20251002

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

«Los tiempos son complicados y nadie nos va a esperar». El Gobierno vasco quiere tener listo este otoño el engranaje financiero con el que Euskadi pretende capear los «nubarrones negros» que se ciernen sobre la economía global, que pendula entre la espiral autodestructiva estadounidense y el avance imparable de China. Si el martes se dio luz verde al Plan Industrial, diseñado para movilizar 16.000 millones de inversión público-privada, ayer fue la presentación de la hoja de ruta financiera ‘Euskadi Eraldatuz 2030’ (Cambiando Euskadi 2030), concebida para coordinar y acelerar todas esas inyecciones de capital. El Gobierno vasco urge así a subirse a la ola de la autonomía estratégica europea. El objetivo de esta nueva política industrial, elevada a la primera carpeta de prioridades del Ejecutivo, es el de corregir los déficits estructurales que Euskadi arrastra desde hace años. Es decir, la preocupante falta de inversión empresarial –evidenciada por la menor llegada de proyectos– y la falta de capacidad financiera para retener centros de decisión. El consejero de Industria, Mikel Jauregi, en una entrevista hace un año ya aseguró sentirse «sorprendido» por la escasa implicación del ahorro vasco en el tejido productivo. Vehículos de inversión- Instituto Vasco de Finanzas: 150 millones: Financiación tradicional mediante préstamos y garantías con soluciones flexibles. Incluye nuevas líneas de financiación de préstamos y avales a través de Elkargi. Finkatuz: 350 millones: Vehículo de inversión para asegurar el arraigo de las empresas a través de participaciones en el capital. Revisa su estrategia, abriéndose a empresas sin arraigo y con menos peso. Indartuz: 400 millones: Es el nuevo vehículo de inversión «ágil y versátil para adaptarse a los requerimientos de grandes inversiones transformadoras», actuando de forma directa e indirecta. Incorpora herramientas de deuda flexible, además de programas de infraestructuras, escalabilidad y transición social. Fondos de capital riesgo: 100 millones: Creación de dos fondos nuevos. Por un lado, Handituz, para invertir de forma minoritaria en ‘startups’ con una facturación inferior a los tres millones de euros. Por otro, Ezten, destinado a invertir también de forma minoritaria en pymes con un volumen de negocio inferior a los 50 millones, «impulsando el emprendimiento, la industrialización y el crecimiento con fórmulas innovadoras».

102 días. Eso es lo que ha tardado LEA en volver a ponerse en marcha después del brutal incendio que arrasó la factoría de la Avenida del Zadorra el pasado 20 de junio. La compañía volvió a fabricar este lunes productos cosméticos en sus instalaciones provisionales de Gamarra, en el número 3 de Eskalmendi. Según ha informado LEA, el 80% de la plantilla ha dejado ya atrás el ERTE que activó la empresa después de que su histórica planta quedara «irrecuperable». Cien de los 120 trabajadores de la firma se han reincorporado en la línea de cosméticos, que es la que ha empezado ya a fabricar de nuevo productos con el logo de la empresa, la más antigua de Euskadi con 202 años de historia. Para estas labores se están usando 13.000 metros cuadrados de Gamarra en los que anteriormente se habían ubicado las instalaciones de Ofita. La dirección de LEA manifestó ayer su satisfacción por conseguir este hito en «tiempo récord». «Nos habíamos quedado sin nada. Solo cenizas entre los dedos, pero teníamos claro que contábamos con las personas –por su capacidad y compromiso humano– para poder volver a levantar la empresa y lo hemos logrado. Las instituciones nos han acompañado y hemos podido cumplir con todos los trámites burocráticos preceptivos para poder reanudar la actividad», destacaron sus ejecutivos.

Trabajadores de CAF, convocados por el comité de empresa desde el lunes, se concentraron ayer frente a la sede central de Beasain, y también en Irun, para exigir a la empresa «fórmulas para distanciarse de Israel y del contrato de Jerusalén». Asimismo, sindicatos vascos como LAB, CC OO o UGT, entre otros, dieron detalles sobre un paro general de tres horas para el 15 de octubre. La jornada convocada por el comité de empresa de la constructora ferroviaria se desarrolló de manera tranquila y con banderas palestinas y alguna pancarta. El comité empresarial, que hizo público el paro el lunes, denunció «el cinismo» de CAF al «asumir la tesis de Israel». «La compañía obvia que este tranvía servirá para afianzar la ocupación israelí, con una infraestructura que une colonias ilegales», alegaba entonces el grupo en representación de los trabajadores. Por su parte, las centrales sindicales de Euskadi –sin incluir a ELA, el sindicato mayoritario– dieron una rueda de prensa ayer en Bilbao para detallar las movilizaciones del 15 de octubre. 

El mercado de matriculaciones sigue avanzando a buen ritmo en Euskadi. Durante el último mes de septiembre salieron 2.742 vehículos nuevos de los concesionarios vascos, lo que supone un aumento del 32,3% respecto al mismo periodo del año anterior. Un crecimiento de ventas que viene en consonancia con lo que ha sucedido durante los anteriores meses. De hecho, tras finalizar los tres primeros trimestres, se han vendido 22.004 unidades nuevas en el País Vasco, lo que se traduce en un avance acumulado del 21,2% y lo que a su vez deja a Euskadi como la comunidad donde más crecen las matriculaciones. Los datos que ayer publicaron las tres patronales del sector, Anfac (fabricantes), Faconauto (concesionarios) y Ganvam (distribuidores) revelan el claro retroceso de los gasolina y diésel, que de manera conjunta solo supusieron el 20% de las ventas (467 de gasolina y 80 de diésel) en septiembre. Una pérdida de peso que está siendo sustituida por el auge de los enchufables, cuyas matriculaciones se triplicaron hasta las 781 unidades, lo que eleva su cuota al 28,5%. Los híbridos tradicionales siguen en cabeza, con un 43%, pero con un crecimiento menor. Sin duda, el gran dinamismo que muestra el mercado vasco se explica en parte por los planes de impulso a la demanda que existen tanto para vehículos de cualquier tipo de motorización (el plan ‘renove’ del Gobierno vasco) como para los electrificados. 

Piso de 50 metros cuadrados amueblado y en buen estado en la parte donostiarra de Trintxerpe por menos de 700 euros. Piso de 60 metros cuadrados en Elgeta por menos de 500. No son ofertas inmobiliarias ni anuncios falsos. Es lo que marca el índice de precios de referencia para los alquileres que ayer entró en vigor en Gipuzkoa. En el primer caso, al ser San Sebastián zona tensionada, el índice obliga, por lo que la mensualidad de cualquier contrato de alquiler firmado desde ayer en adelante para un piso recién llegado al mercado (que no haya estado alquilado durante los últimos cinco años) o que sea propiedad de un gran tenedor (con cinco o más inmuebles en la misma zona), no podrá superar el valor más alto de la horquilla que adjudica el Gobierno central. En el caso que nos ocupa, la vivienda está situada en la calle Azkuene, en la acera de los portales impares, que pertenece a Donostia. Su rango de precios va desde 537 euros a 696,10. La segunda cifra constituye el límite hasta el que se podrá arrendar legalmente.

La fatiga, si bien no es generalizada, empieza a manifestarse en territorios como Madrid, Canarias o Baleares. La falta de obra nueva y el progresivo aumento de los precios en núcleos de por sí muy saturados han rebajado la alegría de un mercado que empieza a notar cómo cada vez resulta más complicado cerrar operaciones, explican los expertos. Aunque avisan de que eso no significa necesariamente que los importes vayan a caer. Los últimos datos de transmisiones inmobiliarias del Ministerio de Vivienda, publicados ayer, muestran que la venta de casas en el segundo trimestre de este año se incrementó un 3,1% en el conjunto de España. Pero ese porcentaje contrasta con el retroceso de operaciones en cinco comunidades y particularmente en Madrid, donde se registró la caída más abultada (-7,1%). Aunque el movimiento de la Semana Santa, que se celebró en marzo en 2024 y este año ha caído en abril, ayudaría a explicar esa diferencia, otras fuentes estadísticas muestran que el freno en el mercado inmobiliario madrileño ha ido más allá.

Euskadi tiene un problema de carencia de médicos. Una situación que afecta sobre todo a algunas especialidades médicas como las de Familia y Pediatría. De ahí la necesidad de incorporar nuevos facultativos. Pero el País Vasco se ha encontrado con otro problema. Tiene serias dificultades para retener a una parte importante de los médicos que realizan su residencia en Osakidetza. Gran parte de ellos provienen de otras comunidades autónomas y deciden regresar a su tierra natal para ejercer en ella cuando completan su adiestramiento. Así lo indicó ayer en consejero de Salud. «El 70% de los residentes que se forman en Euskadi son de otra comunidad autónoma. Y eso, aunque intentamos ser atractivos, hace que sea un elemento de dificultad para el arraigo», reconoció Alberto Martínez. El consejero realizó estas declaraciones horas después de que se conociese que un tercio de los 106 MIR que han finalizado la residencia de Familia este junio no se encuentra a estas alturas inscrito en las listas de contratación de Osakidetza. De este algo más de un centenar de nuevos médicos de cabecera 39 sí pasan consulta a día de hoy en los ambulatorios vascos, mientras que otros 29 han decidido ejercer en las Urgencias de los hospitales vascos, en Hospitalización a Domicilio o en las ambulancias.

Ser un alumno brillante ya no garantiza estudiar la carrera soñada en la universidad pública vasca. Entrar en el grado deseado se ha convertido en un martirio para miles de jóvenes con expedientes notables que compiten a brazo partido por una plaza. En el proceso de admisión a determinadas titulaciones universitarias del sistema universitario vasco, el número de plazas plazas ofertadas es tan limitado que no satisface la demanda de chicos y chicas de 18 años que pelean a la milésima por hacerse con uno de esos codiciados puestos. Sacar unas notas excelentes ya no garantiza entrar en el grado. Es lo que les ha ocurrido este mismo curso a más de 4.000 alumnos vascos, que con una nota igual o superior al 10 (sobre 14) entre el Bachiller y la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) no han podido acceder a la carrera que querían cursas en la Universidad del País Vasco (EHU). Este fenómeno lleva a alumnos con buenos expedientes a reservar plazas en centros privados ante la duda de si podrán matricularse en universidades públicas como la EHU, donde la oferta de plazas se mantiene estable en los últimos años pese a haberse disparado las preinscripciones. Una reserva que en ningún caso sale gratis, ya que la horquilla para retener temporalmente uno de esos puestos va desde los 500 euros hasta los 3.000 que pide por ejemplo la Universidad de Deusto para garantizar una plaza en el grado de Medicina, históricamente uno de los más demandados.

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, activó ayer al grupo de expertos encargado de elaborar el informe con la recomendación de subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2026. En la primera reunión de la Comisión Asesora, la titular de Trabajo trasladó un nuevo mandato a los académicos: la elaboración de un escenario de revalorización que cuente con la tributación por IRPF de la renta mínima y otro en el que queda exenta. Con este movimiento, el departamento de Díaz pone tierra de por medio en la más que probable polémica que mantendrá en los próximos meses con la vicepresidenta primera María Jesús Montero a cuenta del gravamen sobre el salario mínimo, y se prepara ante la posible obligación de tributación. Una vez que Hacienda comunique su decisión de eleva o no el mínimo exento, el Ministerio de Trabajo procedería a decidir el nivel de la revalorización, que se deslizaría hacia el extremo superior de la horquilla en el caso de que se haga tributar por IRPF a los cerca de 2,5 millones de beneficiarios del salario mínimo. Así lo confirmó ayer la propia Yolanda Díaz en una rueda de prensa posterior a la primera reunión del comité de expertos, donde aseguró que su intención no es condicionar las decisiones de otros departamentos ni injerir en materias que no le competen. Si bien, la maniobra pone el balón en el tejado de Montero quien con su decisión sobre la tributación acabaría condicionando el nivel de la revalorización. En cualquiera de los escenarios, el objetivo de la responsable de Trabajo es que el suelo salarial en España se sitúe en el 60% del sueldo medio –para cumplir con el mandato de la Carta Social Europea–.

Los costes continúan haciendo mella en la salud del tejido productivo español, especialmente si se observa la situación de las empresas de menor tamaño. Cuenta de ello da el Indicador Cepyme sobre la Situación de la pyme correspondiente al segundo trimestre del año, que arroja cómo la presión de los costes tanto operativos como laborales está provocando un apalancamiento del número de pequeñas empresas y mermando su capacidad de crear empleo. De hecho, desde 2019 han desaparecido un 2% de las microempresas en nuestro país, en torno a 22.700 en términos absolutos según los registros de la patronal dirigida por Ángela de Miguel. Por tamaño, se muestra la mala situación de la microempresa, cuyo número descendió un 0,3%, mientras que las pequeñas empresas aumentaron un 1,8% y las medianas un 1,9%. El resultado es que en el segundo trimestre de este año aún se contabilizaban 1.900 pymes menos que antes de la pandemia. Desde 2019, hay un 2% menos de microempresas; un 11% más de pequeñas y un 12,6% más de medianas. Tras este balance está la presión de los costes. En términos generales el indicador de Cepyme calcula un incremento del 1,3%, lo que supone encadenar cuatro trimestres consecutivos al alza –dando como resultado un aumento acumulado de más del 23% en los últimos seis años–.

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha defendido que España está en "un círculo virtuoso" de crecimiento económico, confirmado por "una confianza continuada" de los inversores, pero ha abogado por "seguir avanzando" en la mejora de los salarios. Además, ha asegurado que el Gobierno tienen voluntad de presentar los Presupuestos y trabaja "intensamente" para poder hacerlo "lo antes posible". Tras visitar la incubadora de empresas del B Accelerator Tower en Bilbao, Cuerpo ha recordado que actualizaron hace dos semanas al alza el cuadro macroeconómico de España, "como está haciendo la mayor parte de los analistas", porque los datos, mes a mes, "van confirmando el buen momento de la economía española". Sobre las ayudas a la siderurgia y metalurgia por los aranceles, ha asegurado que el Gobierno español "es consciente del doble reto" que afecta al sector: el del corto plazo por la subida arancelaria del 50% y el estructural, "que es la sobrecapacidad que existe a nivel internacional, y la posibilidad de que ahora, una vez levantadas las barreras de Estados Unidos, llegue más producción a Europa y afecte también a nuestras empresas". Y en cuanto a Talgo, ha subrayado que están trabajando "intensamente con todos los involucrados en esta operación para sacar adelante esta operación".

Las señales más recientes confirman y ahondan en esa debilidad. Mientras, la inflación, que se resiste a verse doblegada del todo, aceleró en septiembre hasta el 2,2%, dos décimas más que en los tres meses anteriores, retornando a los niveles de abril, según el avance de ayer de Eurostat. En el marco de esa sintomatología económica, la industria de la eurozona entró de nuevo en terreno de contracción en septiembre, con un retroceso de 0,9 puntos en sus índices PMI, hasta los 49,8 puntos, fruto esencialmente de la caída de los nuevos pedidos, que disminuyeron a su ritmo más rápido en seis meses, según el informe publicado ayer por S&P Global, evidenciando la debilidad de la demanda exterior en pleno pulso comercial. Ese renovado deterioro del sector manufacturero de la zona euro, que ha traído consigo “un ritmo más fuerte de destrucción de empleo”, y que aún es acotado gracias a los pedidos ya en marcha, que han permitido que los volúmenes de producción crecieran ligeramente en septiembre aunque con un progreso “lento”, es reflejo del impacto que los aranceles de Trump están causando ya sobre el comercio de la UE. El BCE, por boca de la propia Lagarde, desveló el martes que el mal acuerdo comercial con EEUU acarreará un descenso de las exportaciones europeas al otro lado del Atlántico de unos 66.000 millones, con un impacto negativo acumulado sobre el PIB del 0,7% entre 2025 y 2027, un mordisco notable pero inferior al 1% anual estimado a inicios de año. Y si el ánimo de las autoridades no es precisamente boyante, menos lo es aún el de los empresarios, cuya confianza “se debilita” hasta el punto de que el nivel actual es “inferior a la media de los últimos diez años”.

España es, tras Estados Unidos, el país con más proyectos de almacenamiento con baterías para abastecer el sistema eléctrico. Así lo revela un informe de EY. En concreto, en España existen en estos momentos proyectos de baterías para el sector eléctrico (BESS, por sus siglas en inglés) que suman 16.000 megavatios hasta 2030, el 29% del total mundial. El problema de las grandes baterías, como almacenamiento para abastecer el sistema eléctrico, es que falta una regulación que establezca precios que garanticen su viabilidad económica. El Gobierno está desarrollando los mecanismos, pero aún tienen que concretarse. Las baterías no solo servirán de respaldo para la red eléctrica, y de amortiguadores para evitar problemas como el apagón de pasado 28 de abril. También podrían, con sus recargas, dar salida a los excedentes que ahora se están produciendo con las renovables. Los próximos meses van a ser decisivos. El país cerró 2024 con una generación renovable de 148.999 gigavatios/hora, un 10,3% más que el año anterior, y una cifra que supone el 56,8% del total del mix energético. La actual hoja de ruta del Gobierno en energía (el denominado Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, Pniec) aspira a 22.500 megavatios de almacenamiento para 2030, combinando las baterías, el bombeo hidroeléctrico y las soluciones térmicas asociadas a la solar termoeléctrica.

El Gobierno ha pasado de tachar de «mínimo» el impacto en la factura de la luz de la operación reforzada que Red Eléctrica aplica desde el apagón, a monitorizar con «preocupación» el incremento «significativo» de este sobrecoste. En parte, porque lo que empezó como una precaución puntual se mantiene cinco meses después y ya representa una amenaza para la competitividad de las fábricas españolas. El escudo del operador ha disparado el peso de los servicios de ajuste que engordan el precio final de la electricidad que pagan los consumidores. Desde abril hasta hoy, esa partida se ha disparado en casi 800 millones en comparación con el mismo periodo de 2024, según fuentes del sector. Si se comparan los datos mensuales de mayo a septiembre con los seis meses previos al apagón, la subida supera los 900 millones. En recientes contactos con el Ministerio de Transición Ecológica, la industria ha planteado una suerte de derrama para «redistribuir» entre todos los consumidores esos servicios de ajuste. Son los mecanismos que utiliza Red Eléctrica para asegurar en tiempo real el equilibrio entre la energía que se produce y la que se consume. El mercado se planifica el día anterior, pero siempre hay desviaciones. Los servicios de ajuste las corrigen al momento. Desde el apagón, Red Eléctrica ha aplicado un modo de operación más conservador y más caro.

Carlos Torres, presidente de BBVA, se mostró ayer convencido de que el banco superará el umbral mínimo de aceptación de la opa en curso sobre Sabadell, establecido en la mitad más uno de los derechos de voto. El presidente de BBVA apuntó que la entidad logrará la meta que se ha fijado por el “tremendo atractivo” de la propuesta lanzada a los accionistas de Sabadell, como demuestra, en su opinión, la decisión de David Martínez de acudir al canje de acciones. El financiero mexicano entró en el capital de Sabadell en 2013 y controla el 3,8% del banco, por detrás de BlackRock (7,12%) y Zurich (4,95%). “Es una oferta imbatible. La decisión de David Martínez lo demuestra así. Es el mayor accionista individual de Sabadell, profesional y con visión estratégica. Conoce bien el banco y forma parte de su consejo desde hace más de una década. Lo que es bueno para el primer accionista individual tiene que serlo necesariamente para todos los accionistas de Sabadell”, dijo Torres. 

El mercado laboral se enfrenta a un horizonte incierto a raíz de la imparable –y decisiva– irrupción de la inteligencia artificial, una herramienta que ya está cambiando nuestro presente y seguirá transformando a una velocidad de vértigo nuestro futuro. Inevitablemente, su explosión impactará en los actuales puestos de trabajo y en los venideros, reconfigurando un tablero de juego cuyas fichas deberán moverse para no perder la partida, según admitieron en un coloquio con un grupo de periodistas españoles los dos principales ejecutivos a nivel mundial del Grupo Adecco: su presidente, Jean-Christophe Deslarzes; y su consejero delegado: Denis Machuel. «La inteligencia artificial destruirá y creará empleos. Nadie sabe en qué cantidad», sostuvo Machuel. Sin embargo, lejos de ver la IA con temor, desde el grupo Adecco animaron a percibirlo como una oportunidad, que liberará a los trabajadores de tareas rutinarias y les permitirá enfocarse en actividades que requieren de un pensamiento crítico que solo las personas pueden lograr. Pero para ello será más necesario que nunca formarse, puesto que aquellos empleados que tengan sólidos conocimientos en IA serán los que triunfen en el nuevo mercado laboral que está emergiendo. «No serás reemplazado por la IA, sino por los trabajadores que la dominan», advirtió el presidente del grupo de recursos humanos.

Las acereras europeas aceleraron ayer la escalada que viven desde hace varios días tras conocerse que la Comisión Europea anunciará la semana que viene un mecanismo permanente que elevará los aranceles al acero importado e implementará cuotas más restrictivas para las importaciones de fuera de Europa. La nueva política arancelaria reducirá casi a la mitad las cuotas actuales para acero importado del extranjero y aplicará aranceles que podrían alcanzar el 50%, similar a la política estadounidense, para las importaciones que excedan dichas cuotas. Entre las acereras más beneficiadas ayer destacó Aperam, seguida por SSAB y Voestalpine.

Cada día que el Gobierno de EEUU permanezca cerrado le costará a la economía del país hasta 500 millones de dólares (425 millones de euros), según datos de la propia Oficina Presupuestaria del Congreso, cuyo cálculo se basa en precedentes anteriores. Cuánto tiempo durará el bloqueo legislativo al techo del gasto público es la gran incógnita, pero la última vez que echó el cierre fue en la anterior Administración Trump y duró 35 días –el más largo en la historia del país–. Se estima que el entonces empeño del presidente de EEUU de no dar su brazo a torcer sobre la financiación para construir el muro fronterizo con México le costó al país 11.000 millones de dólares (9.360 millones de euros). Ahora, la discrepancia no está tanto en una medida concreta como en la visión de conjunto sobre el programa de gasto impulsado por la Casa Blanca. Ni siquiera hay consenso entre las propias filas republicanas. Los demócratas hicieron el martes un esfuerzo por apoyar los planes de Trump y respaldar una prórroga de siete semanas a cambio de menos recortes en el capítulo de beneficios sociales y sanidad. El presidente no aceptó y, a última hora de la tarde, tras el último intento en una votación fallida en el Congreso, quedó claro que ayer el país amanecería con el Gobierno funcionando al ralentí.

La guerra ya está en la Unión Europea. Una «guerra híbrida», según la definió ayer la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, que ya han sufrido en su propio país, en Estonia o en Polonia con las violaciones y provocaciones de Rusia con sus drones. «Estamos en el momento más peligroso no ya desde la Guerra Fría, sino desde la Segunda Guerra Mundial», subrayó Frederiksen antes de participar en la reunión informal de presidentes de la UE que ayer tuvo lugar en la capital danesa. Fue, por lo tanto, la anfitriona de la cita, además de la máxima responsable de uno de los países que está bajo el punto de mira de Vladimir Putin. Una voz, en definitiva, muy autorizada. La primera ministra de Dinamarca también fue preguntada por la posición de los países del sur y, en concreto, de España e Italia. Frederiksen evitó criticar la posición del Gobierno socialista de Pedro Sánchez, que ya ha adelantado que no va a ir más allá del 2% del Producto Interior Bruto (PIB), pero sí que «tiene que existir un objetivo común europeo». «Si no, estaremos divididos y no creo que eso sea bueno para Europa», incidió.

El tiempo corre en contra de Hamás, que tiene sobre su cabeza el ultimátum del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para dar una respuesta al plan de paz para Gaza antes del fin de semana. Según informó el medio saudí ‘Asharq Al Awsat’, los islamistas solicitaron a los mediadores modificaciones en el texto de veinte puntos que recibieron el lunes por la noche. El diario, citando fuentes palestinas cercanas a la milicia, apuntó a las cláusulas sobre el desarme del brazo armado, el exilio de sus líderes y la retirada del ejército hebreo como los temas clave en los que la organización exige aclaraciones. La misma fuente indicó que los jefes de Hamás «dejaron claro que se requieren garantías internacionales para la retirada israelí completa de la Franja y que no se violará el alto el fuego» y que estos cambios en el documento harán que el grupo necesite aún «de dos a tres días para formular de manera oficial su posición».