20260129

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

La factura energética para las empresas vascas es un 165% más cara que en Francia y un 35% más que en Alemania. Lo es, además, cuando los costes para generarla son mucho más baratos en España y eso «es una contradicción que genera una pérdida real de competitividad». Así de contundente lo señaló ayer el consejero vasco de Industria, Mikel Jauregi, que culpó a «distorsiones» y a «necesidades contables» del Ministerio de Hacienda de esta situación. De esta forma el Gobierno vasco enarboló una de las causas que las eléctricas vienen reclamando abiertamente: la «abolición» del impuesto de generación eléctrica del 7%, que pesa sobre la factura, así como una reducción del 80% del coste del peaje de conexión y ofrecer exenciones en el pago de emisiones de CO2. Se trata de ser competitivos y permitir inversiones «rápidas y ágiles» que desarrollen tecnologías propias, explicó Jauregi durante un encuentro organizado por BBK, en un mensaje que se hace eco también del lamento que han venido realizando constantemente las patronales vascas. Llega, además, justo después del choque de las empresas con el regulador, la Comisión Nacional de los Mercados y Competencia (CNMC), por la retribución de las inversiones que realizan en la red de distribución de electricidad. Tras el acuerdo para reforzar en un 40% la potencia de la red en Euskadi , Jauregi lamentó que puede caer en saco roto porque «las empresas no van a pagar más que en Francia o Alemania. Ahí está la contradicción. No entendemos esa diferencia entre coste de generación y coste en la factura. Hay que resolverlo».

Primera victoria de Iberdrola frente a Donald Trump. El juzgado del distrito de Massachussets (EE UU) ha otorgado a la eléctrica dirigida por Ignacio Galán la medida cautelar solicitada por Vineyard Wind –su proyecto de eólica marina en Massachusetts– ante la orden de suspensión de la Administración estadounidense que fue remitida en diciembre por la Oficina de Gestión de las Energías Marinas del Departamento del Interior (BOEM, por sus siglas en inglés). De esta forma, el parque eólico marino de Avangrid –la filial estadounidense de la compañía vasca– logra un respaldo clave frente a la cruzada emprendida por el líder republicano contra las energías renovables y, en particular, contra el desarrollo de la eólica marina desde su regreso a la Casa Blanca hace ahora un año. El proyecto Vineyard Wind está ya completado al 95% y se encuentra produciendo energía para hogares e industrias de Nueva Inglaterra. «Esta decisión judicial permitirá continuar todas las actividades de construcción, puestas en marcha y producción inmediatamente», destacan fuentes de la compañía.

El Gobierno Vasco llevó a cabo ayer la décima emisión del Bono Sostenible Vasco, en esta ocasión por un valor de 750 millones de euros y con vencimiento a diez años. La demanda superó casi en nueve veces la oferta, alcanzando los 6.556 millones. Tras el ‘roadshow’ llevado a cabo esta semana por el consejero de Hacienda y Finanzas, Noël d’Anjou, y su equipo por varias plazas europeas, entre ellas Milán y Fráncfort, algo más del 63% de la emisión ha ido a parar a manos de inversores extranjeros, con Alemania como principal comprador. El consejero calificó la operación de financiación como «un nuevo éxito que refuerza la credibilidad y el liderazgo financiero de Euskadi en los mercados de capitales internacionales». D’Anjou destacó especialmente el resultado técnico de la emisión: «Gracias al fuerte apoyo de los inversores, hemos logrado ajustar el diferencial (de precio) con el bono del Tesoro español, marcando cuatro puntos básicos de diferencial, el más bajo hasta la fecha». «Esto demuestra –apuntó el consejero d’Anjou– que nuestra financiación no solo es robusta, sino que también está intrínsecamente vinculada a una agenda gubernamental transformadora con impacto social positivo».

La vasca Idom será la ingeniería de cabecera de un nuevo contrato de diseño y construcción para la ampliación del Metro de Riad (Arabia Saudi). La multinacional india Larsen&Toubro anunció ayer que Idom forma parte del grupo de empresas internacionales consorciadas para ampliar la denominada Red Line (línea 2) del suburbano saudí, una obra que tiene un presupuesto de inversión de 2.750 millones de euros. En el consorcio figuran, además de Idom y Larsen Toubro, la italiana Webuild, Alstom y la local Nesma. La ampliación incluye el diseño y la construcción de una nueva línea de metro sin conductor de 8,4 kilómetros, de los cuales 1,3 kilómetros se extenderán por viaducto y los restantes por túneles. También incluye cinco estaciones, tres de las cuales serán subterráneas, así como todos los sistemas de señalización. Se utilizará una tuneladora (TBM) para la excavación del tramo subterráneo. Idom figura entre las firmas españolas presentes en las obras de construcción del Metro de Riad, una infraestructura en crecimiento en la que se comenzó a trabajar en 2013. Idom forma parte de las empresas que han trabajado en el diseño y construcción de la Línea 3, un corredor de 41 kilómetros, el más extenso del sistema. Su principal contratista también es la italiana Webuild.

El jefe del Ejecutivo vasco puso el acento en que antes de Semana Santa la «comisión bilateral de cooperación abordará el traspaso de nuevas competencias pendientes, incluyendo, entre otras, la relativa a aeropuertos». En cambio, en su alocución pública, Pradales eludió la reclamación de las transferencias competenciales sobre el Puerto de Pasaia, que no fue incluido por el dirigente jeltzale entre los asuntos más urgentes a negociar con el Ejecutivo central de aquí en los próximos dos meses, pese a que el asunto ha estado en el candelero del debate político en los últimos meses. Fuentes del Gobierno Vasco, apuntan que Pradales y Sánchez fijaron en su encuentro el foco ahí donde creen que se puede avanzar en el corto plazo y consideran que en la cuestión de los aeropuertos puede haber acuerdo. La negociación de las últimas cinco transferencias, cerrada in extremis el pasado 16 de enero, ha llevado a los equipos negociadores a buscar ahora zonas en que pueda haber «progresos». No es el caso de las competencias sobre los puertos, que han estado durante meses entre las cuestiones prioritarias. La negociación se ha enfriado entre otras razones porque la posición vasca en torno a la dársena de Pasaia no está aún cerrada.

Mes y pico después de que las instituciones enterraran para siempre el proyecto del Guggenheim de Urdaibai, el futuro de la comarca y de la Reserva de la Biosfera sigue en el centro del debate político vizcaíno. Una de las cuestiones que más preocupa ahora mismo a la Diputación es retener la subvención de 40 millones que el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) le transfirió en 2023 para realizar actuaciones de recuperación ambiental en la zona en la que se iba a ejecutar el museo. Fue la forma que encontró el Gobierno central de adherirse al proyecto cultural cuando aún no había un plan concreto y sin confrontar con los sectores contrarios. Entre ellos Sumar, uno de los partidos que sustentan a Pedro Sánchez. La subvención quedó blindada por un convenio de colaboración respecto al que inicialmente lo que preocupaba es que fijaba un plazo máximo de seis años para invertir el dinero. Un límite que no cuadraba con el calendario de ejecución del museo. Ahora la cuestión es la otra. En Madrid nadie se ha pronunciado por ahora, pero la diputada general cree que sí que es posible quedarse el dinero. Elixabete Etxanobe desveló ayer que su equipo está elaborando una batería de «actuaciones singulares» que cumplan los requisitos exigidos por el Miteco en el acuerdo: restaurar la ría de Murueta, renaturalizar su entorno y descontaminar los terrenos que así lo necesiten.

Una sentencia pionera abre la puerta a miles de reclamaciones al cártel de coches, el acuerdo de precios que suscribieron varios fabricantes de automóviles entre 2006 y 2013 y que provocó un sobrecoste en la adquisición del vehículo. El fallo del Juzgado de lo Mercantil nº1 de San Sebastián, del pasado 15 de enero, da la razón a un cliente que adquirió un coche del grupo Volkswagen y demandó contra Toyota, al que han compensado con 2.100 euros –1.395 de indemnización más 714 euros de intereses–, y posibilita un escenario a futuro en el que los afectados de la multinacional alemana pueden denunciar a cualquier otro fabricante de la trama para recuperar unos 2.000 euros de media. El nuevo giro a este caso lo ha impulsado el abogado Borja Ocio, responsable de Bancario y Consumo de Hidalgo Abogados y Asesores, que esperan una avalancha de demandas a partir de ahora, y se apoya en una figura jurídica clave: la solidaridad impropia. Una cuestión que despeja el horizonte, porque el problema para los clientes de Volkswagen venía de lejos. Aunque el Tribunal Supremo fijó doctrina en 2021 y confirmó que el cártel provocó un sobrecoste en los precios, la multinacional alemana había quedado en una situación distinta porque en 2015 se acogió al programa de clemencia, colaboró con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y fue exonerada de la sanción. Este estrategia provocó que, cuando el Supremo se pronunció, la acción directa contra Volkswagen ya estuviera prescrita desde 2020. Por ese motivo, desde 2021 apenas se han presentado demandas de clientes del grupo Volkswagen

Los datos del Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales, Osalan, recogen una caída de siniestros que ocasionaron baja a lo largo de 2025. En total se contabilizaron 36.011, un 6,5% menos que el año anterior. Una mejora que no se tradujo en el número de muertes laborales, que llegaron hasta las 30. Los accidentes mortales por motivos traumáticos coinciden con los registrados el año anterior, 20 en total. Se trata de una estadística en la que se reiteran dos problemas, como destaca la directora general de Osalan, Lourdes Iscar Reina. «Son casos donde se repiten a menudo las caídas de alturas y los aplastamientos», alerta. Sin embargo, a estos hay que sumar también los 10 no traumáticos –tres más que en 2024–, «fruto mayoritariamente de infartos y accidentes cerebrovasculares», detalla. Un problema que se acrecienta a menudo fruto de las situaciones de estrés y de otros riesgos psicosociales. Por sectores, destacan los servicios al englobar tres cuartas partes de todos los empleados. En su ámbito recayeron 10 casos mortales por causas físicas repentinas y 7 por causas no traumáticas. Le siguen la construcción, con 8 casos en total (uno de ellos no traumático), la industria con 4 (también un caso de este tipo) y una baja mortal no traumática en el sector primario. En cuanto al total de accidentes contabilizados durante los últimos 12 meses, su cifra se reduce en todas las categorías.

La derogación del decreto ómnibus que incluía la subida de las pensiones, el denominado como escudo social y un denso paquete de medidas fiscales ha dejado un reguero de incertidumbre entre las empresas. Una situación conocida, que ya se produjo en el pasado año, pero que ha vuelto a sembrar confusión en un momento en el que se comienza a realizar la confección de las nóminas de febrero. La clave está en que con el malogrado texto también han quedado derogadas las subidas de cotizaciones previstas para 2026, lo que está generando dudas sobre qué baremos aplicar a las en las nóminas del próximo mes, algunas de las cuales se elaboran en los primeros días de febrero. Junto a la subida del 2,7% de las pensiones contributivas, el decreto recogía tres incrementos de cotizaciones: la subida del mecanismo de equidad intergeneracional al 0,9%, el aumento de la base máxima de cotización un 3,9% hasta los 5.101,2 euros mensuales (61.214 euros al año), y el incremento de la denominada como cuota de solidaridad, que situará entre el 1,15% y el 1,45% y que se aplica sobre los salarios por encima de la base máxima. Los expertos, juristas, empresarios y sindicatos consultados coinciden en señalar el escenario de inseguridad jurídica. Y apremian al Gobierno a que lleve de inmediato un decreto con las medidas en materia de Seguridad Social desgajadas que pueda superar el trámite parlamentario y despejar las dudas especialmente entre las áreas de recursos humanos de las empresas y las gestorías. Tal y como señala el presidente de ATA y vicepresidente de CEOE, Lorenzo Amor, sería necesario que se resolviera el problema antes del día 15 de febrero, momento a partir del cual se comienzan a gestionar la mayoría de las nóminas.

Hacienda se ofrece a compensar fiscalmente hasta el 100% del alza del salario mínimo interprofesional (SMI) a las empresas que aumenten sus plantillas y mejoren sueldos. Este es el pilar maestro de la propuesta con la que el Gobierno aspira a sumar a la patronal a la firma del incremento del SMI para este año. La propuesta, que fue remitida ayer por el Ejecutivo a las organizaciones empresariales y sindicales para su discusión en la reunión que tendrá lugar hoy, busca abonar el terreno para tratar de lograr la firma del primer pacto tripartito de subida del salario mínimo que se produciría desde 2020. La oferta puesta sobre la mesa permitirá a las compañías una reducción en la base imponible del Impuesto de Sociedades en el ejercicio fiscal “siempre que la plantilla media total de la empresa al final de dicho período”, cuyo sueldo sea superior al salario mínimo interprofesional se incremente respecto de la misma plantilla media al inicio de dicho período. Para empresas con una plantilla inferior a 100 trabajadores, el beneficio fiscal requerirá la contratación de al menos un empleado a tiempo completo durante un año. Para compañías de 100 trabajadores o más se exigirá un aumento de al menos un 1% de la plantilla, con un mínimo de dos trabajadores a tiempo completo. A partir de ahí, el importe de la reducción fiscal será del 25% del coste bruto del incremento del salario mínimo interprofesional si la plantilla se incrementa, al menos, en un 5%. La rebaja tributaria alcanzará el 50% del coste de la subida si el aumento de trabajadores llega al 10%. La compensación será del 75% en caso de aumentos de personal de hasta el 15%, y llegará a cubrir el 100% de los costes si se alcanza o supera ese umbral de contratación. Tanto las organizaciones empresariales como los sindicatos se muestran reacios a la propuesta fiscal. Fuentes empresariales consultadas ven difícil la consecución de un acuerdo tripartito, principalmente porque una gran parte del sobrecoste de la subida está en la prohibición de la absorción. Y la deducción fiscal aseguran que no compensa este golpe que sumaría a los cerca de 2.000 millones que supone solo el aumento de los salarios. 

La vicepresidenta tercera y ministra para Transición Ecológica, Sara Aagesen, anunció ayer que en los próximos meses su departamento va a presentar un anteproyecto de ley para trasponer el paquete europeo del hidrógeno y crear así “un sistema nacional y un nuevo mercado regulado; impulsar la demanda de hidrógeno y de los gases renovables y reforzar la competitividad”, además de “habilitar las herramientas necesarias para el desarrollo de la infraestructura”. Con el nuevo texto legal se despejará quiénes y cómo se financiarán los peajes de las nuevas redes que gestionará Enagás. Aagesen hizo este anuncio durante la inauguración del 4º Día del Hidrógeno Verde organizado por Enagás. Se trata, según Aagesen, de ofrecer una visión “más estable a medio y a largo plazo, para favorecer todas las inversiones”. Durante su intervención, anunció el lanzamiento a audiencia pública de un real decreto con las bases reguladoras y la convocatoria para la concesión directa de un mínimo de 415 millones en ayudas para proyectos españoles que participen en la próxima subasta del Banco Europeo del Hidrógeno, bajo el esquema comunitario de subastas como servicio. También, bajo este esquema, se ha iniciado la audiencia de otro real decreto para la concesión directa de un mínimo de 50 millones para proyectos que electrifiquen procesos de calor industrial o consuman directamente combustible renovable, en el ámbito de la próxima subasta del Banco Europeo de Descarbonización Industrial. 

Las ayudas a la compra de eléctricos y el lanzamiento de nuevos modelos más económicos por parte de los fabricantes de vehículos están reduciendo el precio de los eléctricos en el mercado español, aunque todavía siguen siendo un 20% más caros que los modelos de gasolina. Durante el año pasado, el precio medio en concesionario de los automóviles eléctricos en España se situó en 47.413 euros, lo que supone una disminución del 4,6% en la comparativa con 2024, según datos publicados ayer por la patronal de la distribución de automóviles Ganvam y el portal Coches.com. El precio medio de los eléctricos en 2025, sin embargo, fue un 35,5% superior al de 2019, antes de la pandemia, cuando se situaba en 34.993 euros. De hecho, los eléctricos tuvieron el segundo precio medio más alto de entre los diferentes vehículos matriculados en España el año pasado, solo superados por los híbridos enchufables, con 55.469 euros de media y una caída interanual del 2,2%. Pese a la bajada en su precio medio, motivada por la llegada de modelos más económicos para cumplir con los objetivos de reducción de emisiones, los eléctricos todavía cerraron 2025 con un precio medio un 20% superior a los de gasolina, que alcanzaron una media de 39.288 euros, un 4,2% más que en 2024 y un 34% más que en 2019.

Cada vez es más habitual ver concesionarios de marcas de coches antes desconocidas en España como BYD, Omoda, Jaecoo, Lynk & Co, Leapmotor, Dongfeng o Xpeng. El espectacular crecimiento de ventas en el país de las firmas chinas, que ya suponen el 10% de todas las matriculaciones, con más de 110.000 entregas en 2025, ha ido acompañado de una rápida expansión de sus redes de distribución y posventa. Las enseñas chinas superaron los 600 concesionarios oficiales en España en 2025, lo que representa un crecimiento de más del 40% respecto al año anterior, según datos confirmados por la patronal Faconauto. El incremento será aún mayor en 2026, gracias al desembarco de una docena de marcas del gigante asiático. Grandes grupos como Geely, Changan y Great Wall Motor han anunciado que desarrollarán su propia red comercial en colaboración con los principales grupos de distribución de España, como Astara, Caetano, Quadis o Moventia.

La gran banca se ha movilizado ante la llamada del Ministerio de Economía para diseñar la cuenta de ahorro e inversión. Las entidades reciben con recelo el vehículo, cuyo objetivo es promover que el dinero de los particulares salga de los depósitos de baja remuneración –1,2 billones en España– para ir a la Bolsa y a los mercados de renta fija y financiar la economía europea. El sector plantea, por el contrario, un incentivo fiscal similar al de los planes de pensiones, aunque sin el corsé de los 1.500 euros máximos al año, un escenario que mantendría la disparidad del tratamiento fiscal actual, en el que los vencedores son los fondos de inversión clásicos, que disfrutan de la ventaja de poder ser traspasados sin tributación. Las entidades financieras aceleran para enviar a tiempo sus propuestas sobre la cuenta de ahorro e inversión al departamento dirigido por Carlos Cuerpo, que mañana cierra el plazo para recibir las sugerencias. Diversas fuentes conocedoras de la situación avisan de que la gran banca ha recelado desde un primer momento de este vehículo, que altera una estructura de ahorro e inversión que actualmente proporciona significativas comisiones a través de fondos de inversión, seguros de ahorro u otros productos. La fiscalidad es el aspecto clave de la cuenta única, y en este sentido el Gobierno no ha desvelado aún si tiene algún modelo previsto.

Las dos mayores empresas de bebidas no alcohólicas que operan en España lanzan sendos procesos para reducir su fuerza laboral en el país. PepsiCo ha presentado un expediente de regulación de empleo que afecta a la práctica totalidad de sus delegaciones de ventas en España, formadas por unos 400 empleados, según informaron ayer los sindicatos UGT y CCOO. Los sindicatos calificaron la medida de “injustificada y desproporcionada”. Los despidos afectarán, entre otros, a los centros de Bilbao, San Sebastián y Vitoria. El dueño de Pepsi, KAS, 7UP y Alvalle, así como de Lay’s, Doritos o Ruffles, justifica su decisión por “causas técnicas y organizativas, debido a un cambio en el modelo de distribución por el que sustituye la venta directa por un modelo de distribuidores”. La empresa señaló que está transformando su canal de distribución a un modelo de distribución indirecta”, un cambio que se realizará “de forma progresiva y responsable” y que concluirá con la consecución del ERE. Por su parte, Cola-Cola Europacific Partners (CCEP), el mayor embotellador de Coca-Cola a nivel mundial, también anunció ayer su intención de presentar un ERE en la sociedad Cobega Embotellador que supondrá la salida de 23 trabajadores en su sede de Esplugues de Llobregat (Barcelona). El sindicato USOC explicó que la compañía alega causas organizativas, técnicas y productivas para justificar las salidas. La empresa señala que la “reorganización afecta a tareas muy concretas de apoyo” al departamento de atención al cliente. Ambas partes se reunirán el 4 de febrero.

La ministra portavoz, Elma Saiz, ha abierto una crisis con la patronal CEOE al utilizar a los empresarios contra el Partido Popular en la regularización de inmigrantes sin consultar previamente. Fuentes autorizadas de la patronal aseguran que la ministra manipuló la posición de CEOE al presentarla como de apoyo en la rueda de prensa tras el consejo de ministros el pasado martes: «La disyuntiva que tiene el Partido Popular es clara. ¿Está con la sociedad? ¿Está con la Iglesia Católica? ¿Está con la CEOE que pone en valor esta medida o está con Vox? Esa es la pregunta que hay que hacer al Partido Popular?», lanzó Saiz. «La ministra no es portavoz de CEOE. No puede hablar en nuestro nombre», aseguran en la patronal. Éstas señalan que su presidente, Antonio Garamendi, tiene un profundo malestar con Saiz y niegan que ésta tenga el refrendo de la patronal. «En CEOE estamos a favor de una regularización ordenada, pero el Gobierno no nos ha enviado ni un solo documento sobre la que prepara para poder pronunciarnos. Además, no compartimos que una medida tan importante no pase por el Parlamento», señalan en la patronal. En su ímpetu contra el PP, Saiz ha sido temeraria, porque, como ministra además de Seguridad Social, es interlocutora de Garamendi y necesita a la patronal para cerrar acuerdos de diálogo social.

Tras esquivar por los pelos un tercer año consecutivo en recesión, el Gobierno alemán rebajó ayer sus previsiones económicas para 2026 y espera un crecimiento del 1% de su producto interior bruto (PIB) este año, frente al 1,3% previsto el pasado otoño, y del 1,3% en 2027, frente al 1,4% anterior, según su informe económico anual presentado este miércoles. Si bien esta cifra es algo mayor que el minicrecimiento del 0,2% con el que cerró 2025, Alemania sigue estando a la zaga de otras grandes potencias industriales. La tan esperada recuperación económica en Alemania sigue sin llegar. “El motivo de esta estimación algo más cautelosa es el hecho de que los impulsos esperados de las medidas económicas y fiscales no se han materializado tan rápidamente ni en la medida en que habíamos previsto”, explicó la ministra de Economía de Alemania, Katherina Reiche, durante la rueda de prensa de presentación en Berlín, sobre los miles de millones de los fondos especiales destinados a modernizar las infraestructuras, la protección del clima y el refuerzo del ejército alemán. Asimismo, la recuperación en el segundo semestre de 2025 fue más débil de lo esperado, lo que dificultó el inicio del nuevo año. Sin embargo, la política conservadora quiso rebajar la preocupación recordando que según los datos actuales en ámbitos como los pedidos internos, Alemania está experimentando “una recuperación significativa”.

Los países europeos bañados por el mar del Norte mostraron estos días en Hamburgo, en el norte de Alemania, su determinación para impulsar allí un plan colosal de energía eólica marina. Para ello, han aprobado un pacto de inversión para conectar estas instalaciones energéticas offshore a las redes eléctricas de varios países para crear “energía asequible y reducir las dependencias estratégicas” en un contexto de elevado riesgo geopolítico. “El mundo está viviendo un cambio de época”, afirmó la ministra de Economía alemana, Katherina Reiche, anfitriona de la Cumbre del mar del Norte celebrada en Hamburgo los pasados domingo y lunes, con la mirada puesta en las tensiones políticas con países como Rusia y Estados Unidos. “Y la respuesta solo puede ser una Europa fuerte”, agregó. Bajo esta premisa, los líderes de Alemania, Dinamarca, Bélgica, Países Bajos, Noruega y Luxemburgo –que, aunque no tiene costa, puede participar– presentes en la cumbre, fueron los encargados de dar a conocer el acuerdo para conectar hasta 100 gigavatios (GW) de nueva energía eólica marina mediante proyectos transfronterizos y desarrollar un marco financiero común para ello. Además, un pacto de inversión conjunto entre los Gobiernos de los países del mar del Norte, la industria eólica marina y los operadores de redes eléctricas coordinará las licitaciones para parques eólicos marinos a partir de 2031 y garantizará que se liciten 15 GW de nueva potencia cada año, para convertir así la región del mar del Norte en “la mayor central de energía limpia del mundo”, escribieron en la declaración conjunta.

Amazon anunció ayer la eliminación de 16.000 empleos en todo el mundo, en la segunda gran ronda de despidos en los últimos tres meses. El ajuste forma parte de una fuerte reestructuración puesta en marcha por el gigante tecnológico estadounidense, tras la sobrecontratación registrada durante los años posteriores a la pandemia y la expansión de la adopción de herramientas de inteligencia artificial (IA). En este sentido, según Reuters, Amazon planeaba una segunda ronda de recortes de empleo como parte de un objetivo más amplio de recortar cerca de 30.000 puestos corporativos. Los despidos afectarían a los trabajadores de Amazon Web Services, comercio minorista, Prime Video y recursos humanos. En su conjunto, la compañía cuenta con cerca de 1,5 millones de empleados en todo el mundo. Amazon recortó 14.000 empleos administrativos a finales de octubre, y su director ejecutivo, Andy Jassy, enfatizó la necesidad de que la empresa eliminase la burocracia excesiva mediante la reducción de los niveles operativos y el número de gerentes. Fuentes de la compañía señalan que en este nuevo proceso no hay planteado ningún ERE para España. El ajuste de octubre afectó a cerca de 921 empleados en el país, de los que cerca de 28.000 integrantes de su plantilla, en las áreas corporativas de Madrid y Barcelona. 

La tensión entre Donald Trump y la Reserva Federal amenaza con recrudecerse. Después de tres reuniones consecutivas bajando los tipos de interés –con un ajuste de 75 puntos básicos desde el pasado septiembre– el organismo dirigido por Jerome Powell decidió ayer ignorar las advertencias de la Casa Blanca con un frenazo en el ciclo de recortes, manteniendo el precio del dinero entre el 3,5% y el 3,75%. «Los indicadores sugieren que la actividad se ha expandido a un ritmo sólido y el empleo no se ha deteriorado», expresó Powell tras el encuentro. Eso, junto a una inflación que sigue siendo percibida como elevada –especialmente en los alimentos, en una clara alusión a los aranceles– es suficiente para justificar la decisión. El mercado intenta digerir ahora el ruido político e institucional que ha marcado este primer encuentro del año, también el primero desde que el presidente de la Fed denunció la investigación penal que Donald Trump ha abierto contra él, en una guerra desbocada desde su Administración, que también ha intentado destituir a la gobernadora Lisa Cook. Un caso que ha llegado al Tribunal Supremo de EE UU y que, a juicio de Powell, «es el más importante en los 113 años de historia de la Reserva Federal». Durante la rueda de prensa posterior al encuentro, el propio responsable de la Reserva no quiso entrar en la polémica, detallando que «se ha producido un amplio apoyo a mantener los tipos en esta reunión, también entre quienes no votan». En total, diez de los 12 gobernadores coincidieron en ello. Solo dos, Stephen Miran –mano derecha de Trump en el organismo–, y Cristopher Waller –candidato a dirigir la institución– votaron por una rebaja de un cuarto de punto.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó ayer a Irán con un ataque militar similar al que lanzó a principios de mes en Venezuela y que acabó con la captura de Nicolás Maduro. El mandatario republicano advirtió al régimen de que el tiempo para la negociación se está agotando, aunque no precisó qué quiere negociar con las autoridades de la República Islámica. “Una enorme armada se dirige a Irán. Se mueve rápidamente, con gran poder, entusiasmo y determinación. Es una flota más grande que la enviada a Venezuela, encabezada por el gran portaaviones Abraham Lincoln. Al igual que con Venezuela, está lista, dispuesta y capacitada para cumplir rápidamente su misión, con rapidez y violencia, si es necesario”, escribió Trump en Truth, su red social.