20230406

Hay que retrotraerse dos años, a abril de 2021, cuando Euskadi comenzaba a arrancar tras el parón de 2020 provocado por la pandemia, para ver el ‘Termómetro de la Economía Vasca’ en niveles de ‘crecimiento suave’. Este indicador que emplea el Gobierno vasco confirmó ayer la desaceleración del tejido productivo que se viene acusando desde febrero del pasado año con el inicio de la guerra en Ucrania. El caso es que el dato correspondiente a marzo tiene además especial trascendencia porque se sitúa en 98,2 puntos sobre 150 y es la primera vez que baja de 100 desde abril de 2021. Esa barrera es la que establece la diferencia entre lo que el departamento de Economía y Hacienda del Ejecutivo considera ‘crecimiento sólido’ y ‘crecimiento suave’. Desde abril del año pasado el indicador (marcaba 129,4) ha caído un 24% hasta los 98,2 del pasado mes. El crecimiento del empleo, que en marzo marcó un nuevo récord histórico de 994.655 afiliados a la Seguridad Social empujado por la campaña de Semana Santa, no ha sido suficiente para compensar el frenazo en el consumo privado y el descenso de las inversiones provocado por las subidas de tipos de interés y la incertidumbre. Según explicó el departamento de Economía del Gobierno vasco, «el sector servicios justifica la mayor parte del descenso del indicador, mientras que en la industria la caída es más leve y mantiene todavía una tasa de crecimiento sólida». En definitiva, no es una sola causa la responsable de esta situación que llevó ya al titular de la cartera económica del Ejecutivo, Pedro Azpiazu, a rebajar la previsión de crecimiento para Euskadi del 2,1% al 1,5% el pasado 16 de marzo. Desde el departamento explican que se trata de una «concurrencia simultánea de múltiples perturbaciones». Ver nota Gobierno Vasco. 

La ralentización de la economía vasca también se dejó ver ayer en otro indicador. El Índice General de Producción Industrial (IPI) de Euskadi cayó en febrero el 3,1% respecto al mismo mes del año pasado, lo que supone casi cuatro veces más que la media española, cuyo descenso se quedó en el 0,8%. A nivel nacional, el País Vasco experimentó la quinta mayor reducción, según los datos recogidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE). De esta manera, únicamente mejoró los datos arrojados por Murcia (con el 13,3% de descenso), Cantabria y Comunidad Valenciana (ambos con el 4,9%) y Navarra (4,2%). En los dos primeros meses de 2023 la bajada del índice de la industria en el territorio vasco supuso una caída del 1,8%, mientras que la media de lo que va de año en España refleja un valor positivo que representa un aumento del 0,3%. Atendiendo a sectores, los datos del INE destacan la mayor bajada interanual en España de los bienes intermedios, que se reducen el 5,8 según los datos una vez corregidos ya los efectos de calendario, aunque respecto al mes anterior se reducen el 0,3 por lo que tienen una mayor caída en comparación con enero los bienes de consumo duradero, que descienden el 3,5. La mayor subida en el ámbito industrial, en comparación a febrero de 2022, fue la de los bienes de equipo, que repuntó el 5,7%. Le siguió la industria de la energía, con un aumento del 0,7% anual, que además supone la mayor subida respecto al mes anterior tras crecer el 3,2%.

El arranque de 2023 sigue ofreciendo indicadores de crecimiento para la economía de Gipuzkoa. Si el martes se batía el récord de empleo gracias entre otros sectores al turismo y la industria, ayer se conoció que las empresas de Gipuzkoa han aumentado sus ventas en enero y febrero de este año un 10,3% respecto al mismo periodo de 2022. Suben tanto las ventas interiores como las exportaciones, con el mismo porcentaje del 10,3%. Además, el dato tiene más relevancia ya que se compara con los dos primeros meses del pasado año, cuando todavía no existía el impacto por la Guerra de Ucrania, que comenzó el 24 de febrero, con los consiguientes costes energéticos y nuevas subidas de la inflación. Otros datos positivos de los registros de la Hacienda foral son que el número de personas perceptoras de rendimientos de trabajo de las empresas de Gipuzkoa ha aumentado un 1,1% y que los salarios se han incrementado de media un 4,5%. Eso sí, el dato bimestral de ayer tiene el matiz de que febrero de 2023 presenta un aumento de ventas del 7,2%, menor que el 13,6% de enero, aunque superior al de diciembre de 2022. En todo caso, las ventas siguen creciendo todos los meses, aunque sea a ritmo desigual. El informe foral de Diputación correspondiente a febrero de este año refleja que las ventas han aumentado en este bimestre en todos los sectores, pero con mayor fuerza en la construcción (un 27,7% más), principalmente por contraste con el mal comportamiento de este sector hace un año.

La venta de gran parte del negocio que Iberdrola tiene en México se formalizó por sorpresa y de una manera sin duda inusual para los cánones habituales en los grandes países occidentales. A través de un vídeo de más de 13 minutos, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO, como se le conoce coloquialmente) se felicitó de haber «nacionalizado» trece plantas de generación eléctrica de la multinacional española (suman 8.539 MW, la mayoría de gas) a cambio de abonar una factura de 6.000 millones de dólares (unos 5.500 millones de euros). Habló de un momento «histórico». En el vídeo también está presente el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, que habla durante algo más de un minuto para destacar el esfuerzo negociador que han hecho ambas partes, enfatizar que su compañía es líder mundial en renovables y para mantener su mano tendida para desarrollar proyectos empresariales que «beneficien a todos los mexicanos» y se atengan siempre a las «reglas del país». El acuerdo, ‘vendido’ a los medios a través de un apretón de manos y sonrisas satisfechas, se produce tras dos largos años de rifirrafes entre el Ejecutivo e Iberdrola. Que López Obrador no es precisamente el defensor número uno de las multinacionales era de sobra conocido, como se constata en un vídeo con tintes electorales (los comicios serán a finales de año al expirar en 2023 el lustro de mandato) para ‘vender’ al pueblo que el Gobierno toma las riendas de un sector estratégico y que gracias a ellos no subirá la factura energética de los hogares.

Con la operación de venta de 12 centrales de ciclo combinado de gas, (15 unidades de generación) y un pequeño parque eólico al Estado mexicano que suman 8.539 MW, Iberdrola pone fin a años de tensión en un país en el que venía siendo sometida a un claro acoso por parte del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En su programa electoral, la formación política del actual presidente, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), había prometido que hasta un 55% de la generación de electricidad estaría en manos públicas. O, visto a la inversa, que la participación del sector privado se limitaría al 45%. López Obrador lo intentó mediante una reforma legislativa que la oposición política mexicana rechazó en el Congreso hace ahora un año. Pese a que los activos que ha comprado a Iberdrola por 6.000 millones de dólares (unos 5.500 millones de euros) solo representan un 12% de la generación, esta cuota ha servido al Gobierno para cumplir con el citado 55%. Y, aunque no ha sido una nacionalización de derecho, sí lo ha sido de hecho. No en vano, el mandatario mexicano así lo calificó en un mensaje en Twitter tras conocerse el pacto. El acoso a la energética española, que ha tenido un final feliz teniendo en cuenta el precio recibido por unos activos con poco recorrido en la estrategia de descarbonización de la compañía (600 euros/MW) y la menor exposición a un país con riesgo regulatorio, que han aplaudido analistas e inversores, se fue sustanciando en numerosos pleitos y conflictos que, según la información ofrecida ayer por la compañía, implican a cuatro activos con una capacidad de 1.400 MW.

El Gobierno no sólo se pone de perfil ante el expediente de regulación de empleo (ERE) en Ford, sino que justifica que la compañía se vaya a deshacer de 1.124 trabajadores a través de prejubilaciones desde los 53 años y planes de incentivos por razones de flexibilidad. Una decisión que choca de plano con el planteamiento sobre el que pivota la reforma de las pensiones y que se fundamenta en la necesidad de elevar la masa laboral y retrasar la edad efectiva de jubilación para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema. Consultados al respecto del acuerdo de este martes, desde distintos ministerios del área económica del Gobierno declinaron hacer «valoraciones» sobre «cuestiones internas de las empresas». Un silencio que contrasta con las férreas críticas que sí han vertido miembros del Consejo de Ministros contra otros movimientos empresariales de calado que se han producido recientemente. Si bien el ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, sí se posicionó ayer al defender que el caso de Ford estaría «justificado por razones de flexibilidad». El arquitecto de la reforma de las pensiones aseguró que cada vez se dan menos casos de este tipo y la edad efectiva de jubilación está aumentando (pasa de los 64 años). Esa es, dijo, la «dirección correcta». En todo caso, pidió hacer «una reflexión» sobre el trabajo entre los mayores de 55 años en España, con una tasa de actividad inferior a la media europea. 

La evolución de la planta de Ford en Almussafes (Valencia), que ha llevado a un expediente de regulación de empleo (ERE) de 1.124 personas, tendrá impactos inducidos en las empresas suministradoras de la planta valenciana, agrupadas en el clúster Avia. Y no ya por el ERE, sino más bien por la reducción de la carga de trabajo en esa factoría y por la necesidad de adaptarse a la nueva circunstancia que se abrirá a medio plazo: el cambio a la fabricación de vehículos eléctricos. La situación se plantea a corto plazo, aunque estaba anunciada: desde el 1 de abril Almussafes cesó la fabricación de dos modelos, el S-Max y el Galaxy, y se queda con el Kuga. Esto coincide ya con la salida de los trabajadores del ERE. Tras alcanzarse el acuerdo entre dirección y UGT para el ERE y conocerse los detalles, Avia –que agrupa a 120 empresas fabricantes de componentes, ubicadas en el entorno de la fábrica valenciana– ha enviado un comunicado en el que, por un lado, valora “la generosidad de ambas partes para alcanzar una solución consensuada”. Además, la agrupación presidida por Mónica Alegre explica que “los proveedores de automoción están a la espera de conocer los volúmenes de trabajo previstos por Ford y que redundará de una manera u otra en las propias plantillas de las empresas auxiliares”. El clúster continúa señalando que “es esta información la que determinará los efectos sobre el resto de la cadena de valor de la automoción valenciana, especialmente para las empresas que dependen directamente de pedidos de la multinacional”.

El bajón productivo y de ventas del sector automovilístico español desde la pandemia —acentuado por la falta de semiconductores—, y el obligatorio proceso de electrificación del parque móvil europeo han supuesto una oportunidad para la irrupción de un nuevo actor en el mercado: las marcas chinas. Con precios competitivos y experiencia en electrificación, las firmas con capital del gigante asiático están comenzando a superar las reticencias tradicionales de los conductores españoles y comunitarios hacia ellas. La última en comenzar a operar en España ha sido BYD, que presentó el viernes tres nuevos modelos completamente eléctricos, y que se suma a firmas como MG, Aiways o Lynk & Co. El año pasado, la importación de coches chinos a España se multiplicó por 20, de acuerdo con el balance comercial publicado por Anfac, la patronal de fabricantes, a principios de marzo: de importar 68 millones de euros en vehículos en 2021, España pasó a importar coches desde China por un valor de 1.366 millones de euros. Esto supone un aumento del 1.905%, y situó al país asiático como cuarto mayor importador de vehículos en España, con una cuota del 7,3%. Por delante solo tuvo a Alemania (21,9%), Francia (10,1%) y República Checa (7,8%). “Es un proceso que se ha hecho esperar, pero que tarde o temprano iba a ser una realidad, como ha ocurrido previamente en otras zonas, como en los principales mercados de Sudamérica, donde acaparan buena parte del mercado”, señalan desde la patronal de concesionarios Faconauto. 

España ha logrado buena parte de lo que buscaba con la nueva regulación de las ayudas de Estado: más margen para gastar el Fondo de Recuperación y acelerar la distribución de ayudas a proyectos industriales. La reciente relajación de las normas que las regulan ha aumentado las cantidades que se pueden dar a proyectos (hasta 350 millones); ha subido los porcentajes que se pueden financiar a las pequeñas empresas, que en algunos casos llegan al 55% de la inversión; y ha ampliado los sectores. El Gobierno español buscaba esa mayor flexibilidad para gastar el dinero que ha recibido o va a recibir, unos 200.000 millones entre 2021 y 2027. Los cambios que vieron la luz en marzo dan mucho más margen España para que no suceda lo que pasó en el reparto de recursos del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) para el vehículo eléctrico. Las nuevas regulaciones todavía no habían entrado en vigor. Los duros requisitos vigentes entonces jugaron una mala pasada. Fue en octubre y apenas se pudo gastar un 29% de los 2.975 millones de los que disponía Industria. Todas las fuentes consultadas para esta crónica, tanto del Ejecutivo como las conocedoras de la regulación, coinciden en que a partir de ahora será más sencillo conceder las ayudas. 

El Gobierno continúa su lucha contra el fraude en la contratación temporal, cuya fuerte reducción era y es uno de los objetivos de la reforma laboral de 2021. Con este fin, la Inspección de Trabajo ha enviado cartas a 4.600 empresas, incluidas las de trabajo temporal, advirtiéndoles de que ha detectado la existencia de fraude en la contratación de 45.000 personas, según informaron fuentes del departamento que dirige Yolanda Díaz. El fraude descubierto por el Ministerio de Yolanda Díaz es el uso de trabajadores eventuales para cubrir un puesto de trabajo, una función y una responsabilidad que es propia del empleo indefinido. Que tiene carácter estructural dentro de la organización de la empresa. En esta ocasión, las cartas también se dirigen a las empresas de trabajo temporal, porque el Ministerio ha descubierto que muchas compañías las están utilizando, “de forma sistemática”, para contratar trabajadores eventuales que puedan ayudarles a cubrir empleos que requieren una ocupación indefinida. Y, por esta razón, se produce la rotación de varias personas por un mismo puesto de trabajo. En consecuencia, con estas actuaciones la nueva herramienta tecnológica de lucha contra el fraude “destapa esos puestos de trabajo estables, que se están cubriendo con contratos temporales y que, mediante la labor de la Inspección, pasan a convertirse en indefinidos ordinarios”. Además, “se evita la utilización recurrente de la contratación a través de empresas de trabajo temporal para las necesidades estructurales de la compañía”. Es decir, que forma parte de la organización indispensable de la empresa para trabajar todo el año.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha presentado este miércoles su informe sobre los presupuestos iniciales de las Administraciones públicas y lo cierto es que volvió a generar polémica tras sus recientes críticas a la sostenibilidad de la reforma de las pensiones. En esta ocasión, la entidad dirigida por Cristina Herrero sorprendió al empeorar las previsiones de déficit público, al tiempo que puso números a las medidas puestas en marcha por el Gobierno para combatir la crisis energética. La Airef calcula que la rebaja del IVA de los alimentos básicos de la cesta de la compra aprobada por el Gobierno y que comenzó a aplicarse el pasado 1 de enero tendrá un coste recaudatorio de 782 millones de euros. De esta cifra, 643 corresponden a la reducción del 4% al 0% de los alimentos de primera necesidad, mientras que los 139 millones restantes responden a la bajada del 10% al 5% en los aceites y pastas alimenticias, según una microsimulación realizada con la inflación individual de cada bien a noviembre de 2022. Si a este coste recaudatorio se suman el resto de medidas emprendidas por el Ejecutivo, el conjunto de las medidas anticrisis del Ejecutivo tendrá un impacto sobre las cuentas públicas de 14.014 millones de euros en 2023, lo que equivale al 1% del PIB nacional. Esta es la principal razón por la que la Airef empeoró su previsión de déficit público para este año hasta el 4,2% del PIB, lo que supone nueve décimas más que en sus anteriores estimaciones y tres décimas más que la propia estimación del Ejecutivo (3,9%). 

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) aprovechó ayer la publicación de su informe inicial de ejecución presupuestaria de las administraciones públicas para actualizar el cuadro macroeconómico de previsiones con el que trabaja para el ejercicio 2023. Mientras que el eje de sus previsiones, la estimación de crecimiento económico para el conjunto del año, se mantuvo inalterado en el 1,6%, la Airef estimó que la escalada de precios se moderará más allá de lo esperado mientras que los salarios comenzarán a crecer por encima. En concreto, según el informe de la Autoridad Fiscal, la inflación pasará de haber experimentado un incremento interanual medio del 8,4% en 2022, inédito en casi cuatro décadas, para contener su avance al 4%, en 2023, marca que mejora el 4,2% de la estimación anterior de la Airef. En paralelo, los salarios siguen registrando tasas de crecimiento moderadas en el arranque del año, con un alza acumulada del 2,9% de media en los convenios colectivos firmados entre enero y febrero de 2023. La Airef asume, sin embargo, que en el conjunto del año los salarios acabarán creciendo más allá que la inflación media, esto es por encima del 4%, a fin de comenzar a recuperar parte del poder adquisitivo perdido durante la crisis inflacionista que ha agravado la invasión rusa sobre Ucrania.

El sindicado ELA ha decidido presentar al exdirectivo de Siemens Gamesa Alberto Marauri, recientemente despedido de la empresa, como candidato a las elecciones sindicales que se celebrarán en la compañía el próximo 18 de abril. ELA ha alegado que el despido está recurrido en los tribunales, que no es por lo tanto firme, y ha esgrimido el derecho de quien fue uno de los responsables de recursos humanos de la compañía a formar parte de la lista electoral con la que este sindicato encara las elecciones al comité de empresa del área de servicios corporativos, que tiene su sede central en Zamudio. El comité de los servicios corporativos de Siemens Gamesa está formado por nueve empleados y hasta ahora Comisiones Obreras ocupaba la totalidad de los puestos. En esta ocasión, ELA ha presentado una candidatura cargada de sorpresas y entre ellas figura la inclusión del exdirectivo de recursos humanos, que decidió dar el salto al otro lado de la ‘trinchera’ cansado –así lo argumentó en una carta a sus compañeros– de la gestión que se ha realizado en la compañía en los últimos años. Marauri, cuya firma figura como representante de la empresa en varios convenios firmados por Siemens Gamesa, fue despedido semanas después de que anunciase que se convertía en delegado sindical de ELA y que aspiraba a presentarse a las elecciones al comité. El sindicato ha asegurado que Marauri se puede presentar ya que ha alegado vulneración de derechos fundamentales en una demanda judicial contra el despido, que exige que sea declarado nulo. El argumento es que se produjo como represalia por haber anunciado su nueva etapa como representante sindical. Esta es la primera vez que ELA aspira a tener representación en el comité del área corporativa y su candidatura tiene más sorpresas. Así, como ‘número uno’ ha fichado a un empleado que hasta ahora era miembro del comité en representación de CC OO, fuerza hegemónica en ese órgano de representación.

Ascensores Muguerza se constituyó en 1922. La familia Muguerza era originaria de Zumaia y decidió abandonar la actividad de la marina mercante. Tras vender los terrenos del caserío de Zumaia se instalaron en Pasaia para aprender el oficio de mecánicos. Como consecuencia la primera guerra mundial comenzaron a fabricar máquinas para la empresa suiza máximo Buttig en Errenteria y en 1922 constituyeron la empresa Ascensores Muguerza en San Sebastián. Durante los años 20 y 30 diseñaron, fabricaron e instalaron ascensores por toda la península. Al iniciarse la Guerra Civil la actividad se ralentizó debido a que el régimen confiscó gran parte de la maquinaria y tras la guerra la empresa se dividió en varias empresas al separarse los hermanos Muguerza. En los años 60 y 70 tras pasar unos años difíciles por la crisis lograron salir fortalecidos y la empresa creció hasta consolidarse como una de la empresa líder del mercado de ascensores. En 1996 llegaron a un acuerdo de colaboración con la multinacional Kone, que finalmente adquirió la compañía en 2021. Una larga historia de emprendedores que en aquellos años decidieron cambiar su actividad de la marina mercante para buscar otros horizontes en el mundo de los elevadores. Entonces eran pocas las empresas que se dedicaban a este negocio, que se ha mantendido y sigue funcionando tras 100 años. Ahora de la mano de Kone, aunque tantos los dirigentes como los trabajadores siguen haciendo grande esta empresa.

El desfile de líderes occidentales por Pekín entra hoy en una nueva fase con la reunión que mantendrán los presidentes chino, Xi Jinping, y francés, Emmanuel Macron, que no pisa el país desde finales de 2019 y que, en esta ocasión, no llegará solo al encuentro. La máxima responsable de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, le acompañará –a petición del jefe del Elíseo– en esta cita en la que la guerra en Ucrania será uno de los principales asuntos a tratar. No sólo por los vínculos que Xi mantiene con el jefe del Kremlin, Vladímir Putin, a quien visitaba hace escasas semanas en Moscú, sino también por el plan de paz que el gigante asiático puso a finales de febrero sobre la mesa y que busca apoyos dentro y fuera de Europa. Una estrategia que Von der Leyen observa con cierto recelo, preocupada por que la propuesta pueda provocar fisuras en el bloque comunitario en un momento tan delicado. La presidenta de la Comisión Europea –que tiene dos reuniones previstas en este viaje con el mandatario chino, una junto a Macron y otra a solas, y también hablará con el primer ministro, Li Qiang– ya hizo la pasada semana una llamada a filas a los socios ante el carrusel de líderes que se vieron, o se verán en los próximos días, las caras con Xi. La posición comunitaria sobre la invasión rusa sigue lejos de lo que defiende China, que hasta ahora ha evitado condenar este conflicto de manera pública y que, además, no se ha sumado a las sanciones internacionales a Moscú. De hecho, Xi se convirtió en el primer jefe de una gran potencia en reunirse con Putin cuando ya había sido reclamado por el Tribunal Penal Internacional (TPI) por crímenes de guerra. La intención de Von der Leyen es que el gigante asiático cambie de postura sobre la invasión de Ucrania. 

El desencuentro entre el Departamento vasco de Educación y las patronales de la red educativa a raíz del nuevo sistema de matriculación parece amortiguarse. Por de pronto, ambas partes mantuvieron ayer un primer encuentro para intentar resolver el conflicto desatado en la comunidad educativa. Lo peliagudo del asunto radica en cómo se ha llevado a cabo el nuevo procedimiento para el reparto y asignación del alumnado del aula de dos años para evitar la segregación escolar, que ha provocado que algo más de 200 familias vascas no hayan podido matricular a sus hijos para este curso 2023/2024 en el centro que solicitaron como primera opción. Precisamente durante el encuentro celebrado ayer en Lakua el departamento ofreció explicaciones sobre cómo se ha realizado ese reparto de plazas, aunque no trascendieron más detalles de la reunión. Desde Ikastolen Elkartea no quisieron realizar valoraciones al respecto hasta la vuelta de vacaciones. «Se nos han dado las explicaciones y tenemos que hacer ahora una valoración de lo que nos han comentado, por lo que hablaremos a la vuelta», informó de forma escueta a este periódico el director general de la federación de ikastolas, Jose Luis Sukia. Desde Kristau Eskola tampoco se manifestaron al respecto. Por su parte, fuentes del departamento que dirige el consejero, Jokin Bildarratz, afirmaron que «estamos en contacto con las patronales, como venimos haciendo siempre más allá del proceso de matriculación», aunque se desconoce si se va a tomar alguna medida respecto a las familias que están en desacuerdo con el centro asignado o se va a seguir con el plan previsto desde un principio y Educación no va a dar su brazo a torcer.