20240402

El CIS del controvertido Tezanos rompe el repetido ‘empate técnico’ que la mayoría de las encuestas atribuye a PNV y Bildu. Según sus datos, los jeltzales ganarían en escaños (30-31) y también en votos (36,1%), mientras que Bildu no daría el ‘sorpasso’ con (28-29), pero ganaría espacio en la izquierda con el 33% de los sufragios. Los encuestados también ven a Imanol Pradales como el «más preparado» para resolver los problemas de Euskadi. Si al sanedrín del PNV le pidiesen que dibujase una encuesta ideal para sus intereses a estas alturas de la película electoral del 21-A, es más que posible que dijesen algo muy parecido a lo que concluyó ayer el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). A saber: ganan los jeltzales con menos apuros de los previstos frente a EH Bildu, consiguen una contundente mayoría absoluta junto a los socialistas, Imanol Pradales es el candidato favorito y son el partido mejor visto por la sociedad vasca a la hora de gestionar las cosas del comer. El CIS liderado por José Félix Tezanos entró de lleno ayer en la precampaña con un sondeo que pese a lo augurado por la totalidad del resto de encuestas (públicas y privadas) muestra a un PNV muy fuerte que repetiría como fuerza más votada, tanto en porcentaje de votos (36,1% de los sufragios) como en escaños, cosechando entre 30 y 31. Unos guarismos muy parecidos a los logrados hace cuatro años, cuando obtuvo 31 parlamentarios. Nada de empates técnicos con la izquierda abertzale, como concluye, por ejemplo, el reciente Sociómetro del Gobierno vasco. 

Una economía muy poco endeudada, sí, pero un nivel de incertidumbre y unos tipos de interés que dejaron en la nevera muchos proyectos de inversión. Esa es la conclusión que arrojan los datos del Banco de España sobre la concesión de créditos a empresas y particulares en Euskadi durante el pasado 2023. El saldo de los préstamos se redujo en 2.876 millones, el mayor ajuste en un año desde 2014, cuando el tejido empresarial todavía se recobraba del sobreendeudamiento de la crisis financiera de 2008. El volumen total de créditos que la banca tiene concedidos a familias y compañías quedó en 57.656 millones, lo que supone la cifra más baja registrada por la economía vasca desde junio de 2005. Las causas de este ajuste, que ya habían advertido los grandes bancos comerciales en la presentación de sus resultados de 2023, residieron principalmente en tres elementos. Por un lado, la subida de los tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE), que alcanzaron el año pasado el 4,5%. Un elemento que busca controlar el ascenso de los precios, pero que también encarece la financiación de hogares y empresas. En segundo lugar, la desaceleración económica. Y es que el frenazo que muchas industrias en países como Alemania, Francia o Reino Unido sufren desde el pasado año genera dudas en las empresas vascas a la hora de invertir. Especialmente es así en aquellas que centran su negocio en la exportación. De hecho, las ventas al exterior el pasado año registraron un enfriamiento con importantes descensos de doble dígito después de un primer trimestre muy fuerte. Organizaciones empresariales como la Cámara de Comercio o la propia patronal vasca, Confebask, ya alertaron en sus indicadores de este parón inversor durante el pasado año. Y, como tercera causa, unas empresas y familias con niveles de deuda muy bajos. La liquidez de la economía vasca afrontó la pandemia en un buen estado de salud gracias a los ajustes que se arrastran desde 2008. 

La Diputación llevaba meses buscando el lugar idóneo para construir el Bizkaia Industrial Quantum Hub (BIQH) y ya lo ha encontrado. El centro de tecnología cuántica con el que pretende promover un polo de investigación al que atraer también empresas de un sector al alza en el que se vislumbran «oportunidades de desarrollo económico» se ubicará dentro del campus de Leioa de la UPV/EHU. El BIQH es uno de los proyectos tecnológicos estrella del Gobierno que lidera Elixabete Etxanobe. Será ejecutado a través de la sociedad foral Azpiegiturak y cuenta con un presupuesto inicial de 1,7 millones para habilitar dos espacios que suman algo más de mil metros cuadrados en la tercera planta del Centro de Biotecnología María Goyri, uno de los edificios más nuevos del Parque Científico que la universidad pública levantó en su sede de Bizkaia. Aunque la Diputación considera estratégico que el proyecto «se haga realidad lo antes posible» para «que resulte pionero y pueda reportar ventaja competitiva» a las empresas del territorio, aún pasará un tiempo hasta que eche a andar. La previsión inicial habla de que serán necesarios al menos tres años para habilitar las dependencias. La tecnología cuántica se encuentra detrás de avances tan recientes como los teléfonos móviles, el GPS, los relojes inteligentes... aunque esa es solo la punta del iceberg. El valor añadido de esta rama de la física y de los ordenadores capaces de desarrollarla es que son capaces de afrontar cuestiones mucho más complejas.

Los vascos necesitan acumular todo lo que ganan durante 7,4 años para poder adquirir una vivienda, según el estudio que elabora la Sociedad de Tasación. La cifra se sitúa ligeramente por debajo del dato español, donde la media es de 7,6. Únicamente las Islas Baleares (con 19,9 años), Madrid (9,3) y Cataluña (8,6) superan esta franja. El baremo más bajo del Índice de Esfuerzo Inmobiliario, que se elabora al comparar el mercado de la vivienda nueva y usada con los ingresos medios brutos anuales, recae en Murcia, donde cinco años del sueldo íntegro son suficientes para afrontar el coste de un domicilio. En el País Vasco, el precio medio de la vivienda alcanza los 2.518 euros por metro cuadrado, según los últimos datos a diciembre del 2023. De esta forma, se sitúa por detrás de Madrid (donde es necesario abonar 2.964 euros), Cataluña (2.575) y Baleares (2.570). La media española se encuentra muy por debajo, con un coste de 1.852 euros al cierre del año pasado. El coste medio avanza una tendencia a la estabilización en la subida del precio para los próximos meses. En todo caso, la comparativa con los datos nacionales refleja el lugar prominente de las provincias vascas. Gipuzkoa ocupa el primer lugar en el listado de ratios más altos de España, con 2.814 euros por metro cuadrado, mientras que Bizkaia está en tercer lugar, con 2.438. Vitoria rebaja ligeramente la media de Euskadi con un coste de 2.151 euros por metro cuadrado. El informe con la estadística de los tres primeros meses del año también recoge que el País Vasco refleja la menor subida del índice de confianza inmobiliaria. 

El precio de la vivienda nueva y usada en Gipuzkoa ha levantado el pie del acelerador. Y lo ha hecho en mucha mayor medida que en el resto de Euskadi o que el conjunto de España. Así se desprende del último informe Imie Mercados Locales que elabora trimestralmente la tasadora Tinsa y que revela que el metro cuadrado en el territorio se incrementó ‘sólo’ un 0,8% en comparación interanual durante el primer trimestre de este año, cuando en ese mismo periodo los pisos se encarecieron un 3,3% tanto en el conjunto del País Vasco como en el Estado. El análisis, eso sí, nos recuerda que el guipuzcoano sigue siendo un mercado caro en el que Donostia se mantiene a la cabeza de entre las capitales de provincia en cuanto al coste de los pisos. El informe de Tinsa constata como tendencia general esa desaceleración del precio de la vivienda en todo el Estado que, sin embargo, es mucho más acusada en Gipuzkoa. Tras este fenómeno se esconde un lastre muy pesado y que provoca directamente el enfriamiento del mercado como es el encarecimiento del precio del dinero.

"Setenta y tres y subiendo. Esa era la cifra del pasado miércoles. No son las veces que me han preguntado si tengo entrada para la Final, sino las manifestaciones que se han celebrado en Bilbao desde el 1 de marzo. Casi tres al día. Nadie nos gana en Europa. Debe ser que vivimos en la región más pobre y despojada de derechos de todo el continente. No se explica de otra manera tamaña cifra. No conozco a nadie que no se haya quejado con comentarios del tipo «he llegado tarde al trabajo, no he podido llevar a los críos al cole o me he comido una retención de dos horas». Lo aceptamos como daño colateral y tenemos claro que manifestarse es un derecho. Pero el cuento cambia según estemos a un lado o a otro de la pancarta. No podemos ser la capital de las manifestaciones y que la Gran Vía parezca la Pasarela Cibeles de las protestas...Que no le suban a alguien el sueldo o le mejoren el convenio, mientras no seamos nosotros, nos preocupa entre poco y nada. Habrá lectores que estén en desacuerdo, que se van a la cama con el corazón encogido por los de los autobuses, los funcionarios, la empresa pitorrez, el profesorado o las trabajadoras de residencias. Y supongo que también les quitarán el sueño colectivos más vulnerables. Lo que nos lleva a la gran pregunta. Si alguna manifestación, no hablo de masivas y con huelga general, ha logrado revertir una situación. Confiesan que no. Que solo alguna vez. Como mucho valen para hacer ruido y que se agilicen las negociaciones. Poco más. Por no hablar de las que no tienen carácter laboral. Hace cosa de un mes nueve personas, han leído bien, portaban pancarta y banderas contra los bombardeos de Gaza y a favor de la causa palestina. Imagino a los dirigentes de Israel de los nervios y pensando en parar los ataques porque nueve indignados se han manifestado en Bilbao. Los únicos que se pusieron nerviosos fueron los conductores que se chuparon una cola de tres kilómetros. La protesta solo jodió a quien ninguna culpa tenía...Lo fácil es cortar las carreteras o recorrer la Gran Vía. Pero no está la cosa para que paremos la actividad a razón de tres manifestaciones diarias...Hagan cuentas y, si les parece, hablamos otro día de cómo podemos ser líderes en absentismo laboral. Se ve que somos más de protestar que de trabajar. Y yo pensando que éramos diferentes". 

Con 1.398 vuelos contabilizados desde el pasado 22 de marzo, la terminal de Loiu parecía ayer una interminable alfombra roja por donde desfilaron sonrisas de todo tipo. Tanto de viajeros que emprendían sus vacaciones –lo mismo jubilados del Inserso con destino a Huelva y Menorca, que adolescentes cántabros que pasarán los próximos siete días de «inmersión lingüística» en Dublín»– como del cerca de medio centenar de alemanes que aterrizaron con la idea de participar en una ‘tournée’ que les llevará los diez próximos diez días por Euskadi, León, Pamplona y Gijón, hincando el diente a platos suculentos y viviendo a cuerpo de rey, aunque también practicando senderismo. La Termibus de Basurto se transformó también, desde primeras horas de la mañana, en un cruce de caminos para gente como Izan e Ibai, dos bilbaínos de 15 y 16 años, que cogieron un autobús con destino a Zaragoza para estar con unos colegas a los que han conocido ‘online’, como el grupo que volvía bien bronceado tras haber disfrutado los últimos nueve días buceando en aguas del Mar Rojo. «¿Miedo a los tiburones? ¡Hay mucha leyenda urbana con eso!», respondía Alfonso Machín. La cuestión es no quedarse en casa. Todo el mundo parecía tener algún destino al que llegar... y regresar. Viajar se ha convertido en el gran pasatiempo para todo tipo de público, aunque sea para volver de nuevo este sábado. 

Las buenas expectativas respecto a la Semana Santa en Vitoria no se han cumplido. Lo cierto es que no han sido unos días desastrosos, pero tampoco han dejado con un gran sabor de boca a quienes han decidido levantar la persiana para recibir con los brazos abiertos al turismo. El mal tiempo -con un cóctel de lluvias puntuales, frío y viento- ha sido la principal causa de una Semana Santa «floja» para bares y restaurantes y con cancelaciones en hoteles. Tampoco ayuda que muchos vitorianos hayan hecho las maletas para marcharse fuera. Y para esta semana de Pascua las previsiones no son mejores. El sector hotelero de la capital alavesa afrontaba estas vacaciones con optimismo y una ocupación cercana al 90%. Sin embargo, han tenido que hacer frente a cancelaciones de última hora. «Sobre todo nos llamaron para anular reservas del jueves y el viernes, el sábado no estuvo tan mal. Pero el balance final es que hemos estado por debajo de lo previsto», sostiene Gema Guillerna, directora del NH Canciller Ayala. Lo que ha llegado es en su inmensa mayoría «turismo nacional», confirma el hotelero Iván Saldaña, que añade que los últimos visitantes han dejado la ciudad este Lunes de Pascua (solo festivo en siete comunidades españolas).

Renfe puso ayer en marcha la sanción anunciada el mes pasado a Talgo por los retrasos en la entrega de las primeras unidades de AVRIL, el tren de alta velocidad fabricado por la empresa de origen vasco. Según confirmaron fuentes del operador estatal, ayer se inició el expediente que aplica una multa de 80.000 euros diarios desde el 1 de abril y hasta la entrega de los trenes. El contrato es sobre un total de 30 unidades y lleva acumulando dilaciones desde 2021 por el covid, los problemas en la cadena de suministros y las pruebas en vía, necesarias para la validación y que deben realizarse en las ventanas horarias ofrecidas por el administrador público de la red ferroviaria, Adif. Esta situación acumula encontronazos entre el fabricante de trenes y el Gobierno, que elevó en marzo en 50 millones –hasta los 166 millones– las sanciones por los retrasos, sin contar las penalizaciones diarias a partir de abril. La empresa cuenta ya con la entrega de los primeros 15 trenes y el propio ministro de Transportes, Óscar Puente, reconoció ayer en una entrevista en Onda Cero que es cuestión «de días o como mucho de semanas». Pero también insistió en que la fecha del 8 de abril es una previsión de Talgo, que no puede considerarse firme. La tensión sobre este contrato se ha elevado justo cuando el grupo húngaro Magyar Vagon ha lanzado una oferta por el fabricante español, de acuerdo con la actual dirección y accionistas de Talgo, por 617 millones de euros. El Ejecutivo no ve con buenos ojos la operación.

La cuota de solidaridad, con la que la Seguridad Social gravará a los trabajadores que más ganan a partir de 2025, costará como mínimo 539,74 euros al año a los trabajadores y al menos 2.700 euros por empleado a las empresas. Esta cuota, ideada por el exministro José Luis Escrivá en el marco de la reforma de las pensiones de 2021, provocará que la parte del salario que se encuentra por encima de la base máxima de cotización (que hasta ahora estaba exenta de cotizar) sea gravada con distintos tipos impositivos en función del nivel de ingresos. En 2023, la base máxima de cotización estaba en 54.000 euros anuales, este año se ha incrementado hasta los 56.646 euros y el próximo año volverá a subir. La propia reforma estipuló que desde este ejercicio la base máxima debe incrementarse anualmente en una cuantía obtenida tras sumar 1,2 puntos porcentuales a la revalorización de las pensiones (resultado de promediar la inflación interanual registrada de diciembre del año previo a noviembre del ejercicio en curso). «Desde el año 2024 hasta el año 2050, las sucesivas leyes de Presupuestos Generales del Estado aprobadas para ese período fijarán el tope máximo de las bases de cotización de los distintos regímenes de Seguridad de Social conforme a lo establecido en el artículo 19.3 [que dice que el tope máximo establecido para las bases de cotización se actualizará anualmente en un porcentaje igual al que se establezca para la revalorización de las pensiones contributivas], si bien al porcentaje al que se refiere dicho artículo se le sumará una cuantía fija anual de 1,2 puntos porcentuales», recoge el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, actualizado con la reforma.

Combatir la temporalidad, pero también la elevada rotación que sufre el mercado laboral español, que se encuentra entre las más altas de la UE. Frenar esta dinámica era uno de los objetivos de la reforma laboral aprobada en diciembre de 2021 por el Gobierno de coalición (entró en vigor en 2022), pero su alcance hasta ahora ha sido limitado. De hecho, en casi un tercio de las empresas españolas la rotación estaba creciendo a finales del año pasado, según una encuesta realizada por InfoJobs entre responsables de recursos humanos y trabajadores. Y no solo por la decisión de muchos empleados de buscar mejores oportunidades laborales, sino también por el uso, aún muy generalizado, de contratos de muy corta duración. En febrero, tres de cada diez contratos rubricados tenían una duración inferior al mes y dos de cada diez no superaban los siete días. Con estos mimbres, una de las recetas del Ejecutivo para poner coto a los empleos de muy corta duración ha sido, y sigue siendo, penalizarlos con una subida gradual de las cotizaciones sociales. Así, el Gobierno ha elevado casi un 5% la cotización adicional que deben abonar los empresarios por la finalización de los contratos temporales inferiores al mes de duración, que pasa de 29,74 a 31,22 euros. Este castigo complementario se incluyó en la reforma laboral de 2021 para desincentivar el uso de los contratos de muy corta duración. Inicialmente, la penalización ascendía a 27,53 euros por cada persona trabajadora dada de baja, cuantía que después pasó a 29,74 euros (un aumento del 8%) y ahora, con efectos retroactivos desde el pasado 1 de enero, a 31,22 euros, según consta en la orden de bases de cotización para 2024 publicada el pasado jueves por el BOE.

La recaudación de impuestos arranca 2024 a pleno rendimiento. Tras marcar un nuevo máximo histórico el pasado ejercicio, el ritmo de ingresos tributarios se ha incrementado por encima del 6% entre enero y febrero, según los primeros datos oficiales hechos públicos por la Agencia Tributaria, gracias en parte a la paulatina reversión de las rebajas sobre la factura fiscal de la energía que Hacienda impulsó para paliar la inflación. Una batería de medidas de alivio tributario que comenzó a retirarse en enero, se limitó todavía más desde marzo, se intensificó ayer con la llegada de abril y sin cuyos efectos, de hecho, la recaudación de impuestos estaría aumentando ya por encima del 9% interanual. Así, tras cosechar una recaudación tributaria inédita de 271.935 millones de euros en el conjunto de 2023 (un 6,4% más que el año anterior), la Agencia Tributaria registró unos ingresos de 18.737 millones en el primer mes de 2024 (un 6,6% más que en enero del año previo) y obtuvo otros 26.980 millones en el segundo (un 5,9% más). De esta forma, la recaudación acumulada entre el 1 de enero y el 29 de febrero de 2024 asciende a 45.717 millones, un 6,2% más que en el mismo periodo de 2023. Sin las medidas de alivio fiscal desplegadas, detalla el Fisco, “la recaudación crecería un 9,1%”.

Lorca JVCo, matriz de MásMóvil, aplicó durante 2023, ejercicio previo a la fusión con Orange cerrada la pasada semana, una estrategia de riguroso control financiero. La empresa llevó a cabo una reducción superior al 9% de los denominados “otros costes operativos”, para pasar de 674 a 612 millones de euros. En algunos casos, los ajustes fueron drásticos. Por ejemplo, en su informe financiero anual, la compañía señala que los costes por publicidad y relaciones públicas se situaron en 2023 en 70,64 millones de euros, un 20% menos que en el ejercicio anterior. A su vez, la partida de servicios profesionales independientes, que incluye, entre otros, los servicios de teleoperadores (call centers), se redujo en casi un 6%, hasta 225 millones de euros. En concreto, Lorca destaca una partida de 97 millones por los call centers, por debajo de 109 millones de 2022. La partida de reparaciones y mantenimiento se recortó un 25%, hasta 101 millones. En sentido contrario, los royalties o cánones por espectro se incrementaron un 24%, hasta superar los 66 millones de euros. Los servicios de infraestructuras se mantuvieron en 33 millones, mientras que las comisiones bancarias y similares prácticamente repitieron el mismo importe del año anterior, por encima de 15 millones. Los costes de personal subieron un 4%, hasta 136 millones. Los ajustes en otros costes llegaban en paralelo al fuerte incremento de los gastos financieros. Lorca JVCo registró unos costes financieros netos de 486 millones de euros en 2023, un 31% más. 

A primera hora de la tarde de ayer, los grandes generadores de electricidad tuvieron que pagar por inyectar su producción a la red, un hecho inédito en estas latitudes –aunque no en el norte de Europa, con Alemania, Países Bajos y Escandinavia a la cabeza– y que supone la apertura de un nuevo capítulo en la ya dilatada historia del gran bazar ibérico de la luz. Este aparente contrasentido es, por ahora, menor que en otros grandes mercados europeos. Tanto en términos temporales –se ha dado, únicamente, entre las dos y las cinco de la tarde de un Lunes de Pascua– como en términos de precios –ha sido apenas un céntimo de euro, una cantidad irrisoria–. Pero revela algo mucho mayor, un auténtico cambio estructural en las dinámicas de fondo del mercado, con los precios ultrabajos y la canibalización entre tecnologías renovables como nuevas notas predominantes. “Es un cambio de paradigma”, sustenta Christina Rentell, analista senior de Aurora Energy Research. “Este año y el que viene vamos a seguir viendo precios muy bajos y, muy probablemente, más valores negativos”. A medio plazo, en cambio, esta tendencia se frenará: “Habrá más baterías y, sobre todo, la demanda crecerá”, pronostica. “Es una anécdota, pero histórica al fin y al cabo”, sostiene Natalia Fabra, catedrática de Economía de la Universidad Carlos III de Madrid y una de las mayores especialistas de España en el campo de la economía de la energía. “Sí dice, sin embargo, dos cosas importantes: que falta almacenamiento y que falta demanda”. En marzo, el consumo interno de electricidad ha sido un 7% menor que en el mismo mes de 2019, justo antes de la pandemia y de la crisis energética, según las últimas cifras de Red Eléctrica de España (REE). Frente al viento y, sobre todo, al sol –junto con el brutal aterrizaje en el precio del gas natural los dos factores estructurales detrás del brutal cambio de tornas en el mercado eléctrico español desde los máximos de la crisis energética–, esta vez ha sido el agua (la lluvia) el que ha roto todos los esquemas. 

Las grandes cadenas de alimentación y textil disparan su apuesta por la logística con el objetivo de desarrollar nuevos hubs de distribución y potenciar tanto sus tiendas físicas como su canal online, animando la inversión en un segmento que ha vivido su edad dorada en España en los últimos años. Inditex, Lidl, Consum, Amazon o Ikea han anunciado planes millonarios para potenciar sus centros de logística con una inversión de 2.200 millones hasta 2025. Se suman a otros grupos como Mercadona, Aldi o Mango que han reforzado sus centros logísticos en los últimos años para enviar pedidos directamente al cliente final desde su propia red. La apuesta más decidida la acaba de anunciar Inditex. El grupo textil comunicó el pasado 14 de marzo, durante la presentación de sus resultados, un plan de expansión logístico para 2024 y 2025 con una inversión total de 1.800 millones. El 90% se concentrará en el mercado español. El plan se centrará en la puesta en marcha de un nuevo centro de distribución de Zara en Zaragoza y en el desarrollo de nuevos almacenes logísticos para Bershka y Tempe en la Comunidad Valenciana. Asimismo ampliará el centro operativo que ya tiene en Lelystad (Países Bajos). La apuesta de Inditex coincide con la de su máximo accionista, a través de su sociedad patrimonial Pontegadea. Amancio Ortega irrumpió con fuerza en la logística hace dos años y, desde entonces, ha invertido más de 1.500 millones en activos en EEUU, Países Bajos e Irlanda.

La cotización bursátil de la empresa editora de la red Truth Social desafiaba la lógica. Con Donald Trump como principal accionista y con sus iniciales (DJT) como código de cotización, la firma Trump Media & Technology Group (TMTG) se había disparado en Bolsa hasta alcanzar una valoración de más de 8.000 millones de dólares. La compañía reconoció ayer que cerró 2023 sin apenas ingresos y con pérdidas multimillonarias y las acciones se han desplomado, borrando de un plumazo una parte de la riqueza teórica de Trump. La empresa es fruto de la fusión de un vehículo de inversión llamado Digital World Acquisition Company (DWAC) y de la propia TMTG previa a la fusión. La compañía ha comunicado a la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos (la SEC) las cuentas de 2023 de ambas sociedades por separado, así como el resultado conjunto en caso de haber estado ya fusionadas. En todos los casos, los resultados dan una imagen ruinosa del negocio. TMTG, propietaria de Truth Social, tuvo unos ingresos de 4,1 millones de dólares a lo largo de todo el año 2023. Eso es menos de lo que facturaba Twitter en una mañana (antes de que la comprara Elon Musk y huyesen los anunciantes). La sociedad de Trump tuvo unas pérdidas de 58,2 millones de dólares, en parte lastrada por la carga de intereses de su deuda.