20251221

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

«People is the top of my list». Es la respuesta de la consejera delegada de ITP Aero, Eva Azoulay, a la pregunta de qué necesita Euskadi. Plasma la necesidad de profesionales sobre la que está alertando la industria. Es una cuestión que señala al frente del fabricante de motores mientras vive un momento dulce. La empresa ha duplicado desde 2022 su facturación hasta los 1.600 millones, cifras que, anuncia Azoulay, llegarán hasta los 3.000 en cinco años. Así las cosas, la compañía se ha revalorizado hasta casi los 6.000 millones, una situación que podría tentar a su principal accionista –Bain Capital–, después de repartir importantes dividendos, a buscar una venta o salida a Bolsa. La directiva no lo contempla y prevé un escenario estable en el accionariado, con una inversión de 1.200 millones en las instalaciones y destaca el protagonismo de Euskadi en el proyecto. "Es aquí donde tenemos nuestras raíces, el 70% de nuestra capacidad de fabricación y el núcleo de nuestro equipo de ingeniería; son 1.500 ingenieros. Hemos invertido 100 millones al año y esperamos continuar creciendo...La empresa ha ido muy bien desde 2022 y tiene un plan estratégico muy definido. Hemos triplicado las ganancias. Hemos invertido cientos de millones en instalaciones y expansión y también ha crecido la plantilla de 5.000 a 6.000 personas. En el equipo directivo somos muy conscientes de la necesidad de asegurar la capacidad para hacer lo que necesita el negocio. Y Bain Capital nos ha apoyado con nuestro plan a cinco años, que contempla 1.200 millones de inversiones y la contratación de otras 1.600 personas...El Gobierno vasco está también en el consejo de administración y lo ve en el mismo sentido. Es algo que va a dar estabilidad a la empresa, no veo un cambio de estructura accionarial, ni de gobernanza para el futuro. Bain tiene un compromiso de quedarse más tiempo y eso es bueno para ITP...Este año hemos comprado 140 millones a proveedores vascos..."

La plantilla de Astilleros Balenciaga y el grupo árabe Abu Dhabi Ports han llegado por fin a un acuerdo salarial y salvan el futuro de la empresa zumaiarra. El Comité y el nuevo grupo inversor, que han estado en contacto en las últimas horas, han pactado los términos laborales de los trabajadores, el último escollo que hacía falta para hacer efectiva la compra de la histórica compañía por 11,2 millones de euros. La representación sindical ha firmado incluso ya el protocolo de compraventa en sede judicial, paso a previo a que el consorcio emiratí estampe su rúbrica y culmine la transacción, según fuentes solventes conocedoras de la negociación. La asamblea de trabajadores ratificó el acuerdo ayer sábado por la mañana en una reunión de urgencia tras dos tensas semanas de negociaciones que han estado a punto de romper la cuerda y dar al traste con todo el proceso de compraventa de Balenciaga por el consorcio de Emiratos Árabes Unidos. De hecho, este último factor, el riesgo de que encallara una operación en la que se han implicado las instituciones, con el Gobierno vasco a la cabeza, ha sido decisivo para que al final una mayoría de trabajadores se haya decantado por aceptar la propuesta de los nuevos dueños, tras intensos debates internos y un rechazo inicial a la propuesta salarial de los árabes. Finalmente, el comité formado por CC OO, LAB y UGT ha aceptado una ligera reducción salarial del 5% y a su vez se congelarán los salarios en los próximos tres años (2026, 2027 y 2028). Ese 5% se podría recuperar a través de variables ligadas a la productividad. Hay que recordar que el acuerdo de compraventa entre los anteriores propietarios y el consorcio árabe mantenía el salario anterior, superior un 25% al convenio del Metal de Gipuzkoa, uno de los más altos del territorio, aunque vinculaba un 25% de ese sueldo a variables. Finalmente se queda en un 5% tras la presión de los trabajadores, que han pedido a los compradores respetar el contenido inicial. 

Lograda la compra de Talgo por el autodenominado ‘consorcio vasco’, las instituciones políticas y financieras controladas por el PNV daban el pistoletazo de salida para destinar hasta 4.000 millones de euros inicialmente para la compra de empresas. Una arriesgada apuesta que incluye el pago de precios por encima del mercado en operaciones cuestionadas tanto por los inversores como por los partidos de la oposición críticos con el lehendakari. El PNV ha otorgado a Pradales el liderazgo en una ambiciosa estrategia de compra de acciones industriales para la que cuenta con 1.000 millones de euros de fondos públicos, más el músculo financiero del banco Kutxabank y de sus tres fundaciones bancarias. Pero las instituciones políticas y económicas del País Vasco quieren más. En la búsqueda de más recursos para otras operaciones Talgo tienen subrayados los 30.000 millones de euros de las EPSV, los recursos del Grupo Mondragón y de bancos como Caixabank, la segunda entidad financiera en Euskadi con casi 200 oficinas. El modelo Talgo que Pradales ondeó en su primera visita a la planta vasca de la compañía ejemplifica, con sus luces y sombras, el objetivo del PNV de blindar empresas tractoras en una Euskadi que durante los últimos cuarenta años ha perdido peso industrial y económico en el conjunto de España. La economía vasca representó hasta el 7,4% del Producto Interior Bruto (PIB) de España en el inicio de la Transición, pero ahora se sitúa en el 5,7%. Un evidente retroceso que choca con la dulce perspectiva que trasladan los responsables económicos del Gobierno vasco al destacar el bajo nivel de desempleo (entre el 6,7% y el 7%) y un récord de cotizantes a la Seguridad Social de 1.036.000 trabajadores.

Desde la política europea sobre el automóvil hasta el punto de desarrollo en el que se encuentra el hidrógeno verde. Estas y otras temáticas, como las redes eléctricas o cómo estar preparado ante posibles apagones, se abordaron en el III Foro de Transición Energética de Grupo Noticias. Los ponentes, dos autoridades en materia energética e industrial como Mikel Jauregi Letemendia, consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno Vasco, y Mikel Irujo, consejero de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial del Gobierno de Navarra, discurrieron sobre un tema que afecta tanto a industrias, pymes como a la ciudadanía en general. El debate arrancó con una cuestión de máxima actualidad: la decisión de la Unión Europea de flexibilizar el calendario que permitirá seguir vendiendo coches de gasolina y diésel más allá de 2035. La reacción de Mikel Irujo fue inmediata y rotunda. “Yo voy a ser claro, es un auténtico disparate. Me parece una noticia pésima, es horroroso, porque no estamos en momentos de titubeos, estamos en momentos de tomar acción”, afirmó. El consejero navarro defendió que la hoja de ruta europea no fue una ocurrencia reciente, sino una estrategia iniciada hace años y subrayó que mientras Europa duda, China avanza sin complejos. “El coche eléctrico es imparable”, sentenció, alertando del riesgo de enviar señales contradictorias a las personas consumidoras a la hora de cambiar de vehículo. Irujo insistió en que Europa corre el riesgo de quedarse atrás en un mercado dominado ya por el gigante asiático. “Este año puede que lleguen a vender 15 millones de eléctricos en China, lo que supone más que el mercado americano y europeo juntos”, advirtió. En su criterio, la prórroga anunciada por la UE es una forma de ganar tranquilidad a corto plazo a costa del futuro. Aunque coincidió en buena parte del diagnóstico, la visión del consejero vasco Mikel Jauregi fue más acorde a la decisión tomada por Europa: “A mí me parece una opción acertada”, afirmó. Según el sailburu el problema no radica en ampliar plazos, sino en hacerlo sin herramientas. “Queremos llegar al examen del 2035 sin haber hecho los deberes y sabiendo que vamos a suspender”, afirmó. Para Jauregi, el reto no recae solo en descarbonizar la movilidad; existen otros factores decisivos, como que haya una industria de automoción fuerte en Europa y seguir empujando la generación de nueva demanda de coches. Por ello, defendió que fijar una fecha sin acompañarla de una política industrial “fue un error”.  

Para Pedro Sánchez, «un error histórico». Para la Comisión Europea, «sentido común». Para las automovilísticas, «un buen paso». Para las ONG, «una peligrosa ambigüedad». Bruselas ha decidido dar aire a la industria europea del automóvil, asfixiada por la transición energética y la competencia global, aunque el precio sea reabrir, con letra pequeña, la puerta a los motores de combustión más allá de 2035. Unas condiciones aparentemente menores, pero decisivas, que suponen un nuevo ejercicio de funambulismo de la Comisión Europea. Bruselas contenta a un bloque –Alemania e Italia– al permitir una producción limitada de vehículos con motor de combustión y, al mismo tiempo. al otro –Francia y España, entre ellos– al imponer fuertes restricciones. La normativa vigente obligaba a reducir al 100% las emisiones de CO₂ de los coches nuevos a partir de 2035, lo que en la práctica suponía el fin de la combustión. La nueva propuesta –pendiente aún del visto bueno de los Estados miembros y del Parlamento Europeo– rebaja ese objetivo al 90% y deja un margen del 10%, lo que abre la puerta a producciones limitadas de vehículos de gasolina y diésel más allá de esa fecha. Pero ese 10% no equivale a un 10% de coches. Se trata de emisiones dentro de un cálculo de medias: cada vehículo que emite CO₂ empuja al alza el promedio del fabricante y obliga a compensarlo con más coches de cero emisiones o con mecanismos adicionales, con impacto directo en costes y resultados. Con un margen tan estrecho, la combustión deja de ser una alternativa de volumen y se convierte en cupo. En la práctica, esa letra pequeña reserva el espacio a modelos de bajo volumen y alto valor añadido. «Lo que veremos es la supervivencia de los coches de combustión caros y potentes», resume Guillermo García Alfonsín, ingeniero y consultor. Es decir, beneficiará a marcas como Mercedes, Porsche o Ferrari.

etorlan.eus es una plataforma web impulsada por Adegi con el propósito de ofrecer información útil, clara y fiable y actualizada anualmente, sobre las titulaciones que se pueden cursar en Euskadi y herramientas de orientación académica, laboral y profesional para el alumnado, familias, profesorado y personal de orientación en Euskadi. La necesidad de esta herramienta surgió al constatar que uno de cada cuatro estudiantes se guía solo por su propio criterio y el 60% busca información en internet sobre sus futuros estudios, a pesar de su elevado grado de insatisfacción con la información disponible. Esta carencia informativa contribuye a que un gran número de estudiantes de ESO y Bachiller desconozcan qué estudios realizarán, y se suma a un alto porcentaje de abandono o cambio de estudios y la insatisfacción de los estudiantes de grado. La plataforma contribuye a mejorar el ajuste entre las carreras elegidas por los estudiantes y los perfiles demandados, aspirando a una menor tasa de paro, un empleo más estable y de mayor calidad y una mayor satisfacción de los estudiantes con las carreras elegidas. etorlan.eus incluye un total de 255 titulaciones diferentes (grados universitarios, ciclos formativos y enseñanzas artísticas) ofrecidas en 164 centros en Euskadi, lo que genera 1.192 fichas de datos que cruzan titulaciones y centros, a las que se puede acceder mediante un buscador por áreas de estudio. Los datos ofrecidos se organizan en indicadores académicos (como la nota de admisión y la tasa de graduación) e indicadores laborales (empleabilidad, estabilidad y salario medio neto de incorporación). La acogida que ha tenido etorlan.eus entre estudiantes, familias junto al profesorado y personal de orientación ha sido extraordinaria. Desde su puesta en marcha se han recibido 1 millón de visitas, prácticamente 600 al día de media. Como todos los años, se ha actualizado la información y se han mejorado los dos test de orientación académica y profesional para hacerlos más accesible y facilitar su uso en el aula y así puedan contribuir a tomar decisiones sobre qué estudios elegir.Desde que se pusieron en marcha los test en marzo de 2023, casi 7.000 personas han accedido al test de Valores Ocupacionales y más de 4.000 al test de Perfil profesional.

Aena continuará ofreciendo ventajas a las compañías aéreas por operar en el aeropuerto de Foronda. Con la pretensión de hacer de Vitoria una terminal competitiva desde el punto de vista económico, el organismo ha prorrogado por tres años su plan de incentivos. En concreto, el esquema contempla un reembolso equivalente al 100% de las tarifas de pasajero, seguridad y PMR (Pasajero con Movilidad Reducida) para los viajeros adicionales que una aerolínea transporte en una ruta concreta respecto a la temporada anterior equivalente. ¿Qué significa? Por ejemplo, en el hipotético caso de que Ryanair o Volotea, las dos firmas que operan vuelos regulares en la pista alavesa, aumenten sus vuelos y el aeropuerto registre más pasaje que en 2025, la firma no deberá abonar nada por esa cifra extra de usuarios. Es decir, esto implica que el crecimiento neto de tráfico quedará exento de abonar tasas. Con ello se busca que el aeródromo aumente su atractivo y pueda reforzar frecuencias y vuelos. El Consejo de Administración de Aena dio luz verde el viernes a la ampliación de estos estímulos puestos en marcha hace cinco años, en el contexto de la crisis del Covid. Una fórmula que trata de compartir el riesgo vinculado al aumento de oferta sin renunciar al marco general de tasas. La medida se prolongará desde la temporada de verano de 2026, que arranca a finales del próximo marzo, hasta la de invierno de 2028, lo que supone prorrogar los descuentos tres cursos.

Las empresas españolas planean incrementar los salarios de sus plantillas un 3,5% o un 3,6% de media en 2026, un porcentaje muy similar al registrado en el presente año, a tenor de los estudios realizados por Peoplematters, Mercer y Aon, firmas especializadas en retribuciones. Este aumento supone rebasar ligeramente el encarecimiento del coste de la vida, que se situó en el 3% el pasado mes de noviembre y que prevé que cierre 2025 en el 2,9%. No parece, pues, que la brecha que separa los sueldos de los dirigentes de las empresas de los asalariados vaya a suavizarse. De hecho, esta semana se ha conocido que el salario más alto en las 40 mayores compañías españolas es 111 veces superior a la nómina media, de acuerdo con Oxfam Intermón. “Pese al sólido crecimiento económico (un 4,74% anual de media desde 2020), esta mejoría no se traslada a la mayoría de las personas trabajadoras”, asegura la entidad sin ánimo de lucro. “Las empresas grandes tienen los sueldos más altos y los accionistas exigen una rentabilidad sin límite, que no repercute en la mayoría de los empleados, sí en los directivos a través de los incentivos a largo plazo”, explica Jorge Herraiz, director de Talent Solutions de Aon. A su juicio, “tenemos un problema salarial muy grave en España. Nos estamos quedando atrás, salvo en el caso de los ejecutivos”. Y ello a pesar de que sumando las subidas registradas este año y el próximo, del 3,5% y el 3,6%, respectivamente, las plantillas podrán arañar 2,1 puntos de poder adquisitivo (la inflación prevista por Funcas para 2026 se sitúa en el 2,1%), según Herraiz. 

Desde 2016, los salarios han crecido en España en torno a un 24%, mientras que los arrendamientos que se anuncian en los portales inmobiliarios lo han hecho, de media, un 92%. Un decenio, en suma, de alquileres cada vez más imposibles. La ley estatal de vivienda sitúa las “condiciones asequibles” de la vivienda en el 30% de los ingresos del hogar. Es decir, no destinar más de ese porcentaje a todo lo que supone la casa. Un cálculo aproximado (la norma habla de ingresos netos y contempla no solo el pago de la renta o hipoteca, sino de suministros básicos como agua o internet) apunta a 2016 como un momento clave en la encrucijada de la vivienda. En torno a ese año, un piso de tamaño mediano (80 metros cuadrados) comenzó a superar, según los precios de oferta de los portales, el 30% de un salario medio bruto. El año pasado se superó el 40%. Pero ese camino hacia la inasequibilidad de los alquileres no ha sido lineal. En la serie se ven leves altibajos, que la economista Paloma Taltavull atribuye a ligeras mejoras por la subida del salario mínimo profesional. Porque lo que esta catedrática de la Universidad de Alicante tiene claro es que “el problema de accesibilidad a la vivienda no es solo un problema de altos alquileres, sino de bajos sueldos”. “Gran parte de los demandantes de alquiler no pueden comprar una propiedad, esta es una de las barreras que se encuentran desde la crisis financiera”, explica. Y toda la demanda no satisfecha en la compra, alimentada por la continua creación de nuevos hogares —con el chorro extra que ha supuesto en los últimos años la llegada de cientos de miles de personas del exterior para atender las necesidades del mercado laboral en una economía que crece muy por encima de sus semejantes— ha complicado más las cosas desde el punto de vista inmobiliario. “El cóctel está servido, y resulta en una aceleración brutal de los precios”, resume Taltavull.

El 5 de diciembre, Vicente Fernández Guerrero (Málaga, 1973), tenía razones para estar eufórico. La Audiencia Provincial de Sevilla le notificó su absolución en el caso Aznalcóllar, después de seis años bajo sospecha. Aquella imputación en octubre de 2019 fue el principio del fin para un alto funcionario con una carrera meteórica, que llegó al culmen cuando fue nombrado, en junio de 2018, presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. La SEPI, el conglomerado de empresas públicas y participaciones de control en compañías estratégicas. Uno de los lugares desde que el que se ostenta más poder, solo superado por los sillones nobles de algunas corporaciones del Ibex 35, la Real Casa de la Aduana (sede de Hacienda) o La Moncloa. A Fernández le duró poco la alegría. Solo cinco días después, el 10 de diciembre, su nombre ascendía para siempre a la opinión pública. Ya nunca más será alguien conocido solo para las élites en Andalucía y Madrid. La Guardia Civil lo detuvo. Su teléfono se apagó. Según la investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) y la Audiencia Nacional, los delitos por los que están siendo investigados él y otros implicados en el denominado caso Leire incluyen prevaricación, malversación, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal en relación con la adjudicación y gestión de contratos públicos y ayudas por un valor total de más de 130 millones de euros entre 2021 y 2023. El núcleo de lo que los investigadores tratan de acreditar es si Vicente Fernández participó —directa o indirectamente— en un sistema de cobro de comisiones o beneficios económicos a cambio de influir en contratos públicos y operaciones con empresas participadas o del entorno del Estado.

"...EH Bildu, atrapada en un bucle de difícil salida. Obligada, por un lado, a crecer por el centro y arrebatar votos al PNV si quiere consumar el anhelado ‘sorpasso’ a los jeltzales y convertirse en la fuerza ‘atrapalotodo’ que aspiraba a ser, pero, a la vez, cada vez más aislada en el tablero político vasco –en un «callejón sin salida», diagnostican sus rivales–, por el discurso a la defensiva con el que han reaccionado al rebrote de la violencia, el acoso y la intimidación desplegado por Ernai (las juventudes de Sortu, de las que intentan desvincularse). Un pulso alimentado a su vez por el creciente protagonismo de GKS, la disidencia de raíz comunistamarxista que ha logrado disputarles la hegemonía en lugares tan simbólicos e influyentes como la universidad, donde el histórico sindicato Ikasle Abertzaleak ha rubricado con su cambio de nombre su salto al Movimiento Socialista (MS). Esa pelea, que ha dejado de ser residual o minoritaria para influir de lleno en una escena política vasca cada vez más crispada, y las tensiones y contradicciones internas derivadas de ella han difuminado los contornos de la estrategia hasta ahora desplegada por EH Bildu para ganar la centralidad, disputar el liderazgo al PNV y allanar el camino a alianzas alternativas de las fuerzas de izquierda en una Euskadi en la que, sobre el papel, el impacto de la violencia terrorista estaría amortizado. Pero en apenas un año, las cosas han cambiado. Mucho. De dar por hecho que EH Bildu había logrado ya blanquearse sin siquiera completar su recorrido ético y autocrítico con la violencia –gracias sobre todo a su papel estelar en la cohorte de socios de Pedro Sánchez, a la amnesia de los votantes más jóvenes y a su tirón en capas plurales de la izquierda–, ha pasado a verse «permanentemente interpelada» por su pasado y por la resistencia a «condenar» los ataques y fuera además de los grandes acuerdos..."

"...Las expectativas... están excediendo la realidad hasta el punto de generar una burbuja de proporciones inquietantes que, según el FMI, amenaza la estabilidad financiera: precisamente el estallido de esta burbuja podría ser uno de los cisnes negros a los que se enfrenta la economía mundial en 2026, con múltiples derivadas en España. Es un hecho que la inversión en inteligencia artificial crece exponencialmente, mientras que los beneficios de dichas inversiones se hacen esperar. Según estimaciones realizadas por un think tank asociado a la Universidad de Stanford, el gasto de las empresas destinado a la IA se elevó a cerca de 250.000 millones de dólares en 2024 en el ámbito global, dos veces y media más que antes de la pandemia. Como consecuencia de la acumulación de recursos inyectados en el sector, la capitalización de las siete principales corporaciones tecnológicas de EE UU (las llamadas siete magníficas) se ha disparado hasta alcanzar un apabullante 35,5% del valor bursátil del conjunto de la economía norteamericana, a tenor del índice S&P. O, dicho de otra manera, las siete magníficas pesan, por sí solas, 21 veces más que la capitalización total de la Bolsa española. Sin embargo, los beneficios de este puñado de corporaciones crecen la mitad de los que reporta el resto de las empresas cotizadas en el S&P (con datos hasta el tercer trimestre). La confrontación con la realidad, por tanto, podría ser dolorosa, habida cuenta de la magnitud de la inversión acumulada por una multitud de entidades, particularmente las que conforman las finanzas en la sombra y que se han endeudado copiosamente para realizar sus operaciones al calor de las siete magníficas..."

Las medidas implementadas por OpenAI para “proteger a los adolescentes” son insuficientes y la información que ChatGPT proporciona puede ponerles en peligro. “No alerta a tiempo a los progenitores o simplemente no lo hace, y además proporciona información detallada sobre el uso de sustancias tóxicas, conductas de riesgo y cómo atentar contra la propia vida”, explica Pedro Martín-Barrajón Morán, psicólogo y director de la empresa Psicourgencias. OpenAI implementó en septiembre controles parentales para adolescentes en ChatGPT tras la polémica generada por la demanda de los padres de Adam Raine, un joven de 16 años que falleció por suicidio en Estados Unidos tras confesar sus intenciones al chatbot. La empresa atribuyó el caso a un “mal uso” de la IA. Ahora se enfrenta a otras siete demandas en tribunales de California. En ellas se acusa a ChatGPT de “reforzar delirios dañinos” y actuar como un “coach de suicidio”. La compañía que dirige Sam Altman ha admitido que más de un millón de usuarios hablan sobre suicidio con ChatGPT cada semana. No especifica cuántos menores lo hacen. En España, la tasa de suicidio en mujeres adolescentes es la más alta en cuatro décadas, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística.ChatGPT indica que los usuarios deben tener al menos 13 años para registrarse y contar con el consentimiento de los padres si son menores de 18, pero no hay un control efectivo que lo garantice. Según la compañía, el control parental busca reducir la exposición de los menores a material gráfico, desafíos virales, Sin embargo, en las pruebas realizadas con cuentas de menores, ChatGPT ha indicado de manera muy explícita y detallada instrucciones sobre consumo de drogas, prácticas sexuales de riesgo, conductas peligrosas relacionadas con la alimentación e incluso comportamientos ilegales o de suplantación de identidad. El asistente ha ofrecido ejemplos específicos alarmantes e instrucciones relacionados con estas conductas.

El canciller alemán Friedrich Merz ha sufrido en Bruselas una primera gran derrota política. Sus principales demandas –el desbloqueo del acuerdo con Mercosur y el uso de los activos rusos congelados para financiar a Kiev– fracasaron, dejando al descubierto no sólo los límites de su estrategia sino también la posición de Alemania en un nuevo equilibrio de poder dentro de una Unión Europea más fragmentada y menos dócil. Merz llegó al Consejo con un discurso claro, casi inflexible: había que utilizar los activos rusos congelados —cerca de 200.000 millones de euros, en su mayoría bajo custodia en Bélgica– como garantía para financiar el esfuerzo bélico y de reconstrucción de Ucrania. Para él, no se trataba de una opción más, sino de una solución inevitable. «No hay plan B. El uso de esos activos es jurídicamente posible y políticamente necesario», repetía en los días previos. Lo cierto es que ni la base legal estaba cerrada ni existía un consenso político suficiente. Bélgica se negó a autorizar cualquier uso sin garantías jurídicas sólidas; Francia, Italia y otros Estados expresaron reservas similares. El resultado fue un rechazo claro. Lo que sí se aprobó fue un préstamo conjunto de 90.000 millones de euros a Ucrania, sin intereses y financiado mediante deuda común de la UE. Presentado formalmente como una solución de emergencia, el acuerdo funcionó en la práctica como un Plan B implícito, la única salida posible para evitar que el Consejo Europeo concluyera sin ningún resultado tangible tras semanas de expectativas elevadas. El préstamo no respondía a la estrategia defendida por Merz, pero permitió al menos salvar la cara del conjunto de la Unión en un momento políticamente sensible.

“Grecia es un caso de éxito”, proclama Michael Arghyrou, jefe de los asesores económicos de Kyriakos Mitsotakis, primer ministro de centroderecha y con cierto aire tecnocrático. En Bruselas, Grecia acaba de lograr la presidencia del Eurogrupo, la reunión de ministros de Finanzas del euro, una institución protodemocrática que hace tres lustros apretó las clavijas del país con muy malas maneras. Lograr la jefatura del Eurogrupo es algo simbólico, como cerrar un círculo: “Hemos vuelto, la recuperación está ahí, las cosas funcionan: Grecia es una historia de éxito”, asegura el economista Alexis Patelis. The Economist nombró a Grecia país del año en 2023. Hasta las agencias de calificación de deuda, siempre tan escépticas, se suman ahora al optimismo. Una visita a Atenas permite comprobar que no todo ese brillo es verdadera luz. En Kolonaki no se ven las cicatrices de la crisis: entre sus calles no queda ni rastro de ella. Ni siquiera el diluvio duró toda la eternidad, parece decir ese barrio que alberga las sedes de las principales instituciones, de los bancos, las tiendas de moda, los cafés más chic y todas esas cosas que hacen que las zonas nobles de las capitales de Europa se parezcan de una manera extraña. Pero no hace falta andar mucho para comprobar que Atenas cuenta también otro tipo de historias. A media tarde, a solo 20 minutos a pie de Kolonaki, hay un mercadeo constante de drogas y sexo: esto es Omonia, otro barrio céntrico, este mucho más descuidado. Aquí la extrema derecha realizaba expediciones nocturnas para cazar migrantes en lo peor de la crisis. Y por aquí arranca hoy una ruidosa manifestación que va camino de la plaza Syntagma, ante el Parlamento, para protestar por el enésimo caso de corrupción.