20260206

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

El sector industrial vasco redujo su producción el año pasado en un 0,6%, según recogen los datos registrados por el Instituto Vasco de Estadística Eustat. La evolución negativa se justifica en la difícil situación que atraviesa Álava, el único de los tres territorios que va a la baja. Frente a Gipuzkoa y Bizkaia, que crecen un 0,7% y un 0,3%, respectivamente, en el acumulado del año, allí la actividad cayó un 4,5% en un momento en el que la industria manifiesta problemas en sus principales empresas. La situación va desde el cierre de Guardian Glass a la larga huelga vivida en Maderas Llodio (más de 100 días de paro el año pasado), el ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo) ahora transformado en ERE de Tubos Reunidos, y los malos resultados de Mercedes, la fábrica más grande de Euskadi, que registró su menor producción en los últimos cinco años. Más allá de los datos por territorios, los resultados apuntan también a dos culpables. La energía –que engloba la producción y el suministro de energía eléctrica y el refino de petróleo– cayó un 3,3% en un año de parada técnica en Petronor para actualizar y mejorar sus instalaciones. El otro responsable son los bienes intermedios, donde se incluyen la metalurgia y productos metálicos, la industria química y la fabricación de productos de caucho y plástico. Aquí la producción se dejó un 1,9% en un año que vivió la reordenación de los mercados globales fruto de los aranceles estadounidenses, o el ERE vivido en Basauri en la gigantesca fábrica de neumáticos Bridgestone tras deslocalizar parte de su producción. Pero no todos los resultados van a la baja. El año pasado creció la actividad en los bienes de equipo, que ganaron un 1,3% gracias a la producción en sectores de fabricación de vehículos de motor –otro sector tocado en toda Europa–, pero también en la construcción de locomotoras, material ferroviario y la construcción aeronáutica o naval, que registraron importantes contratos en firmas como la guipuzcoana CAF.

La industria guipuzcoana resistió firme el año pasado pese a la incertidumbre y los vaivenes geopolíticos internacionales. Así se desprende de los datos del Instituto Vasco de Estadística (Eustat) sobre el Índice de Producción Industrial (IPI), que creció en el territorio un 0,7% frente a un desplome en el conjunto de Euskadi del 0,6%. Álava se llevó la peor parte, con un descenso del 4,5% acumulado en el año, mientras Bizkaia avanzó un 0,3%. Según el organismo, la evolución negativa en la comunidad autónoma se debe principalmente al desempeño de la Energía y los Bienes Intermedios, que acumularon descensos del 3,3% y el 1,9%, respectivamente, para todo el año. De vuelta a Gipuzkoa, y como resalta Adegi, que acostumbra a analizar al detalle cada mes los datos del IPI, la producción industrial del territorio aumentó un 0,7% interanual hasta situarse «un exiguo 0,1% por encima del nivel de 2023». Aún así, añadió la organización empresarial, «alcanzó el nivel más alto desde 2008, aunque apenas un 0,1% por encima de 2023». El aumento, aclaró la organización, se debió «en exclusiva» a dos ramas, la maquinaria y equipo, con un alza del 3,1%, y «sobre todo» el material de transporte, con una mejora del 17,9%. «Mientras –añadió–, el resto de las ramas acumularon disminuciones de diferente intensidad. Entre estas, la metalurgia y productos metálicos, la rama industrial con más peso, que a pesar de cierto repunte a final de año, en 2025 disminuyó un 1,6%. Ver más en Adegi. 

El impacto de la borrasca 'Leonardo' no se ciñe a las tormentas de Andalucía. El temporal que azota al sur de España está dificultando el tráfico marítimo por el estrecho de Gibraltar y la llegada de suministros a Mercedes Vitoria y sus subcontratas. Tanto es así que la dirección de Bernd Krottmayer ha decidido este jueves cancelar la producción del sábado en las líneas de Montaje Final. El movimiento llega después de que varios proveedores de Mercedes hayan sufrido una «falta grave de suministro» precisamente por la afección que el temporal está generando en la logística por mar, según detallaron fuentes sindicales. La cúpula de la planta, la mayor de Euskadi con unos 5.000 empleados en nómina, señaló las dificultades de tres subcontratas en particular: Kromberg & Schubert (responsable del cableado), Forvia y Lear, estas dos últimas encargadas de los asientos de las furgonetas. Las tres compañías, según Mercedes, están sufriendo más, pero la situación es de «una paralización del tráfico marítimo en el estrecho de Gibraltar que está provocando un colapso de la cadena de suministro logística». Estos «problemas en el suministro ajenos a nuestra capacidad organizativa» han sido los que han llevado a Mercedes a anunciar las cancelaciones con urgencia. La propia dirección admite que las circunstancias de esta anulación son «excepcionales». Así, mañana no será jornada de labor en Montaje Final. Los talleres de Pintura y Montaje Bruto, sin embargo, seguirán trabajando según lo previsto.

Las dos plantas que Metal Group Smelting & Precision tiene en Lebario (Abadiño) y Legutio, con 192 trabajadores en total, bajan la persiana definitivamente después de una intensa lucha por mantener viva una empresa que en julio del año pasado ya atravesó un concurso de acreedores. Finalmente las instalaciones dedicadas al mecanizado de piezas (principalmente en Bizkaia) y a la fundición (en Álava) no han encontrado salida a la marcha de su principal cliente, Volkswagen, que el año pasado optó por trasladar sus pedidos a China. Ante la falta de un acuerdo con el sello alemán tras varios meses de negociaciones, la firma vasca ha acudido a un nuevo concurso de acreedores y ha iniciado otro ERE, esta vez de extinción, para toda la plantilla (en diciembre había puesto en marcha un Expediente de Regulación de Empleo que retiró en enero, y que pretendía salvar a los empleados de uno de los turnos). «Es el único escenario que se nos abre después de agotar todas las vías», admite el hasta ahora gerente, Pablo Tamés, que el martes recibió la visita de los nuevos administradores fijados por el proceso concursal. Salvo que aparezca un comprador no esperado, su misión ahora será iniciar un proceso de liquidación con el que cubrir la deuda acumulada con los acreedores. La empresa también debe la nómina de enero a la plantilla, aunque con ellos ha mantenido el resto de pagos al día llegando a alcanzar un acuerdo el pasado mes para levantar la huelga convocada y retirar el ERE anterior, a fin de atender todos los pedidos posibles y mantener la actividad en busca de alguna salida.

La nueva planta de Cegasa en el polígono de Júndiz, en Vitoria, echa a rodar. La compañía ya tiene en marcha su nueva fábrica de baterías de litio y ayer dio a conocer los objetivos que se marca con este nuevo equipamiento. La firma alavesa pretende ahora duplicar su facturación desde el entorno de los 23 millones de euros que registra en la actualidad hasta los 50. La cifra supone un incremento del 120% con respecto a las cifras de 2025. La compañía con sede en el parque tecnológico de Miñano reitera que su expectativa es que la demanda de baterías y otros sistemas para almacenar energía siga al alza durante los próximos meses. De hecho, el auge de los ingresos se traducirá también en contrataciones para aumentar la plantilla en un 20%. Cegasa confía así en que su nueva planta vitoriana se convierta «en el eje central del crecimiento de la compañía» con una nueva estrategia basada en que «el mercado avanza en las líneas previstas». «La estrategia global de la compañía nos consolida como referentes industriales de almacenamiento energético en Europa, con una nueva planta especializada en fabricación de baterías de almacenamiento de energía a gran escala y una estrategia industrial en línea con la tecnología puntera, el talento local y el impacto positivo», ha señalado el consejero delegado de Cegasa, Iñigo Atutxa. La sede de Júndiz cuenta con 2.800 metros cuadrados que se suman a los 7.000 que tiene la empresa en el parque tecnológico de Miñano. 

Gallardo, la compañía familiar con sede en Irun y dedicada a la ingeniería (diseño, fabricación y mantenimiento) de máquinas del sector del embotellado anunció ayer que su nuevo Plan Estratégico para el periodo 2026-2028 incluye –entre otras inversiones– la construcción de una nueva planta industrial de 3.000 metros cuadrados en la que se invertirán cuatro millones de euros. La nueva planta se levantará desde cero en la zona de Ventas y servirá para integrar una de las dos instalaciones que la compañía –que este año celebra un cuarto de siglo de actividad– ya tiene en el polígono Arretxe Ugalde y en Araso, en la ciudad fronteriza. La otra permanecerá en el lugar que ya ocupa, según explicó a este periódico Antonio Gallardo, el fundador de la empresa, que tiene más que asegurada la sucesión familiar gracias a sus hijos Óscar y Raquel, que a día de hoy participan activamente en la dirección de la firma. Gallardo es en la actualidad, con más de veinte patentes registradas y una tecnología propia muy valorada, una auténtica referencia en el sector de la maquinaria para el embotellado. En los últimos cinco años, la firma ha invertido más de dos millones de euros en I+D. Según sus responsables, la empresa «está consolidada como el líder en el mercado español» y cuenta con una presencia notable en el internacional, con presencia en más de 25 países. 

Cuatro municipios de Gipuzkoa podrán recaudar un nuevo Impuesto sobre Bienes Inmuebles –IBI– como compensación por el impacto que generan dos grandes infraestructuras en sus municipios. Se trata de Pasaia, Lezo, Errenteria y Hondarribia, que albergan en sus límites el Puerto de Pasaia y el aeropuerto de San Sebastián, respectivamente. Es el objetivo que persigue la Diputación foral, que ayer anunció una modificación en este tributo a través de una norma foral que está en exposición pública y que deberá seguir su recorrido parlamentario antes de su aprobación. La institución foral justifica esta medida como un mecanismo de compensación por el impacto que estas dos grandes instalaciones crean en el ámbito municipal, tanto por la ocupación del suelo como por su influencia en el entorno local. Hablamos de aspectos visibles e incómodos en el día de los ciudadanos como pueden ser el tráfico de camiones, el ruido o la contaminación. De hecho, los alcaldes de Pasaia, Lezo y Errenteria, todos de EH Bildu, reclamaron ya el mes pasado en Juntas un retorno fiscal que compense los «perjuicios» derivados del Puerto de Pasaia en pleno debate sobre su transferencia al Gobierno Vasco, que enfrenta a PNV y PSE. Bizkaia y Álava, por cierto, ya cuentan con este tributo para compensar los efectos de infraestructuras de gran envergadura.

Las tres diputaciones pusieron ayer en marcha el proceso para implantar un impuesto a las estancias turísticas que, tras años de debate, permitirá cobrar hasta 7,5 euros por día a cada visitante. El importe, que será recaudado íntegramente por los ayuntamientos, variará según el establecimiento y municipio en el que se pernocte. Se abonarán como máximo cinco noches y estarán exentos de pago los viajes por motivos de salud, los menores de edad, los estudiantes, los viajes del Imserso y las personas con grado II y III de dependencia, entre otros. Hasta la fecha solo Baleares, Cataluña y Galicia (en el caso de Santiago de Compostela y A Coruña) habían dado el paso de cobrar una tasa a los visitantes. Los detalles los desgranó ayer la diputada foral de Hacienda, Itxaso Berrojalbiz, quien confirmó que su aplicación será obligatoria para todos los municipios, con independencia del impacto que tenga el turismo. Los únicos que tendrán libertad para no cobrar a los turistas, autóctonos o extranjeros, serán los pueblos con 25 o menos plazas de alojamiento. Estos últimos, que apenas suman 58 localidades en Euskadi, según el registro autonómico, tendrán la opción de aplicar bonificaciones de hasta el 100% sobre el gravamen. El tributo se cobrará en el inicio de cada estancia y el importe oscilará entre 0,75 y 5 euros por persona y noche, aunque variará según el tipo de negocio. Es decir, no se cobrará lo mismo en un camping o albergue que en un hotel de de cinco estrellas. 

El consejero de Vivienda, el socialista Denis Itxaso, acusó al lehendakari, el jeltzale Imanol Pradales, de «frivolizar» con el anuncio de 400 alojamientos dotacionales en Donostia «sin un proyecto detrás». Itxaso señaló al lehendakari por «precipitarse» al anunciar junto al alcalde de Donostia, Jon Insausti, un acuerdo entre el Gobierno vasco y el Ayuntamiento para la construcción de 400 alojamientos dotacionales en una parcela de Riberas de Loiola que es propiedad del Ejecutivo vasco. El consejero llamó al lehendakari y aseguró después que «básicamente me ha dicho que hay que entender que el Ayuntamiento y el alcalde estaban buscando una fotografía». San Sebastián se ha convertido en escenario clave de cara al próximo ciclo electoral, ya que la lucha por la Alcaldía se presenta muy abierta y ninguno de los dos partidos quiere renunciar a nada, menos con el previsible crecimiento de EH Bildu. Ayesa y el rifirrafe por la vivienda para construir en el barrio donostiarra Riberas de Loiola se suma a una lista cada vez más larga de choques y desencuentros entre la coalición de gobierno que forman PNV y PSE. Otro de los temas que ha provocado que salten chispas entre los dos en las últimas semanas ha sido el Puerto de Pasaia. Los jeltzales exigen que la gestión de la instalación portuaria se transfiera a Euskadi y defienden que aumentará su competitividad.

Donostia ha vuelto a cerrar el año como la capital de provincia con la vivienda más cara del Estado, una primera posición que ostenta desde hace años, pero la novedad es que despunta en la tabla al superar holgadamente los 6.000 euros el metro cuadrado y alcanzar un precio récord de 6.107 euros. Para poner en contexto la cifra que aporta la Estadística Registral Inmobiliaria que elabora el Colegio de Registradores, con datos oficiales de las compraventas registradas a lo largo de todo 2025, solo hay otra capital, Madrid, que supera los 5.000 euros el metro cuadrado y dos más –Barcelona y Palma– que están por encima de los 4.000. Bilbao, quinta en la clasificación, ha cerrado el ejercicio con 3.514 euros, lo que le sitúa a 2.593 euros de San Sebastián. La pujanza de Donostia en el mercado inmobiliario también provoca que Gipuzkoa se mantenga un año más como la tercera provincia con la vivienda más cara, con 3.814 euros el metro cuadrado, solo superada por la Comunidad de Madrid (4.091 euros) y las islas Baleares (3.988 euros). El territorio guipuzcoano ha experimentado un incremento interanual del 6,6% en el precio de la vivienda respecto a 2024. Además, el número de compraventas en el territorio ha registrado un aumento del 14,3%, hasta las 8.455 operaciones. Los precios récord que están experimentado Gipuzkoa y Donostia, superiores incluso a los previos a la explosión de la burbuja inmobiliaria en 2008, van en consonancia con los que se están marcando en toda España. El Colegio de Registradores informó ayer de que las cifras de compraventas a cierre de 2025 confirman que «el precio de la vivienda registra un nuevo máximo histórico». El resultado alcanzado a nivel estatal se sitúa un 29% por encima de los niveles máximos de 2007.

El porcentaje de jóvenes de 16 a 29 años que vive de alquiler en España ha caído en 2025 por primera vez en cinco años, debido a la escasez de oferta y la subida astronómica de los precios, que les empuja a volver con sus padres o, cuando pueden, a comprar una vivienda. Así se refleja en la Encuesta de Condiciones de Vida del INE, publicada ayer, que recoge que la proporción de jóvenes de esa edad pagando un alquiler de mercado ha bajado el año pasado del 51,2% –máximo de la serie– al 49,8%, el primer descenso desde 2020 en que empezó a subir la proporción. La caída ha sido paralela al incremento que se ha producido en el porcentaje de hogares sustentados por personas de esa edad que viven en régimen de propiedad. En concreto, un 16,5% han comprado una casa y está pagando una hipoteca, frente al 14,3% del año anterior; mientras que un 14,1% vive en una casa ya pagada (posiblemente heredada), frente al 12,7% de 2024. Esta tendencia se complementa con una caída de la proporción de hogares jóvenes que viven en régimen de alquiler inferior a precio de mercado (alquiler social), que ha disminuido drásticamente en 2025, desde el 7,3% al 4,9%, en un contexto de escasez de oferta de vivienda a precios asequibles por parte del Estado. Antes de la burbuja inmobiliaria, a principios de los años 2000, España era un país en el que había más propietarios que inquilinos en la franja de 16 a 29 años, pero desde 2012 los segundos dieron el sorpasso. La brecha no había parado de crecer desde entonces, pero en 2025 parece haber habido un punto de inflexión.

«El humo de las fábricas es un recuerdo del pasado, pero unas fábricas sin humo son garantía de futuro». Con esta advertencia, el presidente del Gobierno defendió ayer en Bilbao la necesidad de reindustrializar Europa desde una perspectiva verde. Un objetivo climático en el que no se dará «ni un paso atrás» y que se concibe como antídoto para hacer frente a los vaivenes externos, en un momento marcado por el proteccionismo de la Administración Trump. Pedro Sánchez, convertido ya en una de las voces más críticas dentro de la UE respecto al inquilino de la Casa Blanca, situó así la autonomía industrial y la transición climática como pilares para blindar el modelo económico europeo frente a estas presiones comerciales, tecnológicas y geopolíticas. El presidente del Gobierno se fijó como meta que la industria vuelva a aportar el 20% del PIB. Un objetivo que, aunque en Euskadi ya se supera –con un peso cercano al 24%–, no se alcanza en el conjunto del país desde la segunda mitad de los años noventa. Sánchez defendió que lograrlo, lo que supondría elevar en cuatro puntos porcentuales la aportación actual, exige una movilización sin precedentes de capital público y privado. También supone el retorno a una hoja de ruta de desarrollo productivo con participación activa del Estado, alejándose de los enfoques que en el pasado dejaron la transformación económica exclusivamente en manos de la inversión privada.

En el automóvil están conformes con el nuevo plan de ayudas al coche eléctrico, denominado Auto+, que el Ministerio de Industria hizo público el martes y que será retroactivo al 1 de enero. Según las distintas fuentes consultadas por este periódico, la prioridad para el sector era dar certidumbre al cliente en un contexto en el que los pedidos de cara a los próximos meses se estaban estancando –según la versión trasladada por concesionarios y marcas–. Sin embargo, en el motor hay consenso de que con la realidad del mercado y la expectativa de crecimiento del vehículo electrificado en los próximos meses, los 400 millones con los que está dotado el Auto+ servirán para subvencionar las matriculaciones que se produzcan hasta mayo o junio. “Es un plan para un semestre”, señala una fuente del automóvil. Con la idea de alargarlo lo máximo posible, el Gobierno rebajó la cuantía de la ayuda por solicitante respecto a su predecesor, el Moves, al quitar el achatarramiento de un vehículo de combustión, un bonus que en el anterior programa –un plan que comenzó con 400 millones, pero que luego el Gobierno tuvo que duplicar para hacer frente a todas las solicitudes– servía para que el comprador recibiera 2.500 euros extras en el caso de adquirir un turismo eléctrico, haciendo un total de 7.000 euros de ayuda. Ahora solo serán 4.500 euros como máximo, más otros 1.000 que tendrán que poner los fabricantes. A esto se suma que el Auto+ no dará ayudas a los puntos de recarga, como pasaba con el Moves, pero sí las seguirá habiendo para furgonetas, motocicletas y cuadriciclos.

Más controles a los trabajadores de baja, reformar los complementos salariales de los convenios aplicables durante los procesos de incapacidad temporal y aprovechar los recursos de las mutuas, permitiendo incluso que puedan recetar el alta en ciertos casos, son algunas de las propuesta de los empresarios para poner coto al absentismo desbocado. Cuestiones que Cepyme, la patronal de la pequeña y mediana empresa, pone sobre la mesa en un momento en el que el Ministerio de Seguridad Social pretende reactivar la negociación tripartita sobre incapacidad temporal y cuando se vislumbra el inicio de las conversaciones con los sindicatos para la renovación del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC). La patronal ha detectado que el absentismo es uno de los problemas que están impactando con mayor severidad en el tejido productivo. Y, aunque la incidencia es menor en las pequeñas y medianas empresas, según revela el reciente estudio elaborado por la Airef, desde la organización que preside Ángela de Miguel advierten de que en el caso de las micropymes estas ausencias pueden llegar a implicar un frenazo total de la actividad. Por lo que los efectos organizativos y sobre la productividad se agravan. Cepyme pondrá sobre la mesa de negociación en el ámbito bipartito del AENC con los sindicatos la posibilidad de modificar la estructura de complementos salariales vigentes en los convenios colectivos que sirven para completar el sueldo de los trabajadores cuando están de baja. Para que el empleado siga percibiendo el 100% del sueldo durante un proceso de incapacidad temporal.

Sigue la indignación empresarial ante la crisis sin precedentes que está viviendo el ferrocarril de mercancías. La reapertura con limitaciones del túnel de Rubí (Barcelona), punto básico en el transporte con el resto de Europa, no calmó ayer lo ánimos. Las idas y venidas por parte de Adif acentuaron el malestar. En un principio, la primera circulación se preveía para ayer por la mañana; luego se trasladó a entre hoy y mañana; y finalmente, ayer por la tarde se programaron los dos primeros servicios. De esta forma, se puso fin a 10 días de cierre total de una infraestructura básica para la logística, a pesar de sus dimensiones. El túnel no alcanza el kilómetro de longitud. Con todo, es el único paso desde el Mediterráneo hasta Francia tanto en ancho ibérico como internacional, puesto que está equipado con un tercer carril. El día 20 tuvo lugar el accidente de Gelida (Barcelona), cuando un muro de contención se precipitó sobre un tren de Cercanías y falleció el maquinista. El Govern cerró los servicios de pasajeros el día siguiente y luego los maquinistas pararon para exigir seguridad. El día 26, la red catalana tenía que reabrir, pero ante la degradación del túnel, su apertura no se autorizó. Desde entonces, en todas las líneas, las averías han sido una constante. El deterioro del túnel de Rubí no pilló desprevenido a nadie. Las grietas “se conocían antes de la redacción del Plan de Cercanías 2020-2030”, que fue presentado a finales de 220, tal como explicó ayer en rueda de prensa Alícia Casart, responsable de estudios sobre infraestructuras de la Cámara de Comercio de Barcelona.

«La opa es un capítulo cerrado, hemos pasado página y nos centramos en nuestro proyecto, que atraviesa su mejor momento». Los resultados de BBVA en 2025 evidencian que la frase con la que ha respondido el presidente de la entidad, Carlos Torres, cada vez que se le ha preguntado por el fallido intento de adquirir el Sabadell no era solo una pose. No hay restos del naufragio. Es más, la cuenta de resultados de BBVA arroja el mayor beneficio de la historia del banco con 10.511 millones de euros, un 4,5% más que el año anterior. Son unas cifras con las que la entidad abonará, además, un dividendo histórico de 5.200 millones, un 31% más que el año pasado. Lo hará el próximo abril con un pago de 60 céntimos por acción que se sumarán al adelanto abonado el pasado noviembre de 32 céntimos por título. BBVA voló el año pasado, como todo el sector bancario, gracias a una economía que sigue resistiendo a la crisis geopolítica en sus principales mercados –España, México y Turquía–. Así, el crédito se incrementó un 16% generando unos ingresos recurrentes por el margen de intereses de 26.820 millones, un 4% más. Las comisiones aportaron 8.215 millones, un 2,8% más que en el ejercicio anterior. El presidente de BBVA reivindicó ayer no solo el crecimiento, sino también la capacidad de generar capital. 

Una operación corporativa con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) es interesante para Indra, en eso coinciden casi todas las partes. Las diferencias llegan al hablar de la estructura de la misma y se han acrecentado después de que el Gobierno, a través de la Sepi, que posee el 28% de Indra, haya frenado los planes de fusión hasta tener acceso a las cuentas auditadas de ambas firmas. Siempre ha estado sobre la mesa, tal y como tenían intención los hermanos Ángel y Javier Escribano, propietarios de EM&E y del 14,3% de Indra, la idea de una fusión en la que Indra ampliaría capital mediante la emisión de nuevas acciones que se entregarían a los Escribano, que verían reforzada su participación en el grupo en detrimento de otros accionistas como la Sepi, que se vería diluida por debajo de su 28% actual. Sin embargo, la Sepi, según explican a EXPANSIÓN fuentes conocedoras, no se decanta por esta opción, sino que está a favor de otras alternativas para abordar una eventual operación corporativa con EM&E. El CEO de Indra, José Vicente de los Mozos, presentó la semana pasada a los miembros del consejo varias opciones para articular la operación, entre las que estaba la fusión y una toma de una mayoría en EM&E por parte de Indra. Esta es la opción, según las fuentes consultadas, que más agrada a la Sepi, que, por el momento, no se ha pronunciado oficialmente y que aguarda a que haya una votación para dar su opinión. La contemporización de la operación, que se planeaba para 2025, y la fuerte polémica surgida a su alrededor, por el conflicto de interés existente al ser los Escribano dueños de EM&E y accionistas de Indra, han impactado en la cotización de Indra, que se ha dejado casi un 20% en tres días. 

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ultima durante estos días un informe completo para saber, con exactitud, cuantos puntos de acceso a la red eléctrica española hay solicitados en estos momentos, en qué nodos, o subestaciones, y quién los ha pedido. Es la primera vez que este análisis, a modo de auditoría exhaustiva, o informe forensic, se hace en España. El objetivo es tener una radiografía detallada de la situación y ver si el problema de la saturación de la red que tiene el país es tan grave como parece. Y si de verdad es así, quién lo provoca, dónde, y si hay alguna forma de abordarlo cribando solicitudes de dudoso futuro. El informe de la CNMC, que también será compartido con el Gobierno, se está haciendo agregando datos reales, a fecha de hoy, de los permisos de acceso a la red que tienen concedidas las eléctricas, o tienen solicitados. Afecta a los cerca de 800.000 kilómetros de redes eléctricas que hay desplegadas por España. Tanto a las líneas de alta tensión, o troncales (de transporte, según el argot técnico), que gestiona Red Eléctrica, REE (Redeia), como a las líneas de media o baja tensión (de distribución), que llegan hasta los usuarios finales y gestionan distintas filiales de Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP. Todo ello con sus 6.000 subestaciones o nodos, muchos de ellos compartidos, lo que añade complejidad. La CNMC y el Gobierno quieren tener un diagnóstico completo para, llegado el caso, hacer una criba, poner orden en el sector y, eventualmente, tomar medidas contra la especulación que se está detectando, y que ya se ha denunciado en algún foro.

El grupo espera ahora que la demanda mundial de acero, excluida China, crezca un 2% en 2026.  Espera beneficiarse especialmente en Europa, ya que pretende recuperar durante el año progresivamente cuota de mercado para sus plantas nacionales. Si bien la volatilidad del comercio mundial afectó la visibilidad el año pasado, los fabricantes de acero europeos han acogido con satisfacción un aumento de las medidas de la UE para proteger la industria nacional del bloque. ArcelorMittal, el segundo mayor fabricante de acero del mundo, tuvo un beneficio consolidado de 3.152 millones de dólares (2.790 millones de euros) el año pasado, multiplicando por más de dos (+135%) el de 2024. Los ingresos cayeron un 2%, hasta 61.352 millones de dólares, mientras el resultado bruto de explotación (ebitda) lo hizo un 7,3%, situándose en 6.541 millones. Sin embargo, la caída del ebitda en el cuarto trimestre se limitó al 3,7%, alcanzando los 1.593 millones de dólares, por la creciente demanda de acero, superando las estimaciones de los analistas, que preveían 1.510 millones de dólares, según los datos recogidos por LSEG. El consejo de administración de la siderúrgica ha propuesto elevar un 9,1% el dividendo para los accionistas, hasta 0,60 dólares por acción (0,50 euros), distribuido en cuatro pagos trimestrales iguales a partir de marzo. ArcelorMittal ha avanzado que seguirá destinando un mínimo del 50% del flujo de caja libre, después de dividendos, a retribuir a los accionistas mediante recompras de acciones. De hecho, el año pasado recompró 8,8 millones de acciones por 262 millones.

“El bajo nivel de desempleo, la solidez de los balances del sector privado, la ejecución gradual del gasto público en defensa e infraestructuras y los efectos favorables de las anteriores bajadas de los tipos de interés están respaldando el crecimiento”, resaltó el BCE en su comunicado. La primera reunión del Banco Central Europeo en 2026 se saldó con una nueva pausa en los tipos de interés, la quinta consecutiva, en una decisión tomada por unanimidad. Con la inflación de la zona euro en el 1,7%, merodeando ese umbral del 2% inscrito en letras de bronce en el mandato de la institución que preside Christine Lagarde, el consejo de gobierno enterró todo activismo: el último movimiento fue en junio, hace ya ocho meses. Y Fráncfort no parece dispuesto a mover ficha a corto plazo. Ni al alza, ni a la baja. Durante su discurso, Lagarde enfrió los ánimos de quienes veían en la caída de la inflación de enero el comienzo de un cambio de dinámica: lo achacó al abaratamiento de la energía por el efecto base en la comparación con el año anterior, insistió en que un dato mensual puntual no trastoca la tendencia de fondo, y repitió que sus cálculos apuntan todavía a una inflación en el 2% a medio plazo. “Estamos en un buen lugar, la inflación está en un buen lugar”, defendió. Sin previsiones económicas que presentar hasta marzo, y con el huracán comercial desatado por Donald Trump degradado a llovizna, la estabilidad domina la escena. Las Bolsas continúan en zona de máximos, sin que se atisben signos de fatiga en los mercados financieros; el crecimiento de la zona euro resiste a lomos de la demanda interna –el PIB avanzó un 1,5% en 2025–, y el paro, del 6,2%, nunca ha sido menor.

El fabricante automovilístico sueco Volvo Cars se hundió ayer un 22,5% en el parqué –su mayor caída desde que salió a Bolsa en 2021–, tras anunciar pérdidas de 3.000 millones de coronas suecas (284 millones de euros) en 2025, frente al beneficio neto de 15.900 millones de coronas suecas (1.504 millones de euros) del año anterior. Los resultados se vieron afectados por los aranceles de EEUU, la retirada de incentivos a la compra de eléctricos en el mercado estadounidense, las dificultades en China, y la caída del 7% en unidades vendidas (710.000 vehículos). La compañía, propiedad del grupo chino Geely, facturó 357.300 millones de coronas suecas (33.794 millones de euros), lo que supone un descenso del 11%, y el resultado bruto de explotación (ebitda) bajó un 21%, hasta 3.376 millones de euros. “A lo largo de todo el año 2025, el mercado mundial de automóviles operó en condiciones difíciles y desiguales, influido por una combinación de presiones macroeconómicas, tensiones geopolíticas y cambios regulatorios y comerciales. En general, el año se caracterizó por una demanda limitada, una competencia intensificada y un mayor enfoque en la rentabilidad y la eficiencia”, señaló Volvo Cars en un comunicado.

Google eleva sus inversiones en infraestructura a niveles nunca vistos en la industria tecnológica para sostener la carrera en inteligencia artificial. Su matriz, Alphabet, prevé duplicar sus gastos de capital (capex) este año hasta una horquilla de entre 175.000 y 185.000 millones de dólares, entre 148.000 y 157.000 millones de euros al cambio. La cifra supera con creces la de sus competidores y ha sorprendido a Wall Street, que anticipaba un gasto en el entorno de los 120.000 millones de dólares en 2026. Por su parte, Meta maneja una horquilla de capex de entre 115.000 y 135.000 millones de dólares. Microsoft no ha dado una guía para 2026, pero Jefferies estima que podría gastar unos 154.000 millones de dólares, mientras que la factura de Amazon subirá hasta unos 150.000 millones de dólares. Los mercados miran con cautela la fuerte apuesta de Alphabet, que se dejaba ayer un 3 % a media sesión en Wall Street. A pesar de la inversión récord prevista para 2026, que presionará los márgenes, Alphabet cuenta con una posición sólida para asumir el gasto. Los analistas de Jefferies estiman que la compañía generará un flujo de caja operativo de 204.000 millones de dólares este año, un 23% más interanual. A cierre de ejercicio tenía 127.000 millones de dólares en efectivo disponible y 47.000 millones en deuda a largo plazo.

El mercado laboral de Estados Unidos registra el peor inicio de año desde 2009. El mes pasado, las empresas norteamericanas anunciaron 108.435 despidos, lo que supone un aumento del 118% respecto a enero de 2025, y del 205% si se compara con los datos de diciembre del año pasado, según estimaciones de la consultora Challenger, Gray & Christmas. El dato disparó ayer las alarmas en Wall Street, ya que rompe con la narrativa de resistencia del empleo defendida por la Reserva Federal, que podría verse obligada a cambiar su hoja de ruta si se confirma esta tendencia. El aumento de los despidos llega en un momento especialmente delicado del ciclo. La inflación ha retrocedido, pero sigue situada por encima del objetivo del banco central, que en su última reunión decidió hacer una pausa en la desescalada del precio del dinero, que se mantiene entre el 3,5% y el 3,75%. El crecimiento económico, aunque positivo, muestra claros signos de agotamiento en sectores clave, como el industrial. Además, las dudas en el ámbito tecnológico y las fuertes inversiones en inteligencia artificial han puesto en alerta a los inversores. Amazon anunció a finales de enero 16.000 recortes, que se suman a los 14.000 que realizó en el trimestre anterior. Los datos agregados de enero reflejan un fuerte incremento de los planes de reducción de plantilla anunciados por grandes y medianas compañías estadounidenses.