20230928

El sector industrial europeo mostrará el músculo de su pequeña y mediana empresa en Euskadi este noviembre. Del 13 al 17, el BEC acogerá la Semana Europea de la Pyme, de la que formará parte el Basque Open Industry, un evento para mostrar al continente una representación del sistema industrial y tecnológico vasco. La consejera de Desarrollo Económico del Gobierno vasco, Arantxa Tapia, destacó ayer que la actividad innovadora de Euskadi es «un 10% superior a la media de la UE», y un 23% más que la española. «Para llegar a esos niveles nuestra industria se ha sostenido mayoritariamente a través de las pymes, que están muy internacionalizadas y han sabido hacerse un hueco», defendió. El evento incluirá conferencias, mesas redondas, talleres e iniciativas relacionadas con el talento, la industria inteligente y las transiciones energética y tecnológica. Las pymes vascas interactuarán con agentes vinculados a la innovación y la internacionalización. Habrá un área con 80 expositores donde estará la plataforma de innovación para ‘startups’ Bind 4.0 y las 18 oficinas de la red exterior de América, Europa y Asia que resolverán los retos de internacionalización de las empresas vascas. También un ‘stand’ de la oficina de Varsovia, con firmas y entidades que ofrecerán oportunidades de negocio del programa de reconstrucción ‘Rebuild Ukraine’ apoyado por la UE.

Las diputaciones parecen dispuestas a aprobar el impuesto sobre grandes fortunas en el País Vasco un año después de que lo instaurase el Ejecutivo de Pedro Sánchez en el territorio común, y diez meses después de haber conseguido la transferencia con su incorporación al Concierto Económico. Así lo aseguró ayer, al menos, la diputada de Hacienda de Bizkaia, Itxaso Berrojalbiz, que a preguntas de Bildu avanzó que quiere aprobarlo antes de que finalice este año. La Hacienda guipuzcoana también trabaja con este mismo ‘timing’ y el diputado general de Álava, Ramiro González, ya había mostrado el pasado martes la misma disposición. Eso sí, expuso sus dudas sobre la posibilidad de que toda la tramitación pueda concluir antes del 31 de diciembre. Es una fecha de obligado cumplimiento si se quiere que tenga efectos sobre el patrimonio acumulado por los contribuyentes este año y a expensas de que se mantenga o no en 2024. Fue aprobado para los ejercicios 2022 y 2023 con carácter provisional por el Ejecutivo de Sánchez y pese a que Sumar ya ha mostrado su voluntad de que se convierta en un tributo permanente, nadie puede garantizar en la actual coyuntura política que vaya a ser así. Pese a la apariencia de dilación táctica en torno a este impuesto –Euskadi es el único territorio en el que no se ha abonado lo que correspondía a 2022–, Berrojalbiz fue ayer contundente al comprometerse en las Juntas Generales a llevar al Parlamento foral un texto que pueda ser aprobado antes del 31 de diciembre. Hasta ahora, el Ejecutivo vizcaíno tan solo había expuesto para información pública, antes de las pasadas elecciones forales, un documento inocuo. Un texto en el que se indicaba que el nuevo tributo ya se había incluido en el Concierto Económico y que ahora le correspondía a las diputaciones aprobar un documento articulado. Pero nada más. Ni media línea sobre a qué patrimonios afectará o cuál será la escala de gravamen. 

El controvertido impuesto a las grandes fortunas promovido por el Gobierno –hoy en funciones– de Pedro Sánchez para los ejercicios 2022 y 2023 y del que hasta ahora no se tenía demasiada noticia en Euskadi, toma por fin velocidad. Según confirmaron ayer a DV fuentes de la Diputación de Gipuzkoa, el Gobierno foral ha acelerado los trámites pertinentes para intentar que el tributo, también conocido como impuesto a los ricos, pueda ser aprobado antes de final de año. De hecho en dos semanas prevén aprobar la norma en consejo de Gobierno para enviarla a Juntas Generales para su debate y posterior ratificación. Debe recibir luz verde antes del 31 de diciembre, añadieron las mismas fuentes, para que su liquidación se realice en el marco de la campaña fiscal de 2024, referida a lo acontecido en 2023. Álava y Bizkaia, según han anunciado esta semana ambos territorios históricos, trabajan ya en la misma línea. El compromiso político existe. Y la capacidad legislativa también. Ahora solo falta que los trámites avancen (en el caso de Gipuzkoa, bajo el modelo habitual, y no de forma urgente) y las Juntas Generales puedan dar luz verde a la norma antes del 31 de diciembre. Si fuera más tarde, el 2023 quedaría ‘exento’ del conocido oficialmente como Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas.

Ya hay fecha para la reunión entre los responsables de Economía y Hacienda, y de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco, Pedro Azpiazu y Javier Hurtado, respectivamente, para analizar cara a cara con la banca que trabaja en Euskadi el asunto de la remuneración de los depósitos. Un tema polémico y sobre el que los dos integrantes del gabinete de Iñigo Urkullu se han pronunciado en reiteradas ocasiones en las últimas semanas ante el indiscutible repunte de los tipos de interés y su escaso reflejo en lo que las entidades abonan a sus clientes por esos productos de ahorro a plazo. El objetivo del Gobierno Vasco pasa por que la banca mejore las condiciones de esos productos. La cita será el próximo día 9 de octubre en la sede del Ejecutivo de Vitoria, y a ella están convocados representantes de Kutxabank, Laboral Kutxa, BBVA, Abanca, Caja Rural, Sabadell, Santander y Bankinter. Las invitaciones se cursaron el pasado lunes. Así lo confirmó ayer el propio Pedro Azpiazu en una entrevista radiofónica, en la que el responsable de la política económica vasca reconoció como punto de partida que el Ejecutivo es plenamente consciente de que no puede «decirles (a los bancos) lo que han de hacer», ya que es su competencia y «su decisión». Sin embargo, el consejero hizo hincapié en que el Gobierno Vasco entiende que «si los tipos de interés suben y la gente tiene dinero en el banco, es normal que ese dinero también tenga una retribución».

La subida de los tipos de interés en las nuevas hipotecas no da tregua. En julio la tasa que se aplica al inicio del préstamo se situó en el 3,24%, su valor más alto desde agosto de 2016, según los datos publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La escalada es consecuencia del encarecimiento del euríbor, que arrastra también a los créditos a tipo fijo. Debido a esta subida asfixiante la firma de hipotecas para adquirir una vivienda encadenó en julio su sexto mes consecutivo a la baja. Así, ese mes se firmaron en la comunidad autónoma 1.453 préstamos de este tipo, un 12% menos que en el mismo mes del año anterior. Con la excepción de enero, cuando hubo un incremento de la firma de las hipotecas, la solicitud de créditos ha mantenido una fuerte tendencia a la baja, con caídas de casi el 30% en algún mes. Es un reflejo del desplome que se da también en la compraventa de viviendas, lo que ha supuesto un brusco frenazo en el mercado inmobiliario. No obstante, cabe destacar que el retroceso de julio en Euskadi –el citado 12%– es inferior al del conjunto nacional, donde llega al 19%. En el acumulado de los siete primeros meses se han registrado 11.871 préstamos, un 14% menos. Esta caída es consecuencia directa del encarecimiento de los créditos. Pese a que en los últimos días ha retrocedido ligeramente, el euríbor, la principal referencia de las hipotecas, cotiza en estos momentos por encima del 4,2%, lo que supone un duro golpe para los que ya tienen contratado un préstamo. 

Las asociaciones de transporte escolar mostraron ayer su «preocupación» por la contratación por parte del Departamento de Educación de un asesor vinculado con el sector para abordar el conflicto que en la primera semana de curso dejó sin autobús a 7.600 alumnos de Bizkaia y Álava. Así lo manifestó Guillermo Saiz Ruiz, abogado de Anetra, Agrupación Alavesa del Transporte, Asintra y Aundi, algunas de las principales operadoras que aglutinan a las empresas del sector, ante la comisión de Educación del Parlamento vasco, a petición de EH Bildu. Durante su intervención, Saiz aseguró que las compañías desconocían que el asesor contratado por Educación, y que representó al Ejecutivo autonómico en una reunión con los transportistas, formaba parte del consejo de administración de una empresa de autobuses que sí había aceptado los contratos que el resto rechazaba. «Cuando conocimos la noticia, lo valoramos con cierta preocupación», indicó. «Si no hubo salvaguardas en esa contratación», continuó, «evidentemente la idea con la que nos quedamos es que a ese asesor se le contrató para preparar la denuncia en Fiscalía» contra las empresas que se negaron a prestar el servicio en las condiciones dictadas por Educación. «Si (esa denuncia) la prepara una persona con intereses en el sector, y esa denuncia puede llevar aparejada una sanción para que quienes conforman su competencia no puedan optar a contratos públicos, pues evidentemente esto nos genera preocupación», señaló.

Las obras comenzarán en cuestión de semanas y el proyecto será una realidad a mediados de 2025. El traumatólogo vitoriano Mikel Sánchez (1956), que tiene entre sus pacientes al rey emérito, Juan Carlos I, o a deportistas de elite como Rafa Nadal o Andrés Iniesta, levantará en Lakua un centro innovador que combinará la cirugía con la investigación, la formación y la aplicación práctica de nuevos tratamientos. Una clínica independiente de Vithas, donde desarrolla su actividad desde 2014, próxima al centro cívico Ibaiondo y que pivotará sobre las especialidades que le han convertido en una figura de prestigio internacional: la aplicación de plasma rico en plaquetas (PRP) y en factores de crecimiento (PRGF). Es decir, medicina regenerativa. Esta nueva apuesta personal del fundador de la Unidad de Cirugía Artroscópica (UCA) y la Unidad de Terapia Biológica (UTB) comenzó a gestarse en 2019. Ya entonces su equipo inició la búsqueda de emplazamientos para el centro. El proyecto, como todo, entró en parada por la pandemia. Pero el equipo de Sánchez lo ha recuperado y se autoimpone, además, un calendario muy exigente. Incluso descartó la idea de ubicar la clínica en un edificio ya construido porque eso requería una modificación urbanística para su uso que podría condenar el proyecto a meses de dilación. La opción elegida es levantar este instituto sanitario desde cero. 

La Organización de Naciones Unidas ONU ha destacado la aportación del Grupo Mondragon al desarrollo social en un informe en el que recomienda a los Estados que la integran que favorezcan los modelos empresariales cooperativos. El documento indica que el cooperativismo ha demostrado su valía para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible y acelerar el cumplimiento de la Agenda 2030, y como ejemplo de éxito cita la experiencia de la alianza cooperativa con sede en Arrasate. La Confederación Española de Cooperativas de Trabajo Asociado (Coceta) ha informado hoy sobre este reconocimiento que, en su opinión es "muy relevante en cuanto a su claro llamamiento" a los gobiernos a apostar de forma efectiva por el modelo empresarial del cooperativismo. El informe recomienda políticas y acciones dirigidas a los Estados miembro centradas en potenciar y favorecer ecosistemas empresariales cooperativos por su "valía constatada". "Si hay algún tipo de empresa que contribuye al desarrollo sostenible, preocupada constantemente por mejorar las condiciones laborales, por producir respetando el entorno y contribuir a la vez a reducir las desigualdades y cohesionar sociedades, esa es la cooperativa de trabajo", ha destacado. 

El volumen de transacciones en inmuebles destinados al alquiler (como oficinas, hoteles, comercial o viviendas) se encuentra en mínimos, a niveles no vistos desde la crisis financiera que azotó a España hasta 2014. La inversión ha caído un 60% en lo que va de año, hasta final de este tercer trimestre, quedándose en los 5.873 millones de euros, según datos facilitados a CincoDías por la consultora inmobiliaria JLL. La razón principal para el hundimiento es la subida de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo, continúa en los últimos meses, hasta el nivel del 4,5%. “Ha habido un cambio de ciclo”, reconoce Sergio Fernandes, responsable del mercado de capitales de JLL, por el alza del precio del dinero, que ha supuesto que ni compradores ni vendedores tengan claro cuál es el precio de los inmuebles, “lo que ha provocado que se frenen en seco las operaciones”. El alza en el precio del dinero, además de la incertidumbre para determinar un valor en los inmuebles, ha complicado la financiación para proyectos. Esto ha conllevado que las cifras de inversión se acerquen más a las disponibles del final de la crisis financiera. 

Balón de oxígeno para las grandes multinacionales españolas tras una década de litigio. El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) ha avalado las ayudas fiscales para la compra de sociedades extranjeras. En concreto, anula en varias sentencias, dictadas ayer, la decisión de la Comisión Europea por la que se declaró ilícito el régimen fiscal español de deducción de las adquisiciones indirectas en sociedades no residentes. Los fallos avalan la posición de empresas como Santander, Telefónica, Iberdrola, Ferrovial, Abertis, AXA o Agbar. Estas compañías, junto con otras de menor tamaño, se jugaban en total en estos litigios hasta 8.000 millones de euros según fuentes comunitarias. Sin embargo, fuentes del Ministerio de Hacienda subrayan que todavía no tienen una estimación del montante total y explican que algunas empresas han devuelto las ayudas, otras no y otras alguna parte. Desde el Ministerio sí confirman que los técnicos están trabajando ya en una estimación de la cifra. El fallo no es firme y aún puede interponerse recurso de casación ante el Tribunal de Justicia, limitado a las cuestiones de Derecho. En cualquier caso, las sentencias dictadas ayer avalan un régimen del Impuesto sobre Sociedades que comenzó a aplicarse en España en 2002, cuando el Gobierno de José María Aznar implantó una serie de ayudas fiscales a la internacionalización de empresas. Ese régimen permitía a las sociedades que hubieran adquirido participaciones en sociedades no residentes deducir de la base imponible, mediante amortización, el fondo de comercio financiero derivado de esa adquisición. En 2009 y 2011, Bruselas emitió dos decisiones que declararon, efectivamente, que las medidas en cuestión constituían ayudas de Estado incompatibles con el mercado interior. Sin embargo permitió, con determinadas condiciones, que siguiera aplicándose el régimen en determinados casos, aplicando el principio de protección de la confianza legítima. El exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, retomó en 2012 este régimen. 

La actual crisis inflacionista, que ha supuesto el episodio más acusado de incremento de los precios de las últimas cuatro décadas, no solo ha minado directamente el poder adquisitivo de los hogares españoles sino que secundariamente ha elevado la magnitud del castigo económico que han sufrido por la vía fiscal. Durante 2022, cuando tocó techo el Índice de Precios de Consumo (IPC), solo la factura tributaria asociada al IVA se incrementó en 264 euros por familia, de los que más de la mitad son directamente achacables a la inflación. Como resultado, el alza de precios elevó de golpe la factura anual del Impuesto de Valor Añadido en 5.200 millones de euros. Estas son algunas de las principales conclusiones que se derivan del estudio Impacto de la inflación sobre el IVA soportado por los hogares españoles en los años 2021 y 2022, elaborado por el catedrático de Economía Desiderio Romero Jordán, y publicado ayer en la última edición de los Cuadernos de información económica que edita la Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas). El documento destaca que “la recaudación por IVA aumentó de forma extraordinaria” en 2021, con un alza del 14,9% hasta la inédita cota de 72.498 millones, y en 2022, cuando avanzó otro 13,9% hasta batir ese récord y situarse en los 82.595 millones, según los datos oficiales de la Agencia Tributaria. “Esta dinámica se ha visto ayudada por la alta inflación que escaló del 3,1% de 2021 al 8,4% de 2022”, destaca el estudio difundido por Funcas.

Si hace dos años el metaverso provocó que la compañía adoptara incluso un nuevo nombre, ahora, Meta centra su gran evento anual en mostrar su poderío en el nuevo campo donde todo el mundo quiere estar: la inteligencia artificial. La compañía ha apostado por un camino algo distinto a la competencia con la abertura de sus modelos y el etiquetado con marca de agua de las imágenes generadas por IA. Su presidente de Asuntos Globales, Nick Clegg, desgrana esta apuesta y aborda los principales temas candentes para la compañía en Europa: desde la regulación, al pulso con los operadores de telecomunicaciones. "Creemos desde hace mucho que es mejor compartir tecnología con código abierto que no. Durante la última década, hemos abierto más de 1.000 bases de datos para IA y otros modelos. De hecho, parte de la tecnología que ha usado la industria desde DeepMind a Open AI ha sido desarrollado por investigadores de Facebook. De todos modos, no somos unos fanáticos respecto a esto. No abrimos todos los modelos porque creemos que es irresponsable hacerlo. Por ejemplo, en verano, nuestros investigadores desarrollaron una herramienta de IA que extrapola un fragmento de tu voz para generarla artificialmente y no lo liberamos. En lo que sí creemos es en democratizar el acceso a esta tecnología en este momento en concreto. Ahora mismo, en esta tecnología de IA generativa solo están siendo pioneras un pequeño número de empresas estadounidenses y chinas porque somos las que tenemos la capacidad de computación, el dinero y los datos. Esto no quiere decir que no haya en el futuro, pero en este momento Europa no tiene ningún operador con la escala y la capacidad de generar estos modelos de IA generativa. Por eso, si yo estuviera en Madrid, París o Bruselas sería un gran defensor del código abierto..."

Las esperanzas de que las tecnológicas estadounidenses consigan dejar atrás las pérdidas de 2022 se diluyen conforme pasan los días. Como ya se puso de manifiesto el pasado ejercicio, el endurecimiento monetario es el talón de Aquiles para aquellas empresas en las que una parte importante de sus valoraciones se calculan con las previsiones de ingresos y que pierden valor en un escenario de tipos alza. Dentro de este grupo se engloban las tecnológicas, firmas que en los primeros meses del año se vieron impulsadas por el furor de la inteligencia artificial (IA). Desde los máximos registrados a mediados de julio el índice que agrupa a los 10 gigantes tecnológicos estadounidenses, el NYSE FAANG, retrocede un 12,2%. A pesar de esta corrección, el buen comportamiento registrado en la primera mitad del año le sirve de escudo para seguir en positivo en el año. En lo que va de 2023 se revaloriza un 62%, a gran distancia del 11% que registra el S&P 500. Más allá de la corrección que ha seguido al mensaje duro lanzado por los bancos centrales las últimas semanas, las elevadas valoraciones que acumulaban en el año han acelerado los descensos. Los inversores están aprovechando el nuevo escenario de tipos para corregir los excesos. De las 10 firmas que integran el índice solo Alphabet escapa a las pérdidas y avanza un 4,3% en los dos últimos meses. 

El cambio de rumbo adoptado por el Consejo de la Unión Europea para suavizar la exigencia y los plazos (de 2025 a 2027) de entrada en vigor de la normativa de emisiones Euro 7 ha traído tranquilidad a una industria del automóvil que había alertado en varias ocasiones del riesgo que suponía, sobre todo para los vehículos compactos y pequeños. En España esto resultaba especialmente preocupante, ya que estos coches, que son de los segmentos B y C (el A son microcoches), supusieron en 2022 el 85% de la producción nacional, según datos de Anfac, la patronal española de fabricantes. En ellos centran su producción plantas como VW Navarra, Seat Martorell o Stellantis Figueruelas (Zaragoza), tres de las factorías más grandes del país. La Euro 7, antes de la propuesta del Consejo, iba a suponer, según los fabricantes, un encarecimiento medio de los turismos de 2.000 euros, un efecto que se iba a notar mucho más en los coches pequeños baratos que sufren más un aumento de precios que un vehículo grande destinado a un público de mayor poder adquisitivo. El motivo del encarecimiento, explican fuentes del sector, está en la necesidad de instalar complejos sistemas de reducción de emisiones. Estos ya existen hoy día en los vehículos de mayor tamaño, que con la normativa nueva hubiesen necesitado recalibrarlos, pero no están presenten en los pequeños, de ahí que sufran más el impacto de la medida.

La Fiscalía alemana llevó el martes a cabo varios registros en oficinas del fabricante automovilístico alemán Volkswagen en la sede principal en Wolfsburgo, al norte del país, por sospechas de pagos ilegales a miembros del comité de empresa. La fiscalía de Braunschweig informó de que se sospecha que el fabricante pagó a integrantes del comité salarios demasiado elevados en comparación con el resto de la plantilla como parte de un trato preferencial. Volkswagen confirmó los registros y aseguró que “está cooperando plenamente con las autoridades investigadoras”. Hace años que la justicia investiga las sospechas de que Volkswagen estaba pagando salarios excesivos a los trabajadores que forman del comité de empresa. A finales de 2017, en el marco de esas sospechas, Volkswagen rebajó como medida de precaución el salario a 15 miembros del comité de empresa que estaban en la escala directiva. Entre ellos Bernd Osterloh, que entonces era el jefe del comité y que en el momento de mejor remuneración había percibido alrededor de 750.000 euros anuales brutos, incluidas las pagas extraordinarias. Los afectados denunciaron, se produjo un proceso de arbitraje, y finalmente recuperaron sus sueldos de directivos a partir de la primavera de 2019, explica el diario económico Handelsblatt. Según señaló un portavoz de la fiscalía, las nuevas acusaciones datan precisamente de ese año, por lo que podrían contradecir el resultado de los arbitrajes. El ministerio no ha dado más detalles al estar abierta la investigación.

Los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente, apoyaron ayer una posible ley de amnistía, para aplicarla a los promotores de la declaración ilegal de independencia de Cataluña, de septiembre y octubre de 2017. Aprobar esta norma es la intención del presidente del Gobierno, en funciones, Pedro Sánchez, en el caso de que pueda ser investido como tal para una nueva legislatura en las próximas semanas. No obstante, Sordo y Álvarez precisaron que necesitarían ver el borrador de la ley “sobre el papel”. El Gobierno quiere conceder una amnistía a los sediciosos para que ERC y Junts per Cataluña apoyen la investidura de Sánchez. Son los votos que le faltarían, en el caso más que probable de que el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, no obtenga el respaldo necesario en la votación de mañana. “Estas cosas hay que verlas sobre el papel”, declaró Sordo, antes de intervenir en un acto organizado por el Grupo Socialista del Parlamento Europeo en Madrid. Además, defendió que “una medida como la amnistía no debe ser una moneda de cambio, sino una decisión para consolidar una mejora en la convivencia social y política en Cataluña”. 

La ola migratoria a la que asiste Alemania, y que algunos consideran un auténtico tsunami, con casi 71.000 entradas ilegales en lo que va de año, ha empujado al Gobierno de Olaf Scholz a tomar medidas extraordinarias. La más inmediata será el refuerzo de las fronteras con Polonia (470 kilómetros de territorio compartido) y República Checa (650) mediante controles móviles, aunque el Ejecutivo germano asume que, si no sirviera de suficiente freno a la avalancha de extranjeros, en un futuro podría instalar vigilancia fija en sus límites con ambos Estados. «No descarto que lo hagamos más tarde», reconoció ayer la ministra del Interior, Nancy Faeser, consciente de lo excepcional de esa decisión. De hecho, primero debería informar a la Unión Europea. El anuncio del refuerzo de los controles en las fronteras germanas llega con los centros de migrantes desbordados. Berlín ha sido uno de los últimos municipios en dar la voz de alarma tras encontrarse con una «capacidad de acogida cero». Sus 32.000 plazas están cubiertas. Pero la situación es muy delicada en todo el país, que desde enero ha detectado un 60% más de entradas irregulares y un 77% más de solicitantes de asilo (204.000 en total) que en el mismo periodo de 2022 y que, además, convive con 1,1 millones de refugiados procedentes de Ucrania. 

“Un estudio del CSIC marca que la cantidad de plástico que ingerimos es de cinco gramos a la semana, lo que equivale a una tarjeta de crédito. Aunque parte sale de nuestro cuerpo, también hay una parte que se queda en nosotros. De hecho, hay investigaciones que han localizado microplásticos en la placenta o en la sangre”, señala Raquel Parra, directora de Captoplastic. Con el objetivo de luchar contra esta amenaza nace esta empresa, una spin-off de la Universidad Autónoma de Madrid que ha desarrollado una tecnología, con un rendimiento superior al 90%, que identifica, cuantifica y analiza los microplásticos en medios acuosos, y posteriormente, los atrapa y reutiliza si así se desea. “La tecnología de captura va dentro de un contenedor. El agua entra y sale, pero los microplásticos los retenemos dentro de esta caja mediante un consumible acuoso que los atrapa. Los capturamos y los retiramos del agua para que el consumible se pueda volver a reutilizar y los microplásticos se puedan llevar a cualquier otro uso”, explica Parra. Su tecnología va enfocada, principalmente, a las plantas de depuración de aguas residuales industriales y urbanas, dado que son el principal foco de emisión de estos nocivos contaminantes al río y al océano, indica. Si bien el coste varía en función de las dimensiones de las instalaciones, su implementación para una planta de 100.000 litros por hora costaría entre 200.000 y 250.000 euros. El año pasado cerraron con una facturación de unos 50.000 euros y este año esperan acabar cerca de los 400.000. Sus previsiones son superar los dos millones en 2024.