20251125

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

La sede de Adegi amaneció ayer con pintadas y pintura roja en una acción sin precedentes y que todavía está sin reivindicar por ningún colectivo o entidad. Desconocidos escribieron en euskera un mensaje en color rojo contra la patronal guipuzcoana que decía ‘Enemigos del pueblo trabajador vasco’. También arrojaron abundante pintura del mismo color contra la puerta principal. Pese a que en Adegi han sufrido ataques similares, fuentes consultadas no recuerdan unas pintadas que abarquen un espacio tan extenso en la fachada. Desde la patronal guipuzcoana, en todo caso, sí confiesan haber sufrido protestas a lo largo de los últimos años e incluso la entrada de varios sindicalistas de LAB en la sede arrojando octavillas o realizando pequeñas pintadas.

Casi cuatro años después de entrar en vigor la reforma laboral, el Gobierno aprueba hoy un nuevo reglamento que tenía pendiente desarrollar que limitará el número de contratos formativos en las empresas con el objetivo de «garantizar una formación de calidad y adaptada a la realidad productiva del país». Así lo anunció ayer la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, durante su participación en un acto público. Una vez que entren en vigor estos cambios –que han estado dos años guardados en el cajón–, ninguna empresa, por muy grande que sea, podrá tener en plantilla a través de contratos formativos a más de treinta jóvenes. Será el máximo legal, pero en función del número de empleados operará un tope distinto. Así, en los negocios de hasta diez trabajadores se restringirán a tres los contratos de este tipo y la plantilla podrá ser de 13, mientras que en las pymes que tengan una plantilla de entre 11 y 30 empleados serán siete como mucho. Aquellas compañías que cuenten con entre 31 y 50 trabajadores (siempre sin incluir en el cálculo los que estén en formación) podrán tener hasta doce contratos de formación y para las más grandes, las que superen los 50, se limitará al 20% de la plantilla, pero con un máximo de treinta contratos, según establece el texto que pasó por consulta y audiencia pública en 2023, por lo que se aprueba con mucho retraso. «Con este nuevo real decreto vamos a garantizar contratos formativos que dispongan efectivamente de derechos laborales plenos, con relación a la retribución, al salario mínimo y a la jornada laboral», aseguró la ministra de Trabajo, que no tendrá que defender estos cambios en el Congreso, puesto que al ser un desarrollo reglamentario no es necesario el aval del Parlamento, por lo que se asegura así su puesta en marcha en un momento delicado de la legislatura. Pese a los cambios de la reforma laboral, que redujo de cuatro a dos los tipos de contratos en formación, en España apenas se utilizan y en 2024 ni siquiera llegaron a 100.000.

La empresa está comenzando a remontar. A los pedidos de la eólica marina –‘offshore’– se ha unido la recuperación de su plataforma terrestre –‘onshore’–. Tras detectar y corregir los problemas en la segunda mitad del pasado año, Siemens Gamesa comenzó a comercializar de nuevo estos aerogeneradores con las denominaciones de SG 5.0 y SG 7.0. Estas plataformas sustituyen a las anteriores, la 4.X y la 5.X, y ya han comenzado a generar pedidos, según ha podido saber EL CORREO y ha confirmado con fuentes oficiales de la compañía. Se trata de un paso de gran trascendencia y de un enorme valor simbólico para la empresa, que tiene carga de trabajo ya para unos 130 molinos en el País Vasco, Alemania y Egipto. Una cantidad que supondría elevar la facturación de la empresa en 780 millones si atendemos al valor medio del mercado de entre 5 y 6,7 millones por una unidad de 6 MW y los 6 y 7,8 millones por otra de 7 MW. El primero, ya conocido, fue el de Labraza (Álava), en Euskadi y promovido por Iberdrola y Gobierno vasco. Ocho unidades de la SG 5.0 que darán 40 MW de potencia al primer parque eólico que se levanta en Euskadi en 18 años. Además, el jueves pasado, el consejero delegado de Siemens Gamesa, Vinod Philip, confirmó en el ‘Capital Markets Day’ en Carolina del Norte dos nuevos pedidos sobre estas unidades en Alemania. Una situación que evidencia, explicó, que «nuestro grupo de trabajo de calidad para solucionar los problemas ha cumplido con éxito su misión». Este periódico ha podido confirmar que los pedidos germanos son parecidos de tamaño al de Euskadi, con lo que suponen alrededor de 20 aerogeneradores más.

En un contexto global cada vez más incierto y fragmentado, Euskadi necesita reformular sus conexiones globales con visión a largo plazo ya que «solo así lograremos reforzar la resiliencia de la industria vasca y fomentar el arraigo de nuestras empresas tractoras». Es el principal mensaje que lanzó ayer el Instituto Vasco de Competitividad-Orkestra en la presentación de su informe anual, que contó con la participación de la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, y el consejero de Industria del Gobierno vasco, Mikel Jauregi. Los responsables del instituto advirtieron que aunque Euskadi parte de una posición «sólida» en términos de competitividad y bienestar para abordar el nuevo «complejo e incierto» escenario geopolítico, «debe pasar de un modelo basado en la apertura comercial tradicional a uno de internacionalización estratégica» para seguir generando bienestar. En este sentido, señalan que el País Vasco debe diversificar los mercados internacionales a los que exporta sus bienes, ya que tiene a los países europeos como principales clientes, sobre todo Alemania y Francia (entre ambos adquieren cerca del 30% de los productos enviados al extranjero), donde la demanda se ha debilitado debido al enfriamiento de sus economías. Además, el informe alerta sobre la dependencia de las importaciones, especialmente energéticas y de materias primas. Ante ello, Orkestra recomienda «arriesgar», es decir, diversificar los riesgos comerciales a través de una red de proveedores más extensa. Para ello la clave es «encontrar el equilibrio entre mercados estables y consolidados» como los europeos o norteamericanos, y la presencia en mercados más arriesgados, «pero con alto potencial de crecimiento como los asiáticos o latinoamericanos».

Orkestra reclama sacar chispas a los recursos vascos fuera de casa para recuperar a la diáspora de alto valor y atraer capital humano. Las universidades en Euskadi afrontan el nada sencillo reto de atraer a más estudiantes extranjeros. Así lo subraya el Informe de Competitividad de Orkestra, que pone de relieve que el ámbito universitario cuenta sólo con un 6,8% de matriculados foráneos frente al 10,5% de la media española. Algo mejor cara presenta la Formación Profesional, con un 12,1%, tres puntos porcentuales más que en conjunto estatal. «Esto puede suponer una limitación para hacer frente al reto de atraer nuevo talento a la industria», señala el Instituto Vasco de Competitividad, que añade que los dos ámbitos formativos «deben jugar un papel más relevante en la atracción de talento internacional, de forma equilibrada con sus roles en el territorio». Al mismo tiempo, Orkestra pone sobre la mesa que en Euskadi existen numerosas iniciativas «llevadas por diferentes actores» orientadas a la atracción de personas en ámbitos como el talento científico y de alta cualificación. Y pone como ejemplo, las ‘euskal etxeak’, las delegaciones exteriores, las oficinas de Basque Trade & Investment... Pues bien, ante esa amalgama, el informe recuerda que «existe una oportunidad para reforzar las sinergias» y aprovechar los recursos en el exterior «para conectar con la diáspora». Y es que esos vascos por el mundo son un «activo estratégico», afirma, y una oportunidad para ‘enganchar’ el talento que nos hace falta frente a las grandes transiciones. El documento también repasa un hecho llamativo, y es que el 55,2% de los 143.899 extranjeros que había ocupados en Euskadi en 2024 no tenían siquiera el bachillerato, lo que evidencia la oportunidad de captar más inmigrantes formados. Al tiempo, y esta es otra paradoja, el 42,7% de esos trabajadores extranjeros no ocupaba un puesto acorde a su formación.

El Gobierno Vasco presentó ayer la iniciativa BasquESG, integrada en el Plan de Industria de Euskadi 2030. La propuesta fija el propósito de establecer un sistema propio de evaluación y reporte en sostenibilidad adaptado a la realidad de las pymes vascas. La primera fase prevé la participación de 500 pequeñas y medianas empresas a partir de 2026. El acto contó con la presencia del consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, acompañado por representantes de empresas tractoras y entidades financieras vascas como Kutxabank, Laboral Kutxa, Iberdrola, Petronor, ITP Aero, Ingeteam, CAF, MercedesBenz y Sidenor, adheridas a esta iniciativa. La colaboración procede de firmas que forman parte de sectores estratégicos como la energía, los combustibles renovables, la movilidad sostenible, la automoción, el ámbito aeroespacial y la metalurgia. El consejero describió BasquESG como «un proyecto transformador cuyo objetivo final será dotar de mayor competitividad a las pymes vascas mediante la mejora de su posicionamiento en factores de sostenibilidad ESG». Definió la iniciativa como «una nueva oportunidad de colaboración a nivel de Euskadi entre la industria tractora, las entidades financieras y las pymes» y afirmó que la responsabilidad del Ejecutivo consiste en «acompañaros en este proceso para lograr transformar nuestra industria». Este plan cuenta con el apoyo de Euskalit para el acompañamiento a pymes y de Ihobe para la secretaría técnica. También incorpora un grupo asesor integrado por Confebask, Elkargi, Mondragon Corporación y las cámaras de comercio vascas.

La digitalización es ya parte del día a día de la gran mayoría de las empresas vascas. El 91% de las vizcaínas así lo reconoce en el último estudio elaborado al respecto por la Diputación foral y la Cámara de Comercio de Bilbao. Pero la incesante llegada de innovaciones hace que para muchas su implantación resulte un camino difícil de transitar, un recorrido en el que las resulta fundamental contar con firmas de su entorno que sean punta de lanza tanto en el desarrollo de estas nuevas tecnologías como en su transformación en servicios accesibles. Para reconocer la labor de estas empresas tractoras, ayer El Correo celebró en el Museo Guggenheim la sexta edición de 'DigitalTek. Liderando el cambio', el foro que reúne a las compañías vascas punteras de la revolución digital, entre las que, un año más, destacaron las cinco premiadas. La primera en recibir su galardón fue Global Datum, premio ‘Big Data’ por el uso de tecnologías emergentes en el desarrollo de plataformas inteligentes que ayudan a sus empresas clientes a optimizar procesos y mejorar la toma de decisiones estratégicas. «Nuestra labor es algo así como pasar la batea para ver dónde hay oro –información útil– y dónde, lodo. Después, una vez que sabemos qué datos son realmente importantes, los hacemos accesibles y entendibles», explicó su presidente, Joxe Etxebarria, quien reconoció que todavía no hace mucho encontraban empresas «que lo anotaban todo a boli». Tras él, subieron al escenario Eider Sánchez y Maider Alberich, cofundadoras de Naru, ‘startup’ donostiarra ganadora en la categoría de Inteligencia Artificial por su aplicación de esta tecnología en el ámbito clínico e investigador. 

Ricardo Faria es un hombre de negocios muy conocido en Brasil. Le apodan el ‘rey del huevo’ porque sus empresas en el país sudamericano, en Estados Unidos y en España producen la friolera de 13.000 millones de huevos al año. Sólo en Norteamérica, posee 20 millones de gallinas. Faria compró hace unos meses la mayor granja avícola de Euskadi: Larrabe. La explotación se ubica en el pequeño y tranquilo municipio de Gamiz-Fika y fue durante décadas propiedad de una familia de la zona del mismo apellido, antes de pasar recientemente a manos del magnate brasileño. En sus naves viven 260.000 ponedoras, que producen medio millón de docenas al mes (6 millones de unidades cada 30 días). El ‘rey del huevo’ quiere ahora ampliar ese rendimiento en un 30% para lo que necesita hacer crecer la instalación al doble de metros cuadrados construidos de lo que tiene autorizado. Larrabe Oiolotegia es una marca reconocida para muchos vizcaínos. Su producción se comercializa en dos grandes cadenas de distribución: Eroski y BM. La explotación está ubicada dentro de una finca de 57.000 metros cuadrados, una superficie equivalente a tres veces lo que ocupa el estadio de San Mamés. El complejo avícola se localiza en un valle situado a los pies del monte Gaztelumendi. Es un enclave idílico, aislado de núcleos urbanos (el más cercano queda a más de un kilómetro de distancia) y rodeado de naturaleza. Las construcciones, con paneles solares en sus cubiertas, son perfectamente identificables desde los búnkeres del Cinturón de Hierro de la Guerra Civil que se ubican en la cima de esa montaña.

Iberdrola refuerza su apuesta por Brasil. La eléctrica ha lanzado una opa de 1.030 millones de euros por el 16,2% de su filial Neoenergia, con el objetivo de alcanzar su control total. La operación forma parte de su estrategia para consolidar su liderazgo en el negocio de las redes eléctricas. Es la base del nuevo plan estratégico, que apuesta por reemplazar la volatilidad de los precios de la luz por la seguridad de la retribución regulada. Esta hoja de ruta contrasta con la situación en España, donde las eléctricas se encuentran en disputa con la CNMC por la tasa de retribución. Neoenergia, en la que Iberdrola desembarcó en el 2000 y ha ido incrementando su participación a medida que crecía la empresa, es el grupo líder en distribución de energía en Brasil, con 40 millones de clientes a los que abastece a través de cinco distribuidoras y 18 líneas de transporte. La opa lanzada ayer por Iberdrola sobre el 16,2% del capital llega dos meses después de que adquiriera el 30,29% que controlaba el fondo brasileño Previ. 

Iberdrola, el mayor grupo energético español en Bolsa, anunció ayer una oferta de adquisición (opa) para comprar el 16,2% del capital que no posee de su filial en Brasil, Neoenergia. El objetivo de esta operación, valorada en 1.030 millones de euros, es idéntico al de la opa que realizó Iberdrola el pasado año, cuando anunció una oferta de compra sobre el 18,4% de su filial Avangrid, en EEUU, para hacerse con el 100% por 2.350 millones de euros y excluirla de Wall Street. La recompra de filiales –un hecho sin precedentes a nivel empresarial por la rapidez con la que se está haciendo– va mucho más allá de lo puramente financiero. Supone una reordenación en la forma de gestionar el grupo. Tanto la recompra de Avangrid como la de Neoenergia permitirán a Iberdrola simplificar la estructura de las empresas filiales y, consecuentemente, de todo el grupo energético. Al excluirlas de Bolsa y no tener que rendir cuentas a minoritarios, ni cubrir otros largos trámites de gobierno corporativo para cotizadas, la toma de decisiones se agiliza y se puede concentrar en la matriz. Esto permitirá acelerar de forma mucho más expeditiva la gestión. El cambio llega en un momento en el que Iberdrola trata de imprimir la máxima velocidad a su carrera hacia el negocio de las redes eléctricas, columna vertebral de su nuevo plan estratégico.

Telefónica ha comenzado a concretar la cifra de afectados del expediente de regulación de empleo (ERE) que ha planteado para abordar su plan de recorte de gastos y cumplir con su plan estratégico presentado el pasado 4 de noviembre que incluía una previsión de ahorro de 3.000 millones de euros hasta 2030. Ayer la operadora comunicó a cuatro de las siete filiales afectadas por el despido colectivo su propuesta de salida: 5.319 personas a la espera de la propuesta de despidos en las otras tres sociedades restantes y que se producirá hoy. Más de 5.300 personas que suponen el 20% de una plantilla que actualmente componen 25.000 trabajadores en nuestro país. Además de las reuniones con las tres sociedades incluidas en el convenio de empresas vinculadas (CEV), Telefónica España, Telefónica Móviles y Telefónica Soluciones, donde ha propuesto 5.040 despidos, ayer también se reunió la mesa de Movistar+, donde la dirección ha propuesto 279 salidas. La reunión de hoy será con Telefónica S.A., Telefónica Global Solutions y Telefónica Innovación Digital, que no están bajo el paraguas del CEV. Por filiales, la propuesta presentada ayer por la compañía se divide entre 3.649 salidas en Telefónica España (el 41% de su plantilla), otros 1.124 empleos menos en Telefónica Móviles (el 31%), 267 despidos en Telefónica Soluciones (el 24% de trabajadores) y otras 279 salidas en Movistar+ (el 32% de una plantilla de 860 personas). Al sumar los despidos que se propongan hoy en las tres filiales que quedan por conocerse, la cifra total de afectados puede llegar a los 7.000 empleados.

La Audiencia Nacional ha condenado al grupo Hafesa, cuyo presidente es el empresario de Neguri Alejandro Hamlyn, que se encuentra huido de la justicia, por la conocida como trama de los hidrocarburos. A su socio y director general, Norberto Uzal, le imponen 16 años y medio de prisión por los delitos de organización criminal, delitos contra la Hacienda pública y blanqueo de capitales, los mismos por los que estaba acusado Hamlyn. Otros trece directivos también han sido castigados a distintas penas de prisión y multas millonarias. Entre ellos se encuentra el expresidente del Real Murcia Raúl Moro, a quien se le rebaja la pena a dos años de prisión porque confesó tras ser encontrado en México en un bar viendo un partido de la selección española. La sentencia, de 457 folios, a la que ha tenido acceso este periódico, considera a la empresa Hafesa «cooperadora necesaria» del fraude fiscal y, aunque le aplica la atenuante de dilaciones indebidas porque la causa data de 2018, fija contra ella multas de más de 150 millones de euros. Si bien, la Audiencia Nacional evita su disolución, la pena más grave la inhabilita para «obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un período de tres años por cada delito fiscal». La resolución va a ser recurrida. Hamlyn permanece fugado en Dubái desde que comenzó el juicio, el pasado mes de julio. 

Trabajadores de la central nuclear de Almaraz (CNA), representantes del comité de empresa y miembros de la plataforma ciudadana Sí a Almaraz, Sí al futuro, entre otros colectivos, se concentraron ayer ante el Ministerio de Trabajo y Economía Social para pedir la continuidad de la planta, de la que dependen unos 4.000 empleos de la zona. Según ha informado la plataforma, a la concentración también se sumaron los colectivos Mujeres por Almaraz, Jóvenes Nucleares y Women in Nuclear y, tras la concentración, se entregaron en el Ministerio tres cartas dirigidas a la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz. Las misivas alertan de las graves consecuencias económicas, sociales y demográficas que tendría el cierre para Extremadura y para el conjunto del país. Sí a Almaraz, Sí al futuro advierte en la carta de que “el cierre de Almaraz supondría un golpe irreversible para una comarca, que “ya sufre los efectos del desempleo estructural, la despoblación y la pérdida progresiva de tejido productivo”. En paralelo, el presidente de ATA (Asociaciones de Empresarios y Trabajadores Autónomos), y vicepresidente de CEOE, Lorenzo Amor, ha asegurado que va a trabajar desde sus responsabilidades para que Almaraz “no se cierre a pesar de la última votación política”, en alusión a la producida en el Congreso de los Diputados en la que se rechazó la supresión de la fecha de cese definitivo. 

El Gobierno está muy cerca ya de cerrar un acuerdo con los sindicatos que supondrá una subida salarial del 11% para los funcionarios durante los próximos cuatro años, lo que implicará que los más de 3,5 millones de trabajadores públicos ganen unos 4.600 euros más en 2028. Así, el sueldo medio para un funcionario escalará hasta los 44.536 brutos al año, que, repartidos en las catorce pagas tradicionales, se traducirá en una nómina mensual de 3.181 euros, todo un récord. Son 328 euros más cada mes (sin descontar impuestos ni cotizaciones, eso sí), puesto que en la actualidad el salario medio de un trabajador público con un contrato a jornada completa se sitúa en 2.853 euros, 39.943 euros brutos al año. Estos datos se extraen de la estadística de salarios de la Encuesta de Población Activa (EPA) que publicó hace apenas diez días el INE con datos de 2024, aunque son los mismos para este ejercicio puesto que tienen sus sueldos congelados a la espera de que se alcance un acuerdo. Pero el Ministerio de Función Pública dio este lunes un paso más de cara a alcanzar un pacto con UGT, CC OO y CSIF. No obstante, el sí definitivo de los sindicatos se retrasará, al menos, hasta el próximo miércoles por la tarde, cuando volverá a celebrarse una nueva reunión entre las partes.

El Gobierno prepara una de las mayores inversiones para el desarrollo empresarial en España. La Sociedad Estatal de Transformación Tecnológica (SETT), el brazo inversor del Ministerio para la Transformación Digital, conocido popularmente como la SEPI digital, ultima una alianza con la filial española de la compañía estadounidense Diamond Foundry para invertir 2.350 millones de euros en una nueva fábrica de alta tecnología en Trujillo (Cáceres), según señalan fuentes al tanto de las negociaciones. Esta operación, la más voluminosa que ha hecho el holding dependiente del departamento que lidera Óscar López, está previsto que sea elevada al Consejo de Ministros este mismo martes para su aprobación definitiva. La SETT hará un desembolso de 753 millones procedentes de los fondos del Perte Chip, mientras que la compañía americana, participada por Fidelity e inversores muy reconocibles como el actor Leonardo DiCaprio y algunos impulsores en sus inicios de compañías como Google, Facebook, Twitter o eBay, invertirá en España casi 1.600 millones hasta 2029, detallan las mismas fuentes. La operación generará un elevado impacto económico y social en Extremadura. Se espera que la fábrica dé empleo a más de 2.100 trabajadores. De los mismos, se estima que 537 puestos sean directamente empleados de la fábrica. Esta es la segunda planta más grande que instalará Diamond Foundry en Trujillo. La compañía ya produce lingotes de diamante monocristalino sintéticos desde este 2025. Este material es química y físicamente idéntico al diamante natural, pero mucho más sostenible. Se usa para aplicaciones industriales, principalmente instrumentos de corte de precisión y óptica.

Hace apenas tres años y medio, el entonces consejero delegado del grupo Volkswagen, Herbert Diess, anunció a bombo y platillo la mayor inversión industrial de la historia de España. Se trataba de 10.000 millones de euros que la compañía iba a movilizar junto a sus socios del Future Fast: Forward, que se destinarían a electrificar la industria automovilística española con un proyecto estrella: una planta de baterías que se levantaría en Sagunto. El evento, celebrado en mayo de 2022, al que acudió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se celebró en una rotonda rodeada de naranjos. Ese escenario bucólico ha sido sustituido ahora por uno bien distinto, en el que se levantan gigantes estructuras blancas a medio hacer en torno a unas vías de tren que antes no existían. A su alrededor, cientos de obreros y excavadoras tratan de dejar todo listo para que en septiembre del año que viene salgan de allí las primeras baterías que alimentarán a los vehículos eléctricos que el grupo Volkswagen empezará a ensamblar en 2027 en Martorell (Barcelona) y Landaben (Navarra). “Hace apenas un año, erigíamos el primer pilar”, aseguró con orgullo, a un grupo de periodistas en una visita guiada por la planta, el director financiero de PowerCo (la filial de Volkswagen encargada del negocio de las baterías) en España, Javier Rivera. “Mantenemos nuestras previsiones de comenzar a fabricar en septiembre de 2026 en este primer bloque y alcanzaremos un ritmo de producción estable a lo largo de 2027″, explicó.

José Manuel Campa encarrila ya sus últimos dos meses como presidente de la EBA, la Autoridad Bancaria Europea. Vuelve a Madrid tres años antes de lo previsto mientras reclama a la Comisión Europea una decisión «firme» sobre el expediente abierto al Gobierno por su intervencionismo en la OPA de BBVA sobre Sabadell. "En España somos rehenes de nuestro pasado y se ha producido un gran proceso de concentración desde 2010. La idea de que hay que fusionarse por fusionarse, yo no la comparto...Tenemos que trabajar para que haya un mercado integrado en Europa. Ese mercado tiene que ser compatible con que haya suficientes garantías de que hay estabilidad financiera y competencia en los distintos mercados en cada país, y ahí las autoridades nacionales tienen una labor importante, pero lo que no puede aceptarse es que los estados nacionales sean el peor enemigo del mercado único. O sea, si las actuaciones se hacen para intentar poner barreras a la integración del mercado único, no puede ser aceptable. Yo creo que es ahí donde la Comisión Europea tiene que ser muy firme y si no hay preocupaciones legítimas sobre estabilidad financiera o competencia, los gobiernos no pueden ser una barrera para el mercado...España no es el país de Europa donde más ha crecido el mercado ni en volúmenes ni en precio. Está el ejemplo de los países nórdicos. En el último año, el préstamo hipotecario ha crecido un 2% en Europa, en línea con el crecimiento de la economía, de forma racional..."

La agencia estadounidense Standard&Poor’s, (S&P) apuesta por un cambio de motores en la economía europea en 2026 en el que la economía española perderá brillo. «Europa experimentará un crecimiento estable en Europa en 2026, pero la composición geográfica de este crecimiento está cambiando: se prevé una notable recuperación del crecimiento de Alemania, mientras que el de España se desacelerará». Así resume sus nuevas previsiones sobre el Viejo Continente esta agencia líder de calificación prevé que «la política fiscal expansiva de Alemania impulse el crecimiento y tenga efectos positivos de contagio regional, especialmente en Europa Central y del Este». «La economía alemana experimentará así una clara mejora del crecimiento tras la estancamiento de los últimos años, mientras que España, que antes fue uno de los principales motores del crecimiento económico de Europa, registrará una desaceleración». Entre los motivos de la pérdida de fuelle en España figuran los fondos europeos, que concluyen el próximo año sin perspectiva de que el Estado haya podido absorber todos a los que tenía derecho. «La recuperación de Alemania reflejará su política fiscal. En España, se prevé una desaceleración del crecimiento de la inversión a medida que se desvanece el efecto de estímulo del programa Next Generation EU», señala S&P.

A punto de cumplirse un año de la moción de censura que costó el puesto de primer ministro a Michel Barnier Francia sigue atrapada en un laberinto. La fragmentación parlamentaria hace casi imposible elaborar unos Presupuestos que encarrilen un déficit que supera el 6% —el doble de lo permitido por las normas europeas— y que, en ausencia de reformas, aboca al país a un endeudamiento creciente. Después de Barnier, derribado por una moción de censura en la Asamblea Nacional, han pasado dos primeros ministros (François Bayrou, hasta septiembre, y Sébastien Lecornu), y tres gobiernos (Lecornu ha repetido), y el problema sigue siendo el mismo: la falta de apoyos para la aprobación de un Presupuesto. La prima de riesgo está ahora más abajo que hace 12 meses, pero Francia ha sufrido por el camino varias bajadas de rating,y la paciencia de los inversores no es infinita. Como hace un año, el Ejecutivo trabaja contrarreloj para diseñar unas cuentas que devuelvan la estabilidad y calmen a los mercados. La suspensión de la controvertida reforma de las pensiones (un mal menor a ojos de los inversores) le permitió ganar algo de tiempo, pero no la victoria.

Bélgica amaneció ayer con una huelga nacional que durará tres días –hasta mañana– como protesta ante el recorte de 9.200 millones de euros en el gasto público previsto por el Ejecutivo federal belga hasta 2030. El paro, que atraviesa diferentes sectores económicos, supone la mayor muestra de descontento ciudadano hacia el gabinete liderado por el nacionalista flamenco Bart de Wever. Los sindicatos piden a la coalición de gobierno –compuesto por cinco formaciones– mayor equidad fiscal, que se revisen los subsidios corporativos o que todos los salarios estén sujetos a cotizaciones a la Seguridad Social. La reforma de las pensiones es otro de los asuntos que se encuentra sobre la mesa. La primera jornada de huelga se dejó notar sobre todo en la red ferroviaria. La mitad de los trenes entre Bruselas –que funciona como una gran estación internacional– y París quedaron cancelados, lo que afectó a miles de funcionarios europeos que tenían intención de asistir esta semana al pleno del Parlamento Europeo. También se vieron alteradas las conexiones con Alemania y entre Ámsterdam y Londres, con una cuarta parte de los trayectos suspendidos. El transporte público, además, quedó paralizado prácticamente en la capital belga.

Las máximas autoridades comerciales de Estados Unidos se presentaron ayer en Bruselas con un mensaje muy claro: si la UE quiere solucionar el contencioso abierto a cuenta de los aranceles al acero y el aluminio, ahora en el 50%, tiene que relajar el impacto de sus leyes digitales. Estados Unidos considera que esas normas limitan la actividad de las grandes tecnológicas estadounidenses al imponerles requisitos en cuanto a reglas de competencia y de moderación de contenidos. “Nuestra sugerencia es que la UE considere detenidamente la posibilidad de analizar sus normas digitales e intente llegar a un equilibrio. Y si pueden llegar a ese enfoque equilibrado, entonces, junto con ellos, abordaremos las cuestiones del acero”, condicionó el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick. Junto al estadounidense, en el edificio del Consejo Europeo, estaba su homólogo europeo, el comisario Maros Sefcovic, diplomático de profesión, que en su respuesta a la prensa buscó la forma de no contrariar a su huésped: “Solo queríamos asegurar claramente al secretario [de Comercio] que nuestras leyes no son discriminatorias. No están dirigidas a las empresas estadounidenses. Pero sabemos que este es uno de los temas que Estados Unidos quiere debatir”.

La UE planea endurecer sus normas de inversión extranjera para garantizar que las empresas chinas no se beneficien del mercado abierto del bloque sin generar beneficios para los trabajadores locales y compartir tecnología. Las normas revisadas, que aún se están debatiendo, forman parte de una serie de propuestas que la Comisión Europea presentará el mes que viene para impulsar la debilitada base industrial europea y el flojo crecimiento económico. La entrada de productos chinos baratos en el bloque, que ha aumentado debido a las consecuencias del régimen arancelario del presidente estadounidense Donald Trump, está aumentando la presión sobre industrias como la siderúrgica y la química, que ya se enfrentan a altos precios de la energía y complejas normas medioambientales. Una oleada de proyectos industriales chinos en Europa también está avivando la preocupación de que Pekín esté fomentando la dependencia europea de su manufactura de alta gama para aumentar su influencia geopolítica, un objetivo declarado del presidente chino Xi Jinping. También se considera una forma de que las empresas chinas eludan cualquier arancel adicional de la UE sobre los productos chinos. El comisario de Industria del bloque, Stéphane Séjourné, declara a Financial Times que los criterios deben “garantizar que las inversiones extranjeras no se limiten a componentes ensamblados en el extranjero”, sino que contribuyan al “funcionamiento de toda la cadena de valor europea”.

Keir Starmer se dirigió el pasado 30 de septiembre al Partido Laborista en el congreso de Liverpool para convocarlos a una lucha “por el alma del país”, frente al enemigo que representa la ultraderecha de Reform, que lidera Nigel Farage. El primer ministro anunció entonces decisiones “con las que no siempre se sentirían cómodos los afiliados”, en referencia a la cuestión que hoy desgarra a la izquierda británica: el control de la inmigración irregular. Solamente aquel día, llegaron 531 personas más a las costas inglesas después de atravesar el canal de la Mancha. La nueva batería de medidas anunciadas la semana pasada por la ministra del Interior, Shabana Mahmood, ha supuesto una severa dosis de incomodidad para muchos diputados laboristas. Entre otras cosas, propone elevar de cinco a 20 años el plazo necesario para alcanzar la residencia permanente en el Reino Unido; una revisión cada 30 meses de la situación de todo solicitante de asilo, con la posibilidad de enviarlo a su país de origen si el Gobierno entiende que ya ha desaparecido la situación de riesgo, y la decisión de deportar junto a sus padres a los menores que hayan nacido en territorio británico. Hasta 20 diputados se han rebelado, con críticas de extrema dureza, términos como “crueldad” o “repugnancia”, y acusaciones al Gobierno de imitar la retórica de la extrema derecha.