20230303

Confebask ha afirmado que los datos de paro y afiliación del mes de febrero en Euskadi son "positivos" y "permiten mantener la previsión de creación de empleo para el conjunto del año". El responsable de Economía de Confebask, Pablo Martín, se ha referido, de esta manera, a los datos conocidos este jueves, que arrojan un descenso del paro en Euskadi de 609 personas en febrero mientras que se contabilizan 3.834 afiliados más. El representante de la patronal vasca ha indicado que en febrero se ha dado una "evolución positiva" del mercado laboral, ya que se reduce el paro en todos los sectores y lo hace "con más intensidad que lo que lo hizo en febrero del año pasado". Pablo Martín ha añadido que ocurre algo similar en relación a la Seguridad Social, ya que crece la afiliación y también aumenta más que en febrero del año pasado y en todo los sectores. No obstante, el representante de Confebask ha señalado que la generación de empleo prevista para este año evolucionará a un "ritmo más contenido" que el año pasado, ya que con un crecimiento económico que "se prevé muy modesto, también la creación de empleo va a ser moderada". Ver más en Confebask

Construcción e Industria tiraron del mercado laboral en un mes que desde hace casi una década no registraba datos así de empleo. Febrero sorprendió. Y un mes que no suele ser bueno para la estadística del empleo dio ayer un respiro al mercado laboral vasco. Un alivio en forma de 3.834 nuevos empleos y de reducción de los parados en 609 personas gracias a los 50.491 contratos laborales que se firmaron el mes pasado. Respecto a febrero de 2021, se trata de 12.075 afiliados más y 3.531 parados menos. En la serie histórica es el mejor febrero desde 2015 en el aumento de afiliados a la Seguridad Social, que deja el total de cotizantes en Euskadi en 988.149. En cuanto a los parados que buscan empleo a través de Lanbide, el número asciende a 112.296 personas. A pesar de todo, los datos no logran recuperar el pinchazo de enero, cuando se destruyeron 9.761 trabajos y se incrementó el número de parados en 2.101. Los empresarios vascos agrupados en la patronal Confebask señalaron ayer que los datos del empleo «son positivos» y se reafirmaron en sus previsiones para este 2023, un año en el que esperan una creación de trabajo que si bien no alcanzará el ritmo del pasado 2022 sí permitirá crear 10.000 nuevos puestos y reducir la tasa de paro al 7%.

El mercado laboral vuelve a dar muestras de dinamismo, después de nueve meses en constante desaceleración y cierra el mejor mes de febrero desde el año 2015, en el que ha sumado 88.918 puestos de trabajo, hasta alcanzar los 20.170.142 afiliados a la Seguridad Social. Sin embargo, no es oro todo lo que reluce: los autónomos siguen destruyendo empleo, quizá debido a la subida de las cotizaciones, mientras que el comercio, la agricultura y los jóvenes se ven especialmente lastrados, probablemente como efecto de la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). De hecho, se trata de un rebote muy concentrado, ya que solo tres sectores, educación hostelería y construcción, aglutinan el 86% de todos los puestos de trabajo generados en febrero. En febrero se generaron 88.918 puestos de trabajo respecto al mes anterior, el máximo en los últimos ocho ejercicios en esta época del año y cerca del doble de la media histórica, según los datos que publicó ayer el Ministerio de Seguridad Social. Esto es, un dato bastante positivo que permite recuperar, en cierta medida, el dinamismo del mercado laboral, que se había ido apagando debido al freno económico a partir del verano del año pasado. Así, si en mayo de 2022 el mercado laboral avanzaba a un ritmo anual del 5,1%, sumando casi un millón de puestos de trabajo al año, a partir de mayo se fue frenando progresivamente hasta el 2,3% de enero, mientras que el dato positivo de febrero ha permitido un repunte de una décima. Con ello, en los últimos doce meses se han generado 475.870 empleos.

Los tipos seguirán subiendo y, una vez que alcancen su punto más alto, se mantendrán ahí durante un largo periodo de tiempo. Así lo confirmó Chrsitine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo (BCE), en su intervención ayer en u n programa de televisión. La máxima responsable de la autoridad monetaria subrayó que, aunque la inflación ha bajado en los últimos meses en Europa, el crecimiento de los precios “sigue siendo muy elevado”, lo que conlleva que tendrán que seguir elevando los tipos de interés en las próximas reuniones. A la subida prácticamente garantizada –y descontada por los mercados– de 50 puntos básicos en la próxima cumbre del 16 de marzo, Lagarde ha añadido que “en este momento es posible que tengamos que seguir subiendo los tipos después de marzo, pero lo dirán los datos”. Por lo tanto, en apenas un par de semanas se situarán ya en el 3,5% y de ahí seguirán su camino al alza. La banquera central no quiso adelantar cuál es el techo que el Consejo de Gobierno vislumbra para los tipos de interés en el corto plazo y que los analistas sitúan hasta en el 4,5%, pero sí ha destacado que, una vez que se alcance ese nivel, el precio del dinero “se mantendrá ahí a lo largo del tiempo”. Con una inflación del 8,5% en la eurozona en febrero, Lagarde quiere evitar cualquier tipo de error que pueda alejar al BCE de su objetivo de devolver a la región a la estabilidad de precios. La banquera central recordó que, atendiendo a las proyecciones de la institución europea, la inflación no volverá al objetivo del 2% hasta 2025, una fecha muy lejana que quieren tratar de acelerar con un mayor endurecimiento monetario. 

La terminal de CSP Iberian Bilbao Terminal del Puerto de Bilbao acogió ayer la inauguración del nuevo servicio USX United States Express, consignado por Marítima Dávila e impulsado por la empresa Ellerman City Liners, que conecta directamente Bilbao con la costa este de EE UU. Este nuevo servicio forma parte de la apuesta por el Puerto de Bilbao que la compañía ha definido en su estrategia corporativa. El nuevo servicio es semanal y está operado por portacontenedores con una capacidad superior a 3.000 TEUS, capacidad de carga de un contenedor normalizado de 20 pies (6,1 m.) de largo por 8 pies (2,4 m.) de ancho por 8,5 pies (2,6 m.) de altura. En este caso, el buque inaugural ha sido el ‘Bux Favourite’. Entre las principales ventajas del nuevo servicio destaca la reducción de tiempos, que supone un tránsito de 15 días en la importación y 18 días en la exportación en las conexiones entre Bilbao y Nueva York, gracias a su conexión directa. Ello supone, según destacaron fuentes del Puerto de Bilbao, una oferta «muy competitiva en un contexto donde las relaciones comerciales entre ambas zonas son muy importantes», y además permite «resaltar la ubicación geoestratégica del puerto vizcaíno a nivel internacional». EE UU es el principal socio extracomunitario de Bizkaia por lo que la introducción de este servicio es «una apuesta para seguir impulsando el crecimiento de las conexiones y los negocios del ‘hinterland’ del puerto», indicaron responsables de la dársena vizcaína.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y el regulador eléctrico francés, la Commission de Régulation de L’énergie (CRE), firmaron ayer el acuerdo que desbloquea la construcción de la interconexión eléctrica entre España y Francia. Un macroproyecto que establece un tendido de 400 kilómetros entre la localidad vizcaína de Gatika y la francesa de Cubnezais, al norte de Burdeos, para poder enviar y recibir hasta 5.000 MW de potencia. Tras el acuerdo, la financiación de los al menos 2.850 millones de coste se asumirá en un 54% por España y un 46% por Francia, descontando los más de 800 millones de euros que aportará la Unión Europea. La obra de carácter faraónico, y que contempla 300 kilómetros de tendido en el mar, se había encarecido sobre los presupuestos iniciales en más de 1.000 millones. Un sobrecoste por el incremento de los precios de las materias primas y los cambios de trazado. La posición del regulador francés defendía que el coste de la obra, que tras la última revisión se elevaba a los citados 2.850 millones, se repartiera en un 62,5% para España y un 37,5% para Francia. Un desequilibrio por el que CNMC no parecía dispuesta a pasar por el encarecimiento que supondría para el sistema energético español. Finalmente, la decisión salomónica se acerca casi a un ‘pago a escote’, que es la solución que recibirán los gobiernos español y galo para dar los siguientes pasos que desembocarán en 2027 en el final de las obras. En España es el operador de la red eléctrica, Redeia, el responsable de gestionar esta obra que podría, según confirman fuentes del ente, dejar en las empresas vascas unas adjudicaciones de hasta 400 millones de euros.

La vuelta de los tipos de interés a terreno positivo el pasado año ha alegrado el negocio de las entidades financieras que recuperan con esta situación los ingresos en el área tradicional de su negocio. Es una de las razones principales que explican el incremento del beneficio cosechado por Laboral Kutxa en 2022 y que se suma a los datos de otras entidades financieras. La cooperativa de crédito ganó el año pasado 150 millones de euros, un 38% más que en 2021 y, principalmente, gracias a los ingresos obtenidos por el margen de intereses, que se dispararon un 17% hasta alcanzar los 280 millones. La entidad, a pesar del aumento de la actividad comercial y del crecimiento en la contratación de figuras como EPSV o fondos de inversión, mantuvo los ingresos por comisiones con un alza muy reducida, del 4%, hasta sumar 126,1 millones de euros. Estos datos, unidos a una calidad del crédito que rebajó el ratio de mora al 2,7% y permitió recortar las dotaciones en más de 20 millones, dieron como resultado ese beneficio neto de 150 millones, que será la cantidad a la que Laboral Kutxa recurrirá para pagar sus aportaciones sociales y la dotación a la Corporación Mondragón de la que forma parte. Ver nota Laboral Kutxa. 

La indignación del Gobierno con Ferrovial por el anuncio del traslado de su sede social a Países Bajos le ha llevado a señalar directamente al presidente de la constructora, Rafael del Pino, como instigador de la operación que él mismo comanda por «motivos personales». Un «interés» particular, señalan, que estaría vinculado al impuesto a las grandes fortunas que el empresario evitaría liquidar al obligar a mudarse a todo el grupo. Ésa es la versión que ayer apuntaban fuentes gubernamentales tras unas intensas horas en las que el Gobierno ha pasado de tachar de «error» este cambio a reprochar a la compañía el olvido de sus raíces españolas. Eso, además de responsabilizarle de un «gesto» que daña al conjunto de la economía frente al mercado mundial. El propio presidente Pedro Sánchez acusó ayer a Rafael del Pino de que con su anuncio, «desde luego no está comprometido con España», a diferencia de otros «ejemplos extraordinariamente positivos de grandes empresarios que tienen una enorme responsabilidad en la sociedad en la que nacen y desarrollan toda su acción». Sin embargo, el propio presidente de Ferrovial ya advirtió a principios de año de que «debemos volver a convertir España en un destino atractivo para invertir». Lo hizo pocos días después de la puesta en marcha del impuesto a las grandes fortunas. Del Pino es el tercer español más rico, con un patrimonio de más de 3.800 millones, según el ranking de Forbes. Desde la constructora insisten en que el cambio de sede no tiene ninguna connotación política y se restringe a una decisión empresarial y estratégica. Pero el Gobierno lo duda. Por eso, según confirmó el propio Sánchez, «vamos a comprobar que el anuncio que ha hecho corresponde con la legalidad». Esto es, si realmente cumple con lo exigido para justificar el cambio de sede social a otro país, ya que su presencia hoy en día en Amsterdam es mínima. La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, trabajará junto a la Comisión Nacional del Mercado de Valores para determinar si tienen «sustancia» sus argumentos.

El presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, criticó ayer la propuesta que le han enviado CCOO y UGT para negociar un acuerdo salarial de convenios en el trienio 2022-2024. Garamendi rechazó la amenaza a las empresas que plantea el documento, si no hay un pacto antes del primero de Mayo. En su propuesta, los sindicatos advierten a la CEOE de que, en tal caso, pedirán al Gobierno que amplíe el número de empresas que deberían tributar por un 15% ó un 20% de los beneficios en el Impuesto de Sociedades. Ahora deben hacerlo todas aquellas que facturen veinte millones de euros anuales. Garamendi se mostró “sorprendido” por esta idea de los sindicatos. “No lo entiendo, dicen que si no llegamos a un acuerdo, están pidiendo que el Gobierno suba impuestos a las empresas al 15% [ó 20%]”. “Lo que hay que hacer es que las empresas fluyan”, dijo el presidente de la CEOE. “Las empresas están teniendo un problema enorme de costes, a cuenta de la energía, en muchos casos también de las materias primas”, lamentó, y recordó que el gobernador del Banco de España y los economistas ya han alertado al Gobierno y a los agentes económicos de los efectos de una inflación de segunda ronda. De hecho, el Índice de Precios de Consumo, en febrero, fue del 6,1%, y del 7,7%, el indicador subyacente, que no tiene en cuenta los alimentos frescos y los precios de los carburantes. El dirigente de la CEOE aseguró que las empresas quieren que suban los salarios, “pero hay que gestionarlo de forma razonable”. Se mostró dispuesto a estudiar la propuesta de los sindicatos, pero también manifestó su desacuerdo con que sea el Gobierno el que elabore un indicador para medir la capacidad de los sectores para poder responder a una revisión salarial, para que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo.

La falta de transportistas en Europa está generando serios problemas en la economía española, particularmente en el sector del motor, una actividad para la que hay un 25% menos de portavehículos que en 2019, según cifras de Transportave, la asociación nacional de empresas de transporte. Otra patronal, CETM, la Confederación Española de Transportes de Mercancías, asegura que hasta 2030 será necesario contratar a un total de 15.000 camioneros para el conjunto del sector. Por ello, CETM y Anfac, la patronal de fabricantes de coches, está en negociaciones con el Gobierno para facilitar la concesión de visados a trabajadores extranjeros con carnet para conducir camiones. En el caso concreto del motor, los grandes fabricantes de coches con plantas en España están teniendo que poner en práctica soluciones imaginativas para dar salida a los vehículos que se acumulan en sus campas. Stellantis, el mayor productor de España, ha ofrecido un aumento de 800 euros a los trabajadores de su planta de Vigo para transportar los coches hasta los concesionarios. En un caso único en Europa, la Asociación Nacional de Concesionarios de Citroën y DS tuvo que montar un operativo para ir a buscar vehículos a los puertos, según reconoce esta asociación a CincoDías, con el que lograron movilizar 2.000 vehículos. Si bien Stellantis es uno de los fabricantes que más dificultades está experimentando, no es el único. Mercedes-Benz en Vitoria planeaba abrir un turno de producción los sábados, pero finalmente no lo hará porque no tiene capacidad para dar salida a los coches, según indican fuentes sindicales. Otros como Volkswagen o Iveco, si bien aseguran que están capeando el temporal y no tienen problemas al respecto actualmente, reconocen que hay dificultades logísticas en todo el motor. Fuentes del sector afirman que la falta de camioneros ha pasado a ser “la preocupación número uno” de los fabricantes de coches, desplazando a la falta de chips, la cual lleva meses mejorando.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones quiere tener los elementos legales más importantes del macrofondo de pensiones de empleo de promoción pública listos el próximo verano, con la intención de que este nuevo organismo pueda ofertar los planes simplificados antes de que acabe el año. Para ello, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, está acelerando todos los pasos legales previos que requiere la puesta en marcha de este macrofondo. Y uno de dichos pasos se va a llevar a cabo hoy mismo, con la constitución de la comisión promotora y de seguimiento de los fondos de pensiones de empleo de promoción pública (FPEPP). Este es uno de los órganos fundamentales para el despliegue completo de la Ley 12/2022, de 30 de junio, que regula el impulso de los planes de pensiones de empleo entre pymes, autónomos y Administraciones públicas. Sus nueve componentes tienen previsto celebrar hoy también su primera reunión de trabajo en la madrileña sede del Ministerio de Seguridad Social. Se trata de un órgano interministerial, adscrito al Ministerio de Inclusión, que tiene como cometido principal impulsar la constitución y puesta en marcha de los fondos de pensiones de empleo de promoción pública, controlando la idoneidad de su desarrollo, explican fuentes de este ministerio. Para cumplir con esta tarea, dicho órgano tendrá entre sus funciones seleccionar a las entidades gestoras y depositarias del futuro fondo de promoción pública y establecer los requisitos y condiciones de adjudicación.

El ascenso vertical registrado en la recaudación tributaria durante el año pasado, hasta la inédita cota de los 254.000 millones de euros, estuvo principalmente propiciado por el efecto arrastre de la escalada de los precios. Así lo ha dictaminado el Banco de España en un análisis sobre la evolución de los ingresos públicos que concluye que seis de cada 10 euros adicionales logrados por Hacienda durante 2022 fueron directamente generados por el aumento de la inflación. “El efecto estimado de la inflación en la evolución reciente de los ingresos públicos es notable y ha ganado peso en los últimos trimestres”, relata el supervisor en el informe Los ingresos públicos tras la pandemia: residuos fiscales e inflación, publicado ayer. En este sentido, detalla, “en los tres primeros trimestres de 2022 el crecimiento de los precios habría supuesto 7,3 puntos porcentuales de los 12,3 puntos porcentuales de incremento de los ingresos públicos observado en este período. Esto es, más de la mitad” de todo el aumento de la recaudación cosechada. Las cifras implican, concretamente, que la subida de los precios fue responsable directa del 59,3% de los ingresos fiscales adicionales obtenidos por el Estado español durante los tres primeros trimestres de 2022. Conviene recordar que, en el marco del repunte de la demanda tras la parálisis del Covid, los cuellos de botella en las cadenas de producción global, la crisis energética y la invasión rusa sobre Ucrania, la inflación llegó a dispararse a doble dígito en España el pasado año, alcanzando tasas de variación interanual del 10,8% desconocidas en los últimos 40 años.

Telefónica ha alcanzado un preacuerdo con los sindicatos sobre el que será el primer convenio unificado para los 3.500 empleados de la corporación y las unidades globales (GBU) que dependen de ella y que tienen su sede en España. La empresa ha realizado una última oferta dentro del proceso de negociación del convenio. En ella se incluye una subida salarial conjunta superior al 7,5% para el conjunto de los años 2023 y 2024, con un factor corrector para el IPC. UGT y CC OO detallan que, entre los términos de esta oferta figura, para 2023, una subida salarial lineal al personal incluido en convenio del 4% más un 0,5% adicional, discrecional para retener talento y 'desposicionamientos'. Para 2024, se establece una subida salarial lineal al personal incluido en convenio del 2,5% más un 0,5 % adicional, también discrecional para retener talento y 'desposicionamientos'. Igualmente, hay un reconocimiento de un factor corrector de hasta un 1% lineal consolidable a pagar en 2025, si el IPC acumulado del periodo 2023-2024 supera la suma de la subida salarial pactada del 7,5%. De igual forma, habrá una actualización de los cheques comida en junio de 2023 a 10 euros y en enero de 2024 a 11 euros; y una consideración de no laborable del día 24 o 31 de diciembre, a elección del empleado, considerando el otro como 'teletrabajable'. Este convenio cubrirá a cerca de 3.500 trabajadores de la matriz Telefónica SA, y de filiales. 

El Ministerio de Transportes, a instancias de los departamentos de Asuntos Económicos y de Hacienda, ha decidido no prorrogar la figura creada el año pasado ante la emergencia provocada por la inflación de los materiales de construcción. Todo un jarro de agua fría para un sector que lleva meses demandando una ampliación. Colectivos como la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), Seopan y ANCI calificaron de vital la permanencia de esta fórmula de reequilibrio de los contratos. Incluso, han demandado al Gobierno que fuera a más, relajando los límites de acceso a la misma (el suelo del 5% de desviación en los presupuestos de obra para comenzar a aplicar la revisión y el tope del 20% revisable sobre el presupuesto de adjudicación) e incluyendo las oscilaciones del precio de la energía y el alza de los costes laborales. Fuentes cercanas a Transportes aprecian que “las circunstancias actuales ya no justifican una prórroga de una medida que era extraordinaria”. Ante el temor a la expiración de esta ayuda, el presidente de Seopan, Julián Núñez, advirtió en una comparecencia pública el pasado 20 de febrero del riesgo de paralización de la obra civil, con el consiguiente impacto en la ejecución de fondos europeos, debido a la incertidumbre que siguen generando los costes de las materias primas. “Hay licitaciones, especialmente de las comunidades autónomas y Administraciones locales, que van a quedar desiertas o semidesiertas si no incluyen la revisión de precios”, dijo Núñez. Tres días antes, el presidente de la CNC, Pedro Fernández-Alén reclamó una prórroga sine die “porque no sabemos cuándo acabará la guerra”. La patronal estima que solo en 2022 quedaron desiertos más de 2.000 contratos de obra pública por un valor total de 982 millones.

La consecución de una vacuna altamente eficaz contra el covid 19 en un tiempo récord se ha visto empañada por la creciente influencia de los negacionistas. Son los que sostienen que absolutamente todo es falso porque, según dicen, forma parte de una conspiración internacional contra el ser humano. Niegan la existencia del cambio climático, del sida, del holocausto nazi, de la llegada a la Luna, del coronavirus... Todo, desde su punto de vista, son mentiras y quienes las cuentan solo buscan manipular a la sociedad. La expansión de esas ideas durante la reciente gran crisis de salud se ha traducido en más enfermedad y muerte. Medio centenar de agrupaciones sanitarias de Estados Unidos, algunas de las mejores organizaciones científicas del mundo, han dicho basta. «Estamos ante una cuestión de vida o muerte», sentencia firme el especialista Francisco Javier Membrillo, portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC). «Nos guste o no, todas las opiniones no son iguales. La mía sobre cómo se está construyendo un puente no es igual de válida que la de un ingeniero. Y esto nos lleva a que hay personas que ponen en riesgo su salud por recibir informaciones erróneas». Las organizaciones sanitarias firmantes del documento se han bautizado como ‘Coalición por la Confianza en la Salud y la Ciencia’ y ayer hicieron un llamamiento público para «frenar la pandemia de información errónea», que en materia sanitaria sacude a la población mundial. El término ‘infodemia’ hace alusión a un fenómeno tan nuevo que el diccionario de la Real Academia de la Lengua (RAE) aún no lo recoge. Con él se tratan de describir los perjuicios altamente nocivos para la salud que está provocando el actual «maremoto de información errónea y desinformación». La plataforma alerta de que el «impacto» de la desinformación en salud se traduce en «más miseria y más muertes prevenibles». La situación está «escalando» y ha llegado a «niveles peligrosamente altos de desconfianza en la atención médica, la salud pública y la ciencia». Firman el documento la práctica totalidad de colegios y asociaciones de EE UU de médicos, científicos, enfermeras y farmacéuticos, entre otros profesionales.