental para alcanzar los objetivos climáticos es el desarrollo de las energías renovables. España ya generó el 56% de su electricidad con fuentes limpias a lo largo del año pasado. Su producción subió casi en un 11% en un ejercicio récord por partida doble: registró la mayor producción renovable y su cuota más alta desde que se tienen registros, con datos recogidos por Red Eléctrica.