20210831

En agosto el Índice de Precios de Consumo (IPC) ha subido un 0,4% en relación a julio, situando su tasa anual en el 3,3%, la más alta desde octubre de 2012, es decir, casi nueve años. En el centro de este importante incremento están las continuas y disparadas subidas del precio de la electricidad en agosto, que ya se sitúa como el mes más caro de la luz en toda la historia y tanto ayer como hoy vuelve a marcar sus máximos, de momento. El dato provisional de la inflación de agosto dado a conocer ayer por el INE –el definitivo se publicará el 14 de septiembre– constata que ya se encadenan ocho meses consecutivos en tasas positivas y que continúa en sus niveles más altos desde 2017. La inflación subyacente (la que no incluye alimentos no elaborados ni productos energéticos) ha aumentado en agosto una décima hasta el 0,7%, por lo que se sitúa más de dos puntos y medio por debajo del IPC general. Y el indicador Armonizado (IPCA) se sitúa en el 3,3%, cuatro décimas más que el mes anterior.

Los altos precios dañan el consumo, la competitividad y suben el gasto en pensiones. La subida de los precios en España, del 3,3% en agosto respecto al año pasado, no se veía desde hace casi una década. El fenómeno es común a otras muchas economías desarrolladas. Pese a que los precios no han acelerado tanto como en Estados Unidos (5,4%), la inflación sí viene batiendo mes a mes el promedio de sus socios europeos, inflamada por una de las facturas de la electricidad más caras del continente. Pese a que sus efectos colaterales son diversos, la elevada inflación amenaza con lastrar la economía española. Consumo. Si los hogares destinan cada vez más dinero a la luz, al depósito de combustible o hacer la compra en el supermercado, las cuentas de ahorro adelgazan, y el poder adquisitivo disminuye, lo cual puede reducir el consumo. Para Ignacio de la Torre, economista jefe de Arcano, se trata de una amenaza real. 

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, calcula que los hogares acogidos a la tarifa regulada pagarán este año, en promedio, un 25% más en el recibo de la luz (644 euros, frente a los 512 del ejercicio pasado), pero descarta fijar precios máximos, como pide su socio de coalición, Unidas Podemos, escudándose en que lo impide la normativa comunitaria. La subida en 2021 del recibo de la luz si se compara con 2019, antes de la pandemia, sería del 14,6% según Ribera, que intentó quitar hierro a la alarma social señalando que las alzas en el mercado mayorista (el precio, que hoy marca un nuevo máximo histórico con 130,53 euros de media el megavatio hora, es tres veces más alto que un año antes) no se trasladan en la misma medida al recibo doméstico. Y advierte a las eléctricas de que su «falta de empatía social» las penalizará en Bolsa. 

Francia y Alemania han conseguido esquivar los precios disparados y abrir aún más su brecha con España en el coste de la electricidad. Mientras que aquí el megavatio hora superaba con creces los 100 euros, en estos países se encuentra por debajo con 75 euros en Francia y 80 en Alemania. Una de las causas de esta diferencia radica en la composición del propio mercado de generación eléctrico. Francia genera en torno a un 80% de su electricidad utilizando centrales nucleares, un suministro estable y barato. En Alemania, la mayor parte de la energía procede del carbón. Nuclear y carbón les otorgan una mayor independencia frente al precio del gas. Otras fuentes autóctonas son las renovables (hidráulica, eólica, fotovoltaica...), aunque necesiten una fuente de respaldo. Aquí es donde entran en juego las centrales térmicas de ciclo combinado, que utilizan el gas para generar electricidad. El progresivo cierre de las centrales de carbón en España ha hecho que las instalaciones gasísticas ganen terreno justo en el peor momento para el bolsillo.

Mercedes-Benz prevé decidir pasado mañana si tiene que volver a suspender la producción de su fábrica de vehículos de Vitoria por la falta de semiconductores, imprescindibles para el montaje de los modelos Vito y Clase V que salen de las líneas de ensamblaje de la planta alavesa. El centro vasco está sin actividad durante toda esta semana por ese déficit de chips. La falta de suministros, procedentes en su mayoría de Asia, está afectando a toda la industria automovilística de Europa en mayor o menor medida. La marca de la estrella ha dejado en casa esta semana a casi toda la plantilla, integrada por 5.000 trabajadores. Tan solo los empleados que desempeñan tareas de “necesaria realización” acuden estos días a las instalaciones alavesas. El parón desde ayer y hasta el jueves queda cubierto por la bolsa de trabajo pactada con los sindicatos, un sistema de organización flexible que evita recurrir a otras medidas. Pero para la jornada de este viernes 3 de septiembre, Mercedes-Benz recurrirá al expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) que tiene aprobado por las autoridades laborales.

Las ventas del comercio minorista descendieron un 3% en Euskadi en julio pasado con respecto al mismo mes de 2020, mientras que el empleo, por el contrario, aumentó un 2,8% en ese mismo periodo, según los datos facilitados ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La caída de las ventas del comercio al por menor en el País Vasco se produjo tras haber registrado cuatro meses consecutivos de subidas: en marzo repuntaron un 22%; en abril se anotaron un avance aún mayor, con un 32,5%; en mayo moderaron su ascenso con un 14% y en junio lograron mantenerse al alza aunque ya sólo con un 0,4 %. La caída en Euskadi fue la sexta menor del conjunto de España donde, en tasa anual, sólo aumentaron las ventas en cinco comunidades autónomas, mientras que descendieron en las 12 restantes. En cuanto al índice de ocupación en el sector en Euskadi, su crecimiento del 2,8% supera en ocho décimas a la media del conjunto nacional, que arrojó un aumento de empleo del 2%. El incremento de la ocupación en el comercio minorista vasco fue el cuarto mayor entre todas las comunidades, sólo por detrás de los registrados por Valencia (3,3%), Baleares (3,1%) y Madrid (2,9%).

Los afiliados a la Seguridad Social en el sector turístico vasco se situaron en julio en los 59.735 trabajadores, un 0,7% menos en términos interanuales sobre el mismo mes de 2020. Según los datos hechos públicos ayer por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, la caída de ocupados vascos en las actividades de hostelería, agencias de viajes y operadores turísticos fue la segunda mayor de todas las comunidades autónomas, sólo superada por la del 4,9% experimentada por Canarias. También descendieron los afiliados del sector en Madrid (0,3%) y la Rioja (-0,2%), mientras que aumentaron en el resto de comunidades. De los vascos que trabajaban en este ámbito a cierre de julio, 43.843 eran asalariados (un 1% menos que un año antes) y los 15.892 restantes, autónomos (con un descenso del 0,2%).

La llegada de los fondos de recuperación europeos ha dado nuevos bríos a las expectativas de crecimiento de muchos sectores en España, entre ellos el de la construcción, que prevé un alza del 7% este año, según las estimaciones de la Federación Europea de la Industria de la Construcción recogidas por la patronal española CNC (Confederación Nacional de la Construcción). Así, según estas proyecciones, la producción en la rama de edificación crecerá un 7,6%, espoleada sobre todo por las obras de rehabilitación, que aumentarán un 10,4%. Las viviendas de obra nueva crecerán un 8%, mientras que la edificación no residencial lo hará un 4,9%. En el ámbito de la ingeniería civil, el crecimiento previsto es del 4,6%. Todos estos avances se producirán al calor de la llegada de las ayudas comunitarias, que este año rondarán los 19.000 millones de euros tras los 9.000 millones ya recibidos a mediados de agosto en concepto de prefinanciación y los 10.000 millones que deberían llegar antes de final de año. Sin embargo, la Confederación Nacional de la Construcción cree que el crecimiento del sector podría haber sido aún mayor si la implementación de los fondos comunitarios hubiera comenzado antes. La patronal se queja, por ejemplo, de que el Real Decreto que regula los 50 millones de euros para obras de rehabilitación en municipios de menos de 5.000 habitantes se publicó el pasado 4 de agosto “y las CCAA no han avanzado en sus convocatorias”. Y otro tanto sucede con los 150 millones para impulsar las energías limpias.

Sabadell se sumó ayer a la lista de ERE que están acometiendo otros competidores bancarios y que convertirán 2021 en el año de mayor destrucción de empleo de la historia en este sector. El departamento de Recursos Humanos de Sabadell se reunió ayer con los sindicatos para comunicarles la apertura de un expediente de regulación de empleo (ERE), del que apenas hay detalles, salvo que “priorizará la voluntariedad”. El banco comunicó la medida al conjunto de la plantilla a través de una newsletter que Sabadell envía todos los lunes. Se trata del segundo ERE que realiza Sabadell a lo largo de su historia centenaria. El primero lo hizo tras la compra de CAM en 2013. Ese expediente afectó a empleados de Sabadell de la zona de influencia de la caja alicantina, aunque el grueso de las salidas fue de trabajadores de CAM. De este ERE apenas han trascendido detalles. Solo que contemplará y priorizará las prejubilaciones, las bajas incentivadas e incluirá un plan de recolocación “por encima de los estándares del mercado”, según fuentes cercanas a la negociación.

El Gobierno concretará hoy las grandes líneas de la reforma universitaria que quiere aplicar esta legislatura. Manuel Castells presenta a la aprobación del Consejo de Ministros el anteproyecto de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), el primer borrador de la que será tercera ley universitaria de la democracia que actualiza una regulación de hace 20 años. La LOSU, que tiene como objetivo modernizar la gestión, la gobernanza y la financiación de unos campus públicos que resisten como pueden tras una década de enormes recortes, llega al Consejo de Ministros tras un proceso de consultas con la comunidad universitaria, partidos, rectores, sindicatos y empresarios que ha durado cinco meses. El documento es un anteproyecto que sufrirá cambios antes de llegar al Congreso, posiblemente a finales de año o comienzos del próximo.

La sustancial rebaja de los contagios y los progresos en la vacunación se traducirán a partir de mañana en una relajación de las restricciones para combatir la pandemia. Los aforos aumentarán hasta el 50% en la hostelería, el 60% en el comercio y los eventos culturales y el 30% en las competiciones deportivas, según decidió ayer el LABI. Hace ya un par de semanas que se esperaba un relajamiento de las restricciones por parte del Gobierno vasco. Sin embargo, pese al descenso en la curva de contagios, había dos factores que inclinaron la balanza del lado de la prudencia: que los niveles de transmisión, pese a la mejoría, seguían siendo altos; y que la sucesión de ‘no fiestas’ y botellones en general no animaban a abrir la mano. Hasta ahora. El LABI, presidido por el lehendakari Iñigo Urkullu, decidió ayer dar un paso hacia la normalidad que ayude a comercio y hostelería a recuperar algo de actividad. No mucha. Pero algo. Con la incidencia del virus mejorando, y finiquitado el festivo mes de agosto, se recuperan espacios de libertad.

Los empleados que tratan con el público en bares, teatros, gimnasios o cines deben poseerlo desde hoy para seguir en sus puestos. Para trabajar como camarero en Francia es necesario presentar, desde ayer y hasta nueva orden, a su empleador un certificado sanitario Covid. Es decir, disponer de un código QR que acredite que tiene la pauta completa de la vacuna, un test de antígenos o PCR negativo de menos de 72 horas o que ha superado el virus hace menos de seis meses. En caso de no tener este documento, no podrá trabajar. Deberá pedir una baja laboral y podrá ver suspendido su contrato hasta que lo presente, aunque, en teoría, no podrá ser despedido. Los dueños de cafés y restaurantes deberán controlar que sus empleados tienen el certificado. Si no lo hacen, se exponen a un cierre administrativo de siete días y a una multa de 9.000 euros en caso de que sean reincidentes.