20260112

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

De momento, y a la espera de saber qué medidas concretas quieren impulsar desde La Moncloa, hay varias iniciativas que no requieren pasar por el Parlamento y que tienen un marcado carácter sociolaboral. Afectan tanto a ministerios socialistas como a los que dirigen ministros de Sumar y están en distintas fases para su aprobación. Entre estas medidas se encuentran la regulación del registro horario en las empresas, las nuevas normas para la jubilación flexible o los cambios en el salario mínimo, entre otras. Actualmente, la dificultad para aprobar leyes ha llevado al Gobierno a protagonizar varios fracasos en la Cámara baja. Entre los más sonoros está el decreto ómnibus, de hace un año: el Ejecutivo no pudo sacar adelante, entre otras muchas cosas, la subida de las pensiones para 2025, que tuvo que aprobar por otra vía. También en julio pasado, el Congreso impidió la aprobación del decreto antiapagones. Pero quizás la derrota más mediática y que afectó a más gente se produjo el pasado 10 de septiembre, cuando el Gobierno no pudo siquiera iniciar la tramitación de la ley para reducir la jornada máxima legal a 37,5 horas y media, por la oposición del Partido Popular y Vox junto a Junts. Esas trabas llevaron a Sánchez a aconsejar a sus ministros que optasen por otras herramientas normativas cuya aprobación dependa exclusivamente del Gobierno. No obstante, “para usar estas otras vías regulatorias es necesario que exista una habilitación legal en otra norma”, explica el jurista y vicesecretario general de políticas sindicales del sindicato UGT, Fernando Luján. Esto es, que haya una norma con rango legal que apele a su desarrollo en un reglamento. En ese caso hay dos canales para llevar a cabo dicho desarrollo: una son los reales decretos, que debe aprobar el Gobierno, si la ley habilita al Ejecutivo para ello. O bien las órdenes ministeriales, si el texto legal precisa que sea un ministro el responsable de ese desarrollo reglamentario. En el caso de que la ley no especifique cómo hacerlo, se suele recurrir a reales decretos si el reglamento modifica la estructura o los aspectos básicos del texto legal; o a una orden ministerial si el desarrollo es más de carácter técnico.

"...El impacto frontal del SMI se localiza en las pequeñas empresas y en los autónomos empleadores. A ellos, el salario mínimo les afecta y lo hace sin matices. No admite negociación, no atiende a márgenes ni distingue entre sectores o ciclos económicos. En ese ámbito, el SMI es un impuesto frontal sobre el autónomo o el pequeño empresario, fijado sin contemplar su capacidad real para absorberlo o trasladarlo. Desde el punto de vista técnico, el planteamiento es bien conocido. El salario de mercado es un precio libre, resultado de la productividad, la cualificación y la demanda de trabajo. El SMI, por el contrario, es un precio exógeno, fijado por decreto. No refleja la posición relativa de cada sector, ni de cada empresa, ni su adecuación a la productividad del trabajador. Conviene recordar, además, que no todos los países avanzados cuentan con un salario mínimo legal obligatorio. Austria, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Italia, Noruega, Singapur, Suecia o Suiza han optado por sistemas abiertos, donde el salario se determina por el sector privado ajustándose a criterios de mercado. No es casualidad que se trate, precisamente, de economías que superan holgadamente a España en los rankings de productividad. Frente a ello, el SMI introduce el «café para todos» que abstrae sin reparos de realidades muy distintas entre sectores, territorios y tamaños de empresa..."

Puede resultar un tanto paradójico que un programa que entre sus objetivos iniciales incluía la protección de la industria automovilística europea –que ahora atraviesa una crisis estructural sin precedentes–, haya terminado beneficiando en gran medida a los fabricantes chinos. Y es que, según señalan fuentes del Ente Vasco de la Energía (EVE), de las 6.110 solicitudes del plan Moves recibidas hasta el 31 de diciembre –fecha en la que terminó el plazo para optar a las ayudas, que van hasta los 7.000 euros–, 1.710 de ellas tenían como objetivo comprar coches chinos. En otras palabras, el 28% de los conductores vascos que han realizado la petición, a la espera de ser aprobada, han optado por algún vehículo del gigante asiático. Por orden de preferencia destacan los modelos de BYD, MG y Jaecoo. Todo ello se enmarca en un momento en el que la industria del automóvil europea, una de las piedras angulares de la economía del continente, se encuentra en una crisis estructural sin precedentes por la feroz competencia, que cada vez logra una mayor penetración en el mercado europeo gracias a sus precios competitivos. Sin embargo, esa aventajada posición en el segmento electrificado, han denunciado en ocasiones altos cargos del sector como los CEOs de Stellantis y Renault, se debe a que las marcas chinas han sido beneficiadas por su propio Gobierno, marcando un terreno de juego desigual. La propia presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, abrió una investigación en 2023 con el objetivo de determinar si Pekín ‘dopaba’ a su industria mediante subsidios «ilegales» con el fin de poder introducir sus vehículos a precios bajos en mercados externos. Finalmente, Bruselas concluyó que así era, por lo que aplicó desde entonces unos aranceles a los coches procedentes del gigante asiático, pero únicamente a los eléctricos puros (gravados hasta con un 45,3%), mientras que los híbridos enchufables quedaron sujetos a únicamente un 10%, lo que se ha traducido en una clara puerta de entrada al mercado europeo.

El nuevo Reglamento de Extranjería entró en vigor el 20 de mayo con el objetivo de simplificar y agilizar los procedimientos para que los inmigrantes regularicen de forma más rápida su situación en España, y estos han respondido de inmediato. En seis meses y medio las oficinas de Gipuzkoa ubicadas en el barrio donostiarra de Amara han visto aumentada considerablemente su actividad después de que hayan más que duplicado las autorizaciones de residencia otorgadas a los foráneos, de 800 entre junio y octubre del 2024 a un total de 1.843 en el mismo periodo del año pasado. El aumento es del 130%. La principal novedad del nuevo reglamento es que se ha reducido de tres a dos años el tiempo de estancia en España exigido para solicitar el permiso. Los cambios de mayor calado se han producido en el arraigo sociolaboral, para el que hay que contar con al menos un contrato de trabajo. Además de la reducción del tiempo de permanencia, también se han modificado las condiciones que se exigen en los propios contratos laborales. Desde mayo es suficiente que se garantice una jornada de al menos 20 horas semanales –anteriormente se exigían 30 horas– y retribuciones proporcionales al salario mínimo interprofesional, o al establecido por el convenio aplicable, en proporción a la jornada trabajada. En una realidad en la que los expertos cifran en 400.000 los nuevos puestos de trabajo que se van a tener que cubrir en Euskadi durante las tres siguientes décadas, esas nuevas condiciones han permitido que inmigrantes que llevaban varios años en situación irregular puedan abandonar la economía sumergida, incorporarse al mercado laboral y ser uno más en la Seguridad Social.

La reforma fiscal aprobada por las Juntas de Gipuzkoa en mayo del año pasado trae consigo cambios significativos en materia de deducciones fiscales ligadas a la vivienda en este arranque de 2026. La medida más relevante afecta a los contribuyentes con rentas superiores a 68.000 euros. A partir de ahora, más de 8.100 guipuzcoanos ya no podrán beneficiarse de la deducción fiscal por la compra o el alquiler de una vivienda habitual, unas desgravaciones que presentan un crecimiento del 134% desde 2013. Este cambio normativo introducido en la reforma fiscal tiene por objetivo frenar la especulación inmobiliaria. Según el Informe anual de la Hacienda foral de 2024, con datos fiscales de 2023, esta medida excluye del beneficio fiscal a 8.153 guipuzcoanos con rentas medio-altas. Estos contribuyentes pierden así acceso a un crédito fiscal de hasta 36.000 euros del que gozaban anteriormente, lo que supone un importante impacto en el ahorro tributario de este colectivo. La administración foral se ahorrará con esta medida alrededor de 11 millones de euros en deducciones a este segmento de población. Los datos de Hacienda Foral muestran un patrón claro. El mayor número de beneficiarios de las deducciones por vivienda se concentra en los tramos de renta más bajos. Los contribuyentes con base liquidable entre 15.600 y 27.600 euros representan la mayoría de los beneficiarios, con más de 52.865 solicitantes de estas deducciones. En conjunto, casi tres de cada diez guipuzcoanos (el 26,5% de los 413.889 declarantes) accedieron a esta ventaja fiscal en la campaña de Renta 2024.

Si 2025 ha sido el año de la gran ebullición en el mercado de la vivienda, 2026 será el año, aun con cifras muy positivas, de la moderación de esta fase de crecimiento, especialmente en la compraventa. ¿La razón? Existe un gran déficit de vivienda en el mercado inmobiliario, que se seguirá intensificando tanto en el ejercicio actual como en los siguientes y seguirá tensando los precios; pero, al mismo tiempo, este incremento está desbordando la capacidad de los salarios, lo que, sin un mayor apoyo por parte del Banco Central Europeo en forma de rebajas de tipos de interés, expulsa a buena parte de la demanda hacia el mercado del alquiler. Todo ello llevará al casi estancamiento de las transacciones después de un año récord en este sentido, mientras que los precios del arrendamiento siguen subiendo con fuerza, aunque con algo menos de intensidad que en los años previos. Además, la oferta está reaccionando, pero muy lentamente, debido al exceso de carga regulatoria que pesa sobre el sector de la construcción, la falta de suelo disponible, la debilidad del tejido empresarial, la falta de mano de obra y la incertidumbre para los inversores en torno a distintas modalidades, especialmente en la construcción para alquiler. Todo ello explica que “la producción de nuevas promociones siga claramente por debajo de lo necesario, por lo que prácticamente todo lo que sale al mercado encuentra comprador, incluso a precios cada vez más altos”, explica Diego Bestard, CEO y fundador de Urbanitae. 

La partida que destina el Gobierno vasco para concertar aulas de colegios e ikastolas de titularidad privada ha crecido este curso hasta los 919,8 millones de euros. Es casi un 11% más que el año pasado, según desvela el Departamento de Educación en una respuesta por escrito al parlamentario de Sumar Jon Hernández. La subida, explican fuentes oficiales de la consejería que lidera Begoña Pedrosa, obedece a varias razones. La principal es el incremento salarial del personal docente pactado en 2024, con un aumento progresivo hasta 2027 para igualarse con el salario de la red pública. A ello hay que añadir la concertación de los grados C de Formación Profesional, que son los antiguos certificados profesionales que antes ofertaba Lanbide y que ahora han asumido los centros educativos tras la entrada en vigor de la ley estatal de FP. Las citadas fuentes añaden un tercer elemento, que es el incremento de los recursos destinados a la atención de las necesidades educativas especiales, una realidad que va a más.

Este próximo viernes, 16 de enero, está previsto que se celebre la Comisión Mixta entre los Gobiernos central y vasco para cerrar el traspaso de cinco competencias comprometidas desde hace meses. A cuatro días de la cita, que ya se tuvo que retrasar dos semanas por falta de acuerdo, el Ejecutivo autonómico ve «alarmante» la «falta de garantías» para materializar las transferencias. En estos términos se expresó ayer la vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística. En una entrevista en EiTB, Ibone Bengoetxea advirtió de que «no llegar con todas las garantías» para cerrar los traspasos «tal y como fueron suscritos nos llevaría a un escenario institucional y político diferente». Cuestionada por si ese cambio de escenario implicaría retirar el apoyo a Pedro Sánchez, Bengoetxea dijo que «el Gobierno vasco es serio». «Es el momento de dejar que los equipos sigan trabajando, pero no vamos a especular», zanjó. Las cinco competencias implicadas son Salvamento Marítimo, el Centro de Verificación de Maquinaria de Barakaldo, el seguro escolar, las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social y las prestaciones de desempleo. Los grandes escollos tienen que ver con estas tres últimas materias, relacionadas todas ellas con la Seguridad Social. La más relevante es la de las prestaciones de desempleo, que convertiría al País Vasco en la primera comunidad en gestionar las cuantías del paro, lo que supondría disolver el Sepe en favor de Lanbide.

Fuentes gubernamentales confirman a este diario que en la letra pequeña del modelo presentado por Montero, aún por desvelar, no hay nada que afecte a País Vasco y Navarra. El resultado es que ambas manejarán alrededor de un 70% más que la media del resto de comunidades tras la reforma. Así se desprende de los últimos cálculos del director de Fedea y gran especialista en financiación autonómica, Ángel de la Fuente, sobre lo que reciben actualmente las forales y lo que se elevará para el resto con los 20.975 millones de aportación extra del Estado anunciados por Montero. «El aumento de la financiación que ahora se propone reducirá un poco la brecha de las demás regiones con las forales, pero sólo un poco. La diferencia sigue siendo muy grande y es un tema que debería discutirse», afirma De la Fuente a este diario. Según sus cálculos, las forales reciben de media más de 5.500 euros por habitante, frente a los más de 2.900 de la media de comunidades de régimen común, que son todas las demás. Con la mejora que ofrece Montero, que privilegia a Cataluña, apenas subirá esa media a 3.300, con lo que los privilegios forales se blindan y consagran. Todo ello, pese a que Montero remitió en 2017 desde la Junta de Andalucía esta propuesta al entonces ministro Cristóbal Montoro: «Andalucía está conforme con abordar un recálculo del cupo vasco y de la aportación navarra a fin de que el reconocimiento de sus derechos forales no se traduzca en privilegios financieros injustificados».

Repsol, la primera petrolera española, va a volver a situar a Venezuela como una de sus prioridades estratégicas, tras más de una década con inversiones al mínimo o prácticamente congeladas. Repsol prepara una actualización de su plan estratégico para el día 10 de marzo. Es la fecha elegida para su encuentro anual con la comunidad financiera o Capital Markets Day. Será casi tres semanas después de la presentación de resultados trimestrales correspondientes al conjunto del ejercicio 2025, que se realizará el 19 de febrero. A diferencia de otras ocasiones, en las que se ha hecho coincidir el Capital Markets Day con la presentación de resultados, en esta ocasión la cita tendrá su propio protagonismo. La razón es sencilla. Además de revisar algunas métricas, como los dividendos –previsiblemente al alza, tras cubrir objetivos antes de tiempo–, Repsol tiene que adaptar su hoja de ruta a los acontecimientos, sin precedentes, ocurridos en las últimas semanas. En especial, la situación de Venezuela y el poder que ha adquirido en este país la Administración estadounidense de Donald Trump. EEUU y Venezuela son dos palabras que, en el caso de Repsol, van unidas. Esos dos países ocupan, respectivamente, la primera y segunda posición en el negocio tradicional de upstream (exploración y producción) de Repsol, tanto desde el punto de vista de reservas de hidrocarburos, como de producción de barriles, de crudo y de gas. El problema es que desde hace más de dos décadas, cuando Venezuela renacionalizó sus hidrocarburos, Repsol no ha podido exprimir todo el potencial del país. En los últimos años, la situación ha ido de mal en peor.

El barril de Brent, de referencia en Europa, se ha mantenido desde comienzos de año, y a pesar de la captura del líder bolivariano, en el entorno de los 60 dólares. Una calma que contrasta con los fuertes movimientos que experimentó esta materia prima en episodios recientes como el ataque de Washington a Irán en junio del año pasado, cuando el temor al cierre del Estrecho de Ormuz, por el que transita cerca del 20% del petróleo mundial, disparó la cotización por encima de los 80 dólares. Tras las grandes cifras –una quinta parte de las reservas mundiales de crudo están en este territorio caribeño–, la paradoja es que la producción de Venezuela a día de hoy es mínima. Y pese al repunte de la cotización a cierre del mercado el viernes por encima de los 63 dólares por la expectativa de la reunión de Donald Trump con los principales directivos de las petroleras para definir el acceso a las reservas del país en Venezuela, el mercado no percibe un impacto relevante en los flujos reales de oferta. La explicación principal está en los volúmenes y en los tiempos. Venezuela produce en torno a un millón de barriles diarios en un mercado global de aproximadamente 100 millones, y su capacidad para aumentar esa cifra en el corto plazo es muy limitada. «Venezuela no puede aumentar su producción rápidamente. Como mucho podría sumar unos 300.000 barriles diarios el próximo año y eso es una gota en el océano», explica a este medio Jorge León, vicepresidente sénior y jefe de análisis geopolítico de la consultora Rystad Energy. Esa es la realidad que explica por qué el mercado no ha reaccionado de forma brusca pese al fuerte ruido geopolítico. «Esto no es Rusia ni Ucrania», zanja León.

El campo europeo recela del acuerdo comercial de la Unión Europea con Mercosur. A pocos días de la firma del pacto en Paraguay, agricultores y ganadores insisten en su rechazo porque creen que empeorará su actividad. Las protestas se han sucedido en los últimos días a lo largo y ancho del continente europeo, y persistieron este domingo en varios puntos. Una de las movilizaciones más destacadas en España tuvo lugar a mediodía del domingo en Tarragona: una treintena de tractores y vehículos colapsaron el centro de la ciudad para protestar contra el acuerdo. Encabezados por unas 150 personas a pie, la marcha partió de la plaza Imperial Tarraco y recorrió la Rambla Nova hasta el Balcón del Mediterráneo, donde los convocantes expresaron sus reivindicaciones. Uno de sus portavoces, Ramon Rojo, señaló que el acuerdo UE-Mercosur es perjudicial porque, en su opinión, los productos que llegarán de Sudamérica no pasarán los controles pertinentes y, en algunos casos, usan pesticidas prohibidos en Europa. “Europa permite exportarlos, pero a nosotros no nos deja usarlos”, dijo Rojo.

La liberalización del ferrocarril y la guerra por los billetes baratos en la alta velocidad han hecho más atractivos los trenes frente a otros medios de transporte mucho más contaminantes. Según los datos de Renfe, esto ha supuesto que el tren se coma al avión en siete grandes rutas por España —el 82% de los viajeros lo prefiere frente a los vuelos—, lo que tiene una consecuencia ambiental positiva: el ahorro anual de emisiones en estos corredores asciende a 512.926 toneladas de CO₂, una cifra similar a 250.000 coches de combustión circulando durante todo el año, más o menos como todos los que hay registrados en Murcia. Las cifras que maneja la empresa pública —a las que ha tenido acceso EL PAÍS— muestran que, en los periodos de septiembre a agosto de los últimos tres años, el número de viajeros en alta velocidad no ha dejado de crecer: en Madrid-Barcelona, de 7,5 a 8,9 millones; en Madrid-Valencia, de 4,4 a 5,3; en Madrid-Málaga, de 2,1 a 3,5. En esos guarismos están incluidos también los usuarios de Ouigo e Iryo. “En cuanto el tren ofrece un tiempo de viaje competitivo por debajo de las tres horas, la demanda se vuelca masivamente en el ferrocarril frente al avión.

Los temas de transición ecológica, cambio climático y sostenibilidad en general están pasando, de repente, a un segundo plano, o incluso están siendo eclipsados totalmente en la agenda del World Economic Forum (WEF o Foro Económico Mundial), que da comienzo el lunes de la próxima semana en la localidad suiza de Davos. Así lo aseguran algunos de los directivos participantes en ese foro. Este desdibujamiento coincide con un intenso trabajo diplomático por parte de la organización del WEF para conseguir que acuda a esa cita el mandatario norteamericano Donald Trump, defensor a ultranza de la industria petrolera y declarado negacionista del cambio climático. El WEF es el encuentro económico más relevante que se celebra a nivel internacional. Este año, bajo el lema A Spirit of Dialogue (Un Espíritu de Diálogo), se celebra la edición número 56. El foro se extenderá desde el lunes 19 de enero hasta el viernes 23 de enero. A diferencia de otras ocasiones, en los que la transición ecológica, la euforia de la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático ocupaban lugares preeminentes en las numerosas mesas redondas y diversos encuentros temáticos del foro, este año se está rebajando la relevancia. A veces de forma sutil y otras no tanto. Trump es la figura que más expectación genera en Davos, y la más controvertida. Asistió en persona en 2018 y 2020, durante su primer mandato, y ya allí expuso sin complejos su idea de America First. En 2025, ya en su segundo mandato, asistió telemáticamente, y prometió a las empresas que fueran a Estados Unidos “los impuestos más bajos del planeta”. La agenda más o menos completa de asistentes se hará pública mañana. Entre los habituales del foro están primeros ejecutivos españoles como Carlos Torres (BBVA), Ignacio Galán (Iberdrola), Josu Jon Imaz (Repsol) y José Manuel Entrecanales (Acciona). Del Gobierno español se espera al presidente, Pedro Sánchez (que ha intensificado su discurso anti-Trump) y la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, defensora máxima de las renovables.

Al cierre de 2025, la compañía superó los 10.200 empleados directos en España, un dato que no es aislado, sino el síntoma de un modelo de negocio que apuesta por la internalización y la propiedad de sus activos humanos mientras el resto del sector ha derivado en externalización de actividad y procesos de despidos constantes. Digi ha pasado de 4.000 empleados a finales de 2021 a los más de 10.200 actuales, con un avance del 17,6% en el último año. Esta trayectoria choca frontalmente con la tendencia de desmantelamiento de sus competidores. Mientras el operador rumano casi ha triplicado su plantilla, las grandes operadoras tradicionales han destruido de forma conjunta 14.000 puestos de trabajo a través de sucesivos planes de despido y bajas incentivadas en los últimos cinco años. El caso más extremo de este repliegue es el de Telefónica, el histórico gigante del sector, que lidera el ránking de destrucción de empleo con una pérdida estimada en más de 11.000 puestos de trabajo tras ejecutar una reestructuración profunda que ha encadenado diversos procesos masivos en un lustro. La compañía está muy lastrada por su pesada deuda y por la caída de ingresos en el mercado minorista. De igual manera, la recién nacida MasOrange, fruto de la unión entre Orange y MásMóvil en 2024, también ha recurrido al despido colectivo para eliminar las duplicidades, un proceso que se saldó con la salida de más de 600 profesionales durante 2025 bajo una fuerte tensión sindical. Sumado los ajustes previos de Orange en 2021, la cifra de bajas se eleva por encima del millar de trabajadores. Por su parte, Vodafone España, tras su cambio de propiedad en favor del fondo británico Zegona, ha implementado una estrategia de rentabilidad agresiva que se tradujo en un ERE durante el verano de 2024 que supuso el despido de casi 900 empleados, lo que representaba aproximadamente una cuarta parte de su fuerza laboral . Desde 2020 su plantilla se ha reducido en 1.340 personas. 

Se prevé que los precios de los smartphones y los ordenadores personales (PC) aumenten este año, ya que los productos de consumo se verán afectados por la escasez de chips de memoria debido a la rápida construcción de centros de datos de IA. Arm, Qualcomm y Samsung advirtieron la semana pasada de que la carrera mundial por construir infraestructuras masivas de IA está reduciendo el suministro de los componentes necesarios para dispositivos móviles y otros productos electrónicos para el hogar. En su intervención en la Feria de Electrónica de Consumo (CES) de Las Vegas, el evento anual donde los fabricantes presentan sus productos más recientes, el consejero delegado de Arm, Rene Haas, afirmó que las restricciones en los chips de memoria eran “las más severas que he visto en al menos dos décadas”. El co-CEO de Samsung, TM Roh, también afirmó que la escasez “no tiene precedentes” y que tendría un impacto “inevitable” en los consumidores. Durante el último año, grupos como Google, Amazon, Meta y OpenAI se han comprometido a invertir miles de millones de dólares en la construcción de centros de datos que puedan impulsar modelos y productos avanzados de IA, con la convicción de que esta tecnología transformará las industrias. Esas enormes instalaciones informáticas también necesitan grandes cantidades de la última tecnología de memoria de alto ancho de banda (HBM).

Esta nación de casi cien millones de habitantes está escalando silenciosamente posiciones en la economía asiática. El país que una vez fue de los más pobres del mundo por la guerra y el embargo estadounidense, ahora está al alza como polo emergente de manufacturas, tecnología y atracción de inversiones y turistas. Hay incluso algunas voces que llevan tiempo avisando de que Vietnam va camino de convertirse en una nueva China. Ambos actores comparten que son regímenes comunistas de partido único que pueden elaborar planes económicos a largo plazo. «Vietnam se perfila como el país con el mayor incremento de riqueza para la próxima década», señalaba un informe reciente de la firma de inversiones New World Wealth. «Este notable crecimiento se atribuye a la transformación de la nación en un centro manufacturero global. No sólo experimentará la expansión más significativa en términos de PIB per cápita y número de millonarios, sino que también consolidaría su posición como destino principal para la inversión internacional». Para entender el auge de Vietnam basta con mirar la evolución de Hanoi. Donde hace apenas diez años había casas bajas o talleres familiares, ahora se levantan torres de oficinas donde operan firmas tecnológicas globales. Vietnam lleva tiempo calcando una estrategia que le funcionó muy bien a China: un sistema político autoritario combinado con un modelo económico más aperturista, flexible, pragmático y orientado al mercado. También aspira a ser una pieza crucial en cadenas de suministro globales. Gigantes como Samsung, Intel o Foxconn fabrican aquí una parte significativa de sus componentes electrónicos.

Irán vivió su tercera noche de manifestaciones y choques con las fuerzas de seguridad en medio del apagón general de las comunicaciones por parte del régimen. Y de una brutalidad extrema. La república islámica confía en la mano dura de la Guardia Revolucionaria para contener unas protestas que estallaron el 28 de diciembre en el bazar de Teherán a causa de la crisis económica y que se han ido extendiendo a todo el país y convertido en un nuevo pulso contra el sistema islámico impuesto por los ayatolás en 1979. Las protestas populares contra el régimen se han generalizado desde que estallaron hace dos semanas mientras el país se hunde en un baño de sangre. Según la ONG Human Rights Activists News Agency (HRANA), la cifra de muertos supera los 530, mientras que el Gobierno de Israel, que sigue muy de cerca la situación, eleva el número a 1.000. Hay, además, unos 10.600 detenidos. Las historias sobre desaparecidos, ejecuciones sumarias y la existencia de tantos heridos que saturan los hospitales corren por las calles y llegan al exterior del país a través de medios indirectos, ya que los ayatolás han impuesto un cerrojazo informativo. Los episodios de brutalidad desmedida abundan. La gran partida se juega en las calles de Teherán, que reviven en 2026 lo que ya vivieron en 2009 con la llamada «revolución verde», tras el fraude electoral a favor del ultraconservador Mahmoud Ahmadineyad, y en 2022, tras la muerte de Mahsa Amini a manos de la policía de la moral. Entre 2009 y hoy ha habido más episodios de levantamientos sociales. La gran diferencia del momento actual con todos los anteriores es la amenaza de intervención de Donald Trump, unida al desgaste de un régimen que ha quedado obsoleto ante las demandas de cambio de una parte importante de la sociedad que no cree en el sistema.