20260222

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

El mundo no gana para sobresaltos desde que llegó Donald Trump a la Casa Blanca. Un día después de que anunciara un arancel global del 10% para tratar de esquivar el varapalo del Tribunal Supremo a sus tasas, el presidente de EE UU elevó ese gravamen al 15% en un nuevo ejercicio de improvisación. La incertidumbre es máxima en el comercio mundial. Nadie tiene claro qué tendrá que pagar. Bruselas, por ejemplo, teme que si decae el pacto con EE UU tras el fallo judicial se le aplique la tasa aduanera estándar que los países de la Organización Mundial del Comercio imponen a las importaciones cuando no hay acuerdos bilaterales y que dicho gravamen se sume al 15% impuesto por Trump, con lo que acabaría pagando más que ahora. La confusión se extiende entre gobiernos y empresarios de todo el globo. La furibunda reacción de Trump, que llamó a los magistrados del Supremo “perros falderos de la izquierda radical”, evidencia la dimensión del golpe judicial contra la piedra angular de la política económica del republicano. El Gobierno estadounidense ha ingresado hasta ahora más de 200.000 millones de dólares (169.000 millones de euros)por los aranceles en 2025, unos recursos esenciales para un país con un déficit público galopante, una deuda pública al alza y un presidente que insiste en rebajar impuestos a las empresas y aumentar el gasto militar. Y nadie sabe si ahora habrá que devolver ese dinero a las empresas que lo reclamen, ni cómo se haría eso.

La Unión Europea y China caminan hacia una versión más pragmática de una relación marcada hasta ahora por la desconfianza. Es apenas un acercamiento táctico, motivado por la hostilidad de Estados Unidos. Cargado de suspicacias por ambos lados. Y que en Europa protagonizan más algunas cancillerías que las propias instituciones comunitarias. Bruselas sigue agarrándose a la retórica del apaciguamiento con el trumpismo, y el negativo fotográfico de ese atlantismo no permite alegrías con China. Pero han surgido voces que piden dar un paso adelante, sin líneas rojas, con Washington y con Pekín. Cuando EE UU era el aliado histórico, la Comisión Europea definía a China como “socio, competidor y rival sistémico”, una macedonia confusa en la que primaba el énfasis en la rivalidad. Ese sesgo negativo no ha desaparecido. Pero la beligerancia del presidente Donald Trump obliga a la Unión a reconsiderar su mirada hacia Oriente, como ha hecho Canadá. Es lo que relatan, con mil y un matices, una quincena de fuentes consultadas para esta crónica en Bruselas, en varias capitales y entre los think tanks (laboratorios de ideas) y académicos europeos, chinos y estadounidenses. Si el propio Trump se ha visto obligado a entenderse con Xi Jinping, ¿por qué no debería Europa hacer lo mismo? Bruselas recela por el papel de China en la guerra entre Rusia y Ucrania. El vínculo de Pekín con Moscú provoca sarpullidos en los países cercanos al conflicto. Además, el boom exportador chino está castigando a la industria continental.

El departamento de Ciencia, Universidades e Innovación del Gobierno Vasco ha identificado hasta 78 empresas vascas como potenciales usuarias del IBM Quantum System Two, de las que 30 tienen origen guipuzcoano. Estas firmas aparecen en los listados oficiales de la rama de Innovación y Ciencia, que las considera candidatas naturales a aprovechar el acceso preferente que Euskadi tiene a la infraestructura de IBM. En esa relación figuran nombres de primer nivel como CAF, Viralgen, Ulma, Kutxabank, Irizar, Eroski o Ampo, lo que dibuja un auténtico ‘dream team’ del tejido productivo guipuzcoano. La clasificación agrupa a las compañías en diez grandes ámbitos: energía, banca y servicios financieros, biosanidad, automoción, aeroespacio y defensa, siderurgia, automatización y electrónica, logística y distribución, máquina-herramienta y otras industrias. Se trata, en buena medida, de sectores donde los problemas de optimización, simulación avanzada o diseño de nuevos materiales podrían beneficiarse antes de las capacidades cuánticas. Entre ellos destacan, por su dinamismo, la energía, la banca y la biosalud, además del campo de los materiales avanzados estrechamente ligado a la automoción y la industria pesada, donde las ventajas competitivas podrían aparecer a corto plazo. Para facilitar este salto del laboratorio a la planta de producción, el departamento de Ciencia, Universidades e Innovación del Gobierno Vasco ha desarrollado ya un protocolo que permitirá a las empresas acceder al ordenador cuántico a lo largo de 2026.

La histórica escalada bursátil de Indra ha multiplicado el valor de la participación de la guipuzcoana Sapa Placencia hasta situarla ya en el entorno de los 750 millones de euros, frente a los algo más de 240 millones que valía hace apenas un año. En términos absolutos, el grupo de la familia Aperribay ha visto cómo su paquete accionarial se ha revalorizado en cerca de 500 millones de euros, al calor del rally que ha convertido a la cotizada presidida por Ángel Escribano en la estrella indiscutible del mercado español del pasado ejercicio. Sapa controla el 7,94% del capital de Indra, lo que equivale a algo más de 14 millones de acciones sobre un total de 176,6 millones de títulos. Con la cotización situada ahora en el entorno de los 54 euros por acción, el valor de ese paquete supera claramente los 740 millones de euros. En febrero de 2025, cuando la acción rondaba los 17 euros, la participación apenas alcanzaba los 238 millones. El salto es evidente: el valor se ha multiplicado por tres en apenas doce meses. La posición de la compañía guipuzcoana en Indra no responde, además, a una apuesta financiera coyuntural. La adquisición del paquete se estructuró en 2021 mediante un contrato de derivados –conocido en el argot financiero como ‘collar agreement’– suscrito con Deutsche Bank, una fórmula habitual en operaciones de este tipo que combina financiación y protección frente a la volatilidad bursátil. En términos sencillos, este mecanismo fija una especie de suelo y techo para la inversión: protege al accionista ante caídas pronunciadas de la acción, garantizando un valor mínimo, a cambio de limitar parcialmente el beneficio si la cotización supera determinados niveles previamente pactados.

El aumento del absentismo laboral se ha convertido en los últimos días en tema de debate público Según un estudio reciente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), su incidencia creció más de un 60% entre 2017 y 2024, con un incremento de la duración media del 15%. El impacto es especialmente visible en Euskal Herria. Nafarroa es la comunidad que registró las mayores tasas de incidencia de incapacidad temporal por contingencias comunes en 2024, con 52,2 casos por cada mil afiliaciones, según el último informe de la AIReF. Le siguen Catalunya y la CAV con 49,1 y 42,6 casos respectivamente. Las consecuencias no son solo sanitarias, también económicas. En la última década, el coste asociado a las bajas se ha triplicado (223%), mientras que los procesos iniciados se han duplicado (127%) muy por encima del crecimiento del empleo (28,5%). Las mutuas calculan incluso que determinados procesos traumatológicos podrían resolverse antes si tuvieran mayor capacidad de intervención, ahorrando así miles de millones. Según el presidente de la organización de autónomos (ATA) y vicepresidente de la CEOE, Lorenzo Amor, “el absentismo laboral se ha disparado y está desangrando a muchas empresas y autónomos”. En la misma línea se ha manifestado Rosa Santos. La directora de empleo, estabilidad y protección social de CEOE considera que el absentismo es uno de uno de los problemas “más importantes” que hay ahora mismo en el Estado. Santos apuesta por dar más papel a las mutuas para que incluso puedan dar altas o que la Seguridad Social entre a controlar las bajas de las personas recurrentes, ya que se trata de un problema de gestión con el que no tienen por qué cargar las empresas. Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, planteó la pasada semana la celebración de un congreso en el que todos los territorios y sectores puedan exponer y analizar este tema. La patronal vasca también se muestra preocupada por el aumento de las bajas. La presidenta de Confebask, Tamara Yagüe reconoció hace unos días que “el absentismo está afectando seriamente a la competitividad de las empresas vascas. Junto a la falta de perfiles cualificados, es lo que más nos preocupa hoy en día. Debemos ser conscientes de que tenemos un problema que repercute en la economía y en el bienestar de todos”. Yagüe reclamó unidad para hacer frente a este problema: “Tenemos que trabajar toda la sociedad en conjunto”.

Listas de espera en la sanidad pública, plantillas envejecidas, burocracia y jóvenes desmotivados incrementan hasta un 80% las ausencias en el trabajo en diez años. El creciente aumento de las ausencias al trabajo por enfermedad es un fenómeno que no pasa desapercibido en las empresas, en los centros de salud, ni en el Congreso de los Diputados. Las bajas laborales son noticia y los datos estadísticos sobre el asunto resultan incontestables. En 2017, con una población ocupada de 18 millones de personas, se registraron 4,7 millones de procesos de bajas laborales entre los trabajadores. Ocho años después, en 2024, hubo 8,6 millones de estas bajas (conocidas técnicamente como incapacidad temporal), prácticamente el doble. Mientras que el número de trabajadores creció un 19% en este periodo, los procesos de baja se dispararon un 83%. No obstante, para eliminar el efecto del empleo en el crecimiento de las bajas (lo lógico es que cuantos más trabajadores haya, más ausencias se producirán) se debe evaluar su incidencia (un indicador que mide el número de procesos de baja que se inician de media al mes por cada 1.000 trabajadores protegidos por la Seguridad Social). Según esto, en 2017 se contabilizaron 21,4 procesos medios al mes frente a 34 en 2024, casi un 60% más. Todas estas cifras están en el informe sobre el gasto público en incapacidad temporal elaborado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), el más exhaustivo sobre esta materia realizado recientemente por un organismo público. La patronal de mutuas AMAT, ampliando el periodo entre 2015 y 2025, observa un aumento superior al 80%. Los análisis de organismos públicos, empresas, sindicatos, mutuas y expertos académicos coinciden plenamente en una cosa: las causas del fenómeno son múltiples y han provocado una tormenta perfecta que ha desembocado en un intenso crecimiento de la incapacidad temporal. La oleada de ausencias por enfermedad se ha convertido en un verdadero problema de salud para los trabajadores, de carga de trabajo para los profesionales de la sanidad, de gasto público para el Estado y de costes económicos y organizativos para las empresas.

Para la Seguridad Social, su enfermedad importa. Pero en el algoritmo que prioriza las inspecciones, su provincia pesa más. Desde 2018 un sistema de inteligencia artificial revisa cada día miles de bajas laborales para estimar qué expedientes tienen más probabilidades de terminar en alta médica. No la concede ni sustituye al facultativo, pero sí ordena la agenda administrativa: decide a quién citar antes y a quién después. Y en esa jerarquía previa, la variable territorial tiene un peso estadístico tres veces superior al del diagnóstico concreto, según los documentos técnicos obtenidos por este periódico. El modelo asigna a cada expediente una puntuación de entre 0 y 1. Ese número expresa la probabilidad de que el trabajador esté en condiciones de reincorporarse en la siguiente revisión. Antes de que ningún inspector examine el caso, el sistema ya ha hecho su cálculo. En esa ecuación intervienen la edad, el sexo, el historial de bajas o el tipo de proceso, pero el código postal figura entre los factores con mayor influencia.

Se buscan directores de colegio. Educación se enfrenta al grave problema de encontrar sustitutos a los 57 responsables de centros que dejan sus cargos al finalizar este curso. Se trata del 40% de las plazas de dirección y, si no se cubren, se designará un responsable tras hablar con el claustro. El Departamento de Educación del Gobierno vasco no ha encontrado voluntarios para ser director en el 40% de los centros públicos cuyos equipos directivos acaban su mandato en junio. Así ha sucedido en 44 de las 114 escuelas e institutos de Euskadi donde toca renovar el cargo. La situación es más grave en el caso de los centros Específicos de Personas Adultas y las Escuelas Oficiales de Idiomas. De los 22 centros de este tipo cuyas direcciones quedarán vacantes, en 13 (el 59%) no se ha presentado nadie para asumir las riendas. Se trata de un problema de primer orden. Un equipo directivo estable con un proyecto sólido es uno de los elementos que más influyen en el buen funcionamiento de un colegio. Este grupo se compone por un director, un jefe de estudios y un secretario, aunque puede haber adjuntos en función del tamaño del centro. Los mandatos son de cuatro años que se pueden prorrogar sin límite siempre que se vaya renovando el proyecto educativo y se cumplan ciertos requisitos. Cuando no hay voluntarios, es inspección educativa quien, tras entrevistarse con el claustro y la comunidad escolar, designa a un responsable. «En los últimos años se han dado avances significativos. Los centros donde los inspectores tenemos que nombrar a alguien son pocos, aunque tenemos que seguir trabajando», expone Xabier Balerdi, inspector general de Euskadi. 

Los sindicatos pesan más en Euskadi que en el resto de España y su afiliación va al alza en contra de la tendencia general. Así se traducen los datos de las tres haciendas forales vascas que reflejan un incremento en el número de trabajadores que desgravan de la declaración de la Renta las cuotas que pagan a las centrales. Solo en cinco años –de 2019 a 2023, los últimos registros trasladados por las tres diputaciones–, su cifra ha crecido casi un 13% alcanzando ya los 230.145 afiliados. Unos números que llaman la atención en un territorio que destaca por el pulso que las plantillas mantienen con las patronales y por protagonizar casi la mitad de todas las huelgas que se convocan en todo el país. Teniendo en cuenta que al cierre de 2023 el número de asalariados registrados en la Seguridad Social era de 812.000 personas, las cifras de afiliación suponen que más de una cuarta parte de los trabajadores en Euskadi (el 28,3%) está inscrito a una central. Una realidad totalmente diferente a la manifestada para el resto de España. Según el estudio presentado esta semana por el centro de análisis Funcas, a nivel nacional el número de carnés de sindicato cae de forma gradual. Entre los años 2000 y 2023 se redujo del 15% al 12,5%, y evidenció la brecha generacional que se ha abierto también en este espacio. «Los sindicatos están teniendo más problemas de implantación entre los jóvenes», advierte el investigador del CSIC y colaborador de Funcas, Héctor Cebolla. 

En los próximos meses los sindicatos iniciarán su particular combate. Aunque desde la reforma laboral de 1994 el sistema de elecciones sindicales ha pasado a ser un proceso continuo, menos supeditado a un periodo concreto, lo cierto es que más de la mitad de los delegados sindicales se comenzarán a decidir en los próximos meses. En este contexto está por ver cómo evolucionan las dos centrales que lideran la lista con una ELA que dobla al resto, pero que registra una bajada tras el máximo alcanzado en 2019 y una LAB al alza. Según estiman las centrales, entre este año y comienzos de 2027 se decidirán en torno a 12.000 representantes de los 20.000 que conforman actualmente los comités de empresa. Al cierre del pasado ejercicio, la formación liderada por Mitxel Lakuntza (ELA) registraba casi 8.100 delegados sindicales, según recogen los últimos datos del Gobierno vasco. La central que tiene a Garbiñe Aranburu como coordinadora (LAB) escaló hasta los 4.161, mientras que la de Santi Martínez (CC OO) se quedó en 3.558 y UGT Euskadi cerró con 2.087. Juntos suman casi nueve de cada diez representantes, aunque ESK, USO, STEILAS, Satse y CGT, entre otros, siguen marcando una diferencia clave en muchos casos.

Tras una semana marcada por la sorpresiva llegada de Uber a Gipuzkoa, que ha sacudido el mapa del transporte en el territorio, entran en escena nuevos actores. Ahora es la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) quien se pronuncia sobre el desembarco de esta multinacional en el territorio y avala su implantación. Según defiende este organismo, esta alternativa al taxi tradicional «mejorará el funcionamiento de todo el sector y, sobre todo, beneficiará a los ciudadanos, ya que podrán disfrutar de más alternativas de movilidad así como mejores condiciones en términos de calidad, innovación y precio». En la misma línea se pronuncia también la Autoridad Vasca de la Competencia, que considera «positiva para la ciudadanía» la entrada de operadores al mercado de VTC, según traslada a este periódico la presidenta de la entidad, Ainara Herce. El aterrizaje de Uber en Gipuzkoa este pasado miércoles, una noticia avanzada en exclusiva por este periódico, ha revolucionado la movilidad en el territorio tras diez años de batalla legal con las instituciones, que se han negado de forma reiterada a permitir la entrada de este tipo de servicios VTC en el mercado –desde 2023 la Diputación de Gipuzkoa, competente en la materia, ha denegado más de 6.300 solicitudes de licencia para poder operar en el territorio bajo el modelo Uber–.

Varios centenares de trabajadores del campo alavés recorrieron ayer las calles de Vitoria en una nueva convocatoria impulsada por las organizaciones UAGA, Ataca, Araba Bizirik y Bionekazaritza para mostrar el rechazo al acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. Bajo el lema ‘Por la soberanía alimentaria, la salud y la vida de los pueblos’, en la protesta desarrollada participaron también medio centenar de tractores que por momentos colapsaron las arterias de la capital. Con la marcha, secundada también por los sindicatos EHNE Confederación, ENBA, LAB, CC OO, ESK, Steilas, CGT y CNT, entre otras agrupaciones, se buscaba mostrar la oposición a un tratado con países latinoamericanos que, a su juicio, perjudicará gravemente al sector primario en Álava. Supone «un grave riesgo para la salud», alertaron a través de un comunicado leído al finalizar la marcha, que recorrió desde la plaza Bilbao hasta Santa Bárbara. Junto a la protesta también se realizó una recogida de firmas para exigir a las instituciones que frenen su ratificación. El pacto supone la «importación de productos transgénicos, tratados con infinidad de fitosanitarios muy peligrosos, así como carne tratada con hormonas», advirtieron. A pesar de que se ha anunciado que los alimentos importados deberán cumplir la normativa comunitaria, «la experiencia nos demuestra que los controles que se hacen no lo garantizan de ningún modo», señalaron los convocantes, que alertaron de posibles efectos a largo plazo sobre la salud humana y el medio ambiente.

Desde principios de enero a mediados de febrero el agua parecía no dejar de caer sobre España salvo en pequeños respiros puntuales que casi producían asombro allí donde se daban. Mientras, por toda España hubo un fenómeno, en cierto modo, aún más sorprendente: agua que en lugar de caer, subía. Lo hacía, además, para generar la electricidad más barata de los últimos cinco años gracias a las centrales hidroeléctricas de turbinación. Ha sido una suerte de experimento que muestra cuál debería ser el futuro del mix eléctrico en el país, según lo recogido en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), aunque aún con las dudas de que se alcancen los objetivos de almacenamiento y con la espada de Damocles sobre las centrales nucleares, cuyo cierre, a día de hoy, supondría depender aún más del gas. En enero de este año el precio del megavatio hora en el mercado mayorista ha sido 71,78 euros de media, el más barato para este mes desde 2023 (entonces marcó 69,55 euros/MWh) y muy por debajo de 2022, cuando se fue hasta los 201,72 euros, según los datos de OMIE. En los primeros 15 días de febrero la tendencia es todavía más pronunciada: los 10,7 euros de esta quincena ridiculizan incluso la cifra alcanzada en el mismo mes de 2021 (27,86 euros), que ya fue históricamente bajo y estuvo enmarcado en un contexto de menor actividad económica –aún coleaba la pandemia– y todavía lejos de la crisis energética que comenzó poco antes de la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

"...Casi el 70% del empleo generado por el sector privado en el periodo 2019-2025 procede de empresas de más de 250 trabajadores, mientras que las micropymes (de menos de 10 empleados) solo aportaron el 1,5%. Las grandes empresas ya ganaron peso en el ciclo expansivo anterior a la pandemia, pero a un ritmo muy inferior. Además, este fenómeno de concentración de la creación de empleo en grandes unidades ha ido de la mano de una tendencia a la internacionalización, a tenor del incremento del número de empresas que exporta regularmente y del importe medio de dichas transacciones. ¿Estaríamos, por tanto, a las puertas de un nuevo paradigma, premonitorio del tan anhelado cambio de modelo productivo? Mucho depende de los factores subyacentes. Todo apunta a que el incremento del tamaño de las empresas es generalizado: no solo hay menos empresas pequeñas, también crece el promedio de la plantilla de las empresas medianas y grandes. De manera similar, este proceso de subida en escala se observa tanto en los servicios profesionales y otras actividades de alto contenido tecnológico, como en los sectores tradicionales ligados al turismo o al consumo interno. Es posible que el despliegue de nuevas tecnologías entrañe economías de escala. De manera más prosaica, el tamaño empresarial ha sido una ventaja para acceder a los fondos europeos, habida cuenta de la complejidad de los requisitos burocráticos. Y las revalorizaciones sucesivas del salario mínimo han podido también incentivar la búsqueda de una mayor eficiencia para ciertas microempresas, so pena de desaparecer. En todo caso, parece que los famosos umbrales tributarios y regulatorios se han suavizado o no constituyen ya una barrera infranqueable al crecimiento empresarial..."

La falta de control sobre los minerales críticos, dominados por China, dificulta el aumento del presupuesto militar de la UE. De los 12 minerales críticos que la OTAN considera cruciales para la defensa del Viejo Continente, China domina entre el 60% y el 90% de la cadena de producción de estos. “La industria de defensa no ha sido una prioridad en la formulación de políticas europeas durante las últimas décadas, hasta que la agresión rusa contra Ucrania la devolvió con urgencia al centro del debate político”, afirma Benedetta Girardi, analista del Centro de Estudios Estratégicos de La Haya. “Y evidentemente, tampoco lo son las cadenas de suministro”, agrega la especialista, que ha encabezado la elaboración de un informe en el que se detallan las vulnerabilidades del continente en este campo. Las necesidades de minerales críticos tienen una arquitectura compleja, en la que se cruzan las prioridades industriales de defensa con las de la electrificación y el consumo de nuevas tecnologías. Por ejemplo, el grafito y el aluminio son los materiales más críticos para el sector militar debido a su uso masivo en casi todas las aplicaciones: aviones —de combate, transporte, patrulla marítima y no tripulados—, helicópteros —de combate y polivalentes—, portaaviones y portahelicópteros, buques de asalto anfibio, corbetas, patrulleros de altura, fragatas, submarinos, tanques, vehículos de combate de infantería, artillería y misiles. Pero la Unión Europea (UE) considera que para la transición verde las tierras raras son la prioridad máxima. “El sector energético, por ejemplo, ha acaparado la discusión sobre los materiales empleados en los aerogeneradores, y la industria de la defensa ha sufrido la concentración del discurso”, añade Girardi.

“Dejen de contratar a humanos”. “Los Artisans nunca llegan al trabajo con resaca”. “Los humanos son una cosa muy de 2023”. “Los Artisans no se quejan por la conciliación de vida laboral y familiar”. En marquesinas y vallas publicitarias, por todo San Francisco, este tipo de lemas sacudieron a la opinión pública de Estados Unidos el pasado verano. La compañía de soluciones de inteligencia artificial aplicada a las ventas Artisan, que estaba detrás de esta campaña, buscaba la provocación, como resulta evidente. La logró, junto con una resonancia y una ira que superó sus expectativas. Probablemente, porque el mensaje de fondo no suena a broma, ni a bravata. Seguramente porque la idea que subyace resulta cada vez más tangible en la primera economía del mundo: la sustitución de empleo humano por software. En el gran debate sobre la desigualdad, a la hora de examinar las tendencias de futuro, resulta útil poner la lupa en ello, al margen de las legislaciones nacionales y muy por encima de las pugnas entre generaciones. La ganancia está migrando de de la fuerza del trabajo al capital, porque el peso del trabajo encoge. Un dato elocuente que recogía The Wall Street Journal —no precisamente una publicación bolchevique— el día 9: en 1985 la compañía más valiosa de Estados Unidos era IBM y suponía uno de los mayores yacimientos de empleo, con 400.000 trabajadores. En la actualidad, la empresa de chips Nvidia vale unas 20 veces lo que IBM entonces y gana cinco lo que esta, pero no tenía más que 36.000 empleados a cierre de 2025, es decir, no llega a una décima parte.

El Departamento de Defensa de Estados Unidos completa estos días su mayor despliegue en Oriente Medio desde la invasión de Irak hace 23 años, mientras corre la cuenta atrás de los 10 o 15 días que Donald Trump ha dado a Irán para llegar a un acuerdo sobre su programa nuclear y evitar un ataque estadounidense. Las advertencias del presidente estadounidense a Teherán son casi diarias. “Más vale que lleguen a un acuerdo”, declaraba en una rueda de prensa el viernes. Unas horas antes había confirmado que se plantea un ataque selectivo contra objetivos iraníes como medida de presión. El jueves reiteraba que “ocurrirán cosas malas” si Irán no mueve ficha en un “máximo” de 15 días. Según el digital Axios, entre las acciones que sopesa el inquilino de la Casa Blanca está atentar contra el líder supremo iraní, Alí Jameneí, y su posible sucesor, su hijo Mojtaba. Irán trata de ganar tiempo. El viernes, su ministro de Exteriores, Abbas Araghchi, declaraba a la cadena de televisión MS Now que entregará en cuestión de pocos días la propuesta de Teherán a los negociadores estadounidenses, Steve Witkoff y Jared Kushner, el yerno de Trump. Pero la duda es si la República Islámica, que promete duras represalias ante un ataque, puede plantear algo que satisfaga las exigencias de Trump, dada la enorme diferencia en sus posiciones. O si los preparativos estadounidenses ya están demasiado avanzados para echarse atrás.