20260109

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

Si una empresa ha protagonizado el despegue de Arasur en los últimos años, esa ha sido Merlin Properties. La compañía madrileña, accionista del propio polígono alavés, ha copado titulares durante años por sus centro de datos en Rivabellosa. Hasta ahora, en singular. Pero pronto será en plural, ya que la empresa está levantando un segundo bloque y está tramitando los permisos de un tercero. Estos dos nuevos equipamientos, aparte de buscar nuevos clientes, llevan tras de sí un ambicioso proyecto. Aspiran a formar parte de una de las cinco gigafactorías de inteligencia artificial que la Unión Europea quiere levantar por todo el continente. La iniciativa del club de los 27, denominada InvestAI, plantea invertir 20.000 millones de euros en estos cinco macrocomplejos para inteligencia artificial. Merlin trabaja en una candidatura para albergar una de esas gigafactorías de la mano de Iberdrola. El plan que maneja la inmobiliaria es presentar un consorcio de la mano de la energética vizcaína y la portuguesa EDP, lo que haría del proyecto una iniciativa ibérica y no solo española con el fin de tener más enteros para prosperar. Forman parte de esta 'gigafactoría' los dos centros de datos que se están levantando en Arasur y otro más ubicado en Lisboa. También se reservará parte de otra infraestructura en Getafe.

La industria sigue exhibiendo señales de resistencia. En un contexto en el que la falta de certezas en la geopolítica internacional tiene cada vez más influencia en la economía europea, el tejido vasco se apuntó en noviembre una subida interanual del 0,8%. Pero persisten los claroscuros en la evolución, puesto que, al detalle, se observa que, con respecto al mes anterior, la producción industrial desciende un 1%. Además, con registros desiguales por Territorios Históricos, puesto que en Araba la caída ha sido especialmente aguda, con una bajada de casi el 8%. Asimismo, en los once primeros meses del año pasado, el índice de producción industrial disminuyó un 0,5%, lo que hace prever que el cierre del año ofrecerá un retroceso o un crecimiento más bien plano, según los datos de Eustat. El dato interanual de noviembre refleja bien las tendencias que se venían mostrando con claridad. Los bienes de equipo, el subsector en el que destaca la industria de la CAV, aumentó un 3,7% en el penúltimo mes del año, gracias especialmente a grupos como la construcción de locomotoras y material ferroviario, en el que destaca el buen ritmo de actividad de la guipuzcoana CAF. Por contra, el descenso tan pronunciado en Araba se atribuye a una menor actividad en la planta de Mercedes, que está acusando la contracción generalizada en la industria automovilística europea. Otro sector que aguanta el tipo, pese a los vientos en contra, es de la máquina-herramienta, ya que en el subsector de los bienes intermedios, en el que se incluyen la metalurgia y fabricación de productos metálicos, la industria química y la fabricación de productos de caucho y plástico, la producción disminuyó poco (-1,1%) en términos interanuales. Por último, la producción de energía creció en noviembre un 2,2% en relación con el mismo mes de 2024. Aquí se incluyen la producción y el suministro de electricidad y el refino de petróleo. La evolución ha sido negativa, por su parte, en los bienes de consumo.

El año del automóvil en España ha tenido claramente dos caras. La parte positiva fue el notable aumento de las ventas de coches nuevos, acercando al país a sus cifras de matriculaciones prepandemia (fue el alumno aventajado de los grandes de Europa en esta materia); pero por otro ha cerrado un segundo ejercicio consecutivo de caída de la producción. Según los datos recopilados por este periódico de las propias empresas y fuentes del sector, las fábricas españolas ensamblaron el año pasado más de 2,27 millones de unidades, lo que supone un descenso del 4,3% respecto a 2024. A falta de las cifras oficiales que Anfac, la patronal nacional de automovilísticas, publicará dentro de unas semanas, las plantas nacionales se alejan un poco más de las 2,82 millones de unidades ensambladas en 2019, una cifra con la que ya hay una diferencia del 19,5%. Hay tres motivos que explican el momento actual de las plantas nacionales. El primero es la atonía de los mercados europeos, estancados con un crecimiento muy leve respecto a 2024. Según los datos de entre enero y noviembre de ACEA, la patronal europea de automovilísticas, que todavía no ha facilitado el dato de diciembre, las matriculaciones en la Unión Europea apenas subieron un 1,4%. Esto incide directamente en las fábricas españolas, ya que en torno al 90% de lo producido se envía a los mercados europeos y a Turquía. El segundo gran motivo es la adaptación de las plantas nacionales a la llegada de los prometedores modelos eléctricos que España comenzará a hacer en 2026.

Dos días antes de Nochebuena, el Juzgado de lo Social de Bilbao dio la razón a los sindicatos al dictaminar que la empresa debía restituir el sistema por el que la plantilla fichaba primero y se cambiaba después. Sin embargo, ya pasadas las 72 horas del Día de Reyes, con el grueso de los empleados regresando de forma progresiva a la planta, el funcionamiento sigue siendo el mismo. La gran incógnita que recorre la fábrica es cuándo y cómo se ejecutará el fallo judicial. Un pronunciamiento que, en todo caso, la compañía petrolífera no tiene la obligación de acatar hasta que sea firme, ya que ha anunciado su intención de interponer recurso ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. El problema radica en que la sentencia se limita a señalar la obligación de «reponer a los trabajadores de producción en las condiciones de trabajo anteriores», al considerar que se produjo una modificación sustancial de las mismas, lo que derivó en un alargamiento de la jornada laboral. Sin embargo, el fallo no entra a valorar si el cambio de ropa debe realizarse en los antiguos vestuarios –ubicados dentro de la fábrica y junto a sus puestos habituales– o en los nuevos, situados en la entrada, lo que permite a los empleados acceder a la planta ya equipados con los equipos de protección oficial. El pronunciamiento judicial simplemente valora que la plantilla debe volver al sistema anterior. Es decir, empezar y acabar la jornada con ropa de calle, con la excepción de aquellos casos en los que se produzca una incidencia en la refinería y el relevo se tenga que dar en campo ante la imposibilidad de abandonar el puesto de trabajo por motivos de seguridad. El fallo, por tanto, se pronuncia sobre el fondo, pero no resuelve la forma en la que debe materializarse la solución del conflicto. 

Subir el salario mínimo un 3,1% para situarlo en los 1.221 euros al mes, tal y como pretende aprobar el Gobierno este mismo mes de enero, tendrá un impacto directo en las empresas de algo más de 800 euros al año. Concretamente 807 euros es el sobrecoste que tendrán que pagar las compañías, también las pymes más pequeñas y los autónomos, por el nuevo alza de 37 euros al mes que experimentará la renta más baja en España y que elevará el precio mínimo por tener un trabajador en plantilla a jornada completa hasta el entorno de los 1.900 euros al mes, según las estimaciones realizadas por ATA.  Así, las empresas tendrán que afrontar un coste laboral total en 2026 de 1.893,68 euros mensuales, puesto que además de abonar al trabajador 1.424 euros brutos en concepto de salario (una vez prorrateadas las dos pagas extras) deberán pagar a la Seguridad Social 469 euros en concepto de cotizaciones sociales por ese empleado. Supone, por tanto, 67 euros más cada mes que ahora, casi el doble de los 37 euros que se elevará el salario mínimo este año, si finalmente prospera –como así parece– la propuesta que puso el pasado miércoles encima de la mesa el Gobierno y que los sindicatos están dispuestos a apoyar. Desde que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa el salario mínimo ha escalado más de un 60% y con el nuevo incremento del 3,1% se habrá elevado un 65,9%, al pasar de los 735 euros en 2018 a los 1.221 euros al mes por catorce pagas que regirá este año. Esta subida se dispara hasta prácticamente rozar el 70% para los empresarios, pues ellos tienen que afrontar no solo el alza del salario mínimo, sino también el recargo en las cotizaciones, puesto que la base mínima se eleva en la misma cuantía que el SMI y, además, hay que sumar desde hace dos años la nueva cuota derivada de aplicar el mecanismo de equidad intergeneracional (MEI) para ir llenando la hucha de las pensiones de cara a las jubilaciones masivas de la generación del ‘baby boom’ (0,9%). De esta forma, contratar a un trabajador a jornada completa se ha encarecido 764 euros al mes, o lo que es lo mismo, cuesta 9.171 euros más al año en 2026 que en 2018.

La tributación de las EPSV, los sistemas de previsión social voluntaria propios de Euskadi, y los planes de pensiones ha entrado en una nueva etapa en 2026. La reforma fiscal aprobada por PNV, PSE y Podemos en primavera de 2025 introdujo una modificación de calado en la forma en la que se ajustan las prestaciones con Hacienda cuando el contribuyente decide realizar el rescate. Y ese cambio tiene una consecuencia clara: una fiscalidad más ventajosa si se hace en forma de renta –mes a mes– en lugar de en capital –todo de golpe– en un plazo como mínimo de 15 años. En Euskadi se pagarán menos impuestos que antes, lo que agranda la brecha que ya existía respecto a los contribuyentes del resto del Estado. Por ejemplo, los impuestos a abonar en el ejemplo trabajado son de 10.681 euros en renta frente a los 14.599 euros en Madrid. Hasta ahora en Euskadi, no se diferenciaban las aportaciones que se hacían a una EPSV y la rentabilidad que generaban cuando se procedía a su rescate. Si se hacía en forma de capital, el 40% estaba exento y se pagaban impuestos sobre el 60% restante. En el resto del Estado, por su parte, hasta 2007 el sistema era igual pero, desde entonces, tributan íntegramente, sin exención alguna. Volviendo a Euskadi, si el rescate era en forma de renta, cobrando una cantidad mes a mes o año a año, tributaba como rendimiento del trabajo en el IRPF, con un tipo máximo del 49%. Sin embargo, el tratamiento del cobro por esta vía se va a ver mejorado a partir de 2026 como consecuencia de la reforma fiscal. Para ello, del importe total de la pensión recibida mensualmente, se diferenciará la parte correspondiente a las aportaciones realizadas de la rentabilidad obtenida por la gestión de las inversiones. La parte de las aportaciones seguirá tributando como rendimiento del trabajo, mientras que la proveniente de las ganancias estará exenta de tributación. 

La sanidad pública no sale gratis. Bajo el principio de que es universal y gratuito, el sistema sanitario público exime al usuario de pasar por caja cada vez que hace uso de alguno de los recursos de Osakidetza. Sin embargo, cada noche en un hospital, cada consulta en un ambulatorio o cada intervención quirúrgica tiene un precio que va a cuenta del conjunto de los ciudadanos, que hacen frente a esos costes por adelantado mediante el pago de impuestos. De media, la atención de una urgencia cuesta 269 euros, pasar un día ingresado 1.347 o una cita con el médico, 70. El Departamento de Salud del Gobierno Vasco acaba de actualizar su tarifa de precios para el presente ejercicio aplicando un incremento medio del 5% respecto al año pasado. Es, básicamente, lo que cuesta tratarnos. Y también lo que se les cobra a las mutuas que remiten a hospitales a trabajadores por dolencias relacionadas con su oficio, así como a las aseguradoras que cubren accidentes deportivos, laborales o de tráfico, y a otros colectivos ajenos al Servicio Vasco de Salud. Los pacientes de territorios o países sin convenio con Euskadi también están obligados a abonar lo que cuestan sus tratamientos. Para los ciudadanos no incluidos en estas listas el servicio es gratuito, aunque sirve para hacerse una idea de lo que cuesta cada prestación. Desde el pasado día 1, el valor del catálogo de actuaciones de Osakidetza oscila entre los 7 euros de una simple extracción de sangre y los más de 180.000 que llegan a suponer los cuidados de los bebés prematuros que nacen con mayores problemas.

Pedro Sánchez no fue capaz de garantizarse ayer el apoyo de ERC a los Presupuestos Generales del Estado, aún pendientes de presentación, pero recibir por primera vez en la Moncloa a Oriol Junqueras –sobre el que pese al indulto y la ley de amnistía sigue vigente una pena de inhabilitación por malversación– sí le ha servido para engrasar las relaciones con la formación independentista en un momento de enorme fragilidad política en el que la mayoría de investidura parece haberse volatilizado. El precio: el anuncio de la reforma del sistema de financiación autonómica que, según desveló el líder republicano, reportará hasta 4.700 millones de euros extra a la Generalitat y que hoy a primera hora dará a conocer la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Lo que hasta ahora se ha dejado entrever tiene pocas similitudes con el acuerdo de financiación singular que permitió al socialista Salvador Illa convertirse en agosto de 2024 en el primer presidente de la Generalitat no independentista en más de una década. Como ocurrió con la condonación de la deuda que ERC arrancó a cambio de la investidura del propio Sánchez en 2023, el Gobierno ha tratado de neutralizar los agravios, inconvenientes en un año electoral en Aragón, Castilla y León y Andalucía, haciendo extensivas las mejoras a todas las comunidades autónomas del régimen común mediante una inyección al sistema que, según diversas fuentes, podría rondar los 18.000 millones de euros. «Todos ganan y nadie pierde», asumió el propio Junqueras.

La economía española lleva años destacando en el panorama internacional por su sólido avance, una efervescencia que invita de forma casi automática a hacer un paralelismo con los años de bonanza de la burbuja inmobiliaria. Sin embargo, las diferencias son sustanciales. En aquella etapa, la acumulación de empleo y capital actuaban como gran motor del crecimiento, mientras que las mejoras en eficiencia eran exiguas. En los últimos años, en cambio, la productividad ha mejorado a su ritmo más rápido en tres décadas, siendo responsable de más de un tercio del crecimiento del PIB desde la pandemia. Estas son algunas de las conclusiones del último informe anual del Observatorio de Productividad y Competitividad elaborado por la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), publicado ayer viernes. El organismo concluye que la productividad total de los factores (empleo y capital) creció a un ritmo medio del 1,4% anual desde 2020, la tasa más elevada desde 1995, mientras que en la eurozona se acercó a cero, en promedio, en el mismo periodo, llegando a ser negativa en Alemania y Francia. En 2024, el último año completo del que se dispone de datos, el avance fue del 2%, frente a la bajada de siete décimas en el bloque comunitario. “En la última década, los resultados promedio en productividad de la economía española parecen mejores que los de las décadas precedentes, especialmente a partir de la crisis de la covid-19″, destaca el estudio, dirigido por los investigadores del Ivie Francisco Pérez, Matilde Mas, Dirk Pilat y Juan Fernández de Guevara. A partir de 2021, se vislumbra una mejora en la “eficiencia con la que son empleados los factores productivos”, mientras que se produce “una fuerte creación de empleo”, detalla la investigación.

El empeoramiento del dato finlandés se debe al bajo crecimiento del país, la austeridad de los últimos años y el cierre fronterizo con Rusia, un cóctel que ha disparado el número de personas que buscan trabajo y no lo encuentran. En apenas tres años, la tasa de paro finlandesa ha pasado de poco más del 6% en la primavera de 2022, claramente por debajo de la media de la eurozona y no lejos de su nivel estructural, a superar el 10%. Así, Finlandia desbanca a España en este registro, que arrojaba el peor dato de paro con ajuste estacional de la UE desde agosto de 2022. Aquel verano el país superó a Grecia como el Estado con más desempleo del club comunitario y desde entonces permanece en ese lugar. España llevaba 39 meses seguidos notificando la peor cifra de desocupados. La mejora sostenida del mercado laboral español reduce la tasa de desempleo. Anteriormente transcurrió una década en la que lideró el paro la G de los PIGS, el acrónimo de las economías del sur de Europa con más problemas durante la Gran Recesión (Portugal, Italia, Grecia y España). El sorpasso se da tras una larga racha a peor del dato finés y la mejora sostenida del mercado laboral español, aún lejos del promedio de los Veintisiete (6%) y de los países con mejores cifras, como Malta (3,1%) o Polonia (3,2%).

Moeve, la segunda petrolera en España (antigua Cepsa), y Galp, la primera petrolera de Portugal, han alcanzado un acuerdo no vinculante para negociar una potencial integración de sus negocios de downstream. El objetivo es, según han anunciado las propias empresas, “crear dos compañías energéticas líderes en la Península Ibérica”, una en refinerías e instalaciones industriales, y otra en gasolineras. Así, se pondrían casi al mismo nivel que Repsol en la carrera por ser la primera petrolera ibérica. Ambos grupos no dan detalles económicos de la transacción. Otras fuentes sitúan la operación en más de 15.000 millones de euros, según la metodología de valoración por partes. Sería una de las mayores operaciones de M&A (fusiones y adquisiciones) de la historia energética en España. Galp, que cotiza en Bolsa, se disparó ayer más del 2%, hasta más de 10.000 millones. Es una cifra similar a la valoración en libros que hace de Moeve su principal accionista, el hólding Mubadala, del emirato de Abu Dabi. Tanto Galp como Moeve han seguido una estrategia similar en los dos últimos años, con grandes desinversiones en el negocio tradicional de upstream (exploración y producción de hidrocarburos). De ahí que lo que más pesa ahora en la valoración de ambos grupos y, por tanto, en la operación de fusión, sea el otro negocio, el downstream.

Repsol, la primera petrolera española, y una de las que más reservas de hidrocarburos tiene concentradas en Venezuela, es una de la docena de grandes compañías del sector que tienen previsto reunirse hoy con Donald Trump en la Casa Blanca. Repsol estaba pendiente de reunirse al máximo nivel con la Administración norteamericana para intentar despejar su futuro en Venezuela. Este país es el segundo para Repsol en términos de reservas de hidrocarburos y también de producción, pero desde marzo del pasado año Repsol no puede exportar hidrocarburos desde el mismo, a raíz del embargo comercial decretado por la Casa Blanca. Repsol intenta negociar un acuerdo con el presidente estadounidense para que levante ese veto. La empresa concentra el 15% de sus reservas mundiales de petróleo y gas en Venezuela. A precios de mercado, estarían valoradas en 13.000 millones. Tras EEUU, es el país más relevante para la petrolera española en reservas y en producción. Fuentes de Repsol no hacen comentarios. Se espera que a la reunión en la Casa Blanca acuda la cúpula de Repsol, o al menos parte de ella. Además del presidente, Antonio Brufau, y el consejero delegado, Josu Jon Imaz, otra persona clave ahora en las negociaciones con Estados Unidos es Francisco Gea, director general de upstream (exploración y producción) de Repsol, así como miembro de su comité ejecutivo.

Los consejeros delegados de algunas de las principales compañías de telecomunicaciones europeas, entre ellos el de Telefónica, Marc Murtra, pidieron ayer jueves políticas favorables a la inversión, en una reunión en Bruselas con la vicepresidenta de la Comisión Europea, la española Teresa Ribera, y la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola. La reunión se produjo a menos de dos semanas de que el Ejecutivo comunitario presente la ley de redes digitales (DNA) con la que quiere impulsar las inversiones en el sector de las telecos, prevista para el próximo 20 de enero. Los CEO “subrayaron la importancia de políticas favorables a la inversión, la escala y la innovación en redes digitales, y un marco coherente de la UE para respaldar las ambiciones de Europa en materia de liderazgo digital, sostenibilidad y autonomía estratégica”, lo que incluye más facilidades para las fusiones de las operadoras europeas, señaló ayer Connect, la patronal europea de telecos. Con la vista puesta en la futura ley, la patronal ha incrementado en los últimos meses sus peticiones para que Bruselas facilite las inversión y las fusiones en el sector, un área bajo la responsabilidad de Ribera, encargada de la política de competencia.

La banca europea reduce su solvencia. Las entidades están primando la retribución al accionista frente al acopio de capital y las ratios están obrando en consonancia. Pero no en todos los países. La banca española está siguiendo el mismo camino de subida de los dividendos y más recompras de acciones propias, pero desafía la tendencia europea e incrementa sus recursos. Santander, BBVA, CaixaBank y Sabadell han reforzado su capital durante 2025, según los últimos datos oficiales de las entidades a cierre del tercer trimestre. El mayor incremento es el de Sabadell, con un alza de 72 puntos básicos en su solvencia de máxima calidad (CET1) en nueve meses, pero BBVA ha sumado 54 puntos básicos, mientras que Santander y CaixaBank han incrementado sus marcas 29 y 25 puntos básicos, respectivamente. No es lo que ha sucedido en Europa. La firma de análisis de solvencia CreditSights ha recopilado los datos de los 57 mayores bancos del continente y la media de CET1 está en el 16,14% en el cómputo phased-in (con la aplicación gradual de las nuevas normas) y es del 15,64% en el fully loaded (con todos los requerimientos aplicados en su totalidad y por adelantado al calendario real).

El mercado inmobiliario arranca el año con la vista puesta en la fiscalidad local. El Gobierno ha vuelto a insistir con la actualización de los coeficientes para el cálculo del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), conocido como la plusvalía municipal, una medida incluida en el reciente Real Decreto-ley 16/2025. La normativa, que entró ya en vigor a efectos de este impuesto el 1 de enero de 2026, dibuja un escenario de ganadores y perdedores muy polarizado. Mientras las operaciones a medio plazo sufrirán un severo incremento fiscal, los propietarios de larga duración verán aliviada su carga tributaria. La justificación oficial para esta revisión es que la base imponible del impuesto “refleje en todo momento la realidad del mercado inmobiliario”, ajustándose a la evolución de los precios de las compraventas. Sin embargo, en la práctica, esto se traduce en una subida generalizada para la mayoría de los periodos de generación inferiores a 15 años. Según los datos desprendidos de la nueva tabla de coeficientes, el mayor golpe fiscal se lo llevarán aquellos propietarios que decidan vender un inmueble adquirido hace aproximadamente una década. El caso más llamativo es el de los periodos de generación de nueve años, cuyo coeficiente pasa del 0,15 al 0,21, lo que supone un aumento del 40%. No es un caso aislado. Las ventas de propiedades con una antigüedad de diez años sufrirán un recargo del 33,33%, y las de once años, un 30%.

A los agricultores europeos no les bastan las múltiples concesiones propuestas por la Comisión Europea en los últimos meses para amortiguar el potencial impacto que pudiera causar el pacto comercial con Mercosur. Para hacerlo saber, ayer salieron a la calle en varias ciudades europeas o en sus accesos, como París —acercándose a lugares emblemáticos como la Torre Eiffel—, Bruselas, Berlín, y volverán a hacerlo hoy. “Las propuestas presentadas no abordan la profundidad y urgencia de los retos a los que se enfrente [el sector]”, apuntaba Copa-Cocega, la organización europea que aglutina a las asociaciones agrarias y de cooperativas de la UE, nada más conocerse los anuncios hechos por el Ejecutivo de la UE el martes y el miércoles para tranquilizar al sector y atraerse el necesario apoyo de Italia para recabar el respaldo suficiente entre los Estados miembros. El poder de movilización y presión del campo sobre las instituciones europeas y los Gobiernos nacionales ha sido desde el primer momento el principal obstáculo al pacto comercial con Mercosur, un acuerdo que se convertiría en el mayor firmado nunca por la UE y que se presenta desde muchas tribunas como un elemento necesario en el actual y duro contexto geopolítico para reducir las dependencias de la UE. En el aspecto comercial, para diversificar las exportaciones y reducir la exposición al mercado estadounidense. Y en el de la influencia estratégica, para atenuar o compensar el protagonismo chino. No obstante, estos argumentos no son suficientes para los agricultores europeos. 

EEUU abandona el tratado marco de la ONU sobre cambio climático y, bajo la instrucción directa del presidente del país, Donald Trump, también reduce o elimina la participación y la financiación en 31 órganos del sistema de Naciones Unidas, además de otras 35 no vinculadas al organismo multilateral. La Administración Trump culmina así con el mayor giro unilateralista de Estados Unidos en décadas, tras la firma el pasado 7 de enero de una orden presidencial que promueve la retirada del país de 66 organizaciones internacionales, aunque la atención de los analistas se centra en un movimiento que califican de inédito: la salida de EEUU de la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático (UNFCCC), el paraguas legal y diplomático sobre el que se construyó después el Acuerdo de París. Firmado en 1992, es el tratado base del sistema multilateral del clima. Cuando se materialice la salida, EEUU se convertirá en el primer país en abandonarlo, un paso más allá de retiradas anteriores de París. Se trata de un golpe a la cooperación climática internacional, tal y como ayer reconocían desde Bruselas. Pero también desde dentro de EEUU, con figuras como el exvicepresidente Al Gore, que llamó la atención sobre el vacío de influencia que deja libre la mayor economía del mundo en favor de rivales geopolíticos como China.

La diplomacia alemana, bastante agotada ya por Ucrania y Venezuela, fuerza ahora las máquinas para una nueva ofensiva europea de respuesta a la intención declarada de Estados Unidos de hacerse con Groenlandia. Junto con Francia y Polonia, articula una posición común de cara a la primera reunión de Marco Rubio con la responsable de Exteriores groenlandesa, Vivian Motzfeldt, y con el ministro danés Lars Løkke Rasmussen. Lo primero reseñable es que la ofensiva se lleva a cabo en el formato Triángulo de Weimar, sin la presencia del Reino Unido, que en todo lo relativo a Ucrania ha estado presente como un europeo más. Cuando se trata de situarse frente a Estados Unidos, sin embargo, Londres declina discretamente la invitación y deja que los europeos profundicen solos en su propio nudo gordiano. Berlín, París y Varsovia afirman que su propósito es «respaldar a Dinamarca y a Groenlandia», aunque resulta evidente que habrán logrado un triunfo si, sencillamente, consiguen no quedar completamente fuera. El objetivo declarado de la ofensiva diplomática es «evitar una escalada» y una legión de técnicos está analizando las consecuencias de varios posibles escenarios: desde un tratado en el que Dinamarca y Groenlandia cedan soberanía a Estados Unidos hasta una ocupación, pasando por la conversión de la isla en un «Estado asociado» o la aplicación de medidas económicas coercitivas desde Washington para forzar el resultado deseado.

El nivel de cooperación multilateral entre Gobiernos y entre las distintas economías del planeta ha sufrido un serio deterioro en cuanto a los indicadores de paz y seguridad, según el informe Global Barometer, elaborado por la organización del Foro Económico Mundial (World Economic Forum, WEF). Este documento (Barómetro Global en su traducción literal al español) es uno de los dos grandes informes económicos y empresariales previos a la reunión anual del WEF. El otro es el Global Risk Report, que se presentará en unos días. Ambos hacen las veces de aperitivo del WEF, cuya asamblea general dará comienzo en la localidad suiza de Davos el 19 de enero. Davos es la mayor cita internacional de líderes políticos y empresariales en el mundo. Está previsto que este año se vuelva a batir el récord de asistentes y el Foro acoja a más de 2.500 altas personalidades. La organización trabaja a marchas forzadas para que asista el presidente norteamericano Donald Trump, sin duda la figura que más expectación genera en Davos, y también la más controvertida. Trump asistió en persona a las ediciones de 2018 y 2020, durante su primer mandato, y ya allí expuso sin complejos su idea política de America First. En la edición de 2025, ya en su segundo mandato, asistió telemáticamente, y prometió a las empresas que fueran a Estados Unidos “los impuestos más bajos del planeta”.