20260211

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

Un año que «cerró con un sabor agridulce». Así definen desde el AFM Cluster, la patronal del sector de la máquina-herramienta, un 2025 que dejó varias lecturas diferentes, tanto por la parte positiva como por la negativa. Por un lado, la buena noticia es que los pedidos registrados aumentaron un 2,3% respecto a los recibidos en 2024. Sin embargo, la facturación dejó la nota negativa del curso, ya que cayó un 5% hasta los 2.207,6 millones de euros. En este contexto, los dos principales subsectores, arranque y deformación, mostraron una evolución claramente dispar: mientras que el arranque llegó a un nuevo récord histórico en su facturación con un crecimiento del 4,4% hasta los 969 millones, la línea de deformación trazó una trayectoria totalmente contraria. Su cifra de negocio cayó un 21,2% hasta los 430,4 millones. Una caída que, según explica José Pérez Berdud, presidente de AFM Cluster, se debe principalmente a dos factores. Uno de ellos es que la deformación «se está viendo severamente afectada por el recorte de las inversiones en la automoción», una industria crucial para la economía europea y que se encuentra inmersa en una crisis estructural que afecta a toda la cadena de producción. Por otra parte, señalan desde el clúster, la creciente competencia china está convirtiéndose en otro punto débil. Según advierten, el gigante asiático se está consolidando como «un actor clave» en el mercado internacional gracias a sus «políticas de sustitución de importaciones y su fuerte presencia exterior con precios muy competitivos». Un hecho que está teniendo un impacto directo en la entrada de pedidos y que supone una clara amenaza para la industria europea. «Para poder competir son necesarios diversos ingredientes de esfuerzo tanto público como privado», señala Xabier Ortueta, director general de AFM Cluster. Añade que «en el caso de nuestra máquina-herramienta, debemos seguir apostando por la tecnología, por nuestra fortaleza en determinados nichos y sectores, pero sin renunciar a la diversificación aprovechando las oportunidades». Cabe destacar que la máquinaherramienta es uno de los sectores tractores de la economía vasca, con un peso especialmente relevante en Gipuzkoa. 

«Se ha apostado desde Bizkaia y existe la opción de que venga a Bizkaia. Pues blanco y en botella, leche». La patronal vizcaína cerró ayer filas para reclamar que Ayesa Digital, tras su adquisición por el consorcio vasco, establezca su sede en territorio vizcaíno, frente a las presiones políticas que defienden su regreso a Gipuzkoa y la recuperación del arraigo de la antigua Ibermática en su territorio de origen. El presidente de Cebek, Guillermo Buces, subrayó en una entrevista en la radio pública vasca que la mayor parte del capital destinado a la adquisición de Ayesa procede de Bizkaia. En concreto, de los 480 millones de euros de la operación, 100 han sido aportados por la Fundación BBK y otros cinco por Teknei, ambas con sede en Bilbao. A esta estructura se ha sumado la entrada de Fundación Vital, con una participación más modesta, mientras que el resto del capital corre a cargo de Indar –el brazo inversor de Kutxabank– y del Gobierno vasco. Esta correlación de fuerzas es la que lleva a Cebek a reclamar la vizcainización de una com- pañía que abandonó Gipuzkoa hace cuatro años, después de que sus entonces accionistas optaran por priorizar la rentabilidad financiera y desinvertir en activos industriales. Ahora, con la compañía ya integrada totalmente en Ayesa, Ibermática regresa a Euskadi como uno de los símbolos del discurso del arraigo, aunque con una disputa política abierta sobre el territorio en el que debe asentarse. Buces, presidente de Cebek, en su primer posicionamiento público sobre esta cuestión, puso ayer el acento en los beneficios que tendría que la sede se estableciera en Bizkaia, incluso en términos de recaudación para la Hacienda foral. Estos planteamientos, sin embargo, chocan con la posición del PNV en Gipuzkoa que, pese a la negativa de Kutxa a entrar en el consorcio al cuestionar la viabilidad de la operación, consideran «compatible» que la sede de Ayesa se mantenga en San Sebastián.

El patronato de la fundación Vital, su máximo órgano de gobierno, aprobó ayer su participación en la compra de Ayesa, la compañía que se hizo con Ibermática en 2022. De este modo, la fundación bancaria alavesa se une al consorcio vasco formado por Kutxabank –participa a través de Indar Kartera–, BBK, el Gobierno vasco y la tecnológica Teknei para adquirir por 480 millones la división tecnológica de Ayesa. Una firma que emplea a 2.000 personas en Euskadi y un total de 11.000 en toda España y que tiene una facturación de 570 millones en un sector estratégico como el de las nuevas tecnologías. Con la operación, Ayesa creará en Álava un ‘hub’ de movilidad y logística inteligente de servicios digitales con capacidades en inteligencia artificial y datos. Además, se instalará un centro de formación, la ‘Junior University of Ayesa’, que cuenta anualmente con 500 alumnos y que imparte conocimientos de nuevas tecnologías, servicios ‘cloud’ o ciberseguridad. Su emplazamiento en Álava supondrá la generación de entre 30 y 50 empleos directos. La inversión afianzará los 400 puestos de trabajo con los que ya cuenta Ayesa Digital en Álava. Asimismo, generará un incremento de 350 profesionales de alta cualificación y conocimiento avanzado en los próximos 4 años. En el seno del patronato de la fundación alavesa, los miembros designados por PNV, PSE y PP han respaldado la iniciativa. La entidad aportará 10 millones y refuerza su alianza con BBK, que suma 100 millones y con Kutxabank, el banco del que ambas son accionistas, que destinará a la operación 110 millones. El Gobierno vasco ha comprometido 60 millones y Teknei otros 10. Esa unión de fuerzas retrata la soledad del tercer propietario del banco surgido de la fusión de las antiguas cajas de ahorro vascas, Kutxa Fundazioa.

La Policía Nacional irrumpió ayer al mediodía en la sede de Sidenor en Basauri para registrar durante nueve horas las instalaciones y recabar información relativa a la causa que instruye la Audiencia Nacional por la venta de acero al gigante armamentístico Israel Military Industries (IMI), sin haber obtenido las autorizaciones correspondientes. El magistrado Francisco de Jorge está investigando al presidente de la compañía, José Antonio Jainaga, y a otros dos directivos por los presuntos delitos de contrabando y complicidad en un delito de lesa humanidad o de genocidio. Según ha podido saber este periódico de fuentes judiciales, este registro –que finalizó pasadas las 21 horas– forma parte de una pieza separada y secreta dentro de la causa abierta por el Juzgado Central de Instrucción número 1. La Comisaría General de Información de la Policía Nacional, que se ha encargado de la investigación desde el primer momento, ha solicitado al juez practicar estas diligencias. Esta actuación se está desarrollando con la expresa oposición de la Fiscalía. Fuentes de la empresa aseguraron ayer que Sidenor «ha colaborado con las autoridades que se han personado en las instalaciones de la empresa, a fin de trasladarles con toda diligencia y transparencia cualquier información que precisen». La causa se inició a raíz de una querella presentada en la Audiencia Nacional el pasado 28 de junio por la asociación Comunitat Palestina de Catalunya-Terra Santa de Cataluña. La denuncia fue admitida a trámite el 1 de julio, justo cuando Sidenor decidió cancelar sus contratos con Israel tras las insistentes denuncias de los sindicatos de la compañía, que han tenido un papel activo en la investigación, razón por la que la empresa como persona jurídica no está investigada.

La plantilla de Amurrio volvió a hacer ayer de avanzadilla y decidió escalar el conflicto en la tubera convocando 15 jornadas más de paros de aquí al 9 de marzo. Inicialmente el plan del comité era convocar 13 huelgas, pero durante una larga asamblea de trabajadores se pactó extender esa cifra incorporando los días 18 y 19 de febrero. Los paros no serán completos, de 24 horas, todos los días. Eso sólo ocurrirá durante las cinco jornadas en las que el comité y la empresa se sienten a negociar el ERE y los 301 despidos que plantea la tubera para las plantas de Amurrio y Trapagaran. Es decir, que los trabajadores sólo se ausentarán por completo de sus puestos de trabajo este viernes (esa huelga ya estaba convocada) y los días 17, 23 y 26 de febrero, 4 de marzo y 9 de marzo. En el resto de convocatorias, en cambio, habrá paros parciales. La decisión de la factoría de Amurrio profundiza aún más las diferencias con Trapagaran, donde aún no se ha parado la producción ni un solo día. Las secciones sindicales siguen recabando de forma separada el parecer de sus afiliados en el centro vizcaíno antes de tomar ninguna decisión sobre posibles huelgas y movilizaciones. Algunas centrales, como ESK, ya han puesto el foco en este asunto y han pedido «un trabajo en común» de los comités de las dos fábricas porque «la respuesta tiene que ser conjunta». La realidad es que el impacto de los despidos y del plan de viabilidad que maneja la tubera vasca es muy distinto según el centro. En Trapagaran se proponen 27 salidas entre una plantilla de 330, poco más de un 8%. Se trata de una cifra que incluso se podría cubrir casi por complejo a base de jubilaciones y unas pocas bajas incentivadas en Productos Tubulares. En cambio, en Amurrio el ajuste es de 274 puestos de un total de 900, por lo que implica cesar a un tercio de la plantilla. Además, la actividad que se paraliza con el nuevo plan de viabilidad es, fundamentalmente, la de la planta alavesa.

En plena crisis por el futuro de Tubos Reunidos, el Gobierno vasco reclamó ayer la implicación del Ejecutivo central para encontrar una salida que garantice «la viabilidad de la compañía». Aunque el consejero de Industria, Mikel Jauregi, ya había apuntado a la necesidad de aliviar la deuda de la Sepi –113 millones de euros convertibles en acciones– , Lakua eleva ahora el tono y exige con mayor claridad la participación directa de Moncloa. «Debe estar» en la solución «público-privada» para la planta, afirmó ayer la portavoz Maria Ubarretxena. No obstante, el organismo estatal descarta una quita por las restricciones que impone la normativa del fondo de rescate, lo que obliga a explorar fórmulas alternativas de implicación de Madrid. El Gobierno vasco llamó a la cautela y recordó que este mismo viernes se reunirá con el comité de empresa de la compañía. Ubarretxena subrayó además que a lo largo de esta semana se están manteniendo otros encuentros con la empresa «para analizar la viabilidad» de un proyecto lastrado por el elevado endeudamiento y por el impacto de los aranceles de EE UU. El lehendakari, Imanol Pradales, mostró también su «preocupación» ante el «mazazo» que ha supuesto la propuesta del ERE para Aiaraldea. En las que fueron sus primeras palabras desde que se conociera este proceso de ajuste, Pradales reparó –hasta en dos ocasiones– en la necesidad de que «todos los actores implicados rememos en la misma dirección» para garantizar la viabilidad del proyecto empresarial.

Una serie de problemas de índole informática, al parecer vinculados a un servidor responsable de la secuenciación de piezas, hicieron imposible poner en marcha la producción prevista para el turno de tarde e imposibilitaron también la fabricación durante el de noche. La dirección ordenó progresivamente a los trabajadores de la Avenida de Los Huetos que se marchasen a casa salvo en los casos en los que su labor sí se pueda seguir realizando. Algunos de los empleados se quedaron por la tarde dedicándose a formaciones sobre la VAN.EA, la plataforma eléctrica sobre la que se pondrá en marcha la producción de la nueva furgoneta VLE. Las horas perdidas no tendrán que ser recuperadas, sino que correrán a cuenta de la empresa. Fuentes sindicales detallaron a este periódico que los problemas se empezaron a registrar «hacia las 11.00 horas» de ayer. Desde entonces, según estos mismos medios, el trabajo discurrió «a trompicones». Sin embargo, no fue hasta el turno de tarde cuando este problema –según algunas fuentes, vinculados a Alemania– hizo imposible fabricar furgonetas. En paralelo, la cúpula de Bernd Krottmayer dedicó su tiempo a buscar voluntarios para que acudan hoy antes de las 6.00 horas a ayudar a arrancar las instalaciones. El problema no es el primero de esta índole que registra Mercedes.

Sindicatos nacionalistas, entre los que se encuentran ELA y LAB además de CIG, Intersindical Catalana, IAC, Intersindical Valenciana y STEI, se reunirán mañana con todos los partidos con representación política en el Congreso de los Diputados, a excepción de PP y Vox, para mejorar el Salario Mínimo Interprofesional –SMI–. Los sindicatos manifestaron ayer que la respuesta de los partidos políticos a las solicitudes ha sido «muy positiva» pero, sin embargo, el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz «no ha ofrecido ninguna opción de reunión a estos sindicatos». Estas asociaciones recordaron que el Gobierno de Pedro Sánchez no dispone de mayorías parlamentarias, por lo que los sindicatos «tratarán de condicionar la actividad parlamentaria para aprobar la opción de mejorar el SMI español».

Euskadi arranca el procedimiento para dotarse de una nueva ley que reoriente su política turística: de atraer viajeros a contener su impacto en el entorno. El turismo ha cambiado. Lo ha hecho a nivel global y, por supuesto, también en Gipuzkoa y Euskadi. Cada vez más gente se mueve más y durante más periodos a lo largo del año. De las reservas anticipadas en hoteles, pensiones, agroturismos o campings contratadas directamente o a través de agencias de viajes, los nuevos tiempos han abierto el abanico a nuevos modelos de alojamiento, como los pisos turísticos o el pujante autocaravanismo, a esperar a reservar a última hora, y a hacerlo a través de plataformas por internet. Una vez en destino, los viajeros aspiran cada vez en mayor proporción a salirse de los cánones habituales y de las visitas convencionales y buscan nuevos rincones, conocer la esencia y autenticidad del lugar que visitan para sentirse como un ciudadano más de ese lugar en el mundo al que han decidido dedicar sus días de descanso. El cambio ha sido vertiginoso en poco más de una década, y los desafíos a los que se enfrenta el turismo en Euskadi, y Euskadi por el turismo, son muy distintos a los que tenía cuando se aprobó la ley de turismo vigente, en 2016. En estos últimos años, el sector ha experimentado profundas transformaciones derivadas de cambios sociales, tecnológicos, ambientales o económicos que han alterado por completo el contexto en el que operan los negocios. En paralelo, la sociedad vasca también ha sido objeto de cambios como consecuencia de la creciente llegada de visitantes. Cambios que han generado una progresiva preocupación social por sus efectos en el día a día. 

El mercado laboral vasco atraviesa un momento de fortaleza que, aunque no revierte los desequilibrios estructurales del sistema de pensiones, sí ha permitido suavizar el descenso del número de afiliados por pensionista. Euskadi cerró 2025 con una ratio de 1,94 personas afiliadas por cada pensionista, lo que supone una ligera mejora en comparación con años anteriores y evidencia el efecto del dinamismo del empleo, que presentó durante el pasado ejercicio máximos históricos. Esta evolución positiva contrasta con la tendencia de fondo de los últimos quince años, marcada por el envejecimiento progresivo de la población y el aumento constante de pensionistas. El ratio cayó de forma ininterrumpida desde 2007, cuando alcanzó su máximo histórico con 2,20 afiliados por pensionista. Aunque la cifra actual sigue lejos del nivel ideal –los expertos sitúan la sostenibilidad del sistema en torno a cuatro trabajadores por jubilado, o al menos por encima de 2,5–, la mejora reciente en Euskadi indica un cambio de tono alentador apoyado en el vigor del empleo. En comparación con otras comunidades, el País Vasco se mantiene en la zona media. Madrid, con una ratio de entre 3,1 y 3,23, y Baleares, con 3,5 afiliados por pensionista, se sitúan a la cabeza gracias a su población más joven y a una actividad económica más intensa. Pese a ello, el comportamiento vasco resulta meritorio si se tiene en cuenta la estructura demográfica de la región, una de las más envejecidas del Estado.

El anteproyecto de la Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud recibió ayer luz verde del Consejo de Ministros, y con él se derogará la regulación aprobada en 1997 durante los gobiernos de José María Aznar que dio el pistoletazo de salida a la participación del sector privado en la gestión de los hospitales de titularidad pública. Con el argumento de que “esta ley es un triunfo de la sociedad civil, un triunfo de las demandas ciudadanas desde hace muchísimos años que va a proteger y va a blindar nuestro sistema nacional de salud de las garras especuladoras y privatizadoras”, dijo la ministra de Sanidad, Mónica García, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la futura ley restringirá al máximo la participación privada en la gestión de la salud pública. De hecho, se reducirá a unos pocos supuestos excepcionales que exigirán el cumplimiento de tres condiciones. En primer lugar, que se demuestre que la prestación pública de ese servicio no es posible. En segundo, que se garantice la sostenibilidad financiera y la eficiencia del proyecto. Y en tercero, que bajo esa gestión privada se cumplan los parámetros de calidad, continuidad, accesibilidad y asequibilidad del servicio sanitario. Además, el anteproyecto modifica el artículo 67 de la Ley General de Sanidad de 1986 e incorpora una cláusula en la ley de contratos del sector público para dar preeminencia a entidades sin ánimo de lucro “en casos de empate”. Porque, según García, esta ley no va contra modelos de colaboración que “son sanos”, sino que busca “ponerle coto a esos modelos de colaboración público-privada que han detraído recursos de la pública para engrosar las carteras de unas cuantas empresas”, en clara alusión a Madrid. En la práctica, la futura ley, si es que logra el visto bueno del Congreso, lo que en estos momentos no se preludia fácil, supondrá un veto (si no total sí muy amplio) a la privatización de la gestión de los centros de salud públicos. De hecho, y junto a las pocas excepciones contempladas, aquellas comunidades autónomas que quieran establecer conciertos de colaboración público-privada deberán pasar antes por el filtro de un mecanismo de evaluación obligatorio y justificar en un informe las razones por las que consideran necesaria la participación privada.

Rosa Urbanos es catedrática de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Fue la primera directora del Observatorio del Sistema Nacional de Salud y ha sido presidenta de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS). Es una de las figuras de referencia en España en la investigación sobre los determinantes sociales de la salud, así como en la evaluación de las políticas públicas y la gestión del Sistema Nacional de Salud (SNS) y responde el mismo día que el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de la Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud. "A mi modo de ver, no tiene sentido intentar blindar la gestión pública si esta tiene problemas serios, lo que hay que hacer es abordarlos... La clave aquí es que la raíz de esos problemas se encuentra principalmente en el propio sector público: en el mal diseño de los contratos, en las deficiencias de los modelos de control y supervisión, y en los déficits de calidad institucional. Por ejemplo, hemos visto muchos casos en los que las fórmulas de colaboración con el sector privado se han utilizado para defender intereses particulares, en lugar de priorizar el interés general. En mi opinión, es en esos puntos donde deberíamos poner el foco, además de en la imprescindible mejora de la gestión pública...-¿Es esta iniciativa legislativa una buena vía de garantizar la calidad y sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud?- Sinceramente, no lo creo. En primer lugar, los problemas de calidad y sostenibilidad en el SNS son complejos y difícilmente van a resolverse mediante un texto legislativo. Pero, además, necesitamos mejorar la gestión de los centros, y la gestión directa tradicional impone un marco burocrático muy restrictivo que ata de pies y manos a los gestores. Hay que proporcionar marcos flexibles que permitan que los centros se adapten de forma ágil a unas circunstancias y una demanda que son cambiantes, no impedir que prosperen. Los estudios disponibles sugieren que un marco flexible de regulación y gestión se asocia con mejoras de la eficiencia, y que es más importante para una gestión eficiente que un hospital tenga personalidad jurídica que el hecho de que sea de propiedad pública o privada..."

Veinte meses después, el Ministerio de Trabajo sacó adelante la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, aunque con una salvedad importante: deberá pasar por el Congreso de los Diputados para su puesta en marcha. Ayer, el equipo de Yolanda Díaz logró el respaldo de los sindicatos, pero no el de la patronal, que se desmarcó de las negociaciones tras calificar la actitud del Ministerio como «inasumible, inconsecuente y una rémora». La nueva normativa, acordada en enero, actualiza una ley con más de treinta años de vigencia e introduce regulaciones más estrictas sobre agentes cancerígenos, biológicos y químicos, así como mejoras en los sistemas de información y en el registro de los accidentes de trabajo, además de en el cuadro de enfermedades profesionales. Asimismo, incorpora el cambio climático como un «factor esencial que pone en peligro la salud de los trabajadores», según señaló Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Trabajo.

Un año y medio después del inicio de la negociación tripartita, entre el Gobierno, patronal y sindicatos, la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales inicia su trámite parlamentario. Finalmente, el acuerdo suscrito por el Ministerio de Trabajo con UGT y CCOO no cuenta con la rúbrica de las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme, que abandonaron la negociación a finales del pasado año, alegando falta de voluntad de consenso por parte del departamento de la vicepresidenta Yolanda Díaz, tras haberse mostrado discrepantes con algunos puntos de la nueva regulación. Esencialmente los referentes a ampliar la acción preventiva sobre riesgos psicosociales y relacionados con la desconexión digital, y por la incorporación de una nueva figura, el agente territorial, encargado de la vigilancia en los pequeños negocios –empresas de menos de diez trabajadores–...La empresa deberá aplicar las medidas que integran el deber general de prevención, en la que se incluye adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de trabajo, a la elección de los equipos de protección individual, los equipos de trabajo, métodos y tecnologías, así como a cualquier otra decisión organizativa sobre el diseño y la gestión del trabajo y sobre la producción de bienes y servicios con incidencia en la salud de la persona trabajadora. Además, se debe integrar las perspectivas de género y de edad en la gestión preventiva...La empresa garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia de su salud física y mental. El objetivo de esta vigilancia será evaluar el impacto que el trabajo tiene sobre la salud de los trabajadores y será tanto individual como colectiva. La vigilancia de la salud individual comprenderá la realización de pruebas y exámenes sanitarios específicos efectuados, y se llevará a cabo al inicio de la relación laboral, periódicamente y tras ausencias prolongadas del trabajo por motivos de salud. Los resultados de las pruebas serán comunicados en un informe clínico-laboral que deberá entregarse en el plazo de quince días hábiles desde la realización del examen...

Telefónica anunció ayer el cierre de la venta del 100% del capital social de Telefónica Móviles Chile a NJJ Holding y Millicom Spain por un importe de la transacción (firm value, es decir, incluyendo deuda) de aproximadamente 1.215 millones de dólares (unos 1.030 millones de euros al tipo de cambio actual) y un pago adicional de 150 millones de dólares (unos 126 millones de euros) “condicionado a la posible ocurrencia de determinados eventos en el mercado de telecomunicaciones chileno” según señaló la compañía a la CNMV. Es decir, que la firma española podría obtener hasta 1.156 millones de euros. Millicom es una operadora con sede en Luxemburgo y actividades en la región, pero cuyo accionista de control –con cerca del 40% del capital– es el magnate francés Xavier Niel, fundador y primer ejecutivo del grupo de telecos galo Iliad. NJJ Holding es un hólding vinculado a la familia de Xavier Niel. Millicom ha sido el principal comprador de los activos vendidos por Telefónica en Latinoamérica, con la excepción de Argentina y Perú. NJJ tendrá un 51% del capital de Telefónica Chile, mientras que Millicom se hará con el 49% restante. Millicom podrá comprar el 51% de NJJ a partir del quinto año de la transacción. El importe de la transacción incluye un pago en efectivo de 50 millones de dólares (unos 42 millones de euros), pagadero al cierre de la operación y un abono aplazado de 340 millones de dólares (286 millones de euros) que será satisfecho en base a los resultados financieros futuros de Telefónica Chile.

Bruselas quiere que el sector público ponga de su parte en el desarrollo de sectores estratégicos industriales europeos ayudando a sostener la demanda a través de compras y contrataciones públicas. Lo planea en su borrador del reglamento de aceleración industrial, en el que prevé que la contratación pública tenga en cuenta “requisitos de origen de la UE, de bajas emisiones, o ambas”. El mismo texto también contempla obligar a los Estados miembros a que designen zonas de desarrollo industrial para esos sectores clave que Bruselas pretende reanimar, con una norma en la que también pretende obligar a los inversores chinos a que haya transferencia de tecnología y formación de mano de obra. El objetivo final de estas medidas, como el Pacto para una Industria Limpia o el Plan para la Energía Asequible, pasa por que la industria europea vuelva a pesar un 20% del producto interior bruto en 2035. No obstante, esto tiene sus riesgos para los objetivos climáticos: llegar a una economía con emisiones cero en 2050 pasa también por descarbonizar el transporte -y no parece que la industria del automóvil europea esté en condiciones de garantizarlo- o por impulsar la producción eléctrica con renovables, nada fácil de hacer comprando solo producto europeo cuando, por ejemplo, China controla el 90% de la fabricación de paneles fotovoltaicos. Para recuperar el esplendor industrial, argumenta Bruselas, hay actividades que resultan clave por su influencia sobre el resto de las manufacturas. Son las industrias electrointensivas (como el acero o aluminio), el automóvil o productos tecnológicos de emisiones cero en carbono. En conjunto, apenas representan el 15% de la producción europea manufacturera, pero su importancia descansa en su capacidad para ejercer un efecto arrastre a lo largo de las cadenas de valor en otras ramas industriales y económicas como la defensa, los sistemas de energía, el transporte y la construcción. 

Los extranjeros que pretendan obtener la nacionalidad sueca tendrán que esperar ocho años de residencia legal antes de solicitarla. El ministro de Inmigración, Johan Forssell, anunció ayer los nuevos requisitos, que entrarán en vigor el 6 de junio y que endurecen significativamente el régimen de nacionalizaciones. Además del plazo de residencia, incluyen procesos mucho más estrictos de verificación de la identidad, que incluirán la investigación de antecedentes familiares en países de origen, y también exigencias de solvencia económica. Los solicitantes deberán poder demostrar ingresos mensuales superiores a 20.000 coronas suecas, unos 2.000 euros, y ser capaces de aprobar un examen de idioma y cultura. Otro requisito es el de tener una «conducta honrada», que incluye comportamiento respetuoso con la ley y la ausencia de vínculos con cualquier tipo de criminalidad o redes violentas. Cualquier persona con antecedentes penales, ya sea en Suecia o en el extranjero, tendrá que esperar más tiempo antes de poder solicitar la nacionalidad. Alguien que haya cumplido una condena de cuatro años de prisión, por ejemplo, tendría que aguardar 15 años antes de iniciar el trámite. Hasta ahora, «era posible convertirse en ciudadano tras cinco años sin hablar ni una sola palabra de sueco, sin saber nada de nuestra sociedad y sin tener ingresos propios», alegó Forssel. «Incluso puedes hacerte ciudadano si estás bajo custodia por asesinato y esto envía una señal completamente equivocada, tanto a quienes se comportan correctamente como a quienes ya son ciudadanos», añadió. «Los cambios que presentamos hoy son necesarios para garantizar que la ciudadanía sueca mantenga su valor y su significado», respaldó el primer ministro sueco, Ulf Kristersson.