20260119

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

Última hora actualizada en el Correo +ON. Al menos 21 personas han fallecido y 70 han resultado heridas tras las colisión de dos trenes de alta velocidad a la altura del apeadero cordobés de Adamuz. Entre las personas ingresadas en los centros hospitalarios hay al menos 24 en estado grave y los equipos de rescate intentan recuperar los cuerpos de los pasajeros en el lugar del siniestro que, con toda probabilidad, es ya el peor accidente ferroviario que se recuerda desde que un Alvia descarrilara en la curva de Angrois (Santiago de Compostela), el 24 de julio de 2013. El siniestro ha tenido lugar cuando, por causas que se desconocen, los coches 6, 7 y 8 de un tren Iryo 6189, con 317 pasajeros y que había partido de la Estación María Zambrano de Málaga a las 18.40 horas, han descarrilado alrededor de las 19.45 horas en la entrada al apeadero cordobés de Adamuz, invadiendo la vía contigua e impactando contra otro, un tren Alvia 2384, con alrededor de 100 pasajeros, que circulaba en dirección contraria y que había salido desde la Puerta de Atocha y se dirigía a Huelva. Según contaba después el ministro de Transportes, Óscar Puente, «el impacto ha sido terrible, provocando que las dos primeras unidades del tren de Renfe salieran despedidas». Extremo que luego confirmaba el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, al explicar, en una rueda de prensa ofrecida poco antes de medianoche, que «parte de uno de los trenes ha caído por un talud de 4 metros» y que el acceso a la zona es «complejísimo». A las 0.45 horas comparecía Óscar Puente y explicaba que aún se desconocen las causas de un accidente «tremendamente extraño». Lo decía porque, según ha avanzado, el tren Iryo «era prácticamente nuevo», con apenas 4 años, y la vía «estaba completamente renovada».

La industria ha sido el sector con más trabajadores afectados por un ERE en 2025 con un total de 536. La debilidad de Alemania y Francia, que son sus principales mercados, ha lastrado la actividad en ámbitos como la automoción, que ya arrastra su propia crisis estructural por la difícil transición al vehículo eléctrico y la competencia de las marcas chinas. En este ámbito se ubica el ERE que aplicó Bridgestone en Basauri, que la multinacional de neumáticos japonesa justificó en el descenso de la demanda a escala europea y la creciente penetración de rivales asiáticos más baratos. El expediente, respaldado por todos los sindicatos menos ELA, se saldó con 232 salidas, casi todas voluntarias porque, de hecho, las solicitudes de adhesión superaron el ajuste previsto por las buenas condiciones ofrecidas. Otra empresa vinculada al sector de la automoción es Metal Group, dedicada a la fundición y mecanizado de piezas. El grupo, que emplea a casi 190 personas en sus plantas de Abadiño y Legutiano, ya vivió un concurso de acreedores el pasado mayo, en el que fue adquirida por un fondo suizo –Meteorix– al coste de un euro. Cuando trataba de remontar se ha encontrado con que Volkswagen, su principal cliente y responsable de más del 70% de su facturación, ha rescindido el contrato al optar por un proveedor chino, lo que ha llevado a la firma a solicitar un ERE sobre 140 empleados. Si bien esta semana decidió retirarlo temporalmente, no descartan otro concurso que podría terminar con la liquidación y finalmente el despido de toda la plantilla. Pero si hay un punto geográfico que se ha visto especialmente castigado por los ajustes de empleo es el valle de Ayala. Ese enclave empresarial, que lleva años en declive, arrancó 2025 con el anuncio de que la multinacional estadounidense Guardian Glass cerraba su histórica planta de Llodio, centrada en la producción de vidrio plano para la construcción, con 171 empleados. Alegó un daño crítico en la pared del horno. Ya dos años antes se había producido el cierre de Glavista, la división dedicada a parabrisas de automóviles, vendida al fondo Parter Capital. En la recta final del año el valle sufrió otro golpe: Maderas de Llodio, dedicada a la fabricación de tableros de contrachapado, comunicó su intención de realizar 39 despidos dentro de una plantilla de 151 empleados. 

Gipuzkoa no solo se significa por tener una evolución negativa, ya que pese a tener una fuerza laboral muy inferior a la de Bizkaia llevaba hasta noviembre más trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo que el territorio vecino. Un dato que viene a corroborar que las empresas guipuzcoanas lo están pasando peor. De hecho, Gipuzkoa ha sido también el único territorio que no ha sumado empleos en diciembre respecto a noviembre y además la industria ha cerrado 2025 con la primera pérdida de afiliados desde 2015, a excepción de 2020, año de la pandemia. Un ejercicio que no permite comparación. Y es que la industria es la que más ha recurrido a los expedientes de regulación de empleo, con 1.895 trabajadores afectados. Los servicios se sitúan a mucha distancia, con 287, mientras que en la construcción solo hay dos y en el sector agrario, doce. Con todo, las empresas han echado mano sobre todo de los expedientes menos traumáticos para poder afrontar un año en el que han confluido la debilidad de Francia y Alemania, la ofensiva arancelaria de Donald Trump y la competencia del gigante asiático, sobre todo en el sector de los componentes de la automoción. Así, sube el número de expedientes de regulación de empleo un 36,71%, hasta los 108, pero solo se incrementan los trabajadores afectados por expedientes de reducción, ya que los de suspensión temporal bajan y también lo hacen los de rescisión, los que implican el despido de los empleados. En concreto, los trabajadores que se han visto inmersos en un expediente de reducción de jornada se multiplican por seis hasta los 662.

 El Instituto Vasco de Salud y Seguridad Laborales Osalan tiene identificadas a un total de 18.098 personas trabajadoras que han estado o están expuestas al amianto, que reciben por este motivo un seguimiento con revisiones de salud periódicas. La mayor parte de ellas ya no trabajan en contacto con este material tóxico, dado que desde 2002 está prohibido el uso y comercialización del amianto. Según los datos que constan en Osalan a noviembre del año pasado, la mayor parte de estos trabajadores son hombres, un total de 17.200 frente a las 898 mujeres identificadas. La diferencia viene motivada porque las actividades en las que con anterioridad existía una mayor presencia de este material tóxico están relacionadas con la construcción, un sector tradicionalmente muy masculinizado. Los datos de Osalan muestran que 15.128 de las 18.098 personas trabajadoras expuestas al amianto lo estuvieron con anterioridad, y a finales de 2025 ya no corrían el riesgo del contacto. En la mayor parte de los casos el peligro ha desaparecido por la jubilación del trabajador o su cambio a otra empresa. El departamento de Economía, Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco tiene contabilizadas un total de 172 empresas que presentan un riesgo por la presencia de amianto en Euskadi. Estos negocios, por lo general, tienen como denominador común pertenecer al sector de la construcción, donde con anterioridad a su prohibición el amianto era un material habitual y, en la actualidad, es necesario retirarlo porque todavía está presente en edificaciones. Grandes constructoras y la industria auxiliar tiene, por tanto, una presencia destacada en este listado. 

Artículo de Pedro Valdés Larrañaga, médico de Familia jubilado. Miembro de Osalde-Asociación por el Derecho a la Salud. "El reciente análisis de José María Ruiz Soroa (EL CORREO, 2-1-26) intentaba desactivar la preocupación social por la privatización de la sanidad al señalar que el gasto en conciertos en Euskadi es de los más bajos de España (6%). El autor concluye que la supuesta privatización responde a un «interés político sesgado de la izquierda». Reducir este proceso a una mera transacción contable ofrece un diagnóstico insuficiente y parcial de la realidad y merece una respuesta pausada.El primer equívoco es la comparativa europea. Es difícil explicarlo en pocas palabras pero equiparar nuestro modelo de sanidad basado en impuestos (Beveridge) con los basados en seguros sociales (Bismarck) de Francia o Alemania es técnicamente cuestionable. Estos países cuentan con una arquitectura histórica donde la provisión privada es sustancial, y suele referirse a entidades sin ánimo de lucro o mutualidades bajo regulaciones estrictas que impiden el lucro indiscriminado y obligan a un gran espectro de patologías. La alta concertación en Cataluña, por su parte, responde a una cuestión histórica que integró una red preexistente de hospitales municipales y benéficos. Esto nos lleva al segundo equívoco: la supuesta eficiencia privada (hay que hacer constar que en sanidad esto no ha sido demostrado). El sector privado parece eficiente porque practica la llamada ‘selección de riesgos’. La red privada absorbe la patología rentable y de baja complejidad (cataratas, hernias o procesos quirúrgicos programados de bajo riesgo, pruebas radiológicas…), mientras que nuestra red pública, Osakidetza, sigue siendo el sostén para la cronicidad compleja, los grandes quemados, la oncología avanzada, los trasplantes o urgencias vitales. La privada elige a pacientes relativamente sanos; si surgen complicaciones, suelen acabar en la pública. Así, se socializa el coste de lo complejo mientras se privatiza el beneficio de lo sencillo. ¿Por qué la Administración mantiene este modelo? Por un lado, no se trata de mejorar la eficiencia clínica, sino de conveniencia estadística. Las listas de espera son el termómetro del éxito de un gobierno y, para esto cuenta igual sacar de la lista una patología banal que una compleja. Al concertar lo fácil, se reduce el número de pacientes de forma rápida. Además, permite convertir costes fijos en variables, ajustando el gasto sin comprometerse a contratar a personal estructural. En realidad lo que está produciendo es el desvío de fondos a la privada para reducir las demoras que el propio sistema genera descapitalizando el sistema público y vaciando su propia capacidad resolutiva. Por otro lado, hace años que grandes inversoras explotan la salud como negocio..."

El grupo automovilístico Stellantis, nacido de la fusión de gigantes del sector como PSA (Peugeot, Opel o Citroën) y Fiat Chrysler (Fiat, Jeep, Lancia o Chrysler) y que dirige el italiano Antonio Filosa desde mediados del año pasado, cuenta en España con tres fábricas, situadas en Madrid, Vigo y Figueruelas (Zaragoza) y en su hoja de ruta continuará siendo un pilar de su fabricación en Europa, puesto que es el mercado en donde produce más vehículos, por delante de Francia o Italia. Stellantis ha reafirmado su apuesta por España con el reciente anuncio de un megaplan industrial, con una inversión de más de 5.000 millones de euros para sus fábricas de Figueruelas y Vigo, por lo que el centro de Madrid queda, por el momento, fuera de los planes de futuro del grupo. Esto ha hecho saltar las alarmas y desde el grupo y, sobre todo desde la filial española, se han puesto a pensar posibles alternativas que garanticen el futuro a largo plazo de este centro, en el que se fabrica en la actualidad un único modelo: el Citroën C4 y su variante eléctrica ë-C4. Sin embargo, el plan de producción de este modelo solo está confirmado hasta 2029, por lo que no hay visibilidad de lo que sucederá después. En una visita a Madrid en enero del año pasado, el entonces director de operaciones de Stellantis en Europa, Jean-Philippe Imparato, confirmó que la factoría madrileña tenía futuro, aunque no dio más detalles, y aseguró que los planes para Villaverde se confirmarían a lo largo de 2025. “Todas las opciones están sobre la mesa”, avisó Imparato. Por su parte, el entonces CEO de Stellantis, Carlos Tavares, alabó el trabajo realizado por la planta de Madrid para

BBVA no solo mantendrá la corona de la rentabilidad de la banca española en 2026, sino que será la única entidad que logre elevarla. El banco dirigido por Carlos Torres afronta el segundo de los cuatro ejercicios en los que se extiende el Plan Estratégico 2025-2028 con el objetivo de mantener la rentabilidad en los niveles actuales (ROE del 18,8% al cierre del tercer trimestre de 2025), apoyado en el dinamismo comercial, la retribución a los accionistas y la reinversión en el negocio. A falta de conocer los resultados correspondientes a 2025 –BBVA rinde cuentas el próximo 5 de febrero–, la entidad se anotará en 2026 un incremento de alrededor de un punto porcentual de la rentabilidad medida por la ROE, hasta superar el 18%, según recoge un reciente informe sobre previsiones del sector bancario de la agencia de calificación S&P. BBVA logrará incrementar su rentabilidad espoleado por la diversificación de los ingresos, el peso del negocio internacional en el conjunto del grupo y los ambiciosos planes de recompra de acciones previstos, explica Luigi Motti, analista del sector bancario de S&P. 

Darío Gil, subsecretario de Ciencia e Innovación en el Departamento de Energía. Es el español con más peso en la corte de Trump. Va a comandar lo que él mismo y el presidente definen como “el proyecto Manhattan o Apolo” de su Administración. Lo han llamado “misión Génesis” y tiene como objetivo acelerar la revolución de la inteligencia artificial y la computación cuántica y duplicar la productividad y el impacto de la ciencia y la ingeniería estadounidenses en el plazo de una década. Desde su despacho en Washington, Gil dirige 17 laboratorios nacionales y el trabajo de 40.000 científicos, en un momento complicado: los recortes anunciados por Trump a la ciencia son los más drásticos desde la Segunda Guerra Mundial. "...Estamos viviendo una revolución en el mundo de la computación. Hay tres patas en esta revolución. La primera son las décadas de avances exponenciales en semiconductores y supercomputación. La segunda es la inteligencia artificial, que está transformando todo; los dispositivos, los sistemas, la programación, el modelo, las redes neuronales y cómo representamos el conocimiento. Y la tercera es la computación cuántica. Vamos a crear una plataforma que permita a los científicos y a los ingenieros mejorar la productividad del sistema científico: la generación de hipótesis, diseñar experimentos, ejecución de experimentos, el análisis, etcé...El objetivo final es duplicar la productividad y el impacto de la I+D en EE UU en 10 años. Invierte un billón de dólares al año en I+D, es la base del crecimiento económico, de la prosperidad y de la seguridad nacional...Se van a movilizar billones de dólares, a lo largo del tiempo. El presupuesto de la Oficina de Ciencia este año va a ser de 8.400 millones de dólares. Y está creciendo, no decreciendo. Además, también tenemos a nuestros socios, nuestros aliados industriales [24 grandes empresas tecnológicas como IBM, Google, Nvidia o Microsoft]. Vamos a movilizar los laboratorios nacionales, las mejores empresas tecnológicas del mundo, las mejores universidades, y, con nuestros socios internacionales como aliados, vamos a poner suficientes recursos para, en el primer año, ya tener resultados...Estados Unidos es el mejor sitio del mundo para hacer I+D y lo seguirá siendo..."

Hoy alquilar esa misma casa exige al menos 14,6 euros de renta por metro cuadrado o 2.438 en caso de compra; es decir, un 52% y un 53% más que hace sólo ocho años, según los datos del portal Idealista. El alquiler en grandes ciudades como Madrid o Barcelona ha experimentado subidas mucho más pronunciadas, superando con creces el 100%. El problema es que todavía no parece haberse rozado el techo. Los precios, tanto de venta como de alquiler, han superado este año los de la burbuja inmobiliaria de 2007, mientras la oferta se sigue detrayendo de forma preocupante (hoy hay disponibles un 30% menos de pisos para alquiler que en 2018) y la vivienda se ha convertido en el primer factor de desigualdad socioeconómica. Según datos de la Fundación Foessa, la vivienda es el gran motor de exclusión social del país y el 45% de la población que vive de alquiler está en riesgo de pobreza, la tasa más alta de toda la Unión Europea. Los jóvenes, castigados también en el ámbito laboral, apenas tienen acceso a ella, salvo con respaldo familiar, por lo que el porcentaje de menores de 35 años que viven con sus padres ha escalado desde el 53% al 66% actual. El Gobierno ha intentado atajar este problema con distintas iniciativas de una forma más o menos intensa. En el tercer discurso de investidura de Pedro Sánchez, en 2023, la vivienda dejó de ser un subapartado para ascender a reto titular. En este tiempo se han establecido límites a los precios, se ha aprobado la Ley de Vivienda, se ha habilitado un Ministerio propio, se ha creado la empresa pública Casa 47, pero el problema sigue creciendo pese al consenso general de que la solución pasa por medidas que fomenten la construcción, que crezca la oferta. «En esta legislatura, la política de vivienda del Gobierno de España ha oscilado entre el gesto simbólico y la eficacia limitada», apunta Francisco Rodríguez, catedrático de Economía de la Universidad de Granada y director del Área Financiera y Digitalización de Funcas. «La Ley por el Derecho a la Vivienda, presentada como un hito histórico, ha terminado revelando sus costuras: controles de precios mal diseñados, con incentivos perversos para la retirada de oferta en las zonas tensionadas, y una aplicación fragmentada que depende de la voluntad –o resistencia– de las comunidades autónomas. El resultado ha sido previsible: menos viviendas en alquiler de larga duración, mayor inseguridad jurídica para pequeños propietarios y una presión adicional sobre un mercado ya estrecho.

Sergio Nasarre (Tarragona, 1974) es catedrático de Derecho Civil en la Universidad Rovira i Virgili, doctor europeo en Derecho y máster en Economía inmobiliaria por la Universidad de Cambridge. "La foto actual es consecuencia de una serie de políticas de vivienda totalmente erráticas, incoherentes y equivocadas. La tormenta perfecta, no podría ser peor. Son incoherentes porque el Estado no las ha acordado con las comunidades autónomas ni con los municipios. Desde diciembre de 2025, Europa se va a meter también con el Affordable Housing Plan [Plan de vivienda asequible]. Va a haber una serie de disposiciones sin coherencia entre ellas por temas ideológicos. Las políticas también han sido erráticas porque no ha habido ninguna ley relacionada con vivienda que tuviera ninguna justificación académica. Básicamente las normas se las han inventado. Y por último, han sido equivocadas: las normas clave, la ley 1/2013, la ley 5/2019 y la ley de vivienda en 2023 lo que han hecho es que las familias de clase media hacia abajo no puedan comprarse una casa porque no pueden acceder a financiación. El mantra en 2007 y 2008 fue que los pobres no pudieran comprarse una casa porque se sobreendeudaban; eso ha conllevado que el mercado de alquiler se ha saturado...El problema es de oferta, en parte. Desde 2011 no se hace nada, ni vivienda pública ni privada, ni nada. Otro problema es que en 2012 y 2013 se creía que todas las ciudades iban a ser decrecientes. Asistí entonces a varias presentaciones de planes de municipales de ordenación urbana y su premisa de partida era que la ciudad iba a decrecer porque no nacían niños. Se decía: ¿para qué construir más? Si vamos a ser menos, hay que reducir servicios. Y de repente entraron dos o tres millones de inmigrantes. Parte del problema se puede aliviar construyendo más, pero no es lo único. Tiene que haber nuevas casas, tiene que haber más oferta, pero la ciudad construida, la que ya está, hay que rehabilitarla. Las que están vacías hay que sacarlas, pero no amenazando, multando y sancionando...Que pare toda esta vorágine legislativa, de intrusismo en el mercado, los controles de precios que no funcionan en ningún sitio, tampoco en Cataluña. Aquí es un completo desastre la oferta y han subido los alquileres. Aunque digan que han bajado, han subido en euros por metro cuadrado. Están engañando, básicamente". 

Portugal ha dado un golpe a España en la carrera que ambos países mantienen por captar inversores interesados en asentarse en la península con el reclamo de una energía limpia y barata. Lisboa aprobó en plenas navidades la supresión del llamado clawback, una tasa que desde 2013 gravaba la generación eléctrica en el país, semejante al Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica (IVPEE) del 7% que España sí mantiene. Lisboa ha vinculado la decisión a la atracción de inversiones. En España, fuentes del sector eléctrico anticipan que la rebaja fiscal lusa trastocará el flujo de energía entre ambos países: «Vamos a empezar a importar electricidad de Portugal». Aunque todavía es pronto para analizar el impacto en la balanza eléctrica, lo cierto es que la foto del intercambio transfronterizo de electricidad este enero dista de la del mismo mes de 2025. El año pasado, a estas alturas, Portugal no había exportado más electricidad de la que había importado en ninguna jornada. Desde el arranque de 2026, el saldo de Portugal ya ha sido positivo a lo largo de seis días. Esta es una de las cuestiones que ha resaltado el Gobierno del conservador Luís Montenegro, recordando que el mecanismo de equilibrio competitivo (MEC), como se conoce técnicamente al clawback, introdujo «un fuerte sesgo a favor de la importación (flujos España-Portugal), situación contraria a los objetivos estratégicos de política energética».

Los portugueses deberán volver el próximo 8 de febrero a las urnas. Las elecciones presidenciales más reñidas en décadas se resolverán en una segunda vuelta después de que ayer ninguno de los candidatos cosechara el mínimo exigido de votos –la mitad, sin contar los depositados en blanco– en el primer asalto, que redujo la lista inicial de once aspirantes a ocupar el Palacio de Belém a un par: António José Seguro (30% de las papeletas, según el recuento al cierre de esta edición) y André Ventura (25%). La izquierda del Partido Socialista (PS) y la ultraderecha de Chega. El sucesor de Marcelo Rebelo de Sousa, que vivió los comicios desde Estonia, donde está de viaje oficial, se encuentra en una de estas dos formaciones con propuestas antagónicas. Hace cuatro décadas –desde que el socialista Mário Soares se impuso al demócrata-cristiano Diogo Freitas do Amaral en 1986– que el país vecino no se asomaba a una segunda vuelta para elegir a su jefe de Estado. Las encuestas ya vaticinaban un resultado ajustado que propiciaría este escenario poco habitual para los lusos, que acudieron de forma masiva a los colegios electorales. La participación se disparó hasta el 45,5%, ocho puntos por encima de las generales de 2021. La diferencia entre los dos aspirantes que volverán a medirse en las urnas dentro de tres semanas, sin embargo, fue mayor de la esperada. Tampoco se cumplió la victoria pronosticada en los sondeos del populista Ventura, al que adelantó el exministro Seguro.

Aranceles, Venezuela, Groenlandia, Irán... ¿Qué quiere realmente el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, después de un primer año de gobierno dentro de su segundo mandato? Los 3.000 líderes políticos y empresariales que se reúnen entre hoy y el viernes en Davos en el Foro Económico Mundial (WEF, o World Economic Forum) esperan que lo aclare. Trump asiste presencialmente al Foro, acompañado de su núcleo duro, entre ellos, el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, el secretario de Energía, Chris Wright y el secretario de Comercio, Howard Lutnick. Trump ya asistió en persona en 2018 y 2020, durante su primer mandato. En 2025 intervino telemáticamente. Y ahora vuelve presencialmente rodeado de una expectación sin precedentes. La organización del WEF –una empresa privada sin ánimo de lucro con sede en Ginebra, Suiza– ha trabajado intensamente para conseguir que Trump vaya a Davos este año, donde podrá exponer y aclarar su política económica e internacional ante la élite política y empresarial. Su llegada se prepara como la de un profeta. Trump y su comitiva será “la mayor delegación norteamericana que se ha visto hasta ahora en los 56 años del Foro”, explicó la pasada semana el presidente ejecutivo de la organización del WEF, Børge Brende. El máximo responsable de la organización de este foro recordó que esta semana en Davos se alcanzarán récords de asistencia institucional y empresarial en lo que, sin posibilidad de comparación, es la mayor cita político-empresarial del planeta. Bajo el lema Un Espíritu de Diálogo (A Spirit of Dialogue) este año Davos batirá todas las plusmarcas.

La UE se mostró ayer dispuesta a ir al choque contra la política expansionista del magnate, harta de parecer un vasallo de la Casa Blanca. Los países apuntados por el dedo acusador de Trump son Dinamarca, Francia, Alemania, Finlandia, Países Bajos y Suecia (miembros de la UE), más el Reino Unido y Noruega. Todos aportaron soldados a la misión militar de vigilancia y reconocimiento que comenzó el jueves. El ejército germano retiró ayer a sus quince efectivos, una vez concluido su trabajo allí, según el Ejecutivo de Berlín. «Como miembros de la OTAN queremos reforzar la seguridad en el Ártico, un interés transatlántico compartido. Las maniobras coordinadas danesas realizadas con aliados responden a esta necesidad. No suponen una amenaza para nadie», argumentaron los ocho afectados. El resto de la Unión Europea ha mostrado su apoyo a los países que van a ser castigados por Washington. Ante la amenaza de nuevos aranceles –10% desde febrero y 25% a partir de junio si no apoyan la anexión estadounidense de la isla–, los europeos dicen estar al fin dispuestos a tomar represalias, con nuevas tasas aduaneras y medidas anticoercitivas. Saben, eso sí, que Trump puede hacérselo pagar dando un paso atrás en Ucrania, país invadido por Rusia. La crisis es profunda. 

Powell se ha rebelado. Su caso trasciende lo económico para situarse en lo político. Es un debate sobre los límites del poder presidencial que pone a prueba los controles sobre su autoridad: el Congreso y los mercados. La paciencia de Powell se agotó a mediados de diciembre. El Departamento de Justicia envió unos requerimientos de información sobre su intervención en el Senado durante el verano para detallar los sobrecostes de la remodelación de la sede de la Fed. El edificio Marrimer S. Eccles fue erigido en 1930 y desde entonces nunca había sido objeto de reforma. El presupuesto original de 1.800 millones de dólares se disparó hasta los 2.500 millones, algo habitual en todas las remodelaciones de edificios públicos. Powell, nacido hace 72 años en Washington, era hace dos décadas un republicano declarado. Sin embargo, fue designado para la junta de la Fed en 2011 por la Administración de Barack Obama. Había forjado su carrera siguiendo la estela de la élite acomodada, estudios en Princeton y Georgetown, trabajo en un despacho privado de abogados, hasta que le ofrecieron ser secretario de Finanzas Públicas en el gobierno del primer George Bush. Aunque Jay, como se le conoce popularmente, se declaraba conservador, es centrista y defensor de la institucionalidad, que ahora ve amenazada. Fue Trump quien lo nombró gobernador durante su primer mandato en 2018. Pronto, no tardó en darse cuenta de que había cometido un error y de que Powell no iba a seguir sus designios al pie de la letra. El presidente de la Fed lleva meses aguantando insultos del presidente republicano: “Es idiota”, “es imbécil o corrupto”, “es una mula testaruda”, “lento o retrasado”, “¿quién es nuestro mayor enemigo, Jay Powell o el presidente Xi?”. Y amenazas: “Me encantaría despedirle”. Ha aguantado sin rechistar. El mandato de Powell como presidente termina en mayo, pero es miembro de la junta de gobernadores hasta 2028. La tradición dice que cuando se abandona la presidencia lo habitual es renunciar a la junta, pero el acoso de Trump y las hostilidades judiciales están haciendo que Powell se replantee su continuidad.