20260218

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

La reunión para negociar el ERE en Tubos Reunidos trajo ayer una primera oferta de la compañía para ejecutar los 301 despidos entre Amurrio y Trapagaran. La empresa planteó a los trabajadores bajas incentivadas y prejubilaciones con el fin de acercar posturas y llegar a un acuerdo. Para los trabajadores eventuales, la tubera planteó una indemnización de 25 días por año trabajado con un tope de 12 mensualidades. En el caso de la plantilla fija que tenga menos de 60 años, la compañía oferta 30 días por cada curso en la empresa con un tope de 18 mensualidades. Es entre los mayores de 60 años donde las condiciones varían más, aunque en todos los casos se plantean prejubilaciones. Para quienes tengan entre 60 y 62 años se ofrece el 60% del salario bruto con los pluses y las aportaciones a la EPSV hasta los 63 años. Por último, para quienes superen los 63 años de edad, la compañía propone indemnizaciones de 20 días por año trabajado hasta un máximo de 12 mensualidades. Todas las edades se contabilizarán a fecha de 31 de diciembre de 2026. En declaraciones a EL CORREO, el presidente del comité de empresa de Amurrio, el ugetista Andrés García, anticipó la oposición de los sindicatos a esta propuesta inicial, que tildan de «ridícula». «Es una primera oferta que rechazamos de plano», señaló tras una larga reunión de más de cuatro horas de duración. «Lo presentado por la empresa no es ningún plan de viabilidad. No habla del futuro de la empresa y simplemente busca una reducción de costes sin asegurar la viabilidad futura». 

La plantilla de Papresa inició ayer la primera jornada de paros parciales convocados por el comité de empresa en la planta de Errenteria, una movilización que visualiza por primera vez en la calle la incertidumbre que rodea el futuro de la histórica papelera guipuzcoana. Decenas de trabajadores se concentraron a las puertas de las instalaciones durante el paro, entre las 12.00 y las 16.00 horas, portando pancartas en defensa del empleo («Por el futuro de Papresa») y reclamando garantías sobre la continuidad industrial de la compañía, en manos del fondo alemán Quantum Capital Partners. Coincidiendo con el inicio de las protestas, el comité –integrado por seis representantes de LAB, cuatro de ESK, dos de ELA y uno de CC OO– reclamó públicamente al presunto grupo comprador, la corporación extremeña CL Grupo Industrial (Cristian Lay), que traslade a la plantilla cuál sería su proyecto para la fábrica. «Hemos pedido que nos hagan llegar el plan industrial, pero no hemos recibido respuesta. No estamos obteniendo ningún tipo de información», señaló Martin Otamendi, presidente del comité, que denunció también la falta de explicaciones por parte de la dirección. Las movilizaciones se producen en pleno proceso de redefinición del negocio de Papresa, propiedad del fondo alemán Quantum Capital y actualmente en situación de preconcurso de acreedores, una figura que permite a la empresa negociar con sus acreedores para evitar la entrada en concurso mientras busca una solución que garantice su viabilidad. Papresa estudia vender su área de embalaje a CL Grupo Industrial, conglomerado familiar extremeño con presencia en sectores como el acero, el ‘packaging’, la energía o la química, que cerró 2024 con una facturación agregada de 1.800 millones de euros y mantiene el embalaje como uno de los ejes de crecimiento de su plan estratégico.

«Se ha acabado definitivamente el riesgo de la implantación de un centro de tratamiento de residuos de la industria papelera en nuestra localidad», aseguró ayer el alcalde de Bergara, Gorka Artola, en la comparecencia pública para informar del rechazo por parte del Tribunal Supremo (TS) al recurso de casación presentado por el Gobierno Vasco. Perseguía el Ejecutivo vasco revertir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) del pasado mayo que anulaba la Autorización Ambiental Integral (AAI) que habían concedido en 2022 a la empresa Valogreene Paper S.L. para montar una planta de tratamiento de residuos de la producción papelera en el polígono industrial de Larramendi, en Bergara. La resolución del Supremo cierra la vía judicial emprendida por el Departamento vasco de Industria y Medio Ambiente, que sustentándose en sentencias anteriores, defendía que un expediente de compatibilidad urbanística negativo como el resuelto por el Ayuntamiento bergarés no era razón para que no se pudiera conceder la Autorización Ambiental Integrada. El Supremo no ha admitido a trámite el recurso contra la sentencia del TSJPV. La resolución del Superior vasco dejaba sin efecto la autorización ambiental que el Ejecutivo vasco concedió en 2022, y que en la práctica suponía la licencia de actividad para la instalación del tratamiento de residuos de papel y generar productos calcáreos destinados al sector químico y de la construcción. 

Mercedes Vitoria pisa el acelerador. Después de dos meses sin las polémicas jornadas de dos turnos a nueve horas cada uno, la compañía ya atisba la activación de los tres turnos en todas las líneas de la planta alavesa. Según dio a conocer ayer la dirección de Bernd Krottmayer en una reunión con los sindicatos, la división de Montaje Final, la única que aún fabricaba a dos turnos de 8,5 horas, recuperará el trabajo nocturno el próximo 13 de julio. A partir de entonces, toda la fábrica trabajará en horario de noche como se hacía hasta 2025. En concreto, los empleados de Pintura y Montaje Bruto tendrán jornadas nocturnas de ocho horas (hasta ahora eran de 6,5 horas) y en las líneas de Montaje Final ese turno, que aún no existía, tendrá una duración de seis horas y media. Tras unos días de sobresaltos y cancelaciones por la falta de suministros y los problemas informáticos, la cúpula de la Avenida de Los Huetos ha decidido, asimismo, activar como jornadas de labor todos los sábados de marzo. Esto es, los días 7, 14, 21 y 28 de ese mes. A través de un comunicado a los trabajadores la empresa, al igual que en ocasiones anteriores, justificó la medida en la ya reiterada necesidad «de dar respuesta a la demanda de vehículos procedente de los mercados».

El Ejecutivo vasco reserva 1.317 hectáreas para el desarrollo de proyectos fotovoltaicos. La cifra apenas supone un 0,56% de la superficie que abarca esta planificación. Así, el nuevo decreto «acota de forma significativa» la llegada de parques solares a Álava, subrayó el Departamento de Vivienda. ¿Podrán colocarse paneles en otras ubicaciones fuera de esas 1.317 hectáreas? Sí, pero con condiciones como instalarlos a más de 500 metros de los núcleos de población, no ponerlos en suelos de especial protección o los etiquetados como de ‘alto valor estratégico’. El nuevo plan, asimismo, introduce más exigencias en materia de autoconsumo. Esos requisitos, sin embargo, no se aplicarán a los parques Vitoria Solar 1 y Vitoria Solar 2, que han sorteado la aprobación inicial de sus planes urbanísticos hace tan solo una semana.

Marco Pineda ha sido nombrado CEO de Mirai Investments, que iniciará una nueva etapa marcada «por una mayor autonomía», en la que contará con nuevos socios en algunas áreas de negocio, para dar un nuevo impulso al crecimiento de estos proyectos, según informaron desde el instrumento inversor liderado por José Antonio Jainaga. Desde la creación de este proyecto de inversión y desarrollo empresarial de capital familiar especializado en la inversión en Pymes, Pineda ha liderado su crecimiento y consolidado el proyecto y su equipo. Este nombramiento afianza su papel como primer responsable de Mirai, con «nuevos objetivos más ambiciosos y los retos de incrementar su alcance, incorporar socios y acelerar su crecimiento».

çel nuevo IRPF recoje varias medidas que refuerzan el descuento en el pago del impuestos en función de los gastos destinados a la compra o alquiler de vivienda. La norma estrena sus efectos en este 2026 y, según los cálculos de las diputaciones, va a elevar un 23% el importe de las deducciones y desgravaciones fiscales para la vivienda hasta un total de 690 millones. Ese es el dinero que se ahorrarán los contribuyentes vascos por los gastos destinados a costear su hogar. Son 130 millones más que los 560 destinados a este fin en 2025, tal y como se desprende del presupuesto de gasto fiscal aprobado por el Consejo Vasco de Finanzas para 2026 y unas Cuentas que se incorporan en el Presupuesto del Gobierno. Las subvenciones para la vivienda son la mayor partida del gasto fiscal y superan todas las deducciones reguladas, por ejemplo, para rebajar el pago del Impuesto de Sociedades, que ascienden a 625 millones. El nuevo IRPF, cuyos efectos se estrenan al completo este ejercicio, establece una deducción total por contribuyente a lo largo de su vida de 36.000 euros que funcionan como crédito fiscal. Una medida que, si bien no será accesible para las rentas superiores a los 85.000 euros que compren a partir de ahora, eleva las deducciones del 18% al 23% por los gastos de la compra a los menores de 36 años, familias numerosas y monoparentales y otros colectivos vulnerables.

Euskadi aspira a que el ordenador cuántico IBM Quantum System Two de Donostia se convierta en uno de los grandes proyectos tecnológicos europeos cofinanciados con fondos comunitarios, con una aportación estimada de unos 32 millones de euros por parte de la Unión Europea sobre una inversión extraordinaria total de 153 millones hasta 2028, según ha podido saber este periódico. La cofinanciación se encuadra en el Programa del País Vasco del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) 20212027, reorientado gracias al nuevo reglamento STEP para apoyar tecnologías estratégicas y reforzar la soberanía tecnológica europea. En el País Vasco, catalogado como una de las regiones más desarrolladas, la tasa general de cofinanciación del Feder se sitúa en el 40%, lo que implica que por cada 100 euros de gasto declarado se reconocen 40 euros de ayuda europea, aunque en este caso el cálculo efectivo depende de la parte de la estrategia BasQ que se considera financiable. El Programa del País Vasco Feder 20212027 dispone de 165,7 millones de euros de ayuda europea, de los que 60 millones se asignan para reforzar las capacidades de investigación, innovación y tecnologías avanzadas. Durante el acto de comunicación celebrado en el edificio Ikerbasque de Donostia, que alberga el IBM Quantum System Two, el viceconsejero de Ciencia e Innovación, Adolfo Morais, subrayó que se trata del ordenador cuántico «más avanzado de Europa» y que será una pieza clave de «una innovación disruptiva anclada en conocimiento científico de vanguardia» generado en centros de investigación vascos. Morais destacó su «enorme potencial» para reforzar la competitividad de Euskadi, del Estado y de la propia Europa y recordó que ya se han formado más de 400 personas en computación cuántica y que actualmente lo utilizan entre 200 y 300 investigadores en proyectos científicos.

Unai Sordo, secretario general de CC OO, cree que Euskadi podría contar ya con un salario mínimo de convenio si se hubiera articulado una respuesta sindical unitaria. " El SMI es el único salario que se fija legalmente y debe regir en todos los sectores y en todo el territorio. Siempre ha habido una pretensión en sentido contrario por parte de la patronal, que cree que tendría que trocearse por comunidades, pero debe ser el suelo de seguridad para evitar las extremas desigualdades salariales. A partir de ahí, para acomodar los sueldos a la realidad económica de cada territorio está la negociación colectiva, que cubre a más del 90% de los trabajadores...Cada uno tiene legitimidad para pedir lo que quiera, pero creo que Euskadi podría tener un SMI de convenio si hubiera habido un compromiso de las organizaciones empresariales. Lo razonable hubiera sido articular una respuesta sindical unitaria para obtener ese SMI de convenio...Se está demostrando una mejora en los niveles de contratación con el incremento de los salarios mínimos. Ahora bien, vemos que los 10 millones de personas con salarios que se sitúan entre el mínimo y la media salarial llevan años estancados. Que suban un 3% no es suficiente para afrontar el incremento de los costes de la vida. Ahí se debe reivindicar una subida salarial de hasta el 7% en los convenios colectivos...Hay motivos para preocuparse por el absentismo desde el momento en que se incrementan las bajas médicas de los trabajadores, su duración y sus costes, lo que pasa es que no coincidimos en el porqué. No vamos a transigir con la idea de que existe un aprovechamiento de los trabajadores. – ¿Cómo ve que las patronales ofrezcan incentivos al personal para reducir esa tasa?– No creo que esa sea la solución. Las medidas que hay son fruto de la negociación colectiva, se han tomado entre los trabajadores y las empresas. Si se ha llegado a esos consensos es porque la patronal no veía problemas en ellos..."

 Según un estudio realizado por el Departamento de Economía, Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco, actualmente hay cerca de 140.000 personas trabajando a tiempo parcial en Euskadi. De este total, unas 103.000 son mujeres (73,6%) frente a 37.0000 hombres (26,4%). Al margen de la cobertura de la negociación colectiva se han contabilizado unas 48.300 personas trabajadoras, de las cuales, más de la mitad son empleadas del hogar, y en su mayoría mujeres.  Asimismo, se calcula que apenas un 3,1% de las personas trabajadoras a tiempo completo se verían beneficiadas de una subida del SMI, mientras que la cifra total de afiliados a la Seguridad Social en la Comunidad Autónoma Vasca sobrepasa las 1.036.000 personas. Según el informe del Gobierno Vasco, el verdadero desafío reside en lograr la extensión de la cobertura de los convenios colectivos a quienes quedan fuera de ellos.  

Empleadas del hogar, comercio, hostelería y primer sector son los principales colectivos que cobran la prestación que se ha revalorizado un 138% en dos décadas. «El SMI es más frecuente en regiones con niveles de productividad más bajos y su impacto es mayor en pymes y microempresas que en grandes compañías». Y es que la productividad es clave porque, a largo plazo, los salarios solo pueden subir de forma sostenible si aumenta el valor que genera cada trabajador. Cuando el SMI se eleva por encima de la productividad de ciertos sectores –como hostelería o comercio–, el margen de las empresas se estrecha y pueden surgir tensiones en empleo o precios. En las economías occidentales, donde aún existen diferencias territoriales y abundan pymes con baja productividad –España es un ejemplo, no tanto Euskadi, donde la cohesión social es más robusta–, el impacto es desigual. En el fondo, el debate no es solo cuánto sube el salario mínimo, sino si la economía es capaz de producir más para sostenerlo. Desde el primer sector, por ejemplo, donde reconocen que hay empleados que trabajan a temporada parcial en la recogida de verduras o a tiempo completo en explotaciones ganaderas, Xabier Iraola, coordinador del sindicato Enba, expresa «cierta preocupación» que ha recogido de baserritarras en torno a la evolución del ascendente del SMI y la intención de reducir la jornada laboral. ¿Por qué? «Porque nos quedamos atrapados en un sándwich entre el coste laboral, que ha subido, y el beneficio del producto, que no lo ha hecho en la misma medida. ¿El resultado? Que si el SMI ha registrado un aumento del 66% en los últimos cinco años y nuestra rentabilidad no tanto, estamos perdidos». Iraola agrega que entiende que la revalorización puede aplicarse con mayor felicidad en sectores como en la industria o en los servicios, pero no así en el que representa su asociación. La subida del SMI no debería ser igual para todos los subsectores». 

Las empresas podrán seguir sorteando, al menos por el momento, este aumento a través de los pluses salariales, puesto que la prometida reforma para actualizar las reglas de absorción y compensación de los complementos tiene aún un largo recorrido por delante antes de ver la luz y, además, en el caso de que se haga realidad, se vislumbra una batalla legal para tumbarla. Significa esto que aquellos trabajadores que cobren el salario mínimo pero tengan ciertos complementos para premiar, por ejemplo, su disponibilidad, su antigüedad o su exposición a actividades tóxicas o peligrosas puede que no perciban el incremento de este año debido a que el empresario les rebaja o anula ese plus para no hacer efectiva la nueva subida de 37 euros. Es una fórmula legal y habitual jugar con estos pluses para neutralizar el alza, pero el Gobierno ha pactado con los sindicatos eliminarla. «Vamos a corregir un elemento muy importante: la compensación y absorción de los pluses para que el impacto sea real y no con fraudes contables», prometió ayer la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz Los sindicatos dieron la semana pasada un ultimátum al Gobierno: o en el real decreto de subida se incluía el compromiso de prohibir estas prácticas, o no había acuerdo. Por eso, la promesa que ya se había hecho en los dos años anteriores se ha plasmado esta vez por escrito para «excluir de las reglas de absorción y compensación los complementos que devenguen por las condiciones en que se preste la actividad; por la residencia; los ligados a características intrínsecas de la persona trabajadora; los de cantidad o calidad del trabajo o aquellos cuyo carácter no compensable esté previsto en los convenios colectivos aplicables», según recoge el texto del acuerdo. Pero esta medida irá en un real decreto independiente y mucho más complejo al aprobado ayer, que requerirá de mucho más tiempo para tramitarse. 

La ministra de Trabajo dijo ayer que Antonio Garamendi, presidente de CEOE, cobra “23 veces el salario mínimo”. No es la primera vez que Yolanda Díaz alude a las retribuciones del jefe empresarial para criticarle: en septiembre del año pasado dijo que ganaba 25 veces el SMI. “Le pido prudencia y responsabilidad. Hay margen para mejorar los salarios en nuestro país”, comentó Díaz, al hacer referencia a “márgenes empresariales brutales” y al fuerte crecimiento económico del país, del 2,8% en 2025. En los últimos años crecen más los salarios más bajos (más afectados por el SMI) que los intermedios y los altos, panorama ante el que Díaz urge a las patronales: “Ahora toca, como dijo ayer el presidente del Gobierno, que los empresarios paguen más. Claro que hay margen”. Garamendi reprobó que el Ejecutivo se “salte el diálogo social” porque, a su parecer, “necesita enemigos y, curiosamente, lo somos los que creamos la riqueza”. En este sentido, añadió que no todas las compañías del país son el Ibex. Por otra parte, indicó que los empresarios están subiendo los salarios, si bien añadió que si no lo hacen más es porque, entre otras cosas, el Gobierno “se está poniendo morado a subir impuestos” en materia de cotizaciones. “Todo, al final, se lo come el Gobierno, porque si no, estaría en los bolsillos de los trabajadores. Esa es la realidad”, comentó el presidente de CEOE. En paralelo, la vicepresidenta segunda indicó además que en dos semanas se abrirá el diálogo para emprender otra reforma legislativa de carácter laboral. Díaz dijo que convocará a los agentes sociales para diseñar el proyecto con el que hacer partícipes a los sindicatos de la dirección de las empresas. Es lo que el Ministerio llama “democracia en las empresas”, en línea con la normativa de otros países europeos.

La jornada laboral de 35 horas semanales en la Administración General del Estado (AGE) se aplicará previsiblemente a partir del próximo mes de marzo. Así se acordó en la reunión de la comisión técnica permanente de la mesa general de negociación de la Administración General del Estado, celebrada ayer. Se trata de una comisión preparatoria de la próxima cita de esa mesa, que se espera que tenga lugar a principios de marzo, y que aprobará de forma definitiva la implantación de la jornada laboral de 35 horas en la Administración pública estatal, según informaron fuentes sindicales. La jornada actual son 37,5 horas a la semana.

El sindicato ELA ha anunciado que impulsará alianzas y movilizaciones para negociar las condiciones  aborales de la plantilla de Osakidetza y, con este objetivo, le ha remitido su plataforma reivindicativa a Osakidetza, en la que exige la recuperación imediata del "poder aquisitivo perdido" entre los años 2022-2026 incrementado en un 2%, lo que supone una subida salarial inmediata del 9,5% en todos los conceptos, así como una jornada laboral de 32 horas. En una rueda de prensa en Bilbao representantes de ELA han recordado que Osakidetza lleva 15 años sin renovar las condiciones laborales de su plantilla y las n egociaciones para alcanzar un nuevo acuerdo regulador de condiciones de trabajo "no avanzan". Además, reclama un plan de rejuvenecimiento de las plantillas, con contrato de relevo para todo el personal y deducciones de jornada ordinaria por edad, de tal manera que en la práctica, se adelante la edad en la que a la persona trabajadora deja de prestar servicios. Otra demanda es la reducción de la tasa de temporalidad al 8% con procesos selectivos por concurso de méritos; reclasificación profesional adaptada al nuevo sistema educativo y a las responsabilidades y el perfil de cada categoría.

La deuda pública española cerró diciembre del año 2025 en 1,7 billones de euros, según los datos publicados ayer por el Banco de España. El volumen marca un nuevo máximo histórico en términos absolutos, pero en relación con el tamaño de la economía, la carga se modera: el pasivo equivale al 100,8% del producto interior bruto. El fuerte crecimiento económico del año pasado permite así que el porcentaje retroceda a niveles que no se veían desde febrero de 2020, en la antesala de la pandemia, y pone a tiro bajar de la barrera del 100%. El dato de diciembre apenas varía respecto a noviembre, pero el balance anual confirma que la deuda sigue instalada en niveles inéditos. En el último año aumentó en torno a 78.000 millones, cerca de un 5% más que en 2024. Si se amplía la perspectiva, el contraste es mayor: desde el estallido de la pandemia en 2020, el endeudamiento se ha incrementado en más de 350.000 millones, lo que supone un avance próximo al 26% en solo cinco años. Esta evolución resume el dilema fiscal español. La ratio sobre el PIB logra descender –tras haber superado el 103% durante el año– gracias al dinamismo económico y al mayor PIB, pero el volumen acumulado continúa creciendo. El ajuste se produce más por el denominador que por una reducción efectiva del endeudamiento. En esta línea, Miguel Cardoso, economista jefe de BBVA Research, advierte de una clara ralentización en el ritmo de reducción de la deuda. La recuperación económica y el efecto de la inflación, que en los últimos años han ayudado a aliviar el peso del endeudamiento, ya no bastan para rebajar de forma apreciable el apalancamiento de las Administraciones públicas.

Ángel Escribano, presidente de Indra, ha sido reconocido como el Ejecutivo Ibex 35 del Año por CincoDías, en la primera edición del galardón que otorga el decano de la prensa económica española, por su labor al frente de la compañía de defensa y tecnología. Indra fue la acción del selectivo de la Bolsa española que registró una mayor revalorización en 2025, del 184%, frente a un ascenso del índice del 49%. Los miembros del jurado subrayaron esta evolución, que Indra es la candidata que cumple en mayor medida los criterios del premio y que se ha convertido en “referente en uno de los sectores, el de la defensa, más dinámicos de la actividad económica del año pasado”. Escribano (Madrid, 54 años) llegó a la presidencia de Indra el 20 de enero del año pasado, en sustitución de Marc Murtra cuando este fue nombrado presidente de Telefónica. Desde ese día, ha encabezado un cambio estratégico de la compañía tecnológica para volcarla hacia el negocio de la defensa, en un momento de aumento acelerado del gasto militar en toda Europa por los crecientes riesgos geopolíticos. “La evolución bursátil de Indra en 2025 ha sido consecuencia de una transformación real del negocio y de su posicionamiento estratégico en el ámbito de la defensa”, explica Escribano en su respuesta por escrito a las preguntas de este diario. “Nuestra ambición es que el crecimiento de Indra impulse al conjunto del sector, contribuya a generar empleo cualificado en distintas regiones y actúe como elemento de cohesión territorial. La defensa debe ser también una palanca económica e industrial”, añade.

MasOrange ha iniciado formalmente en este mes de febrero el proceso técnico para desconectar a sus clientes de la infraestructura móvil de Movistar, poniendo fin a una alianza de red que se ha extendido durante una década, heredada de la antigua MásMóvil antes de su fusión con Orange en 2024. Este movimiento, que afecta tanto a los usuarios de MásMóvil como a sus distintos operadores móviles virtuales (OMV) como Pepephone o Yoigo, no representa únicamente un ajuste técnico, sino que constituye una importante jugada financiera debido al ahorro de costes. La compañía usará a partir de ahora la red de Orange en lugar de la de su rival poniendo fin al pago de la mayor parte del alquiler mayorista de la red de Telefónica que daba cobertura completa o parcial a las distintas marcas del grupo MásMóvil. No obstante, el contrato mayorista sigue vigente con el objetivo de seguir ofreciendo la cobertura de Movistar en zonas donde MasOrange no tiene cobertura propia. Tras la toma de control total por parte de Orange sobre el 50% que aún estaba en manos de fondos de inversión en diciembre de 2025, la nueva directiva encabezada por Meinrad Spenger ha acelerado los planes para eliminar duplicidades y costes externos. 

Cuñas de radio en cada paso a publicidad, conversaciones fraternales en el prime time de la televisión nacional, más marquesinas de autobús ocupadas que Stranger Things o Marvel... Durante año y medio, la opa lanzada por el BBVA sobre el Banco Sabadell protagonizó el mercado publicitario español y dejó un cruce de campañas agresivas, moderadas, ingeniosas o sentimentales que, como todo en esta operación finalmente frustrada, ha dejado una factura. Para el banco de origen vasco, que perdió su apuesta en octubre tras no llegar al 30% mínimo de apoyo entre los accionistas de la entidad catalana, el gasto en publicidad conjunto en los ejercicios de 2024 y 2025 se ha disparado por encima de los 1.000 millones de euros. Por años, el esfuerzo se divide entre 441 y 564 millones, respectivamente, según recogen los informes anuales del BBVA registrados ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), y con cifras para todo el grupo, incluyendo sus negocios internacionales. El volumen no es solo récord para un banco que dedicaba a esta partida antes de la opa un 61% menos de lo que ha terminado haciendo. La entidad presidida por Carlos Torres ya llevaba desde 2021 en franca escalada publicitaria. Concretamente, en el año después de la pandemia, el BBVA registró un gasto total en publicidad de 207 millones de euros, mientras que en 2022 subió a 266 y en 2023, a los 349 millones.

El Gobierno suizo anunció hace unos días que el país llevará a cabo un referéndum a mediados de junio sobre una propuesta radical para limitar la población a 10 millones de habitantes, una medida que podría poner en peligro acuerdos cruciales con la UE y dificultar que las empresas suizas contraten a trabajadores extranjeros cualificados. La propuesta, que ha conseguido las 100.000 firmas necesarias para realizar un referéndum nacional según el sistema de democracia directa del país, cuenta con el respaldo del Partido Popular Suizo (SVP). Su objetivo es limitar la población residente permanente de Suiza a no más de 10 millones de personas antes de 2050 y aplicar medidas si supera la cifra de 9,5 millones antes de esa fecha, como denegar solicitudes de asilo y reunificación familiar. La población actual del país es de 9,1 millones de habitantes y Suiza cuenta con un alto nivel de inmigración debido a sus altos salarios y su elevada calidad de vida. Según cifras oficiales, tiene uno de los mayores porcentajes de residentes extranjeros de Europa, del 27%, y su población ha crecido alrededor de un 25% desde el año 2000, una cifra muy superior a la de la mayoría de los países vecinos.

Una de las puntas de lanza del plan de estímulo económico de Takaichi es, sin duda, la fiscalidad. La primera ministra japonesa ya incidió durante su breve primer mandato en reformar el sistema tributario nipón, con el foco puesto en favorecer la inversión nacional e internacional en el país sin renunciar a la responsabilidad y la sostenibilidad necesaria para reducir la elevada deuda del país, que asciende al 226% del PIB. Precisamente la promesa de “sacar a Japón de una política fiscal excesivamente restrictiva y de la falta de inversión” ha sido uno de los principales motivos, según los analistas, por los que los japoneses decidieron otorgar a Takaichi una mayoría absoluta. Y, entre todas las medidas puestas sobre la mesa, la eliminación durante dos años del impuesto a los alimentos –que actualmente es del 8%– se erige como protagonista. La mandataria, que considera la eliminación del impuesto a los alimentos como “un sueño largamente acariciado”, volvió a hacer mención a la medida hace unos días, cuando prometió su suspensión “en la fecha más temprana posible”, así como que los ingresos que la compensarán no serán fiscales y corresponderán a las revisiones de los subsidios vigentes en el país. En paralelo, el gobierno japonés aprobó a finales del año pasado una significativa rebaja fiscal a los combustibles, a través de la eliminación de las tasas provisionales –que llevaban vigentes más de 50 años– a la gasolina y al diésel. La primera de ellas entró en vigor el pasado 1 de enero, antes de las elecciones generales, mientras que la segunda se hará efectiva a partir del 1 de abril. La medida tendrá un impacto estimado de 9.500 millones de euros en las arcas públicas niponas y supondrá un ahorro cercano a los 80 euros anuales por hogar.  La tercera gran palanca del plan fiscal de Takaichi consiste en un paquete de estímulos para promover la inversión de capitales privados en 17 sectores de actividad considerados clave, entre los que se encuentran la inteligencia artificial o la Defensa. Las intenciones del ejecutivo, según la agencia de noticias nipona Jiji Press, son impulsar la entrada de capital a las empresas más afectadas por la guerra arancelaria desatada por Donald Trump el pasado abril. Además de estas medidas, Takaichi avanza la puesta en marcha de “más debates basados en ideas audaces que no estén limitadas por los sistemas convencionales”.

Estados Unidos e Irán han comenzado «el camino para un acuerdo», declaró el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, al término de la segunda reunión indirecta con los enviados de Donald Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner. Como ocurriera en Mascate hace dos semanas, el jefe de la diplomacia de la república islámica fue el primero en reaccionar tras una reunión de dos horas que se desarrolló en la embajada de Omán en Ginebra, en la que se alcanzó «un entendimiento sobre los principios fundamentales» de un posible pacto después de «discusiones muy serias». Sin embargo, el vicepresidente de EE UU, JD Vance, rebajó ese tono optimista. «En algunos aspectos, fue bien; aceptaron reunirse más tarde. Pero en otros, quedó muy claro que el presidente Trump ha fijado algunas líneas rojas que los iraníes aún no están dispuestos a reconocer y abordar», declaró en una entrevista con Fox News. Ante quienes vieron el vaso medio lleno, Araghchi reiteró que ambas partes mantienen posturas que «requerirán tiempo para acercarse». Una vez más todo dependerá de la paciencia de Trump. En la anterior ronda de conversaciones, el aguante del presidente duró cinco encuentros, hasta que en junio Israel atacó por sorpresa a los iraníes y Estados Unidos se sumó con un bombardeo a las principales instalaciones nucleares.