20221105

Los sindicatos CC OO, LAB, UGT, ESK, CGT y CNT anunciaron ayer que convocarán cinco días de huelga en el Metal de Bizkaia –del 28 de noviembre al 2 de diciembre– si la patronal FVEM no accede este próximo martes, en la mesa negociadora, a «un convenio digno». No van a aceptar «la rebaja de condiciones» ni «la pérdida de poder adquisitivo» que, a su juicio, pretenden los empresarios. En un comunicado conjunto, los seis sindicatos exigieron a la FVEM que «tome nota de lo que el sector del Metal en Bizkaia le está anunciando a gritos». Y por ello, creen necesario «incrementar la presión», «tanto en la mesa como en las calles», con el «único fin» de alcanzar «un convenio digno» para los metalúrgicos. ELA, que va por libre aunque también mantiene las movilizaciones, anunció por su parte que analizará la situación con sus afiliados, aunque también vaticinó que nos encaminamos a «más días de huelga» en el sector. Por su parte, la presidenta de la patronal vizcaína Cebek, Carolina Pérez Toledo, calificó de «valiente» la oferta de sus compañeros del Metal –el principal convenio del País Vasco, al afectar a más de 50.000 personas–. Al tiempo, pidió a los sindicatos que realicen una «reflexión interna» sobre lo que está sucediendo y añadió que la actual conflictividad quizá «haya que interpretarla en clave electoral», ya que acaba de arrancar el proceso de comicios sindicales. «La oferta es buena y estoy convencida de que se va a llegar a un acuerdo. Hay diferentes tipos de empresas, grandes y pequeñas, y algunas lo pasarán mal para poder asumir los incrementos», resumió Pérez Toledo.

Sánchez desacreditó ayer el informe del BCE que cuestiona el impuesto a la banca que propone su Gobierno y arremetió contra el vicepresidente del regulador europeo, Luis de Guindos, aludiendo a su pasado en el PP. El presidente insistió en que «los anuncios de estos días de los grandes beneficios de las entidades financieras» justifican su propuesta. Pedro Sánchez quiso ayer minimizar el impacto del crítico dictamen del Banco Central Europeo (BCE) sobre el nuevo impuesto a la banca que impulsa su Gabinete y se mostró dispuesto a seguir adelante con el plan. Hasta cuatro ministros emitieron su opinión, más o menos disconforme, más o menos matizada, sobre el documento del Eurobanco, que supone un varapalo. Pero el mensaje que subyace a las declaraciones es que el Gobierno, tras saber lo que piensa Fráncfort, asume y está abierto a «mejorar» el diseño del tributo. El presidente no cuestionó al BCE como tal, pero sí centró sus dardos, lanzados con una contundencia inhabitual dadas las altas responsabilidades que ostentan uno y otro, en su vicepresidente, Luis de Guindos. Durante la rueda de prensa posterior a la cumbre hispano-lusa celebrada en Viana do Castelo, ironizó agradeciendo las «ganas de ayudar» que dice tener De Guindos para justificar el informe. Y le recordó su currículum como el ministro de Economía del PP que fue «el artífice del rescate al sector financiero que decía que no iba a costar un céntimo de euro» y su puesto previo como directivo de Lehman Brothers, cuya quiebra se convirtió en el detonante de la crisis de 2008.

El Gobierno se ha plantado para evitar que los bancos trasladen el impuesto temporal a los clientes. A pesar de que el Banco Central Europeo recomendó en su dictamen sobre el gravamen (que se aplicará en 2022 y 2023) que las entidades deberían tener en cuenta todos sus costes, incluidos los fiscales, a la hora de formar sus precios, el Ejecutivo se mantiene inflexible y quiere controlar que el tributo no lo acaben pagando los clientes. “No queremos que se repercuta en el cliente porque si no, finalmente, acabarían pagando otra vez los de siempre. Lo que queremos es que durante un tiempo corto se grave a las grandes energéticas y entidades a consecuencia de los beneficios extraordinarios que están teniendo” por las subidas de los precios energéticos y de los tipos de interés, resaltó este viernes el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática de España, Félix Bolaños. La proposición de ley, que se está tramitando en el Congreso, incluye en su texto la prohibición de trasladar el gravamen en forma de un encarecimiento del crédito y prevé que su incumplimiento constituirá una infracción grave. Para ello, la propuesta incorpora un mecanismo por el que la Comisión Nacional de los Mercado y la Competencia (CNMC) y el Banco de España tienen que vigilar que no se produzca una traslación del impuesto a los clientes. Sin embargo, el BCE ha cuestionado en su dictamen cómo se va a ejecutar ese control.

Los banqueros tienen muy presente este año el IPC. La inflación no es la amenaza número uno para sus cuentas de resultados. Pero todos los alquileres de sucursales y de edificios, así como los grandes contratos con proveedores recogen el aumento del coste de la vida y eso acaba pasando factura en el beneficio. Los gastos de Santander, por poner un caso, han repuntado un 11,5% por este motivo. Según la consultora Alvarez & Marsal, el encarecimiento de los grandes contratos, unido a la subida de los arrendamientos, provocará un sobrecoste de 886 millones de euros en las cuentas anuales en España de los diez grandes bancos. Para llegar a esta cifra ha calculado que, gracias a la renegociación, la subida de la inflación que acabará repercutiendo en sus costes de explotación será del 4,7%, algo menos de la mitad del IPC actual (7,3%). Estos 886 millones están lejos de otros duros impactos negativos estimados, como los 1.500 millones del nuevo impuesto a la banca, los 3.000 millones de provisiones extra calculadas para un escenario de empeoramiento macro y el sobrecoste de 8.400 millones que representaría volver a tener que remunerar los depósitos masivamente. El golpe de 900 millones por la inflación es fácilmente absorbible por los 14.300 millones de ingresos que se calcula que les van a entrar a los bancos gracias a las subidas de tipos de interés. Según Alantra, se trata de un coste “manejable”. 

Kutxabank será el ‘conejillo de indias’ del Banco Central Europeo (BCE) en España para analizar si sus directrices con el fin de minimizar los riesgos medioambientales, y en especial su impacto financiero, se han tomado realmente en serio entre los bancos. Por razones oficialmente desconocidas, la entidad vasca ha sido la primera elegida en España –el BCE supervisa de forma directa a diez bancos en el país–, para realizar una auditoría sobre un proceso que debe finalizar en 2024. A finales de ese año, el BCE quiere que las 107 entidades que vigila y también otras 79 ‘menos significativas’ cuya responsabilidad recae en los supervisores nacionales, tengan un detallado mapa de riesgos climáticos y de transición energética. Y también hayan planificado acciones concretas para minimizar el impacto que pueden tener en sus cuentas de resultados. El trabajo es muy ambicioso y realmente los primeros pasos se dieron en 2020, cuando el BCE elaboró las líneas generales de este proceso de análisis y adopción de medidas. La primera fase, desarrollada hasta finales de 2021, consistía en una autoevaluación por parte de cada banco, siguiendo un cuestionario remitido por el supervisor para evaluar dos grandes bloques de riesgos ligados al cambio climático y a la sostenibilidad. El primero hace referencia a «riesgos físicos», para conocer la exposición financiera de cada entidad en activos que puedan estar afectados por inundaciones, sequías u otros efectos derivados del cambio climático. El segundo es el de riesgos ligados a la transición energética, tanto los ya conocidos como los que pueden plantearse si las autoridades implementan decisiones más drásticas en el corto plazo. Es el caso, por ejemplo, de la participación accionarial de Kutxabank en Petronor y el efecto que puede tener una reducción más acelerada de los vehículos con motores de combustión, cuya venta estará prohibida desde 2035.

Expertos analizan la situación del sector en el XVI Salón Inmobiliario que se celebra hasta mañana en el Euskalduna. Si bien el sector goza de «buena salud», también presenta algunas carencias. «Existe una falta de producción que hace que disminuya la oferta para los consumidores», según advirtió Iñaki Urresti, secretario general de Ascobi-Bieba. «Cada año se construyen dos viviendas por cada 1.000 habitantes en Bizkaia. Esto está muy por debajo de la demanda actual y, si todo lo que se produce se vende, la evolución del precio tiene una tendencia al alza», concluyó. Ante esta situación, Joseba Cedrún, director general de Sukia, expuso el problema que se encuentran promotoras y constructoras. «Cuando iniciamos una inversión, comenzamos una carrera de obstáculos constante por la legislación vigente». indicó. Así, cualquier error en los trámites obliga a empezar el proceso de cero. «La consecuencia de ello es que la construcción de viviendas se paraliza. Y quien sale perjudicada es la sociedad por la falta de oferta», remata.

La escalada de los precios energéticos, del transporte y de las materias primas y materiales, entre muchas otras cosas, está ocasionando un auténtico roto a las administraciones públicas en forma de paralizaciones o renuncias por parte de las empresas constructoras a seguir adelante con proyectos de edificación o reforma de todo tipo. La crisis de inflación ha dejado desfasadas las tarifas de licitación de obras y concesiones aprobadas hace unos pocos meses, provocando una miríada de contratos desiertos, renuncias o, en el mejor de los casos y cuando es posible, revisiones al alza de las condiciones de adjudicación. La última víctima de esta sangría es Adinberri, el proyecto estrella de la Diputación de Gipuzkoa para los próximos años, cuyas obras estaba previsto que se iniciaran antes de que finalizase este año y que se han quedado sin ejecutora. Según ha podido confirmar DV, Acciona, la empresa que iba a encargarse de la construcción en Trintxerpe (Pasaia) del edificio que albergará el centro guipuzcoano de innovación para un envejecimiento saludable, y que se presenta como uno de los principales legados del diputado general saliente, Markel Olano (PNV), ha renunciado a encargarse de las obras en las condiciones establecidas en la licitación aprobada en abril. Como a tantas otras empresas, las cuentas ya no le salen.

Educación ha tenido que incrementar los fondos que destina a la UPV/EHU, entre otras cosas, para salir al rescate de la nueva Facultad de Medicina en Basurto. Según anunció ayer el consejero Jokin Bildarratz, la partida destinada a financiar el proyecto estrella de la década para la institución académica, paralizado por la renuncia de las constructoras ante el temor de no poder asumir los costes de construcción por la subida de la inflación, se triplicará el próximo curso. La consignación pasará de 3 a 14,6 millones. De esta forma y a falta de confirmación oficial, se estima que la obra se encarecerá en torno a un 20% y, por tanto, la segunda licitación, prevista para antes de que acabe el otoño, saldrá a concurso con un presupuesto de unos 65 millones de euros, alrededor de 10 más. Al igual que otras obras públicas, la infraestructura, que combinará la actividad docente con la investigación y potenciará a la capital vizcaína como ciudad universitaria, no podrá ponerse en marcha al menos hasta el curso 2025-2026, un año de demora según los plazos previstos. En la presentación de las cuentas del Departamento para el ejercicio que viene, el titular del área señaló que la partida total para la Universidad del País Vasco ha crecido en 22,9 millones hasta alcanzar los 362 millones de euros. Se trata de un 6,7% más, un incremento similar al del año anterior y absorbe el 96% de la cuantía destinada a las universidades vascas.

Mientras algunos pronósticos empiezan ya a hablar de una recesión técnica que se desarrolle entre finales de este año y principios del siguiente, la vivienda, que no tendrá un desarrollo tan boyante como ha tenido durante los tres primeros trimestres de este año, será relativamente capaz de capear el temporal. BBVA Research, la institución de estudios de la entidad española, compartió ayer, en su Observatorio inmobiliario, su vaticinio para el mercado a cierre de este año y del próximo. Para el final de 2022 prevé una subida del precio del 5,4% y un número de compraventas de 692.000, o lo que es lo mismo, máximo de operaciones desde 2008. Por contra, para 2023 habrá una leve corrección: una caída de 2,8% en las compraventas para situarse en las 673.500, aun así tercer mejor dato desde el estallido de la crisis inmobiliaria, y un incremento del precio de la vivienda del 2,3%. Esto en términos nominales, porque con la persistente inflación el precio real de la vivienda bajará un 3,5% en 2022 y un 2,4% en 2023. También ING publicó ayer previsiones para el mercado inmobiliario y son un poco más pesimistas para 2023, aunque para este año estima que la subida de precios será del 7%. En concreto, dibuja un tímido avance del 1% en el precio a finales del año que viene. “Anticipamos un aterrizaje suave en 2023, aunque una corrección severa es improbable. Esperamos que el precio caiga ligeramente a lo largo de los dos próximos trimestres”, indica la entidad neerlandesa, con lo que sitúa el crecimiento real de los precios en el -1,7% y el -3,4% para 2022 y 2023, respectivamente. La principal razón que esgrimen los expertos para justificar la abultada subida de precio a lo largo de este año es la gran demanda de vivienda y la falta de oferta, tanto de segunda mano como de obra nueva. ¿Por qué entonces la subida será tan discreta el próximo año, cuando el pronóstico de BBVA Research pasa por que la demanda se mantenga más o menos similar? Esto se debe a que la obra nueva puede empezar a remontar el vuelo.

El Grupo Mondragon ha creado un clúster de cooperativas que darán servicio a los sectores hostelero, turístico y sociosanitario bajo el nombre Mondragon Hospitality que fue presentado ayer en Madrid a empresarios de estas actividades. El objetivo de esta unión, según señala la alianza cooperativa, es “aunar esfuerzos y constituir una oferta agrupada para obtener beneficios comunes”. Las nueve cooperativas que integran este clúster son Enea, Erreka, Fagor Electrónica, Gerodan, Kide, Krean, Ondoan, Onnera Contract y Ulma Architectural Solutions. Esta última se ha incorporado a la asociación a pesar de que estas semanas está planteando a los socios la posibilidad de abandonar el Grupo Mondragon, al igual que sucede con otra de las socias, Orona, que no se ha integrado en el clúster Hospitality. El clúster ofrecerá servicios como fabricación de mobiliario, accesos automáticos, cámaras frigoríficas o soluciones de medioambiente y energía, entre otros Estas cooperativas emplean actualmente a más de 4.000 personas en actividades vinculadas a los sectores hotelero, turístico y sociosanitario con una cifra de negocio conjunta de más de 500 millones de euros lo que, tal y como destaca la corporación con sede en Arrasate, “convierte el proyecto en una de las principales iniciativas de actividades industriales y de servicios” relacionados con estos sectores a nivel estatal.

La empresa alavesa Acceleration Robotics, dedicada a semiconductores para robótica, se expande a la India donde ha comprado TechnoYantra, una consultora con sede en Pune especializada en el sistema operativo de robots (ROS). El precio de la operación no se ha hecho público. La decisión de la firma vasca está respaldada por el hecho de que India, y en general Asia, es un mercado emergente en robótica y semiconductores. Según la Federación Internacional de Robótica (IFR), el 74% de los robots implementados en 2021 se instalaron en Asia. Además, según el informe de mercado de LogisticsIQ AGV-AMR, se espera que el mercado indio de movilidad robótica crezca a 200 millones de dólares en los próximos cinco años desde 19 millones de dólares en 2021. E India está haciendo esfuerzos para impulsar su sector nacional de chips “Con la mirada del Gobierno indio puesta en fomentar la industria de los semiconductores y una presencia cada vez mayor de la industria de la robótica en el segundo mercado interno más grande del mundo, India supone para nosotros una oportunidad única de crecimiento”, dice a CincoDías Víctor Mayoral, fundador de la empresa. Acceleration Robotics arrancó a finales de 2020 y en su primer año de actividad real, 2021, obtuvo más de 100.000 euros de beneficio neto, según el emprendedor. La previsión es que sus ganancias crezcan un 100% este año. La empresa ofrece servicios de consultoría en arquitectura robótica y produce cerebros robóticos customizados mediante el uso de aceleración por hardware. También ofrece diseños propios de hardware para robots que aceleran su tiempo de respuesta.

Más de cincuenta años fabricando envases de vidrio, Vidrala tiene el objetivo de convertirse en la empresa del sector más sostenible del mundo para 2030. La innovación se encuentra en el centro de esta estrategia. Su director de I+D, Liher Irizar, cuenta cómo está trabajando la empresa alavesa para alcanzar esta ambiciosa meta. "Tenemos el objetivo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de alcance 1 y 2 en un 47 %, y las de alcance 3 en un 28 % para 2030”. Este ambicioso objetivo, añade, “ayuda a prevenir los peores efectos del cambio climático y prepara a nuestra empresa para el futuro”. Esta sentencia habla, sin duda, de competitividad. De hecho, para Irizar, “la innovación viene cargada de retos –es inédita, compleja, transcendental e irreversible- pero también es una oportunidad”. El vidrio es, de hecho, el único material de envases retornable y el único 100 % reciclable infinitas veces sin pérdida de valor. Para asegurar los máximos estándares de calidad en el proceso, “Vidrala ha anunciado la validación de los Science-Based Targets más ambiciosos de la industria, que contempla la producción de los primeros envases de vidrio cero emisiones”, explica su director de I+D.

Treinta años, toda una trayectoria profesional en el desarrollo de elementos que garanticen la libre competencia en los mercados. Es el tiempo que la presidenta de la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia), Cani Fernández, lleva trabajando en este campo. Un periodo en el que puede asegurar que se ha avanzado «muchísimo». Ahora, en el centro de la tormenta energética, todas las miradas se centran en el regulador y en su papel para garantizar que no haya abusos que hagan aún más gravosas las facturas de la luz. "Hay un trasvase masivo, cada semana se trasladan de tarifa 8.000 clientes. Solamente en septiembre el cambio fue realizado por 27.000 usuarios. Lo que se están produciendo son cuellos de botella.– Entonces, ¿las compañías no se están aprovechando?– Estamos tratando de distinguir situaciones de gestión ingente, no previsible, de una obstaculización. Hemos hecho algunos requerimientos de información en el marco de un expediente informativo, que no es un expediente sancionador...La operación de MásMóvil con Orange es de dimensión comunitaria, es la Dirección General de Bruselas la competente. Nosotros solicitaremos presentar observaciones porque tenemos conocimiento del sector y somos reguladores, pero es pronto para saber en qué términos..."

Cani Fernández (Cartagena, 1963), presidenta de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC). La encargada de vigilar los mercados regulados reclamó más potencia de tiro para las sanciones que impone la institución ante los cárteles que violan la competencia. También subrayó su compromiso en la vigilancia de mercados como el energético ante la actual coyuntura de crisis, sin dejar pasar la oportunidad de recordar que las funciones de la CNMC son otras bien distintas. "Vivimos tiempos muy ventosos, muy racheados con mucha turbulencia. Y eso afecta a todos los sectores que supervisamos. La energía, las telecomunicaciones con el 5G, que se va a desplegar pero hay incremento del precio de las materias primas,... Los mercados están muy revueltos y estamos prestando mayor atención...Lo que sucede en estos tiempos convulsos es que las condiciones de mercado, que están en shock, hacen más fácil que los precios se alineen al alza y se mantengan. El efecto pluma, que no acaba de bajar. Tenemos que estar mucho más vigilantes. En términos comparados en la UE creo que estamos mejor, pues un 75% de los cárteles que desmantelamos lo hacemos de oficio.– ¿Es complicado detectarlos?– Es muy difícil. Por eso se crean los programas de clemencia (Chicago, años 30), que remuneran al chivato incluso con la exención de la multa, aunque desde muestra óptica moral ‘platónico-cristiana’ nos revuelva un poco..."

«Soy Virginia Guinda y me presento a las elecciones de la CEOE». Con esta frase, la empresaria catalana del sector del papel y vicepresidenta de Foment del Treball dio definitivamente un paso al frente y oficializó ayer ante los medios de comunicación en Madrid su candidatura a disputar a Antonio Garamendi la presidencia de la patronal en los comicios que se celebrarán el próximo 23 de noviembre. Lo hace porque quiere una CEOE más participativa, más propositiva, con más capacidad de escucha dentro de la propia organización, con más diálogo social y con más influencia no solo en el Gobierno sino en todos los partidos políticos, para así convertirla «en una pieza clave para el avance del país». Guinda, que en ningún momento hizo una crítica explícita a su rival ni a los acuerdos alcanzados con el Ejecutivo bajo su presidencia, se mostró partidaria de implantar un salario mínimo a la carta, que sea diferente en función del sector económico y de la edad del trabajador; de subir los sueldos con carácter general (aunque rechazó dar siquiera una horquilla de incremento) y adecuar la reforma laboral aprobada recientemente a los nuevos retos y necesidades de los empresarios. Sin embargo, no quiso entrar demasiado en su hoja de ruta ya que dejó claro que no la decidirá ella, sino que será consensuada con la pluralidad de organizaciones que coexisten en la CEOE, ya que su objetivo prioritario es dar «más voz a las bases». Por ello, en caso de alzarse con la victoria, la empresaria catalana avanzó que durante sus primeros cien días comenzaría un proceso de escucha «de abajo a arriba» para elaborar de forma conjunta y activamente su plan de acción. «Se tiene que escuchar de manera más activa para identificar los problemas y decidir las soluciones», dijo a modo de reproche hacia la actual dirección.

Los gobiernos de España y Portugal han unido sus voces para instar a la Unión Europea a «flexibilizar» el calendario para la realización de las inversiones financiadas a través de los Planes de Recuperación y Resiliencia. Lo han hecho en una declaración conjunta firmada por los presidentes de ambos países, Pedro Sánchez y António Costa, tras la cumbre hispano-lusa celebrada ayer en la ciudad portuguesa de Viana do Castelo. En el documento, ambas naciones sostienen que debido a «la incertidumbre del actual contexto geopolítico y del impacto de sus consecuencias económicas y financieras, especialmente la inflación y la escasez de materias primas y materiales de construcción», es «imprescindible» quitar rigidez a los plazos establecidos para la ejecución de los fondos Next Generation. Esta circunstancia, añaden, no implicaría en todo caso modificar el calendario de aplicación de las reformas acordadas. Es la primera vez que el Gobierno español reconoce públicamente que necesitará más tiempo para ejecutar las inversiones del Plan de Recuperación, pero para ello es preciso una modificación del Reglamento que define el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia o bien que le permitan acogerse al artículo 21 del mismo, que comprende la posibilidad de pedir una modificación de la ejecución cuando un Estado no pueda «por circunstancias objetivas completar en su totalidad o en parte el plan». La cuestión es si el retraso acumulado o los cambios en el panorama internacional –por la inflación o la falta de materiales– podría considerarse una «circunstancia objetiva» para modificar los plazos de ejecución.

La Comisión Europea se dispone a dar un vuelco a las reglas fiscales. La próxima semana presentará una reforma que contempla que el Ejecutivo comunitario diseñe con los países afectados planes fiscales individualizados a cuatro años, que podrán alargarse a siete si se asumen reformas e inversiones, según varias fuentes de la UE. Bruselas también planteará límites al gasto nacional —los fondos europeos quedan a salvo— en los presupuestos anuales y establecerá sanciones más reducidas a las actuales —que no se cumplen—, pero que incidirán en un mayor coste reputacional en los mercados y, por ende, un mayor castigo a sus primas de riesgo. Las capitales ya han ido posicionándose en este debate. A un lado se sitúan países como Alemania y Países Bajos, partidarios de la disciplina fiscal. A otro, Francia, Italia o España, inquietos por su gran deuda pública. La Comisión Europea ya ha diseñado una propuesta para reformar las nuevas reglas fiscales europeas. Y estas se parecerán mucho más a un traje a medida para cada socio que a un corsé en el que deban entrar todos, con independencia de las circunstancias. En la proposición, que divulgará la semana que viene, el Ejecutivo comunitario planteará diseñar junto con los países afectados planes fiscales de cuatro años, que pueden extenderse hasta siete si se asumen reformas e inversiones. 

Europa ha vivido en 2022 el verano más caluroso y seco de los últimos 500 años; tifones y huracanes han golpeado simultáneamente países como Filipinas o Cuba, y otros como Pakistán se han visto anegados por las lluvias, sufriendo una crisis humanitaria sin precedentes. Con este telón de fondo de tintes cuasi apocalípticos arranca este domingo la nueva Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la COP27, en la localidad egipcia de Sharm el-Sheikh, cumbre que se prolongará hasta el próximo día 18 y que congregará a miles de mandatarios, diplomáticos, empresarios y activistas. Si la COP26, celebrada en Glasgow en noviembre del año pasado, fue la de los compromisos en la lucha contra la crisis climática tras el parón forzado por el Covid en 2020, la COP27 debería ser la de la implementación de esos acuerdos. Entre ellos sobresalen el gradual abandono de los combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas) y la reducción de los subsidios “ineficientes” que reciben esas fuentes energéticas a pesar de que son las principales causantes del calentamiento global, según la ONU; materializar la promesa de las economías industrializadas de facilitar 100.000 millones de dólares anuales a los países en desarrollo para impulsar la acción climática; presentar (y detallar) en la cumbre de este año planes más ambiciosos que permitan acelerar la reducción de las emisiones de dióxido de carbono, que deberían adelgazar un 45% con el fin de alcanzar las emisiones netas cero de aquí a mediados de siglo. Esa meta, junto a la de frenar el aumento medio de la temperatura mundial a un máximo de 1,5 grados este siglo respecto a los niveles preindustriales, fueron los dos grandes pilares del histórico Acuerdo de París de 2015, en cuyo cumplimiento, del que ahora estamos muy lejos (un calentamiento de 2,8 grados con los compromisos que hay sobre la mesa), se debería avanzar ahora.

Las dos Coreas han entrado en una espiral prebélica sin precedentes desde el fin de la guerra (1950-53). Después de varios días de intercambio de misiles en sus respectivas aguas territoriales, ayer Seúl movilizó 80 cazas tras detectar el despliegue de más de 180 aviones de combate por parte de su vecino del norte. Los bombarderos norcoreanos sobrevolaron varias islas y áreas de las costas occidental y oriental de territorio surcoreano. Los aviones realizaron maniobras y disparos desde el aire en una «zona de amortiguamiento» marítima, según el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur. En total, el alto mando contabilizó 80 andanadas. Seúl denunció que este hecho supone una «clara violación» de un acuerdo de 2018 que dejaba esta zona fronteriza fuera de las posibles hostilidades entre ambos países. La escalada de hostilidades de los últimos días es inédita. Esta semana Corea del Norte ha batido dos temibles récords: uno de sus misiles cayó en aguas territoriales surcoreanas por primera vez desde la guerra que enfrento a los dos países vecinos. Y su Ejército disparó hasta 23 proyectiles en un solo día, más que nunca desde que la península se dividió en 1945. Son más misiles de los arrojados en ensayos durante los últimos dos años. Seúl respondió con una andanada de aviso en dirección contraria, confirmando el inicio de una peligrosa escalada militar. De momento, Estados Unidos y Corea del Sur han anunciado que prorrogan un día más, hasta hoy, sus maniobras militares conjuntas, que han desatado la ira del norte. Bautizadas como ‘Tormenta Vigilante’, son los mayores ejercicios jamás desplegadas por estos dos países, con más de 240 de aviones, entre ellos cazas de última generación.