20231101

Las previsiones de todos los organismos ya fijaban para este año un menor crecimiento de la economía en Euskadi que en el resto de España. La razón es que el frenazo de la industria europea afecta más por la exposición del tejido empresarial vasco a las exportaciones y el menor peso del turismo en su volumen de negocio. Así que en el tercer trimestre del año, que recoge los meses de vacaciones veraniegas, se acusó con mayor incidencia, al menos en los datos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). La estadística del organismo sobre julio, agosto y septiembre, hecha pública ayer cifró el crecimiento de la economía vasca respecto al segundo trimestre del año en un 0,2%. El dato más bajo del país y empatado con Asturias, La Rioja, Cantabria, Andalucía y Navarra. La cifra, eso sí, coincide con la señalada por el Instituto Vasco de Estadística (Eustat) para el mismo periodo de tiempo. Más allá del dato, la tendencia sí insiste en el impacto para una economía netamente industrial como la vasca de la desaceleración que vive Europa por la subida de tipos de interés. Las exportaciones vascas llevan los cinco últimos meses acumulando cifras negativas y el sector turístico, aunque sí ha crecido, no lo ha hecho en suficiente medida como para contrarrestar el impacto. La imagen que arroja la estadística de la Autoridad Fiscal sobre otras autonomías mucho más turísticas, como Baleares, evidencia el diagnóstico. Así, la economía de la comunidad insular es la que más creció en España durante el verano con un 0,6%, seguida de Canarias, Cataluña y Madrid, todas con un 0,4%. En cuanto a la comparación con el mismo periodo del año anterior, la economía del País Vasco creció un 1,5%, según la AIRef, frente al 1,6% que estableció el Eustat. El dato colocaría a Euskadi junto a las comunidades de Valencia, Murcia, La Rioja, Castilla La Mancha; y por delante de Galicia, Asturias y Extremadura (1,4%) y Cantabria (1,3%). En cabeza estaría Baleares con un 2,9%, seguida de Canarias (2,3%) y Madrid y Cataluña con un 2,1%.

La economía de la eurozona se ha contraído un 0,1% en el tercer trimestre del año, al acusar el efecto de la subida de los tipos de interés a lo largo del último año y los graves problemas de la economía alemana, cuya competitividad se ha hundido con el fin del suministro de gas ruso y cuyas exportaciones se han visto afectadas también por los problemas en los mercados de la Europa Oriental. Con ello, dos tercios de las economías europeas están en retroceso o estancadas entre julio y septiembre, de acuerdo con los datos publicados ayer por la oficina estadística comunitaria, Eurostat, y la evolución anual ya roza el estancamiento cuando hace un año todavía crecía a ritmos superiores al 2%. La economía de la eurozona cayó un 0,1% entre julio y septiembre debido fundamentalmente a que la subida de tipos de interés ha laminado el consumo (ya golpeado por la inflación, ver información a la derecha) y las inversiones, tanto en lo que respecto a la construcción de edificios (debido a que el encarecimiento de las hipotecas ha restado atractivo a las nuevas promociones) como a la empresarial (por la caída de pedidos y la incertidumbre sobre la demanda futura). Asimismo, el gasto público ha perdido el empuje que tenía en los tiempos más duros de la pandemia y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia está teniendo un efecto más reducido y tardío de lo previsto. Por último, el sector exterior se ha visto penalizado por la fragmentación del comercio global y la pérdida de competitividad de la industria, ya que el aumento de los costes energéticos ha sido mucho mayor que en América o Asia, adonde Rusia ha redirigido en cierta medida sus ventas de petróleo y gas. El análisis por países es demoledor, ya que muestra que dos terceras partes de las economías europeas para las que se dispone de datos hasta la fecha, incluyendo algunas que no forman parte del euro, están en contracción o estancadas, si bien Bélgica o España todavía muestran un cierto dinamismo. En concreto, el PIB irlandés se hundió un 1,8% entre julio y septiembre (aunque hay que tener en cuenta que este es algo volátil por su menor peso y la elevada actividad relativa de grandes empresas), seguida de Austria (0,6%), República Checa (0,3%), Portugal, Estonia (0,2% en ambos casos), Alemania, Lituania (0,1%), mientras que Italia y Suecia se encuentran estancadas.

El Departamento vasco de Trabajo y Empleo cree que el futuro Gobierno de España ofrecerá «estabilidad y certidumbre» y, por ello, confía en que Petronor «arranque las inversiones» que ha dejado en ‘stand by’ una vez constituido el Ejecutivo y «despejados sus temores». De otra forma, considera que su postura «sólo podría entenderse como una amenaza velada contra ese Gobierno para obtener una situación ventajosa». Fuentes del Departamento de Trabajo y Empleo se refirieron a la postura de Repsol (Petronor), cuyo consejero delegado, Josu Jon Imaz, –tras el acuerdo de PSOE y Sumar de cara a mantener el impuesto especial para las energéticas y la banca–, advirtió la semana pasada que la compañía tiene «otras alternativas» si en España no se garantiza estabilidad para invertir. El departamento de Idoia Mendia señaló que espera que lo anunciado por Repsol sea «un impasse» hasta que el Gobierno «arranque», algo que, según apuntó, será «en breve».

La presidenta de Santander, Ana Botín, advirtió ayer de que imponer unos impuestos elevados puede provocar la huida de empresas y particulares de España. “Hay que pagar impuestos, pero si pagas demasiados la gente se marcha. Si pagan el 60% de lo que ganan se van a ir. Hay personas y empresas en España que pagan más del 50% de sus ingresos al Gobierno y es una falta de incentivo, no solo para los que estamos, sino que es un coste de oportunidad para los que no vienen”, expresó Botín durante su participación en la Conferencia Internacional de Banca 2023, organizada por Santander. La banquera española valoró la coyuntura macroeconómica actual, marcada por los riesgos geopolíticos y el encarecimiento de los precios. En ese sentido, subrayó que la esencia del negocio bancario es gestionar el riesgo. Igualmente, defendió que la prioridad tanto de Gobiernos como de empresas es el crecimiento inclusivo y sostenible. Y apuntó que en ese objetivo la banca juega un papel fundamental para financiar ese crecimiento. “Competir por el crecimiento no quiere decir que no tengamos la visión correcta”, destacó. Y dentro de la competencia global, insistió en criticar las políticas de mayor presión fiscal, especialmente al sector financiero, que vienen aplicando los Gobiernos. “No me importa pagar más impuestos, pero ¿por qué tenemos que pagar más que otras empresas?”, cuestionó la presidenta de Santander. “En Europa queremos tener una sociedad más justa y no dejar a nadie atrás, como sugiere el modelo de EE UU. La palabra clave es la competencia. Me encanta competir por crecimiento. Pero esto no se puede convertir en una carrera donde se suben los impuestos. Se pueden tener menos impuestos y a todo el mundo le va mejor”, añadió Botín. Las entidades abonan un tipo por el impuesto de sociedades del 30% frente al 25% habitual.

En línea con el comportamiento que ha experimentado el conjunto de la banca, BBVA ha cerrado la cuenta de resultados de los nueve primeros meses del año con un notable incremento de su beneficio neto, que alcanzó a finales de septiembre la cifra de 5.961 millones de euros. Un dato que supone un aumento del 24% en comparación con el mismo periodo del año anterior y que se ha visto parcialmente empañado por la depreciación de algunas divisas. Con un tipo de cambio estable (la entidad opera en economías con el euro y otras monedas nacionales, como México), el aumento del beneficio se hubiese situado en el 37,9%. El tirón en el beneficio viene marcado por el impacto que ha tenido en las cuentas la escalada de tipos de interés en la zona euro (del 0% al 4,5%), lo que ha derivado en un aumento del 29,4% en el margen de intereses. A pesar de estas cifras, la entidad insiste en rechazar la ampliación del impuesto extraordinario. El consejero delegado del grupo, Onur Genç, ha tachado de «injusto» este gravamen al advertir de que «los únicos que no van a ser competitivos en España serán los bancos españoles». El ejecutivo alertó, de hecho, de que una extensión impactará en el grado de concesión de créditos que hará la banca y, por tanto, en el conjunto de la actividad económica. «Intentar reducir ese capital que tiene el banco con un impuesto llevaría a menos crédito e inversión», afirmó.

La banca española ha obtenido un beneficio global de 19.761 millones de euros en los nueve primeros meses del año. La cuantía (engloba a Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter y Unicaja) supera numerosos registros, como el que marcaba las ganancias del año pasado, cuando el sector se apuntó un resultado de unos 20.800 millones. Es decir, entre enero y septiembre de este año, las entidades han ganado casi lo mismo que durante todo 2022. Y lo han hecho, básicamente, por la espiral de tipos de interés de la zona euro, en la que el precio oficial del dinero ha pasado del 0% al 4,5% con diez subidas seguidas. La publicación de beneficios ha coincidido con la reactivación del debate sobre el impuesto extraordinario a la banca (y a las energéticas). Un gravamen que PSOE y Sumar han acordado extender en el tiempo, aunque inicialmente estaba pensado para dos años.

Endesa obtuvo un beneficio neto de 1.059 millones de euros en los nueve primeros meses del año, lo que presenta una caída del 35,9% con respecto a los 1.651 millones de euros del mismo periodo de 2022 por la menor presencia de extraordinarios, ya que el ejercicio pasado el grupo registró las plusvalías de la venta parcial de su negocio de movilidad eléctrica a su matriz Enel, y el impacto del gravamen especial del Gobierno a las energéticas, informó ayer la compañía. Endesa indicó que su ebitda se vio afectado por la sentencia favorable registrada en 2022 sobre la financiación del bono social por 152 millones y por el pago en este ejercicio 2023 del impuesto extraordinario sobre las ventas por valor de 208 millones, lo que sitúa el epígrafe de estructura y ajustes en -364 millones. A nivel operativo, la evolución positiva del grupo se basó, por un lado, en los resultados positivos de los negocios de redes (230 millones), renovables (280 millones) y comercialización de energía y servicios (473 millones); y, por otro, en la aportación negativa del negocio de generación convencional (-738 millones), afectado por la extrema volatilidad en los mercados de gas, con efectos no recurrentes que han impactado el tercer trimestre. Por su parte, los ingresos de la eléctrica en estos nueve primeros meses sufrieron un descenso del 22%, hasta situarse en 19.211 millones de euros.

Tan sólo cinco contribuyentes del territorio histórico disponen de un patrimonio superior a 3,2 millones de euros, según estimaciones del departamento de Hacienda de la Diputación, y esos serían los afectados por este nuevo tributo que se encuentra en fase de tramitación en las Juntas Generales. La idea es que se apruebe antes del 31 de diciembre, pero el PNV y el PSE necesitarán en Álava el apoyo de algún grupo de la oposición. Tanto EH Bildu como Elkarrekin ya han mostrado su rechazo a la fórmula que han elegido los partidos gobernantes, y que varía notablemente respecto al impuesto en el resto de España. Así, por ejemplo, fuera de Euskadi tienen que tributar por este concepto aquellos con un patrimonio superior a tres millones y el tipo máximo se grava a partir de los 10,6 millones, cuando en Álava será desde los 16 millones. Elkarrekin, de hecho, anunció ayer que presentará enmiendas al impuesto en su tramitación legislativa en las tres provincias porque no quieren que «Euskadi sea un paraíso fiscal para los más ricos». El Fisco alavés recaudó 21,8 millones de euros en Patrimonio en 2022 de 1.656 declarantes . «Si en lugar del Impuesto de Patrimonio se aplicara el de grandes fortunas, la recaudación sería menos de la mitad. Sólo serviría para recaudar menos, por eso se plantea en Euskadi como complementario del de Patrimonio», argumentó el máximo dirigente foral.

El mundo se enfrenta a dos grandes retos como son la transición tecnológica y la medioambiental. Hay un tercer elemento, de carácter más global aún pero que impacta de forma especialmente directa en España y Euskadi, que es el envejecimiento demográfico. Un aspecto «al que no siempre se le presta la debida atención» y que actualmente constituye «uno de los grandes motores de transformación social». Así lo cree Sara Baliña, directora adjunta de la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia del Gobierno de España, dirección general dependiente de Presidencia encargada de analizar los retos y oportunidades que traerán las próximas décadas y de ayudar al país a afrontarlos. La economista gallega protagonizó ayer la ponencia principal de la jornada ‘Empleo industrial, empleo de calidad en un mundo que se transforma’, Baliña subrayó que el 20% de la población española está en una franja de edad avanzada, y que dentro de dos décadas una de cada tres personas tendrá 65 o más años. Una circunstancia que genera «un reto en forma de cambio en la composición de la mano de obra y su disponibilidad». Este envejecimiento de la fuerza laboral va acompañado de otras dos transiciones, como la tecnológica, con el hecho diferencial que supone «la gran velocidad» de los cambios que trae, como la automatización de las tareas o las nuevas formas de trabajo. Un escenario que, si bien dejará perdedores, «tendrá un efecto positivo neto en el empleo». Entrando más al detalle sobre el reto del envejecimiento demográfico, Baliña advirtió que en las próximas décadas se perderán «tres millones de activos en España», lo que constreñirá las posibilidades de producir y crecer al ritmo actual. Al margen de que España «no tiene una mala posición» en el índice europeo de envejecimiento activo, «tenemos como asignatura pendiente lograr que se inserten mejor en el mercado de trabajo los mayores de 55 años». Otro problema del mercado laboral español es «la necesidad de recualificación. No hay una cultura de seguir pisando una universidad o centro de FP con 45, 50 o 55 años». Por eso uno de los objetivos debe ser «mejorar la recualificación de las personas en edad de trabajar, y poner el acento en las mayores».

Atraer a jóvenes trabajadores hacia empresas «con propósito», fidelizarlos y conseguir que se formen a lo largo de su vida laboral. Es el triple desafío que tienen por delante las empresas industriales. Aún así, esto no será suficiente: el talento local escasea y será necesario captarlo en otros países. E integrar con éxito a esa gente en nuestra sociedad. La mesa redonda ‘Nuevos empleos para una nueva industria’ reunió a Guillermo Dorronsoro, management board advisor en Zabala Innovation y profesor en Deusto Business School; Iratxe Olabarri, directora de marketing y comunicación de Ingeteam, y a Beatriz González, directora general de la fundición Betsaide y presidenta de ASLE, asociación de sociedades laborales. Los trabajadores más jóvenes, y la falta de mano de obra local para surtir a la industria es un problema que, según Dorronsoro, visualiza que la empresa «tiene una dificultad muy grande a la hora de entender cómo fidelizar y retener el talento joven». En su opinión, hay que comprender que quizá las nuevas generaciones «no están equivocadas, sino que reaccionan de forma más adecuada a la realidad actual», ¿Y cómo son esos jóvenes? «En primer lugar, ya no buscan empresas competitivas, sino que tengan un propósito», aseguró Iratxe Olabarri. Tampoco juran fidelidad eterna a las compañías que los contratan. «Hay que escuchar lo que les mueve. Antes nos ofrecían un trabajo y lo dábamos todo, porque era para toda la vida. Ahora no, y eso no significa deslealtad. Los jóvenes viven así y hay que tratarles con amor», sostuvo Beatriz González, directora general de la fundición Betsaide.

Todas las empresas industriales andan a la caza de un talento cada vez más escaso. El perfil del nuevo trabajador es el de aquel capaz de desarrollar competencias transversales, no solo en su área específica de trabajo. Pero también cotizan al alza otros valores, como el trabajo en equipo y la honestidad.  Pese a tener unas necesidades comunes, no busca ni consigue lo mismo una empresa multinacional que otra pequeña. Ni una de carácter tecnológico respecto a otra de la industria biosanitaria. A estos perfiles corresponden las tres compañías protagonistas de la segunda mesa redonda de la jornada, titulada ‘Competencias profesionales para un nuevo modelo industrial’. Los ponentes fueron Iñaki Corral, CEO de Sercontrol (empresa de consultoría y estudios medioambientales), Iratxe Urraca, directora de Investigación y Desarrollo de la división Smart Grids de Ormazabal; y Carlos Gutiérrez, director de Recursos Humanos de Faes Farma. Uno de los grandes retos para una empresa como Sercontrol es «la transformación del conocimiento de las personas, a medida que las tareas se van tecnificando». También algo más abstracto: «Todos debemos tener una cultura de empresa que inculcar a las personas que vienen». Ormazabal, multinacional con presencia en 14 países, necesita incorporar diferentes perfiles. Esa transversalidad se enfoca, eso sí, principalmente hacia la «digitalización y la sostenibilidad». Más allá de eso, la empresa vizcaína pone el acento «no solo en las habilidades y talento individual, sino el del equipo».

Una feria que arrancó ayer y que celebrará hoy su segunda jornada, y que se convierte en un lugar de encuentro entre empresas del territorio interesadas en contratar personal y quienes buscan un empleo. De hecho, esta edición reúne a 44 empresas asentadas en Gipuzkoa y a más de 300 personas que están en situación de desempleo, con citas que en muchos casos están concertadas previamente y que permite a los parados mostrar su potencial y a las empresas conocer ‘in situ’ a sus posibles candidatos en un contraste enriquecedor. Se trata de una iniciativa diseñada específicamente para facilitar el acceso al empleo para las personas jóvenes, colectivo en el que aumenta la cifra de parados en el territorio. Los jóvenes encuentran en la Feria la posibilidad de acceder a su primer puesto de trabajo, en la mayoría de los casos, y de familiarizarse con el entorno laboral y el tejido empresarial de Gipuzkoa. Los asistentes tienen la opción de conocer las más de 170 ofertas de empleo que las empresas han publicado previamente y que se ofrecen en ambas jornadas. Entre las empresas que presentan ofertas están algunas industriales tan significativas como CAF, Grupo Orona, Indar, Erreka Group, Ikor, Fagor Ederlan, Plastigaur, y otras de diferentes ámbitos, como Eroski, Laboral Kutxa, Ikerlan, Spyro, Viralgen, Vivebiotech o Uvesco.

El talento sénior, aquellos con una edad superior a los 55 años, domina el mercado laboral actual con más de 4,1 millones de séniors ocupados frente los 2,9 millones de jóvenes, según los últimos datos del Mapa de talento sénior 2023, que publica cada año el Centro de Investigación Ageingnomics de la Fundación Mapfre. El número de ocupados sénior ha aumentado de los 2,3 millones en 2008 hasta llegar a los 4,1 millones en 2022. Los jóvenes suponen el 16% del mercado, mientras la población de trabajadores séniors, que ha aumentado un 84% en población activa desde 2008, ya representa el 20% del mercado. España alcanzó un máximo histórico de ocupados este último trimestre, con 209.000 nuevos empleos, a lo que se sitúa sobre los 21,2 millones de ocupados, según la encuesta de población activa (EPA) del tercer trimestre. El aumento del talento más veterano en la fuerza laboral se debe al entorno inflacionario que España y Europa continúa experimentado. Así lo valora Juan Fernández Palacios, director del Centro de Investigación de Ageingnomics, aunque destaca que se debe sobre todo a la demografía española. “La crisis afecta a los colectivos de manera diferente, pero hay que prestar atención a la cooperación intergeneracional”, remarca el economista. A medida que el empleo siga dando cifras positivas se puede esperar un aumento de ocupados en ambos colectivos si la economía no experimenta la esperada ralentización.

La Diputación de Gipuzkoa presentó ayer el mayor presupuesto de su historia: 1.160 millones de euros para el próximo año, 30 millones más que el de ahora en vigor y que a su vez también marcó un máximo histórico. Unas cuentas que destacan por su carácter «inversor, social y transformador» y que están configuradas para que Gipuzkoa «siga creciendo» tanto en el campo de los cuidados y de las políticas sociales, como en el desarrollo de la economía y del empleo, aseguró la diputada general, Eider Mendoza, junto al teniente de diputado general, José Ignacio Asensio, y el diputado de Hacienda y Finanzas, Jokin Perona, en la presentación de las cuentas para el ejercicio 2024. Mendoza reconoció que el escenario global, marcado por la inflación y la subida de precios, está afectando a la economía de las familias guipuzcoanas, así como a pymes y al conjunto del tejido económico, aunque resaltó que la economía de Gipuzkoa «está respondiendo con fortaleza» por lo que «tenemos que aprovecharlo para hacer frente a los retos presentes y futuros del territorio».

El País Vasco escaló el pasado año posiciones en el ranking nacional de calidad de vida. Es la quinta comunidad con mejores resultados (por detrás de Navarra, La Rioja, Aragón y Cantabria), un peldaño por encima de 2021 (adelanta a las Islas Baleares), y una de las cuatro únicas regiones que se anotó un aumento en un ejercicio en el que, de forma generalizada, descendió la puntuación. El análisis experimental del Instituto Nacional de Estadística del que se extraen estos resultados pretende ofrecer una visión panorámica de la calidad de vida tomando como referencia nueve dimensiones que abarcan aspectos como la renta, el empleo, el nivel de formación, la salud, las opciones de ocio...Euskadi se sitúa a la cabeza en dos de esos campos. Lidera el de las condiciones materiales y económicas, que recoge indicadores objetivos como la renta media (23.886 euros frente a los 19.160 de media nacional), pero también otros aspectos como la población en riesgo de pobreza (12,2 frente a 20,4), la que tiene «muchas dificultades para llegar fin de mes» (3,9 frente a 8,7) y quienes se retrasan en los pagos (7,2 frente a 13,2). El otro ámbito en el que es la comunidad mejor posicionada es el de la educación, con las puntuaciones más altas en casi todas las variables que se tienen en cuenta. Se trata de la región con más residentes con un nivel de estudios superior, 51,9, 30 puntos más que en Ceuta, y también la que presenta menor abandono de la formación de la población entre 18 y 24 años (5,6), tres veces menos que en las Islas Baleares. Al analizar el trabajo, otra de las grandes dimensiones, solo Aragón está por delante, pero yendo al detalle Euskadi registraba en 2022 la tasa de paro más baja (8,6 frente al 9,4 de los maños), y también era la zona en la que menos ocupados había con salarios bajos, un 5,5% frente al 29,6% de Extremadura. ¿Y por qué no ocupa la primera posición en este área? Por otros aspectos como el del desempleo de larga duración (hay tres comunidades con mejores datos) y porque es la novena región con más empleo involuntario a tiempo parcial.

La gestora británica Zegona ha revolucionado el sector de las ‘telecos’ en España con la adquisición del 100% de la filial de Vodafone en el país. La transacción se firmó a primera hora de la mañana de ayer y valora la división española de la operadora inglesa en 5.000 millones de euros. Se aborda íntegramente con deuda, a través de créditos de Deutsche Bank, ING, UniCredit y la propia Vodafone. Zegona, que ha logrado un acuerdo para mantener la marca Vodafone durante los próximos diez años, va a poner al frente del negocio como CEO a José Miguel García, ex consejero delegado de Euskaltel y Jazztel y directivo de confianza de la firma británica, que vuelve a España dos años después de su salida. La operación, prevista para cerrarse en el primer trimestre de 2024, está sujeta a las autorizaciones pertinentes, entre ellas el visto bueno del Gobierno al tratarse Vodafone de uno de los tres grandes operadores de telecomunicaciones de España y, como tal, una empresa estratégica. Cuenta, de hecho, con la segunda red móvil más importante del país, por detrás solo de la de Telefónica, y presta servicio a multitud de organismos oficiales. El paquete de deuda con la que Zegona financia la transacción incluye un megacrédito de 4.200 millones de euros concedido por Deutsche Bank, ING y UniCredit. Sobre este total, 3.700 millones se corresponden con un préstamo puente que será refinanciado en el mercado de bonos más adelante. Los 500 millones restantes son un préstamo al uso y las entidades proporcionan también líneas de crédito por otros 500 millones, que en un primer momento computarán como liquidez para la compañía.

El elegido para el cargo de consejero delegado es José Miguel García, uno de los directivos con la trayectoria más dilatada del sector en España. CEO de Cable & Wireless en el Reino Unido e Irlanda, ocupó el puesto de consejero delegado, primero de Jazztel y después de Euskaltel. No hay otro directivo que haya dirigido tres operadoras en España. Y en las dos primeras, las apuestas eran arriesgadas. García se incorporó a Jazztel en 2006, fichado por el presidente, el conocido Leopoldo Fernández Pujals, fundador de Telepizza, con el objetivo de reflotar la empresa, envuelta en una grave crisis comercial, de resultados y en los mercados financieros. El directivo español, pero formado en Australia, acumulaba una amplia experiencia en la antigua Cable & Wireless, en la que había ocupado diferentes puestos en Reino Unido, España, Latinoamérica y Alemania. Con anterioridad, había fundado Case Technology, vendida a la propia Cable & Wireless. García volvió al escenario del sector en 2019, al convertirse en CEO de Euskaltel de la mano de Zegona. El ejecutivo centró su estrategia en la expansión de la teleco por todo el mercado español. García defendía que había sitio para un quinto operador, que pudiera competir con Telefónica, Orange, Vodafone y MásMóvil. Y Euskaltel aterrizó en toda España con la marca Virgin Telco. De fondo, tenía otra misión. Sacar a Euskaltel de las tinieblas en la Bolsa, donde muchos inversores, entre los que figuraba Kutxabank, acumulaban fuertes minusvalías desde la salida a Bolsa del operador vasco. En 2021 se da la salida. MásMóvil acuerda una opa sobre Euskaltel a un precio de 11,17 euros por acción, por encima de los 9,5 euros con los que Euskaltel salió a Bolsa en 2015, y al que se fijó las posteriores adquisiciones de la gallega R y la asturiana Telecable, controlada por Zegona, que también recuperó su inversión.

Dos décadas después de quedar completamente privatizada, Telefónica puede volver a tener una participación del Estado en su capital. Así sería si sale adelante la intención que ya ha mostrado oficialmente el Gobierno para adquirir un paquete de acciones con el que pueda ejercer un contrapeso al poder que tiene el grupo saudí STC tras haber adquirido un 9,9% de la operadora española a principios de septiembre. Y lo hace, según apuntan fuentes del Ejecutivo, para «mantener la españolidad» de una compañía que es estratégica desde el punto de vista geoeconómico por los negocios sensibles en tecnología o Defensa de los que dispone. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), una especie de brazo inversor del Estado en el que se aglutinan las propiedades estatales en diferentes tipos de corporaciones, tanto públicas como privadas, confirmó ayer a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que está valorando comprar una participación de Telefónica. La sociedad, dependiente del Ministerio de Hacienda, asegura que viene «monitorizando» la situación de la operadora española y que está llevando a cabo un «análisis exploratorio interno» relativo a una eventual adquisición de una participación accionarial en la empresa. En cualquier caso, no hay nada cerrado y el comunicado no aclaraba qué tipo de participación tendría, en qué condiciones sería y si hay más socios incluidos en la operación. 

Confirmar el objetivo de la presencia de Indra en ITP Aero. Eso es lo que hizo ayer el consejero delegado de la tecnológica, José Vicente de los Mozos, al señalar que «estudiaremos» reforzar la posición en la aeronáutica vasca si sus actuales dueños, Bain Capital, «deciden irse». Y es que el Gobierno de España forzó precisamente la entrada de Indra en ITP con un 9,75% de sus acciones para ejercer cierta garantía de control en una empresa considerada estratégica por sus contratos en el área de Defensa. El mensaje de De los Mozos llegó ayer después de que varias fuentes del mercado hayan especulado con la intención del fondo de inversión norteamericano de adelantar la salida a Bolsa de ITP Aero y liquidar sus acciones. Indra tiene ese 9,75% de las acciones de la aeronáutica vasca dentro de un conglomerado de socios que de forma directa e indirecta se acercan al 30% del capital. Entre ellos está también el Gobierno vasco, con un 5% que adquirió a través de una sociedad interpuesta por 65 millones. El objetivo del Gobierno central con Indra –en la que participa con la SEPI– es asegurar el control nacional de ITP Aero. Una fórmula que ahora eleva la presión sobre el grupo tecnológico por la posibilidad de que también pueda participar en una operación parecida en el caso de Telefónica, tras la entrada del fondo saudí STC como primer accionista. El CEO de Indra insistió en que todo lo que haga su empresa tendrá «lógica industria y sentido financiero». Indra elevó hasta septiembre un 26% sus beneficios con 146 millones gracias a su negocio de Defensa. 

El Tribunal Supremo ha cerrado la puerta a que el Gobierno central haga frente a la responsabilidad patrimonial por los daños sufridos por una empresa del sector de la hostelería como consecuencia de la aplicación de la normativa de la Covid-19. Este reglamento imponía, entre otros extremos, la suspensión temporal de la actividad empresarial a la que se dedica la recurrente, la mercantil Alhambra Palace S. A., que reclamó 417.000 euros. Esta es la primera sentencia sobre este asunto de las cerca de mil equivalentes que esperan en la sala de lo Contencioso-administrativo. El tribunal de cinco magistrados no admite la responsabilidad patrimonial del Estado partiendo de una doble consideración. En primer lugar, porque no se han dado las circunstancias previstas en la ley para que dicha responsabilidad patrimonial sea posible. En segundo lugar, el Supremo considera que los daños sufridos no son antijurídicos, ya que las medidas adoptadas «fueron necesarias, adecuadas y proporcionadas a la gravedad de la situación». El gerente de la Asociación de Hostelería de Bizkaia, Héctor Sánchez, reconoce que la noticia es «un palo». «Muchas personas vieron su negocio afectado de forma seria», expone. Sin embargo, considera que la situación en Euskadi «es distinta» a la del resto de España porque la mayoría de establecimientos recurrieron la normativa autonómica, no la estatal. El Gobierno vasco aprobó en 2021 un decreto que obligaba a los bares a cerrar si los municipios en los que están situados sobrepasaban una tasa de incidencia del virus de 500 casos por cada 100.000 habitantes. Ese artículo fue anulado por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en sentencia firme. Por tanto, los hosteleros entienden que ahí sí puede haber lugar para reclamar una responsabilidad patrimonial de la Administración vasca. 

Justo 24 horas después de que el ‘número tres’ del PSOE y Carles Puigdemont se reunieran en Bruselas para perfilar la investidura, el PSOE y ERC anunciaron anoche un «acuerdo sobre el contenido» de la futura ley de amnistía. Informaron además que avanzan en el pacto completo para la legislatura. La fumata blanca se desencalló tras una conversación entre Pedro Sánchez y Pere Aragonès. Fue a última hora del día, tras la jura de la Constitución por parte de la Princesa Leonor, acto al que no acudieron ni Aragonès ni ningún diputado de ERC. El presidente del Gobierno y el de la Generalitat desbloquearon los últimos detalles de la polémica futura norma. PSOE y ERC hicieron públicos sendos comunicados, idénticos, en los que aseguran que «consideran satisfechas sus expectativas» y «satisfechos sus principios políticos» sobre la ley de amnistía. La norma será registrada en los próximos días en el Congreso. En el caso de los republicanos, la cuestión clave, que no figuraba en la nota enviada, tiene que ver con el alcance de la ley. ERC exige que sea total, que no deje fuera a ningún encausado del ‘procés’, incluidos los implicados en el caso Tsunami Democrátic, que investiga la Audiencia Nacional por terrorismo. Entre ellos figuran Marta Rovira y Xavier Vendrell, dirigentes de Esquerra. Los comunicados señalaban además que en las próximas horas podría producirse el cierre del acuerdo completo para dar apoyo a la investidura de Sánchez.

El ejército ha entrado ya en la fase del combate cuerpo a cuerpo contra los militantes de Hamás, según desveló el Estado Mayor en un comunicado donde informó de que se produjeron «feroces» enfrentamientos en diferentes puntos de la Franja e incluso en algunos tramos de la vasta red de túneles de la organización islamista. Los analistas nacionales hablan ya abiertamente de estas refriegas como parte de la tan anunciada invasión terrestre, que se torna más descarnada a medida que las tropas ocupan Gaza City y encuentran una mayor oposición de las milicias, que ayer recibieron a los israelíes con fuego de ametralladoras pesadas y cohetes antitanque. Por primera vez, las Fuerzas de Defensa admitieron que en sus filas se produjeron varias bajas, entre ellas la muerte de dos soldados, ambos de 20 años y pertenecientes a la unidad de reconocimiento de la Brigada Givati, el cuerpo de élite israelí que el pasado jueves penetró por primera vez en territorio gazatí. Mientras, el ejército hebreo reconoció ayer el bombardeo del campamento de refugiados de Yabalia y la muerte de un comandante de Hamás. El ataque podría haber causado decenas de muertos. Cientos de personas podrían haber resultado muertas o heridas ayer en el campamento de refugiados de Yabalia como consecuencia de un bombardeo de la aviación israelí, que calificó la matanza como parte de la «tragedia de la guerra». Los hechos ocurrieron durante un «ataque a gran escala» en este área, donde las Fuerzas de Defensa se habían fijado como objetivo destruir un complejo subterráneo de Hamás. Dos proyectiles cayeron dentro del recinto, el mayor al norte de Gaza y que albergaría según los últimos censos a unas 200.000 personas, entre residentes y personas sin hogar que viven a su alrededor en refugios improvisados.

Entrevista con el general norteamericano David Petraus. Este general estadounidense tiene una amplia y acreditada experiencia al mando de unidades y fuerzas que han luchado durante décadas contra el terrorismo en Irak o Afganistán. También estuvo al frente de la CIA. Combina una gran capacidad en el frente con su gran popularidad e influencia política. Ahora, analiza la guerra de Israel en Gaza y pronostica que es difícil que se produzca una gran escalada con la entrada de otras superpotencias. «Dada la barbarie del asesinato de 1.400 israelíes, está claro que Hamas es una organización que debe ser destruida». HIZBULÁ. «Hizbulá puede usar los más de 150.000 misiles que apuntan a Israel; pero no quieren que se repita el castigo de 2006». ESCALADA. «No creo que Irán lleve a cabo acciones que desencadenen una guerra con EEUU; eso sería un suicidio para ese país». UCRANIA. «La moral de los ucranianos no está baja; su determinación, firmeza y compromiso son sólidos».