20220714

La mayor empresa de Euskadi paró ayer de nuevo sus líneas por una huelga. La séptima en un mes y promovida por el ala nacionalista de la parte social (ELA, LAB y ESK) que, como en el pasado, no se ha adherido al futuro gran marco laboral. Y que seguirán adelante con las movilizaciones. Impulsan paros hoy y mañana. Una situación preocupante que podría adquirir cariz endiablado si el próximo lunes los trabajadores no dan el visto bueno con su voto al preacuerdo suscrito por UGT, CC OO, Ekintza y PIM, que suman mayoría con 17 representantes en el comité. «Es algo que no me puedo imaginar. Creo que la plantilla iría hacia un precipicio anunciado. Si el convenio no se ratifica será el principio del fin. No sabemos ni cuándo ni cómo, pero es una realidad». Es la advertencia que ayer lanzaba Emilio Titos, en declaraciones a diferentes medios de comunicación. ¿Habrá inversión mil millonaria sin convenio? Es la pregunta sobre la que pivota todo. Y aquí Titos dijo sin decir: «Desde luego, estaríamos ante el inicio de un cambio. Hacia dónde, no lo sé. La incertidumbre es eso, incertidumbre para todo y todos». «Estoy muy preocupado», añadía. Al respecto, los sindicatos que respaldan el acuerdo no explicitan pero inciden en una secuencia: ‘convenio-paz social-seguridad empresarial-inversiones’.

Los convenios vigentes en Euskadi recogen aumentos salariales medios superiores al 5%. Acuerdos como el alcanzado este martes en Mercedes, con una subida salarial del 6% para este año, son los que sitúan a Euskadi a la cabeza en incremento de sueldos en España, pero el problema es que son una excepción en una negociación colectiva bloqueada por la escalada de la inflación. Así, cerca del 70% de los trabajadores vascos tienen sus condiciones congeladas porque su convenio está pendiente de renovar o decaído, según los datos al cierre de abril del Consejo vasco de Relaciones Laborales (CRL). Esto quiere decir que unos 426.000 asalariados están sin cobertura frente a un IPC que en junio marcó un récord del 10,2% de media nacional, lo que está dificultando sobremanera llegar a acuerdos y disparando la conflictividad. Solo un bajo porcentaje de los trabajadores, unos 180.000 que representan en torno al 30%, tiene sus condiciones actualizadas. De ellos, unos 120.000 están cubiertos por convenios vigentes negociados en Euskadi y ese colectivo disfruta del mayor incremento salarial de toda España. En concreto, una subida superior al 5% frente a una media nacional inferior al 2,5%. 

La inflación de junio alcanzó su máximo en 37 años con un 10,2% interanual, según confirmó ayer el INE, como consecuencia de que, cada vez con más consistencia, el aumento de los costes de producción de bienes y servicios ha calado en el precio final de venta. La subida del IPC, ya previa a la invasión de Ucrania por parte de Rusia, se acentuó tras la agresión del país de Putin, con unas consecuencias que en principio se imaginaban transitorias, pero que el tiempo está demostrando que no son así. En resumen, la subida espectacular de los precios de la energía, así como de las materias primas, provoca que en junio 48 productos valgan ya un 10% más que hace tan sólo un año. Además, la inflación subyacente, que elimina la subida de precios de los elementos más volátiles, los combustibles y los alimentos frescos, se ve indirectamente afectada, por la mencionada traslación del aumento de costes de producción al precio final. El 5,5% de subida interanual de la inflación subyacente supone el máximo de esta tasa desde agosto de 1993. Ya admitió Pedro Sánchez el martes, durante el Debate sobre el estado de la Nación, que “el gran reto que tiene hoy España se llama inflación”. Es posible, además, que el encarecimiento de los productos continúe, habida cuenta de los precios de los combustibles en julio. 

Menos PIB y más inflación. Los presagios vienen repitiéndose desde hace ya casi un año, cuando se inició una escalada de los precios energéticos que ha cogido velocidad de crucero tras la invasión rusa de Ucrania. Poco a poco, sin embargo, los malos augurios van tomando forma y materializándose en unas previsiones económicas que sitúan el crecimiento del producto interior bruto en cotas más bajas de las inicialmente proyectadas –en torno al 4% en 2022– y que disparan el índice de precios de consumo (IPC) hasta niveles medios muy elevados, que oscilan entre el 8% y el 9% para todo el ejercicio. Así lo estima al menos CaixaBank Research, que presenta este jueves sus previsiones económicas. El servicio de estudios de la entidad bancaria, en concreto, sitúa el alza del PIB en 2022 en el 4,2%, para caer al 2,4% un año después. En paralelo, prevé que el IPC escale hasta el 8% este ejercicio, para reducirse al 2,6% el siguiente. La economía española, explica la entidad, mantiene un buen ritmo de avance pese al contexto adverso, “impulsada por el consumo de los hogares y el turismo”. Sin embargo, el shock inflacionista está siendo más intenso y persistente, ensombreciendo las perspectivas a medio plazo. Así, detallan desde CaixaBank, “revisamos a la baja la previsión de crecimiento del PIB para 2023, y al alza las de inflación tanto en 2022 como en 2023”.

Otra sesión más de alto voltaje bursátil. Lógico, teniendo en cuenta que llegaba el primer plato fuerte de la semana: el dato de IPC de junio en EEUU. El foco del mercado estaba puesto en este evento, ya que la última reunión de la Fed hasta septiembre está al caer y el mercado está ávido de noticias que den señales de menor presión inflacionista y, por tanto, de una normalización de la política monetaria pausada. Pero el dato de ayer no pudo contribuir a ello. Los precios al consumo subieron en tasa interanual un 9,2%, más que el 8,8% esperado. Es la lectura más elevada desde 1981. Ahora, las expectativas del consenso de mercado empiezan a contemplar un alza de los tipos en julio del 1% por parte de la Reserva Federal. Bank of America se une a los analistas de Nomura y de Wells Fargo a la hora de atisbar una “recesión suave” en 2022. Deutsche Bank, por su parte, espera que esto suceda en la segunda mitad de 2023. Altibajos. La prudencia que mostraban los mercados europeos por la mañana se tornó en nerviosismo, mientras que Wall Street oscilaba entre las alzas y las pérdidas, en un movimiento sin dirección definida.

Crece el pesimismo sobre la economía española tras el verano, pese a los mensajes del Gobierno de que se encuentra menos afectada que otros países europeos por la guerra de Ucrania. Diferentes servicios de estudios advierten ya de un parón económico en España a partir de otoño tras la temporada estival e incluso de riesgo de recesión a principios de 2023. Así lo aseguran economistas de la Fundación de Cajas de Ahorros, el Instituto de Estudios Económicos o JP Morgan. La persistencia de la inflación y el peligro de desabastecimiento se ciernen sobre una economía como la española ya vulnerable por ostentar la mayor tasa de paro de la Eurozona, una de los peores niveles de endeudamiento y déficit y notable retraso en productividad y crecimiento económico con respecto a la mayoría de la Eurozona. El crecimiento en el cuarto trimestre se prevé próximo a cero, tras el rebote del verano por la demanda turística. «En el último trimestre del año esperamos una desaceleración importante», asegura María Jesús Fernández, de Funcas. No descarta incluso recesión, aunque no es su escenario central. «El crecimiento será negativo en España sólo en caso de desabastecimiento energético», apunta. «Aún prevemos crecimiento, pero los riesgos a la baja son significativos. La persistencia de los altos precios del gas sería suficiente para anular cualquier crecimiento que tenga España en la segunda mitad del año. Un parón», afirma Marco Protopapa de JP Morgan.

Gipuzkoa sigue mostrando una notable fortaleza como territorio. Así lo aseguró ayer el diputado de Hacienda, Jokin Perona, durante la presentación de los resultados de la campaña de la Renta 2021. Un balance que, aseguró, ha sido «positivo», con unos ingresos para el fisco de 286,3 millones, incrementados por los 3.000 guipuzcoanos más a los que este año les ha tocado pagar, y unas devoluciones de 282,2. El resultado que arroja a favor de Hacienda es de 4,1 millones o, dicho de otro modo, el tercero mejor de la historia. «Es una buena noticia», aseguró. «Sabemos que el contexto económico ha cambiado mucho en los últimos meses. El escenario actual está lleno de incertidumbres, pero confiamos plenamente en nuestra ciudadanía y en nuestras empresas. La Diputación, y Hacienda, como administración pública, está para ayudar, venga lo que venga, como hasta ahora», sentenció. «Crecen las ventas de las empresas, que tienen pedidos, la exportación está en máximos... hasta ahora la dinámica es muy buena», insistió Perona, que reconoció que «queda un semestre y no sabemos qué puede pasar». Horas después de la comparecencia, Hacienda comunicó que esas ventas de las empresas habían crecido hasta mayo un 17,5%.

CaixaBank se ha incorporado como socio protector de Elkargi con el objetivo de ofrecer soluciones financieras ágiles y a medida de las empresas. Ambas entidades han reforzado su relación de los últimos años, «de forma que puedan acompañar a las empresas para invertir en procesos de mejora y crecimiento», señalaron ambas. El acuerdo fue firmado ayer por Juan Pedro Badiola, director territorial Norte de CaixaBank, y Zenón Vázquez, director general de la sociedad de garantía recíproca.

Delegados de LAB se concentraron ayer ante la sede de Confebask en Bilbao para exigirle que participe como patronal en la negociación del primer convenio de Empleadas de Hogar de la CAV. La patornal vasca se negó a negociar el pasado 9 de junio las condiciones de este colectivo por lo que la central abertzale presentó una demanda contra Confebask por «vulnerar el derecho a la negociación colectiva de las empleadas de hogar. LAB indicó que la conciliación se llevará a cabo el 4 de octubre.

El nuevo impuesto que el Gobierno quiere establecer para la banca y las energéticas, por la subida de tipos de interés y la escalada de los precios de la energía, no va a ser indiscriminado. Al menos en energía. El Gobierno está analizando las cuentas de los mayores grupos para dirigir el hachazo hasta ellos. De esta forma, además de Endesa, Iberdrola, Naturgy, Repsol y Cepsa, el golpe lo podrían recibir otras compañías de tamaño medio-grande o tamaño medio. Entre las cuentas que está analizando el Gobierno están las de Acciona Energía, filial energética de Acciona, y las de EDP, la mayor eléctrica lusa, con importantes intereses en España. En su radar también están las de otras petroleras: BP, Galp, Disa, Meroil, Esergui y Saras. Y comercializadoras de luz y gas independientes como Axpo, Fortia y Fenie. Uno de los parámetros que quiere usar el Gobierno para aplicar el nuevo impuesto es el de las ventas anuales. Por declaraciones de distintos miembros del Gobierno, se da por hecho que el listón a partir del cual las energéticas serían susceptibles de pagar el nuevo impuesto serían aquellas cuyas ventas excedan los mil millones de euros.

 El monopolio ruso para la exportación de gas Gazprom ha asegurado que no tiene constancia documental alguna de que se haya autorizado el retorno de la turbina de Siemens retenida por Canadá durante unas reparaciones y ha advertido de que en tales circunstancias no pueden extraerse conclusiones sobre el desarrollo futuro de la situación para garantizar la operación segura del gasoducto Nord Stream. "Gazprom no tiene un solo documento que permita a Siemens sacar de Canadá el motor de la turbina de gas para la estación de compresión de Portovaya, que está siendo reparado allí", ha señalado Gazprom en un comunicado. "En estas circunstancias, no es posible sacar una conclusión objetiva sobre el desarrollo futuro de la situación para garantizar la operación segura de la estación compresora de Portovaya, que es una instalación crítica para el gasoducto Nord Stream", ha añadido. 

El Gobierno del socialdemócrata Olaf Scholz autorizó ayer que 27 centrales eléctricas que funcionan con carbón, que en su mayoría ya habían dejado de funcionar por sus elevadas emisiones de gases de efecto invernadero, regresen al mercado eléctrico. El objetivo: ahorrar todo el gas posible en verano y priorizar así el llenado de los depósitos de cara a un invierno que se antoja muy complicado, un escenario “de pesadilla”, según el ministro de Economía y Clima, el verde Robert Habeck. Las autoridades alemanas contienen la respiración ante lo que pueda suceder el próximo jueves, cuando termina el mantenimiento ordinario de 10 días que está llevando a cabo la gasista rusa. 

España ha solicitado a Red Eléctrica de España que elabore un informe con alternativas al gas ruso y, entre ellas, podría estar la reactivación de la central térmica de As Pontes. El carbón, en cualquier caso, prácticamente ha desaparecido del sistema eléctrico español, donde tiene una aportación residual y la mayoría de las centrales están en proceso de cierre o directamente clausuradas. Según explican fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el Gobierno «está trabajando en la elaboración del Plan de Contingencia que la Comisión Europea requiere a los Estados miembro para afrontar un posible corte total del suministro de gas ruso». En este contexto, han solicitado este informe a Red Eléctrica, operador del sistema, «sobre distintos escenarios extremos que incluyan situaciones de escasez de gas natural o de otros productos energéticos». Es decir, no se trata tanto de paralizar el cierre de As Pontes como de asegurarse de que se puede seguir adelante con el plan establecido con garantía de suministro, incluso si Putin decidiese cerrar el grifo del gas, como temen Europa en general y Alemania en particular. El Gobierno se reunirá también con las eléctricas hoy para tratar el plan de contingencia.

España se convertirá en la primera gran economía europea en aplicar un impuesto ‘extra’ a la banca para financiar su plan anticrisis por la elevada inflación. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el martes por sorpresa el tributo con el que espera recaudar 3.000 millones de euros del sector en dos años , sin detallar cómo y bajo qué fórmula comenzará a aplicar la medida en 2023. Hasta ahora, solo Hungría ha tomado una decisión parecida a la de España en los últimos meses, tras aprobar en mayo un impuesto sobre los beneficios de bancos y aseguradoras para financiar sus medidas contra la crisis y mayor gasto en defensa. Un tributo que también afecta a grandes cadenas minoristas, líneas aéreas y energéticas. Otros países como Francia o Reino Unido activaron hace años tributos específicos a los bancos, con la salvedad de que estaban destinados a recuperar las ayudas públicas con las que se salvó al sector en la anterior crisis financiera. Según la base de datos de la Dirección General de Fiscalidad y Unión Aduanera de la Comisión Europea, otros como Austria, Bulgaria o Finlandia mantienen actualmente impuestos al sector, pero en la mayoría de los casos para contribuir a sus respectivos fondos de garantía de depósitos.

Nuevos tiempos convulsos para el sector bancario español. El anuncio de Pedro Sánchez de que impondrá un nuevo impuesto sobre los beneficios que las entidades obtengan por las subidas de tipos del Banco Central Europeo (BCE) ha caído como un jarro de agua fría. Los bancos comenzaban a sacar la cabeza tras años de tipos negativos y depresión en los que han perdido gran parte de su rentabilidad y de su valor en Bolsa. Sin embargo, según señalan diferentes analistas y agencias de ráting, el nuevo mazazo pondrá bajo presión sus beneficios y, como segunda derivada, también su dividendo. A falta de conocer detalles sobre cómo se articulará este impuesto, Scope Ratings calcula que los 1.500 millones de euros al año que se pretenden recaudar suponen alrededor de un 7% del beneficio neto atribuible de 2021 de los diez mayores grupos bancarios españoles. DBRS Morningstar, por su parte, sostiene que el nuevo impuesto reduce una de los principales vientos de cola de los bancos en un momento de incertidumbre económica y en un contexto de muy baja rentabilidad, pues el ROE se situó en el 5,4% en el sector en marzo. La agencia de calificación crediticia estima que el sector bancario mejorará su margen de intereses en alrededor de 4.100 millones de euros ante el impacto de las subidas de tipos previstas. Este cálculo dejaría un aumento del margen de 2.600 millones a repartir entre el sector, pero la realidad no es tan sencilla.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, minimizó ayer la caída en Bolsa de las grandes empresas energéticas y las entidades financieras tras anunciar dos nuevos impuestos temporales para gravar sus mayores beneficios, atendiendo a una evolución en su capitalización bursátil “a lo largo del último año, sobre todo durante los últimos meses, realmente extraordinaria”. La valoración del presidente tuvo lugar tras la intervención del portavoz del PNV, Aitor Esteban, que hizo referencia a la caída de estas empresas, que cerraron todas ellas la jornada en ‘números rojos’. “Tampoco me preocuparía por la evolución ayer (por el martes) en Bolsa”, replicó Sánchez, que rechazó que los dos nuevos impuestos supongan “estigmatizar” a estas empresas. “No estigmatizamos a nadie”, subrayó, señalando que si “la Administración está dispuesta a dar un paso para proteger a familias y empresas”, considera que “las grandes empresas que se están viendo beneficiadas tendrán que contribuir”.

Garamendi acusó al Ejecutivo de “buscar culpables [las empresas señaladas] a la inflación, donde no los hay”. Por el contrario, subrayó que si hay alguien que se está beneficiando de la inflación “es el propio Estado”, a través de la recaudación fiscal. Así, en declaraciones a RNE , Garamendi recalcó que el Estado ha elevado su recaudación en 20.000 millones de euros en lo que va de año por el repunte de la inflación. Cifra que incluso consideró que podría llegar hasta los 30.000 millones de euros. “Buscando culpables donde no los hay, el Gobierno se equivoca. Si hay que buscar a alguien que se esté beneficiando de la inflación es el propio Estado”, dijo el líder de CEOE. Garamendi recordó que el crecimiento de la recaudación fiscal “también sale de los ahorros de las familias y de la gente de la calle”. En este punto, reprochó al Gobierno que “quiera sacar más [dinero a los contribuyentes]”, sin plantearse medidas de eficiencia en todas las administraciones públicas. Por ejemplo, como la reducción de trabas o solapamientos burocráticos, que podrían implicar un ahorro de 60.000 millones de euros. Esta cifra es del Instituto de Estudios Económicos, que es el centro de estudios de la patronal. Garamendi volvió a pedir al Gobierno que si presiona para que la patronal y los sindicatos cierren un pacto de rentas para frenar la inflación, también él participe ajustando en el salario de los funcionarios o en las pensiones. Es decir, que estas últimas se desvinculen de la inflación.

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha acordado abrir juicio oral contra Iberdrola Generación España (la filial dedicada a la producción eléctrica) y cuatro de sus directivos. Lo hace por «provocar una subida del precio de la energía y perjudicar a los consumidores» a través de las centrales hidráulicas que tiene en los ríos Duero, Sil y Tajo a finales de 2013. A finales del pasado mayo, el magistrado puso fin a cinco años de investigación y propuso a la Sala de lo Penal juzgar a los acusados. La presunta operativa delictiva generó a la compañía unos beneficios de 21,5 millones de euros y un perjuicio a los consumidores de unos 100 millones por la subida del precio de la luz. Casi un mes después, la Fiscalía Anticorrupción pidió enviar a juicio a Iberdrola Generación al sostener que incurrieron en un delito relativo al mercado, por lo que pide una «pena de dos años de prisión» para cada directivo y una multa de 84,9 millones para la filial de la eléctrica. También solicitó que los acusados indemnicen a las comercializadoras y consumidores afectados con un «máximo» de 107,3 millones. La mayor empresa del Ibex 35 por capitalización bursátil, que ya asumió una multa de la CNMC de 25 millones por infracción muy grave, subrayó ayer que es un caso «sin ninguna relevancia penal». Insistió también en que «en los reiterados informes independientes» expuestos durante la instrucción, se indica que «no solo no nos vimos beneficiados» en aquel momento, «sino perjudicados por los factores externos».

La primera votación para elegir al próximo primer ministro británico ha confirmado que el extitular de Hacienda Rishi Sunak (88 votos) es el candidato más popular entre los diputados conservadores, seguido de la exministra de Defensa Penny Mordaunt (67) y por quien ahora ocupa la cartera de Asuntos Exteriores, Liz Truss (50). El objetivo del procedimiento electoral llevado a cabo ayer era eliminar a los que no obtuviesen al menos treinta apoyos. Los descartados fueron Jeremy Hunt (18) y Nadhim Zahawi (25). El primero se enfrentó a Boris Johnson en 2019 en la carrera para relevar a Theresa May, en cuyo Gabinete había sido el más duradero ministro de Sanidad de la historia de los gobiernos británicos. Era el candidato más identificado con la tendencia ‘Una nación’ de los conservadores y apoyó la permanencia en la Unión Europea. Zahawi ha tenido unos días entretenidos. Después de que Rishi Sunak anunciase su renuncia a seguir siendo miembro del Gabinete de Johnson, aceptó el nombramiento como sustituto, pero, al día siguiente, cuando la marea de la rebelión contra el líder se convirtió en imparable, pidió la renuncia de Johnson. Permanece ahora como responsable en funciones de la economía del Reino Unido. Tanto Sunak como Zahawi, ambos multimillonarios, fueron acusados por el líder de la oposición laborista, sir Keir Starmer, durante su último enfrentamiento con Boris Johnson en la Cámara de los Comunes, de gestionar parte de sus finanzas en paraísos fiscales.