20260227

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

La Cámara de Comercio de Gipuzkoa ha alertado este jueves de dos grandes tendencias que están marcando el pulso de la economía del territorio. Por un lado, la creciente competencia de China en prácticamente todos los sectores industriales de Gipuzkoa. Por otro, la debilidad del tipo de cambio dólar-euro, que añade presión a las exportaciones. Según su director general, Javier Zubia, «la preocupación por la presencia de China está llegando a todos los sectores industriales». En especial a dos áreas estratégicas para Gipuzkoa: la automoción, que atraviesa una transición estructural compleja, y los bienes de equipo, donde la incertidumbre internacional ha paralizado inversiones. Las empresas destacan que el gigante asiático no sólo compite en costes, sino que ha alcanzado un nivel tecnológico «cada vez más alto», situándose en muchos casos en igualdad (o incluso ventaja) respecto a los fabricantes europeos. A pesar del contexto global incierto, el tejido empresarial de Gipuzkoa mantiene su dinamismo exterior después de cerrar un 2025 con cifras récord. Ocho de cada diez compañías encuestadas prevén mantener o incrementar sus exportaciones este año. En detalle, un 35% espera aumentar sus ventas internacionales y un 45% mantenerlas. Las empresas guipuzcoanas buscan ampliar su presencia en regiones como India, Oceanía, Arabia Saudí, Marruecos, Canadá y América Latina, donde identifican márgenes de crecimiento y oportunidades de colaboración gracias a los recientes acuerdos comerciales pactados con la Unión Europea. No obstante, las más de 300 empresas encuestadas también vislumbran ciertos nubarrones por la incertidumbre global. El 25% de las compañías consultadas por la Cámara considera que la economía mundial empeorará este año, frente a un 14% que confía en una mejora. El 61% restante cree que la situación se mantendrá estable. En cuanto a la cifra de negocios, el 82% prevé que sus ingresos se mantendrán o crecerán durante 2026, mientras que un 18% anticipa un retroceso en pedidos, fundamentalmente en sectores industriales.

Más carga de trabajo, más producción... y aun así, menos empleo. Así pronostican las empresas alavesas el panorama para los próximos meses. La última encuesta de coyuntura industrial elaborada por la Cámara de Comercio y Industria de Álava refleja que pese a que las ventas crecerán en un 43% de las compañías del territorio, un 10% de ellas tendrán que recortar sus previsiones de contratación y apenas un 2% aumentará su creación de trabajo. El barómetro de la organización alavesa, realizado con las respuestas proporcionadas por un total de 91 empresas del territorio, confirma un aumento de la productividad «por encima de lo previsto» en el último trimestre del pasado curso, lo que ha elevado el índice de confianza industrial hasta una cota de 2,46 puntos. Se trata del primer valor positivo que alcanza en dos años, impulsado porque un 42% de las firmas en la provincia han visto crecer su producción. Las compañías que no han aumentado su fabricación alegan la falta de demanda en el exterior como principal causa, de acuerdo con los resultados del informe. Es una cuestión que, tras el año de los aranceles, no parece que vaya a mejorar en un plazo corto de tiempo. Y es que sólo un 2% espera que las exportaciones vayan a incrementarse, frente a un 14% de firmas encuestadas que vaticinan un descenso y un 84% que apuntan a un mantenimiento de las ventas exteriores. Las otras principales causas por las que las empresas sondeadas por la Cámara de Comercio no producen más son dos. Por un lado, la demanda del mercado nacional y, por otro, la falta de mano de obra especializada, un problema recurrente entre las industrias del territorio.

Ocho de cada diez estudiantes vascos tienen trabajo a los cuatro años de terminar la carrera universitaria con un sueldo medio anual de 33.000 euros. Si se unen los campos de la inserción laboral y la base media de cotización anual (BMC), los licenciados de Euskadi presentan los mejores registros de todo el Estado. Los datos pertenecen al extenso informe presentado ayer por la Fundación CyD sobre las estadísticas de inserción laboral, tras analizar la situación de los titulados en el curso 18/19 en los centros de enseñanza superior, tanto públicos como privados. Los jóvenes egresados de la Universidad del País Vasco –EHU– son, dentro del circuito público de las universidades, los que ganan más dinero en España, con una BMC de 33.114 euros. Lideran un podio que completan Cataluña, con 32.098 euros, y Madrid, con 31.518 euros. La cifra vasca, además, está sensiblemente por encima de la media estatal entre las universidades públicas, que es de 30.429 euros. En el ámbito de la privada, la media es de 33.990 euros y algunas comunidades autónomas, como La Rioja, acreditan una BMC de 34.910 euros. En el País Vasco, sexto en este ranking, estas cifras alcanzan los 33.000 euros.

«Para que Euskadi siga siendo líder tenemos que correr más rápido que nadie». La industria vasca pisa el acelerador en plena tormenta europea para esquivar los «nubarrones negros» de los que ya advirtió el lehendakari en el arranque del curso político y que empiezan a dejarse sentir en sectores como la siderurgia. En ese contexto, el Ejecutivo autonómico ha presentado este jueves el segundo Proyecto Transformador de su Plan de Industria: una iniciativa liderada por Danobat con la que Euskadi se lanzará al «desarrollo de una nueva generación de robots industriales de alta precisión». El proyecto contempla una inversión inicial cercana a los 50 millones de euros en los próximos tres años, de los que más de 35 millones se destinarán a actividades de I+D y desarrollo tecnológico. La financiación será público-privada, si bien las cuantías definitivas aún están por concretarse, ya que deberán ajustarse a los programas de apoyo del Gobierno vasco, actualmente en fase de definición. La iniciativa, bautizada como 'Roboost', prevé la creación de hasta 500 puestos de trabajo, de los que 200 serán empleos directos y otros 300 indirectos. El consejero de Industria, Mikel Jauregi, ha subrayado el efecto tractor del proyecto sobre el tejido industrial, ya que implicará a 18 pymes y a una decena de centros tecnológicos y agentes de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación con el objetivo de «engranar y buscar sinergias entre la tecnología de vanguardia» del territorio. El proyecto, presentado este jueves en Elgoibar, es el segundo Proyecto Transformador que hace público el Gobierno vasco, que ha convertido su hoja de ruta industrial en la principal bandera de esta legislatura. El lehendakari, Imanol Pradales, ya dio a conocer la semana pasada el primero de ellos, una iniciativa en el sector aeronáutico, liderada por ITP, que prevé la creación de 800 empleos vinculados a una inversión empresarial de 110 millones de euros para «crear el avión del futuro». Todavía quedan otros 18 Proyectos Transformadores por presentar dentro del Plan de Industria. 

El nuevo planteamiento busca hacer más atractivas tanto las bajas incentivadas como las prejubilaciones, que adelantan un año hasta los 59. Así, para las bajas incentivadas ofrece abonar 38 días por año trabajado con 24 mensualidades, junto con 1.500 euros por año hasta un tope de diez ejercicios. Inicialmente eran 25 días y en la anterior reunión pasaron a 30. Por otro lado, la empresa ofrece ahora prejubilaciones desde los 59 años (antes requería 60), con el 65% del salario bruto y convenio especial con la Seguridad Social hasta que cumplan los 63. Para los que se retiren con esa edad se mantienen los 20 días con un tope de 12 mensualidades. En cuanto a los eventuales, se mejora la indemnización a 30 días con un tope de 12 mensualidades. El recorte de plantilla es uno de los principales puntos sobre los que se apoya el plan de viabilidad de la compañía para salvar una situación muy compleja que podría derivar en concurso de acreedores. El grupo está asfixiado por una deuda que supera los 260 millones de euros y su facturación se ha desplomado debido a que los aranceles de Donald Trump, en el 50% desde el pasado junio, han bloqueado su principal mercado, el estadounidense, que supone casi la mitad de sus ventas. El otro pilar sobre el que pivota el plan de viabilidad es una reestructuración de la deuda, que rebasa los 260 millones. Ahí juega un papel esencial la Sepi, dependiente del Gobierno central, que rescató a Tubos Reunidos en 2021 con un préstamo de 113 millones de euros, ahora ya engordado hasta los 130 por los intereses. 

Stellum Capital, la gestora privada de fondos de inversión nacida en el seno de la Fundación Artizarra, una institución promovida por un grupo de empresarios vascos, se hace mayor. Consolidado ya como uno de los actores más activos y de referencia en el ecosistema financiero vasco, y muy activo en los últimos tiempos en las operaciones de arraigo realizadas en Euskadi, el instrumento pilotado por Pablo Echart, como partner y CEO de la gestora, quiere dar el siguiente paso. Así, la entidad ha dado los primeros pa- sos para lanzar tres nuevos fondos (en realidad, son segundas y terceras ediciones de algunos de los que ya tiene activos) para intentar captar cerca de 450 millones de euros. Eso supondría triplicar su tamaño hasta los 700 millones de euros bajo gestión. El movimiento está aún en sus primeras fases. Y es que el lanzamiento de nuevos fondos de inversión, también en el caso de la gestora donostiarra, requiere de un análisis exhaustivo previo y de la pertinente aprobación del regulador, la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Los responsables de Stellum Capital trabajan estos días para poder enviar y trabajar después con la CNMV los folletos (los documentos explicativos) de tres nuevos fondos. Se trata de Stellum Food & Tech II, Stellum Growth II y Easo Ventures III. Para el primero de ellos se pretende levantar (reunir en términos financieros) entre inversores privados españoles una cantidad que podría ir de los 100 a los 150 millones de euros, cifra bastante más elevada que los 50 millones de la primera edición del vehículo.

 Arteche, empresa vizcaina dedicada a equipos, componentes y soluciones para el sector de la energía, alcanzó el pasado año un beneficio neto de 45,3 millones de euros, casi el doble que el año anterior (+93,4% sobre el ejercicio 2024), según ha informado a la CNMV. Las ventas alcanzaron los 508,4 millones de euros, lo que supone un aumento del 15,3% respecto al año anterior, reflejando un crecimiento a doble dígito respaldado por la evolución positiva de todos los negocios y regiones. Los resultados financieros correspondientes al ejercicio 2025 muestran un sólido crecimiento en sus principales magnitudes y se han cumplido o superado los objetivos marcados en el Plan Estratégico 2024-2026 “Energizing Futures Together”, por lo que la compañía ha actualizado sus guías financieras para el presente ejercicio. La contratación alcanzó en 2025 los 590,1 millones de euros, un 16% más que en 2024, destacando especialmente el negocio de Fiabilidad de Red con un crecimiento del 26,2% y la región Asia-Pacífico (APAC) con un 25,5%. 

CIE Automotive está logrando vadear la crisis de la automoción, que se está cebando en Europa. Así, aunque sus ventas en 2025 hayan disminuido ligeramente un 0,05% con 3.958 millones, sus ganancias han firmado un máximo histórico con un beneficio neto de 336 millones. Es un 3,3% más que el año anterior y que supone triplicar su resultado en solo diez años. El fabricante vasco de componentes de automoción ha registrado un fuerte tirón en mercados en los que tiene una fuerte presencia como Brasil e India. En el primero sus ventas crecieron un 16,7% con 433 millones y en el segundo un 10,8% con 668 millones. Un empuje con el que ha compensado las dificultades que atraviesa el sector principalmente en Europa y Norte América. Los países europeos siguen siendo el principal foco de ingresos de la firma presidida por Anton Pradera con 1.415 millones, pero su crecimiento ha sido solo del 1%, mientras que el total del sector ha seguido anotando una caída del 0,5%. En cuanto a México y Estados Unidos, las ventas de CIE ascendieron a 1.117 millones, un 0,7% más, mientras que el conjunto de la industria de automoción anotó una caída en sus ventas del 0,9%. Para el consejero delegado de la compañía, Jesús María Herrera, «con los mejores resultados de nuestra historia, demostramos que nuestra gestión es la que marca la diferencia: eficiencia operativa, disciplina financiera y creación de valor. Y por eso hemos podido cumplir íntegramente todos los objetivos y compromisos definidos en nuestro Plan Estratégico 2021-2025 a pesar de ejecutarlo en un periodo y en un entorno muy complejos». Ver nota CIE aquí.

La compañía vasca, líder mundial en la fabricación de componentes para vehículos, cerró el curso con un beneficio neto de 152 millones, es decir, un 19,1% menos que el ejercicio precedente. En estos registros mucho ha tenido que ver la caída de la facturación. La multinacional vasca registró ventas valoradas en 11.349 millones, lo que se traduce en una reducción del 5,4%. En un año «marcado por el realineamiento de los objetivos de electrificación de diferentes fabricantes», desde la firma detallan que han llevado a cabo «acciones extraordinarias para adaptar su estrategia a una ralentización en la adopción del vehículo eléctrico». Según subrayó Francisco J. Riberas, presidente de la compañía, el año ha sido «complejo» por «el menor dinamismo en la producción de vehículos en mercados mundiales clave, condicionada, entre otros, por una contenida penetración del vehículo eléctrico, lo que, unido a la incertidumbre regulatoria, ha impactado en la actividad de la compañía».  Por geografías, el comportamiento fue negativo en todas ellas salvo en Europa del Este, donde las ventas aumentaron un 1,2% hasta los 1.925 millones, situándose así como el tercer mercado más importante para la compañía, superando a Asia, donde las ventas caen un 7,7% hasta los 1.823 millones. En el mercado con mayor peso para la firma, Europa Occidental, las ventas se redujeron un 4,2% hasta los 4.042 millones, donde la crisis del sector se ha hecho notar de manera destacada. La evolución también fue negativa en Norteamérica, donde las ventas cayeron un 6,7%

Stellantis, con marcas como Fiat, Peugeot, Citroën, Opel, RAM, Chrysler, Jeep o Lancia, tuvo en 2025 los peores resultados de su corta historia. El grupo automovilístico, creado en 2021 tras la fusión de Fiat Chrysler y el grupo PSA, perdió 22.332 millones debido al impacto negativo de 25.400 millones por haber dado marcha atrás a buena parte de sus planes de electrificación. “Nuestros resultados reflejan el costo de sobrestimar el ritmo de la transición energética y la necesidad de reajustar nuestro negocio en torno a la libertad de nuestros clientes para elegir entre la gama completa de tecnologías eléctricas, híbridas y de combustión interna”, señaló el CEO de Stellantis, Antonio Filosa, que tomó los mandos del gigante en mayo del año pasado. Su marcha atrás en el vehículo eléctrico –que no solo se debe al incumplimiento de las expectativas del eléctrico, sino también al giro copernicano del Gobierno estadounidense respecto a la electromovilidad–, además de costosa, fue una enmienda a la ruta que había escogido su predecesor en el cargo y creador de la criatura, Carlos Tavares. “En la segunda mitad del año, comenzamos a ver señales positivas de progreso con los primeros resultados de nuestro esfuerzo por mejorar la calidad, la sólida ejecución de los lanzamientos de nuestra nueva ola de productos y el retorno al crecimiento de los ingresos. En 2026, nos centraremos en seguir cerrando las brechas de ejecución del pasado, impulsando aún más nuestro retorno al crecimiento rentable”, apostilló Filosa. Al menos en Europa, las ventas del grupo crecieron en enero, un 6,7%, gracias al subidón de Fiat (un 24,6% más), Citroën (+14%) y Opel (+12,7%).

Entrevista con Josep Maria Recasens. Es director de Estrategia, Producto y Programas de Renault Group; presidente de Renault Group España (responsable de sus fábricas, por tanto) y, además, hoy ostenta también la presidencia de la patronal de fabricantes de vehículos Anfac. "...Estamos mal y, además, estamos perdiendo tiempo. Las elecciones en la UE fueron en junio de 2024 y se han tomado algunas decisiones –la más urgente y pragmática, la suavización de la norma CAFE en 2025–, pero necesitamos más bazuca y más celeridad de cara a garantizar la soberanía europea, la competitividad tecnológica y supervivencia industrial. Además, otro problema es que no hay una convergencia dentro del mismo sector, con intereses diferentes, aunque el desencuentro sea de solo un 30%....Lo podemos ver con el llamado ‘contenido local europeo’, un poco lo que ha hecho EEUU con la ley IRA: si tú produces aquí y eres un país amigo o una compañía amiga, tendrás beneficios. Se puede hacer protegiendo las baterías, aunque no lo veo. Hoy fabricamos dos millones de eléctricos, pero podemos suministrar solo 300.000 baterías, así que tendremos que comprar el resto fuera –en China, por ejemplo–, serán más caras y también los vehículos que las lleven. Otra opción es proteger el vehículo eléctrico. Hay marcas que hablan de imponer hasta un 75% de contenido local, incluyendo la pila. Pero así solo llegamos al 20% de las ventas. Yo lo que digo es: protejamos a todo el mercado. Si vendes 100 coches, que el 60% de su contenido sea europeo, con independencia de la tecnología. Por una cuestión de masas, el impacto es mucho mayor en toda la cadena de valor, no discriminas a nadie y la neutralidad te permite acompañar en su transición a una industria que tiene una gran tradición en vehículos de combustión...Hemos hecho una primera apuesta para centralizar las actividades alrededor del vehículo eléctrico en Francia, donde ya tenemos localizados 10 vehículos con esta tecnología. Eso supone casi el pleno empleo en esas fábricas y abre el abanico a otras. España empezó con coches de combustión, hoy produce uno de cada dos híbridos del grupo y el siguiente paso lógico es la electrificación. Para ello tiene que haber una demanda que lo respalde, pero también hay que reducir costes, que la competitividad y la flexibilidad se mantengan altas y que baje el absentismo. Cumpliendo eso, tenemos muchas posibilidades para producir modelos eléctricos aquí..."

Volkswagen quiere convertirse en el “campeón europeo” de vehículos autónomos, en un contexto en el que los fabricantes tradicionales luchan por sobrevivir a una carrera tecnológica dominada por sus rivales estadounidenses Waymo y Tesla. El fabricante alemán planea lanzar taxis autónomos a finales de este año en Los Ángeles con Uber. Se trata de los planes más ambiciosos de un fabricante europeo de automóviles para encontrar una nueva fuente de ingresos en la conducción autónoma. MOIA, la unidad de robotaxis de VW, ya cuenta con 100 vehículos de prueba en circulación en Alemania, Noruega y EEUU. La división está en conversaciones con ciudades europeas donde su servicio se pondrá en marcha el próximo año tras su lanzamiento en Los Ángeles. Su objetivo es tener 100.000 vehículos en circulación en 2033. Christian Senger, director de la división de conducción autónoma de Volkswagen, afirma que el fabricante de automóviles quiere estar un paso por delante de sus competidores tradicionales. El directivo afirma que el grupo apuesta por el despegue de la conducción autónoma en el sector de vehículos comerciales, con un potencial de ingresos anuales superior a los 10.000 millones de euros en los próximos siete años. A diferencia de Waymo o Tesla, que poseen tecnología autónoma propia, el cerebro de los vehículos de VW proviene de la start up israelí Mobileye. 

El Puerto de Bilbao reflejó en 2025 una caída de los tráficos del 6,8% en comparación a 2024 (en total se transportaron 32 millones de toneladas). Se trata de una caída marcada principalmente por la parada periódica vivida en Petronor para actualizar sus instalaciones, pero también por los aranceles impuestos por la administración Trump que llevaron a reducir las exportaciones a EE UU en un 38% -caen un 43% los productos químicos y un 16% los de máquina herramienta), y por las políticas de emisiones fijadas en Europa -el sistema ETS- que mueve a las compañías a variar sus rutas apostando por parar en el primer puerto europeo para minimizar esos gastos. Este hecho habría derivado muchas mercancías hasta Reino Unido, que por el momento está exento de este pago y que incrementó un 50% su tráfico en contenedores, el área que ahora mismo más preocupa a la Autoridad Portuaria de Bilbao tras caer un 6% el pasado año. A esto se suman además otros factores como una apuesta por los pasajeros en el tráfico por ferry, reduciendo las cargas ro-ro, y las problemáticas que todavía se viven en el canal de Suez que impulsan tránsitos alternativos por el Cabo de Buena Esperanza. Con todo, los resultados comenzaron a variar a finales del año pasado y ya ha mostrado una dinámica muy diferente durante el último enero. De hecho, tras la bajada del 5% vivida de enero a abril, y del 30% entre mayo y junio cuando se acometió la parada, los datos de julio a finales de 2025 recogen un incremento del 1,5% en el tráfico de mercancías. El gran impulso viene de la incorporación a finales del año pasado de las nuevas líneas de MSC con la costa pacífica de Latinoamérica y con Canadá, que ya llevaron en diciembre a ampliar los tráficos un 15% respecto al mismo mes de 2024. En lo que va de año, y pese a las dificultades generadas por los temporales, también se viene notando un impulso similar en la comparativa anual.

La farmacéutica vasca ha apostado por escalar en tamaño y llegar a los mil millones de facturación en 2030 y en las ventas del año pasado ya se apuntó una fuerte subida del 23% hasta alcanzar los 627 millones, un techo histórico. El salto ha sido favorecido por varias inversiones acometidas el pasado ejercicio como las compras de la portuguesa Edol por 75 millones y la italiana Sifi por 270. Un esfuerzo que, junto a la construcción de su nuevo edificio en el parque tecnológico de Zamudio, en Bizkaia, se ha dejado notar en el beneficio. Las ganancias de la firma vasca alcanzaron los 76 millones de euros, lo que supuso un retroceso del 28% sobre el ejercicio anterior. La firma presidida por Mariano Úcar mantiene el compromiso de repartir a sus accionistas un 50% del beneficio y en esa línea, tras el primer pago adelantado en enero de 0,041 euros por acción abonará de nuevo otros 0,087 euros a mitad de 2026. Las ventas se apoyaron principalmente en sector farmaceútico con 551 millones, un 21% más. Y se notó la integración de las nuevas empresas en el negocio internacional que, con 207 millones de facturación, se elevó un 43%, especialmente en Latinoamérica. En España, se mantuvieron planas con 174 millones y en Portugal, tras la adquisición de Edol, subieron un 68% hasta los 56,7 millones. Ver nota Faes Farma aquí. 

El Gobierno vasco lanzó anoche un llamamiento de urgencia a los vecinos de Muskiz y a los del barrio de Las Carreras, en Abanto y Zierbena, para que se confinasen en sus viviendas o en espacios cerrados tras producirse una emisión de concentraciones de benceno que alcanzaron «un valor significativamente elevado». La petición del Ejecutivo autónomo se prolongará al menos doce horas, ya que a medianoche el Departamento de Salud informó de que, aunque la tendencia de la presencia en aire de este compuesto era «descendente» –con picos de 2 ug/m3 a las 22.00 horas–, hasta disponer de un nuevo análisis hoy a las nueve de la mañana prorrogaba unas recomendaciones preventivas a los residentes para que mantuviesen puertas y ventanas cerradas, y evitasen la actividad física en el exterior e incluso que no ventilasen los espacios interiores con aire de fuera. Coches de la Policía Local y de la Ertzaintza avisaron por megafonía a los vecinos de que permaneciesen en sus casas. Según explicó el alcalde de Muskiz, Eduardo Briones, el incidente se produjo en un tanque de las instalaciones y provocó que parte de la gasolina se evaporase. La Red de Control de Calidad de Aire de Euskadi del Ejecutivo autónomo detectó concentraciones puntuales de benceno en el aire de entre 100 y 200 microgramos por metro cúbico en varios puntos de la localidad, donde residen 7.500 personas. 

El mercado inmobiliario volvió a ganar dinamismo en Euskadi durante 2025. El País Vasco cerró el ejercicio con 28.962 compraventas de vivienda, casi 3.105 más que en el año anterior, lo que supone un crecimiento del 12% que le sitúa como la segunda comunidad autónoma donde más aumentaron las operaciones, sólo por detrás de Castilla y León, donde las compraventas aumentaron un 13,6%, según los datos del Centro de Información Estadística del Notariado (CIEN). En Gipuzkoa, el incremento de las operaciones respecto al año anterior fue del 12,4%, ya que las compraventas aumentaron de 7.837 a 8.812, lo que supone un récord histórico en el territorio. El empuje mostrado por Euskadi destaca en un ejercicio en el que, a escala estatal, el avance fue menos intenso: 752.661 compraventas, un 4,4% más que el año anterior. El comportamiento del País Vasco queda así claramente por encima de la media del Estado, consolidando una recuperación del mercado tras el enfriamiento observado en ejercicios anteriores por el encarecimiento del crédito y la subida de tipos. Ese repunte vasco convive con la otra gran constante del mercado: los precio de la vivienda siguen al alza. 

La nueva Ley de Universidades que prepara el Ejecutivo autonómico implantará un nuevo modelo en el que la aportación ordinaria −el grueso de los ingresos anuales que recibe la institución académica− dependerá de criterios objetivos como su número de alumnos y titulaciones o las investigaciones que realice. Además, se pretende incentivar la búsqueda de métodos alternativos como los llamados fondos patrimoniales. El consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez Iglesias, ha presentado este jueves a los medios el anteproyecto de la norma, que todavía debe pasar el examen de los órganos internos y abrirá un plazo para las aportaciones de agentes interesados como las propias universidades o los sindicatos. La intención de Lakua es lanzar el proyecto para «octubre o noviembre» y remitirlo entonces al Parlamento vasco, de manera que el texto pueda quedar ratificado a lo largo de 2027. Su aprobación está garantizada por la mayoría absoluta que suman PNV y PSE-EE, aunque estará abierto a la negociación con el resto de grupos. El cambio sustancial se refiere a la aportación ordinaria que cada año el Gobierno vasco inyecta en la UPV/EHU, al margen de los fondos por contrato-programa y los destinados específicamente a infraestructuras. Para este año, por ejemplo, el centro público ha recibido 337,4 millones de euros por esta vía. Hasta ahora, el incremento se hacía teniendo en cuenta el histórico de esa partida. A partir de la aprobación de la nueva norma, en un camino que será progresivo, esa aportación ordinaria se determinará «teniendo en cuenta la actividad», con criterios relativos al alumnado, las titulaciones y las investigaciones. Según ha precisado el consejero, «la ley dejará claro que esa financiación debe satisfacer las necesidades básicas de personal, de gasto corriente y de mantenimiento de infraestructuras». ¿Y cómo se calculará? Se pretende instaurar una «fórmula» estable, para lo que primero se harán simulaciones que establezcan si ello supondría una subida o una bajada.

El Gobierno volvió a fracasar ayer en su intento de prorrogar el escudo social desplegado durante la pandemia, al incluirlo en un nuevo Real Decreto-ley ómnibus junto a un heterogéneo lote de medidas ya rechazado hace un mes por el Congreso de los Diputados. Así, mientras que desgajar del paquete las pensiones facilitó que se aprobase su revalorización del 2,7%, el rechazo de las derechas a la suspensión de los desahucios conllevó la caída del bono social eléctrico; de unos 7.000 millones de euros de financiación territorial; del régimen de módulos de los autónomos; y de los incentivos fiscales por rehabilitación de vivienda o compra de coche eléctrico, entre otras medidas mezcladas por el Gobierno en la norma. La balanza la decantó Junts, que junto a PP, Vox y UPN sumó 177 votos en contra del decreto antidesahucios, que logró el apoyo de 172 diputados y una abstención. Otro tanto ocurrió con el decreto para limitar el precio de bienes y servicios tras situaciones de emergencias, igualmente rechazado. “Pensiones, sí. Escudo social, sí. ¿Okupaciones? No”, resumió la portavoz de Junts, Marta Madrenas, que acusó al Gobierno de “repetir una mala práctica política con otra ley ómnibus”. Bajo su punto de vista, “si el Gobierno quiere, puede evitar cualquier tipo de desahucio innecesario sin cargar el peso a los propietarios”. “Si disponen de 300 millones de euros para proteger a las familias vulnerables, el Estado puede ir a pagar la deuda y hacerse cargo del alquiler mientras dure la situación de vulnerabilidad”, dijo. El decreto del Gobierno suponía extender durante todo 2026 la suspensión de los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional por falta de pago de alquiler o finalización de contrato con propietarios de al menos tres viviendas. Tras el fracaso del texto inicial, el Gobierno pactó con PNV dejar fuera de la prórroga a los pequeños de hasta dos inmuebles (alquilen uno o los dos), pero la medida indignó a Podemos y no bastó para convencer a Junts.

El Ministerio de Trabajo da un nuevo paso para aprobar el Estatuto del Becario, la norma con la que busca atenuar la precariedad laboral que sufren muchos estudiantes en prácticas. La comisión de secretarios y subsecretarios de ayer dio el visto bueno a que la norma regrese al Consejo de Ministros el próximo martes, cuando previsiblemente será aprobada en segunda lectura, según confirman fuentes del Gobierno. Este es el último paso necesario antes de que el anteproyecto de ley se enfrente al escrutinio del Congreso, donde tiene escasas opciones de prosperar. Al previsible rechazo del bloque de derechas que ya tumbó la reducción de jornada (PP, Vox y Junts) se suman las dudas de socios habituales del Ejecutivo. El recorrido de esta norma es el más extraño de todas las que ha abanderado Yolanda Díaz desde que es ministra de Trabajo. El proyecto fue acordado por Trabajo, UGT y CC OO en junio de 2023, poco antes de las elecciones generales. No solo tenía el rechazo de las patronales y de los rectores universitarios, también de la parte socialista del Gobierno. Fuentes de La Moncloa y del Ministerio de Economía trasladaron que el texto estaba “verde” y que le faltaba “trabajo técnico”. Nunca antes (y nunca después) una parte del Gobierno ha criticado a la otra el mismo día de la presentación de un pacto alcanzado con los sindicatos

La mayor parte de los pluriempleados son asalariados ocupados en el sector servicios. El pluriempleo se ha disparado en los últimos años hasta su máximo histórico, hasta el punto de que 632.800 trabajadores cuentan con un empleo secundario, de acuerdo con un reciente informe publicado ayer por la empresa de recursos humanos Randstad. Al cierre del cuarto trimestre de 2025, la población ocupada en el mercado laboral español se situaba en un total de 22,46 millones de personas según las cifras de la Encuesta de Población Activa del Instituto Nacional de Estadística (INE), un incremento interanual de 605.000 personas respecto al mismo periodo del pasado ejercicio; pero al mismo tiempo, el número de trabajadores ocupados en un empleo secundario también se ha incrementado sustancialmente, en 50.200 trabajadores, hasta los 632.600 ocupados con un segundo puesto de trabajo al que dedican una media de 13,4 horas por semana, una tercera parte de una jornada laboral completa, media hora más que en 2024. “La gran mayoría de los indicadores laborales atraviesan una fuerte expansión como consecuencia de la etapa de crecimiento que atraviesa la economía española, que sería muy difícil de lograr sin la aportación generada por la inmigración”, señala Valentín Bote, director de Randstad Research, un motivo por el que resulta muy difícil entender que cada vez más trabajadores acudan al pluriempleo. Sin embargo, hay varios motivos que pueden explicar esta lógica. Por un lado, la amplia mayoría de los profesionales ha sufrido un notable deterioro de su poder adquisitivo en los últimos años, debido tanto a la espiral inflacionista entre 2021 y 2024 como al hecho de que el 11,9% de los trabajadores que actualizaron sus convenios el año pasado todavía registraban subidas de sueldos inferiores al IPC. Por otro, la cada vez mayor proliferación de contratos de baja intensidad (esto es, a jornada parcial o fijos discontinuos) obliga a muchos trabajadores a buscar una segunda fuente de ingresos para complementar su sueldo principal.

El Tribunal Constitucional (TC) se ha pronunciado contra el proteccionismo fiscal autonómico. En una sentencia dictada por unanimidad, difundida ayer, el Pleno ha declarado inconstitucional condicionar los beneficios fiscales a que una empresa tenga su sede en una comunidad autónoma concreta. Los magistrados consideran que dicha práctica fragmenta el mercado nacional y vulnera el principio de igualdad tributaria. El fallo, del que ha sido ponente el magistrado Juan Carlos Campo, estima la cuestión de inconstitucionalidad promovida por una Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) foránea, representada por KPMG Abogados, contra la normativa de la Xunta de Galicia. El tribunal considera que primar a las empresas locales frente a las de otras regiones carece de justificación objetiva y rompe la unidad de mercado. El origen del conflicto reside en el artículo 15.6 del Decreto Legislativo 1/2011 de Galicia. Esta norma establecía un tipo superreducido del 0,1% en la modalidad de Actos Jurídicos Documentados (AJD) para las escrituras de “contragarantías” (como hipotecas) otorgadas a favor de SGR. Sin embargo, la ley incluía una salvaguarda. Este beneficio solo se aplicaba si la sociedad tenía su domicilio social en Galicia. Las entidades de fuera, pese a realizar idéntica actividad y prestar los mismos avales a pymes gallegas, debían tributar al tipo general del 1,5%.

El Gobierno sale en defensa de su inversión en Telefónica pese a la caída en Bolsa de su operadora tras la compra del 10% por 2.284 millones de euros en 2024. Según consta en una respuesta parlamentaria al Congreso de los Diputados, el Ejecutivo refrenda el plan estratégico presentado en noviembre por su presidente ejecutivo, Marc Murtra, y cuyo respaldo argumenta por “su creación de valor para los accionistas”. Varios diputados del grupo parlamentario de Vox, el tercer partido con más representación en la Cámara baja, pidieron explicaciones al Gobierno por la caída bursátil del 13% que sufrió Telefónica tras la presentación de su nueva hoja de ruta, conocida como Transform & Grow. Solicitaba las causas del desplome en Bolsa, la afectación para el Estado y la responsabilidad de Murtra en dicho plan. Y esta misma semana, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP), se sumaba a las quejas. “Tras acabar con miles de personas y de capital, la empresa tecnológica madrileña número uno vale 1.800 millones menos”, señalaba la dirigente autonómica a través de sus redes sociales. El Congreso de los Diputados hacía pública la respuesta del Gobierno, en la que explica que “la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) es un accionista de largo plazo, no dependiente de la evolución coyuntural de las compañías, por lo que aporta estabilidad a las empresas en las que participa, mediante el ejercicio de sus derechos políticos”.

Redeia tiene previsto inversiones de 6.000 millones de euros en la red de transporte entre este año y 2029, lo que supone un incremento medio anual del 70%, según el plan estratégico presentado ayer por la compañía. El objetivo de estas inversiones es cumplir con la nueva planificación de las infraestructuras de transporte, que se encuentra en fase de audiencia pública, y que prevé unas inversiones de 13.000 millones hasta 2031. Entre las inversiones del transportista de 2025 y las que pueda realizar en 1930 y 1931, Redeia considera que podrá cumplir las de la planificación. “Con la nueva estrategia damos un salto hacia el futuro para ejecutar la próxima planificación, aún no aprobada, con el foco puesto en las nuevas demandas del tejido productivo, centros de datos, electrificación del transporte, puertos o hidrógeno verde”, dijo la presidenta del grupo, Beatriz Corredor. El grupo, matriz del operador del sistema y transportista (TSO), Red Eléctrica, ha ido planificando ya estas inversiones y hasta 2029 ya tiene garantizados más del 70% de los suministros necesarios.

Unos 375 millones de barriles de crudo, casi el consumo anual de España, se almacenan en barcos debido a las sanciones. La materia prima se encarece en el año en casi 10 dólares por barril de brent —hasta el entorno de los 70 dólares— a pesar del exceso de producción, que prometía un año de petróleo más barato. Una paradoja cuya explicación se encuentra en la explosiva situación internacional, pero también en los intrincados flujos de oferta y demanda en el mercado petrolero. Las duras sanciones que pesan sobre el oro negro ruso e iraní han disparado el volumen de crudo atascado en barcos, un volumen que no estará disponible en el corto plazo y que condiciona los precios de la materia prima. De hecho, los datos oficiales de inventarios de crudo que toman de referencia los operadores, y que indican cierto exceso de oferta —2025 cerró con un superávit de 1,5 millones de barriles diarios—, son los que se acumulan en tierra. Pero en el mar navegan sin rumbo otros tantos 375 millones de barriles, el equivalente a casi 10 meses de consumo de un país como España. Los océanos tienen por tanto una respuesta clave: el exceso de oferta de petróleo no recorta los precios porque buena parte se queda en el mar. La Agencia Internacional de la Energía prevé un superávit de récord de crudo en 2026, año en que la oferta superará a la demanda en más de cuatro millones de barriles de petróleo diarios.

La ronda de negociaciones que iniciaron ayer Irán y Estados Unidos en Ginebra (Suiza) es, según numerosos analistas, la última oportunidad para evitar por la vía diplomática un ataque militar de Washington contra la República Islámica; pero el conflicto que subyace tiene décadas de historia. ¿Qué se está negociando? Estados Unidos —que es el único país que ha detonado bombas atómicas, en 1945 contra Japón, matando a decenas de miles de personas—, lleva décadas asegurando que Irán es un peligro para la estabilidad del mundo porque está desarrollando armas nucleares. Irán lo niega: asegura que tiene un programa civil de centrales nucleares, pero sin fines militares; es decir, solo para producir energía, no bombas atómicas. Washington quiere ahora cerrar un acuerdo que garantice eso: que el régimen iraní no desarrolla armamento nuclear. Pero Trump, de la mano de Israel, pretende algo más allá: forzar a Irán a limitar también su arsenal de misiles y, además, obligarle a retirar el apoyo a su red de milicias aliadas en otros países de la región. ¿Qué exige EE UU y qué responde Irán? Washington e Israel —el gran enemigo de Irán en la zona— exigen que Irán paralice su programa nuclear completamente. Irán acepta reducir el enriquecimiento de uranio y establecer nuevos controles internacionales —a cambio del levantamiento de sanciones— pero avisa de que no renunciará a su derecho a desarrollar tecnología nuclear con fines pacíficos. ¿Cuáles son los obstáculos? Estados Unidos quiere que el acuerdo que se firme en Ginebra sea para siempre. Los iraníes limitan el plazo de vigencia a siete años...