20251128

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

Artículo de la presidenta de FVEM. "...El legado industrial sigue siendo el pilar de nuestra economía, aportamos cerca del 25% de nuestro PIB y financiamos el 94% del gasto social de Euskadi si aunamos el impacto fiscal directo, indirecto e inducido. Cada vez que la industria prospera, lo hace también la sociedad en su conjunto.Pero sería un error dar por sentada esta fortaleza. Nuestro músculo industrial lleva años debilitándose, un mal que aqueja a toda Europa y amenaza a nuestro modelo de protección social. Mientras perdemos capacidad frente a gigantes como China y EE UU, debemos mirar hacia dentro y reconocer nuestras propias debilidades. La principal es el tamaño de nuestras empresas, el predominio de pymes nos sitúa en clara desventaja para competir en entornos globales. En FVEM, la mayor asociación industrial de Euskadi, las pequeñas y medianas empresas son el 87%. Por lo general, una pyme tiene menor capacidad de inversión en I+D+i, afronta mayores dificultades de acceso a la financiación y su posición para atraer y fidelizar el talento es más débil. No podemos olvidar la tasa de absentismo, una de las más altas del Estado, que afecta directamente a nuestra competitividad y ahuyenta la inversión. Esta afirmación es un eco constante en los foros empresariales y un desafío que requiere la implicación de todos los actores sociales para ser abordado con eficacia. Es evidente y constatable el incremento del gasto por prestaciones de incapacidad temporal derivada de enfermedad común y accidente no laboral. En 2024 rozó los 29.000 millones, asumidos entre Seguridad Social y empresas. Una cifra que impresiona por su elevada cuantía y preocupa por su crecimiento continuado, un 85% desde 2019...Y finalmente, un desafío demográfico que proyecta una grave sombra sobre la disponibilidad de talento futuro... Pero también contamos con unas bases sólidas. El tejido industrial vasco es robusto y dinámico, tenemos empresas de vanguardia, líderes en tecnología e innovación que traccionan de la cadena de valor. Nuestras empresas no solo destacan por su capacidad para aportar soluciones de alto valor añadido; son también un potente motor de cohesión y progreso social. El salario medio por hora trabajada es el mayor del Estado, y las condiciones laborales superan ampliamente a las de otros sectores y regiones. No hay duda de que la industria genera empleo estable y de calidad. Esta excelencia no es casualidad, sino el fruto de un compromiso con el desarrollo de su gente y de su territorio. En un contexto global incierto, marcado por importantes cambios geopolíticos y un creciente proteccionismo, es crucial que Europa adopte un papel proactivo...Pero esta defensa no puede ser tarea solo de las administraciones y de las empresas. Es fundamental que la sociedad entienda el importante papel de la industria. Cuando se debilita, nuestro Estado del bienestar se resiente. Esta reflexión es hoy muy necesaria, estamos en un momento en que nuestro crecimiento parece apoyarse cada vez más en los servicios y el turismo, y debemos recapacitar sobre el modelo de territorio al que aspiramos..."

Dámaso Quintana, uno de los fundadores y presidente de Haizea Wind, ha concretado ya su oferta por la compañía centenaria Vicinay, que se encuentra en preconcurso de acreedores desde finales de julio. Según fuentes cercanas a la operación, el empresario ha puesto sobre la mesa 60 millones que inyectaría a través de una ampliación de capital, de forma que se haría con la propiedad del grupo, ahora en manos de la familia Vicinay. Este plan de rescate para evitar la liquidación de la emblemática empresa iría acompañado de una reestructuración de la deuda que todavía debe aceptar la banca y que también afecta a la Sepi (Ejecutivo central) y el Gobierno vasco como acreedores. Vicinay Marine, líder mundial en el negocio de las cadenas de amarres tanto para el sector naval como para la industria petrolera y la eólica marina flotante, lleva años arrastrando dificultades. Sufrió con la pandemia, después con la guerra en Ucrania, cuando se dispararon los costes de la energía y del acero; y el pasado ejercicio las pérdidas crecieron hasta superar los 18 millones de euros, según las cuentas de 2024. Se le ha juntado que el negocio de ‘oil & gas’ ha estado parado –solo ahora empieza a remontar– y que la eólica marina flotante –aerogeneradores anclados al lecho marino con cadenas– no termina de eclosionar. Asfixiada por una deuda de 140 millones de euros, el 30 de julio se declaró en preconcurso. 

Dámaso Quintana, de 49 años, tiene una larga trayectoria en Euskadi a pesar de que es madrileño y ha desarrollado buena parte de su vida en la capital. Su nombre adquirió especial protagonismo en 2017 cuando fundó, junto a otros socios, Haizea Wind, la empresa dedicada a torres eólicas y cimentaciones marinas ubicada en el Puerto de Bilbao. Con una inversión de más de 250 millones de euros, la compañía, de la que es presidente, factura en la actualidad 370 millones de euros y emplea a más de 1.500 personas. Recientemente completó un contrato con Iberdrola de más de 200 millones de euros. La actividad de Haizea Wind encaja con la de Vicinay Marine, líder mundial en cadenas para plataformas de ‘oil & gas’ y también posicionada en eólica marina flotante, una tecnología prometedora aún sin eclosionar. Pero Haizea Wind no es la única actuación de Dámaso Quintana en el País Vasco. Poco después de ponerse al frente del grupo cordobés Cunext, dedicado a la transforma- ción de cobre y aluminio, en 2015 compró ECN, la antigua Cablenor, ubicada en Vitoria, que se encontraba al borde del cierre. Reactivó la planta con 38 trabajadores después de que los anteriores propietarios aplicasen un ERE de extinción para los 143 empleados, finalmente aprobado por el comité. A partir de ahí fue creciendo. Ese mismo año adquirió Combisa, también en Vitoria, que se dedicaba a piezas de cobre y aluminio después de reconvertirse tras la quiebra de BH. Y en 2017 entró con un 30% en Arteche, dedicada al negocio de equipos eléctricos, que en 2022 salió a Bolsa. Quintana se mantiene como accionista del grupo y miembro de su consejo de administración.

 El Gobierno vasco anunció este viernes que ha traspasado las acciones que poseía de la empresa Arteche, agrupadas en Basque Fondo de Capital Riesgo, al fondo Finkatuz. En total, se trata de un 6,4% del capital social, el mismo porcentaje que ostentará ahora Finkatuz en el accionariado de la compañía con sede en Mungia. El importe total de la transacción asciende a 75,2 millones de euros, con un precio unitario por acción de 20,6 euros, según comunicaron la empresa y el Departamento de Industria. Finkatuz, el fondo público del Ejecutivo para el arraigo laboral, suma así su sexta participación empresarial, puesto que también está presente en ITP Aero, Kaiku, CAF, Ohmnia e Innometal, además de participar —como parte del consorcio liderado por Sidenor— en la compra del 29,7% del capital de Talgo. En una nota, el consejero de Industria, Mikel Jauregi, destacó que “Arteche es un caso de éxito y un ejemplo a replicar en el modelo de participación del Gobierno vasco para garantizar no sólo el arraigo industrial, sino también su expansión en un sector alineado con el Plan de Industria Euskadi 2030”. 

Con el objetivo de evitar conflictos en la refinería de Muskiz, la empresa alcanzó un acuerdo con CC OO y UGT en el que ofrecía seis días libres a la plantilla. Sin embargo, TU y ELA consiguieron que este preacuerdo fuera rechazado. En este contexto, ayer tuvo lugar una vista en la que, como telón de fondo, emergió un informe de la Inspección de Trabajo que resultó claramente perjudicial para los intereses de las centrales. La autoridad laboral ha respaldado completamente la posición de la empresa, considerando que esta ha actuado de buena fe en todo momento y que no existe modificación sustancial de las condiciones laborales. En base a este informe, la letrada de Petronor, Alicia Ruiz de Gordejuela, defendió que el cambio de vestuario no impacta en el sistema de fichaje, dado que la normativa interna de la empresa establece con claridad que los relevos del turno deben realizarse con los equipos de protección individual ya puestos. Aunque la práctica de cambiarse después de fichar estaba extendida, la empresa argumentó que los trabajadores que la adoptaban no cumplían con las normas de seguridad. La dirección de Petronor insistió en que «el único cambio» realizado en la refinería ha sido la reubicación de los vestuarios –y no un ajuste en los horarios de trabajo–, una medida en la que se han invertido seis millones de euros para «mejorar la seguridad de la planta». La letrada destacó que «la empresa nunca ha permitido que el relevo de turnos se realice sin los equipos de protección individual» y que, cuando se ha detectado dicha práctica, ha sido impugnada, dado que el convenio establece que no se puede abandonar el puesto de trabajo durante la jornada laboral.

El consorcio formado por BBK, Kutxabank y el Gobierno vasco está compitiendo contra la gestora de capital riesgo estadounidense Blackstone por la adquisición de la división tecnológica de Ayesa, empresa que integra la antigua Ibermática, según varias fuentes del mercado. Los dos candidatos han presentado esta semana ofertas vinculantes por el activo y están a la espera de que se resuelva la subasta, que ha entrado ya en su recta final. Las fuentes consultadas indican que las propuestas valoran la división en el entorno de los 400-500 millones de euros. La Fundación BBK, accionista de control de Kutxabank con el 57% del capital, era uno de los cuatro finalistas del proceso de venta puesto en marcha por A&M Capital Europe (AMCE) para vender Ayesa tras cumplir su ciclo de inversión en la empresa. Indar, vehículo de inversión de Kutxabank, y el Gobierno vasco acompañan a la fundación bancaria en su oferta. Blackstone acude a la puja a través de la empresa india de servicios tecnológicos R Systems, adquirida en 2022. HIG, que era otro de los finalistas, se desvinculó del proceso hace algunas semanas y no ha presentado oferta vinculante. CapVest también participaba en el proceso. La operación, coordinada por Houlihan Lokey y Arcano como asesores financieros, prevé la venta, por un lado, de la división de consultoría tecnológica de Ayesa y, por otro, el traspaso del área de consultoría de ingeniería. Cada una de las operaciones está valorada en alrededor de 500 millones de euros, lo que concede a Ayesa una valoración en el entorno de los 1.000 millones de euros.

La iniciativa ha recabado el interés del capital vasco. Y también de las dos familias fundadoras del grupo de distribución –los Fernández Barrena, de Irun, y los Sánchez, de Cantabria–, que pudiendo vender a muy buen precio todas sus acciones y olvidarse han elegido quedarse parcialmente en la empresa, de la que controlarán sobre un 20%, con un volumen de reinversión de 45 millones. Toda una muestra de confianza en el plan a futuro planteado por el CEO, Ángel Jareño, al que acompañan en su aventura otros cinco ejecutivos. Una hoja de ruta que no está exenta de riesgos, pues hablamos de una compañía muy dependiente del oscilante consumo y, como hemos visto recientemente, de situaciones geopolíticas. La oferta, además, comporta un generoso nivel de deuda. Sin embargo, los Fernández Barrena y los Sánchez han elegido mantener parte de sus acciones, explican fuentes de ese círculo, por «responsabilidad», por razones históricas y sentimentales y, como es obvio, también con la esperanza de que la firma siga creciendo como hasta ahora, lo que revalorizará aún más su participación. Cabe recordar que Uvesco, de la mano de Jareño, se presenta como la firma más rentable del sector de la distribución en España.

Las partes siguen avanzando para sellar este viernes, con la firma definitiva ante notario, la compra de Astilleros Balenciaga por parte del consorcio emiratí Abu Dhabi Ports Group y Premier Marine. Tanto la dirección de la histórica empresa zumaiarra como el Gobierno Vasco tienen todos los trámites avanzados, a la espera de la definitiva firma. Es el paso previo a cerrar una operación, valorada en 11,2 millones de euros, que permitirá garantizar el futuro de la histórica compañía de Zumaia, en concurso de acreedores desde finales de 2024. El comité de empresa, que ha expresado esta semana su «cautela» aunque está esperanzado en culminar la operación, y las instituciones concernidas, como el Gobierno Vasco y el propio Ayuntamiento de Zumaia, están informados del devenir del proceso. Astilleros Balenciaga busca iniciar una nueva etapa de la mano de un conglomerado extranjero que asegura carga de trabajo de forma inmediata (es fundamental que la firma opere en el sector naval) y que cubrirá un tercio de la deuda de la empresa zumaiarra, 7 de los 21 millones, tal y como adelantó este periódico. El pasivo en origen de Balenciaga era de 28 millones, pero Cofides –la sociedad para la financiación estatal– aceptó en marzo una quita de la deuda de 15 a 8,5 millones, lo que dejo la cifra a abonar en 21,5 millones. Este paso de Cofides facilitó la llegada de ofertas de inversores. 

Quantum Capital Partners, grupo inversor alemán especializado en compañías en situaciones especiales, está en negociaciones avanzadas para vender Papresa de Errenteria al grupo español CL Grupo Industrial, según El Economista. La histórica compañía del centro de la localidad, que fue adquirida a KKR en 2020 y ha transformado su modelo operativo para diversificar su modelo de negocio más allá de la producción del papel prensa, centrándose también en paquetería y cartón, podría pasar a estar en manos de un holding familiar industrial con 27 empresas en sectores clave como el acero o la construcción de renovables, según el medio económico. Papresa espera cerrar el año con 140 millones de euros de ingresos y un ebitda de 20 millones, es en la actualidad el único productor de papel prensa en el sur de Europa y el principal fabricante independiente de papel para embalaje en España. La operación está a la espera del visto bueno de los bancos acreedores y del análisis técnico, legal y financiero, según el mismo medio.

Irujo-Jauregi. Pilota partida bateko bi protagonisten abizenak izan zitezkeen lasai asko, Pilar Kaltzada EnpresaBIDEAko bazkide eta fundatzaileak esan bezala. Baina gaurkoan Nafarroako Gobernuko eta Eusko Jaurlaritzako bi industria agintariak izan dira buruz buru aritu direnak, solasean, hori bai. Noainen kokaturiko CEINen egoitzan izan dira Mikel Irujo eta Mikel Jauregi, EnpresaBIDEAk antolaturiko eta Nafarroako Gobernuak, CEINek, Laboral Kutxak eta Artizarra Fundazioak babesturiko Ekin eta Egin topaketan. Errotzea eta nazioartekotzearen zelai jokoan zer-nola egin hausnartzen hasi dira bi sailburuak. "Kanpoko enpresa asko etorri dira enpresak erostera, oso tresna sofisitikatuekin", gogorarazi du Jauregik. Gehiago irakurri

Se fija en el programa de conservación de parajes naturales de La Caixa y estudiará qué hacer en los terrenos de Lasarte, que en gran parte son de Kutxabank. Con todas las cartas sobre el tapete, la idea del Gabinete Etxebarria es dejar este nuevo gran parque encarrilado a final de legislatura. «Queremos tener clara la hoja de ruta, ver qué pasos se dan y que se pueda trabajar a partir de ahí. A día de hoy hay muchas ideas, como digo, muchas animaciones, muchas infografías, pero no ha habido una hoja de ruta definida y creo que eso es importante», sentencia el concejal de MedioAmbiente. El Anillo Verde comenzó a crearse en 1993 con una intervención precisamente en terrenos contaminados de Zabalgana. Tiene una superficie actual de 833 hectáreas y está previsto que llegue a las 917. Los principales parques son Armentia, Olárizu, Salburua, Zabalgana y    Zadorra.

Los 163.000 empleados públicos vascos percibirán una paga adicional que rondará de media los 1.000 euros por la subida del 2,5% correspondiente a este año. Un incremento firmado ayer entre los sindicatos de ámbito estatal y el Gobierno central y que es de aplicación en Euskadi. Para 2026 se ha acordado un aumento del 1,5%, que supondrá otros 603 euros brutos anuales de media, a lo que se podría añadir un 0,5% en caso de que la inflación de ese ejercicio supere la citada cifra. El acuerdo contempla también un incremento del 4,5% para 2027 y del 2% para 2028, lo que deja la subida total para el periodo 2025-2028 en el 11%, que en la práctica supone un 11,5% por el aumento acumulado. Sobre un sueldo medio de 2.800 euros brutos al mes (39.200 al año), que es lo que se estima en Euskadi, la subida para este año, que es retroactiva desde el 1 de enero, supondrá que los empleados públicos vascos percibirán 980 euros en forma de paga adicional por la actualización de los salarios. Una paga que en el caso del conjunto del Estado, el Gobierno central se compromete a abonar con la mensualidad de diciembre. Sin embargo, desde el Departamento de Gobernanza y Autogobierno del Ejecutivo vasco indican que no pueden delimitar una fecha, ya que una vez rubricado por el Consejo de Ministros y publicado en el Boletín Oficial del Estado, tienen que aprobar sus propias escalas, remitir a las comunidades autónomas las escalas que les corresponden a cada una y a partir de ahí lo aprobaría el Gobierno Vasco. Un proceso, señalan, que se puede prolongar varias semanas. Eso sí, indican que «la voluntad es hacerlo cuanto antes».

El Sindicato Médico de Euskadi (SME) se ha adherido a la huelga convocada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA), la tercera de este 2025 y la más extensa de todas después de las celebradas el 13 de junio y el 3 de octubre. Las cuatro jornadas de huelga causarán, como todo paro, sus respectivas afecciones. Se están gestionando cuáles van a ser los servicios mínimos y se garantizará la asistencia a los pacientes urgentes y con necesidades indemorables, pero los médicos que tienen previsión de unirse a la huelga –o los centros que saben que ese día habrá muchos galenos de huelga– están modificando las citas que tenían programadas en esos cuatro días de diciembre. Fuera del movimiento sindical, los profesionales también se están organizando por su cuenta para «alzar la voz» y exigir que sean «representados» en la negociación del Estatuto Marco que se está llevando a cabo con el Ministerio de Sanidad. 

El IX Informe sobre Exclusión y Desarrollo Social en España sitúa a Euskadi entre las regiones con menores tasas de pobreza. El País Vasco registra un 10%, una cifra por debajo de la media nacional (20%), y también inferior a la de otros territorios tradicionalmente acomodados como Navarra (13,8%) o Madrid (12,8%).  Euskadi se sitúa además en la franja alta del mapa de renta nacional. Según el estudio de la Fundación Foessa y Cáritas, la renta media por hogar supera en más de mil euros a la registrada en la Comunidad de Madrid, que ocupa el tercer lugar.

El mercado hipotecario vasco siguió exhibiendo en septiembre el mismo dinamismo que le ha caracterizado durante todo el año. En el noveno mes se firmaron 2.603 nuevas pólizas, una subida interanual del 13,1%. Así, en el acumulado del año se han formalizado en Euskadi 19.083 pólizas, un 24,6% más que el ejercicio anterior, cuando a estas alturas la cifra llegaba a las 15.308, tal y como recogen los datos publicados ayer por el INE. Durante estos meses, la actividad se ha visto espoleada por la gran demanda para acceder a la vivienda, así como por los menores costes de financiación, que en parte han compensado el incesante alza del precio de los inmuebles. Y es que después del ciclo de bajadas de tipos ejecutados por el Banco Central Europeo (BCE) hasta junio, cuando congeló los tipos en el 2%, los bancos se metieron de lleno en una guerra por captar clientes, mejorando sus ofertas hipotecarias. Los datos del INE lo constatan, ya que el tipo de interés medio al que se constituyeron las hipotecas fue del 2,85% en España, el más bajo desde enero de 2023. En Euskadi los tipos suelen ser aún menores por la alta concentración bancaria, entre otras cosas. Aún así, la banca ya se está volviendo más selectiva a la hora de conceder préstamos tras meses de una guerra «irracional» por conceder préstamos por debajo de los propios costes de financiación. 

En general, con un salario medio de 2.385,6 euros, una cuota hipotecaria de 800,5 euros se lleva ya alrededor del 35% del total. Mientras tanto, se lleva más de la mitad (58%) del sueldo de quienes tienen entre 16 a 24 años, que perciben un salario medio de 1.372,8 euros. Estos datos son el resultado de la comparación entre los salarios medios brutos de la Encuesta de Población Activa 2024 del Instituto Nacional de Estadística (INE) y el cálculo de la cuota para un importe de 171.612 euros, con un tipo de interés de 2,85% a 25 años, las condiciones hipotecarias medias publicadas ayer en la Estadística de Hipotecas del INE que corresponden a septiembre. Así, los menores de 24 años son quienes más esfuerzo hacen para pagar la hipoteca, lo que no solo les impide tener acceso a una vivienda propia, sino que dificulta también su capacidad de acumular patrimonio para el futuro y agranda la brecha generacional. Para quienes tienen entre 25 y 34 años, esta misma cuota se lleva el 38% de su salario (2.131,6 euros de media), mientras que el esfuerzo sigue bajando con la edad. El 33% para quienes están en el rango de 35 a 44 años, frente al 31% desde los 45 a los 54 años y el 30% de los mayores de 55 años. «La accesibilidad a la hipoteca se ha convertido en un problema generacional, no solo financiero», reconoció la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) en el Barómetro de hipotecas relativo al tercer trimestre de 2025 y también publicado ayer. «Sin políticas específicas para este tramo de edad se agranda la brecha y se desplaza a los jóvenes hacia alquileres caros o compartir vivienda».

El comercio y las empresas catalanas, las más insolventes. En un contexto donde más de ocho de cada diez concursos de acreedores son declarados en España por autónomos y pequeños negocios, las insolvencias seguirán aumentando en los próximos dos años tras el fin de la moratoria contable y la aprobada para las empresas afectadas por la dana. Así lo anticipan desde el Registro de Economistas Forenses (Refor) del Consejo General de Economistas (CGE), que ayer presentó su Atlas Concursal 2025, donde se cifra en el 6% el incremento de los procedimientos previsto para 2026 y 2027. En concreto, el año que viene aumentarán alrededor de un 2%, mientras que en 2027 lo harán un 4%. Estas cifras suponen una clara muestra de la “ralentización del crecimiento” económico en España, y contrastan con las previsiones para el cierre de este año, donde la evolución de los concursos, en número, se mantendrá prácticamente plana. Entre los riesgos que afectan a la solvencia empresarial para los próximos años, los economistas forenses señalan el frenazo al comercio internacional ante la ola proteccionista desatada por Donald Trump con su guerra arancelaria; el endurecimiento de las condiciones financieras para las empresas; la persistencia de las tensiones en los mercados de la energía y el suministro de materias primas; la falta de mano de obra cualificada que atenaza al conjunto de las economías europeas; o una eventual reactivación de la espiral inflacionaria motivada “por un shock monetario o un choque de costes”, explican.

Malas noticias para quienes tienen un coche de gasóleo, que son más de la mitad de los conductores en España. El precio del litro de ese combustible acumula cinco meses de subida (un 7% más en el periodo) que le ha llevado a situarse en un precio medio de 1,456 euros por litro en la última semana de noviembre, según los últimos datos del Boletín Petrolero de la UE publicados ayer. En el mismo periodo, el litro de gasolina de 95 octanos solo se ha apreciado un 2,1%, hasta situarse en 1,489 euros. De esta manera, la diferencia de precios entre el litro de gasolina y el de gasóleo, tradicionalmente favorable al segundo, se ha estrechado hasta los 0,033 euros por litro, lo que representa el nivel más bajo desde diciembre de 2023. ¿Es posible que el gasóleo sea más caro que la gasolina en España? Inés Cardenal, directora de Asuntos Legales de la Industria del Combustible de España (AICE), que reúne a las principales empresas con actividad en España (Repsol, Moeve, BP, Galp, Gunvor o Saras Energía), justifica la mayor subida del precio del diésel por el recrudecimiento de las sanciones a Rusia. “Es un gran productor de gasóleo refinado, el combustible más consumido en invierno en Europa, y eso sigue tensionando desde hace tres años el mercado por el desfase entre oferta y demanda”, señala. 

El último choque entre el Ministerio de Trabajo y las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme continuó ayer su escalada con las duras declaraciones realizadas por la vicepresidenta Yolanda Díaz, que acusó a la patronal de dejación de funciones en lo correspondiente con la negociación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. En declaración durante un desayuno informativo, la titular de Trabajo denunció que CEOE sea partidaria de no abordar los riesgos derivados del cambio climático o de los problemas de salud mental, y apuntó estar convencida de que lo que está haciendo la patronal es esperar “a que se lo intente resolver el señor Feijóo” si llega al Gobierno. Díaz asegura que “es muy grave” lo ocurrido en la mesa de prevención de riesgos laborales, porque en lo que va de año se han producido 547 muertes por siniestralidad laboral, mientras que se han cumplido casi 20 meses de negociaciones para reformar la ley, que “trata de la vida”. “Y lo que ha hecho la patronal española es muy grave”, porque ha sido “burlarse” del diálogo social y de los empleados, en relación a la postura de la CEOE que ha conminado a Trabajo y a los sindicatos a seguir negociando las medidas del texto normativo. Por su parte, el pasado miércoles, las organizaciones empresariales respondieron a las acusaciones tras la ruptura de las negociaciones asegurando que es el Ministerio el que se levanta de la mesa con la decisión de continuar abordando la reforma solo con los sindicatos.

El Gobierno sufrió una fulminante derrota parlamentaria ayer que evidencia la debilidad con la que afronta la recta final de legislatura y deja tocados de muerte sus planes presupuestarios para 2026.La pérdida de apoyos tradicionales como el de Junts, que votó en contra junto a PP, Vox y UPN, o de Unidas Podemos y Compromís, que se abstuvieron, terminó por tumbar la senda fiscal de Hacienda, antesala del proyecto presupuestario del próximo año. El Congreso de los Diputados rechazó así los objetivos de déficit del Gobierno por 178 votos en contra, 164 a favor y 5 abstenciones. Hacienda tiene ahora un mes para presentar unos objetivos de déficit ante las Cortes, a las que anticipa que volverá a llevar la misma propuesta exponiéndose una nueva derrota. La senda fiscal, que reparte los límites de déficit público en los que puede incurrir cada administración pública, fue defendida por la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que instó a todos los partidos a secundarla por “sensatez y sentido común”, alegando que evitaría a las comunidades autónomas acometer ajustes al dejar el peso de la consolidación fiscal a la Administración Central.

José Luis Ábalos se convirtió ayer en el primer diputado en activo en ingresar en prisión provisional sin fianza investigado por delitos de corrupción. El que fuera secretario de Organización del PSOE y exministro entre 2018 y 2021 pasó su primera noche en el módulo de ingresos del centro penitenciario de Soto del Real, en la sierra madrileña, donde llegó pasadas las 18.00 horas en un furgón de la Guardia Civil acompañado de su asesor en Transportes Koldo García. Ambos recibieron el auto de encarcelamiento por riesgo «extremo» de fuga solo una semana después de que la Fiscalía Anticorrupción pidiera para ellos elevadas penas tras su procesamiento en la causa de las mascarillas. La previsión es que no salgan en libertad hasta que comience el juicio en el Supremo en marzo próximo. La decisión del juez instructor Leopoldo Puente, siguiendo el criterio del fiscal jefe Alejandro Luzón, dio un vuelco al tablero del llamado ‘caso Koldo’. Un procedimiento que ha ido mutando desde que estalló en febrero de 2024 en un juzgado de la Audiencia Nacional y que, tras darle continuidad el Supremo con la investigación al aforado Ábalos y luego a Santos Cerdán, su sustituto en la dirección socialista, ha podido implosionar definitivamente en la jornada de ayer.

El consejero díscolo del Banco Sabadell, David Martínez Guzmán, ha presentado su dimisión tras haber discrepado públicamente con el resto de la cúpula del banco sobre la opa hostil del BBVA antes de que esta fracasara finalmente. Martínez Guzmán, que ostenta el 3,5% del capital de la entidad y es su mayor accionista personal, decidió aceptar la oferta del banco vasco, al apoyar su proyecto de crear una entidad más grande y más internacionalizada, frente al proyecto de que el Sabadell continuase en solitario. “Abandonar el consejo es una decisión independiente y no un reflejo de las perspectivas de futuro del banco, que debería continuar creando valor con un perfil de distribución a los accionistas muy atractivo”, indica un portavoz del inversor mexicano. El Sabadell ha esgrimido el dividendo como su principal argumento para que sus accionistas rechazasen la opa. En el arranque del año que viene realizará un pago de 2.500 millones de euros con cargo a la venta de TSB, su filial británica, al Santander. La divergencia de opiniones sobre la oferta causó un tenso enfrentamiento entre Martínez Guzmán y el banco, con el consejero delegado, César González-Bueno, a la cabeza en el momento crítico de la opa, justo cuando los accionistas tenían que tomar una decisión. 

Para la banca, la inversión en digitalización es una necesidad creciente, a la que destina un presupuesto superior a los 7.000 millones de euros cada año, según datos difundidos ayer por las patronales AEB, Ceca (antiguas cajas de ahorros) y Unacc (cajas rurales). Este capítulo incluye tecnologías emergentes pero imprescindibles para explotar los millones de datos que tiene el sector y reforzar la ciberseguridad. Estamos hablando de inteligencia artificial, blockchain, big data, computación en la nube y de la biometría, que está revolucionando la forma en que se llevan a cabo las transacciones financieras. La banca debe afrontar estas crecientes inversiones al mismo tiempo que van aumentando los costes regulatorios y el reporte de información a diferentes autoridades. Según denuncia el sector, la banca está sometida a 1.755 normas, de las cuales 1.395 son de ámbito europeo y 360, españolas. El 26% de ellas son actualizaciones de normativas previas. Según sus números, el número de acciones de inspección crecen a tasas del 33%. Las tres patronales están haciendo lobby para convencer a los reguladores de que es urgente una simplificación. Ayer presentaron públicamente una lista de 24 medidas concretas.

“Hay que pedirles transferencia de tecnología si quieren entrar en el mercado europeo”, expone a este periódico Stéphane Séjourné, vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea para Prosperidad y Estrategia Industrial. “Ellos lo han hecho para todo: desde la energía nuclear hasta la automoción, pasando por la aviación. Exigen puestos de trabajo chinos, subcontratación con cadenas de valor chinas, transferencias. Propongo hacer lo mismo”. Con China convertida en una potencia industrial, la incursión de sus empresas en la UE obliga a los Estados miembros a plantearse cómo sacar partido de esta fase de la globalización. Las propuestas que afectarán a la regulación de las inversiones extranjeras se presentarán el 10 de diciembre. Formarán parte de una serie de medidas que Bruselas lleva meses lanzando para intentar revitalizar la competitividad de un sector, el industrial, donde Europa siempre ha tenido un nicho de empleo estable y bien remunerado. Lo que sucedió en el pasado, aún se nota en las estadísticas: las inversiones de la UE en China ascendían a 231.600 millones en 2023, último año disponible con los datos de la Comisión; a la inversa son 64.700 millones. Desde China, las actuales peticiones de Bruselas se ven como un paso lógico. “En las industrias avanzadas en las que los países europeos están por detrás de China, tiene sentido que estos soliciten a las firmas chinas que compartan tecnologías y conocimientos para poder ponerse al día rápidamente”, dice Justin Yifu Lin, decano del Instituto de Nueva Economía Estructural en la Universidad de Pekín.

Francia ya se prepara indisimuladamente para una posible guerra con Rusia en unos cinco años. Y más allá del estado de ánimo colectivo, al que desde hace semanas se añade temperatura desde el Elíseo y el ejército, también comienzan a tomarse medidas concretas. Francia implantará desde el verano de 2026 un nuevo servicio militar voluntario con la idea de acoger durante 10 meses a 10.000 jóvenes, hombres y mujeres, en una primera fase, y hasta 50.000 para 2035. Un caladero de reservistas que aumenten el número de efectivos en caso de una guerra y ayuden a disuadir la amenaza rusa. “El miedo no evita el peligro. La única manera de evitarlo es prepararse para ello”, advirtió ayer el presidente de la República, Emmanuel Macron, durante el anuncio de la nueva iniciativa desde la base militar de Varces-Allières-et-Risset. El servicio militar en Francia fue suprimido por el presidente conservador Jacques Chirac en 1996. “El fin de la Guerra Fría lo hizo innecesario”, explicó Macron. 

El banco norteamericano, JPMorgan, anunció ayer la construcción de su nueva sede en Londres para los negocios en Europa, Oriente Próximo y África. Las cifras no pasan desapercibidas. La inversión rondará los 3.000 millones de libras (3.425 millones de euros), tendrá una superficie de casi 300.000 metros cuadrados y sumará una capacidad para 12.000 empleados. Tampoco lo será el tiempo que se empleará en levantar la torre: seis años desde que se obtengan todos los permisos. La construcción requerirá el trabajo de 7.800 personas y generará un impacto para la economía de Reino Unido en torno a los 11.300 millones. Casualidad o no, el banco norteamericano dio a conocer la noticia al día siguiente de que los presupuestos presentados por el Gobierno británico descartasen la introducción de un impuesto a la banca, una opción muy temida por el sector. JPMorgan tiene dos grandes oficinas en la capital británica: el número 25 de Bank Street (antigua sede de Lehman Brothers), en Canary Wharf, el segundo distrito financiero de Londres, donde opera su banca comercial y de inversión, y el 60 de Victoria Embankment, ya en la City, para la gestión de activos y patrimonios. Además, tiene alquilado en el One Cabot Square, en Canary Wharf, para su división internacional de banca minorista, que incluye Chase UK, con 2,6 millones de clientes. La actividad de JPMorgan en Londres se concentrará en el futuro en el nuevo inmueble, aunque el banco todavía tiene que decidir qué sucede con sus actuales emplazamientos.