20260201

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

Entrevista con Luis Rodríguez Llopis, presidente de Idom y del Círculo de Empresarios Vascos. Reconoce de la importancia de la inmigración y la oportunidad de medidas como la regularización anunciada por el Gobierno porque «el principal problema a corto plazo de Euskadi es la necesidad de relevo generacional». Además, reclama «crear las condiciones económicas y sociales para que el País Vasco sea atractivo» porque si no el esfuerzo por el arraigo «es vacío». Y, para ello, más que la fiscalidad, reclama mayor agilidad y certidumbre en los plazos de las tramitaciones administrativas. "El SMI es una cuestión delicada. Es verdad que a muchas empresas nos afecta poco porque los sueldos están por encima. Pero es algo que tira de toda la masa salarial y en pequeñas empresas y algunos sectores sí puede afectar mucho. Al final, todo impacta en la competitividad, por eso hay que ser muy cuidadosos...– ¿Cree, como ha pedido el lehendakari, que las empresas deben subir los salarios de los jóvenes?- Estoy seguro de que todas las empresas intentan pagar lo máximo posible. Y lo razonable es subir los salarios, pero la barrera está en la competitividad. Porque en función de lo que tú puedas cobrar a tus clientes puedes permitirte subir o no los sueldos...En general, tengo la impresión de que la economía sigue tirando y este año va a seguir haciéndolo. Hay inversión, mucha inversión en el mundo, pero el gran problema es la incertidumbre...El arraigo empresarial me parece que está muy bien, pero hay una cuestión que no debe distraernos y es que tenemos que generar unas condiciones económicas y sociales para que Euskadi sea atractiva para las empresas. Sin esto, lo otro creo que es vacío porque tú no puedes pedir a una compañía en un mundo globalizado que esté en un sitio donde no le va bien estar...-¿Qué le parece la regularización de inmigrantes planteada por el Gobierno de España? – Creo que algo de ese tipo es necesario. Se podrá discutir el cómo, pero hace falta. Es que el mayor problema de Euskadi a corto plazo es la demografía. Cada vez somos más mayores, tenemos más necesidad de asistencia, de sanidad... Entonces decimos que queremos talento, pero cada vez somos menos. Así que la única vía para compensar eso es con inmigración, no hay nada más. Efectivamente, será necesario controlar los procesos de inmigración, ver cómo se regula. Pero es algo necesario..."

Continuación de la entrevista con Luis Rodríguez Llopis. "La contratación en 2025 ha superado los 500 millones y para este año esperamos seguir creciendo y terminar rondando los 600. En el mundo se siguen desarrollando inversiones y, mientras estas estén, ahí seguiremos. Las cosas van bien, aunque es cierto que en algunos países se está endureciendo el mercado, pero este año no tiene mala pinta... Diría que las infraestructuras y la energía se están moviendo mucho y arrastran a la arquitectura y a otras áreas...Nos han intentado comprar bastantes veces, pero entrar en una operación como esa es como vender nuestra vida. Somos una asociación de profesionales y de los 5.000 empleados, cerca de mil son socios. Eso genera obligaciones y ventajas y, sobre todo, mucho compromiso. En cuanto a la gobernanza, somos una empresa, no somos cooperativa, tenemos un consejo de administración, un equipo directivo..."

Despide a dos empleados por abrir talleres clandestinos cuando tenían una incapacidad temporal y valora más casos. Uno presuntamente cambiaba ruedas y arreglaba averías en una lonja de Vitoria. El otro tenía idénticas labores, pero en una casa situada en un pueblo alavés. Los dos pertenecían oficialmente a la plantilla de Mercedes y ambos llevaban semanas de baja médica. Una agencia de detectives privados los siguió y grabó durante semanas sin su conocimiento. Con ese material probatorio, la dirección de la mayor fábrica de Euskadi los despidió a finales del año pasado. Con 5.000 personas en nómina y un índice de absentismo «en porcentajes récord», la multinacional alemana ha dado un paso inédito en su batalla para combatirlo. Ha recurrido a investigadores para destapar posibles casos de fraude. Aparte de estos dos despidos, «hay en estudio otros». La medida en la Avenida de Los Huetos evidencia un cambio radical a la hora de abordar este fenómeno en la industria alavesa. Porque el absentismo en Mercedes se ha movido en los últimos años en el entorno del 7,5%, pero fuentes de la plantilla admiten que ese indicador «ha aumentado una barbaridad» en este último ejercicio y sitúan la tasa actual «entre el 10 y el 11%». Ya en diciembre, el presidente del comité de empresa, Igor Guevara (ELA) señaló que «han subido las bajas» en los últimos tiempos, aunque atribuyó ese aumento a «riesgos psicosociales» que no están debidamente evaluados por la dirección de Bernd Krottmayer. Esta misma semana, CC OO ha ido más allá y ha trasladado a sus afiliados que ese valor se ha «duplicado» en 2025. La contratación de detectives privados se ha extendido entre las compañías grandes y medianas para investigar las bajas. Hace dos años, por ejemplo, el comité de una fundición de Gamarra se puso en pie de guerra porque la empresa había tomado esa medida para investigar a un trabajador. Otras compañías vascas como Aludium también han recurrido a esta medida, en este caso para cesar a seis empleados.

Durante esta semana, las largas colas han predominado en los despachos de extranjería vascos, a raíz de la nueva regularización anunciada por Podemos el lunes y a la que el Consejo de Ministros dio luz verde el martes. Una medida que podrá resolver la situación administrativa de aproximadamente cerca de 500.000 personas en toda España y 20.000 en Euskadi. Una medida que ha caído del cielo para las miles de personas en esta situación, ya que si acreditan una permanencia continuada de, como mínimo, cinco meses en el momento de la solicitud y demuestran haber residido en España antes del 31 de diciembre, podrán obtener los papeles que tanto necesitan de una manera mucho más rápida. La medida también beneficiará a los solicitantes de protección internacional que hayan presentado la solicitud antes de esa misma fecha. En ambos casos, eso sí, deberán entregar también un certificado de antecedentes penales. Con todo, advierte Ignacio Fariña, director de Acogida e Integración de las Personas Inmigrantes del Gobierno vasco, el texto «no es definitivo y está sujeto a enmiendas». Sea como sea, le parece importante que los extranjeros «se empiecen a movilizar cuanto antes, porque los plazos para presentar la solicitud –se prevé que entre abril y junio– son bastantes reducidos». 

Una manera de medir el PIB consiste en multiplicar las horas trabajadas de una economía por la productividad. En 2018, España tenía 4.734.691 residentes extranjeros y hoy tiene 2.397.633 más. La mayoría de ellos se han incorporado al mercado de trabajo. Según Fedea, constituyen el 57% del empleo generado en los últimos siete años, lo que les convierte en fundamentales con un añadido: el crecimiento vegetativo de la población nativa es negativo. Las familias migrantes gastan prácticamente el 100% de su renta e impulsan la demanda interna. Pero por el lado de la productividad, la aportación es escasa. Se incorporan a empleos de valor añadido muy bajo, al menos en las primeras cohortes. ¿Vendrán más migrantes de los que demanda el mercado? Lo primero es saber cuántos migrantes se van a regularizar. El Gobierno calcula que medio millón. Funcas eleva la cifra a 800.000. Las cifras no estarán claras hasta que no se inicie el proceso. No existe evidencia previa de que se produzca un efecto llamada como consecuencia de la regularización. En los dos estudios publicados (Ismael Gálvez Iniesta, 2025 y Ferran Elías et al., 2022) no se constata y sí se aprecia un efecto positivo en cuanto al afloramiento de economía sumergida. Lo anómalo es que una iniciativa de un impacto social así sea fruto de un pacto a tres bandas entre el Gobierno, Podemos y Junts y que no vaya acompañado de una memoria económica. ¿Pueden prescindir las empresas de migrantes? Es la respuesta más sencilla: no. Según un estudio del economista Santiago Calvo, en los últimos tres años los migrantes han asumido la mitad de los empleos nuevos. Pero en algunas comunidades, los datos son abrumadores. En el País Vasco, el 91% de las ocupaciones recientes son de trabajadores nacidos fuera de España. El porcentaje es muy importante también en La Rioja (80%), Aragón (78%), la Comunidad Valenciana (66%), Cataluña (59%) o Madrid (51%), entre otros. Las patronales de casi todas las industrias, especialmente las intensivas en mano de obra, reclaman medidas para atraer más extranjeros...

La creciente incertidumbre geopolítica que vive el mundo no ha frenado el pulso exportador de Gipuzkoa. Contra todo pronóstico, el territorio ha firmado un nuevo hito histórico. Por primera vez en su historia se ha colado entre las diez provincias más exportadoras de España. Los datos de la entidad pública empresarial ICEX hasta noviembre de 2025 reflejan que las empresas guipuzcoanas vendieron al exterior 9.421,8 millones de euros, y consolidan un peso del 2,6% sobre el total estatal, logrando así el cuarto mejor ejercicio en ventas de la última década. Gipuzkoa avanza silenciosamente impulsada por la especialización y la estabilidad de su tejido industrial, mientras Euskadi, por su parte, perdió en 2025 una posición en el ránking autonómico, ganada por Galicia, y su peso en el conjunto exportador español descendió tras una caída del 4,1% interanual. Bizkaia, con la parada técnica de Petronor y la ralentización de la venta de productos energéticos, y Araba, con el descenso de exportaciones de Mercedes en Vitoria por la debilidad de la automoción, no han ayudado a mantener la posición. En Gipuzkoa, sin embargo, la fotografía es clara. Las empresas del territorio han sabido sortear las turbulencias del comercio internacional y han transformado la incertidumbre global en una oportunidad. La explicación de este fenómeno no se limita a los números, sino que hunde sus raíces en un modelo productivo que la Fundación Cotec califica de «altamente complejo y sofisticado» que ha permitido a Gipuzkoa ser el territorio mejor posicionado de España para afrontar todas las disrupciones del comercio internacional. Una especialización mayor que la del conjunto del País Vasco, que pierde posiciones.

Gipuzkoa guarda la relación comercial más potente del Estado con Groenlandia, un territorio ártico que ha copado las portadas de todos los periódicos en las últimas semanas después de las reiteradas amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de invadir la mayor isla del planeta. Los datos del ICEX confirman la sorpresa. Gipuzkoa fue responsable del 98,5% del total de las ventas de España a Groenlandia, con un valor que alcanzó los 79,7 millones de euros. Y todo gracias a un solo protagonista: el arrastrero congelador ‘Kaassassuk’. El buque, con unas medidas de 82,3 metros de eslora y 120 toneladas de capacidad de procesado diario, fue adquirido por Royal Greenland, la compañía pesquera estatal del país ártico. Diseñado para capturar camarón en aguas heladas, el ‘Kaassassuk’ incorpora tecnología punta, como un sistema robótico de paletización que organiza automáticamente los productos para su exportación. Aunque el arrastrero se construyó en los Astilleros de Murueta, en Bizkaia, su venta figura en las estadísticas de Gipuzkoa por un entramado burocrático de aduanas que hace que los trámites de exportación se centralicen desde el territorio guipuzcoano. La operación, con sabor vizcaíno pero con sello guipuzcoano, bastó para colocar a nuestro territorio histórico en la cima del ránking comercial con Groenlandia.

Desde 2017, el Gobierno vasco quiere «reciclar» la central como centro de investigación relacionado con la producción de pescado, aunque no descarta otros usos complementarios en la zona porque la disponibilidad de espacio es enorme. Según una respuesta del consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, a la parlamentaria a Amancay Villalba, de EH Bildu, desde que los terrenos fueran parcialmente adscritos a la sociedad pública Sprilur y hasta finales del año pasado, ha invertido 630.000 euros en tramitación urbanística –180.465 en estudios para el refuerzo del dique exterior–, reparaciones como la sustitución de celdas eléctricas, adecuación de centros de transformación y de la presa de Urbieta, que tiene que conservarse. Los presupuestos de la sociedad dependiente del Departamento de Industria Sprilur, a cuyo nombre se inscribirá el terreno, contemplan 3,56 millones este año, principalmente para esta obra de seguridad en el muro, y comprometen 25,61 más, de los que 15 están reservados para el próximo trienio, para la instalación del parque terrestre de producción acuícola en Basordas. Es decir, se prevé un gasto de al menos 29 millones desde 2026 en el impulso al polo y en la rehabilitación del espacio. Precisamente, el 12 de diciembre Sprilur adjudicó la obra de refuerzo del dique de abrigo y de reparación de un sendero por 2,8 millones –IVA incluido– a la empresa Bycam y Sato Lemoiz 2. El plazo, de 10 meses, arrancó el 19 de diciembre.

La Bolsa española sigue sin reflejar la realidad económica nacional por el gran peso que tienen los bancos y las energéticas. Basta detenerse un momento en la actividad de los 35 valores que componen el índice para que surja una pregunta básica: ¿hasta qué punto ese reflejo se parece realmente a España? Porque el índice que lideró la revalorización europea en 2025 con un alza del 45% no es una fotografía neutral de la economía, sino una imagen parcial —no por casualidad se le llama selectivo— diseñada para reflejar el desempeño de grandes corporaciones, no el de la economía real. El resultado no muestra a España tal y como trabaja y vive, sino que dibuja a un hipotético país pequeño, muy rico en renta per capita y con las finanzas como eje central. Y es que el Ibex no se parece a España: se parece a Luxemburgo. “El Ibex 35 es un reflejo naturalmente incompleto de la estructura productiva española. No lo es por error, sino por construcción”, explica Francisco Rodríguez, director de Estudios Financieros de Funcas. El índice recoge a las mayores empresas cotizadas, lo que introduce “un sesgo estructural hacia sectores intensivos en capital, altamente regulados o con fuerte presencia internacional, como la banca, la energía o las grandes utilities [servicios públicos]”. Desde el gestor de los mercados españoles, BME, recuerdan que la metodología del índice no busca representar la economía en su conjunto. “La selección de componentes del Ibex 35 no guarda criterios específicos de diversificación sectorial”, explican. La consecuencia directa de este diseño es una disociación entre la economía bursátil y la economía real. “Se produce una sobrerrepresentación bursátil de sectores cuyo peso en el PIB y, sobre todo, en el empleo es relativamente menor”. 

"Tras bajar de la barrera simbólica del 10% de tasa de paro, la economía española afianza su buen momento con una aceleración del ritmo de crecimiento en el último trimestre del año pasado. En el conjunto del ejercicio, el producto interior bruto (PIB) habrá avanzado un 2,8%, el doble de la media de la eurozona. Incluso descontando el aumento de la población, fruto del fenómeno migratorio, el avance del PIB per capita — variable que mejor aproxima el progreso material del país— se habrá acercado al 2%. ¿Es sostenible el ciclo expansivo? La cuestión sigue siendo debatible, si bien en este plano también hay buenas noticias. Uno, porque el motor interno funciona a pleno rendimiento pese a la desaceleración del consumo público, variable esta última que lideró el inicio del ciclo expansivo y cuya aportación es ahora limitada. Dos, el consumo privado y la inversión han tomado el relevo del gasto corriente de las administraciones...De manera general, la economía se ha diversificado, lo que ha traído consigo una menor dependencia de los sectores tradicionales como el turismo y el ladrillo. Sorprende el dinamismo de las ventas en el exterior de servicios no turísticos (consultoría, servicios profesionales tecnológicos y financieros, logística, etcétera), con un avance a doble dígito...Persisten, no obstante, grandes desafíos, la debilidad de la productividad sigue siendo el más relevante: el PIB por hora trabajada se incrementa a un ritmo ligeramente superior a la media del anterior ciclo expansivo —con una subida del 0,6% en los tres últimos años en términos promedios, apenas una décima más que en el periodo 2015-2019—. Sigue siendo el caso que la economía crece a base de sumar mano de obra, y en menor medida por mejoras de eficiencia. Este modelo, por su estrecha dependencia de la incorporación de nueva fuerza laboral, tiene el inconveniente de tensionar las infraestructuras, desde la sanidad al transporte de cercanías, pasando por la red eléctrica. También pone de manifiesto el déficit de vivienda y aviva la sensación de desconexión entre la macroeconomía y el día a día de la ciudadanía. La pérdida de competitividad es otra tendencia que evidencia las limitaciones de la actual pauta de crecimiento..."

Con la nueva Directiva europea sobre Comités de Empresa Europeos 2025/2450 ya no bastará con cubrir el expediente informando a destiempo o con generalidades a la representación de los trabajadores de las empresas multinacionales, so pena de exponerse a sanciones ligadas al volumen de negocio y a un verdadero control judicial del proceso de información y consulta. Durante años, muchos de estos comités han funcionado como parte de una especie de trámite de las relaciones laborales: reuniones tardías, documentación incompleta y decisiones estratégicas ya tomadas cuando los sindicatos se sentaban a la mesa. El Parlamento Europeo ha querido acabar con la disonancia entre la letra de la norma y su eficacia real, reforzando la dimensión de los derechos de información y consulta y dotándolos de un procedimiento exigible, con fases y consecuencias claras cuando se incumplen. Así, la información deja de ser una mera remisión de datos para convertirse en una transmisión suficiente, que permita conocer y examinar el asunto, mientras que la consulta se redefine como un diálogo real entre patronal y sindicatos. La confidencialidad se acota a supuestos excepcionales, vinculados a un interés legítimo y justificado, y la negativa a informar pierde margen de maniobra. La UE pide a los Estados establecer sanciones “efectivas, disuasorias y proporcionales”, incluyendo la posibilidad de multas asociadas al volumen de negocio de la empresa o grupo multinacional. 

“Todos aprendimos a ir de tiendas con El Corte Inglés, porque fue la primera fórmula moderna. Pero ahora las reglas las marcan otros”, explica José Luis Nueno, profesor de Dirección Comercial de Marketing de la escuela de negocios IESE y titular de la Cátedra Intent HQ de Cambios de Comportamiento del Consumidor. Este experto subraya el gran reto demográfico al que se enfrenta la compañía de grandes almacenes, con una clientela madura que hoy goza de una buena capacidad de gasto, pero que, progresivamente, será sustituida por los jóvenes. “Las puertas de consumo no tienen nada que ver entre una generación y otra: marcas que son relevantes para el boomer [personas nacidas entre 1946 y 1964] y que no interesan al joven”, explica Nueno. Un diagnóstico que comparte Luis Lara, experto del sector retail y socio director de la consultora Retalent: “La compañía tiene la asignatura de atraer a la gente joven. Ha hecho cosas interesantes: transformar espacios, incluir marcas novedosas… Pero hay que repensar la propuesta de valor: que el joven compre en El Corte Inglés porque están las marcas que le atraen, y porque los vendedores hablan su mismo idioma”. Algo que pasa también por un impulso a los canales digitales. El grupo no detalla qué porcentaje de sus ventas [14.786 millones de euros a cierre de 2024, un 2,3% más] se genera online. El último dato es de 2021, cuando se situaba en el 12,3% de las ventas de su negocio comercial, que genera el 85% de su facturación total. A cierre de 2024, sus webs y apps cuentan con casi 900 millones de visitas anuales, y casi 15 millones de usuarios registrados. Ambos expertos comparten que el grupo debe acelerar en este punto. 

La IA promete productividad a un coste humano y de inversión desorbitado. La IA consume tantos billetes como energía necesitan sus servidores para procesar los datos. Amazon, Alphabet, Apple, Microsoft, Meta, Nvidia y Tesla han anunciado inversiones de 365.000 millones de dólares este año. Hasta ahora, los llamados hiperescaladores (empresas que ofrecen servicios masivos de archivos en la nube, procesamiento y centros de datos) pagaban sus inversiones con beneficios (presentes y futuros), pero a medida que van necesitando más dinero, las operaciones se vuelven más peligrosas y, el riesgo de un puñado de empresas tecnológicas pasa a ser sistémico para la economía. Meta obtuvo 27.000 millones de dólares el año pasado para financiar un gigantesco centro de datos en Luisiana en la que se calificó como la mayor operación de deuda privada de la historia. Las grandes tecnológicas emitieron 121.000 millones de dólares en bonos corporativos estadounidenses frente a un promedio de 28.000 millones anuales entre 2020 y 2024, según un informe de Bank of America. Otro informe de Barclays augura que los bonos corporativos en EE UU llegarán a 2,46 billones de dólares durante este ejercicio, y casi un billón será deuda neta nueva debido a las necesidades de la IA. Eso se produce al mismo tiempo que se ejecutan despidos masivos, como los 16.000 puestos de trabajo que esta semana Amazon ha decidido recortar en todo el mundo (en su tercer anuncio en pocos meses). Mientras, los gobiernos se preguntan qué camino seguir para no quedarse atrás en la carrera tecnológica y con la duda de si estarán cavando su propia tumba.

El castillo de naipes que es la frágil mayoría parlamentaria sobre la que Pedro Sánchez logró apoyarse hace dos años para iniciar la legislatura sigue coja pese a los trabajos de reconstrucción en los que el Gobierno lleva meses enfangado. En Moncloa se muestran satisfechos por los pactos alcanzados con distintos socios parlamentarios durante este mes de enero. Cree que han servido para apuntalar unos apoyos que empezaron a resentirse a finales de 2025 –cuando hasta Sumar hizo sonar la voz de alarma– y para sacudirse ese aroma de fin de ciclo que acabó colándose hasta la cocina en el propio PSOE el pasado diciembre. Pero ni todos sus interlocutores lo ven igual ni el Ejecutivo ha dado aún con la clave para reiniciar su indispensable vínculo con Junts. Los equilibrios siguen siendo, además, muy inestables. A finales de diciembre, Sánchez dejó que EH Bildu se colgara la medalla de extender la prohibición de desahuciar a las familias vulnerables a todo 2026; justo el asunto que provocó este martes el rechazo de los posconvergentes al real decreto ley en el que el Gobierno decidió encastrar la subida de las pensiones. Luego permitió que el líder de ERC, Oriol Junqueras, anunciara un pacto sobre la reforma del sistema de financiación que favorece a Cataluña, de momento, sin apoyo parlamentario. Y, esta semana, se comprometió con el lehendakari, Imanol Pradales, a sellar antes de Semana Santa un acuerdo político para los traspasos de las competencias sobre inmigración y aeropuertos. Sin embargo, eso no impidió que solo un día después el PNV advirtiera de que está harto de su «trilerismo».

Los estudios muestran que hasta ahora las empresas americanas absorben el alza de costes, si bien a medio plazo los daños se pueden ampliar a más países. Las tasas a la importación que anunció acto seguido, en dos pizarras de colores, acabaron reducidas o suspendidas, en buena parte por el susto que la deuda pública estadounidense se llevó en los mercados, ya que los inversores vendieron bonos americanos, impulsando sus rentabilidades, lo que encarecía la financiación de la ya de por sí voluminosa deuda americana. Esa es una de las claves por las cuales el choque de los aranceles de Estados Unidos —que se han situado, pese a todo, en su nivel más elevado desde 1932— no han sacudido a la economía global tanto como se esperaba en un principio. El arancel final medio ha quedado en el 18,5%, por debajo de las primeras previsiones, el sector privado ha redirigido sus cadenas de suministro y el comercio internacional ha continuado “boyante”. “Al final, Estados Unidos es quien está pagando esos aranceles, según muestran los datos. Hay que pensar en ellos como un impuesto interno”, dijo el economista jefe del Fondo, Pierre- Olivier Gourinchas. Al menos un par de trabajos recientes apuntan en esa misma dirección. El laboratorio de ideas alemán Kiel Institute establece que los importadores estadounidenses han absorbido el 96% de los aranceles, mientras que los exportadores extranjeros asumen el 4% restante. Este estudio se basa en los datos de envíos que cubren 25 millones de transacciones por valor de cuatro billones de dólares entre abril y agosto. Los ingresos de aduanas, señalan los autores del informe, que subieron en unos 200.000 millones de dólares en 2025, fueron pagados “casi por completo por los estadounidenses”. Otro documento, elaborado por economistas de Harvard —Gita Gopinath, ex subdirectora gerente del FMI— y la Universidad de Chicago —Brent Neiman—, destaca la diferencia entre el arancel anunciado y el finalmente efectivo, en buena medida debido a las exenciones que Washington ha incorporado, por ejemplo, en el caso de los ansiados semiconductores. 

La divisa ha perdido una quinta parte de su valor frente al euro desde 2025. El presidente quiere que las exportaciones crezcan para reducir el déficit comercial. Las tensiones entre Europa y EE UU son parte de una ruptura más profunda de las costuras del mundo financiero. Se suman a la guerra comercial decretada hace nueve meses y a los ataques a la independencia de la Reserva Federal. “La evolución [del dólar y del oro] refleja la creciente preocupación por los juegos de poder político del presidente Trump, tanto en el ámbito nacional como en el internacional; y, por lo tanto, gira en torno a la posible caída del dólar”, indica en un informe Carsten Menke, analista del banco de inversión Julius Baer. La moneda ha sido (y pese a todo sigue siendo) el centro de gravedad del sistema económico: el único billete que ningún habitante de la Tierra rechaza y la vara de medir global, desde el trapicheo en el mercado negro hasta las altas finanzas. Esta excepcionalidad, calificada de “privilegio exorbitante” por el presidente francés Valéry Giscard d’Estaing en los sesenta, supone ser referencia y, en tiempos de tormenta, refugio. Por ello, la moneda siempre ha cotizado algo más cara de lo que debería. Ahora se aplica al dólar otra palabra, debasement (devaluación o degradación), que recoge la reversión de esta prima. Los inversores han asumido que deben repartir los riesgos, y no fiar todas sus reservas a una moneda dependiente de alguien aún más volátil que los propios mercados financieros.

Los abusos de las políticas migratorias de Donald Trump y sus mentiras se han vuelto en contra del presidente de EE UU, que vive la peor crisis interna de su segundo mandato, azuzada también por los papeles de Epstein. Las muertes de dos activistas asesinados a bocajarro y la detención de menores migrantes se le ha indigestado a parte de la población, que ha entendido que está en juego la democracia y ha descubierto que protestar sirve, al menos, para que Trump dé medio paso atrás. Su brutal campaña y sus señales contradictorias sobre su voluntad de rebajar la presión en Minnesota le empiezan a pasar factura en las encuestas, dentro de la derecha moderada, y en el radical movimiento MAGA. En el mundo en el que vivimos, que es el mundo de Donald Trump, una semana puede ser una eternidad y un miércoles cualquiera, contener más giros en su trama que la película de un guionista tramposo. Pocas cosas sobreviven al parpadeo constante del ciclo incesante de noticias, y a veces cuesta recordar lo que pasó hace apenas 10 días. Como cuando, en lo que parece otra vida, Europa vivía en vilo por los planes del presidente de Estados Unidos de hacerse con Groenlandia. De ahí que la obstinación en los titulares de Minneapolis como símbolo de la resistencia a la brutal política migratoria de la Casa Blanca y a su agenda autoritaria haya hecho perder los nervios a Trump, tan acostumbrado a controlar el relato.

El primer ministro indio, Narendra Modi, hizo una promesa de las que ocupan los grandes titulares y hasta los libros de historia. Era, eso sí, una promesa a largo plazo. Una que, en concreto, se cumplirá, en el mejor de los casos, en 2047, coincidiendo con el centenario de la independencia de India. El objetivo: que el país asiático se convierta en una economía plenamente desarrollada antes de mitad de siglo. Para la cuarta potencia económica mundial, que ya ha superado a Japón en el ránking y se mide de tú a tú con Estados Unidos, China y Alemania, podría parecer una meta asequible si no fuera porque hablamos de un país sumergido en terribles incoherencias. Algo que evidencia un dato sonrojante para cualquier nación del planeta: India ocupa el puesto 130 de 193 en el Índice de Desarrollo Humano elaborado por la ONU en base a tres variables: salud, educación y renta per cápita. «Es un país contradictorio que nos cuesta encajar en los marcos y el prisma de Occidente, pero es un país que tiene una capacidad enorme. Antes de que termine la década, será la tercera economía mundial», avanza Ana Ballesteros, investigadora del Real Instituto Elcano, experta en la región y que completó su doctorado en la Universidad Jawaharlal Nehru de Nueva Delhi. La incongruencia de los datos se ve, por supuesto, en sus calles. India, que se cuenta entre los nueve estados que tienen arsenal nuclear, pero que también presume de agencia espacial propia y de un enorme poderío en el sector de los satélites, es también el país de la pobreza extrema que impacta a los turistas occidentales. O el de las leproserías, con hasta 1.000 colonias repartidas por el país por mucho que hace 20 años que el estado dejara de considerarlo un problema de salud pública. El mismo en el que el multimillonario Mukesh Ambani (primera fortuna del país y número 19 del ránking mundial) celebró para su hijo la boda más fastuosa que se recuerda o hizo construir Antilia, la residencia privada más grande de la India con 27 pisos, tres helipuertos y capacidad para más de 150 coches. La paradoja es que el flamante rascacielos está a unas pocas manzanas de una de las zonas más deprimidas de Bombay.