20250930

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

Las 138.500 firmas recogidas por ELA y LAB no solo quieren impulsar un debate en el Parlamento vasco sobre la necesidad de fijar un salario mínimo interprofesional (SMI) en Euskadi. También legitiman, en opinión de ambos sindicatos, la obligación de la patronal vasca a sentarse a negociar un acuerdo que fije un sueldo base propio en Euskadi. Así lo defendieron ayer el responsable de negociación colectiva de ELA, Pello Igeregi, y la de la secretaría jurídica de LAB, Ainhize Muniozguren, tras entregar en el Consejo de Relaciones Laborales (CRL) una solicitud de conciliación. La petición, en esta ocasión, viene con un aviso. Si no se traduce en un encuentro presentarán una demanda contra Confebask ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV). «Legalmente, en el momento en el que se decidió que los convenios colectivos de aquí tienen prioridad aplicativa respecto a los estatales, se implantó la obligación de negociar si una de las partes así lo solicita. Y Confebask tiene que cumplir con esa obligación. Ése es el fondo del asunto», manifestó Igeregi tras presentar la petición de conciliación. Se trata, según apuntaron, de un primer paso legal que abre un nuevo calendario antes de acudir a los tribunales.

El Gobierno Vasco alertó ayer en Bilbao de que, más allá del impacto directo de los aranceles impuestos por la administración estadounidense, la incertidumbre internacional amenaza con frenar las inversiones en 2026, con efectos inmediatos sobre el sector de fabricación avanzada. Así lo reconoció el consejero de Industria, Mikel Jauregi, durante la tercera reunión de las Mesas Sectoriales, dedicada esta vez a la tecnología de fabricación avanzada, donde cuantificó en 32 millones el sobrecoste derivado de los impuestos aduaneros, y en 20 a 25 millones la pérdida de ventas. Según cifras de Eustat, en 2024, las exportaciones del sector de la tecnología de la fabricación avanzada alcanzaron los 991 millones de euros, cifra que se eleva a 1.328 millones si se incluyen componentes y accesorios, representando algo más del 4% del total de las ventas internacionales vascas, que sumaron 30.963 millones de euros. Y, en esta línea, Estados Unidos se mantiene como «un socio estratégico», con compras por valor de 225 millones, es decir, el 17% de las ventas exteriores del sector. En este tablero, el consejero reconoció que «la tecnología de fabricación avanzada afronta un escenario de crecimiento con incertidumbre en el mercado estadounidense». Cabe añadir que la fabricación avanzada, con su apuesta por procesos más digitales y automatizados y donde el Gobierno Vasco quiso poner el foco, forma parte del amplio sector de máquinaherramienta.

La EMO de Hannover, la principal feria de máquina-herramienta de toda Europa, es uno de los mejores termómetros para conocer el estado del mercado internacional del sector. Las 20 empresas guipuzcoanas que asistieron este año, y que cuentan con un gran peso en la industria constatan a este periódico la debilidad del mercado alemán –uno de los principales destinos para la máquina-herramienta–, aunque confían en que la expansión a otros destinos comerciales pueda compensarlo. «El termómetro general de la industria está bastante bajo. Antes el mercado referente para la máquina-herramienta era Alemania, pero ahora está perdiendo peso por la influencia de Estados Unidos y de China, y a día de hoy el volumen de exportación está muy lejos de lo que solíamos tener y parece que vienen niveles bajos», explica Xabier Alzaga, CEO del grupo Danobat. Exposiciones como la EMO, además de para evaluar la situación, sirve para hacer contactos y cerrar negocios. «La EMO nos permite ver el tono del mercado y el termómetro no es muy optimista. Vienen tiempos convulsos por la geopolítica y debemos ser rápidos en reaccionar», concuerda Arrate Olaiz, directora de innovación de Ibarmia, otras de las compañías del territorio con presencia en Hannover. «El mercado alemán lleva débil bastante tiempo por el incremento del costo de las materias primas, porque no dispone de energía tan barata como la que tenía antes y por la incertidumbre en torno a la automoción», detalla Edorta Arriet, experto de Geminis Lathes (Elgoibar), firma que también ha estado en la EMO.

Los fabricantes de componentes comienzan a mostrar que las costuras se tensan. Las tensiones geopolíticas provocan un mercado más mermado. Cuando las marcas de coches se resfrían, tiemblan los fabricantes de componentes. En un contexto difícil para las automovilísticas, con un primer semestre del año en el que el sector se ha movido entre los números rojos y las caídas de beneficios, los fabricantes de componentes han comenzado a dar muestras de que las costuras se están tensando demasiado. Al anuncio del viernes de la alemana Bosch, uno de los principales fabricantes mundiales de componentes para el automóvil, que recortará 13.000 puestos de trabajo hasta 2030, se suma ahora First Brands, fabricante estadounidense de componentes que se ha declarado en bancarrota. La compañía ha declarado un pasivo de entre 8.500 y 42.700 millones de euros, según un documento judicial. Poco antes que ellos, a mediados de septiembre, otro gigante de la industria de componentes, la también germana Mahle, anunció la puesta en marcha de un plan de reestructuración de empleo que afecta a 740 trabajadores en las fábricas de Motilla del Palancar (Cuenca) y del Centro Tecnológico de Paterna (Valencia).

Euskadi aparece en cabeza en todas las estadísticas que analizan las bajas laborales y ahora lo hace también en las que abordan el crecimiento de las Incapacidades Temporales (IT) motivadas por salud mental. En apenas cinco años esta problemática se ha duplicado en el territorio –ha crecido un 95% entre 2018 y 2023–, liderando el listado con mayores ausencias por esta causa, únicamente por detrás de Canarias, según recoge el estudio elaborado por la mutua Umivale Activa y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie). En el caso vasco, motivan ya un 1,5% de todos los días no trabajados. Las bajas causadas por patologías relacionadas con la salud mental son las que más crecen en el País Vasco, y también en el resto de España donde además suponen el principal motivo de ausencia para los menores de 30 años. Ya han adelantado a las motivadas por problemas traumatológicos y quedan solo por detrás de las algias –dolores focalizados en un área como ocurre con las lumbalgias, las cervicalgias o las dorsalgias–, y que también se han disparado en Euskadi. En este plazo de cinco años han crecido ya un 43%. El estudio, que también alerta sobre el alto índice de incapacidades temporales que se producen en el País Vasco (un 7,1% de todos los días no trabajados frente al 5,6% de media para toda España), señala que algo más de la mitad se producen por dolores invalidantes (el 2,3% en el territorio) y salud mental, dos problemáticas que acostumbran a presentar las «mayores dificultades para su diagnóstico y su tratamiento al ser de naturaleza menos objetivable que otras en las que resulta más factible la observación directa y objetiva del problema por parte del facultativo», matiza el informe.

La cuántica es una tecnología incipiente que se encuentra detrás de avances tan recientes como los teléfonos móviles, el GPS y los relojes inteligentes. El valor añadido de esta rama de la física y de los ordenadores que la desarrollan es que son capaces de afrontar cuestiones mucho más complejas en un tiempo mucho menor, así que los expertos comparan su futuro impacto con el de la revolución industrial y la aparición de internet. Llega para mejorar la ciberseguridad, las comunicaciones, los controles sanitarios...La carrera mundial por dominar sus conocimientos y sus aplicaciones prácticas arrancó hace varios años y la Diputación intenta subirse a esa ola para fortalecer el tejido industrial vizcaíno. Estar entre los primeros en dominar una tecnología en la que solo las empresas europeas prevén invertir 85.000 millones durante las próximas décadas se presenta como una ventaja competitiva de valor incalculable. Hace justo un año el Gobierno foral presentó ‘Biqain’, un plan que une a las administraciones, a los centros científicos y el tejido empresarial en un camino que va a ser largo pero que puede empezar a dar frutos enseguida. La diputada general, Elixabete Etxanobe, anunció ayer que los primeros «casos de éxito» de aplicación de la tecnología cuántica en empresas del territorio se darán a conocer a lo largo del año que viene, en un periodo de entre «seis meses y un año». Se trata de 14 firmas de sectores estratégicos como la energía, la automoción y la logística con las que el Gobierno foral trabaja de la mano. La tecnología cuántica permitirá mejorar la atención sanitaria, los GPS, la ciberseguridad... en proyectos en los que ha invertido 2,7 millones. Bizkaia no camina sola en este proceso, el Gobierno vasco tiene su propia estrategia cuántica.

Eusko Jaurlaritzak eta Bizkaiko Foru Aldundiak, udalerrien laguntzaz, Busturialdea-Urdaibai Eskualdeko Plan Estrategikoa jarri dute martxan, eskualdearen garapen ekonomiko, sozial eta kulturalari norabide bateratua emateko asmoz. Planaren elaborazio prozesua 2024ko maiatzean hasi eta 2025eko irailean amaitu da, nahiz eta 2030 urtera bitartean garatuko den. Prozesuan zenbait eragilek hartu dute parte: udalerriekin bilerak egin dira, 639 herritarren iritziak jaso dira, Eskualdeko Partaidetza Foroa birritan bildu da, eta eskualdetik kanpoko erakunde, teknikari eta arduradunekin ere hamaika bilera egin dira. Gehiago irakurri hemen. 

El comité de empresa de CAF acusó ayer a la compañía guipuzcoana de «blanquear su imagen incluso frente a los argumentos de la ONU», en relación al proyecto de Jesuralén, y anunció un paro laboral de una hora mañana (de 10.00 a 11.00 horas). Asimismo, denunciaron el «cinismo de la compañía» por «asumir la tesis» de Israel. Los representantes de los trabajadores de la firma beasaindarra realizaron estas afirmaciones en un comunicado publicado ayer a raíz de que la ONU incluyera el pasado viernes a CAF en la lista de empresas que operan en los territorios ocupados. Entre otras cuestiones, la organización internacional acusaba a la firma de «la prestación de servicios y suministros que respaldan el mantenimiento y la existencia de los asentamientos, incluido el transporte». El escrito del comité incide en que CAF «rehúye cualquier responsabilidad y obvia de manera totalmente interesada que este tranvía servirá para afianzar la ocupación israelí, con una infraestructura que une colonias ilegales».

Las capacidades de Lanbide para actuar como puente entre demandantes de empleo y empresas sigue en mínimos. De los 749.692 contratos que se firmaron en Euskadi en 2024, solo 23.540 pasaron por su intermediación, lo que supone un escaso 3,14%. El dato refleja la debilidad del servicio público, que no logra consolidarse como canal de referencia en un mercado laboral donde predominan los portales privados, las empresas de trabajo temporal y el contacto directo entre aspirantes y compañías. Por mucho que estos bajos porcentajes se repitan en la mayoría de servicios públicos de empleo, lo cierto es que el Ejecutivo autonómico admite que Lanbide tiene un amplio margen de mejora. La evaluación de la Estrategia Vasca de Empleo –la hoja de ruta que fija la política laboral hasta 2030–, presentada ayer en el Parlamento vasco, subraya la necesidad de que este organismo, centrado en los últimos años en la gestión de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), refuerce su relación con las empresas y avance hacia un trato mucho más individualizado a las personas desempleadas. La modernización de Lanbide con el objetivo de dotarle de mayor eficiencia figura como uno de los ejes estratégicos de la Ley Vasca de Empleo, que vio la luz hace dos años. La norma, aún pendiente de aplicarse en este servicio, prevé que cada desempleado cuente con un orientador de referencia encargado de su seguimiento. 

El gigante español del ladrillo comienza a tomar forma. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) autorizó ayer, en primera fase y sin compromisos, la oferta pública de adquisición de Neinor Homes sobre su principal competidor, Aedas. Una operación que alumbra al primer gran actor nacional y que surge por la urgencia para vender de algunos fondos de inversión. La opa, de carácter amistoso y por un valor de 922 millones, tiene su éxito asegurado. Los fondos Orion European Real Estate Fund, Stoneshield Southern Real Estate Holding II y Welwel Investments son titulares, directa o indirectamente, del 29,5%, 25,7% y 13,5%, respectivamente, del capital social de Neinor Homes, mientras que Aedas está controlada al 79% por el fondo estadounidense Castlelake, que ya se ha comprometido a aceptar la venta de sus títulos, dando así por asegurado el éxito de la transacción. El importe máximo que pagará la promotora vasca asciende a los 1.070 millones.

Euskadi no va a acudir más al Consejo Interterritorial de Salud. El departamento vasco de Salud ha tomado esta decisión ante «la falta de diálogo efectivo» con el Ministerio de Sanidad después de que la ministra Mónica García no haya atendido «ninguna» de las propuestas que se han trasladado desde Vitoria para dar solución a los problemas que atraviesa la sanidad pública, especialmente la falta de médicos. Pero la gota que ha colmado el vaso y que ha abocado al País Vasco a no participar en este foro de gestión sanitaria al que asisten todas las comunidades es el cupo para pagar la asistencia sanitaria a los vascos cuando estos se encuentran en otros territorios. La negativa del Gobierno central a revisar el fondo de compensación entre comunidades por la atención de sus ciudadanos en otras regiones es uno de los motivos que ha llevado a Euskadi a tomar esta decisión. Se trata del denominado Sistema de Información de Financiación de la Cohesión (SIFCO) que gestiona lo que paga cada autonomía por la prestación sanitaria en hospitales, ambulatorios o farmacias que precisan sus residentes cuando estos se encuentran desplazados en otras regiones por los motivos que sean. El País Vasco ha tenido que abonar 169 millones de euros de los 312 millones que aporta toda España. Dicho de otra forma, una comunidad autónoma como Euskadi, que representa el 5% de la población española, asume el 60% de la factura nacional. Para el Gobierno Vasco este cálculo «es claramente confiscatorio». 

Por tercer año consecutivo, España llegará al 30 de septiembre sin proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) en el Congreso, lo que implica incumplir con el calendario previsto en la Constitución. El Consejo de Ministros de hoy —el último del mes— se celebrará sin techo de gasto ni senda de déficit aprobados, pasos imprescindibles para poder formalizar el mandato constitucional que obliga al Ejecutivo a registrar las cuentas públicas tres meses antes del inicio del nuevo ejercicio. El reloj marca ya el incumplimiento y abre la puerta a que las cuentas de 2023, las últimas en aprobarse, sigan prorrogadas también en 2026. El retraso sorprende a pocos. Desde hace semanas, tanto en el Ministerio de Hacienda como en los pasillos del Congreso se asumía que el calendario estaba agotado. Para que la norma se respetara, el Gobierno debería haber acelerado al máximo los trámites desde hace semanas, pero no ha sido así. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, insistió ayer en que el proyecto está “en la recta final”, con los “últimos números” aún en fase de ajuste.

La tramitación del control horario por la vía de urgencia será aprobada hoy por el Consejo de Ministros pero la dura batalla por la reducción de jornada –la medida estrella de Yolanda Díaz en esta legislatura y que el Congreso frustró recientemente– aún provoca reticencias en el socio mayoritario del Gobierno de coalición. El endurecimiento del registro de la jornada de trabajo vía real decreto llegará hoy al cónclave ministerial, tal y como confirmaron ayer fuentes del Ministerio de Trabajo, después de que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, dejase ayer por la mañana esta posibilidad en el aire. «Bueno, veremos. Anticipar las decisiones y los proyectos del Consejo de Ministros no me corresponde», declaró el titular económico del Gobierno en una entrevista con RNE. Esta duda se entendió como una nueva batalla entre ambos ministros, aunque posteriormente Economía matizó sus palabras y explicó que se referían a que no sabían lo que iba a ir. Las discrepancias sobre las 37,5 horas semanales ya abrió una grieta en el Ejecutivo entre las carteras de Trabajo y Economía a comienzos de año. En todo caso, Cuerpo precisó que el real decreto del registro horario «es competencia» de la vicepresidenta y que sería a ella a quien le corresponde trasladar lo que pase. De esta forma, Díaz cumple con su propósito de acelerar los pasos para lanzar los trámites del nuevo registro horario al margen del proyecto de ley de rebaja de jornada. 

El incremento de los precios continúa arañando el bolsillo de los consumidores. Sin tregua, el dato avanzado de la inflación del mes de septiembre arroja una aceleración que amenaza con impregnar las lecturas del Índice de Precios de Consumo (IPC) de aquí a final de año. En el avance publicado ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE) la inflación general registra un avance del 2,9% interanual, lo que se traduce en el mayor incremento de los precios de consumo desde el pasado mes de febrero (+3%). La subida registrada tiene su origen, según explica el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, en los precios de los carburantes y la electricidad que bajaron menos que en el mismo mes de 2024. Con este repunte de dos décimas en el noveno mes del año, el IPC interanual retorna a las subidas después de que en agosto se mantuviera en el 2,7%, la misma tasa registrada en julio. Sobre esta reacción de los precios, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, espera que el IPC se acerque en los próximos meses al objetivo del Banco Central Europeo (BCE) del 2%. “Lo que tenemos es un proceso de moderación progresiva. Lo que queremos es que se siga acercando y esperamos que los meses siguientes lo que tengamos sea un progresivo acercamiento al 2%, que es el objetivo del Banco Central Europeo”, señalaba Cuerpo en el día de ayer.

El apagón del 28 de abril cambió la dinámica y en junio, por primera vez, la media de la UE superó a la de España desde la pandemia. El suceso que fundió a negro a la Península Ibérica forzó al Gobierno a cambiar sus planes en el uso de energías limpias. Apenas unos días después del incidente, Red Eléctrica implantó su ‘modo reforzado’ para inyectar al sistema más gas y nuclear y dar estabilidad a la red. Como consecuencia, España ha pasado de proporcionar el 65% de la energía desde tecnologías verdes en el mes de abril a solo el 54% en junio, último mes con cifras oficiales, según los datos que publicó ayer Eurostat. Si en abril España superaba a la UE en más de 12 puntos, en junio la media de los Veintisiete se situó en 54,7% frente al 54,4% en España. En Portugal, que también sufrió los efectos del apagón y también ha variado el mix energético, el porcentaje de energías verdes también ha caído en más de 11 puntos en doce meses. Comparando estos datos con los de hace un año, tanto la UE como las principales potencias del continente han aumentado la aportación de energía solar, hidráulica o eólica, mientras que España se ha reducido en cinco puntos. 

La presidenta de Aelec advierte de que la metodología propuesta por la CNMC “aún hace más complicada” la inversión en las líneas, claves para evitar un cuello de botella en el desarrollo inmobiliario. La capacidad de las redes son una pieza clave para evitar que un cuello de botella entorpezca la expansión de nueva vivienda, el elemento clave para acabar con el desajuste entre oferta y demanda que ha disparado los precios. La saturación de las líneas deja poco espacio para conectar nuevos desarrollos inmobiliarios, como ya denunció la propia Aelec y Asprima en julio, que aseguraba que 6,7 GW solicitados no habían sido conectados y eso impedía avanzar hacia el objetivo de construir al menos 250.000 viviendas al año. Pero además, Marina Serrano incide ahora en que para las eléctricas la propuesta del regulador supone un hándicap. “La metodología que plantea la CNMC aún lo hace más complicado al diferir la recuperación de la inversión a la potencia facturada”. La propuesta actual del organismo presidido por Cani Fernández, explica la presidenta de Aelec, solo retribuye la inversión en redes para estos desarrollos urbanísticos una vez se empieza a facturar la potencia contratada. Es decir, cuando dichas viviendas están ocupadas y pagan ya sus facturas de la luz.

Desde el cuarto de millón de empleados en España al cierre de 2019, las seis grandes constructoras cotizadas de este país han bajado a una cifra total, a diciembre de 2024, cercana a los 170.000. El número de trabajadores a cargo de OHLA, Sacyr, Ferrovial, ACS, Acciona y FCC se ha resentido en 76.335 personas. Las tres primeras compañías presentan los mayores adelgazamientos en esos cinco ejercicios. Las que han sido durante décadas empresas sistémicas para el empleo, con fuerte influencia en negociaciones como la reforma laboral del Gobierno de Mariano Rajoy, pierden fuerza en debates más actuales, como el de las subidas de salario mínimo, el de las 37 horas semanales o el endurecimiento de los registros horarios. Las plantillas menguantes se explican en buena parte por la concentración en mercados exteriores de la obra civil y por la venta de negocios relacionados con los servicios urbanos y medioambientales, que fueron declarados esenciales durante la crisis sanitaria. Por esta última vía se han soltado miles de efectivos. La estrategia, seguida por Ferrovial y Sacyr, e intentada por ACS, ha servido para amortiguar la escalada de costes laborales en un contexto de inflación desbocada. Pero la internacionalización se paga, también con salarios más altos, y la partida del gasto de personal continúa presionando los márgenes.

La tramitación del Kit Digital sigue dando quebraderos de cabeza a las empresas. Durante el 2024, las pymes renunciaron a casi 300 millones de euros en ayudas con fondos europeos que ya habían sido concedidas por la empresa pública Red.es. El problema de la tramitación del Kit Digital se ha intentado subsanar en varias ocasiones y, aunque las renuncias van a la baja, las devoluciones de fondos europeos de las pymes superan ya los 800 millones de euros, más de la cuarta parte del presupuesto total, de 3.067 millones de euros. Eso sí, en este último ejercicio, los 297 millones en renuncias representan una rebaja del 36% frente a los 466 millones del año anterior, pese a que aumentó el ritmo de adjudicaciones en 240 millones de euros, hasta los 981 millones. Este repunte se debe a que a mitad de año se amplió el Kit Digital para incluir en la fase de autónomos (hasta tres empresas) la compra de un portátil subvencionado, un reclamo solo disponible para empresas de entre cero y tres trabajadores y que disparó la demanda.

El BBVA tienta a los accionistas del Banco Sabadell con un dividendo histórico. El banco anunció ayer un pago ordinario de 32 céntimos por acción, el mayor a cuenta de la historia del banco, con cargo a los resultados de este ejercicio. El abono se realizará una vez se liquide la oferta, a principios de noviembre, por lo que los accionistas del Sabadell que acepten la opa tendrán derecho a él. El banco vasco ha decidido elevar un 10,3% el pago con respecto al del año pasado, que fue de 29 céntimos por acción. Además, el banco paga un segundo dividendo complementario, en abril, que el año pasado fue de 41 céntimos más, para elevar el pago total hasta los 70 céntimos por acción. En 2023, pagó 16 céntimos a cuenta y 39 en el extraordinario; en 2022, 12 y 31 céntimos, y en 2021, 8 y 23. Tras la mejora de la oferta anunciada la semana pasada, el BBVA ofrece a los accionistas del Sabadell un título propio por cada 4,8376 acciones de esta entidad. Estos accionistas, por tanto, cobrarán este dividendo según esta proporción, a razón de 6,6 céntimos por título del Sabadell. De aceptar la oferta el 100% de los dueños del banco catalán, recibirían el 15% del vasco.

Europa acelera en sus planes para atajar la crisis de vivienda que golpea al bloque comunitario. El comisario de Energía y Vivienda de la Comisión Europea, Dan Jørgensen, aprovechó ayer su intervención en Copenhague (Dinamarca) para desvelar las líneas maestras de su gran plan europeo de vivienda asequible, una serie de directrices que se enfocarán a lograr que el precio de las casas descienda al tiempo que se vuelven más sostenibles. En ese contexto se enmarca la creación de una nueva Plataforma Europea de inversión en vivienda. Este organismo buscará abordar el problema a nivel comunitario articulando y coordinando la financiación necesaria para desarrollar el parque de viviendas en la región. Para ello, pondrá en común la participación del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y entidades de desarrollo nacionales, como el Instituto de Crédito Oficial (ICO), al que también se sumarían entidades bancarias en un intento de potenciar la colaboración público-privada. “Desbloquearemos nuevos modelos de financiación alternativos y una colaboración más profunda entre las inversiones públicas y privadas”, aseguró Jørgensen, que destacó que “al canalizar más inversiones a través de plataformas como esta, podemos ofrecer los mejores resultados para viviendas sociales, residencias de estudiantes y viviendas asequibles y sostenibles”.

Las políticas “impredecibles” de Donald Trump y sus medidas drásticas contra la inmigración han llevado a algunas multinacionales a plantearse reubicar su personal o incluso las actividades de la mayor economía del mundo, afirman ejecutivos y sus asesores. La caótica implementación de las nuevas normas sobre visados para trabajadores altamente cualificados y las medidas contra sus oponentes políticos han reavivado las preocupaciones en las empresas, que al principio giraron en torno a los aranceles de Trump. Los líderes empresariales también mencionan la falta de claridad en las órdenes ejecutivas para explicar el aumento de los riesgos en sus operaciones estadounidenses, y algunos ejecutivos europeos afirman haber retirado sus inversiones en Estados Unidos. Segun explicó un alto ejecutivo de una multinacional europea, “inviertes más a corto plazo, haces lo mínimo, y eso significa, en última instancia, menos inversión en EEUU”. Este aumento de la preocupación surge en un momento en que la administración Trump apuesta a que las políticas del presidente, que incluyen la reducción de regulaciones y las barreras comerciales, impulsarán un auge en la inversión empresarial y el empleo. Mientras, Trump, insiste y anuncia aranceles a muebles y del 100% al cine extranjero. 

En su cuarta visita a la Casa Blanca en lo que va de año, Benjamín Netanyahu bajó de la limusina ayer consciente de que se le habían acabado las oportunidades de seguir luchando contra Hamás sin perspectivas de paz. El primer ministro israelí aceptó, con escasas modificaciones, el llamado Plan Integral para Poner Fin al Conflicto de Gaza, un programa de 20 puntos que la Casa Blanca ha estado negociando con Israel y los países árabes, sin la participación de Hamás. «Tengo la sensación de que lo van a aceptar, pero si no, ya sabéis, Bibi tendrá más que nuestro apoyo total para hacer lo que tenga que hacer», advirtió Trump respecto a la organización islamista. Netanyahu también manifestó amenazadoramente su intención de «acabar el trabajo» si los milicianos lo rechazan. «Esto puede hacerse por la vía fácil, o por la vía difícil, pero se hará», prometió. Según el plan, el ejército hebreo se retirará de Gaza en tres fases, a medida que Hamás entregue los rehenes, primero, y las armas después. En la Gaza desmilitarizada, sus militantes podrán quedarse o exiliarse a través de un corredor de seguridad. Ni Hamás ni la Autoridad Nacional Palestina (ANP) formarán parte del gobierno de la Franja de posguerra, sino que será gestionado «por un Consejo Internacional de aquellos comprometidos con la seguridad de Israel», dijo Netanyahu, del que formará parte el ex primer ministro británico Tony Blair.