20260317

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día. 

Los trabajadores de Tubos Reunidos que han aceptado la oferta de la empresa para salir voluntariamente de la compañía han cubierto los 301 despidos que planteaba el ERE sobre la plantilla de más de 1.300 personas. Así lo acaba de anunciar la empresa este lunes en un hecho que da un giro a los acontecimientos. Y es que Tubos Reunidos considera cumplido «el objetivo de la plantilla previsto en el plan de viabilidad» y abre ahora el escenario para concretar una reestructuración de su deuda, que supera los 260 millones. El respaldo de los trabajadores a la propuesta de la empresa vendría a significar también una enmienda a la totalidad sobre la estrategia negociadora de los sindicatos, que rechazaron el viernes la última propuesta de acuerdo de la empresa. La empresa lograría así el ajuste en la plantilla que buscaba y un elemento que plantear para la refinanciación de su deuda que trata estos días con la Sepi y los bancos. Según ha explicado en un comunicado enviado este lunes «este el primer paso de los que se tienen que dar para completar el plan de viabilidad de Tubos Reunidos, que debe contar además con la renegociación de la deuda con Sepi, la refinanciación bancaria y nueva financiación«. Así las cosas, se abre un nuevo escenario del que pueden desprenderse varias conclusiones. La primera es que una parte importante de la plantilla no ha seguido las directrices de los sindicatos, que rechazaron las condiciones planteadas por la empresa en una polémica y tensa votación para ir a una huelga indefinida. La segunda consecuencia es el avance del plan de viabilidad, que la dirección había ligado en todo momento a un recorte de la plantilla para reducir costes, junto a la parada de la acería. Es un paso necesario para refinanciar los más de 260 millones de deuda que comprometen su futuro. Y, aunque no haya sido a través de un proceso de negociación colectiva como es un ERE, sí lo ha logrado a través de suscripciones individuales y voluntarias.

Los sindicatos han rechazado la última oferta de convenio colectivo que la Asociación Empresarial de Artes Gráficas ha presentado este lunes con el objetivo de cerrar un acuerdo que actualice las condiciones laborales del sector tras 14 años sin renovación del convenio, según ha informado Cebek.

La oferta empresarial planteaba una subida salarial acumulada "cercana al 25% en apenas un año y nueve meses, lo que supondría una de las mayores actualizaciones salariales del sector en décadas", ha destacado la patronal vizcaína.

En concreto, la propuesta incluye un incremento del 19,53% sobre las tablas actuales en 2026, la actualización salarial de 2027 ligada al IPC con un máximo del 3% y un incremento adicional del 2,12% con efectos del 1 de enero de 2028, lo que situaría el aumento total en torno al 25% si operara el tope previsto para 2027. A ello se suma un complemento extraordinario de hasta 3.200 euros para trabajadores que durante estos años no hayan recibido incrementos. La propuesta incorpora además mejoras en las condiciones laborales, como una jornada anual por debajo de las 1.700 horas (1.698 en 2026 y 1.694 en 2027), el incremento de todos los pluses del convenio en el mismo porcentaje que las tablas antes indicado, mantenimiento de los complementos a las prestaciones de incapacidad temporal y del sistema de antigüedad, basado en trienios y quinquenios del 5%. Cebek ha precisado que este complemento ha supuesto en muchos casos incrementos salariales acumulados adicionales de entre el 15% y el 20% durante estos años y que con la actualización de las tablas se calculará además sobre salarios más altos.m Con el objetivo de facilitar el acuerdo, la propuesta empresarial incorpora también "importantes concesiones en materias especialmente relevantes para la parte social", como la introducción del contrato de relevo obligatorio para las empresas ligado a la jubilación parcial, que conlleva para estas "importantes sacrificios organizativos y de costes por la actual normativa en esta materia, o la renuncia de las empresas a la posibilidad legal de acudir al arbitraje en procedimientos de inaplicación del convenio sin acuerdo de la parte social", ha precisado. Ver nota Cebek aquí. 

Artículo de Jose Miguel Ayerza, director general de Adegi: "...Gipuzkoa avanza, pero su motor principal flaquea. La fotografía general de crecimiento no debe ocultar la fragilidad de un escenario donde el 25,5% de las empresas industriales ya declaran que sus mercados están en recesión. En el subsector de maquinaria y equipos, estratégico para Gipuzkoa, esta percepción alcanza a casi la mitad de las compañías, un 44,5%. Son cifras que deben preocuparnos seriamente. La cartera de pedidos, el termómetro más fiel de la salud económica futura, muestra signos de debilidad no vistos desde principios de 2021, casi la mitad del sector industrial califica sus pedidos como débiles. En este contexto, el horizonte del empleo para 2026 empieza a mostrar nubarrones...La industria apunta hacia un estancamiento, con un 14% de las empresas anticipando ya la necesidad de reducir sus plantillas. Este dato es crucial: sin una industria fuerte, el empleo de calidad y la cohesión social de Gipuzkoa corren un riesgo sistémico... Por un lado, los costes laborales quitan el sueño a más de la mitad de los empresarios industriales, afectando de forma directa a la rentabilidad y a la capacidad de competir en un mundo globalizado. A esto se suma un incremento de 14 puntos en la preocupación por la incertidumbre geopolítica en solo un año. Sin embargo, el factor que emerge con una fuerza disruptiva es la competencia de países de bajo coste, con China a la cabeza. No hablamos de una competencia en igualdad de condiciones... Nos encontramos en un punto crítico donde la autonomía estratégica industrial se ve amenazada por una desindustrialización acelerada en sectores pilares como la automoción y la ingeniería mecánica. No estamos ante una simple crisis cíclica, sino ante una destrucción estructural de la cadena de valor europea provocada por la falta de requisitos de fabricación local. A estos desafíos externos se añaden lastres estructurales propios que limitan nuestro potencial de crecimiento: un absentismo laboral que afecta al 37% de las empresas y una dificultad persistente para encontrar personal cualificado, señalada por el 35% de las organizaciones...Es urgente garantizar condiciones de competencia equilibradas y proteger los ecosistemas industriales críticos frente a la dependencia geopolítica de terceros países..."

Blas Martín lo tiene claro. Este profesional de la carpintería metálica ha puesto voz a una realidad que afecta al funcionamiento de multitud de talleres: la imposibilidad de incorporar relevo generacional. Con una visión cruda y realista, este experto soldador señala que el problema no es solo la falta de ganas, sino un sistema que castiga al pequeño empresario que intenta enseñar el oficio. Uno de los puntos más polémicos de su denuncia reside en la viabilidad económica de la formación en el taller. Según detalla Martín, el coste de los seguros sociales de un peón o ayudante -que requiere instrucción constante y no produce de forma autónoma- ronda los 1.000 euros mensuales. Martín es contundente al analizar la preparación de los jóvenes que salen de los centros de formación. Critica duramente los modelos de enseñanza, en ocasiones online, que dejan a los alumnos sin las habilidades prácticas mínimas exigibles en un entorno real. «Hay alumnos que no saben ni echar un punto de soldadura», lamenta, subrayando que las empresas no pueden permitirse el lujo de ser escuelas pagando costes de producción. La escasez de personal no es un caso aislado del metal. Martín advierte que la falta de electricistas, albañiles y especialistas en obra está llevando al sector a un punto de no retorno. De mantenerse esta tendencia y la «nueva mentalidad» de los jóvenes, el empresario vaticina un escenario desolador: el cierre masivo de pequeñas empresas o dueños que terminarán trabajando en absoluta soledad hasta el día de su jubilación.

Apoyo a pymes, proyectos ligados al hidrógeno renovable, desarrollo de inteligencia artificial, modernización de las administraciones públicas, nuevas políticas industriales y un sinfín de iniciativas en ciencia e innovación marcan el aterrizaje de los fondos europeos en Gipuzkoa. Las ayudas articuladas tras la pandemia han actuado como palanca para acelerar la inversión en I+D, considerada clave para ganar competitividad y apuntalar el crecimiento económico. Más de 3.200 empresas, universidades y centros tecnológicos del territorio han conseguido captar 252,2 millones de euros desde que se activaron los fondos Next Generation en 2020. Según la Fundación Cotec, Gipuzkoa es la octava provincia que más recursos ha logrado en términos absolutos mediante licitaciones y subvenciones, solo por detrás de Madrid, Barcelona, Valencia, Bizkaia, Sevilla, A Coruña y Asturias. Sin embargo, el salto cualitativo llega al observar el reparto por población: la Comunidad de Madrid encabeza la clasificación, con actuaciones por valor de 1.079 euros por habitante, seguida a distancia por Bizkaia (444 euros) y Gipuzkoa (344 euros), lo que sitúa al territorio como la tercera provincia del Estado con mayor volumen de fondos europeos por residente y de las pocas que se sitúan por encima de la media estatal por habitante (328 euros). Cotec, fundación privada sin ánimo de lucro especializada en innovación, ha analizado el listado de licitaciones y subvenciones públicas resueltas hasta junio de 2025 para cuantificar qué parte de los fondos Next Generation ha llegado ya a la economía real. Su cuarto Monitor NextGen confirma que la ejecución ligada a I+D, innovación y digitalización se ha acelerado en el último año, pero también alerta del reto que supone desplegar el tercio pendiente antes de que expire el plazo de ejecución este mismo verano.

Los sindicatos nacionalistas llevan hoy su órdago hasta el final. ELA, LAB, Steilas, Hiru y Etxalde tomarán este martes las calles en defensa de un salario mínimo propio para el territorio que parta de los 1.500 euros, una iniciativa que ha fracasado en la mesa de negociación con Confebask, en el Parlamento Vasco y en los tribunales, pero que defenderán hoy con una huelga general que reúne el apoyo de 1.750 comités de empresa y diferentes movimientos sociales como el colectivo de estudiantes o el de pensionistas. En cuanto a partidos, sólo tienen el aval de EH Bildu. Esta cita llega en un momento sensible para ELA tras la ruptura interna que sufrió la semana pasada fruto de la negociación del ERE en Tubos Reunidos. Esta fractura también puede escenificarse hoy en la empresa con una planta en Amurrio que inició ayer su huelga indefinida y otra en Trapagaran donde aún no hay una convocatoria oficial. Más allá de este caso, el éxito de la huelga todavía está por ver. Aunque suman el apoyo de algunas centrales como CNT y CGT, no cuenta con el respaldo de los otros dos sindicatos mayoritarios, CC OO y UGT de Euskadi, que junto a LSB-USO les acusan de contabilizar apoyos como el del comité de empresa de Bilbobus, sin que los mismos se hayan reunido para votar esta cuestión. Supone, en palabras del secretario general de CC OO en Euskadi, Santi Martínez, «una huelga que va más de soberanía que de salarios». El objetivo de la iniciativa será «desalojar las fábricas y llenar las calles», como manifestaron los sindicatos, con una pancarta que llevará por lema ‘Gutxieneko soldata hemen erabaki. SMI 1.500 euros. Mejorar salarios para repartir la riqueza’.

A finales de octubre, el Gobierno vasco presentó su programa 'Faros de Innovación', una iniciativa puesta en marcha para impulsar proyectos científicos, tecnológicos y disruptivos en nueve áreas estratégicas como la inteligencia artificial, ciberseguridad, descarbonización, tecnologías cuánticas o la salud personalizada. Un plan con el que el Ejecutivo autonómico pretende movilizar 460 millones de euros en los próximos cinco años, a través de su Fondo de Innovación (este año se destinarán 81 millones de los Presupuestos, una cifra que aumentará un 6% anual hasta alcanzar los 103 millones en 2030). Este lunes, el consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez, ha presentado en el edificio Olatua de Getxo el programa operativo de este plan, en un acto en el que también han participado los consejeros Mikel Torres (Economía, Trabajo y Empleo), Mikel Jauregi (Industria, Transición Energética y Sostenibilidad) y Alberto Martínez (Salud). El mismo contará con cuatro instrumentos de financiación destinados a impulsar estrategias, proyectos de investigación e innovación y grandes infraestructuras científicas, con el que este año se movilizarán 12,75 millones. En primer lugar, la línea 'Estrategiak' estará dotada con 3,75 millones y su objetivo es apoyar proyectos vinculados a estrategias públicas del Gobierno vasco con perspectiva multidepartamental, es decir, que incluya simultáneamente a distintas áreas del Ejecutivo autonómico. En segundo lugar, se otorgarán 4,5 millones a 'erronkak', ayudas competitivas para desarrollar proyectos de innovación asociados a los Faros. Otros 3,75 millones irán a 'Plataformak', el eje destinado a financiar grandes infraestructuras y plataformas científicas y tecnológicas. Y por último, otros 750.000 euros son para 'Ibilbideak', programa impulsado por la Fundación Vasca para la Ciencia, Ikerbasque, para apoyar proyectos del European Innovation Council que no hayan obtenido financiación europea pese a una evaluación excelente.

Los Premios SOStenibilidad nacieron hace seis años con el objetivo de reconocer a las empresas que desarrollan proyectos que comparten los objetivos de crecimiento respetuoso con el medio ambiente. En esta sexta edición, de las decenas de propuestas que recibió el jurado, ocho fueron seleccionadas como finalistas en las dos categorías existentes, dotadas con 5.000 euros cada una. La apuesta por la innovación y el uso sostenible de los recursos también puede repercutir en beneficios económicos. La actividad empresarial y el respeto por el entorno no son una dicotomía sino un tándem que impulsa el desarrollo de los negocios de un futuro que ya está aquí. La gala distinguió en esta ocasión a la empresa alavesa EGA Master con el Premio SOStenibilidad en la categoría Compromiso Ambiental Corporativo, y a la vizcaína Vicrila en la de Innovación Empresarial Sostenible. En esta edición se presentó una novedad respecto a las anteriores: la inclusión de un reconocimiento a la empresa con impacto medioambiental positivo, que fue para el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, encargado de desarrollar el plan de saneamiento para regenerar la ría en la capital vizcaína y su entorno. «El jurado ha decidido premiar iniciativas con gran valor añadido, no solo por la meta conseguida, sino por el mensaje que transmiten en estos tiempos tan agitados que corren. Me refiero al valor de la colaboración. La colaboración entre empresas diferentes que son capaces de aprovechar recursos para mejorar su actividad y sacar el mejor rendimiento con menores costes en el entorno. Hablamos también de utilizar materiales de uso común, que nos permiten seguir adelante con nuestro modo de vida, aplacando la huella en el medio», remachó Barrenechea.

El Gobierno Vasco ha puesto en marcha una nueva estrategia para impulsar la transformación digital del sistema educativo, ‘Adimen Digitala’, con el objetivo de «avanzar hacia una comunidad educativa digitalmente competente, segura y preparada para el futuro». Hasta 2029 invertirá 271 millones en aumentar y mejorar la capacitación de profesores y alumnos «de todas las etapas», dotar a los centros de las herramientas tecnológicas necesarias, y cuidar la salud emocional de los estudiantes. «La tecnología no es un fin en sí mismo, sino una herramienta para mejorar el aprendizaje, reforzar la igualdad de oportunidades y preparar a la juventud para los retos del s. XXI», apuntó ayer la consejera de Educación, Begoña Pedrosa, en el BEC, antes de dar a conocer esta iniciativa a cerca de 600 profesionales del sistema educativo vasco, desde la etapa de Infantil hasta FP. «Tenemos que dar nuevos pasos porque este es un mundo que va muy rápido y surgen nuevos desafíos», añadió. En este sentido, Pedrosa resaltó que todo lo que se va a poner en marcha en los próximos años «responde a lo que los centros nos han pedido, y a los diagnósticos que hemos realizado, poniendo la tecnología al servicio de la educación».

«El punto de partida siempre es importante y la economía española no está en mal punto de partida». Con estas palabras el economista jefe de BBVA y director general de BBVA Research, Jorge Sicilia trataba de lanzar un mensaje de optimismo y tranquilidad ante la guerra de EE UU e Israel contra Irán que ha bloqueado el estrecho de Ormuz y disparado el precio del petróleo por encima de los 100 dólares. Ni la subida del Brent se asemeja ni por asomo a la que se registró durante la guerra de Ucrania, cuando tocó picos por encima de los 150 dólares, ni España está en la misma situación de entonces, sino que ha hecho los deberes y puede decirse que está mejor preparada para afrontar este conflicto, a lo que se suma como viento a favor el fuerte dinamismo de la actividad económica de estos últimos años. Estas son las dos grandes bazas con las que el país juega para minimizar el impacto del conflicto en Oriente Medio y en las que confía BBVA Research para mantener sin cambios su proyección para 2026 y elevar tres décimas la de 2027: el PIB avanzará un sólido 2,4% en ambos ejercicios. Esto no significa que no habrá impacto económico por el conflicto: lógicamente dejará secuelas, pero las previsiones es que sean «moderadas» y de carácter «temporal», siempre y cuando se mantenga la hipótesis de que este conflicto no se extienda en el tiempo y se resuelva en semanas. Así, la guerra restará dos décimas de PIB a España este año, así como un incremento de la inflación de tres décimas, con lo que el IPC cerrará 2026 en una tasa del 2,9%.

El servicio de estudios de BBVA apuntó ayer que, si el conflicto entre Estados Unidos e Irán con la República Islámica acaba relativamente pronto y sin daños permanentes en las infraestructuras energéticas regionales, la inflación acelerará más de un punto en marzo, hasta el entorno del 3,5%, dando una vuelta de tuerca adicional en abril y mayo, si bien algunos productos se verán disparados, como es el caso de los alimentos, por los mayores costes del gasóleo agrícola, fertilizantes y pesticidas. De acuerdo con las cifras esbozadas en el informe Situación España, presentado ayer por BBVA Research, la inflación acelerará significativamente en marzo, pasando del 2,3% anual registrado en febrero al 3,5%, y subirá un nuevo peldaño en los dos meses posteriores, quedando por encima del 4% en ambos. Y a partir de ahí, la inflación volvería a reducirse hasta el entorno del 2,5%-2,6% en la segunda mitad del año. Con ello, la inflación se situaría en el 2,9% en promedio en el conjunto del año, cuatro décimas por encima de lo pronosticado en diciembre. El servicio de estudios de BBVA trabaja en un escenario en el que la guerra dura apenas unas semanas y no tiene un efecto significativo sobre la producción petrolera en el largo plazo, tras la carestía por el bloqueo del estrecho de Ormuz. Con ello, el precio del crudo, que se ha disparado en las últimas semanas un 40%, hasta superar los 100 dólares por barril, se moderaría a los 75 dólares en el segundo trimestre, en promedio. Sin embargo, el hecho de que la escalada de precios sea contenida, no significa que no vaya a ser lesiva para los consumidores, ya que se va a concentrar en dos productos de consumo muy habitual: los carburantes y la cesta de la compra.

En una reunión celebrada la pasada semana y que se enmarca en la ronda de encuentros que el Ejecutivo está manteniendo con los diferentes sectores afectados de la guerra en Oriente Próximo, las asociaciones industriales pidieron que se active ya la rebaja del 80% de los peajes eléctricos para aliviar los impactos derivados de la guerra y que, según señalan fuentes de la reunión, podría provocar paradas si se siguen encareciendo el coste energético. La medida es una reivindicación que viene de lejos y que ya se incluyó en el real decreto de medidas energéticas que el parlamento tumbó en el verano de 2025. Esta rebaja, que también solicitaron los industriales por carta al Gobierno a finales del pasado año, cayó en saco roto, pero ahora confían en que los estragos permitan su desbloqueo parlamentario. En este momento, el Gobierno se está reuniendo con todos grupos para recabar los apoyos. Entre lo correspondiente a los seis meses del pasado año que no fueron abonados y este 2026, el coste presupuestario para el Ejecutivo es de alrededor de 300 millones, calculan fuentes empresariales. El Gobierno escuchó las propuestas de los sectores afectados, pero no ha dado aún ninguna respuesta concreta. Las fuentes consultadas señalan que el Ejecutivo parece buscar una batería de potenciales medidas encima de la mesa de las que poder tirar en caso de que la crisis no amaine.

Rebajar el precio de la factura energética se ha convertido en la prioridad absoluta de la Unión Europea: en el corto plazo, para contener el impacto de las altas cotizaciones del crudo por la guerra en Oriente Próximo; en el medio y largo, para que las empresas europeas ganen competitividad en los mercados internacionales. Con este objetivo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, plantea a los líderes de la UE un abanico de medidas que pueden tener efecto rápido, como reducir los impuestos sobre la electricidad y poner topes al gas (o subvencionarlo) para la generación eléctrica. También plantea revisar el mercado de derecho de emisiones de carbono para, al menos por ahora, contener sus cotizaciones. Para el futuro algo más lejano, la alemana incide en “evitar el desmantelamiento prematuro de activos, como las centrales nucleares existentes”. La guerra en Oriente Próximo vuelve a demostrar que la UE tiene un punto flaco con los combustibles fósiles. Lo dice la propia Von der Leyen en una de las cartas que remitió a los jefes de Estado y Gobierno antes del Consejo Europeo de este jueves: “Varios sectores [económicos de la UE], especialmente el transporte, siguen dependiendo en gran medida de los combustibles fósiles importados”. Esto ya se vio nítidamente en 2022, cuando Rusia invadió Ucrania y el mercado del gas natural colapsó. El nuevo conflicto bélico lo pone de relieve con el petróleo, cuyo encarecimiento está costando por ahora 6.000 millones a las empresas y las familias europeas desde el 28 de febrero, según los números de la Comisión.

En la formación del precio, las renovables y la energía nuclear están neutralizando el gas y manteniendo a flote los precios. Los expertos coinciden en que la evolución dependerá de la duración del conflicto. Según los cálculos elaborados por la firma independiente de asesoría Grupo ASE, en un escenario alcista, el precio medio del pool para los próximos cuatro trimestres se situaría en 101 euros/MWh y, en uno bajista, en 60,63 euros/ MWh. Este precio irá a más en el peor de los escenarios y a menos, en el mejor de ellos, según sus previsiones. Pero hay que recordar que la tarifa regulada de los hogares (PVPC) solo está ligada al mercado diario en un 45%; el resto depende de las cotizaciones de los mercados de futuros. ¿Por qué este mercado diario y el de los futuros (forward) no se están disparando con la actual crisis en la medida en que lo hace el crudo o el gas natural? Distintos analistas coinciden en que el peso de las renovables junto a la nuclear impiden que el gas para producir electricidad, a través de las centrales de ciclo combinado, logre casar y marcar el precio marginal del pool, salvo en las primeras horas nocturnas, entre las 20 y las 23 horas, en que desaparece la fotovoltaica. Sin embargo, aunque las cotizaciones registradas en esa banda horaria pueden superar con creces los 100 euros/ MWh, la media diaria, con muchas horas a cero euros, se sitúa muy por debajo de aquella cifra.

Repsol, Moeve, BP, Galp y otras grandes petroleras, como Disa, analizan con el Gobierno distintas fórmulas para frenar, o al menos amortiguar, la escalada de los precios de los carburantes que se está produciendo a raíz de la histórica subida del petróleo como consecuencia de la guerra en el Golfo Pérsico. Una medida es de carácter fiscal. La otra se refiere a la liberación de reservas estratégicas. Petroleras y Gobierno analizan pros y contra de ambas. Tienen claro que tiene que ser una combinación. Y que dependiendo de cómo se apliquen, los efectos serán unos y otros. Las petroleras han explicado al Gobierno –y este lo ha entendido– que las medidas fiscales no pueden ser una réplica de las que ya se aplicaron en 2022, cuando el Ejecutivo decretó lo que llamó una “bonificación”. Este mecanismo obligaba a las petroleras a bajar automáticamente los carburantes 20 céntimos por litro. Después, el Gobierno devolvía 15 ó 20 céntimos a las petroleras en función, respectivamente, de si tenían capacidad de refino en España (Repsol, Moeve y BP) o no (el resto). Esa medida creó enormes distorsiones de mercado que colearon durante años. La negociación es bajar IVA y/o impuestos especiales de los hidrocarburos (IEH). La ventaja de bajar el IVA es que al ser un porcentaje del precio (21%), si éste sube, el Gobierno podría seguir recaudando lo mismo, aunque le permitiría decir que está haciendo un esfuerzo en favor del consumidor.

Semana clave para las Bolsas mundiales en un momento de máxima incertidumbre en torno al impacto que la guerra en Oriente Medio tendrá sobre la economía. El petróleo ha tomado las riendas del mercado y cada movimiento en su cotización, por pequeño que sea, se traslada a los parqués. Con ese telón de fondo, los números rojos se adueñaron de las Bolsas europeas durante toda la mañana de ayer, con el barril de Brent escalando posiciones hasta tocar los 106 dólares. Sin embargo, ese repunte se moderó al cierre de la sesión al entorno de los 100 dólares, después de que el secretario del Tesoro de EE UU, Scott Bessent, asegurase que se está permitiendo a los petroleros iraníes atravesar el estrecho de Ormuz, donde se concentran las mayores tensiones energéticas derivadas del conflicto. A ese esfuerzo por reactivar el suministro se suma la firme determinación de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) para movilizar 400 millones de barriles de sus reservas estratégicas, en la mayor operación de este tipo de su historia. «Todavía nos quedan muchas más reservas», afirmó ayer el director ejecutivo del organismo, Fatih Birol, recordando que, descontando esos 400 millones ya anunciados, las reservas de emergencia en los países miembros solo disminuirán en un 20%, por lo que, sumando las reservas gubernamentales e industriales, «aún quedarán más de 1.400 millones de barriles». Y usarán lo que sea necesario para hacer frente a la interrupción del suministro. Las Bolsas tomaron algo de aire y el Ibex-35 despidió la sesión con una tímida subida del 0,18% que, al menos, sirvió para mantener los 17.000 puntos.

“Esperar y ver”. Wall Street descuenta que mañana la Reserva Federal mantendrá sin cambios los tipos de interés en EEUU en el rango comprendido entre el 3,5% y el 3,75%. De confirmarse, sería la segunda pausa consecutiva en lo que va de año. Pese a que los últimos datos macro podrían justificar que la Fed retomara los recortes en el precio del dinero, las nuevas tensiones inflacionistas ante un posible shock energético mundial por la guerra en Irán obligan a apostar por la cautela y a revisar por completo la hoja de ruta para este año. Mañana también se reúne el Banco Central de Canadá, y el jueves será el turno del Banco Central Europeo (BCE) y del Banco de Inglaterra. En EEUU hay consenso entre los analistas, que están convencidos de que la Fed no hará cambios en política monetaria hasta no conocer con certeza el impacto sobre la economía de la guerra de Irán. Mientras, el paro en el país sigue escalando lentamente. En febrero subió una décima, hasta el 4,4%. Además, hace unos días, el Departamento de Comercio revisó a la baja el PIB del último trimestre de 2025, que pasó de un crecimiento del 1,4% a solo el 0,7%. La inflación en febrero se mantuvo estable en el 2,4%, muy cerca del objetivo del 2% que se ha fijado la Reserva Federal. Sin embargo, esta cifra ha quedado desactualizada tras el ataque de EEUU a Irán a principios de este mes, disparando el precio del barril de petróleo por encima de los 100 dólares. A largo plazo, esto puede impulsar el PIB del país (principal productor de petróleo mundial), pero a corto es una amenaza para los hogares y podría disparar el IPC. El coste de la gasolina ha subido cerca de un 30% en EEUU en las últimas semanas, lo que podría alterar la hoja de ruta de la Reserva Federal.

Las medidas que ha ido adoptando el Gobierno para atajar la especulación en la red eléctrica revelarán en cuestión de meses el verdadero acaparamiento de permisos de conexión que sufre España. De hecho, el próximo noviembre va a producirse la mayor criba de nuevos proyectos de inversión, desde industrias hasta centros de datos, de la historia de nuestro país. El pasado 7 de noviembre, el Ministerio de Transición Ecológica introdujo en el real decreto de medidas urgentes para reforzar el sistema eléctrico una obligación adicional que ha pasado desapercibida y que, sin ninguna duda, va a cambiar el mapa de la reindustrialización española. A partir de ese día, los promotores debían justificar un pago equivalente al 10% del coste total de las actuaciones necesarias en la red para enchufar sus proyectos en los siguientes doce meses. A día de hoy, el 55% de los proyectos que han logrado el permiso de acceso desde el 2022 no han aportado este pago, según fuentes próximas al Gobierno. Es decir, más de la mitad de la capacidad otorgada en los últimos cuatro años para nuevas demandas en la red de transporte –alta tensión, donde se conectan los grandes consumidores– se encuentra actualmente en un riesgo legal inminente. Red Eléctrica, el gestor de la red de transporte que se encarga de conceder los permisos de acceso, reveló por primera vez en febrero la disponibilidad para nueva demanda eléctrica en su red. Reportó que solo en la red de transporte actualmente hay otorgados permisos de acceso y conexión a 129 gigavatios GW para eólicas y fotovoltaicas, otros 16 GW para almacenamiento y 19 GW más para nueva demanda. «De estas últimas, desde 2022, fecha en que se aprobó la planificación vigente, se han otorgado 11,8 GW de capacidad para nuevas demandas sin que ninguna se haya puesto aún en servicio», informó.

Santander y BBVA suman una obligación de pagos de 21.097 millones a sus empleados y ex empleados ya jubilados en los próximos diez años, hasta 2035. Este importe se eleva a 22.489 millones si se suman los 1.392 millones que CaixaBank tiene apalabrados con su plantilla. Del importe total aglutinado por los tres bancos, 4.461 millones son en España. Santander se anota 2.352 millones, BBVA 1.719 millones y CaixaBank, 390 millones. Estos compromisos, que se dan en otros grandes bancos y empresas internacionales, son el importe que cobran y cobrarán sus empleados a partir del momento en que se jubilen y, generalmente, tienen carácter vitalicio. Estos importes están fijados de antemano tanto en el calendario de su desembolso como en su importe. Es lo que técnicamente se denomina prestación definida. Son el resultado de los acuerdos a los que llegaron las entidades en su día con sus trabajadores para complementar la pensión pública en el momento de la jubilación, como una forma de salario diferido en el tiempo. La obligación total asumida de Santander hasta 2035 es de 15.292 millones, según sus cuentas anuales de 2025. El banco tiene compromisos en España, Reino Unido, Brasil, Portugal y Alemania. El 15% del total, 2.352 millones, se localiza en España, con unos pagos previstos para 2026 de 461 millones.

El banco italiano UniCredit ha lanzado una OPA voluntaria, con canje en acciones, sobre Commerzbank, la segunda entidad del país, por un valor aproximado de 35.000 millones de euros. El objetivo de la compañía que lidera Andrea Orcel es superar el umbral del 30%, lo que allanaría el terreno para lanzar una nueva oferta con el objetivo de tomar el control del banco, aunque Unicredit ha querido aclarar que ahora no es el objetivo ni el momento. En todo caso, los analistas creen que con este paso al frente la entidad de Orcel reafirma su interés en Commerzbank y podría culminar con el primer gran espaldarazo a la petición del Banco Central Europeo (BCE) en su objetivo de crear bancos paneuropeos, capaces de mirar de tú a tú a los gigantes estadounidenses. Pero Orcel, ex Santander, dice que no es su intención, tratando de aplacar la hostilidad de la operación que se lleva fraguando dos años. Hay que tener en cuenta que Unicredit ya cuenta con una participación del 26% de manera directa y cerca de otro 4% a través de instrumentos financieros. La ley alemana, similar a la española, obliga a lanzar una OPA siempre y cuando se supere el 30% del capital. El objetivo de Unicredit sería evitar esta situación sobrevenida y por ello quiere zanjarlo ya mediante esta OPA sin aspirar a una participación de control.

EU Inc, el nuevo régimen que busca revolucionar la forma en la que se constituyen las empresas en la Unión Europea, está cerca de ser una realidad. La Comisión Europea presentará esta misma semana su propuesta legislativa del conocido como “régimen 28”, un modelo administrativo y legal que será totalmente opcional, pero que permitirá a las compañías operar bajo un conjunto de reglas uniformes, eliminando con ello la fragmentación de los 27 sistemas nacionales mediante procedimientos totalmente digitales. Según el último borrador del texto legal, el nuevo marco normativo permitirá la constitución de empresas en apenas 48 horas y con un coste máximo de 100 euros, teniendo en cuenta que podrán lanzarse con capital social cero, lo que otorga una flexibilidad contable mayor. Esto supone un cambio radical frente a los tiempos habituales, que se extienden por semanas y meses, y también respecto a los costes de fundar una compañía, que se elevan a entre 3.000 y 25.000 euros, según el Estado miembro de la UE que se elija para ello. A inspiración del régimen jurídico de Delaware en Estados Unidos que tanto éxito ha tenido para las compañías innovadoras, la propuesta que lanzará la institución presidida por Ursula von der Leyen busca acabar “con las incertidumbres y los altos costes que afrontan tanto fundadores como inversores teniendo que someterse a las normas de cada país en el que desean operar”, según explican fuentes comunitarias. El último borrador deja claro que, además de la facilidad a la hora de fundar una empresa, el gran objetivo de esta propuesta legislativa es digitalizar al máximo los procesos administrativos y recortar los trámites burocráticos a su mínima expresión. 

«Esta no es nuestra guerra». La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, anunció ayer que los Veintisiete trabajan «intensamente en soluciones diplomáticas» para acabar con los ataques. Hay que poner orden en el estrecho de Ormuz. El control de esta vía crucial para el tránsito del petróleo producido en el Golfo Pérsico –una quinta parte del crudo mundial pasa por este embudo– no puede quedar en manos de Irán. Donald Trump lo ha señalado en multitud de ocasiones, justificando así los ataques contra buques de guerra persas que, supuestamente, están colocando minas en esta franja de apenas 40 kilómetros de ancho, mientras desde tierra Teherán ataca a los cargueros que tratan de surcarla sin permiso. Ya van casi una veintena. Pero las fuerzas de Estados Unidos no son suficiente para asegurar el Estrecho, que solo cruzan los barcos que cuentan con el beneplácito del régimen iraní: el ‘Karachi’, que ondea la bandera paquistaní, se convirtió ayer en el primer petrolero extranjero en surcar esas aguas con el sistema de identificación automática (AIS) encendido y oro negro de Abu Dabi en la bodega. Es el vivo ejemplo de cómo países amigos negocian con los ayatolás la seguridad del viaje, mientras el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, incide en que solo los cargueros «enemigos» –de Estados Unidos, Israel y sus aliados– corren peligro. Por eso, Trump busca una alianza con Estados europeos. "Será interesante ver qué países se niegan a ayudarnos con una nimiedad como esta, para mantener Ormuz abierto. Algunos son entusiastas, otros no tanto. Y eso me importa, porque tenemos 45.000 soldados protegiéndolos desde hace 40 años y ahora no quieren ayudarnos. Sabía que sucedería», declaró ayer, añadiendo que, si sus miembros no ofrecen su asistencia, «a la OTAN le espera muy mal futuro».