20251006

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

En una comunidad como Euskadi, donde prácticamente la totalidad del tejido empresarial está conformado por pymes –concretamente, un 99,8%–, la obligatoriedad de instalar el nuevo registro digital que propone el Gobierno central se ha convertido en un foco de preocupación entre las empresas del territorio, sobre todo por el impacto tanto económico como burocrático que podría llegar a tener una medida de este calado. «Hay sectores como la pesca, la agricultura o la cultura donde es prácticamente imposible aplicarlo», señala Virginia Múgica, directora del área jurídico-laboral de Confebask. Desde la patronal vasca llevan tiempo advirtiendo sobre los problemas que pueden llegar a generarse en lo que respecta a la ley de protección de datos. De hecho, Héctor Sánchez, gerente de la Asociación de Hostelería de Bizkaia, sector donde, de manera casi pionera, el nuevo convenio de este año establece el registro digital obligatoriamente para los negocios con una plantilla superior a cinco personas, indica que la idea de este nuevo sistema está «muy bien», pero que a veces «surgen problemas burocráticos y de documentación, porque al mismo tiempo, no se actualizan las normas para los trabajadores que no quieren fichar». Por otra parte, el periodo para instalar este sistema puede llegar a constituir otro quebradero de cabeza, según afirma Marta Fernández, secretaria general de la Confederación Empresarial de Comercio de Bizkaia (Cecobi). Si el límite para aplicarlo, tal y como marca el convenio de hostelería, se extiende únicamente por un año, «los proveedores no van a dar abasto», advierte. Fernández se pregunta si para este caso habrá una línea de ayudas estatales para la inversión que supondrá la instalación de la programación, en un momento en el que el comercio, advierte, es «cada vez menos rentable». En esta línea, Múgica destaca que en caso de que estas ayudas no existan, «no todas las empresas van a ser económicamente capaces de instalarlo».

Patronales de varios sectores están presionando a distintos ministerios del área económica del Gobierno para prevenirles sobre el fuerte impacto que el endurecimiento del control de las horas de trabajo va a tener sobre la actividad y el empleo. Más en un contexto de escalada de los costes laborales y salariales y de escasez de mano de obra generalizada. De la construcción al campo, pasando por el comercio o la hostelería, y con especial foco en las pequeñas empresas y en los trabajadores autónomos. Todos velan armas ante una reforma que, de salir adelante, acarreará importantes consecuencias para los sectores productivos. En todo caso, la última palabra sobre esta modificación reglamentaria la tendrá el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que preside la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE) que tiene que validar todas las normas con impacto económico antes de que aterricen en el Consejo de Ministros. Y los empresarios confían en él para frenar la medida. Pedro Fernández Alén, presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) advierte de que endurecer el registro horario sin permitir a los trabajadores hacer más horas extraordinarias (en España, el límite está en 80 horas anuales, frente a las 450 de media en la UE) hundiría los sueldos hasta un 27%, en unos 7.000 euros anuales. Esto, a su juicio, «restará atractivo al sector» y pondrá más «rigideces» y «palos en las ruedas» a la contratación en un contexto de escasez de mano de obra en el que será necesario cubrir hasta 700.000 puestos de trabajo de aquí a 2030. Desde el campo también alzan la voz de alarma ante los planes de la vicepresidenta. «El registro horario no es ni bueno ni malo, pero en sectores como el nuestro es imposible de cumplir», sentencia Pedro Barato, presidente de la patronal de agricultores Asaja. 

Según ese estudio de CCOO; Euskadi es la comunidad con mayor índice de horas extra no remuneradas. De las 246.598 horas adicionales que realizan los vascos semanalmente, tan solo se abonan correctamente 118.606, lo que se traduce en un índice que llega hasta el 51,8%. Tan solo la Comunidad de Madrid se sitúa cerca, con un porcentaje del 47,2%. En la otra cara de la moneda se sitúan Canarias (21,6%), Extremadura (22,6%) y Navarra (31,3%). Mientras El Consejo de Ministros ha dado luz verde a la tramitación urgente del nuevo registro digital tanto, la media nacional se fija en un 40,5%. Un problema que, sobre todo, afecta a los empleados que trabajan en oficinas, aunque también está muy presente en la educación, información y comunicaciones, transporte u hostelería. No es fácil encontrar el por qué de una diferencia tan marcada entre comunidades pero de todas formas, una de las principales lecturas es que el registro horario que entró en vigor en 2019, nacido para obligar a las empresas a registrar tanto la hora de entrada como de salida de cada trabajador –así como sus descansos–, ha desatado una oleada de protestas sindicales por su ineficacia, quienes denuncian jornadas abusivas en muchas ocasiones. Yolanda Díaz eleva el pulso acelerando la tramitación urgente del nuevo registro horario digital obligatorio. Se trata precisamente de uno de los elementos centrales que contemplaba el proyecto para reducir la jornada y que no precisa de aval parlamentario –aunque será el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, quien tenga la última palabra–. La principal novedad será su obligatoriedad digital. «Se acabaron los papeles firmados en blanco o fichar cuando lo diga tu jefe», afirmó Díaz. Por lo tanto, en el caso de que esta norma progrese y sea finalmente aprobada, todas las empresas y autónomos deberán llevar un control digital y fiable de las horas de sus empleados, además de contabilizar las horas extraordinarias, con el fin de evitar así el fraude.

La Cámara de Gipuzkoa celebrará la próxima semana una nueva edición de la Feria de Empleo que trata de casar la búsqueda de trabajo sobre todo de los jóvenes y de los mayores de 45 años con las necesidades de empleo de las empresas, que acuden con más de 200 ofertas. Unas compañías, apunta la directora general adjunta, Ana Ugalde, que en un momento en el que falta talento son conscientes de la importancia de la gestión de una «remuneración justa y suficiente». "...Yo creo que por principio las empresas guipuzcoanas sí que son unas empresas que están socialmente comprometidas en general y tratan de retribuir a las personas en línea con lo que se considera que es adecuado. Siendo esto así, probablemente sí que se está produciendo dentro de las propias organizaciones diferencias entre las personas que se incorporan a una posición y personas que pueden tener muchos años, o sea, realidades diferentes de falta de equidad o diferencias que se puedan poner de manifiesto. Pero las empresas son muy conscientes en general de la importancia de cuidar a las personas. Las empresas son conscientes de que si les cuesta incorporar a las personas y hacen un esfuerzo para prepararlas y que se adapten a sus necesidades tiene mucha importancia también la gestión de cuál es la remuneración que ofrecen a estas personas. Es mucho más caro estar asumiendo una rotación importante de personas que realizar un análisis de cuál es una retribución justa, necesaria y suficiente. Dicho esto, a veces las organizaciones, que tienen que asegurar su sostenibilidad, igual no pueden responder a esa premisa". 

El año que viene llega con importantes novedades fiscales en materia de vivienda. Todos los contribuyentes que vendan en el futuro una casa comprada a partir del 1 de enero de 2026 –su residencia habitual– para trasladarse a otro domicilio ya no podrán acogerse al beneficio tributario de esa plusvalía en el IRPF como viene sucediendo hasta ahora. La Hacienda foral va a limitar la exención por reinversión en vivienda a unos casos específicos con el objetivo de frenar la especulación inmobiliaria. Se trata de una de las medidas que recoge la reforma fiscal que acordaron en primavera las Diputaciones forales –en Gipuzkoa unieron sus votos el PNV, el PSE y Elkarrekin Gipuzkoa– y que es pionera a nivel estatal. Desde Sayma, especializados en fiscalidad, explican que para poder aplicar la exención en las futuras ventas de casas compradas a partir de 2026 «se exigirá que demuestres una circunstancia justificada para el cambio de vivienda». La normativa recoge cuatro ejemplos: que la vivienda que vendes ya no se adapta a las necesidades familiares; un cambio de trabajo o la obtención de un primer empleo o un nuevo empleo; la celebración o separación de matrimonio, o la constitución o extinción de una pareja de hecho, o problemas económicos que impidan seguir pagando la vivienda.

Nuevo hito en las eternas obras de la ‘Y’ vasca. Aunque la entrada en funcionamiento del Tren de Alta Velocidad sigue siendo aún un objetivo lejano en el tiempo –faltan 5 años al menos–, el proyecto ha entrado durante este 2025 en una nueva fase. Novedades por fin. El trazado de hormigón que se está ejecutando entre las tres capitales desde comienzos de siglo empieza a transformarse en una línea ferroviaria. El primer paso va a ser su electrificación. El Ministerio de Transportes adjudicó la semana pasada el contrato que permitirá adquirir e instalar la catenaria que permitirá circular al TAV. Tender los 175 kilómetros del cable de alta tensión le va a costar a Adif, la sociedad pública del Gobierno central encargada de ejecutar las infraestructuras de la alta velocidad en toda España, 86,5 millones. Por el momento, el Ministerio de Transportes no ha aclarado si su idea es esperar a que se acabe el trazado o empezar la electrificación de forma inmediata en las zonas que ya están culminadas. Lo más factible es que ocurra lo segundo porque todo lo que sea ganar tiempo en la ejecución de la ‘Y’ vasca es bienvenido a estas alturas.

Joseba Laka, Tecnaliako Digitalizazio Zuzendaria. Sentsore kuantikoak diseinatu eta ekoitziko dituen laborategia aurkeztu du Tecnaliak joan den astean. Ikerketa zentroak uste du teknologia kuantikoen mundu lehiakorrean, sentsoreen arloan badagoela proiektu interesgarriak garatzeko aukera, merkatutik hurbilen dagoen diziplina kuantikoa baita. "Etorkizunean posible izango da gaur egunean ezinezkoa diren zehaztasunak lortzea. Gero industriak ikusiko du zehaztasun horiek nola erabili". "Uste dugu sentsore kuantikoen joko honetan aukera dagoela merkatu nitxo erraldoiak bereganatzeko eta benetako industria sendo bat sortzeko. Hori bai, laborategi hau hasiera baino ez da, hazi bat baino ez". "Bai AEBren, bai Txinaren estrategiak oso berekoiak dira. Eurek eurena oso ondo defendatzen dakite, baita euren produktua geurera ekartzen ere. Europan nabaritzen ari da jarrera horren halako kopia bat. Kopia, espero dezagun, azkarra". Gehiago irakurri hemen. 

Telefónica está preparando la presentación, antes de final de año, de un ambicioso plan de reducción de plantilla, con medidas preferentemente voluntarias, con una afectación inicial de al menos 6.000 trabajadores y que tendrá como novedad principal –frente a otros ERE anteriores– que afectará a diferentes filiales del grupo, más allá de las tres (Telefónica de España, Telefónica Móviles y Telefónica Soluciones) que están agrupadas bajo el Convenio de Empresas Vinculadas (CEV). Un portavoz de Telefónica ha señalado que la teleco “está trabajando en numerosos análisis en todos los ámbitos de la compañía, pero no hay sobre la mesa el planteamiento de un ERE en este momento”. Aunque no se ha cerrado aún a qué filiales afectará, se está contemplando que se extienda a otras firmas pertenecientes al grupo, como pueden ser Telefónica Soluciones Audiovisuales, Telefónica Global Solutions, Telefónica I+D, Telefónica Tech, Telxius, Telyco (las tiendas) o Movistar+, además de poder afectar también al centro corporativo, que hasta ahora no se había visto influido más que por salidas individuales. En el caso de que se amplíe finalmente el abanico de filiales a las que se aplique, el número total de empleados afectados inicialmente –en la negociación siempre se rebaja el número, como en 2023, cuando se rebajó un 33%– se podría elevar hasta 7.000 personas de un universo total de unos 25.000 empleados, según señalan fuentes conocedoras.

El coche eléctrico no crece al ritmo esperado, y los fabricantes alargan la vida de los vehículos de combustión. El 27 de marzo de 2023 pasó a la historia como el día en que la Unión Europea aprobó definitivamente el fin de la venta de coches de combustión nuevos en 2035. En ese entonces, el club de los Veintisiete dio el visto bueno a lo que habían aprobado previamente la Comisión y el Parlamento europeos, superando así las reticencias de numerosos países, principalmente Alemania e Italia, que veían con temor aprobar una medida que podía afectar a su industria. Apenas dos años y medio después, el auge de la ultraderecha en Europa y el bajo crecimiento de las ventas de eléctricos en comparación con las previsiones han hecho que las firmas automovilísticas hayan perdido el miedo a pedir abiertamente que se alargue la vida del vehículo de combustión, en pos de mantener la competitividad del sector en un momento en el que China ha tomado la delantera. “Cumplir los rígidos objetivos de CO2 para coches y furgonetas para 2030 y 2035 es, en el mundo actual, simplemente inviable”, aseguró en agosto Ola Källenius, el presidente de la patronal europea de fabricantes de automóviles, ACEA, en una dura misiva enviada a Bruselas, semanas antes de reunirse con la Comisión Europea en el denominado Diálogo estratégico del futuro de la industria del automóvil. Tras dicha reunión, celebrada en septiembre, el lobby se mostró confiado en lograr una flexibilización de objetivos.

«En España estamos bien y las proyecciones son buenas, pero hay nubarrones importantes por Alemania», apunta a este periódico un directivo del sector.  «Los datos nos dicen que, ahora mismo, estamos bien, pero dependemos mucho del mercado alemán, francés y británico y ahí las cifras están estancadas». Los nubarrones, como las tormentas, llegan con nombre de profit warning y despidos, y con apellidos de Volkswagen, Porsche, Bosch, Audi, Volvo, Schaeffler o ZF Friedrichshafen. Todas ellas están inmersas en ajustes de su fuerza laboral –algunos procesos traumáticos y otros como prejubilaciones o bajas voluntarias– y en el cierre de factorías, especialmente en Alemania. Las cuentas elevan las salidas por encima de las 70.000, la mayoría en Alemania y el norte de Europa. «En España no podemos mantenernos al margen de lo que está ocurriendo en el sector», explica este mismo directivo. Las ventas de coches nuevos muestran síntomas de preocupación en el mercado de la Unión Europea. Entre enero y agosto, las matriculaciones han caído un 0,1 % con respecto a las cifras de 2024, según datos de la patronal automovilística europea, ACEA. En España, las cifras son más positivas. 

Las centrales nucleares remontaron en junio y produjeron el 17,7% de toda la electricidad y entre julio y septiembre han sido la segunda fuente de generación, solo por detrás de la solar fotovoltaica. Según los datos de Red Eléctrica, en abril de este año la atómica tan solo supuso el 14,6% de la generación, el mes con el menor porcentaje desde el 13,9% de junio de 2007 (entonces el carbón, ya prácticamente desmantelado, sumó el 26,4%). Es más, desde entonces sólo ha estado por debajo del 15% en otra ocasión: mayo de 2025 (14,7%). El motivo de la caída no tuvo fue el apagón: Trillo estaba parada por recarga de combustible –es la única de las siete centrales que para una vez al año en lugar de cada 18 meses–, mientras que Almaraz I y Cofrentes lo hicieron por motivos de mercado. Almaraz II no estaba funcionando al 100% de su capacidad. «Últimamente hay una variabilidad enorme de precios en el mercado debido sobre todo a la gran penetración de la fotovoltaica», contextualiza Ignacio Araluce, presidente de Foro Nuclear. «Las horas en las que hay insolación, como se ha instalado una potencia fotovoltaica gigantesca, se está produciendo muchísimo», explica, y tanto en abril de 2024 como en el mismo mes de 2025 esto se suma a una gran aportación de la eólica. «Se ofrecen unos precios en el mercado bajísimos», detalla Araluce, así que en esta ocasión, al repetirse la situación durante unas dos semanas, algunas centrales ofertaron su energía en el mercado mayorista y no casaron precio, por lo que pararon la producción tras pedir permiso para ello a Red Eléctrica y notificar al Consejo de Seguridad Nuclear. Esta era la situación el 28 de abril, día del apagón en España.

Red Eléctrica, el operador del sistema eléctrico, se está viendo obligado a imponer amplias desconexiones a decenas de renovables porque, literalmente, ya no caben en las redes de luz. Son los  denominados curtailments, es decir, detención forzada de instalaciones eólicas o solares, o limitaciones más o menos drásticas a su nivel de producción. Lo que empezó siendo algo anecdótico hace un par de años, ha ido creciendo exponencialmente, hasta convertirse en un gigantesco problema económico para cientos de instalaciones en España. Los crecientes curtailments hacen que esas instalaciones no consigan vender al mercado toda la electricidad que serían capaces de producir, lo que provoca a su vez una cascada de problemas. Los ingresos por ventas de las instalaciones renovables se reducen y por lo tanto también sus cuentas de resultados. Al limitar los flujos de caja que reciben, se deteriora su capacidad inmediata para devolver deuda, lo que inevitablemente desembocará en suspensiones de pago o quiebras, que a su vez salpicarán a la banca y la posibilidad de recuperar créditos.

Andreu Cruañas es una de las voces más autorizadas del país en materia laboral. Exdirector general de Empleo de la Generalitat de Cataluña, desde 2013 preside Asempleo, la patronal de las Empresas de Trabajo Temporal (ETT) y Agencias de Empleo. Ha sido reconocido como uno de los profesionales más influyentes del sector de la contratación y los recursos humanos en la prestigiosa lista Staffing 100 Europe 2025, elaborada por la firma global de investigación y asesoramiento Staffing Industry Analysts (SIA). Como miembro del Comité Ejecutivo de la CEOE, participa activamente en el diálogo social a nivel nacional. Y tiene perfectamente tomada la temperatura al mercado laboral. "Hay más afiliación, pero no necesariamente más empleo real. La reforma laboral ha incrementado los contratos fijos discontinuos, que figuran como indefinidos aunque no siempre implican actividad. El número de horas trabajadas sigue por debajo de niveles prepandemia, lo que indica que el trabajo está más repartido, no que haya más...Hay una confusión entre trabajo y contratación temporal. El trabajo temporal no ha mermado, porque la estructura del tejido productivo es la misma. Antes de la reforma había un abuso de contratos temporales para cubrir puestos indefinidos, pero aquí nuestra posición es clara: los puestos permanentes deben tener contratos indefinidos y los temporales, fórmulas flexibles... Hay vacantes en todos los niveles de cualificación. La fuga de talento afecta a sectores como salud, ingeniería, tecnología, construcción u hostelería. Las condiciones se pactan en los convenios y muchos de esos sectores no están mal pagados...Los costes salariales han subido mucho. Los convenios han logrado aumentos salariales superiores a la inflación y también reducciones de jornada. La negociación colectiva es más eficaz que la imposición legal...El registro horario digital e interoperable por la Inspección es viable, pero ya existe regulación y control. El problema real está en las horas extraordinarias, que deben ser voluntarias y retribuidas. Sectores como la construcción y la hostelería necesitan más flexibilidad...La clave del despido es la recolocación, no la indemnización..."

Una tras otra, las tres grandes agencias internacionales de calificación crediticia han mejorado la nota de España en las últimas semanas, destacando su fuerte crecimiento económico, el impacto positivo de la inmigración sobre el mercado laboral, el éxito de sus exportaciones o los avances –aún insuficientes, eso sí– en el reequilibrio de sus cuentas públicas. Tanto los analistas de S&P, como los de Moody´s y Fitch apuntan, sin embargo, a la “fragmentación política” como uno de los principales riesgos que atenaza al país, frenando reformas estructurales e inversiones, debilitando al Gobierno y complicando la aprobación de nuevos Presupuestos. Así, por ejemplo, Moody´s elevó hace una semana la calificación de la deuda a largo plazo de España desde Baa1 a A3 con perspectiva estable como punto de “equilibrio entre las fortalezas y desafíos a nivel institucional” del país. “La solidez de las instituciones legislativas y ejecutivas se ha debilitado durante la última década, ya que las instituciones tienen dificultades para funcionar en medio de una mayor fragmentación política”, explica el informe. A partir de ahí, agrega, dicha división política ha debilitado la posición del Gobierno, provocando “un aumento significativo en el uso de decretos como vía legislativa, lo que “ha generado incertidumbre política que podría estar frenando la inversión”.

Solo ha sido la adjudicación de los proveedores para el desarrollo tecnológico de cinco componentes del euro digital por parte del BCE, a la vez que el mismo banco central publicaba un documento con los resultados de un estudio de dos grupos de trabajo sobre, de nuevo, el euro digital. Apenas dos detalles, dos pasitos adelante. Pero suficientes para demostrar que la divisa digital se ha convertido en una prioridad en la agenda financiera y política de la UE. Lo habían hecho ya los ministros de Finanzas hace dos semanas en Copenhague, cuando acordaron que iban a compartir con el BCE quién decide los límites de tenencia del euro digital. Y antes de acabar este mes lo va a hacer el Parlamento Europeo, que tendrá listo el informe del ponente sobre el texto legal de esta iniciativa. El proyecto, pues, va cogiendo velocidad mientras la banca asume ya que el euro digital, una versión digital del dinero en efectivo emitido por el BCE que servirá para efectuar pagos y transferencias con funcionalidades que ahora no existen, es inexorable. Así, empieza a tomar posiciones ante el temor de que esta iniciativa merme su negocio.

La banca va a Bruselas con una factura en la mano. Las patronales del sector y las principales entidades financieras debaten con la Comisión Europea su estrategia de simplificación normativa y reclaman que se traduzca en la liberación de hasta 100.000 millones de euros en exigencias de capital. Esa es la cifra que han calculado las asociaciones bancarias como el objetivo y es la cuantía que representa el incremento experimentado en los últimos cuatro años por los colchones macroprudenciales y microprudenciales que deben mantener. Estas redes de protección, que abarcan desde los requerimientos adicionales a los bancos sistémicos hasta los colchones anticíclicos desplegados cuando la economía se sobrecalienta, se fijan como exigencias adicionales a los estándares internacionales recogidos en Basilea III. En los últimos años, la cifra de este tipo de exigencias de capital se ha incrementado en un 63%, justo en los 100.000 millones de euros que la banca reclama a las instituciones comunitarias que liberen en su próxima iniciativa de simplificación. En total, los colchones adicionales han superado ya los 270.000 millones de euros.

Repsol lleva más de 20 años operando en el golfo de México, un enclave que aporta alrededor del 14% de la producción nacional de Estados Unidos de crudo y un volumen relevante de su gas natural. Pero, desde ahora, la petrolera española dejará de referirse a este lugar como tal. Recientemente, ha cambiado el nombre a su filial del golfo de México por «golfo de América». La compañía que dirige Josu Jon Imaz lanza así un nuevo guiño a Donald Trump, con quien mantiene una tensa negociación para desbloquear su actividad en Venezuela, al adoptar la calificación que la Administración del republicano asignó a este enclave el pasado enero. Washington dictó a principios de año una orden ejecutiva de alcance nacional para vincular el golfo a la potencia norteamericana, y no a México, como hasta ahora. «El golfo seguirá desempeñando un papel fundamental en la configuración del futuro de Estados Unidos y la economía global, y en reconocimiento a este floreciente recurso económico y su importancia crucial para la economía de nuestra nación y su gente, ordeno que se le cambie oficialmente el nombre a golfo de América», rezaba la orden. El documento dio 30 días al secretario de Interior estadounidense para rebautizar este punto del mapa y eliminar todas las referencias a su antiguo nombre en la base de datos del Servicio Geológico de los Estados Unidos. La orden no dice nada de las empresas privadas. 

La farmacéutica estadounidense Bristol Myers Squibb (BMS) lanzó el 22 de septiembre un anuncio sin precedentes en el complejo, pero hasta ahora previsible, mercado mundial de los medicamentos. La compañía comunicó que venderá en el Reino Unido una nueva terapia para la esquizofrenia, Cobenfy, al mismo precio que en Estados Unidos (unos 1.600 euros mensuales). La noticia no solo rompe una práctica vigente en el sector desde hace décadas —los precios son mucho más altos en EE UU, donde las compañías tienen libertad total para fijarlos—, sino que incluye un aviso para las autoridades británicas si no acceden a pagar más. “Estamos preparados para tomar la difícil decisión de retirarnos si no se reconoce mejor el valor que el tratamiento aporta a los pacientes”, responde un portavoz de BMS. En un movimiento aparentemente inverso, pero que en el fondo va en el mismo sentido, la también estadounidense Pfizer aceptó el martes ser la primera farmacéutica en aplicar la cláusula de “la nación más favorecida” para bajar los precios en EE UU e igualarlos a los menores de otros países. “La gran mayoría de los tratamientos de atención primaria y algunos de uso hospitalario se ofrecerán con un ahorro promedio del 50%”.

Los dirigentes chinos se esfuerzan para dar los últimos retoques al XV Plan Quinquenal del país. Mientras tanto, desde el inicio de su segundo mandato, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha emitido la cifra récord de 205 órdenes ejecutivas y sólo ha firmado un puñado de proyectos de ley. La comparación es sorprendente: mientras que China cuenta con un proceso de planificación estratégica, Estados Unidos no tiene ni plan ni estrategia. El ejercicio de planificación es un pilar fundacional de la República Popular China. El primer plan se extendió desde 1953 hasta 1957 y estuvo fuertemente influenciado por la relación posrevolucionaria de Mao Zedong con Joseph Stalin. En los años siguientes, los planes se volvieron más elaborados, al igual que el proceso de preparación. A pesar de todos los mensajes sobre la entrada de Estados Unidos en una nueva edad de oro, la ‘Trumponomics’ hará poco por la competitividad estadounidense a largo plazo. Los recortes para la investigación básica pueden desperdiciar las capacidades de innovación del país.

Israel y Hamas empezaron en Sharm el-Sheij una semana decisiva que no solo dictaminará si se hace, y en qué condiciones, el canje entre los 48 rehenes del grupo islamista y 250 presos palestinos con cadena perpetua y 1.700 gazatíes detenidos desde el ataque que mañana cumple dos años. El resultado de la negociación dirá también si la Franja de Gaza se encamina hacia la tregua o si, por el contrario, Israel reanuda la ofensiva terrestre para tomar el control de Ciudad de Gaza, que fue suspendida el sábado por la mañana tras la petición del presidente de EEUU, Donald Trump, para la implementación de la primera fase de su plan. Los soldados israelíes han pasado a una situación operativa defensiva aunque la Fuerza Aérea ataca cuando, según alega, «detecta amenazas». Actualmente, el ejército cuenta con cinco divisiones en la devastada Franja: tres en Ciudad de Gaza, una en las puertas de esta localidad y un perímetro norteño y la última en el sur. «Debemos evitar que la posición estática de los uniformados en Ciudad de Gaza sea aprovechada por los terroristas para colocar explosivos, disparar con francotiradores o intentar la captura de soldados», dicen fuentes militares. Hamas, por su parte, denuncia que «la ocupación israelí continúa su brutal agresión contra el pueblo palestino ignorando el llamamiento de alto el fuego del presidente Trump».